Podrán modificarse proyectos del fast track

En adelante los proyectos para implementar los acuerdos del Teatro Colón entre el Gobierno y las Farc podrán ser modificados con las proposiciones de los partidos políticos, según lo determinado este miércoles por la Corte Constitucional.

 

Ese es uno de los apartes de la normatividad que rige el método abreviado para implementar los acuerdos, también llamado de fast track, tumbados por el alto tribunal.


Es el numeral ‘h’ del artículo primero del acto legislativo 1 del 7 de julio de 2016 (acto legislativo para la paz), que decía literalmente que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional”.


Este era uno de los puntos que más cuestionaba el uribismo, cuyo partido Centro Democrático demandó el texto, que argumentaba que la norma impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido, dejando al legislativo como un mero notario de los fijado por el Gobierno y las Farc.


Los magistrados también dejaron por fuera del ordenamiento jurídico el numeral ‘j’ del mismo artículo primero, que dice que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”, o sea que las votaciones tenían que hacerse en bloque.


Los togados, reunidos en sala plena, consideraron que esos incisos violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que limitaban la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.


El magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte Constitucional, anunció que este jueves dará una rueda de prensa explicando los alcances de la sentencia.

 


Desmovilizados no serán escoltas: Corte Constitucional


La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 298 de 2017 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y así exceptuar a la entidad de la prohibición que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no supere, en promedio el 90% de la meta de inflación esperada casa año.


Según el alto tribunal, existe una violación a la reserva de ley se debía tramitar como una ley orgánica, por esa razón volvió a decirle no a un decreto del presidente Juan Manuel Santos.


Esto pese al concepto del procurador Fernando Carrillo quien había pedido vía libre para el decreto de paz 298 que permite ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección -UNP- y así exceptuar a la entidad de la prohibición.


Dice la procuraduría que "permitir apartar a la UNP de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, norma esta que impone topes al crecimiento de las plantas de personal de las entidades públicas".


La Corte ya le había pedido al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requeriría la UNP para cumplir con el Acuerdo de Paz y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad para los miembros de las Farc.


Señala que "el principio de los topes al crecimiento de las plantas de personal puede ser flexibilizado cuando existan necesidades de especial importancia como la implementación del acuerdo de paz".


Precisión de Corte Suprema


Por otra parte, ayer la Corte Suprema de Justicia precisó que los delitos de agentes del estado aspirantes a JEP requieren haber sido cometidos por causa o con ocasión o tener relación con el conflicto armado.


Con ello el alto tribunal negó remitir a la JEP el proceso contra un ex intendente de la Policía Nacional condenado por participar en la implementación de pirámides.


En esos términos, la Sala de Casación Penal negó la pretensión del ex intendente José Elmer Mosquera Córdoba de someterse a la JEP, teniendo en cuenta que contra él existe una condena de 64 meses de prisión, por una conducta relacionada con implementar “pirámides con el Esquema Ponzi para defraudar a las personas, [que] no fue cometida por causa o con ocasión del conflicto armado, ni tiene relación alguna directa ni indirecta con este”, sostiene la providencia.


Para la Sala de Casación Penal, el exintegrante de la Fuerza Pública no cumple tampoco con los requisitos legales para remitir el proceso a la Justicia Especial para la Paz, porque ese no el procedimiento para que los agentes del Estado accedan al tratamiento especial diferenciado en procura de la renuncia a la persecución penal y de la libertad transitoria condicionada y anticipada.


“...el Ministerio de Defensa Nacional debe elaborar los listados de los miembros de la Fuerza Pública que prima facie cumplen con los requisitos para acceder a la ‘libertad transitoria condicionada y anticipada’, para cuyo efecto esa entidad debe solicitar la información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, cabe recordar que, entre las exigencias está que el servidor público se encuentre condenado o procesado ‘por haber cometido conductas punibles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado’ (artículo 52-1 de la Ley 1820 de 2016)”, precisa el pronunciamiento.


De otro lado, la Corte subraya que no es competente para tramitar libertades condicionadas en los asuntos que se encuentren en casación. “...no se aseguraría que tales decisiones tuvieran recurso de apelación, en cuanto carece la Sala de superior jerárquico, interpretación que recorta garantías en el ámbito del debido proceso al eventual beneficiario de dicha libertad y que, por el contrario, permite concluir que son competentes los jueces de control de garantías si en el asunto no se ha radicado escrito de acusación, o el juez de conocimiento si ya se radicó”, afirma.


