Trump amenaza con mano dura en respuesta a los disturbios de Mineápolis

El presidente estadounidense acusa al alcalde de Mineápolis de debilidad tras el incendio de instalaciones policiales de la ciudad, y anuncia que mandará al ejército si continúan los disturbios.  

 

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

“No puedo quedarme atrás y observar cómo le pasa esto a una gran ciudad estadounidense como Mineápolis. Una falta total de liderazgo. O Jacob Frey, el muy débil alcalde de la izquierda radical, se hace cargo y controla la ciudad, o mandaré a la Guardia Nacional y arreglaré yo el asunto”, alertaba Donald Trump en la madrugada del viernes en su cuenta de Twitter.

El presidente se manifestaba de esta forma horas después de que la imagen de una comisaría de la ciudad totalmente en llamas recorriera las redes sociales dando constancia de la brecha permanente entre la población afroestadounidense y las fuerzas policiales, reabierta contundentemente tras la muerte el pasado lunes de George Floyd, el hombre negro de 46 años que fue retenido por el policía Derek Chauvin durante nueve minutos con una rodilla apretando su cuello, hasta que perdió el conocimiento y murió. 

Tanto el agente, como los tres policías que le acompañaban y que no intervinieron para evitar la muerte de Floyd han sido despedidos pero están en libertad. Ayer jueves se supo que Chauvin, un policía blanco con casi dos décadas de carrera, acumula una docena de quejas por sus actuaciones. Además, según publica el New York Times, disparó en dos ocasiones su arma, la primera en 2006, cuando perseguía junto a otros agentes al presunto autor de un apuñalamiento, que resultó muerto, y la segunda, en 2008, contra un hombre que habría agredido a su pareja. Lejos de ser sancionado, Chauvin contaba con varios reconocimientos por su labor como policía.

La hermana de George, Brigitte Floyd anunció el miércoles que la denuncia por asesinato afectará a los cuatro agentes implicados. La víctima fue inmovilizada y esposada por haber presuntamente intentado pagar en un negocio con un billete de 20 dólares falso. El dueño de la tienda que llamó a la policía mostró su arrepentimiento por haber denunciado y se ha ofrecido a pagar el entierro de Floyd. 

La amenaza del presidente estadounidense, revestida de crítica a Frey, alcalde demócrata de la ciudad que ha mostrado su indignación ante el hecho de que no se haya detenido a los agentes, y que ha mostrado su comprensión ante la indignación de los manifestantes, llega tras tres noches de disturbios, que se han extendido por numerosas ciudades.  El mandatario estadounidense, que ha acusado en su tuit a los manifestantes de faltar al honor del afroamericano asesinado, continuaba su intervención en Twitter con  un mensaje inquietante “when the looting starts, the shooting starts” (cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos). Hasta ahora, las manifestaciones han sido reprimidas con balas de gomas y gases lacrimógenos. 

El incendio y saqueo de la estación de policía durante la noche de ayer, pone de manifiesto la rabia que la población afroamericana siente hacia unas fuerzas de seguridad que acaban con su vida impunemente. Ya en las horas que siguieron a la viralización del vídeo en el que, a plena luz del día y ante la pasividad de los compañeros de Chauvin, se produce el homicidio, coches patrulla fueron destrozados e incendiados. 

Si bien Mineápolis ha sido el principal foco de los disturbios, con un primer despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el gobernador Tim Walz, tras la petición de ayuda del alcalde, las protestas se han extendido por el país y cientos de personas salieron a las calles en California, Chicago, Memphis. Nueva York, Oakland, Ohio y Colorado, según reportan medios del país.

Al grito de “No puedo respirar”, súplica que Floyd repitió varias veces mientras el agente Chauvi apretaba su rodilla contra el cuello del afroamericano, los disturbios han ido intensificándose en los últimos días, obteniendo la represión como respuesta. Tanto el alcalde como el abogado de la familia Floyd,Benjamin Crump, han llamado a la calma, y a la pacificación de las protestas. “No podemos caer al nivel de nuestros opresores y ponernos en peligro los unos a los otros cuando respondemos a la urgencia necesaria de alzar nuestras voces unidas y en ira. El saqueo y la violencia nos distrae de la fuerza de nuestra voz colectiva”, manifestaba el letrado en un comunicado hecho público ayer.

La muerte de Floyd y la impunidad de sus responsables se suma a una larga historia de violencia policial sin coste para sus autores. Las movilizaciones tras los hechos del lunes recuerdan a las que en 2014 sucedieron a los asesinatos por parte de la policía de Michael Brown y Eric Garner, en Ferguson, que dieron gran visibilidad al movimiento Black Lives Matter.

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Los disturbios se suceden en plena crisis del covid-19, que han puesto en relieve una vez más la persistente desigualdad racial en el país, tras más de medio siglo de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que acababa formalmente con la discriminación por causas raciales. Los afroestadounidenses suponen una proporción de las víctimas del virus muy superior a la que les correspondería dada la dimensión de esta población.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas y laborales de la crisis sanitaria se están cebando con las capas de la sociedad más precarizadas, entra las que se encuentran millones de trabajadores negros. Para la investigadora y activista Keeanga-Yamahtta Taylor, autora de From#Blacklivesmatter to Black Liberation. Las protestas deben entenderse en el trasfondo de la crisis del covid. 

Redacción El Salto

29 may 2020 09:20


La Guardia Nacional entra en Minneapolis tras declararse estado de emergencia

 

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha enviado a Minneapolis a la Guardia Nacional luego de que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, declarase estado de emergencia local. El despliegue tiene como objetivo restaurar el orden luego de varias noches de violentas protestas, provocadas por la muerte de un afroamericano a manos de un policía.

Las manifestaciones arrasaron con varias cuadras del vecindario Longfellow, luego de que los enfrentamientos se extendieran por toda la ciudad en dos noches consecutivas de protestas violentas. Los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

​El detonante fue la muerte de George Floyd, quien, durante un arresto ocurrido el 25 de mayo, fue asfixiado por un agente de policía que mantuvo su rodilla sobre su cuello por casi ocho minutos. La víctima falleció en el hospital poco después. En un vídeo grabado por un transeúnte, se puede escuchar a Floyd diciendo que no podía respirar hasta que lentamente deja de hablar y de moverse.

Las autoridades estiman que las protestas continuarán por los próximos días. Algunas tiendas de Minneapolis y sus suburbios han cerrado o reducido su horario de trabajo por temor a nuevos enfrentamientos. El sistema de tren ligero de la ciudad cerró sus puertas y se planea suspender todo el servicio de autobuses.

El ayudante general de la Guardia Nacional trabajará con las agencias del gobierno local para proporcionar personal, equipo y las instalaciones necesarias para responder y recuperarse de esta emergencia. Además, la Patrulla del Estado de Minnesota proporcionará 200 soldados. Los helicópteros de la Patrulla y otros aviones también estarán disponibles para ayudar a los agentes del orden en tierra.

Por su parte, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, y la jefa de policía local, Medaria Arradondo, prometieron trabajar con los líderes de la comunidad local con la esperanza de pacificar las protestas. No obstante, Frey declaró una emergencia local de hasta 72 horas.

"Si sientes esa tristeza, esa ira, no solo es comprensible, es correcto. Es un reflejo de la verdad que nuestra comunidad negra ha vivido. Debemos creer que podemos ser mejores de lo que hemos sido", dijo Frey durante una conferencia de prensa al respecto.

Por su parte, el gobernador, Tim Walz, declaró que "la muerte de George Floyd debería conducir a la justicia y al cambio sistémico, no más muerte y destrucción".

"Es hora de reconstruir. Reconstruir la ciudad, reconstruir nuestro sistema de justicia y reconstruir la relación entre las fuerzas del orden y aquellos a quienes se les debe proteger", declaró Walz en un comunicado.

La vicepresidenta del Consejo de la Ciudad, Andrea Jenkins, reiteró los llamados para que la gente protestara pacíficamente, señalando que muchas de las estructuras que fueron incendiadas en los disturbios de la noche anterior cumplen funciones vitales durante una pandemia, vendiendo comida y llenando recetas, por ejemplo.

"Necesitamos paz y tranquilidad en nuestras calles y ruego por esa calma", señaló Jenkins.

Sputnik

23:17 GMT 28.05.2020(actualizada a las 04:18 GMT 29.05.2020) URL corto

Publicado enInternacional
https://www.lapatria.com/nacional/asesinatos-de-lideres-sociales-reflejan-deterioro-en-colombia-451188

La disputa por el control de la tierra y del territorio rural no cesa en Colombia: posicionamiento de viejos y nuevos actores armados, narcotráfico, minería ilegal, y con ello el despojo de tierra, el desplazamiento de sus pobladores, el asesinato sistemático de liderazgos sociales. Estos y otros son los factores de un virus que de vieja data y con renovada potencia afecta a esta parte de nuestro país.

 

Según la organización de derechos humanos Indepaz, en Colombia se reportan 95 líderes y lideresas asesinados desde enero hasta los primeros días de mayo. Esta situación tiene un agravante y es que desde el inicio de la peste por covid-19 los liderazgos sociales blanco de sicariato suman 32, de ellos 19 en medio de la medida del confinamiento obligatorio en todo el país e iniciado el 23 de marzo.

El combustible del conflicto. Este atentado permanente contra la vida de quienes asumen el liderazgo en sus comunidades tiene especial realce en regiones donde hay sembradas grandes extensiones de hoja de coca, territorios con corredores estratégicos de vital importancia para el narcotráfico ya que le permiten salir a la frontera marítima.

