“Creo en la necesidad de la paz completa”

En diálogo con desdeabajo, Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, describe cómo avanza la concreción legal del Acuerdo de Paz. “El proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos”, enfatiza. “Obstáculos en lo económico, con los enemigos del proceso, en lo jurídico. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas”.

 

Estos días son de exigencia plena para todos aquellos que consagran su vida al sueño de ver emerger una Colombia con justicia y paz. Entre ellos y ellas, Alirio Uribe Muñoz no descansa. Los tiempos urgen, dijo Martí, todo a la vez. Ayer en la noche, en la marcha que desde el Planetario –en Bogotá– caminó hasta la Plaza de Bolívar en defensa de los acuerdos. Hoy, comenzando el mes de junio, en el seminario convocado junto con Iván Cepeda y Ángela Robledo para que defensores de derechos humanos de todo el país estén al tanto de la Justicia Especial para la Paz. Mañana en el aerotransporte del Ejército hacia las zonas veredales del Cauca. Al día siguiente con los maestros que están pariendo el sueño de otra educación en Colombia.

 

El desarrollo legal

 

Para conversar sobre estos temas, citamos de nuevo a Alirio quien sin dudarlo aceptó compartir su lectura de lo que está ocurriendo en el Congreso con el Acuerdo de Paz. En los primeros días de junio nos encontramos y alrededor de un café, nos adentramos en la entrevista sin perder tiempo. El gobierno acaba de expedir un conjunto de decretos para desarrollar temas claves de los acuerdos, ¿cómo evalúas el desarrollo legal del Acuerdos de Paz?
En primer lugar debo señalar que la paz sí nos ha dado unos réditos. El cese del fuego, el diálogo con el Eln, nos ha dado unos beneficios, ante todo salvar vidas. Nuestro primer desafío, y es lo que planteé en un taller al que concurrí hoy, es que no haya más víctimas.

 

Hay que recordar que en todos estos años de acción, de resistencia y de trabajo, el movimiento popular, el movimiento de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, han salvado muchas vidas. Cuando comencé mi trabajo como defensor de derechos humanos, treinta mil personas al año era lo que registraba Colombia, tres mil de las cuales provenían de la violencia política. En ese tiempo íbamos a Naciones Unidas y decíamos que en Colombia matan cada día diez personas con ocasión del conflicto socio político.

 

Veinte años después, en el 2016, las cifras de Medicina Legal arrojan diez mil seiscientas necropsias. Y las cifras de la Policía son de doce mil. La tasa general de homicidios en el país se redujo a una tercera parte. Del 2016 al 2017 han asesinado 180 líderes sociales y populares. Esto es gravísimo. El 87 por ciento son líderes campesinos e indígenas, presidentes de organizaciones agrarias. Los asesinatos los han cometido en las zonas abandonadas por las Farc, zonas que la Defensoría del Pueblo ha señalado como las de mayor riesgo en todo el país, que son cien municipios. Son las zonas más militarizadas, allí donde opera el Plan Victoria del Ejército. Y también las mismas zonas que serán las circunscripciones especiales de paz para las 16 cámaras contempladas en el Acuerdo de Paz. Me atrevería a decir, entonces, que algunos de los líderes asesinados –potencialmente– podrían haber sido candidatos a las elecciones de esas circunscripciones.

 

Pero cuando hablo de que hemos salvado vidas me refiero a que algún efecto ha de tener la disminución de la intensidad del conflicto en el sentido de la reducción de los homicidios a una tercera parte. El año pasado mataron cuatro sindicalistas, este año han matado uno. Pero venimos de años en que la cifra ascendía a doscientos. Y la cifra monstruosa ha bajado. Espero que el año que viene no maten ninguno.

 

Si observamos los secuestros sucede igual. Hace diez años teníamos una media de 3.500 al año. El año pasado hubo 180. Seguramente 10 por ciento imputable al Eln y el 90 restante a delincuencia común.

 

Igual si miramos las víctimas de minas antipersonas: hace diez años mil trescientas víctimas, y el año pasado: diez y seis. Este año van dos y espero que el año entrante no haya ninguno. Tenemos que terminar la tarea de ir desactivando el conflicto.

 

Venimos de un escenario de trescientos mil desplazados por año. Con un escenario de cientos de miles de desplazados cada año durante varios años. Esas cifras han caído. Recuerdo informes de la Fiscalía General de la Nación refiriendo que en un solo año mataron cuatrocientos miembros del CTI. El Hospital Militar recibía cada año cientos e incluso miles de heridos y mutilados. El año pasado llegaron veintiséis heridos. El Hospital hoy está atendiendo más casos de accidentes de moto que víctimas de la guerra. Nos ahorramos vidas de soldados, de policías, de guerrilleros, de civiles, con ocasión del conflicto.

