Los asesinatos de más de 500 líderes sociales en Colombia desde 2016 reflejan el deterioro de la seguridad en el país

Las organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes, mientras que la ONU confirma el asesinato de 107 activistas en 2019 e insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales".


Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, ha informado este martes la Defensoría del Pueblo en una declaración publicada en las redes sociales.


Además, la entidad ha alertado sobre 15 casos más ocurridos en noviembre y diciembre pasados que están en fase de verificación.


En 2019 fueron asesinados 118 líderes sociales, de los cuales 99 eran hombres y 19 mujeres, ha añadido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que señala que "se trata de vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de la nación".

"Estos 118 casos se suman a 133 casos del 2016. En 2017 hubo 126 casos –108 hombres y 18 mujeres– y en 2018, 178 casos distribuidos en 166 hombres y 12 mujeres", ha detallado el Defensor del Pueblo colombiano .


Negret ha manifestado su "especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y las líderes sociales" al subrayar que, "si bien entre 2018 y 2019 hay una ligera tendencia a la baja en la cifra global, en el caso de la mujer hemos visto un aumento exponencial".


"Pasamos de 12 a 19 mujeres líderes y defensoras asesinadas entre 2018 y 2019 con corte al 31 de octubre. Esto en términos absolutos es un aumento del 63%", ha destacado.

En ese sentido lamenta la situación del departamento selvático del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, "donde están presionando a las mujeres que lideran causas como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y que se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios".

Por ello insta como solución para frenar esa violencia a que las autoridades estatales, incluida la Defensoría del Pueblo, actúen con "celeridad y diligencia".


"También la solución está en la sociedad, que debe reconocer la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegiéndolos sin estigmatizarlos. De esta manera, podemos avanzar hacia el ideal de un Estado con instituciones fuertes y una sociedad civil con garantías para promover los intereses de sus comunidades", ha apostillado Negret.


19 líderes sociales asesinados en 2020


De igual forma organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes sociales, mientras que la ONU los cifra en 10.


Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del pueblo de San Francisco del Rayo, asesinado frente a sus familiares por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba. Un modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.

Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "detenga el genocidio".


Preocupación de la ONU: 107 activistas asesinados


La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado este martes en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", ha remarcado la portavoz de la oficina Marta Hurtado.


Por ello insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".

"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, el 98 %, en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", ha sostenido la organización.


Política fallida


Para el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental que "ha resultado ser muy limitada", así como de "regiones incendiadas" cuya seguridad se ha "deteriorado en los últimos cuatro meses".

"En medio de ese deterioro de la seguridad han caído los líderes sociales, y la política, como es muy limitada, no ha tenido cómo prevenir esos homicidios", explicó el analista.

"El mayor esfuerzo tiene que ser por parte de la Justicia. En lo fundamental hay que buscar quiénes son los que están pagando para matar líderes sociales, los autores intelectuales y los que llaman determinadores", ha manifestado.

Por ello, el experto instó al Gobierno a "pasar de un política reactiva a una política mucho más preventiva". "Esto va a ser un tema largo y doloroso", ha lamentado.

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El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

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"Un sector del poder económico bloquea la paz en Colombia"  

Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que una parte del poder económico en su país se opone a los acuerdos de paz. 

 

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que un sector del poder económico en Colombia bloquea la paz a la que él condujo a la guerrilla, ahora convertido en un partido político bajo la misma sigla.

Tres años después de la firma del acuerdo de paz, Londoño destaca de ese periodo, en una entrevista con EFE, que fue un "error político" presentarse a las elecciones legislativas de 2018, en las que su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), cosechó apenas 55.000 votos. También lamenta que Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez" y Seuxis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", quedaran fuera "de la construcción de la paz" y se encuentren en paradero desconocido.

--En la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 usted dijo: "Que la palabra sea la única arma de los colombianos" ¿Qué balance hace del cambio de las botas por los votos?