Bajo esta premisa y en otra decisión, la Sala de Casación Penal devolvió a la Fiscalía Especializada contra Terrorismo el proceso en contra de la exintegrante de las Farc, Marilú Ramírez Baquero, luego que el ente acusador le corriera traslado para definir la instancia competente para definir su solicitud de libertad, acogiéndose a la JEP. La competencia radica en el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ante el cual la mencionada fiscalía debe promover la respectiva audiencia.

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Viernes, 28 Abril 2017 15:32

Quien financió debe pagar

Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?

 

Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.

 

Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.

 

El listado

 

El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.

 

En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.

 

Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.

 

En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.

 

La acusación

 

Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.

 

Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.

 

Urabá, el caso puntual

 

Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.

 

Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.

 

Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:

 

Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.

 

Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.

 

Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.

 

Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.

 

¿Impunidad?

 

Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.

 

De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.

 

Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.

Publicado enEdición Nº234
Lunes, 10 Abril 2017 08:37

Nace la Comisión de la Verdad

Nace la Comisión de la Verdad

Los resultados de la comisión no serán vinculantes jurídicamente, pero recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar a las víctimas y dejar claros los responsables. Buscan a más de 50 mil desaparecidos.
Santos firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad y una unidad para buscar a personas desaparecidas.


Gracias al Acuerdo de Paz entre gobierno y Farc, se creó esta semana la Comisión de la Verdad en Colombia. Ante un público emocionado y conmovido, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto con carácter de ley que, además, pone en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los ojos brillaban en los rostros de las víctimas que durante décadas han esperado por estos organismos los cuales serán una realidad gracias a la reciente aprobación en Congreso del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en La Habana.

Aunque en Colombia ya existió una Comisión Nacional de Reparación que incluyó un grupo de memoria, y luego la Ley de Víctimas dio a luz al Centro Nacional de Memoria Histórica, la firma de esta semana abre la posibilidad a una Comisión de la Verdad en todo el sentido, cuyos resultados no serán vinculantes jurídicamente, pero que recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar la pena de las víctimas y dejar claros los responsables. Igualmente, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una luz de esperanza para los más de 50 mil hombres y mujeres que no saben el paradero sus seres amados: estudiantes, líderes sociales, sindicalistas, o trabajadores y ciudadanos comunes y corrientes a quienes un día un grupo armado ilegal o el mismo Estado se llevó con ellos y nunca regresaron.

Por eso, las lágrimas rodaban por las mejillas de viudas y húerfanas presentes en la firma del decreto en el Centro de Memoria Distrital donde, además, se encontraban los principales funcionarios del alto gobierno e integrantes del Secretariado de las Farc. Las víctimas de crímenes de Estado alzaron la voz en medio del acto protocolario para exigir tomar el micrófono como lo hicieron aquellas afectadas por Farc y paramilitares. “Somos una generación de hijos e hijas a la cual se nos llevaron a nuestros padres”, dijo Alejandra Gaviria al final de evento cuando se les permitió subir al escenario. Su padre, Francisco Gaviria, fue desaparecido, torturado y asesinado en 1987 por pertenecer a la Unión Patriótica (UP) . “Usted, señor Presidente, se compromete con toda la verdad, la verdad para todas las víctimas. Esta firma significa además un compromiso de muchas partes incluyéndolos a ustedes, amigos militares. Necesitamos que se desclasifiquen los archivos militares”, concluyó la joven.

Junto a ella, en la tarima principal, Yolanda Pinto escuchaba atenta. Su esposo fue secuestrado por las Farc y asesinado durante el cautiverio junto a 10 militares y civiles en una tragedia que sacudió todo el país. La mujer fue enfática en explicar que no guarda rencor contra la guerrilla y que su fin como grupo ilegal es un regalo necesario para sus nietos, que no pudieron conocer a su abuelo, y para un país que merece un mejor futuro. “La Comisión de la Verdad que se conforma ahora es una de las herramientas más potentes para lograr entender las razones del conflicto, curar las heridas pero sobre todo aprender de esos errores. Ese dolor y todo lo que nos hicieron tiene que servir para que no se vuelva a repetir nunca jamás” afirmó Yolanda Pinto en diálogo con PáginaI12.

