Felipe González encabezará con José Mujica la verificación del acuerdo de paz en Colombia

El expresidente español Felipe González encabezará junto al exmandatario uruguayo José Mujica la supervisión del órgano internacional de control de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que según lo pactado deberían culminar a principios de junio. El Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la primera guerrilla del país han informado este jueves del nombramiento a través de un comunicado conjunto,


“Se designarán como notables del Componente Internacional de Verificación al expresidente español Felipe González y al expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano”, señalan las dos partes. El texto de los acuerdos establece que los “notables serán dos personas de representatividad internacional” propuestas por el Gobierno y por las FARC. Entre sus funciones se encuentra la de “realizar pronunciamientos e informes públicos en relación con los avances que se registren en la implementación de todos los acuerdos”. Ante “los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos”, González y Mujica tendrán que recomendar una solución.


La designación formal de los expresidentes se producirá el próximo jueves, 30 de marzo. Después, se integrarán en la Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del proceso de paz como responsables de la observación internacional. El desarrollo de los acuerdos de paz está marcado por dificultades de carácter logístico: la lentitud en la construcción de las 26 zonas rurales donde los guerrilleros comenzarán su transición a la vida civil y los retrasos en la entrega de las 14.000 armas que todavía están en manos de la guerrilla. De momento, solo se han depositado 140, mientras Naciones Unidas ya ha habilitado los primeros contenedores para su recogida. Con todo, tanto el alto comisionado para la paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, como Iván Márquez, número dos de las FARC, destacaron el pasado martes durante una visita a la vereda de Pondores, en el departamento de La Guajira, los avances registrados en las últimas semanas.


González y Mujica contarán con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de Indiana (Estados Unidos). El próximo martes, día 28, se realizará la primera reunión de los equipos que acompañarán a los expresidentes en las tareas de verificación de los acuerdos. La supervisión de los expresidentes se sumará a la del llamado mecanismo de monitoreo del proceso, un órgano tripartito integrado por representantes del Estado, por las FARC y por la ONU.


El expresidente socialista ha mostrado su respaldo en repetidas ocasiones al acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla. Antes de la celebración del referéndum que rechazó el primer texto y obligó al Gobierno de Santos a renegociar ese pacto, González destacó durante un acto celebrado en Bogotá la trascendencia del momento histórico que atraviesa el país y lo comparó con la caída del Muro de Berlín. "¿Se imaginan lo que Gabo estaría disfrutando un día como hoy?", se preguntó al recordar el deseo de Gabriel García Márquez. El exmandatario español defendió que la paz no es un logro de Santos "sino de todos los colombianos”.


El correcto desarrollo del proceso de paz es un asunto crucial no solo para la futura convivencia de los ciudadanos, sino también porque repercute en el debate político cotidiano. Colombia afronta en 2018 unas elecciones presidenciales y legislativas y los acuerdos con las FARC son uno de los elementos que determinan la confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, dominada por la figura de Álvaro Uribe. El expresidente promoverá el 1 de abril una marcha contra Santos, convocada en varias ciudades del país, para dejar claro una vez más su rechazo frontal al pacto con la guerrilla.

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Quibdó

 


La verdad os hará libres (Jn 8,32).

 

Las organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis que tienen jurisdicción en el departamento del Chocó, queremos reiterar que seguimos poniendo nuestras esperanzas en la solución negociada a los conflictos armados y sociales que han afectado históricamente a nuestra nación. Tanto la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, como el inicio de las negociaciones con el ELN en Quito, son signos positivos en la ardua búsqueda de construir los caminos que nos conduzcan a disfrutar de la anhelada paz.

Ahora bien, observamos con suma preocupación algunos fenómenos que pueden poner en crisis nuestra fe en un eventual desenlace exitoso de los procesos de paz:

1. Frente al acuerdo de paz con las FARC son motivos de preocupación la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y Campamentarias; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos tanto en las zonas rurales como urbanas; y las fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa.

2. Causa preocupación por parte del ELN, la manera como han venido ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios, lo cual pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades.

3. Igual que en muchas regiones del país, en el Chocó somos testigos del avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades. En las últimas semanas y meses se han dado a conocer numerosos documentos, tanto de sectores de la Iglesia como de organizaciones populares y otras voces de la sociedad civil que expresan su alarma sobre este fenómeno que ya ha encontrado eco hasta en la prensa internacional.