En estos territorios, al mismo tiempo, se disputa el control de la extracción de minerales, así como la implementación de proyectos extractivistas en general. Es decir, la disputa por el control territorial no es casual, ella se ubica dentro de la lógica de un conflicto armado de vieja data que no logró cerrarse con el acuerdo firmado por las Farc y el gobierno nacional, disputa por el territorio que también se inscribe y alimenta con sus flujos financieros la economía nacional y global, del que se benerician los conglomerados financieros criollos e internacionales. Ante ello, la militarización es la única oferta que llega a las comunidades de parte del Estado central. Carburante para la multiplicación de la guerra.

A propósito de esta situación, desdeabajo entrevistó a distintos procesos organizativos que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que en los últimos meses algunos de sus integrantes han sido blanco de ataque nuevamente en esta guerra que parece de nunca acabar. Son las palabras de estas personas las que pueden realizar un diagnóstico ejemplar de las principales problemáticas de la ruralidad colombiana, al mismo tiempo que proponer las soluciones y alternativas que necesita el campo colombiano. Aquí sus palabras:

 

“Enfrentamos una pandemia histórica”
Entrevista a Ernesto Alexander Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), organización campesina que se encuentra en 22 departamentos del país.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del campesinado en medio de la pandemia del covid-19?
Ernesto Alexander Roa (EAR). Los campesinos y campesinas enfrentamos una pandemia histórica con manifestación de exclusión, marginación, persecución y en este sentido la muerte y el despojo, todo ello parte sustancial de la política de un Estado que responde a unas políticas de un sistema capitalista.


Realidad que no ha cambiado en el marco de esta coyuntura mundial, por el contrario se profundiza mucho más. Prolongación de una política pese al papel estratégico que jugamos los campesinos en la lucha por la soberanía y garantía de la alimentación y el cuidado del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza.

Por desfortuna el panorama nacional no es tan favorable para quienes habitamos el campo, porque la política neoliberal extractivista se profundiza y con ella la guerra que imponen para Colombia, con la que llega y se prolonga el exterminio del movimiento social, en particular del movimiento campesino que lo consideran un estorbo para el desarrollo de los grandes megaproyectos que aspiran implementar desde actores internacionales. Entonces, en el marco de la pandemia seguimos siendo objeto de persecución, estigmatización, judicialización, amenaza, despojo, tratamiento militar.

da. Las regiones en donde se están presentando los asesinatos de los liderazgos sociales responden a la lógica de un modelo económico y de reagrupación del poder, ¿Cómo valoran esta situación y qué acciones han decidido emprender para el futuro y el autocuidado de la organización?
EAR. Como CNA hemos sido víctimas históricas, solo que hoy esto toma más fuerza. Desde marzo de 2020, hasta lo corrido de mayo, llevamos cerca de 10 compañeros asesinados, incluidos compañeros de la junta nacional de la organización en Putumayo y Cauca, eso sin mencionar los intentos de homicidio acaecidos en distintas regiones como Arauca, en donde el Ejército ha disparado de manera indiscriminada sobre los puntos de Guardia Campesina que realizan un ejercicio de pedagogía sobre la coyuntura que estamos viviendo.

El despliegue de violencia homicida, del despojo y de la amenaza, está focalizada en los territorios donde hay gran concentración de cultivos de hoja de coca. Como CNA hemos dicho que la coca no es una alternativa, nuestra alternativa es la autonomía y soberanía alimentaria; hemos dicho que los territorios campesinos agroalimentarios nacen como una propuesta para frenar, controlar y confrontar de mejor manera los proyectos extractivistas que se vienen implementando en los territorios que van en contravía y en detrimento de la vida digna.


“El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de los territorios”
Entrevista a Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo?
Olga Lucía Quintero Sierra (Olqs). La situación es compleja. Si hablamos desde que se declaró la pandemia, resaltar que no han llegado ayudas humanitarias para las familias que más lo necesitan, ni tampoco hay un sistema de salud adecuado en la región. Pero a esto debemos sumarle la situación de vulneración de los derechos humanos que no ha parado: en lo que va corrido del año han asesinado cuatro líderes en el departamento, tres de ellos en el Catatumbo y uno en Puerto Santander. Así mismo, desde el 11 de marzo se han incrementado las erradicaciones forzadas violentas en las regiones de Sardinata, Zulia y área rural de Cúcuta, y en su marco el 26 de marzo un miembro del Ejército asesinó al joven Alejandro Carvajal, de 20 años, sobrino de una dirigente de Ascamcat que se encontraba en un asentamiento campesino precisamente como un mecanismo de defensa del territorio y para evitar la erradicación forzada.

da. Desde la visión de Ascamcat, ¿cuál es la razón para el asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país?
Olqs. Hay mucha coincidencia que en las regiones donde se está erradicando se está asesinando a los liderazgos sociales, los mismos que trabajan fuertemente en los territorios, que hablan de la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente apoyan el punto cuatro de solución al problema de las drogas ilícitas, como ha pasado con los líderes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y con líderes comunales. El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de lo que pasa en los territorios. También llama mucho la atención que el Ejército haya estado perfilando líderes y periodistas, no conocemos la lista completa, pero aquí el gobierno es el que está en contra de la implementación del Acuerdo de Paz; entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las garantías?

“Estos territorios son estratégicos”
Entrevista a Rider Pai Nastacuas, Consejero Mayor de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el departamento de Nariño.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del pueblo indígena Awá?
Rider Pai Nastacuas (RPN). Como pueblo indígena Awá vemos varias preocupaciones. En el territorio Awá siempre hemos sido víctimas del conflicto armado que vive nuestro país, así mismo en el mes de marzo y mayo hubo asesinatos de indígenas de nuestro pueblo, como también amenazas. Toda esta situación nos preocupa bastante, pues somos un pueblo que su forma de vida cultural, territorial y organizacional tiene la forma de vivir dispersos y de difícil acceso para llegar a los resguardos. Asimismo, somos un pueblo fronterizo que se ubica en regiones muy estratégicas para los actores armados que operan en la región.

Hoy, con la llegada de esta enfermedad que viene amenazando al ser humano a nivel mundial, nos sentimos bastante preocupados porque en las condiciones en las que estamos viviendo es muy difícil atender las poblaciones con medicina. Pero, además, las familias tienen enfermedades presentes históricamente, como el paludismo y la tuberculosis, entonces nos preocupa bastante porque son muchas las necesidades.

da. ¿Cuáles son las principales razones para las amenazas y asesinatos que padecen como pueblo Awá?
RNP. Hemos hecho un balance de toda la situación vivida históricamente y los territorios nuestros son estratégicos, hay muchos intereses por minería ilegal, por la siembra de cultivos de coca. Otras situaciones bastante duras tienen que ver con el trabajo que llevamos como autoridades y guardias para el control territorial en los resguardos. Es así como vemos que la situación nos pone en alto riesgo cuando hacemos parte de la lucha y la resistencia para prevenir, proteger y fortalecer el mismo sistema de gobierno propio.

Desde el 2016 hasta acá tenemos 40 compañeros y compañeras asesinados, en donde hay asesinatos de mayores, autoridades, jóvenes y menores de edad. Lo que miramos es que después del Acuerdo de Paz se han organizado nuevos grupos que realizan un nuevo control territorial. También vemos un cambio de estrategia en la forma de actuar de estos grupos contra las organizaciones de base, sociales o indígenas, pues la forma de actuar es la de matar a nuestros jóvenes y amenazarlos, lo que implica una situación de exterminio del pueblo Awá.

 

“Hemos vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo”

Entrevista a Arnobis Zapata Martínez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), organización que se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, entre otros.

desdeabajo (da). ¿Cuál es el contexto actual de las regiones en donde se encuentra la Coccam?
Arnobis Zapata Martínez (AZM). El contexto general de estas regiones es que son zonas abandonadas por el Estado, en donde los campesinos han tenido que acudir desde hace mucho tiempo al cultivo de la coca como única forma de subsistencia. En estas zonas se ha vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo, el mismo que se ha incrementado después de la firma del Acuerdo de Paz por nuevos actores –grupos paramilitares, disidencias y otro tipo de grupos que se han venido formando para copar el territorio dejado por las Farc. Además, la única presencia del Estado es a través del Ejército, otro actor armado en los territorios.

da. ¿Cómo van con el acceso, propiedad y restitución de tierras en estas regiones?
AZM. Este tema no tiene avance alguno. A los lugares identificados en el Acuerdo de Paz se les hizo planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hasta el momento no hay un desarrollo de esos planes. En cuanto al acceso a la tierra, tampoco hay avances que puedan significar una mención específica, esto sigue en las mismas condiciones que se encontraba antes del Acuerdo de Paz. Con el tema de restitución de tierras, lo que ha habido es un atraso, porque estos grupos armados que han llegado han hecho retroceder los procesos en muchas zonas donde había algún avance.

da. ¿Qué nos puede contar en cuanto a la sustitución de cultivos de coca por parte de las comunidades?
AZM. Vemos un avance en inscripción de las familias al programa de sustitución de cultivos, con un cumplimiento muy grande por parte de las comunidades, pero un incumplimiento enorme por parte del Gobierno, que dejó a un lado sus compromisos. En este momento el programa de sustitución tiene serios retrasos en su implementación en cuanto a temas como los proyectos productivos, lo que genera desespero y pérdida de confianza entre los campesinos.