--El balance es bien complejo, porque tiene su parte positiva, logramos terminar un conflicto que llevaba más de 50 años; desafortunadamente, no logramos la paz completa; y desafortunadamente, todavía queda un sector de la clase dirigente de este país que quiere impedir que la palabra se escuche, que hace oídos sordos a la palabra y que todavía quiere usar la violencia como la forma de dirimir conflictos, y la violencia como un instrumento de la política en Colombia.

--¿Qué cree que mueve a ese sector que está en contra el proceso de paz?

--El poder económico.

--¿El poder económico no quiere la paz de Colombia?

--No todo, un sector porque no es todo el sector, toda la clase económica y dirigente del país. Gracias a que un sector de la clase dirigente abrió las compuertas, abrió ese espacio para llegar al acuerdo que llegamos. Hicimos varios intentos y fue en el de (el expresidente Juan Manuel) Santos en que lo logramos.  Antes no, porque ese sector nunca había abierto la compuerta. Esta vez la abrieron pero quedó un pequeño sector que no quiso, que se quiere mantener ahí porque los acuerdos son la letra pero también el espíritu. Hay que entender el espíritu que acompaña a esa letra y que ese sector no ha querido asimilar. La pregunta que me hago es: ¿el presidente (Iván) Duque y su partido habrán estudiado estos acuerdos, los habrán estudiado en su letra y en su espíritu? Porque a estos acuerdos los acompañó un espíritu. Fue un pulso muy duro con ese sector de la clase dirigente que asumió y que dio esa apertura, esa posibilidad.

--El acuerdo se hizo con el ex presidente Santos. Hoy hay un presidente de un signo muy distinto, ¿confía en el presidente Duque para llevar adelante la paz?

--El problema con el presidente Duque es que está representando un partido que ha levantado las banderas de ese sector que se opone a los acuerdos, que se opone a la reconciliación sobre la base de lo que acordamos en La Habana: sobre la verdad, la justicia la reparación y la no repetición. A eso le tiene mucho miedo. Desde el principio he dicho que es el presidente de los colombianos, él ya no puede ser el presidente de un partido político, él tiene que recoger el sentir de los colombianos y espero que reflexione y no siga en ese camino al que lo están conduciendo los sectores más poderosos de ese partido.

--Dicho de otro modo, espera que el presidente Duque haga un cambio de 180 grados con respecto a la paz.

--Que recoja el clamor de la gente, que asuma un acuerdo que hizo un grupo insurgente como las FARC con el Estado colombiano. Un acuerdo que ya no es de las FARC, que la mayoría de los colombianos han asumido como suyo. La reflexión que debería hacer él es que en ese acuerdo están las bases mínimas para que comencemos a construir la Colombia que cada uno piensa, pero en paz, sin la violencia.

--¿Cómo ha observado la respuesta de la ciudadanía frente a sus propuestas en la política legal, esperaban más apoyo? Por ejemplo, en las elecciones al Senado obtuvieron unos 55.000 votos.

--Lo primero, fue un error nuestro político habernos lanzado a la campaña electoral de la forma en que nos lanzamos y en unas condiciones sumamente complejas. Estamos recién nacidos a la política abierta, estamos aprendiendo, pero además lo estamos haciendo sin haber cambiado las normas de juego que está en los acuerdos; aquí, salvo el punto sobre la reforma política, prácticamente no se ha cumplido ninguno. Estaba el estatuto de oposición que la Constitución del 91 lo había ordenado y es gracias al acuerdo de paz que se logra establecer. Del resto, las reglas de juego siguen siendo las mismas, que impiden a cualquier sector alternativo llegar a posiciones de poder.

Para mí fue un error gravísimo y me parece que el resultado no refleja (la situación actual). Estábamos comenzando a insurgir en la vida política legal del país y yo creo que ahora que hemos ido avanzando y hemos ido a más sectores explicando a la gente nuestro proyecto mucha gente ha cambiado de forma de llegar.

--Pero sigue habiendo, y se ve en las encuestas, un rechazo no hacia la paz sino hacia las propuestas del partido FARC.