4. En los centros urbanos continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas especialmente entre los jóvenes y sectores marginales. La población en general, muestra síntomas de desespero por la inseguridad y poca efectividad de las autoridades. Igualmente, existen testimonios de presencia de grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho.

 

Exigencias y exhortaciones:

 

1. Al Estado colombiano le exigimos mecanismos de protección a los habitantes del Chocó, recuperando el ejercicio del monopolio de las armas según las normas del Estado de Derecho. Igualmente, para favorecer el anhelo de paz del pueblo chocoano, la fase de implementación de los acuerdos de la Habana y la naciente negociación con el ELN, la sociedad espera resultados concretos en el control y desarticulación de bandas criminales y de paramilitares. Mientras se percibe cierta permisividad de sectores de la Fuerza Pública y de otros organismos del Estado frente el accionar de estos grupos armados, el Proceso de Paz pierde credibilidad.

2. A las guerrillas de las FARC y el ELN, les exigimos perseverar en la voluntad y el compromiso de poner fin al conflicto armado respondiendo a las expectativas de la Sociedad Civil.

3. Invitamos al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y al sistema de Naciones Unidas a continuar apoyando el Proceso de Paz y todas las iniciativas de la Sociedad Civil que conducen al logro de la terminación del conflicto armado y a la construcción de la paz para todos los territorios del pueblo colombiano.

4. Exhortamos a los Medios de Comunicación, locales, regionales, nacionales e internacionales, a informar con veracidad lo que ocurre en este contexto, siendo aliados importantes para visibilizar la crisis humanitaria en el Chocó.

El Dios de la vida nos ilumine y fortalezca en la búsqueda de caminos de conversión que nos acerquen a la convivencia fraterna en un país reconciliado.

 

Quibdó, Marzo 17 de 2017

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Mesa Departamental Indígena

Diócesis de Apartado

Diócesis de Istmina

Diócesis de Quibdó

 

 

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Miércoles, 22 Marzo 2017 07:48

Paz sin más muertes

Fotos con las víctimas de promotores de la paz.

 

El llamado más urgente fue el “desmonte del paramilitarismo” y la protección de los defensores de los derechos humanos, en la aplicación del acuerdo negociado entre las FARC y el gobierno.

 

Desde Medellín

 

Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.

Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.

Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.

La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.

También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.

En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.

Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.

 

 

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Odebrecht: ¿Sobrevivirá la paz a su paso?

 

Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales, en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía, también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta política nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el expresidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada?

¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción, representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

 

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Viernes, 17 Marzo 2017 18:43

ETA entregará las armas el 8 de abril

ETA entregará las armas el 8 de abril

Uno de los detenidos en diciembre en el sur de Francia, Jean-Noël Etcheverry, anuncia en 'Le Monde' que la banda estará "totalmente desarmada" para esa fecha. Los encargados de la entrega de armas piden que las Policías francesa y española no lo impidan y que haya verificadores.

 
La organización terrorista ETA pretende lanzar el próximo 8 de abril una iniciativa que permita entregar "el total del arsenal" que aún conserva, según informó hoy el diario francés Le Monde. "ETA nos ha confiado la responsabilidad del desarme de su arsenal y, en la noche del 8 de abril, ETA estará totalmente desarmada", dijo al diario el dirigente del movimiento ecologista y social Bizi! Jean-Noël Etcheverry,Txetx.


Etcheverry fue detenido con otros cuatro representantes asociativos el pasado 16 de diciembre en la localidad vascofrancesa de Luhuso junto a un depósito de armas de ETA, que, según afirmaron, pretendían inutilizar pero no destruir.
Varios cientos de personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil y cargos electos del País Vasco francés participarán en el desarme definitivo de ETA. Los encargados de la entrega de armas piden que las Policías francesa y española no lo impidan y que haya verificadores.

 

Etcheverry ha matizado en Radio Euskadi que ETA no les ha pedido que destruyan las armas, sino que ayuden al desmantelamiento de su arsenal. Ha señalado que el año pasado la banda, en un intercambio de cartas "que se han hecho públicas", les encomendó a los agentes de la sociedad civil "la responsabilidad del desmantelamiento de su arsenal". "Hemos aceptado esa responsabilidad y dijimos que íbamos a cumplir ese compromiso. Queríamos hacerlo con la cooperación del Gobierno francés y hemos tenido conversaciones en ese sentido, pero, por el momento, no tenemos respuesta", ha asegurado.