Al terminar el protocolo, otras víctimas como Clara Rojas, quien estuvo secuestrada en campamentos de Farc y se encontraba en el recinto, se cruzó con guerrilleros como Victoria Sandino, Pastor Alape e Ivan Márquez. Los indígenas de Cauca, por su parte, se acercaron a los comandantes y celebraron con un abrazo y una foto el hecho más importante en la historia reciente de Colombia para dar con la verdad de medio siglo de guerra. Santos había dicho minutos atrás que la verdad es incluso más reclamada por las víctimas que una reparación económica y muchas lo ratificaron entusiastas frente a la firma del decreto que incluye la conformación de un grupo que escogerá los comisionados.

De acuerdo con gobierno y el Acuerdo de Paz, la Comisión tiene la misión de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. También de promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió. Dicha Comisión durará tres años, más seis meses iniciales del periodo de preparación en el que se escogerán once comisionados que los mismos colombianos podrán postular de manera amplia y pluralista. Los mismos que eligen estos investigadores serán quienes elijan los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que también hace parte del Sistema Integral pactado en La Habana y que significa para toda la sociedad colombiana la oportunidad de transitar a tiempos sin conflicto armado gracias a la justicia y la verdad.

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Carteles de los actos previstos para el desarme de ETA.

 

Las autoridades francesas recogerán las armas de ETA cuya localización han entregado los verificadores.

 

ETA ha entregado ya a la policía francesa los datos de geolocalización de ocho de sus depósitos de armas, todos ellos ubicados en el departamento 64 de Francia, los Pirineos Atlánticos.

Así lo han indicado fuentes de la lucha antiterrorista, que no han descartado que puedan haber más zulos o almacenes de armamento. En un principio, la información que había llegado a los especialistas apuntaba a la señalización de doce zulos, pero finalmente son ocho.

Poco después de esa comunicación, a las 9 de la mañana, el coordinador de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, ha confirmado en Bayona (Francia) que ha entregado a las autoridades francesas las localizaciones de los arsenales.

Manikkalingam ha recibido de manos de uno de los "mediadores", Jean Nöel Etcheverry "Txetx", "información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA", que "inmediatamente" ha puesto "a disposición de las autoridades francesas".

En una comparecencia sin preguntas, Manikkalingam ha leído en inglés y español una declaración oficial en la que los verificadores dan por hecho que lo ocurrido hoy "es el desarme de ETA".

Aún no ha trascendido el contenido de los zulos, pero, según apuntó ayer el diario Le Monde, contendrían "cientos de ametralladoras, fusiles de asalto, armas cortas, cientos de kilos de explosivos y de detonadores".

Las fuentes de la lucha antiterrorista calculan que ETA tiene al menos 200 armas de fuego y entre 4 y 5 toneladas de explosivos, además de una importante cantidad de detonadores y efectos para confeccionar artefactos.

El departamento en el que están localizados los zulos, el de los Pirineos Atlánticos, frontera directa con el País Vasco, ha sido el más utilizado en la historia por la banda terrorista para esconder sus armas.

De hecho, de los al menos 120 almacenes encontrados por las fuerzas antiterroristas en la historia de ETA, 67 fueron localizados en Francia y 30 de ellos en los Pirineos Atlánticos.

Tras la rueda de prensa de los "verificadores" del proceso, hoy se han programado actos en Bayona (Francia) en torno al desarme de ETA, como la proyección del cortometraje "La paix maintenant, une exigence populaire" y un coloquio sobre el desarme.

 
ETA entrega el arsenal


El integrante del 'grupo de Luhuso', Michel Tubiana, ha comunicado que ETA ha entregado 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, y miles de detonadores y munición distribuidos en ocho zulos.

Tubiana ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en el Euskal Museo de Bayona (Francia), en la que han comparecido junto también al denominado 'artesano de la paz' Michel Berhokoirigoin, Harold Good y Matteo Zuppi --que han "verificado el procedimiento"-- y Anais Funosas, representante de Bake Bidea.