-Creo que venimos haciendo una experiencia interesante en el Congreso, se viene haciendo un trabajo. No teníamos ningún conocimiento de cómo funciona (el Congreso) que es una maquinaria política para poder estar inmersa en ella. Creo que este primer año ha permitido conocerla, pero también llegar a muchos sectores con propuestas políticas, hemos hecho varios debates de control muy importante, se han planteado iniciativas importantes y ahora comienza una nueva legislatura que nos va a traer mayores beneficios políticos.

--Ustedes han tenido este año diez congresistas.

-Nueve (Por el encarcelamiento de "Jesús Santrich").

--Nueve, pero en este primer año apenas han presentado propuestas de ley, ¿a qué obedece eso, están aprendiendo o tomando el pulso?

-Tengo entendido que se han presentado algunas, pero no tengo aquí bien claro (el caso). Por ejemplo, Sandra (Ramírez) viene trabajando el tema de rutas terciarias (rurales), es un tema muy interesante para el campo colombiano.

Un elemento muy interesante en este escenario político es que no somos ya los nueve compañeros nuestros allá representándonos, sino que somos 40 y pico senadores que más o menos coincidimos con el objetivo de consolidar la paz en Colombia.

--¿Ustedes aspiran a conformar un bloque o a hacer parte de un bloque alternativo en que haya fuerzas de izquierda, de centro-izquierda o verdes?

--Estamos trabajando en eso y no ha sido fácil.

-En aquel 24 de noviembre, tras usted estaba Jesús Santrich y a su lado Iván Márquez, dos personas que están en paradero desconocido y fundamentales en el proceso de paz, uno de ellos el jefe negociador de paz, ¿usted sabe dónde están ellos?

-Ni idea de donde están.

-¿De algún modo responden ante usted como líder del partido?

-Ellos se marginaron del partido alegando, por lo menos Iván Márquez, inicialmente problemas de seguridad, alegando temores, pero al partido no dijo absolutamente nada, desapareció del panorama.

Conocemos las cartas que todo el mundo conoce que ha publicado y de Santrich sé lo que saben todos, el proceso (judicial por un presunto caso de narcotráfico) que pasó, lo acompañamos, fuimos solidarios con él, hicimos toda una pelea para que se le respetaran sus derechos. Lo liberaron y la reacción fue la que todo el mundo conoce (desaparecer y no responder ante la justicia), la cual nosotros no compartimos, la cual condenamos, y de ahí para adelante no sé en qué andan ni qué están haciendo.

--¿Está decepcionado?

-Da mucha tristeza, da mucha tristeza, da pesar porque gente con la que uno compartió, con la que trabajó, este proceso, a veces se especula y si algo me da seguridad y fortaleza es saber que esto lo construimos entre todos, es una construcción colectiva.

Santrich es un hombre que en toda esta letra (del acuerdo de paz) tiene que ver. Aquí está la mano de Santrich. Todo eso a uno le duele, pero 50 años de confrontación lo tienen a uno preparado para afrontar una situación de este tipo.

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El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
“Nadie pensó que la implementación del acuerdo de paz iba a ser fácil”

El jefe de operaciones del CICR habla de los desafíos humanitarios que enfrenta Colombia

 

La firma de la paz con la exguerrilla de las FARC en Colombia cumple ya dos años, pero todavía afronta formidables desafíos humanitarios tras haber sufrido más de medio siglo de conflicto armado, agravados por la llegada masiva de migrantes venezolanos. La población civil en algunos de los territorios más remotos e históricamente marginados todavía no siente los beneficios de la paz, pues sufre la persistente presencia de grupos armados o el drama de sus familiares desaparecidos.


El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lleva cerca de 50 años trabajando en el país andino, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. El organismo se prepara para aumentar en 20% su presupuesto en 2019 principalmente por dos razones. “Una es el resurgimiento del conflicto armado interno que hemos visto a lo largo de Colombia y la otra es el importante flujo de migración desde Venezuela”, explica Dominik Stillhart, director de actividades operacionales del CICR en el mundo.


La implementación del acuerdo de paz ha sido más lenta y dubitativa de lo anticipado. Aunque advierte de que en muchas zonas el conflicto está de regreso, e incluso se ha intensificado, Stillhart elogia en esta conversación con EL PAÍS el horizonte de esperanza que representa el pacto sellado entre el Gobierno y las FARC, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con representación en el Congreso.