Las cinco personas de "la sociedad civil", arrestadas en la operación de Francia, que fueron posteriormente puestos en libertad, se comprometieron con la banda a recibir las armas. Según afirman, en diciembre la Policía francesa solo requisó el 15 por ciento del armamento de ETA, mientras que el sábado, 8 de abril, se entregará todo su arsenal, ahora disperso en zonas de monte y en casas particulares.


Entre el arsenal de Luhuso había una decena de subametralladoras Uzi, cerca de una decena de fusiles de asalto G-3 (fabricado por la marca alemana Hecler & Koch), más de veinte revólveres Smith&Wesson, armas Sig-Sauer de estrellas, Browning, cientos de detonadores, decenas de kilogramos de explosivos y municiones, cables, etc.


Otegi pide que el Gobierno "no ponga obstáculos"


El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado que lo que tiene que hacer ETA es "desarmarse y disolverse". Mientras, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que espera que el anuncio de desarme de la banda se haga con "plenas garantías" y que se acompañe de la "disolución definitiva".


El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado "credibilidad" a la posibilidad de un "desarme final de ETA en un corto de plazo de tiempo" y ha solicitado a los gobiernos español y francés "altura de miras y canales de comunicación directos" orientados al logro "de este objetivo de valor histórico". Por su parte, el portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, se ha pronunciado en la misma línea y ha dicho que espera que los Estados español y francés "no pongan obstáculos" a un desarme "definitivo e integral" de ETA y ha pedido la implicación de los Gobiernos vasco y navarro para que "este capítulo se cierre de forma ordenada".


La banda terrorista anunció el 20 de octubre de 2011 el fin definitivo de sus acciones violentas con las que ha matado, en las últimas cinco décadas, a unas 850 personas en su objetivo de lograr la independencia del País Vasco.

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Congreso aprueba Jurisdicción Especial para la Paz

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

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Un Sistema Integral con sabor agridulce para las víctimas

 

 
Bogotá, 15 de marzo de 2017.

 

En último debate, la plenaria de Senado aprobó este lunes 13 de marzo el proyecto de Ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvimos presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-Ep y se aprobara el SIVJRNR, instrumento fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludamos la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria.
Sin embargo, llamamos la atención sobrelas siguientes proposiciones realizadas por miembros de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno, que modificaron sustancialmente elementos del Acuerdo Final y afectaron de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.

Rechazamos que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, más aún cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad. La proposición realizada por el senador Germán Varón Cotrino y aprobada por el Congreso establece que solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos. Sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera.

De igual forma, la proposición presentada por el Senador Roosvelt Rodríguez, ponente del Acto Legislativo, y aprobada también por el Congreso, transforma el Acuerdo Final en relación a la posibilidad que teníamos las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como insumo para que el Tribunal para la Paz citara a comparecer a los presuntos responsables. Ahora, los informes no serán suficientes, y alegando la necesidad de prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos, esta proposición equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales.

Así mismo, quedó en evidencia una vez más la presión del estamento militar sobre el poder civil. Las Fuerzas Militares han sido reiterativas en solicitar la modificación de lo acordado y debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modificó principios del Derecho Internacional, como lo dispuesto en el Artículo 28 del Estatuto de Roma, para lo cual creó una serie de requisitos que tendrán como consecuencia que sólo los soldados –como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes.

Finalmente, debemos destacar que los partidos que promovieron estas proposiciones son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) exigimos al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso.

La modificación unilateral del Acuerdo Final excede las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para su implementación y puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad de estas normas, como ya sucedió con la Sentencia C-160 de 2017, que declaró inexequible el Decreto Ley 2204 de 2016, emitido por el Gobierno en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, en relación con la Agencia de Renovación del Territorio.

Las víctimas de crímenes de Estado continuaremos presentes en el Congreso haciendo veeduría a la implementación, respaldando los avances de este anhelo que compartimos con millones de colombianos y colombianas y preparándonos para incidir y exigir el cumplimiento de lo acordado y la satisfacción de nuestros derechos. Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique.

 

 

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Senador López Maya presenta ante plenaria del Senado ponencia alternativa a proyecto de Justicia Especial para la Paz

 

Entrevista al senador Alexander López sobre la Jurisdicción Especial para la Paz

 

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo Nº. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.- expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de revictimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

Las fuerzas militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...