 

Todo este cuadro de espanto ha disminuido de manera ostensible. Pero no hemos terminado la tarea y nuestro primer desafío es que las víctimas lleguen a cero. Y con ese desafío en nuestra conciencia, la tarea crucial es rodear los acuerdos, acompañarlos.

 

El desarrollo de los acuerdos

 

La respuesta de Alirio me lleva a pensar hasta qué punto los cambios en el escenario dantesco de las víctimas se debe a la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y ahora a los acuerdos, y hasta qué punto se debe a la sustracción de materia, a la desaparición física del sindicalismo, al debilitamiento de la organización popular campesina...

 

¿Cómo van los acuerdos?, le pregunto.

Hasta ahora van aprobados tres actos legislativos, es decir, tres reformas constitucionales. Y están en trámite otras cuatro, con lo cual tendremos siete reformas constitucionales como producto del Acuerdo de Paz.

 

También han expedido treinta decretos leyes, dos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Fue aprobado una Ley Estatutaria y hay otra en trámite (reforma política), así como dos leyes ordinarias; otras dos están en trámite. La Ley Estatutaria aprobada corresponde al Estatuto de la oposición.

 

De las reformas constitucionales ya aprobadas, una aborda el tema de la estabilidad y seguridad jurídica del Acuerdo final de Paz; la otra crea el sistema de la Justicia Especial de Paz, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Otro acto legislativo, reforma constitucional, que está en trámite es el que aprueba la reincorporación jurídica de las Farc, y trata lo relacionado con las curules de Senado y Cámara. Otra reforma constitucional en proceso es la electoral, y otra es la que eleva a rango constitucional la prohibición del paramilitarismo. Una más es la reforma al sistema de las regalías, que asegura los recursos para el Fondo para la paz –proyectado para los próximos veinte años.

 

La Ley de Amnistía hace parte de las leyes aprobadas, así como aquella que permite desempeñar su rol en el Congreso a Voces de Paz. También existen dos leyes en trámite: una que tiene que ver con innovación agropecuaria y otra con adecuación de tierras.

 

Si hacemos un balance general encontramos que van aprobadas 38 normas, entre reformas constitucionales, legales y leyes estatutarias. Hay siete en trámite en el Congreso. Y hay más o menos quince que están en preparación para que hagan su curso en este mismo recinto.

 

Dentro de todos los Decretos Leyes expedidos por la Presidencia con relación al punto uno de los acuerdos –Desarrollo Rural Integral–, uno tiene que ver con el Fondo para el Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto; otro crea el Fondo de Tierras y de formalización de tierras, que corresponde a los programas de desarrollo territorial llamados PDT en el Acuerdo de Paz; uno más crea el Plan Nacional de Construcción de Vivienda Social Rural; otro crea programas de educación rural; planes de electrificación rural son proyectados en otro Decreto Ley.

 

Hay uno que será muy cuestionado: trata sobre proyectos mineros para pagar obras por impuestos. Es decir, que las empresas en lugar de pagar impuestos hagan obras locales, acueductos, carreteras, etcétera. Otro decreto versa sobre pagos por servicios ambientales.

 

En cuanto al punto de garantías, hay varios decretos: el que reglamenta la ley de amnistía; uno que crea el Sistema deSeguridad Jurídica para el ejercicio de la política por parte de las Farc; otro que le da cuerpo a los instrumentos de la reincorporación económica social, individual y colectiva para los miembros de las Farc; uno da vida a la Unidad especial de investigación para desmantelar el paramilitarismo y las organizaciones criminales; otro crea la agencia colombiana para la reintegración; otro más da origen a la Controlaría delegada para el posconflicto, y hay uno que tiene que ver con el inventario de bienes y activos de las Farc por entregar dentro del proceso.

 

Ya, como se sabe, el Gobierno prorrogó el Fast Track que venció en su primera fase el día 30 de mayo. Ahora hay receso legislativo de un mes y la nueva fase del Fast Track irá hasta el 30 de noviembre. Este es el plazo que tenemos para que el Congreso trámite los siete proyectos de ley que hoy tenemos, más los quince nuevos que deben llegar en breve, los cuales están en la Ceside, que es el mecanismo bilateral Gobierno-Farc para concertar estos temas, mecanismo que ha contado con participación de la sociedad civil, en especial en los temas de víctimas y tierras.

 

Me inquieta si todas estas normas van en la línea acordada en el Acuerdo de Paz o la obstruyen, ¿cómo es la realidad?

Algunas de las normas que llegarán para su revisión a la Corte Constitucional desarrollan los acuerdos de paz conforme a lo acordado. Pero otras van en contravía como efecto de los micos metidos por el Congreso, por ejemplo en todo el sistema de verdad, justicia y reparación –para favorecer a los militares–; o los micos metidos por la Presidencia con sus decretos leyes, también para favorecer a determinados actores.