“Si tomamos distancia y miramos lo que pasó en este país, todavía veo esto como un desarrollo extremadamente positivo. Porque una de las cosas que vemos alrededor del mundo es que lidiamos con conflictos cada vez más extendidos. Difícilmente tenemos acuerdos de paz a la vista”, subraya al final de una visita que lo llevó a la convulsa región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela. “Miren a Siria, que ha sido el peor conflicto en las últimas décadas, uno de los peores que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos lejos de cualquier tipo de acuerdo político, o de paz, simplemente porque la comunidad internacional está completamente dividida. Aquí los que lucharon por este acuerdo, y lo firmaron, necesitan ser elogiados. Visto desde la distancia esto es innovador, no estamos habituados a este tipo de procesos políticos que llevan a un acuerdo de paz, y nadie nunca pensó que la implementación iba a ser fácil”.


El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha surgido como un punto crítico en el tiempo transcurrido desde que se firmó el pacto en noviembre de 2016. “Por esto precisamente conversamos no solamente con el Gobierno, sino también con todos los grupos armados acerca del respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Una de nuestras actividades más importantes aquí es promover el respeto del DIH. Estamos lidiando con una situación que por un periodo muy largo ha visto mucha violencia, que ha sido endémica y que no va a detenerse de un día para otro. El acuerdo de paz también ha demostrado que incluso si la implementación se hubiera hecho al pie de la letra, hay otros actores armados que son responsables de una parte significativa de la violencia en este país, y tratamos de hablar con todos ellos”, apunta Stillhart.


Más de 80.000 desaparecidos


Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es desde hace unos 20 años una parte importante de la misión del CICR en Colombia, un país donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 desparecidos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. “Esta es un área en la que hemos visto un fortalecimiento significativo tras el acuerdo de paz”, destaca Stillhart sobre una labor que tomará años. El pacto contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que apenas empieza su marcha.


“Hemos visto una y otra vez que tener desaparecido a un familiar es mucho peor a un familiar asesinado, porque el dolor simplemente no se va. En muchas situaciones, estas familias sencillamente no pueden seguir adelante con sus vidas, debido a que todos los días piensan que quizá tendrán noticias sobre su hija, su padre, su tío. Es también un asunto que, si permanece sin atender y sin resolver, va a ser un gran impedimento para implementar un acuerdo de paz. Porque ese dolor es tan grande que a menos que las familias obtengan respuestas, tan honestas como pueda ser posible, es muy difícil cerrar ese capitulo”, razona Stillhart. “De un lado estamos atendiendo el tremendo sufrimiento de estas familias, pero por otro lado, al trabajar en estos archivos hemos visto en diferentes países que frecuentemente también ayuda al proceso político hacía la paz o la estabilización”.


El éxodo venezolano

 

El CICR ha manifestado que considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en el fronterizo departamento de Norte de Santander, en el nororiente del país.


“Esta confrontación en particular ha generado necesidades humanitarias importantes, y ahora con el resurgimiento de los frentes de las FARC que solían estar activos allí hay un tercer actor que se suma la mezcla. La población civil está pagando el precio. Adicionalmente está la llegada de miles de migrantes venezolanos que añaden presión extra. Estamos preocupados acerca de Catatumbo, pero de hecho estamos preocupados por toda la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde está esa mezcla y superposición entre conflicto y violencia que ha estado allí por bastante tiempo, más el tránsito y el arribo de migrantes venezolanos”, advierte.


– La llegada de venezolanos es un reto no solamente en Colombia. ¿Está Latinoamérica preparada?


“Si comparo la respuesta de los Estados en esta región ante los migrantes venezolanos con lo que Europa ha hecho con los refugiados sirios creo que pueden estar orgullosos con la respuesta que han dado. Está lejos de ser perfecta, hay historias horribles que hemos visto en nuestras conversaciones con los migrantes, pero en líneas generales ha sido una respuesta relativamente positiva para los que han llegado desde Venezuela. Ahora, la comunidad internacional ha incrementado su apoyo. La pregunta es cómo continuará esto, dado que el flujo continua y probablemente va a continuar por algún tiempo”.