Según ha señalado Michel Tubiana, esta mañana los autodenominado 'artesanos de la paz' han comunicado a la CIV y representantes internacionales las coordenadas de ocho lugares donde se encuentra el arsenal de ETA. "Les hemos pedido que el procedimiento que lleven a cabo ante las autoridades francesas se inscriba dentro de un proceso de paz justa y duradera", ha afirmado.

Los ocho zulos contienen 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y munición y detonadores "difícil de cuantificar". "La jornada se ha desarrollado estupendamente, bajo la autoridad del alcalde de Bayona y ha jugado un papel al que se le debe un homenaje por su comprensión del proceso", ha añadido.

En los lugares facilitados por ETA habrá 172 observadores, que estarán presentes en los lugares para verificar la recogida de las armas por las autoridades francesas. Hacia las 11 de la mañana, parece que todo el proceso "se desarrolla bien". "Nuestros observadores están en varios lugares y en varios sitios las fuerzas del orden ya han entrado en acción", ha aseverado Tubiana.

Parte de los ocho zulos de ETA cuya localización ha sido facilitada a las autoridades francesas se encuentran radicados en otros lugares diferentes al País Vasco francés, según han asegurado los autodenominados 'artesanos de la paz'.

En los lugares facilitados por ETA, está previsto que permanezcan 172 observadores para verificar la recogida de las armas por las autoridades francesas. Hacia las once de la mañana, según han manifestado los integrantes del 'grupo de Luhuso', el proceso se estaría desarrollando "bien". "Nuestros observadores están en varios lugares y en varios sitios las Fuerzas del orden ya han entrado en acción", ha apuntado.

 

El anuncio del desarme

 

ETA comunicó su desarme a través de la BBC con elogios a los colectivos que han mediado en su apoyo y a las instituciones vascas. La organización terrorista recurrió a la retórica habitual para evitar hablar de su disolución y criticar a los Gobiernos de España y Francia por los sucesivos golpes policiales que le han llevado a su derrota.

Cinco años y medio después del fin de la violencia, el reclamo tantas veces planteado desde distintos sectores se ha hecho realidad: las armas ya no estarán en sus manos.

A falta de conocer cuándo y cómo será la disolución de ETA, hoy son muchas y muchos los que miran hacia atrás. Piensan en los que ya no están, pero también en los que vendrán. Por unos y otros. Por todos.

 

 

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Felipe González encabezará con José Mujica la verificación del acuerdo de paz en Colombia

El expresidente español Felipe González encabezará junto al exmandatario uruguayo José Mujica la supervisión del órgano internacional de control de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, que según lo pactado deberían culminar a principios de junio. El Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la primera guerrilla del país han informado este jueves del nombramiento a través de un comunicado conjunto,


“Se designarán como notables del Componente Internacional de Verificación al expresidente español Felipe González y al expresidente uruguayo José Alberto Mujica Cordano”, señalan las dos partes. El texto de los acuerdos establece que los “notables serán dos personas de representatividad internacional” propuestas por el Gobierno y por las FARC. Entre sus funciones se encuentra la de “realizar pronunciamientos e informes públicos en relación con los avances que se registren en la implementación de todos los acuerdos”. Ante “los puntos de discusión y controversia que adviertan dificultad en la implementación de los acuerdos”, González y Mujica tendrán que recomendar una solución.


La designación formal de los expresidentes se producirá el próximo jueves, 30 de marzo. Después, se integrarán en la Comisión de Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del proceso de paz como responsables de la observación internacional. El desarrollo de los acuerdos de paz está marcado por dificultades de carácter logístico: la lentitud en la construcción de las 26 zonas rurales donde los guerrilleros comenzarán su transición a la vida civil y los retrasos en la entrega de las 14.000 armas que todavía están en manos de la guerrilla. De momento, solo se han depositado 140, mientras Naciones Unidas ya ha habilitado los primeros contenedores para su recogida. Con todo, tanto el alto comisionado para la paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, como Iván Márquez, número dos de las FARC, destacaron el pasado martes durante una visita a la vereda de Pondores, en el departamento de La Guajira, los avances registrados en las últimas semanas.