 

El resumen realizado es bastante elocuente, refleja cambios en proceso que sin duda marcarán al país, las luchas sociales y políticas por venir; pero hay algo que me llama la atención, ¿por qué la disputa vivida recientemente alrededor de la Corte Constitucional?

Tengo la impresión que el carácter progresista de la misma (defendió a las víctimas, al medio ambiente, los derechos fundamentales), lleva a un sector del establecimiento a utilizar el proceso de paz para conservadurizarla. Y me parece que esta pretensión sí ha jugado en el Congreso en las últimas elecciones para elegir a los nuevos togados: tratar de recomponer la Corte con magistrados menos progresistas. Y así han procedido, no tanto para atacar el proceso de paz como para asegurar que la Corte no ponga tanto problema –por ejemplo con las consultas populares, con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa–, temas en los que la Corte ha priorizado los derechos colectivos sobre los intereses o los negocios privados.

 

¿Cuál es tu balance con respecto a la voluntad política del Gobierno para el cumplimiento de lo firmado?

El balance es positivo. Se la ha jugado fuerte en algunos temas de la implementación, aunque incumplido en otros muchos. Y ha incumplido no por mala fe, sino por su ineptitud, por la burocratización del Estado. Porque el Ministro da la orden pero el funcionariado relentiza, o el gobierno regional o local no acompaña. Falta coordinación institucional. No todo es mala fe, pero tampoco lo contrario.

 

Por ejemplo, en el caso de los indultos, ante la lentitud que conoce este tema, expidió un decreto en el que se señala que cuando los jueces no tramiten la amnistía procede el habeas corpus. Esto debido a las prolongadas e injustificadas demoras de muchos jueces con los trámites de aministía e indulto.

 

Claro, hay cosas elementales, administrativas, en las que está rajado, como aquellas que implican expedir uno u otro Conpes. La tapa que fotografía esa realidad gubernamental son las zonas veredales, que tenían que estar en plena adecuación en octubre del 2016, ¡y estamos en junio de 2017 y nada que pueden cumplir!

 

Hay desafueros que no corresponden en su totalidad a la Presidencia, es el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial de Paz, cuando de manera expresa se metieron facilidades para los militares por la responsabilidad de mando, o para empresarios que han financiado la guerra, eso se hizo de mala fe. Y lo hicieron las mayorías del Congreso por presión del Ministro de Defensa, y de los militares. Pero eso no le quita valor a todo el sistema.

 

Pero todavía queda espacio para retomar la senda. Esa pelea irá a la Corte Constitucional, y se debatirá después en el propio seno de la Justicia Especial de Paz (JEP), porque existirá una Corte nueva y los magistrados deben normar su funcionamiento, teniendo que fijar criterios de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario, de Derecho Internacional de Derechos Humanos, y de Derecho Penal Nacional. La JEP tiene un funcionamiento previsto de diez años, prorrogables a cinco más. En términos reales vamos a tener magistrados de la JEP en octubre, y hacia abril o mayo del año que viene deberá estar funcionando. Por ahora está la Secretaría, pero nada más. Creo que la Comisión de la Verdad será más rápida, espero que en enero del 2018 esté ya andando. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas podría incluso arrancar más rápido.

 

Hace unas semanas una decisión de la Corte Constitucional parecía que enredaba todo el porvenir faltante del Acuerdo de Paz, ¿cuál fue el real efecto de tal fallo?

Sí, el fallo que otorgaba poder a los congresistas para proponer modificaciones a los textos legales que desarrollan lo acordado. El fallo fue neutralizado. Una semana después del mismo fue votado el acto legislativo que crea los recursos para la paz, un tema difícil porque se trata de definir a qué quitarle plata para otorgársela a la paz. Personalmente quería que se afectaran más los fondos destinados al servicio de la deuda, y los fondos de seguridad y defensa, pero algo se afectaron. Esta reforma constitucional la votamos en la Cámara de Representantes 109 a favor y 13 en contra. En la Comisión Primera se aprobó también elevar a rango constitucional la lucha contra el paramilitarismo, que no es un tema de fácil trámite. Lo que quiero decir es que todavía existen mayorías para seguir aprobando la implementación de los acuerdos. Somos doscientos sesenta y pico de congresistas y los del Polo y los Verdes sumamos diecinueve. Es decir, si se aprueban las cosas es porque las mayorías están votando. Entonces, tampoco puede decirse que el Congreso sea enemigo del proceso. ¿Que existen sectores enemigos del proceso? Sí, el Centro Democrático y a veces algunos conservadores, y a veces Cambio Radical.

 

Creo que a veces, desde fuera, se juzga en blanco y negro. Creo que sí hay blanco y negro. Sí hay gente en contra del proceso, pero también hay mayorías aprobando los desarrollos legislativos de los acuerdos de paz.