La erradicación con glifosato se implementó hace mucho tiempo y en ello se gastaron miles y miles de millones de pesos y no funcionó, no lograron absolutamente nada más allá de contaminar el ambiente, de contaminar la tierra. Creemos que la única forma para evitar el cultivo de la coca es a través de los programas de sustitución voluntaria, que ya han demostrado ser una herramienta efectiva para que los campesinos no vuelvan a sembrar. Lo que hay que hacer es transformar las condiciones que los campesinos tienen en los territorios para así cambiar de economía.

da. ¿Cómo evalúan la situación de asesinatos de liderazgos sociales a lo largo de todo el territorio nacional, y cómo se han visto afectados por esta situación en la Coccam?
AZM. El panorama es bastante complicado, más que todo en zonas como Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca, que son zonas que siempre han estado en el marco del conflicto. Han matado y están asesinando líderes, incluso aprovechado que los líderes están en sus casas confinados para asesinarlos; en el Putumayo mataron a un compañero de la Coccam, así mismo a dos campesinos los asesinaron en el marco de las erradicaciones forzosas y el enfrentamiento con el Ejército en los territorios.

*Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.

 


Recuadro

 

“Estamos ante la continuidad del exterminio”

 

Entrevista a Jhon León, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Partido Farc.
desdeabajo. ¿Cuál es la situación actual de los excombatientes en proceso de reincorporación?
Jhon León. En los territorios vivimos una gravísima situación humanitaria, ligada a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, y de lo cual dan testimonio plataformas de Derechos Humanos como Somos Defensores o Indepaz: 95 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. A esto se suma el sistemático asesinato de excombatientes: el viernes 8 de mayo se logró identificar otro excombatiente –en proceso de reincorporación– asesinado e incinerado en el municipio de Bello-Antioquia–, y con él en lo corrido de este año son aproximadamente 25 firmantes del Acuerdo asesinados, de una cifra que se acerca casi a los 200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Entonces, estamos ante la continuidad del exterminio, del asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y ante la presencia y reagrupamiento de grupos paramilitares en distintas zonas del país, diría uno bajo la complicidad –o al menos la omisión– del Estado colombiano al no cumplir con las garantías mínimas de seguridad integral en los territorios y, con ello, el incumplimiento de los Acuerdos en materia de seguridad pero, en general, de los Acuerdos de Paz en su conjunto, lo que nos lleva a repetir el ciclo de violencia en los territorios.

 

 

 

Para suscripción:

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Publicado enEdición Nº268
https://www.lapatria.com/nacional/asesinatos-de-lideres-sociales-reflejan-deterioro-en-colombia-451188

La disputa por el control de la tierra y del territorio rural no cesa en Colombia: posicionamiento de viejos y nuevos actores armados, narcotráfico, minería ilegal, y con ello el despojo de tierra, el desplazamiento de sus pobladores, el asesinato sistemático de liderazgos sociales. Estos y otros son los factores de un virus que de vieja data y con renovada potencia afecta a esta parte de nuestro país.

 

Según la organización de derechos humanos Indepaz, en Colombia se reportan 95 líderes y lideresas asesinados desde enero hasta los primeros días de mayo. Esta situación tiene un agravante y es que desde el inicio de la peste por covid-19 los liderazgos sociales blanco de sicariato suman 32, de ellos 19 en medio de la medida del confinamiento obligatorio en todo el país e iniciado el 23 de marzo.

El combustible del conflicto. Este atentado permanente contra la vida de quienes asumen el liderazgo en sus comunidades tiene especial realce en regiones donde hay sembradas grandes extensiones de hoja de coca, territorios con corredores estratégicos de vital importancia para el narcotráfico ya que le permiten salir a la frontera marítima.

En estos territorios, al mismo tiempo, se disputa el control de la extracción de minerales, así como la implementación de proyectos extractivistas en general. Es decir, la disputa por el control territorial no es casual, ella se ubica dentro de la lógica de un conflicto armado de vieja data que no logró cerrarse con el acuerdo firmado por las Farc y el gobierno nacional, disputa por el territorio que también se inscribe y alimenta con sus flujos financieros la economía nacional y global, del que se benerician los conglomerados financieros criollos e internacionales. Ante ello, la militarización es la única oferta que llega a las comunidades de parte del Estado central. Carburante para la multiplicación de la guerra.

A propósito de esta situación, desdeabajo entrevistó a distintos procesos organizativos que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que en los últimos meses algunos de sus integrantes han sido blanco de ataque nuevamente en esta guerra que parece de nunca acabar. Son las palabras de estas personas las que pueden realizar un diagnóstico ejemplar de las principales problemáticas de la ruralidad colombiana, al mismo tiempo que proponer las soluciones y alternativas que necesita el campo colombiano. Aquí sus palabras:

 

“Enfrentamos una pandemia histórica”
Entrevista a Ernesto Alexander Roa, presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), organización campesina que se encuentra en 22 departamentos del país.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del campesinado en medio de la pandemia del covid-19?
Ernesto Alexander Roa (EAR). Los campesinos y campesinas enfrentamos una pandemia histórica con manifestación de exclusión, marginación, persecución y en este sentido la muerte y el despojo, todo ello parte sustancial de la política de un Estado que responde a unas políticas de un sistema capitalista.


Realidad que no ha cambiado en el marco de esta coyuntura mundial, por el contrario se profundiza mucho más. Prolongación de una política pese al papel estratégico que jugamos los campesinos en la lucha por la soberanía y garantía de la alimentación y el cuidado del territorio y de los bienes comunes de la naturaleza.

Por desfortuna el panorama nacional no es tan favorable para quienes habitamos el campo, porque la política neoliberal extractivista se profundiza y con ella la guerra que imponen para Colombia, con la que llega y se prolonga el exterminio del movimiento social, en particular del movimiento campesino que lo consideran un estorbo para el desarrollo de los grandes megaproyectos que aspiran implementar desde actores internacionales. Entonces, en el marco de la pandemia seguimos siendo objeto de persecución, estigmatización, judicialización, amenaza, despojo, tratamiento militar.

da. Las regiones en donde se están presentando los asesinatos de los liderazgos sociales responden a la lógica de un modelo económico y de reagrupación del poder, ¿Cómo valoran esta situación y qué acciones han decidido emprender para el futuro y el autocuidado de la organización?
EAR. Como CNA hemos sido víctimas históricas, solo que hoy esto toma más fuerza. Desde marzo de 2020, hasta lo corrido de mayo, llevamos cerca de 10 compañeros asesinados, incluidos compañeros de la junta nacional de la organización en Putumayo y Cauca, eso sin mencionar los intentos de homicidio acaecidos en distintas regiones como Arauca, en donde el Ejército ha disparado de manera indiscriminada sobre los puntos de Guardia Campesina que realizan un ejercicio de pedagogía sobre la coyuntura que estamos viviendo.

El despliegue de violencia homicida, del despojo y de la amenaza, está focalizada en los territorios donde hay gran concentración de cultivos de hoja de coca. Como CNA hemos dicho que la coca no es una alternativa, nuestra alternativa es la autonomía y soberanía alimentaria; hemos dicho que los territorios campesinos agroalimentarios nacen como una propuesta para frenar, controlar y confrontar de mejor manera los proyectos extractivistas que se vienen implementando en los territorios que van en contravía y en detrimento de la vida digna.


“El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de los territorios”
Entrevista a Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo?
Olga Lucía Quintero Sierra (Olqs). La situación es compleja. Si hablamos desde que se declaró la pandemia, resaltar que no han llegado ayudas humanitarias para las familias que más lo necesitan, ni tampoco hay un sistema de salud adecuado en la región. Pero a esto debemos sumarle la situación de vulneración de los derechos humanos que no ha parado: en lo que va corrido del año han asesinado cuatro líderes en el departamento, tres de ellos en el Catatumbo y uno en Puerto Santander. Así mismo, desde el 11 de marzo se han incrementado las erradicaciones forzadas violentas en las regiones de Sardinata, Zulia y área rural de Cúcuta, y en su marco el 26 de marzo un miembro del Ejército asesinó al joven Alejandro Carvajal, de 20 años, sobrino de una dirigente de Ascamcat que se encontraba en un asentamiento campesino precisamente como un mecanismo de defensa del territorio y para evitar la erradicación forzada.

da. Desde la visión de Ascamcat, ¿cuál es la razón para el asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país?
Olqs. Hay mucha coincidencia que en las regiones donde se está erradicando se está asesinando a los liderazgos sociales, los mismos que trabajan fuertemente en los territorios, que hablan de la implementación del Acuerdo de Paz y específicamente apoyan el punto cuatro de solución al problema de las drogas ilícitas, como ha pasado con los líderes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos y con líderes comunales. El gobierno utiliza el covid-19 para solapar la realidad de lo que pasa en los territorios. También llama mucho la atención que el Ejército haya estado perfilando líderes y periodistas, no conocemos la lista completa, pero aquí el gobierno es el que está en contra de la implementación del Acuerdo de Paz; entonces, nos preguntamos, ¿dónde están las garantías?

“Estos territorios son estratégicos”
Entrevista a Rider Pai Nastacuas, Consejero Mayor de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), ubicada en el departamento de Nariño.

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del pueblo indígena Awá?
Rider Pai Nastacuas (RPN). Como pueblo indígena Awá vemos varias preocupaciones. En el territorio Awá siempre hemos sido víctimas del conflicto armado que vive nuestro país, así mismo en el mes de marzo y mayo hubo asesinatos de indígenas de nuestro pueblo, como también amenazas. Toda esta situación nos preocupa bastante, pues somos un pueblo que su forma de vida cultural, territorial y organizacional tiene la forma de vivir dispersos y de difícil acceso para llegar a los resguardos. Asimismo, somos un pueblo fronterizo que se ubica en regiones muy estratégicas para los actores armados que operan en la región.

