El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

Publicado enColombia
Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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