 

Una nueva situación política

 

Las palabras de Alirio me llevan a pensar en lo que es dable apreciar hoy en el escenario de la paz. Por una parte el establecimiento, el poder económico y político, nacional e internacional, con ambiciones de una paz barata, una paz sin un movimiento social y político capaz de cambiar las reglas de juego por vía democrática. Por otra parte, una insurgencia que abandona para siempre las armas, aspirando a constituir un movimiento político capaz de democratizar el país. Uno espera que de ese choque no vuelva a emerger la guerra.

 

Igual piensa Alirio, para lo cual parte del principio de que quienes detentan el poder ya no consideran necesario mantener estructuras armadas, grupos paramilitares; se siente que su proyecto de control del poder va cambiando.

 

Valoración que me lleva a interrogarlo por los sectores que aún se resisten a tal cambio...

Sí, existen sectores que se sienten más amenazados con el proceso de paz que otros. Es decir, cuando se quiere profundizar una política de restitución de tierras y el modelo feudal, y el de producción agraria y ganadera, alimentados del despojo y sostenidos en la violencia, pues esos sectores temen más el proceso. En esta disputa resalta que la burguesía urbana, la más moderna, la de servicios, la financiera, le tiene menos miedo a esos cambios. Y eso se marca en el Congreso cuando uno analiza las votaciones y contempla los intereses. Mucha gente puede tener temor. Eso fue clarísimo cuando se cambió en el marco constitucional de la JEP lo de los civiles responsables o financiadores del conflicto, donde el Acuerdo impone que digan la verdad, pero el Congreso relativiza esa responsabilidad con cargas más suaves. Ahí se protegen ellos.

 

Existe una disputa también dentro de los grupos de poder. Por ello el proceso de paz ha sido y es una carrera de obstáculos, bien en lo económico, en lo jurídico, con los enemigos del proceso. Brincar y brincar obstáculos. Espero que lleguemos a la meta: desactivar la guerra y que no haya más víctimas.

 

Pero, así y todo, la puerta está abierta para llegar a una paz completa. Una paz que cierre el ciclo de violencia con que el establecimiento impuso sus intereses. Acá todos sabemos que el Estado se impuso a la brava. Yo lo contemplo desde el punto de vista del ordenamiento territorial. El territorio y el país se han ordenado a bala. Cuarenta millones de hectáreas para vacas, al tiempo que desplazan seis millones y medio de personas. Sucedió igual con la explotación petrolera y minera, con la agroindustria. Los territorios rurales y urbanos se han segregado con violencia.

 

Por ello creo que el país, mayoritariamente, va entendiendo que la guerra es una carga y no un modelo de acumulación con porvenir. Esto tiene que ver con negocios, con el ingreso a la Ocde, con que Colombia juegue en ‘grandes ligas’ de inversiones. La fe en el libre mercado, en el capitalismo, permanece en el espíritu y proyecto de poder de quienes han manejado y apropiado por décadas el aparato estatal. Y su poder y fuerza se sentirá, con seguridad, por otras vías o de otras formas.

 

Y al tiempo que eso suceda, vendrán otras formas de resistir y de luchar. Como vimos durante semanas en Buenaventura, lo cual impacta. Sin duda tomarán forma coordinaciones locales, regionales y nacionales a través de las cuales la resistencia social será más efectiva. Los paros y las movilizaciones serán más intensas porque la gente irá perdiendo el miedo a expresarse, a denunciar, a hablar, a contar. El resultado debe ser una mayor democratización social y política.

Publicado enEdición Nº236
Sistemático, como acción y en defensa del poder tradicional

El gobierno nacional insiste en que es un fenómeno aislado. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguran que es sistemático. Los informes les dan la razón. El asesinato de líderes y restituyentes de tierra es alto y continuo. Torpeza o maldad de altos funcionarios inestabiliza aun más la dichosa paz.

 

Que el registro arroje uno o dos asesinados, puede suceder. Cuando son docenas, por lo menos debe causar sospecha. Pero cuando los crímenes superan cien, la alarma no debe apagarse. Los crímenes son más dolosos cuando los quieren negar.

 

No le bastaron los 60 estudios propios, realizados por el Ministerio de Defensa, para que el ministro Luis Carlos Villegas, asegure que entre el mar de crímenes contra dirigentes sociales sólo encontraron tres atentados. También para que el antiguo ministro del interior y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo, salga al paso negando lo sistemático de lo ocurrido e indicando que los casos aislados tienen como origen la minería ilegal y el narcotráfico.

 

Se suma al coro oficial. El Fiscal General también que señaló tras “investigaciones pertinentes” no encontraron sistematicidad. La obstinación por negar lo evidente, los llevó en marzo pasado incluso a extender su versión sobre esta tragedia que enluta a la sociedad colombiana (en particular a los movimientos sociales y a las fuerzas alternativas), ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseguraron que es muy prematuro calificar como “acción prematura” el continuo de asesinatos.