Hoy, con la llegada de esta enfermedad que viene amenazando al ser humano a nivel mundial, nos sentimos bastante preocupados porque en las condiciones en las que estamos viviendo es muy difícil atender las poblaciones con medicina. Pero, además, las familias tienen enfermedades presentes históricamente, como el paludismo y la tuberculosis, entonces nos preocupa bastante porque son muchas las necesidades.

da. ¿Cuáles son las principales razones para las amenazas y asesinatos que padecen como pueblo Awá?
RNP. Hemos hecho un balance de toda la situación vivida históricamente y los territorios nuestros son estratégicos, hay muchos intereses por minería ilegal, por la siembra de cultivos de coca. Otras situaciones bastante duras tienen que ver con el trabajo que llevamos como autoridades y guardias para el control territorial en los resguardos. Es así como vemos que la situación nos pone en alto riesgo cuando hacemos parte de la lucha y la resistencia para prevenir, proteger y fortalecer el mismo sistema de gobierno propio.

Desde el 2016 hasta acá tenemos 40 compañeros y compañeras asesinados, en donde hay asesinatos de mayores, autoridades, jóvenes y menores de edad. Lo que miramos es que después del Acuerdo de Paz se han organizado nuevos grupos que realizan un nuevo control territorial. También vemos un cambio de estrategia en la forma de actuar de estos grupos contra las organizaciones de base, sociales o indígenas, pues la forma de actuar es la de matar a nuestros jóvenes y amenazarlos, lo que implica una situación de exterminio del pueblo Awá.

 

“Hemos vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo”

Entrevista a Arnobis Zapata Martínez, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), organización que se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Arauca, Norte de Santander, entre otros.

desdeabajo (da). ¿Cuál es el contexto actual de las regiones en donde se encuentra la Coccam?
Arnobis Zapata Martínez (AZM). El contexto general de estas regiones es que son zonas abandonadas por el Estado, en donde los campesinos han tenido que acudir desde hace mucho tiempo al cultivo de la coca como única forma de subsistencia. En estas zonas se ha vivido el conflicto social y armado durante todo el tiempo, el mismo que se ha incrementado después de la firma del Acuerdo de Paz por nuevos actores –grupos paramilitares, disidencias y otro tipo de grupos que se han venido formando para copar el territorio dejado por las Farc. Además, la única presencia del Estado es a través del Ejército, otro actor armado en los territorios.

da. ¿Cómo van con el acceso, propiedad y restitución de tierras en estas regiones?
AZM. Este tema no tiene avance alguno. A los lugares identificados en el Acuerdo de Paz se les hizo planes de desarrollo con enfoque territorial, pero hasta el momento no hay un desarrollo de esos planes. En cuanto al acceso a la tierra, tampoco hay avances que puedan significar una mención específica, esto sigue en las mismas condiciones que se encontraba antes del Acuerdo de Paz. Con el tema de restitución de tierras, lo que ha habido es un atraso, porque estos grupos armados que han llegado han hecho retroceder los procesos en muchas zonas donde había algún avance.

da. ¿Qué nos puede contar en cuanto a la sustitución de cultivos de coca por parte de las comunidades?
AZM. Vemos un avance en inscripción de las familias al programa de sustitución de cultivos, con un cumplimiento muy grande por parte de las comunidades, pero un incumplimiento enorme por parte del Gobierno, que dejó a un lado sus compromisos. En este momento el programa de sustitución tiene serios retrasos en su implementación en cuanto a temas como los proyectos productivos, lo que genera desespero y pérdida de confianza entre los campesinos.

La erradicación con glifosato se implementó hace mucho tiempo y en ello se gastaron miles y miles de millones de pesos y no funcionó, no lograron absolutamente nada más allá de contaminar el ambiente, de contaminar la tierra. Creemos que la única forma para evitar el cultivo de la coca es a través de los programas de sustitución voluntaria, que ya han demostrado ser una herramienta efectiva para que los campesinos no vuelvan a sembrar. Lo que hay que hacer es transformar las condiciones que los campesinos tienen en los territorios para así cambiar de economía.

da. ¿Cómo evalúan la situación de asesinatos de liderazgos sociales a lo largo de todo el territorio nacional, y cómo se han visto afectados por esta situación en la Coccam?
AZM. El panorama es bastante complicado, más que todo en zonas como Nariño, Putumayo, Catatumbo y Bajo Cauca, que son zonas que siempre han estado en el marco del conflicto. Han matado y están asesinando líderes, incluso aprovechado que los líderes están en sus casas confinados para asesinarlos; en el Putumayo mataron a un compañero de la Coccam, así mismo a dos campesinos los asesinaron en el marco de las erradicaciones forzosas y el enfrentamiento con el Ejército en los territorios.

*Integrante equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur.

 


Recuadro

 

“Estamos ante la continuidad del exterminio”

 

Entrevista a Jhon León, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas del Partido Farc.
desdeabajo. ¿Cuál es la situación actual de los excombatientes en proceso de reincorporación?
Jhon León. En los territorios vivimos una gravísima situación humanitaria, ligada a la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz, y de lo cual dan testimonio plataformas de Derechos Humanos como Somos Defensores o Indepaz: 95 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. A esto se suma el sistemático asesinato de excombatientes: el viernes 8 de mayo se logró identificar otro excombatiente –en proceso de reincorporación– asesinado e incinerado en el municipio de Bello-Antioquia–, y con él en lo corrido de este año son aproximadamente 25 firmantes del Acuerdo asesinados, de una cifra que se acerca casi a los 200 desde la firma del Acuerdo de Paz.
Entonces, estamos ante la continuidad del exterminio, del asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, y ante la presencia y reagrupamiento de grupos paramilitares en distintas zonas del país, diría uno bajo la complicidad –o al menos la omisión– del Estado colombiano al no cumplir con las garantías mínimas de seguridad integral en los territorios y, con ello, el incumplimiento de los Acuerdos en materia de seguridad pero, en general, de los Acuerdos de Paz en su conjunto, lo que nos lleva a repetir el ciclo de violencia en los territorios.

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Las muertes sin respuesta del Paro Nacional en Ecuador

Son once historias. Once nombres muy poco pronunciados después del fin del Paro Nacional en Ecuador, que movilizó a miles de personas durante once días en octubre del 2019, y fue el primer paso de un multitudinario camino de protestas en otros países de América Latina, contra las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la desigualdad que ha generado el neoliberalismo en la región.

De los once asesinados y fallecidos, más de la mitad son indígenas, tres son jóvenes y uno es adolescente afro descendiente. Antes de morir en octubre durante el Paro, ellos eran  campesinos, agricultores, ganaderos, albañiles, estudiantes, electricistas, estibadores, mingueros, empleada pública, obreros, cantores. A uno le gustaba el punk contestatario; a otro, cantar música popular en las fiestas comunales. Uno, dos, siete, nueve hijos e hijas; en total veinte y tres huérfanos, la mayoría de padre, y dos de madre. También hay varios que dejaron a sus madres y padres sin su sustento de vida, pero esta pérdida no tiene nombre en castellano; nadie puede nombrar lo que siente Himelda Rivera, Gloria Bone, o María Aurora Chilpe  por haber perdido a uno de sus hijos. Muchos tienen apellidos de ascendencia indígena y afro. Esto en Ecuador, un país con una historia colonial, otorga en la mayoría de los casos características socioeconómicas bajo la línea de la pobreza.

Segundo Inocencio Tucumbi Vega, Marco Humberto Oto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Gabriel Antonio Angulo Bone, Edison Eduardo Mosquera Amagua, Abelardo Vega Caisaguano, Edgar Yucailla, Raúl Chilpe, Silvia Marlene Mera, José Rodrigo Chalouisa, Francisco Quiñonez Montaño, fallecieron en el Paro Nacional de octubre en Ecuador,  según la lista que confirma la Defensoría del Pueblo. Las muertes de nueve de ellos se dan en un contexto de control de la protesta, donde participa la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante la vigencia de un Estado de Excepción, y en algunos casos, de un Toque de Queda;  sin embargo, la responsabilidad de las muertes se encuentra en investigación judicial. Apenas dos muertes se dan por accidentes de tránsito, sin participación directa de la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que murieron en el Paro de Ecuador? ¿Cómo ocurrió su muerte? ¿Tiene responsabilidad la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas o sus muertes fueron accidentales?.

Ante el silencio y la falta de respuesta de las autoridades, sus familias decidieron contar sus historias. En este especial compartimos un perfil de cada uno de ellos, acompañado de un retrato ilustrado por ocho artistas gráficas. Tener una imagen de sus rostros es un ejercicio clave para la memoria, como los grafitis que se encuentran en las paredes del barrio Comuna Trece en Medellín de los “falsos positivos”, como los rostros delos 43 normalistas de Ayotzinapa, las fotos que lleva en sus manos una abuela o una madre en la Plaza de Mayo, el rostro de los desaparecidos en Chile, y tantas otras imágenes necesarias para la memoria de la lucha de los pueblos en América Latina, que los poderes quieren que se olvide.