González y Mujica contarán con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de Indiana (Estados Unidos). El próximo martes, día 28, se realizará la primera reunión de los equipos que acompañarán a los expresidentes en las tareas de verificación de los acuerdos. La supervisión de los expresidentes se sumará a la del llamado mecanismo de monitoreo del proceso, un órgano tripartito integrado por representantes del Estado, por las FARC y por la ONU.


El expresidente socialista ha mostrado su respaldo en repetidas ocasiones al acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla. Antes de la celebración del referéndum que rechazó el primer texto y obligó al Gobierno de Santos a renegociar ese pacto, González destacó durante un acto celebrado en Bogotá la trascendencia del momento histórico que atraviesa el país y lo comparó con la caída del Muro de Berlín. "¿Se imaginan lo que Gabo estaría disfrutando un día como hoy?", se preguntó al recordar el deseo de Gabriel García Márquez. El exmandatario español defendió que la paz no es un logro de Santos "sino de todos los colombianos”.


El correcto desarrollo del proceso de paz es un asunto crucial no solo para la futura convivencia de los ciudadanos, sino también porque repercute en el debate político cotidiano. Colombia afronta en 2018 unas elecciones presidenciales y legislativas y los acuerdos con las FARC son uno de los elementos que determinan la confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, dominada por la figura de Álvaro Uribe. El expresidente promoverá el 1 de abril una marcha contra Santos, convocada en varias ciudades del país, para dejar claro una vez más su rechazo frontal al pacto con la guerrilla.

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Quibdó

 


La verdad os hará libres (Jn 8,32).

 

Las organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis que tienen jurisdicción en el departamento del Chocó, queremos reiterar que seguimos poniendo nuestras esperanzas en la solución negociada a los conflictos armados y sociales que han afectado históricamente a nuestra nación. Tanto la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, como el inicio de las negociaciones con el ELN en Quito, son signos positivos en la ardua búsqueda de construir los caminos que nos conduzcan a disfrutar de la anhelada paz.

Ahora bien, observamos con suma preocupación algunos fenómenos que pueden poner en crisis nuestra fe en un eventual desenlace exitoso de los procesos de paz:

1. Frente al acuerdo de paz con las FARC son motivos de preocupación la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y Campamentarias; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos tanto en las zonas rurales como urbanas; y las fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa.

2. Causa preocupación por parte del ELN, la manera como han venido ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios, lo cual pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades.

3. Igual que en muchas regiones del país, en el Chocó somos testigos del avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades. En las últimas semanas y meses se han dado a conocer numerosos documentos, tanto de sectores de la Iglesia como de organizaciones populares y otras voces de la sociedad civil que expresan su alarma sobre este fenómeno que ya ha encontrado eco hasta en la prensa internacional.

4. En los centros urbanos continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas especialmente entre los jóvenes y sectores marginales. La población en general, muestra síntomas de desespero por la inseguridad y poca efectividad de las autoridades. Igualmente, existen testimonios de presencia de grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho.

 

Exigencias y exhortaciones:

 

1. Al Estado colombiano le exigimos mecanismos de protección a los habitantes del Chocó, recuperando el ejercicio del monopolio de las armas según las normas del Estado de Derecho. Igualmente, para favorecer el anhelo de paz del pueblo chocoano, la fase de implementación de los acuerdos de la Habana y la naciente negociación con el ELN, la sociedad espera resultados concretos en el control y desarticulación de bandas criminales y de paramilitares. Mientras se percibe cierta permisividad de sectores de la Fuerza Pública y de otros organismos del Estado frente el accionar de estos grupos armados, el Proceso de Paz pierde credibilidad.

2. A las guerrillas de las FARC y el ELN, les exigimos perseverar en la voluntad y el compromiso de poner fin al conflicto armado respondiendo a las expectativas de la Sociedad Civil.

3. Invitamos al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y al sistema de Naciones Unidas a continuar apoyando el Proceso de Paz y todas las iniciativas de la Sociedad Civil que conducen al logro de la terminación del conflicto armado y a la construcción de la paz para todos los territorios del pueblo colombiano.

4. Exhortamos a los Medios de Comunicación, locales, regionales, nacionales e internacionales, a informar con veracidad lo que ocurre en este contexto, siendo aliados importantes para visibilizar la crisis humanitaria en el Chocó.

El Dios de la vida nos ilumine y fortalezca en la búsqueda de caminos de conversión que nos acerquen a la convivencia fraterna en un país reconciliado.