 

Sorprendente. Entonces, ¿qué entienden por sistemático? Sin argumentos creíbles desconocen lo afirmado sobre el particular por tres informes independientes entre sí: Defensoría, Centro Nacional de Memoria y el Cinep.

 

De los 120 líderes asesinados en los últimos 14 meses, así confirmados por las propias organizaciones sociales, el Estado, según la vicefiscal María Paulina Riveras, solo reconoce 60 casos. ¿Por qué no prenden el macabro metrónomo y pasan por alto su sistematicidad? Manipulación. Ahora señalan que los paramilitares fueron franquicias de matones del crimen común, según el Tribunal de Justicia y Paz.

 

 

El informe

 

El 2 de junio presentaron el informe “Asesinato a líderes sociales y restituyentes en el periodo 2005-2015”, a cargo del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un programa de investigación en el que participan cuatro universidades: Nacional, Sergio Arboleda, Rosario y Sinú. El periodo que comprende el informe puede llevar a pensar que las muertes registradas corresponden, en su mayoría a los gobiernos encabezados por Uribe. Pero, sorpresa, las cifras más dramáticas las arroja el gobierno Santos. “Este fenómeno se mantiene, no ha cambiado e incluso tiende aumentar”. Así lo advirtió el profesor Francisco Gutiérrez del Iepri de la Universidad Nacional, quien pronostica la fatalidad de que en el próximo trimestre tengamos más muertes que lamentar. “No hay trimestre que no se hayan registrados asesinatos a líderes rurales y restituyentes de tierras”.

 

El hecho que los asesinatos no disminuyan no quiere decir que no estén localizados. En 10 departamentos se concentra el 77 por ciento de los casos registrados; sólo cinco de ellos –Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba y Nariño– concentran el 55 por ciento de las víctimas. Pero, más allá de la versión gubernamental, lo que está ocurriendo, sin duda, es sistemático, porque si bien puede que no exista un libro negro con listado rojo de sentencias, el hecho factual es que ocurre de manera reiterada. Frecuencia que, para la Corte Penal Internacional, ya significa sistematicidad, es decir, un patrón de violencia regular.

 

Sucesos que ocurren en zonas rurales donde predomina el paramilitarismo, donde, además, su realidad socioeconómica indica que predomina la desigualdad en la tenencia de la tierra, con población con necesidades básicas insatisfechas, con predominio de cultivos ilícitos, así como economía legal donde domina la ganadería extensiva. Zonas donde existe un acumulado de secuestros.

 

Llama la atención, en lo informado por estas universidades, que el 77 por ciento de los afectados son integrantes de organizaciones locales de base, curiosamente las víctimas participaban en espacios institucionales auspiciados por el Gobierno dignatarios de juntas comunales y consejos municipales, restituyentes del Programa del Ministerio de Agricultura (este último con 70 casos). Otras de las víctimas participaban de organizaciones campesinas, eran líderes de comunidades étnicas y afros, sindicatos rurales y agrícolas. También sufren los ataques parientes de líderes, que suman ya 31 casos.

 

En el 14 por ciento de los homicidios, los ataques son atribuidos a los herederos de grupos paramilitares, pero en el 58 por ciento de los casos se desconoce el atacante. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de ataques se duplica si en la zona tienen presencia estos grupos armados; posibilidad que persiste y aumenta 13 veces más en los sectores más pobres según Necesidades Básicas Insatisfechas (viviendas inadecuadas, con hacinamiento, niños desescolarizados e inaccesibilidad a servicios públicos). La relación entre el Gini de concentración de tierras y la presencia de herederos del paramilitarismo triplica el fenómeno en los territorios señalados.

 

La evidencia es rotunda. El discurso oficial lo único que busca es negar la crueldad de las cifras, ocultando con su retórica que al Estado no le interesa o es débil para ejercer soberanía. La justicia es de papel. En los territorios locales dominan sectores económicos que acumulan matando. Los actores armados dominan sin que las autoridades del orden local y nacional intervengan. De hecho las muertes no inciden en los indicadores de desempeño de las instituciones locales. Que las víctimas hayan creído en la institucionalidad deja en el piso la garantía de la reparación.

 

Un reto y una esperanza es acatar con urgencia las recomendaciones del Observatorio: fortalecer los programas para la protección a líderes y lideresas, propiciar el acceso a tierras, fortalecer las instituciones para la implementación de los acuerdos, y poner en marcha una pedagogía de paz.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 23 Junio 2017 15:53

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.
A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

Publicado enEdición Nº236
Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado enEdición Nº235
Viernes, 26 Mayo 2017 09:31

¡Que la paz no nos cueste la vida!