El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

 

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Lunes, 13 Marzo 2017 07:11

Cerca de la paz, la violencia no cede

Ruth Alicia López, víctima reiterada y fatal de la violencia.

 

EN LO QUE VA DEL AÑO, 30 DEFENSORES DE LA PAZ FUERON ASESINADOS EN COLOMBIA

 

Desde Medellín

 

”¿Y si me matan?”, empiezan a preguntarse líderes de todo Colombia ante la creciente ola de homicidios a los promotores del Proceso de Paz en territorios apartados del país donde la presencia de grupos ilegales ha sido histórica por el abandono del Estado. La paz negociada en La Habana y firmada en Cartagena y Bogotá les prometió protección para el ejercicio de la política y la oposición, y también iniciar acciones para desarticular el paramilitarismo. Pero, a tres meses de la firma del acuerdo, los avances han sido escasos mientras el baño de sangre se amplía por cada rincón del país llegando incluso a las ciudades.

El pasado 2 de marzo, por primera vez las balas alcanzaron una lideresa social en una ciudad capital desde la firma del acuerdo de Paz. Ruth Alicia López fue asesinada de ocho impactos con silenciador en una comuna popular de Medellín. Víctima de la guerra en tres ocasiones anteriores –desplazada de su natal Urabá, amenazada por paramilitares y detenida sin justa causa por el Estado– esta vez encontró la muerte cuando visitaba a su hermano y madre también líderes en sus convulsionados barrios. Ese mismo día, en Bello, la ciudad vecina de Medellín, fue asesinado un líder de juntas comunales, y dos días más tarde llegó la noticia del homicidio de los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola en la provincia del Meta, llanos orientales.

Desde el llamado DÍA D, cuando inicia la implementación del acuerdo de paz y fue pactado por gobierno y la guerrilla Farc como el 1º de diciembre, han sido asesinados 27 hombres y mujeres que realizaron pedagogía de paz en sus territorios y campaña para ganar el plebiscito que finalmente perdió por el mayoritario voto en las capitales.

Estas personas han sido sobrevivientes del fuego cruzado en sus territorios que se negaron a abandonar para continuar defendiendo sus derechos en los campos, y estaban cumpliendo tareas de organizar las bases sociales en diversos lugares como Chocó, Cauca, Córdoba, Antioquia, Caquetá y Meta. Allí la aplicación de los acuerdos se está tornando difícil por los incumplimientos de gobierno y el avance de tropas paramilitares a los lugares que las Farc desocupó a inicios de año para concentrarse en las Zonas Veredales y Puntos de Normalización.

El panorama de homicidios preocupó a lo largo de 2016, cuando 80 defensores de la paz fueron asesinados en el país de acuerdo con datos consolidados por la ONG Somos Defensores; otros hablan de más de 100. Este año, apenas en dos meses y un poco más, estamos hablando de casi treinta. ¿Es este el comienzo de un nuevo genocidio como el ocurrido con la Unión Patriótica cuando 1500 militantes fueron asesinados? Es la pregunta desde que inició este Proceso de Paz y las muertes a líderes se dispararon.

La Defensoría del Pueblo habla de 500 homicidios a defensores desde 2015. Y, tras la muerte de Ruth Alicia y uno más en Antioquia, produjo una alerta con la siguiente cifras: 120 líderes fueron asesinados en 14 meses (entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017). Es decir, ocho líderes por mes, dos cada semana. “Para quienes apoyaron el Acuerdo de Paz logrado en La Habana e invitaron a respaldarlo en las urnas, su papel se convirtió en un verdadero problema”, reporta la Revista Generación Paz, que lanzó una campaña llamada ¿Y si me matan? basada en cartas e investigaciones para presionar las respuestas de las autoridades frente a la horrenda matanza. Pues el Ministro de Defensa y el Fiscal General de la Nación han dicho que dichos crímenes no son sistemáticos y que en Colombia no hay paramilitarismo. Las autoridades intentan explicar cada homicidio como situaciones personales, “crímenes pasionales” o venganzas por supuestas cuentas pendientes que, a juicio de los defensores de Derechos Humanos, intentan desviar la atención del verdadero problema: La paz le está costando la vida a los campesinos, afroamericanos e indígenas que se han atrevido a promoverla públicamente.

Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones. Las amenazas en panfletos sigue creciendo también en lugares como Ituango, en Antioquia, donde hay una zona veredal de normalización y las tropas “paras” ya están en las diversas áreas rurales de Ituango, a la par que rodaron papeles amenazantes a líderes sociales, y una decena de familias tuvo que desplazarse. En Chocó, la situación también es preocupante así como en Córdoba y Cauca, donde se dan las mayores cifras de personas asesinadas en el marco de sus liderazgos y este proceso de paz.

José Yilmar, Alberto, Alicia, Emilsen, Fabián, Hernán, Erika, Ángela y otros son para el gobierno nacional apenas nombres en una lista de gente que perdió la vida como miles de colombianos al año. Las investigaciones por sus crímenes no han ni iniciado en muchos casos, y el gobierno no se pone de acuerdo sobre cómo deberá dar con el paradero de los asesinos. Cada caso está en la Fiscalía de su región y no hay unión ni una cabeza para estudiar los patrones nacionales. Santos ha pedido a esta institución que agudice el filo de sus investigadores, pero aclarando que no tiene competencia para darle órdenes a la rama judicial. Entre tanto Policía y Ejército también siguen en silencio. Y la gente levantando la voz al mundo para pedir que salven a la vida de los líderes sociales que son, a la larga, la garantía de una paz verdadera para el país.

 

 

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Con la entrega de  322 armas de Farc, se inicio el desarme de esa guerrilla

 

Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque

 

Conforme transcurren los días tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, más difícil se torna el proceso de implementación que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un país que apenas resurge tras 52 años de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendría.

Los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación. Las ZVTN debían estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, día D. Ese día las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentración designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras mínimas acordadas: alojamientos, suministro eléctrico, servicios sanitarios-higiénicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepción la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una había servicios sanitarios-higiénicos instalados. En ninguna había viviendas construidas. No hay atención médica más allá de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos recién nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposición materiales de construcción para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se está cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, están acostumbrados, pero si la primera obligación del Gobierno en el cronograma de implementación está siendo cumplida tardía y deficientemente, se envía una pésima señal sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la histórica tradición de los distintos gobiernos del país de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que habían firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableció la aprobación urgente de una Ley de Amnistía que amnistiara los delitos de rebelión y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz había aproximadamente 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. También existen unos 5.000 miembros de la Fuerza Pública potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Amnistía, que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnistía – a salvo de las muy dignas excepciones indicadas–, además de ser inédita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situación de desconfianza y desafección respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que también están siendo engañados por estos, ya que habían garantizado un tratamiento especial de justicia además de la amnistía. Esta situación puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad están siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas. Todo ello hace más meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fenómeno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas más importante es la creación de una Unidad de Investigación especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras políticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras económicas de financiación. La actual Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicción ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor número posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que resultó más difícil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el año 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistemático para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garantías de Seguridad, suponiendo grave indefensión respecto a la seguridad personal e integridad física que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejación de armas.

Actualmente no hay concreción ni puesta en marcha de las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realización del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociación en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el régimen de amnistía y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducción de las cuantías económicas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporación económica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 días de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 años de guerra o décadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayoría campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposición los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.

Esta situación de indefinición de su futuro inmediato, también provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situación, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, están ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales.

El proceso de dejación de armas de las FARC-EP comenzó el día 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluirá el próximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementación, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejación del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejación de otro 30 % de las armas se iniciará el 1 de abril y la fase de dejación del restante 40% de armas se iniciará el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el día 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garantías para las FARC EP de índole Jurídico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Económico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP están cumpliendo con el proceso de dejación de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben –aplicación de la amnistía y aprobación en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-, con los compromisos sobre seguridad personal –desmantelamiento del paramilitarismo y detención de los responsables de los crímenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucediéndose-, así como al menos definir los programas de reincorporación económica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificación y acompañamiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el único mecanismo de verificación y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejación de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se están monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final únicamente se contemplan mecanismos de verificación de los puntos 3 “Garantías de Seguridad” y 6 “Reincorporación a la vida civil”, también a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prevé en el Acuerdo Final un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos acordados, pero todavía esos mecanismos internacionales de acompañamiento a la implementación no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompañe la implementación respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejación de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementación de todo lo acordado o al menos de lo más importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificación y acompañamiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. También sería conveniente mayor agilidad en la implementación y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no únicamente por el Gobierno.

 

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

 

 

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