 

Quibdó, Marzo 17 de 2017

Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Mesa Departamental Indígena

Diócesis de Apartado

Diócesis de Istmina

Diócesis de Quibdó

 

 

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Miércoles, 22 Marzo 2017 07:48

Paz sin más muertes

Fotos con las víctimas de promotores de la paz.

 

El llamado más urgente fue el “desmonte del paramilitarismo” y la protección de los defensores de los derechos humanos, en la aplicación del acuerdo negociado entre las FARC y el gobierno.

 

Desde Medellín

 

Varias audiencias sobre Colombia se realizaron ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dos fueron solicitadas por organizaciones sociales y corporaciones jurídicas, y una más por la Fiscalía, quien expuso su estrategia de investigación ante las agresiones a defensores de derechos humanos, las cuales preocupan al país por el incremento suscitado a partir del acuerdo de paz con las FARC.

Con la vocería de la vice fiscal general María Paulina Riveros, ex negociadora de gobierno en los Diálogos de La Habana, el Estado expuso en Washington las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Según la institución, la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones. También, que ciertas disidencias de la guerrilla buscan mantener control territorial. En tercer lugar, la corrupción administrativa, así como la falta de creencia en las instituciones estatales. La falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana, son las demás explicaciones para dichos homicidios.

Las organizaciones presentes reclamaron al Estado no contemplar entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia, y también criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios. En lo que van del año sumarían 26, mientras el año pasado fueron 80 según la ong Somos Defensores. Los abogados de organizaciones sociales presentes en la sala en la capital norteamericana, portaban fotografías de los hombres y mujeres baleados por promover el acuerdo de paz en sus territorios. Que la paz no nos cueste la vida, se leía en carteles que pegaron a sus mesas.

La Fiscalía explicó que a la fecha tienen 74 personas vinculadas a procesos por dichos homicidios, y de ellas 58 están privadas de la libertad. En cuatro casos, aseguran, ya tienen sentencia judicial y también existen ocho casos con órdenes de captura vigentes. En total, desde 2012 han sido 500 los líderes atacados según informe de la Defensoría del Pueblo, por eso los resultados de Fiscalía no fueron satisfactorios para las partes civiles presentes en la CIDH.

También se dieron audiencias sobre Garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia y una más sobre obligaciones estatales contra la impunidad y Justicia Especial de Paz en Colombia. Cada parte intervino durante veinte minutos antes los comisionados James Camalaro y José de Jesús Orozco. Allí participaron además el ministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo y el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González. Al respecto, la semana pasada la Oficina de Derechos Humanos de ONU en Colombia entregó su informe anual dejando sabores amargos. En él Tood Howland pidió a la CPI aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) cumple con las obligaciones internacionales del Estado.

En la audiencia, Byron Góngora de la Corporación Jurídica Libertad aseguró que “generan mucha preocupación tantos beneficios para Fuerza Pública a cambio de nada” en la Jurisdicción aprobada la semana anterior en el Congreso de la República. Esta sufrió varios cambios pues la Justicia que se acordó en La Habana y se firmó en Bogotá el año pasado contemplaba similares condiciones para todos los actores del conflicto: guerrillas, Estado y particulares. Pero en su trámite de aprobación en el Congreso varios parlamentarios introdujeron modificaciones que, a juicio de las víctimas, revierten de impunidad a favor del EsTado y los empresarios. “Vuelven imposible la cadena de mando, por ejemplo en los casos de más de 5 mil víctimas en el caso de las ejecuciones judiciales (falsos positivos)” como lo expresaron los peticionarios en la Comisión ayer. “Alertamos libertades de militares sin compromisos claros ante la JEP” advirtió el abogado Góngora.

Por su parte, en la audiencia sobre Garantías de No Repetición, Yomari Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo recalcó que dichas garantías “son la esperanza de que cada crimen sea el último” señalando que el sistema interamericano de DD.HH. y Naciones Unidos han señalado que éstas son fundamentales para garantizar una paz estable y duradera en Colombia. Las garantías de no repetición, explicó Ortegón, son el futuro y deben atacar las causas, realizar reformas estructurales, y, en casos como el Acuerdo de Paz, contemplan medidas que aún no son implementadas. El llamado “desmonte del paramilitarismo” y las garantías para la defensa de los derechos humanos son las más urgentes a juicio de los representantes de la sociedad civil que participaron en las audiencias de Washington ayer.