Miércoles 24 de mayo, salida de la Univalle hacia la Gobernación.

Junto al paro cívico del Chocó y Buenaventura, al paro de educadores de todo el país y el paro nacional estatal, se suma la movilización del sur occidente colombiano los días 23 y 24 de mayo que tuvo lugar en el Valle del Cauca, tenía como objetivo la realización de la audiencia pública “por la protección del territorio, la vida y la dignidad de los pueblos”, hicieron presencia organizaciones indígenas del sur occidente (Macro regional occidente de la ONIC) y de la Amazonía colombiana (OPIAC), pueblos en peligro de extinción como los Nukak Makú, organizaciones campesinas (Coordinador Nacional Agrario), afrocolombianas, educadores del Valle y sectores sociales y populares de la ciudad de Cali.

 

Llegada de las delegaciones de diferentes departamentos del país a Jamundí el martes 23 de mayo


El 23 de mayo en la vía que comunica a Jamundí con Cali hicieron presencia miles de personas de las distintas organizaciones sociales y populares para marchar hacia la Universidad del Valle en donde se instalaría la Audiencia Pública, eran las 11 de la mañana y luego de esperar la llegada delegaciones de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Risaralda, Caldas y Antioquia arrancó la marcha, ante el sol inclemente los marchantes no se detuvieron y al contrario aumentaron sus pasos firmes y fuertes, para llegar a su destino luego de más de cuatro horas de recorrido.

 


El objetivo de la movilización y audiencia era denunciar:

  1. La violación sistemática a los Derechos Humanos, espacios de vida, Derecho Internacional Humanitario –DIH y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
  2. La implementación nefasta de la política minero energética
  3. La amenaza paramilitar en el sur –occidente colombiano y el resto del país.
  4. El incumplimiento de todos los acuerdos por parte del Gobierno Nacional con los pueblos indígenas, comunidades indígenas, negras, campesinas, sindicales y demás organizaciones sociales.
  5. La privatización de los bienes públicos y comunitarios.


En el Valle del Cauca el 4 de mayo fue asesinado Jorge Chantre Achipiz, líder indígena Nasa en Jamundí y ya completan dos meses desaparecidos (del 8 de marzo de 2017 hasta la fecha) cuatro indígenas Embera Chamí en el municipio de Alcalá; Luis Adrián Vélez Restrepo, Julio Cesar Vélez Vásquez, Luis Sebastián Vélez Namundia y Brian Estiven Vélez.

 

Los maestros se unieron a la movilización


En la tarde del martes 23 de mayo la Univalle acogió a los manifestantes, y el miércoles a las 9 am empezó la movilización hacia la Plazoleta San Francisco frente a la Gobernación del Valle del Cauca.


La grave situación de derechos humanos que viven las comunidades luego de una paz firmada entre el Gobierno y las FARC no da tregua, los asesinatos, desplazamientos y desapariciones no cesan. En la audiencia la Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC Aida Quilcué, reveló la situación de los pueblos indígenas desde noviembre de 2016 hasta la fecha:


• 29 líderes y lideresas asesinadas en el país
• 107 amenazas
• 827 confinamientos, especialmente en el Chocó
• 3.490 desplazamientos forzados principalmente en Chocó
• 5 desapariciones forzadas


Marylen Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos también recordó la grave situación que enfrenta este movimiento político y social debido a:


• La judicialización 12 integrantes del movimiento en el Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar
• El asesinato de Alicia Gómez Guisao.
• Amenazas a José Murillo y Guillermo Valbuena, en el Cesar y Arauca respectivamente.
• 5 amenazas colectivas al Congreso de los Pueblos y a la Mesa Social para la Paz en distintas regiones del país.
• Ataques a mujeres del Congreso de los Pueblos.


La audiencia autoconvocada por las organizaciones sociales y populares pretendía debatir con el Gobierno y exigir que reconozca la sistemática persecución y asesinato a los líderes sociales, así como mecanismos para esclarecer los hechos, se citó a la Comisión de alto nivel de garantías de seguridad encabezada por el Presidente de la República, el Procurador General, el Fiscal General y a la Gobernadora del Valle, pero ninguno asistió.

 

Audiencia pública en la Plazoleta San Francisco de la Gobernación del Valle

 


Sin embargo, esta movilización también sirvió para la autocrítica, algunos líderes manifestaron la importancia de dejar a un lado la movilización para la negociación con el Gobierno, son espacios que se dilatan y los tiempos los termina poniendo el gobierno, las organizaciones sociales y populares deben volcarse a los territorios a construir poder y ganar la iniciativa, para pasar de la negociación a la exigencia.

 

 

 

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Podrán modificarse proyectos del fast track

En adelante los proyectos para implementar los acuerdos del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc podrán ser modificados con las proposiciones de los partidos políticos, según lo determinado este miércoles por la Corte Constitucional.