Marco Oto

Libre

Amante de la música punk y de los animales. Marco tenía 26 años cuando falleció después de caer del puente de San Roque, en Quito, en una persecución policial a pie y en motos. Marco vivía en Atucucho con su familia y era parte del movimiento juvenil punk de Quito. Leer más

Inocencio Tucumbi

Semilla de liberación

El compañero que siempre acompañó las luchas. Él que alegró las fiestas con su banda musical. Inocencio Tucumbi tenía 50 años, salió con su familia desde su comunidad, en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi hasta Quito para apoyar el Paro Nacional. Falleció la noche del 9 de octubre durante un ataque de la policía nacional en la zona de la Universidad Salesiana. Leer más

José Daniel Chaluisa

El cargador de luchas

De lunes a viernes se dedicaba a estibar en el Mercado San Roque, en la ciudad de Quito, y cada que podía viajaba hasta su comunidad, en Zumbahua, cantón Pujilí, donde le esperaban su esposa, nueve hijos y un nieto. Al igual que otros cargadores y comerciantes del mercado, José Daniel, de 40 años, salió a protestar. Tras una persecución policial sobre el puente peatonal José Daniel cae y muere varios días después en el Hospital Andrade Marín en Quito. Leer más

Edison Mosquera

“Nos robaron una parte de nuestra vida”

Edison aceptaba toda chaucha posible para mantener a sus hijos gemelos, ayudaba a sus padres, cuidaba a sus abuelos y estudiaba para sacar una tecnología. Edison se unió a la protesta contra las medidas económicas y, en un enfrentamiento con la policía en el sector de Cumandá, recibió un impacto de bala en su cabeza. Edison falleció seis días después en el hospital. Leer más

Edgar Yucailla

Soñar en el páramo de Chimborazo

Edgar soñaba con formar una productora de lácteos que pertenezca a su comunidad Sablog, del cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Edgar, de 32 años y padre de una hija, llegó a Quito junto a su comunidad el 10 de octubre para apoyar la protesta. Fue impactado en su cabeza por un proyectil. Falleció después de 17 días en Cuidados Intensivos en el Hospital. Leer más

Gabriel Angulo Bone

«Respira mi negro»

Gabriel tenía 15 años, le apasionaba jugar fútbol con sus amigos del barrio Elsa Bucaram, en el cantón Durán y era hincha del Barcelona. El 7 de octubre, Gabriel con seis amigos y amigas fueron hasta el Puente de la Unidad Nacional para ver la llegada de los indígenas. En el contexto de represión, un policía le dispara una bomba lacrimógena que impacta directamente en su pecho y lo mata. Leer más

Abelardo Vega Caisaguano

Las manos solidarias del Mercado Mayorista

Abelardo migró desde Pujilí a Quito para trabajar. Él tenía un puesto de venta de frutas en el Mercado Mayorista. Durante el Paro se organizó con compañeros comerciantes para llevar comida a las y los manifestantes todos los días hasta la Casa de Cultura y los centros de acopio. El 12 de octubre fue atropellado por un vehículo en medio de un enfrentamiento con militares y policías, en el sector de Turumbaba, en el sur de Quito. Leer más

Raúl Chilpe

El cantor de las mingas

En la pequeña comunidad llamada Luz María, en Molleturo, cantón de Cuenca, Raúl de 37 años era muy conocido, no se perdía una minga, siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos, animaba los eventos comunitarios. Él vivía con su madre y era su sustento económico. Raúl muere al ser embestido por un vehículo en la carretera Cuenca-Molleturo. Fue la primera persona registrada como fallecida durante el Paro Nacional. Leer más

Silvia Marlene Mera Navarrete

El recuerdo de tres corazones

Silvia tenía 35 años y residía en Malchinguí, parroquia del cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Silvia fue la séptima muerte en registrarse durante el Paro Nacional y es la única mujer en el listado de víctimas mortales. Leer más

Su nombre está en la lista de fallecidos confirmados por la Defensoría del Pueblo, pero no pudimos acceder a mayor información, ni tener contacto con sus familiares. Según la Defensoría, José Rodrigo muere después de ser atropellado por Policías en caballos en el sector del parque el Arbolito, la misma noche en que es herido Inocencio Tucumbi.

Su nombre está en la lista de fallecidos confirmados por la Defensoría del Pueblo, pero no pudimos acceder a mayor información, ni tener contacto con sus familiares. Según la Defensoría Francisco muere atropellado por un auto militar.

El Paro Nacional en Ecuador duró once días. Desde el primer día el presidente Lenin Moreno, decretó un Estado de Excepción, permitiendo con esto la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas.

Cuatro, de las once personas fueron heridos y muchos fallecieron el lunes 7 de octubre, quinto día del Paro Nacional, cuando la Policía Nacional realizó fuertes operativos de control.

 

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No hay paz para un Caribe colombiano que aún espera al Estado

La desatención del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece vía libre para que estructuras criminales impongan su ley. A sus habitantes no les queda más alternativa que sostenerlas, mientras dejan un rastro de sangre detrás de sí.

 Si los días 14 no existiesen, los días previos no serían tan duros para Saida García. “Quisiera que se borrara este número de todos los meses del calendario”, dice cuando se cumple un año del asesinato de su marido. Ella, lideresa social de Perico Aguao, pueblo que se encuentra dentro del caribeño Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, renuncia a ocultar su identidad tal y como había hecho en otras ocasiones: “Wilton [Orrego] y miles de víctimas que quedan en la impunidad en Colombia lo merecen”.


Las personas defensoras de derechos humanos, y por ende sus familias, viven en alerta permanente en Colombia, que se erige como el país latinoamericano que registra más asesinatos a este colectivo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde la firma de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, hasta el 8 de septiembre de 2019, ya serían 666. En La Lengüeta, sector de la Sierra Nevada donde se encuentra Perico Aguao, estos tres años de postacuerdo no han alterado “en nada” las dinámicas de ilegalidad, asegura Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe.


La organización guerrillera nunca llegó a ejercer control en la zona, ya que se lo impidieron las autodefensas y los paramilitares de extrema derecha que ahora, bajo nuevas denominaciones (los Pachenca y el Clan del Golfo), vestidos de civil, con armas cortas y con importantes líderes extraditados a Estados Unidos, siguen manteniendo su dominio sobre el territorio. “Ofrecen seguridad, administran justicia y posibilitan la ampliación de la oferta turística a cambio de extorsión”, según Trejos, que asegura que aquellas personas que no pagan son sancionadas “con violencia directa contra ellas o sus bienes”.


Quienes regentan negocios no hablan de estas dinámicas a los cuatro vientos y, de hecho, a primera vista no son fáciles de detectar, pero la prudencia generalizada encuentra sus grietas. “No hay otra, toca aceptarlo y punto”, dicen con resignación algunos ciudadanos. Ante la falta de alternativas, se ha dado una normalización de este día a día, sin que ello implique necesariamente un apoyo explícito. “El Estado ha dejado la zona en el olvido y la gente necesita una seguridad que estos grupos, de cierta forma, les subministra”, apunta un trabajador de la zona.

LA PARTE BUENA Y LA VERDAD


“¿Quieres saber la parte buena del turismo o la verdad?”, se le escapaba al calor de un día festivo de finales de 2018, a un policía de Palomino, localidad vecina de Perico Aguao y destino al cual se dirigían estas pasadas Navidades Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. La pareja, que estaba celebrando su luna de miel, nunca llegó al pueblo y sus cuerpos sin vida fueron encontrados a escasos tres kilómetros de la tumba de Orrego. Habían sido víctimas de un robo, según la versión de la Fiscalía.


“Llama mucho la atención que un país con altos índices de impunidad resolviera en pocos días este crimen”, asevera Trejos. Si prácticamente la totalidad de actividades turísticas y comerciales pagan extorsiones a cambio de seguridad, ¿por qué una pareja recién casada es hallada muerta? Según la principal asociación de hoteles de la zona, fueron víctimas de un “hecho aislado que no define a este territorio”. En ese caso, ¿el asesinato de Orrego solo fue un hecho aislado más?


Los motivos de estos crímenes se funden entre el cuchicheo y las teorías de la gente del territorio, pero diversos analistas coinciden en que lo más probable es que el asesinato de Jiménez y Monsalve se debiera a su actividad como ambientalistas.


Lo cierto es que no solo la pareja y Orrego, guardabosque de la Sierra Nevada desde 2015, ya no recorren este sector del parque nacional. En noviembre se supo que el director del área protegida, Tito Rodríguez, se había exiliado a Canadá. Ante estos hechos, otro trabajador de la institución, que pide mantener el anonimato, asegura no saber si va a seguir con sus tareas: “Me he sentido bastante abatido todo el año”, afirma. La preocupación y la sensación de amenaza vienen de largo. En su caso, hace ya unos años vio cosas relacionadas con el narcotráfico mientras trabajaba que “no tendría que haber presenciado”.


Hablar de la Sierra Nevada es hablar de una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, que tiene el privilegio de conectar con embarcaderos desde donde es distribuida. Pero es que además, el 90% de este espacio natural es reserva de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y, como la mayoría de los Parques Nacionales de Colombia, tiene problemas de uso, tenencia y ocupación del territorio. En concreto, en La Lengüeta, donde se encontraron los cuerpos de Jiménez y Monsalve, y donde se produjo el atentado que acabó con la vida de Orrego.


LA LENGÜETA: INCUMPLIMIENTOS QUE MATAN


El hasta hace poco director del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora solicitante de asilo, ya no acepta entrevistas. Le preocupan las consecuencias que sus palabras puedan tener sobre los compañeros que siguen sobre el terreno. En 2018, en su oficina de Santa Marta explicaba que si la situación en La Lengüeta hubiese continuado como cuando él empezó como dirigente en 2013, “indudablemente” se podría estar hablado de “funcionarios muertos”.

El asesinato de Orrego, unas semanas más tarde, cogió por sorpresa y fue un golpe muy duro para el tejido social y, en especial, para la comunidad campesina de este área de la Sierra Nevada a la cual pertenecía el exguardabosque. Su padre, Amilcar Orrego, es una de las cabezas visibles del colectivo, así como García, su esposa, que sigue siendo una de las lideresas del mismo y que afirma sentirse bajo amenaza. Se debe, sobre todo, al hecho de no saber por qué le mataron: “Hasta el momento no ha habido ni un solo pronunciamiento”.


