Sábado, 03 Enero 2009 15:09

Los ojos de los niños

Mientras en una parte del mundo se celebraban las fiestas, en otros lugares se mataban seres humanos. Así se despidió el año 2008, así llegó el 2009. Civilización, o no, y barbarie. Pan dulce y bombas. El cinismo no conoce fronteras. Se mata y ya está. Por seguridad. Por los derechos de unos sobre otros. Recibimos el Año Nuevo con cuatrocientos muertos debajo del colchón, cien de ellos niños. Y cerca de dos mil heridos. La Franja de Gaza. Pueblos que ya tendrían que ser sabios por sus experiencias trágicas encuentran coincidencia sólo en la muerte. Esa muerte para la que el ser humano trata de encontrar una definición, una explicación, es usada como emblema de lo que llamamos civilización. Ahora es ya mucho más fácil. Se mata al enemigo desde aviones y, mejor todavía, a él y a toda su familia. A su mujer y a sus ocho hijos. O con cohetes, desde el escondite. Esos jóvenes que arrojan bombas desde aviones o desde escondites no se dan cuenta de que matan, de que exterminan la vida de otro ser, por lo general inocente. Pero arrojan bombas por “patriotismo”. Los discursos de los políticos intervinientes nos dicen claramente de su omnipotencia. ¿Tienen acaso el poder delegado de matar, de hacer matar? ¿Se los vota para eso? ¿Y qué pasa con Naciones Unidas, para qué está? Ni siquiera esa organización mundial es capaz de detener una guerra. Ese tendría que ser su principal motivo de existencia. Y no una masa burocrática de encuentros superficiales y desencuentros que ocasionan la muerte.
 
La muerte de niños. Lo lanzaron al aire y al papel, los medios: el bombardeo israelí logró la muerte de uno de los dirigentes principales de Hamas y también de su mujer y sus ocho hijos. Buena puntería. ¿Pero cómo, es que vivimos en el tiempo de los dinosaurios? No, vivimos el siglo de la mente humana. Por eso el papa Ratzinger en su mensaje de Navidad nos ha enseñado a rezar, rezar, rezar. ¿Rezar a quién? ¿A un Dios que permite en la “Tierra Santa”, donde nació su hijo de una virgen, que se cometan crímenes tan atroces, como que se peleen pueblos desde hace siglos por razones religiosas, que en el fondo no son otra cosa que razones de poder y de dominio? Alá, Jehová y Cristo. Tierra Santa que mata a sus niños.
 
¿Con qué habrán soñado esos niños la última noche en que vivieron? ¿Con juguetes, con hadas, con ángeles que les arrojaban espejitos de colores desde el cielo? Es lo mismo, porque nosotros les arrojamos bombas y los destrozamos. Habría que rescatar los ojos de esos niños en el momento en que estallaron las bombas.
 
Sí, está bien, los hombres de Hamas lanzan cohetes a Israel. ¿Y por eso hay que bombardear ciudades abiertas allí donde viven madres que crían a sus hijos? Ciudades que ni siquiera tienen refugios antiaéreos. Eso es fácil. Pero criminal de la peor cobardía, a su vez.
 
Tiene razón Israel en combatir el terrorismo, pero no con métodos cien veces más traidores que el cohete individual. Igual, tal vez, en su perversión, pero increíblemente menor que hacerlo desde aviones, en uniforme oficial y por orden de los responsables. No, además, esos actos de mostrar poder traen las consecuencias más nefastas, originan los odios de siglos, los deseos de venganza infinitos, que quedan en la historia de los pueblos. La única búsqueda de solución es recurrir a Naciones Unidas para que envíe una organización preparada en esta clase de conflictos, que encuentre la paz y no la venganza. No se arreglan los problemas con la muerte. Y más para un pueblo con la experiencia del judío, un pueblo que, con su conocimiento histórico de persecuciones, tiene que haber aprendido para siempre hacia dónde lleva el odio. Porque los crímenes del Holocausto han quedado para siempre en la conciencia del pueblo alemán y tendrían que quedar también para siempre en el pueblo que fue víctima. Porque no hay ninguna diferencia para un niño entre morir en una cámara de gas y ser destrozado por una bomba arrojada desde aviones oficiales.
 