 

Ese es uno de los apartes de la normatividad que rige el método abreviado para implementar los acuerdos, también llamado de fast track, tumbados por el alto tribunal.


Es el numeral ‘h’ del artículo primero del acto legislativo 1 del 7 de julio de 2016 (acto legislativo para la paz), que decía literalmente que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional”.


Este era uno de los puntos que más cuestionaba el uribismo, cuyo partido Centro Democrático demandó el texto, que argumentaba que la norma impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido, dejando al legislativo como un mero notario de los fijado por el Gobierno y las Farc.


Los magistrados también dejaron por fuera del ordenamiento jurídico el numeral ‘j’ del mismo artículo primero, que dice que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”, o sea que las votaciones tenían que hacerse en bloque.


Los togados, reunidos en sala plena, consideraron que esos incisos violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que limitaban la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.


El magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, anunció que este jueves dará una rueda de prensa explicando los alcances de la sentencia.

 


Desmovilizados no serán escoltas: Corte Constitucional


La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 298 de 2017 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y así exceptuar a la entidad de la prohibición que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no supere, en promedio el 90% de la meta de inflación esperada casa año.


Según el alto tribunal, existe una violación a la reserva de ley se debía tramitar como una ley orgánica, por esa razón volvió a decirle no a un decreto del presidente Juan Manuel Santos.


Esto pese al concepto del procurador Fernando Carrillo quien había pedido vía libre para el decreto de paz 298 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección -UNP- y así exceptuar a la entidad de la prohibición.


Dice la procuraduría que "permitir apartar a la UNP de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, norma esta que impone topes al crecimiento de las plantas de personal de las entidades públicas".


La Corte ya le había pedido al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requeriría la UNP para cumplir con el Acuerdo de Paz y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad para los miembros de las Farc.


Señala que "el principio de los topes al crecimiento de las plantas de personal puede ser flexibilizado cuando existan necesidades de especial importancia como la implementación del acuerdo de paz".


Precisión de Corte Suprema


Por otra parte, ayer la Corte Suprema de Justicia precisó que los delitos de agentes del estado aspirantes a JEP requieren haber sido cometidos por causa o con ocasión o tener relación con el conflicto armado.


Con ello el alto tribunal negó remitir a la JEP el proceso contra un ex intendente de la Policía Nacional condenado por participar en la implementación de pirámides.


En esos términos, la Sala de Casación Penal negó la pretensión del ex intendente José Elmer Mosquera Córdoba de someterse a la JEP, teniendo en cuenta que contra él existe una condena de 64 meses de prisión, por una conducta relacionada con implementar “pirámides con el Esquema Ponzi para defraudar a las personas, [que] no fue cometida por causa o con ocasión del conflicto armado, ni tiene relación alguna directa ni indirecta con este”, sostiene la providencia.


Para la Sala de Casación Penal, el exintegrante de la Fuerza Pública no cumple tampoco con los requisitos legales para remitir el proceso a la Justicia Especial para la Paz, porque ese no el procedimiento para que los agentes del Estado accedan al tratamiento especial diferenciado en procura de la renuncia a la persecución penal y de la libertad transitoria condicionada y anticipada.


“...el Ministerio de Defensa Nacional debe elaborar los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplen con los requisitos para acceder a la ‘libertad transitoria condicionada y anticipada’, para cuyo efecto esa entidad debe solicitar la información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, cabe recordar que, entre las exigencias está que el servidor público se encuentre condenado o procesado ‘por haber cometido conductas punibles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado’ (artículo 52-1 de la Ley 1820 de 2016)”, precisa el pronunciamiento.


De otro lado, la Corte subraya que no es competente para tramitar libertades condicionadas en los asuntos que se encuentren en casación. “...no se aseguraría que tales decisiones tuvieran recurso de apelación, en cuanto carece la Sala de superior jerárquico, interpretación que recorta garantías en el ámbito del debido proceso al eventual beneficiario de dicha libertad y que, por el contrario, permite concluir que son competentes los jueces de control de garantías si en el asunto no se ha radicado escrito de acusación, o el juez de conocimiento si ya se radicó”, afirma.


Bajo esta premisa y en otra decisión, la Sala de Casación Penal devolvió a la Fiscalía Especializada contra Terrorismo el proceso en contra de la exintegrante de las Farc, Marilú Ramírez Baquero, luego que el ente acusador le corriera traslado para definir la instancia competente para definir su solicitud de libertad, acogiéndose a la JEP. La competencia radica en el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ante el cual la mencionada fiscalía debe promover la respectiva audiencia.

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Viernes, 28 Abril 2017 15:32

Quien financió debe pagar

Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?

 

Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.

 

Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.

 

El listado

 

El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.

 

En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.

 

Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.