La organización de las familias campesinas en La Lengüeta empezó con la torpe llegada del Estado en 2005 cuando, por primera vez, funcionarios de Parques Nacionales Naturales comunicaron a los habitantes del área que vivían en una zona protegida y que allí no podían ni construir, ni cultivar. “Hasta ese momento, aquí no sabíamos qué era que llegaran proyectos del Estado ni sus instituciones”, explicaba García en su casa unas semanas antes del asesinato de su marido. “Hay familias que llevan más de ochenta años aquí, cuando ni siquiera existía la Troncal del Caribe”, aseguraba refiriéndose a la vía principal de la costa del norte de Colombia.


Pero a lo largo de los cuatro años que precedieron a la muerte de Orrego se llevó a cabo un proceso de diálogo, que Rodríguez aseguraba que había conseguido “resultados muy grandes”. De hecho, el mismo Orrego empezó a trabajar como guardabosque en 2015, dejando atrás su dedicación a la tala de madera. Eso sí, ya en esos días de finales de 2018, el director del parque alertaba de que estaban ante un “momento muy crucial” porque la gente no veía “respuestas efectivas del Estado” y por la presión sobre el territorio de unos intereses “desaforados” del sector turístico. A los pocos días de estas afirmaciones a puerta cerrada, una de las sedes de Parques Nacionales Naturales, ubicada en La Lengüeta, era incendiada.


Hay que tener en cuenta que la comunidad campesina no ha dejado de ver cómo los Gobiernos nacionales se suceden sin que ninguno cumpla con un antiguo compromiso: pagarles sus propiedades para que, así, el área protegida quede libre del actual impacto a la flora y la fauna, y para que los pueblos indígenas puedan gozar de su territorio ancestral. El reiterado incumplimiento deja poco margen de maniobra a unas familias vulnerables que deben seguir viviendo en este entorno con muchas limitaciones.


Fuentes internas de Parques Nacionales Naturales apuntan que está en juego el modelo de desarrollo de la región. Uno de sus trabajadores afirma que “hay muchos intereses asociados a la construcción de hoteles en el área protegida”, e invita a poner más el foco en el poder y la influencia que tienen ciertas familias del Caribe. No solo “la bandita y el criminal” son una amenaza para el territorio, manifiesta.


El 14 de enero de 2019 muchos planes de futuro fueron sepultados en La Lengüeta. García tiene claro su mayor deseo para el año que acaba de empezar: que se haga justicia. En 2019 a la Sierra Nevada le arrebataron a Wilton Orrego, pero los recuerdos no se arrebatan ni pueden imponerse con violencia. Con las palabras de su marido en la cabeza, una lideresa social del Caribe colombiano resurge más empoderada para encarar el 2020: “Él siempre tuvo bien claro como tenía que comportarse en cada lugar”.

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Las extrañas consecuencias del asesinato de Suleimani: un bombardeo coreografiado y 176 muertes "por error"

- La inquietud sigue en Irán no tanto por la muerte de Suleimani, sino por la de los 176 pasajeros del avión ucraniano abatido el pasado 9 de enero por un misil iraní
- En el exterior, la respuesta coreografiada con Washington para limitar los daños y el derribo del avión han puesto en evidencia al régimen de los ayatolás
- El proyecto regional que con tanto esfuerzo construyó Irán ya no parece tan sostenible y en algunas partes está en una posición claramente inestable


El coche destrozado de Qasem Suleimani aún ardía cuando por todo Oriente Medio empezó a hablarse de las posibles consecuencias de su muerte. Se desataría el caos, la furia y la inestabilidad. Tal vez hasta una guerra. Tanto los que criticaban el asesinato como los que lo aplaudían estaban de acuerdo en algo: las cosas nunca volverían a ser iguales.


En una región que todavía está asimilando el impacto, esa máxima sigue vigente una semana después. Sin embargo, el asesinato más trascendental de los tiempos modernos no ha provocado hasta ahora el caos previsto por muchos. Al revés: las principales zonas donde el general iraní ejercía su extraordinaria influencia están, por el momento, extrañamente tranquilas.


Mientras tanto, la inquietud y la inestabilidad siguen en Irán, no tanto por su muerte, sino por la de los 176 pasajeros del avión ucraniano que en los días de pánico posteriores al asesinato de Suleimani murieron al ser alcanzados en el cielo por un misil iraní. Al orgulloso ejército iraní le traicionaron los nervios tras perder a su general más formidable y quedar en evidencia por un contraataque débil y parcialmente coreografiado con Washington. Tan abrumadora era la evidencia de su participación en el derribo del avión que no le ha quedado más remedio que admitirla.


A nivel internacional, el hecho de que la Guardia Revolucionaria iraní haya reconocido finalmente un error de sus artilleros funcionó relativamente bien. Su mea culpa ha contrastado de manera notable con las repetidas negativas de Rusia por el derribo, cinco años antes, del avión de pasajeros malayo MH17. Tras una semana de miedo, odio y catástrofe, el reconocimiento iraní es percibido como una forma de empezar de nuevo.


Pero en el frente doméstico las cosas no están igual. En Irán no ha caído bien el giro de 180 grados de la Guardia Revolucionaria ni el error colosal de derribar el avión. De la efusión de dolor y orgullo que revitalizó al régimen cuando llevaron los restos de Suleimani por todo Irán se ha pasado a la vergüenza. La mayoría de los misiles disparados contra las bases estadounidenses falló y lo más probable es que así estuviera planeado. Uno de los pocos cohetes que alcanzó un objetivo dio en el blanco equivocado. La Guardia Revolucionaria, la institución más poderosa del país, se enfrenta ahora al escarnio.


El cálculo de los líderes iraníes, que ante la contundencia de las pruebas consideraron menos perjudicial admitir el error que negarlo, puede salvarlos a medida que disminuya la ira de sus ciudadanos. Pero exponer a la Guardia Revolucionaria a un ridículo semejante no es algo que caiga bien, especialmente cuando se produce tan poco tiempo después de la muerte de un hombre que en casa se veía como incansable y en el extranjero como intocable.


La repentina desaparición de Suleimani es una conmoción brutal para los que lo han temido y reverenciado durante los 20 años en que se pasó por la región como un señor, imponiendo su voluntad y haciendo avanzar impunemente los intereses de Irán. Toda la ambición regional iraní manifestada en un hombre, una figura mesiánica a la que pocos se atrevían a contradecir. Mucho menos, matar.


Se pensaba que un final violento de Suleimani desencadenaría, probablemente, el caos. Pero ahora que está enterrado y los misiles del ejército, disparados –con la humillación nacional e internacional correspondiente–, el ánimo general en la región es de una extraña tensa calma.
Los poderosos agentes iraníes en el extranjero, como milicias chiíes, donde se pensaba que iba a producirse la reacción, se han quedado mudos. Los enemigos han empezado a relajarse después del alerta máxima en que los puso el ataque de los drones sobre Bagdad en la madrugada del 3 de enero. Y los rivales políticos se están acostumbrando a toda velocidad a vivir sin la formidable presencia de un hombre que, a menudo, se interponía en su camino.


En Turquía, Israel, Rusia y Arabia Saudí, los países que luchan con Irán por influencia y poder en la región, conocían bien a Suleimani. De las conversaciones producidas la semana pasada con los representantes de las cuatro potencias regionales se deduce una combinación de sorpresa por la muerte y alivio por las secuelas. La percepción es que la influencia de Irán en la región ha sido abruptamente debilitada.


Moscú parece tenerlo mucho más fácil ahora en Siria, donde Suleimani peleaba con Vladimir Putin la influencia sobre Bashar al Asad. Hasta que el sustituto de Suleimani desarrolle su propia autoridad, algo que probablemente no ocurrirá de la noche a la mañana, Rusia se ha quedado sin obstáculos aparentes para hacer su voluntad al margen de una visión iraní para la Siria de posguerra que nunca compartió.


En Líbano, la principal zona de proyección exterior iraní, Hezbolá está calibrando la situación tras la pérdida de su patrocinador más importante. Su líder, Hassan Nasrallah, fue considerado durante mucho tiempo tan intocable como Suleimani. Ahora se siente más frágil que nunca por un posible cambio de perspectiva en Israel, donde hasta ahora lo consideraban un objetivo demasiado arriesgado salvo en caso de guerra.


Arabia Saudí, archienemiga de Suleimani, también temía lo que podría desencadenar su muerte. La relativa falta de reacción regional, al menos por ahora, ha tranquilizado a la monarquía absoluta. En Turquía también sienten un mayor margen de maniobra para actuar en el norte de Siria y con los kurdos de la región, cuyas conexiones con Irán había sido difícil manejar en los últimos años.


En Irak, donde tal vez el peso de Suleimani se sentía más que en ningún otro país, se está calibrando cuidadosamente la nueva situación dentro del gigantesco entramado de representantes armado por el general tras la invasión estadounidense. La batuta de los socios de Irán se sentía en muchos de los asuntos iraquíes, pero eso también es menos verdad hoy que hace una semana.


El proyecto regional que con tanto esfuerzo construyó Irán ya no parece tan sostenible y en algunas partes está en una posición claramente inestable. Antes del asesinato, pocas de estas consecuencias podrían haberse dado por hechas. Y algunas podrían dar marcha atrás si el sustituto de Suleimani reafirma pronto su autoridad al frente de la fuerza Quds. Pero eso parece poco probable, teniendo en cuenta la extensión y profundidad del trabajo de Suleimani. La muerte de Suleimani marca un momento decisivo para Oriente Medio, es cierto, pero tal vez por motivos diferentes a los que sus amigos y enemigos habían pensado.