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La violencia azota Colombia dos años después del acuerdo de paz con las FARC

La ONU y la Unión Europea denuncian "la persistencia del asesinato de líderes sociales". Desde 2016 se registraron más de 300 casos

 

La familia Díaz Tapasco estaba a punto de ir a dormir. Eran las diez de la noche en el poblado del resguardo indígena de San Lorenzo, en el eje cafetero colombiano. Cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y descerrajaron a bocajarro al líder comunitario, su esposa y su hijo, coordinador de la escuela. La hija logró escapar. La matanza se produjo hace unas horas, este viernes, en una zona rural del municipio de Riosucio, en el centro del país, y es el enésimo episodio de una terrible rutina. Cuando se cumplen dos años de la firma de la paz con las FARC, la violencia sigue golpeando a Colombia,


El 24 de noviembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y el máximo líder del grupo insurgente, Rodrigo Londoño,Timochenko, pusieron oficialmente fin a más de medio siglo de conflicto armado. Terminó efectivamente una guerra, alrededor de 13.000 combatientes se desmovilizaron, entregaron sus fusiles y se integraron en un partido político. Pero el sentido último de los acuerdos consistía en impulsar una transición profunda, una nueva etapa de convivencia que, al menos en el campo colombiano, sigue pendiente. Cada organismo maneja sus cifras, pero la gran mayoría coincide en que desde ese día se han perpetrado más de 200 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Esto es, casi uno cada tres días. Según el cálculo de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016, en plena fase de negociación, y el pasado 22 de agosto, las víctimas mortales ascendieron a 343.


Naciones Unidas y la Unión Europea, que han acompañado el proceso de implementación de lo pactado con las FARC, han denunciado este sábado que, pese a los indudables avances, la paz, real y tangible, aún queda lejos. Las dos instancias lamentan en un comunicado conjunto "la situación de violencia que siguen viviendo regiones como el Catatumbo, Nariño o el Cauca donde [...] las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales". Esos territorios, ubicados en la frontera con Venezuela y en la costa del Pacífico, son el principal escenario de la disputa entre mafias, paramilitares, grupos de guerrilleros disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal organización insurgente aún activa en Colombia. Todos buscan hacerse con el control de las economías ilegales, empezando por el narcotráfico, en un país donde el año pasado los cultivos de coca superaron las 200.000 hectáreas. Es decir, más de tres veces la superficie de una ciudad como Madrid.


Los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios son el eslabón más débil del ecosistema rural y así lo confirman el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnault, y el enviado de la UE para la paz, Eamon Gilmore. "Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales", señalan. El reto, en su opinión, consiste en desplegar el Estado allá donde todavía no lo ha hecho: "Incrementar la presencia de las instituciones estatales para hacer llegar a los territorios los dividendos de la paz a los cuales las comunidades aspiran: seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales". "La tarea", continúan, "es inmensa, la articulación de todas las instituciones imprescindible, la contribución de los actores regionales a su propio desarrollo decisiva".


A ese horizonte de inseguridad se añaden las dificultades y los retrasos que han marcado la aplicación de los acuerdos. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido heredero de la guerrilla, entro en el Congreso, pero está profundamente dividido. Dos de sus principales líderes, el ex número dos de la organización, Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, El Paisa, están en paradero desconocido en señal de protesta por la detención de Jesús Santrich, otro excomandante que se encuentra a la espera de extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Y, aunque Timochenko se muestra fiel al compromiso que asumió personalmente con Juan Manuel Santos, en una carta remitida ayer a Arnault resalta que "han sido muy reducidos los avances alcanzados en la implementación del acuerdo de paz, en particular en lo tocante al tema del acceso a la tierra".


El Gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, quien ganó las elecciones con la promesa de modificar los acuerdos de La Habana, ha evitado conmemorar el segundo aniversario de la firma. El mandatario, no obstante, se refirió a la matanza de Riosucio y al asesinato de un niño de 13 años en la Comuna 13 de Medellín, antiguo territorio del cártel de Pablo Escobar. "Nos duele, nos toca el alma y le he pedido al ministro de la Defensa que tenemos que buscar la captura de quienes están detrás de ese terrible horrible crimen, que nubla ese territorio de paz y comunidad ancestral", enfatizó. "Esos hechos son los que queremos que no se sigan repitiendo en el país y por eso tenemos que trabajar articuladamente el Estado y la ciudadanía para denunciar y sancionar".

 

Por Francesco Manetto

Bogotá 24 NOV 2018 - 21:06 COT

 

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Mueren siete palestinos en Gaza por disparos del Ejército israelí


Entre las víctimas hay dos menores de 12 y 14 años alcanzados por munición real

 

Siete palestinos han muerto este viernes por fuego israelí en diferentes protestas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel en las que, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio de Salud de la Franja, 210 personas fueron hospitalizadas, 90 con heridas de bala. Según esas mismas fuentes, entre las víctimas hay dos niños, Nasser Msabbih de 12 años y Mohamed al-Houm de 14, alcanzados por proyectiles en la cabeza y en el pecho respectivamente

Desde hace seis meses los palestinos se manifiestan los viernes en la valla fronteriza con Israel. Durante toda la semana se han producido altercados entre los militares israelíes y grupos de jóvenes palestinos pero, según un comunicado hecho público el viernes por el Ejército israelí, en la protesta de este viernes han participado unas 20.000 personas que en algunos lugares han alcanzado el perímetro fronterizo y lanzado a los soldados “granadas y artefactos explosivos” además de quemar neumáticos. Unos hechos frente a los que los militares aseguran haber actuado “de acuerdo con los procedimientos operativos estándar”.


El Ejército reconoce haber bombardeado este viernes hasta en dos ocasiones posiciones del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), en una jornada en la que los manifestantes llegaron a derribar una sección de la valla fronteriza y provocaron hasta 16 incendios en el lado israelí. Los incidentes más violentos se produjeron en las inmediaciones del paso fronterizo de Karni, en el noreste de la Franja y en las inmediaciones de Jan Yunes, en el sureste del territorio palestino. Después de semanas de relativa calma —según fuentes palestinas, fruto de una tregua alcanzada entre Israel y Hamás bajo los auspicios de Egipto para evitar una escalada de violencia— los palestinos han vuelto a reeditar las protestas masivas en la frontera, en el marco de la Gran Marcha de Retorno, para reivindicar el derecho a regresar de todos los refugiados palestinos. Al menos 190 manifestantes han muerto desde que comenzasen las protestas el pasado 30 de marzo.


Según varios analistas locales, el rebrote de violencia obedece a los intentos de Hamás de intensificar la presión sobre Israel y Egipto para que terminen con el bloqueo que sufre el territorio mediterráneo palestino desde más de una década. Según los datos hechos públicos esta semana por el Banco Mundial, la economía de Gaza “cae en picado” con más de la mitad de la población en paro, una preocupante cifra que alcanza el 70% entre los jóvenes.


Las medidas de presión de la Autoridad Palestina para doblegar a Hamás y que le entregue el control de la franja de Gaza, en los términos del acuerdo alcanzado hace casi un año, tampoco ayudan. Las idas y venidas de representantes egipcios a Gaza y Ramala para tratar de poner fin a las diferencias entre unos y otros no han dado sus frutos y las advertencias del presidente palestino, Mahmud Abbas, en su discurso del pasado jueves en la Asamblea General de la ONU no han sido bien recibidas por los partidarios de los islamistas. Las palabras del líder palestino —que derivó en Hamás toda la responsabilidad de lo que suceda en Gaza si no cumplen con lo pactado— no fueron bien recibidas en la Franja donde, inmediatamente después del discurso presidencial, surgieron multitudinarias protestas. Jóvenes palestinos que enarbolaban pancartas con las palabras "Abbas no" sobre la imagen del presidente, quemaron la foto del rais en las calles de Gaza y gritaron consignas pidiendo su dimisión.

 

Por Lourdes Baeza
Jerusalén 28 SEP 2018 - 14:56 COT

 

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En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
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