 

En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.

 

La acusación

 

Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.

 

Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.

 

Urabá, el caso puntual

 

Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.

 

Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

 

Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:

 

Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.

 

Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.

 

Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.

 

Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.

 

¿Impunidad?

 

Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.

 

De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.

 

Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.

Publicado enEdición Nº234
Lunes, 10 Abril 2017 08:37

Nace la Comisión de la Verdad

Nace la Comisión de la Verdad

Los resultados de la comisión no serán vinculantes jurídicamente, pero recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar a las víctimas y dejar claros los responsables. Buscan a más de 50 mil desaparecidos.
Santos firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad y una unidad para buscar a personas desaparecidas.


Gracias al Acuerdo de Paz entre gobierno y Farc, se creó esta semana la Comisión de la Verdad en Colombia. Ante un público emocionado y conmovido, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto con carácter de ley que, además, pone en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los ojos brillaban en los rostros de las víctimas que durante décadas han esperado por estos organismos los cuales serán una realidad gracias a la reciente aprobación en Congreso del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en La Habana.

Aunque en Colombia ya existió una Comisión Nacional de Reparación que incluyó un grupo de memoria, y luego la Ley de Víctimas dio a luz al Centro Nacional de Memoria Histórica, la firma de esta semana abre la posibilidad a una Comisión de la Verdad en todo el sentido, cuyos resultados no serán vinculantes jurídicamente, pero que recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar la pena de las víctimas y dejar claros los responsables. Igualmente, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una luz de esperanza para los más de 50 mil hombres y mujeres que no saben el paradero sus seres amados: estudiantes, líderes sociales, sindicalistas, o trabajadores y ciudadanos comunes y corrientes a quienes un día un grupo armado ilegal o el mismo Estado se llevó con ellos y nunca regresaron.

Por eso, las lágrimas rodaban por las mejillas de viudas y húerfanas presentes en la firma del decreto en el Centro de Memoria Distrital donde, además, se encontraban los principales funcionarios del alto gobierno e integrantes del Secretariado de las Farc. Las víctimas de crímenes de Estado alzaron la voz en medio del acto protocolario para exigir tomar el micrófono como lo hicieron aquellas afectadas por Farc y paramilitares. “Somos una generación de hijos e hijas a la cual se nos llevaron a nuestros padres”, dijo Alejandra Gaviria al final de evento cuando se les permitió subir al escenario. Su padre, Francisco Gaviria, fue desaparecido, torturado y asesinado en 1987 por pertenecer a la Unión Patriótica (UP) . “Usted, señor Presidente, se compromete con toda la verdad, la verdad para todas las víctimas. Esta firma significa además un compromiso de muchas partes incluyéndolos a ustedes, amigos militares. Necesitamos que se desclasifiquen los archivos militares”, concluyó la joven.

Junto a ella, en la tarima principal, Yolanda Pinto escuchaba atenta. Su esposo fue secuestrado por las Farc y asesinado durante el cautiverio junto a 10 militares y civiles en una tragedia que sacudió todo el país. La mujer fue enfática en explicar que no guarda rencor contra la guerrilla y que su fin como grupo ilegal es un regalo necesario para sus nietos, que no pudieron conocer a su abuelo, y para un país que merece un mejor futuro. “La Comisión de la Verdad que se conforma ahora es una de las herramientas más potentes para lograr entender las razones del conflicto, curar las heridas pero sobre todo aprender de esos errores. Ese dolor y todo lo que nos hicieron tiene que servir para que no se vuelva a repetir nunca jamás” afirmó Yolanda Pinto en diálogo con PáginaI12.

Al terminar el protocolo, otras víctimas como Clara Rojas, quien estuvo secuestrada en campamentos de Farc y se encontraba en el recinto, se cruzó con guerrilleros como Victoria Sandino, Pastor Alape e Ivan Márquez. Los indígenas de Cauca, por su parte, se acercaron a los comandantes y celebraron con un abrazo y una foto el hecho más importante en la historia reciente de Colombia para dar con la verdad de medio siglo de guerra. Santos había dicho minutos atrás que la verdad es incluso más reclamada por las víctimas que una reparación económica y muchas lo ratificaron entusiastas frente a la firma del decreto que incluye la conformación de un grupo que escogerá los comisionados.

De acuerdo con gobierno y el Acuerdo de Paz, la Comisión tiene la misión de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. También de promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió. Dicha Comisión durará tres años, más seis meses iniciales del periodo de preparación en el que se escogerán once comisionados que los mismos colombianos podrán postular de manera amplia y pluralista. Los mismos que eligen estos investigadores serán quienes elijan los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que también hace parte del Sistema Integral pactado en La Habana y que significa para toda la sociedad colombiana la oportunidad de transitar a tiempos sin conflicto armado gracias a la justicia y la verdad.

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