Traducido por Francisco de Zárate

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Sábado, 11 Enero 2020 07:06

La verdad sobre Soleimani

La verdad sobre Soleimani

Hay un momento sombrío en extremo en la versión fílmica de 1967 de A Man for All Seasons, el épico argumento de Robert Bolt sobre la negativa del canciller Tomás Moro a apoyar el divorcio de Enrique VIII: cuando Thomas Cromwell recluta al joven y arrogante maestro de escuela Richard Rich para que sea su espía. Más tarde Rich obtendrá la evidencia espuria que enviará a Moro al cadalso. Pero en esta primera reunión –en un pub londinense–, Cromwell ofrece a Rich un ascenso (y la consiguiente riqueza) a cambio de la mínima brizna de información que pueda usarse contra el nuevo lord canciller del rey Enrique.

Siempre he sospechado que las conjuras de los Tudor tienen algo en común con el mundo oscuro y extremadamente hipócrita de la política en Medio Oriente. Tal vez las obras de ficción de Saddam Hussein y Muammar Kadafi carezcan de la esencia de la Utopía humanista o de la música renacentista de milord Enrique, pero las feroces rivalidades y el temor a una muerte terrible que aflige a muchos líderes y a sus partidarios entre el Mediterráneo e Irán tienen mucho en común con las ambiciones personales que corrían como electricidad en la Inglaterra de Enrique.

Los puritanismos del nacionalismo espurio de Medio Oriente, así como su religión –junto con las superpotencias, felices de sacar ventaja de esas tonterías– se trasladan bastante bien cuando retrocedemos medio milenio. Para los crueles dictadores y prelados islámicos y sus facilitadores –palabra a la que volveré más tarde–, el apoyo de Wa­shington o Moscú es de suma importancia. El verdadero Moro estaba dispuesto a firmar de cuando en cuando la sentencia de algún obispo a la hoguera, en tanto Enrique, que disfrutaba de la espada, envió al patíbulo en la Torre de Londres tanto a Moro como, más tarde, a Cromwell. En vez de Estados Unidos y Rusia, léase el Papa y España.

Pero volvamos a esa escalofriante reunión en el pub de Londres donde Cromwell, representado sin afectación por Leo McKern, explica por qué humildes administradores como él tienen tantas dificultades para ayudar a que su rey consiga un divorcio que le permita un nuevo matrimonio del que pueda nacer un heredero, lo cual es, por casualidad, una constante preocupación de nuestros actuales príncipes y tiranos en Medio Oriente.

Nuestra función como administradores, dice un irritado Cromwell a Rich (el joven John Hurt), es minimizar los inconvenientes que esto va a causar.

La palabra clave, por supuesto, es in­convenientes, como Cromwell deja en claro. “Es nuestra única función, Rich: minimizar los inconvenientes de las cosas. Una ocupación inofensiva, dirías, pero no. A los administradores nadie nos quiere, Rich. No somos populares…”

Siempre sonrío cuando la película llega a este punto. He pasado toda una vida escuchando a funcionarios árabes e iraníes explicar la validez de su causa, los inconvenientes que impone a sus renuentes amos… y las enormes cargas y riesgos que ese trabajo significa para ellos. Un resbalón y el hacha del verdugo se alza en la Torre… o el dron llega en las primeras horas al aeropuerto internacional de Bagdad.

Vale la pena en estos días releer la notable serie de documentos iraníes de inteligencia que el sitio The Intercept y el New York Times publicaron hace menos de dos meses. Su procedencia no está clara todavía, y puedo ver por qué los escépticos afirman que fueron sembrados. Sugieren que Irán tiene mucho mayor poder económico y político sobre líderes árabes de lo que antes se sabía, y luego retratan a Qasem Soleimani no tanto como un monstruoso fabricante de reyes, sino como un facilitador, alguien que hace (o hacía) que las ruedas del poder giraran a favor de Irán.

Los retratos fotográficos extremadamente vanidosos que Soleimani usaba –para incrementar su estatus supuestamente icónico y quizá sus probabilidades de alcanzar la presidencia iraní– recuerdan el hábito renacentista de alcanzar la idolatría intelectual por medio del retrato. A Soleimani no le hubiera gustado la furtiva semejanza de Thomas Cromwell a sus cuarenta y tantos años en el retrato de Holbein el Joven, con la cara mofletuda y los ojos bizcos. En cambio, el retrato del mismo Holbein del embajador francés en Londres, Jean de Dinteville –el tipo a la izquierda en Los embajadores–, habría sido muy del gusto de Soleimani, quien habría admirado la alfombra de Medio Oriente en la que Dinteville se apoya… incluso con lo que se supone que es la figura de un cráneo en la parte inferior de la pintura.

Pero no adornemos el mundo de Soleimani con tal conocimiento. La descripción que el general David Petraeus hizo de él como una figura en verdad maligna, después de la invasión de Irak en 2003, no es lo bastante buena: más cercana es la del comandante canadiense en Afganistán, el general Rick Hillier, quien llamaba montón de escoria a sus enemigos talibanes.

El papel de Soleimani era bastante claro: poner los cimientos de un ­vínculo inquebrantable entre los chiítas de Irak, Siria (los alawitas) y Líbano, que los subordinase a Irán. Se dedicó a ello con determinación, con ingente trabajo y considerable inmisericordia, absorbiendo a ex agentes de la CIA –al parecer junto con sus contactos en Estados Unidos– mientras disfrutaba de la estima de los ministros iraquíes (y por consiguiente de los estadunidenses que los apoyaban) por atacar al Isis en Faluya y Mosul.

Soleimani podía ser obsequioso en extremo. Según uno de los documentos iraníes, que abarcan el periodo 2013-2015, buscó autorización del ministro iraquí de transporte para enviar provisiones humanitarias a Siria a través del espacio aéreo iraquí. Cuando el ministro accedió, relata él mismo, Soleimani se levantó, se acercó y me besó en la frente.

En cambio, otros documentos sugieren que los iraquíes, en especial los sunitas, estaban furiosos con Soleimani, a quien pintaban como un peligroso promotor de sí mismo, publicando retratos suyos en diferentes redes sociales. Tal vez aprendió sus técnicas de autopromoción del presidente de Estados Unidos.

También era demasiado cercano a los agentes de inteligencia en países no árabes, Turquía en particular. Pero su pecado más grave fue permitir sangrientas peleas sectarias entre milicias chiítas patrocinadas por Irán y árabes –tanto chiítas como sunitas– en aquellos países con los que Irán quería hacer causa común.

A los sirios a veces les costaba trabajo digerir la retórica de Soleimani. Recuerdo a un joven oficial del ejército sirio que me dijo, con una mezcla de respeto a Irán y cinismo: nos gusta que nuestros hermanos iraníes vengan a pelear por Siria, pero cuando nos dicen que han venido a morir, me pregunto qué quieren decir. No queremos que mueran: queremos que peleen. Y, desde luego, los iraníes sí peleaban, pero no en los números que afirmaban.

Los sirios se cansaron de los iraníes de Soleimani cuando alardeaban de victorias en las que no habían tenido parte. Cuando Soleimani se ufanó del papel iraní en la recaptura de Alepo –esta información no está en los documentos iraníes–, el ejército sirio enfureció. No hubo fuerzas iraníes en esa batalla. El Hezbolá libanés sin duda contribuyó en gran medida a la causa del régimen sirio, pero el propio comandante y presidente de Hezbolá, Sayed Hassan Nasrallah, declinó permitir que Soleimani tomara el control de los chiítas libaneses… y Soleimani sabía que era mejor no intentarlo.

Su verdadero error fue apoyar –como general del Estado, que es lo que era– a las milicias chiítas en Irak que estaban dispuestas a torturar o matar a sus enemigos (prisioneros sunitas, librepensadores chiítas, lo que fuera) para mantener el poder de Irán sobre el régimen. Esto es lo que en verdad significa minimizar los inconvenientes, porque los aliados de Soleimani en Irak se oponían a las manifestaciones contra la corrupción del Estado y dieron muerte a miles de manifestantes. Hasta el consulado iraní en el sur de Irak fue incendiado.

También Hezbolá en Líbano trató de reprimir las manifestaciones contra la corrupción, que no sólo pretendían poner fin al sectarismo, sino demandaban específicamente terminar con la interferencia extranjera. No es extraño que nadie quisiera a los administradores. Lo suyo no era ocupación inofensiva.

Esto, porque el legado de Soleimani fue un intento de realinear a las milicias chiítas, no del lado de la libertad o contra la corrupción –y ni siquiera del antisionismo–, sino del lado de un Irán cuyo poder era más importante que sus supuestas virtudes morales. En uno de sus últimos mensajes desde Abbottabad, Osama bin Laden se refirió a la necesidad de salvar a los musulmanes chiítas en la guerra de Al Qaeda contra Occidente. Los documentos iraníes registran cómo los servicios de inteligencia de Irán (los que trabajaban para el ministerio del interior) discutían ese mismo tema… en relación con el sufrimiento de los sunitas a manos de las milicias chiítas.

¿Qué más queda por decir? Bueno, recordemos tan sólo que Thomas Cromwell terminó igual que su víctima Tomás Moro: con la cabeza en el tocón.

Todo lo que quedó de Soleimani, en uno de sus dedos, fue un anillo con el que ponía sellos. En cambio, Richard Rich –y esas son las últimas palabras de la película– murió en su cama.

Traducción: Jorge Anaya

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En el lugar donde cayó Dilan Cruz hoy brota solidaridad y esperanza

Un sonido seco se escuchó segundos antes de que el cuerpo inmóvil de Dilan Cruz tocará el asfalto. El pasado sábado 23 de noviembre, sobre la Avenida 19 con Carrera cuarta, en pleno centro histórico de la ciudad de Bogotá, el olor asfixiante de los gases lacrimógenos y el estruendo de las granadas aturdidoras hacían que la multitud que se manifestaba pacíficamente corriera para protegerse del ataque del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad).