 

 

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Odebrecht: ¿Sobrevivirá la paz a su paso?

 

Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales, en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía, también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta política nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el expresidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada?

¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción, representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

 

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Viernes, 17 Marzo 2017 18:43

ETA entregará las armas el 8 de abril

ETA entregará las armas el 8 de abril

Uno de los detenidos en diciembre en el sur de Francia, Jean-Noël Etcheverry, anuncia en 'Le Monde' que la banda estará "totalmente desarmada" para esa fecha. Los encargados de la entrega de armas piden que las Policías francesa y española no lo impidan y que haya verificadores.

 
La organización terrorista ETA pretende lanzar el próximo 8 de abril una iniciativa que permita entregar "el total del arsenal" que aún conserva, según informó hoy el diario francés Le Monde. "ETA nos ha confiado la responsabilidad del desarme de su arsenal y, en la noche del 8 de abril, ETA estará totalmente desarmada", dijo al diario el dirigente del movimiento ecologista y social Bizi! Jean-Noël Etcheverry,Txetx.


Etcheverry fue detenido con otros cuatro representantes asociativos el pasado 16 de diciembre en la localidad vascofrancesa de Luhuso junto a un depósito de armas de ETA, que, según afirmaron, pretendían inutilizar pero no destruir.
Varios cientos de personas pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil y cargos electos del País Vasco francés participarán en el desarme definitivo de ETA. Los encargados de la entrega de armas piden que las Policías francesa y española no lo impidan y que haya verificadores.

 

Etcheverry ha matizado en Radio Euskadi que ETA no les ha pedido que destruyan las armas, sino que ayuden al desmantelamiento de su arsenal. Ha señalado que el año pasado la banda, en un intercambio de cartas "que se han hecho públicas", les encomendó a los agentes de la sociedad civil "la responsabilidad del desmantelamiento de su arsenal". "Hemos aceptado esa responsabilidad y dijimos que íbamos a cumplir ese compromiso. Queríamos hacerlo con la cooperación del Gobierno francés y hemos tenido conversaciones en ese sentido, pero, por el momento, no tenemos respuesta", ha asegurado.


Las cinco personas de "la sociedad civil", arrestadas en la operación de Francia, que fueron posteriormente puestos en libertad, se comprometieron con la banda a recibir las armas. Según afirman, en diciembre la Policía francesa solo requisó el 15 por ciento del armamento de ETA, mientras que el sábado, 8 de abril, se entregará todo su arsenal, ahora disperso en zonas de monte y en casas particulares.


Entre el arsenal de Luhuso había una decena de subametralladoras Uzi, cerca de una decena de fusiles de asalto G-3 (fabricado por la marca alemana Hecler & Koch), más de veinte revólveres Smith&Wesson, armas Sig-Sauer de estrellas, Browning, cientos de detonadores, decenas de kilogramos de explosivos y municiones, cables, etc.


Otegi pide que el Gobierno "no ponga obstáculos"


El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado que lo que tiene que hacer ETA es "desarmarse y disolverse". Mientras, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que espera que el anuncio de desarme de la banda se haga con "plenas garantías" y que se acompañe de la "disolución definitiva".


El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dado "credibilidad" a la posibilidad de un "desarme final de ETA en un corto de plazo de tiempo" y ha solicitado a los gobiernos español y francés "altura de miras y canales de comunicación directos" orientados al logro "de este objetivo de valor histórico". Por su parte, el portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, se ha pronunciado en la misma línea y ha dicho que espera que los Estados español y francés "no pongan obstáculos" a un desarme "definitivo e integral" de ETA y ha pedido la implicación de los Gobiernos vasco y navarro para que "este capítulo se cierre de forma ordenada".


La banda terrorista anunció el 20 de octubre de 2011 el fin definitivo de sus acciones violentas con las que ha matado, en las últimas cinco décadas, a unas 850 personas en su objetivo de lograr la independencia del País Vasco.

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Congreso aprueba Jurisdicción Especial para la Paz

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

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