Su cuerpo quedó tendido y algunas personas trataron de animarlo para que se levantara y siguiera corriendo. Dilan no respondió. La sangre comenzó a manchar la calle y allí comenzaron los gritos de desespero y rabia. Llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital San Ignacio, donde dos días después el joven de 18 años abandonaría este mundo.

 


La rabia y el dolor generadas por las denuncias y videos que mostraban el asesinato de Dilan, llevaron a que el mismo sábado se realizará una vigilia en el lugar donde cayó el joven. Muchas personas encendieron velas, llevaron flores, dejaron mensajes y lágrimas por esa persona que quizás nunca vieron o conocieron. Otros decidieron quedarse permanentemente en el sitio.


Ha transcurrido más de una semana y el lugar aún se encuentra lleno de flores. Las personas que pasan por allí se detienen a mirar en silencio el homenaje a Dilan, como tratando de enviarle con su pensamiento algún mensaje; otros se agachan para observar las carteleras, algunos simplemente observan fijamente la fotografía del joven convertido hoy en un nuevo mártir de esta patria herida, muerte de la cual comienza a brotar la solidaridad y la esperanza anhelante de construir otro país.

 

 


La Avenida 19 por Carrera 4 se va convirtiendo en un sitio de culto, tanto por el hecho violento que arrebató la vida de Dilan, testimonio de otros muchos actos de violencia que el poder infringe cada día contra los negados en sus barriadas, como por el esfuerzo de unas pocas personas por preservar la memoria del joven, denunciar su homicidio, denuncia silenciosa sobre el poder y sus formas de proceder, claramente violatorias de los derechos humanos.

 

 


Entre las personas comprometidas con este propósito está Iván Pulido, un docente del colegio Las Américas de la localidad de Kennedy, quien desde hace varios días integra el grupo de personas que han pasado las noches en este punto de la ciudad. Con él conversamos, acá este testimonio.


desdeabajo (da). ¿Cuál es la razón para permanecer en este lugar?
Iván Pulido (IP). Estoy acá porque Dilan era un estudiante de colegio distrital, del colegio Ricaurte, entonces eso es un elemento que une totalmente al magisterio alrededor de él. Asimismo, nosotros también estamos aquí, exigiendo el desmonte de ese escuadrón de la muerte.

da. ¿Cómo han vivido los días y las noches en este punto?
IP. Este punto se volvió importante, aquí se han presenciado actividades masivas que han bloqueado por completo la Avenida; se han realizado cacerolazos, vino la Guardia Indígena, todo el tiempo pasa gente a mirar y acompañar así sea un momento.

Las noches se pasan complicado, porque esta es una parte de la ciudad en donde pasan muchas personas que viven en las calles, pasan borrachos a hacer escándalos, algunos vecinos del sector nos han dicho que hay que levantar este espacio porque, según ellos, generamos mucho ruido.
A nivel de movilidad este es un punto estratégico, digamos esta mañana a eso de las 8 empezaron a pasar caravanas de escoltas con carros blindados, al parecer con altos funcionarios del Estado y pues esto les incomoda, este espacio les afecta la movilidad. Ya ha venido la policía y se acerca a hacernos mala cara.

da. ¿Cómo se han organizado para permanecer en el lugar?
IP. Yo llegué el jueves en la noche, cuando los que estaban quedándose estaban cansados y ya estaban pensando en levantar el punto, entonces fue cuando les dije que si era necesario yo me empezaba a quedar y así hemos empezado a hacer relevos.

Las personas disponen de su tiempo para participar. Digamos, a veces me quedo hasta las 10 de la noche, voy a descansar un rato y regreso a eso de las 2 o 3 de la mañana; hay otras personas que se quedan toda la noche y siguen derecho y descansan por las mañanas.

da. ¿Cuál ha sido la actitud de las personas que transitan por esta calle?
IP. Aquí vienen muchas personas que se acercan y dejan cosas, por ejemplo, mire este mensaje que dejó una niña “Hola Dilan, gracias por luchar”, el domingo unos niños pequeñitos vinieron y trajeron unas velitas. Esto es muy bonito, hay dificultades, pero pasan cosas que le entregan muchas fuerzas para seguir en la lucha social.


da. ¿Han tenido algún acercamiento con la familia de Dilan?
IP. No, ninguno. Ahorita a la familia de Dilan la tienen totalmente controlada, el Gobierno no permite hablar con ellos, lo que han hecho es cosas como ofrecerles una casa y así por el estilo. Por ejemplo, el entierro de Dilan fue totalmente secreto, privado, tenemos información que hasta a los docentes del colegio donde estudiaba les han dicho que no pueden hablar nada sobre Dilan.

da. ¿Qué esperan que suceda luego de que pase la coyuntura del Paro?
IP. Esperamos que pase algo con el tema del desmonte del Esmad. El caso de Dilan no puede quedar ni en el olvido ni en la impunidad, como el de Nicolas Neira que ya cumplió 15 años y siempre hay trabas para declarar tal caso como un crimen del Esmad y del Estado. Al parecer con el caso de Dilan quieren hacer lo mismo, y la tarea debe ser denunciar estos sucesos y exigir el desmonte del Esmad.

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Martes, 26 Noviembre 2019 06:09

Dilan, blowing in the wind

Dilan, blowing in the wind

¿Cuánto tiempo ha de pasar?

¿Cuántos muertos más habrá?

¿Cuántas vidas perdidas se necesitarán?

No sé si la respuesta estará en el viento, la ciudadanía es la que tiene ahora la palabra.

¿Hasta cuándo?

¡Basta ya!

Y no es una expresión vacua o el título de un informe más, es el grito que ha de sonar y volar como un silbido hasta hacer salir a este país de un letargo colonialista de dos siglos.

Ya no es tiempo de llorar, han sido océanos de lágrimas. Ya no es tiempo de resiliencia, son demasiadas mejillas abofeteadas.

Es tiempo de decir ¡basta ya!

No más Dilans, no más lideresas asesinadas, no mas voces silenciadas.

No más crímenes de Estado ni falsos positivos, no más Esmad, ni más mentiras políticas.

Por todas las personas caídas a manos del sinsentido de una violencia que es la única que debe morir

Por una Colombia en paz, con justicia social.

Váyanse, politicuchos de mierda (con perdón)

¡Elecciones, ya!

A Dilan y a todos los que dieron su vida por una Colombia en paz

“Si llegáis tarde un día

y encontráis frío mi cuerpo;

de nieve, a mis camaradas

entre sus cadenas muertos…

recoged nuestras banderas,

nuestro dolor, nuestro sueño,

los nombres que en las paredes

con dulce amor grabaremos.

Y en la soledad del muro

hallaréis mi testamento:

al mundo le dejo todo

lo que tengo y lo que siento,

lo que he sido entre los míos,

lo que soy, lo que sostengo:

una bandera sin llanto,

un amor, algunos versos…

y en las piedras lacerantes

de este patio gris, desierto,

mi grito, como una estatua

crucificada y rota, en el centro”

                                Marcos Ana

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Los Bolsonaro en la mira de la justicia por el asesinato de Marielle Franco

Trascendió que la policía trabaja sobre hipótesis de un posible vínculo

 

Un informe de una radio del grupo O Globo consignó que los investigadores apuntan a uno de los hijos del mandatario brasileño. Se trata de Carlos, quien también ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de Río de Janeiro cuando la concejala fue asesinada.

El asesinato de Marielle Franco roza, o más que eso, a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Radio CBN, del grupo Globo, informó en la noche del miércoles que la policía de Rio de Janeiro trabaja sobre la "hipótesis" de que Carlos Bolsonaro, hijo del capitán retirado, puede estar ligado al crimen de la concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ocurrido el año pasado en el centro carioca. Mientras radio CBN reportaba sobre las "pistas" del atentado, un columnista de la revista Veja publicaba "tic, tac, tic, tac" en su blog, insinuando que una bomba política estaba a punto estallar.

Hoy Jair Bolsonaro explotó diciendo, en Brasilia, que la "izquierda" quiere envolver a su hijo en el atentado. Y el ministro de Justicia Sergio Moro consideró - también este jueves- un "disparate" establecer nexos entre el asesinato y el presidente.

Desde su banca en el Concejo Deliberante Franco había denunciado a las "milicias" paramilitares algo que, al parecer, podría haber al también concejal de extrema derecha Carlos Bolsonaro.

El diario Estado de San Pablo publicó este jueves una noticia que refuerza las sospechas: la policía de Rio "volvió a convocar para declarar a personas vinculadas a la concejal Marielle Franco y al concejal Carlos Bolsonaro(…) los investigadores intentan entender mejor cómo eran las relaciones entre ambos".

El 14 de marzo de 2018 Marielle y su chofer, Anderson Gomes, fueron ejecutados con una subametralladora. El matador sería Ronnie Lessa, quien descendió del auto que conducía Elcio Queiroz. Ambos pertenecen a una "milicia" y están presos por el asesinato.

Ese mismo día Elcio Queiroz fue al country donde viven Jair y Carlos Bolsonaro. El portero del predio declaró a la policía de Rio que el presunto cómplice del crimen pidió comunicarse con "Don Jair". Esta semana el portero – al parecer intimidado – desmintió su anterior declaración.

En ese mismo barrio privado ubicado en Barra da Tijuca, reside el supuesto matador Ronnie Lessa, quien tendría alguna relación con su vecino Jair Bolsonaro, junto a quien aparece abrazado en una foto.

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