Sí, el pueblo alemán aprendió para siempre lo que es cometer un crimen de lesa humanidad. Pero seamos sinceros: aprendió pero no tanto. Hay otra forma de hacerse cómplice de otros crímenes. Por ejemplo esto: la fabricación y venta de armas. Leamos las cifras oficiales. La exportación de armas alemanas del año 2007 alcanzó a 8,7 mil millones de euros. Es decir que exportó un 13 por ciento más que el año anterior. Con esto, Alemania ocupa el tercer lugar en el mundo de exportadores de armas, con el 10 por ciento, mientras Estados Unidos ocupa el primer lugar, con el 31 por ciento, y Rusia, el segundo, con el 25 por ciento. Pero aquí no acaba la cosa. Alemania exporta armas a China, India, a los Emiratos Unidos de Arabia, a Grecia, a Corea del Sur y a un sinfín de otros países. Sí, a los Emiratos Unidos de Arabia. Pero, y aquí está el nudo de la cuestión: también a Israel, Afganistán, India, Nigeria, Pakistán y Tailandia. Muy buen negocio. Ahí no se hacen discriminaciones, el que paga bien, a ése se le vende. Es sabido que los europeos –en este caso Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia– atraen a sus clientes deseosos de armas con financiaciones “atractivas” y la promesa de transmitirles tecnología nueva.
 
Entonces aquí hay que decir la otra verdad. No alcanza con que los alemanes se hayan hecho una severa autocrítica sobre los crímenes del nazismo sino que la verdadera autocrítica tendría que ser nunca más a las armas, nunca más hacer negocios con la Muerte y menos con países que tienen problemas con países lindantes ni tampoco aquellos que tienen problemas internos. No se es honesto si por un lado criticamos las guerras y las represiones y por el otro vendemos armas a países donde tienen lugar esos crímenes contra la Vida.
 
Hace pocos días se hizo en los medios alemanes un desusado elogio al ex primer ministro Helmut Schmidt, que cumplió noventa años de edad. Justamente, el político que apoyó la venta de armas a la dictadura argentina del desaparecedor Jorge Rafael Videla. Y se defendió en el Congreso alemán diciendo que lo hacía para “asegurar la fuente de trabajo de los obreros alemanes”, un argumento fuera de toda base ética. Porque si es por eso, que el gobierno alemán disponga de una suma para darles trabajo a esos obreros y que éstos se dediquen a fabricar juguetes para los niños.
 
Más todavía, el gobierno alemán asegura con fianzas oficiales la financiación de los proyectos de venta de armas, para lo cual se utiliza dinero del pueblo cobrado mediante los impuestos. Hace poco quedó en claro un escándalo producido por la constatación de que las fuerzas de seguridad de Georgia poseían modernas armas alemanas, a pesar de que el gobierno alemán había rechazado el pedido de ese país de venderle armas, ya que Georgia se encontraba en estado de guerra con Rusia. Es decir que podemos constatar que, en el caso de hacer negocios, se pisotean los principios básicos de lo que tiene que ser la ética en las relaciones humanas.
 
Las armas, las guerras entre los seres humanos divididos por estúpidas fronteras, tienen que pasar a ser un tema fijo en la vida de todos los pueblos del mundo. No a las armas, sí a la vida.
 
Han muerto cien niños en el bombardeo israelí de Gaza. Ya esa cifra podría servir de leitmotiv contra todos los bombardeos de ciudades abiertas. Nunca más la muerte de niños como acción de guerra. Salir a la calle en la protesta. Denunciar a los políticos que dieron la orden y a los generales y soldados que la cumplieron.
Sería al primer peldaño hacia aquel Paraíso en la Tierra con que soñaba Kant: la paz eterna.

 Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
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Viernes, 02 Enero 2009 15:44

2009 nació en Gaza bajo las bombas


Luego de que el gobierno de Israel rechazara la propuesta francesa de un alto el fuego “humanitario” de 48 horas, se estima que la guerra de Gaza pasará en poco tiempo a la fase de la invasión por tierra. El ejército elevó al gabinete de defensa la recomendación de iniciar un operativo terrestre de duración limitada pero que –según se estima– consistirá en el despliegue de un gran poder de fuego. Mientras tanto, siguen los bombardeos sobre el enclave palestino y los ataques desde este último contra ciudades israelíes con cohetes de mayor alcance que el conseguido previamente. Así, las ciudades de Beer Sheva y Ashdod, ubicadas a unos 40 kilómetros de Gaza, han sido blancos de proyectiles Katyusha similares a los lanzados por Hezbolá hacia el norte de Israel en la última guerra del Líbano. Si bien ayer resultó muerto uno de los máximos jefes del brazo militar del Hamas, Nizar Rayan, la ofensiva aérea parece haber agotado su potencial, dado que en los últimos días vienen siendo bombardeados por segunda e incluso tercera vez edificios del gobierno de Hamas que ya habían sido destruidos completamente en ataques previos.
 
A esos blancos se les suman los túneles subterráneos a través de los cuales se efectúa el contrabando de armamentos desde Egipto pero también el ingreso de mercaderías de todo tipo (desde harina, combustible y cigarrillos hasta aparatos electrodomésticos), que no pueden ingresar de manera regular y oficial debido al cierre de los pasos fronterizos controlados por Israel y Egipto. A juzgar por el número relativamente reducido de soldados reservistas reclutados (9200), el operativo terrestre no estará destinado a conquistar la Franja de Gaza. Sin embargo, la cúpula del ejército les ha aclarado a los ministros que tampoco conducirá al cese absoluto de los ataques con cohetes. El objetivo –afirman sus voceros– es “disuadir” a Hamas para que acepte un cese de fuego favorable a los “intereses de Israel”. Los políticos, por su parte, ya no proclaman que ese interés es derrocar al régimen de los islamistas en Gaza. Y el plan declarado puede complicarse si los milicianos de Hamas muestran una capacidad de resistencia prolongada. En tal caso, la tentación de conseguir, en cada etapa del enfrentamiento, un logro más considerable puede arrastrar al ejército a una dinámica de empantanamiento cuyo antecedente libanés aparece como una luz de alerta frente a los ojos de la dirigencia israelí.
 
Los analistas locales aseguran que las conclusiones del fiasco de 2006, cuando el ejército invadió el Líbano supuestamente para vencer a Hezbolá, fueron muy bien asimiladas. La corrección de las fallas de entonces requeriría, entre otras cosas, contar con un sólido plan de salida diplomática en el momento de iniciar la ofensiva por tierra. Hasta el momento, sin embargo, el gabinete israelí se niega a tratar distintas propuestas de cese de fuego elaboradas por factores internacionales (ver página 22). El premier Olmert justificó la continuidad de los bombardeos y dijo: “No iniciamos el operativo sólo para terminarlo cuando siguen los disparos contra Israel”. Voceros del ejército, por el contrario, afirmaron que los cohetes seguirán cayendo aun luego del ingreso al enclave palestino de tropas terrestres. De todos modos, paralelamente a esas contradicciones, Olmert le comunicó a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, que Israel exigirá la creación de un dispositivo de control internacional sobre un futuro cese de fuego.
 
El jefe del gobierno de Gaza, Ismail Haniyeh, dijo en una entrevista televisiva que Hamas aceptará sólo una tregua que contemple el levantamiento del bloqueo sobre la franja palestina. Ese condicionamiento es rechazado por Israel, aunque ahora el ministro de Defensa, Ehud Omemert, ha ordenado la apertura de algunos pasos fronterizos para posibilitar el ingreso de “ayuda humanitaria”. Pero, además, también Egipto se opone a la apertura del paso de Rafah, a menos de que esté supervisado por funcionarios de la Autoridad Palestina, gobernada por Mahmud Abbas, líder del movimiento palestino rival del Hamas, Al Fatah. De esta manera, la actual guerra recrudece la enemistad entre la corriente islamista palestina y uno de los países árabes más importantes del bloque sunnita preocupado por la expansión de las fuerzas pro-iraníes (Siria, Hezbolá, Hamas). Junto con Arabia Saudita, Egipto intenta negar la posibilidad de que Hamas determine de manera independiente las condiciones de un cese de fuego con Israel. Un acuerdo separado sería interpretado como un reconocimiento del gobierno de Hamas y de Gaza como entidad separada de Cisjordania y de la AP. Egipto le teme al escenario de un enclave tutelado por Siria e Irán que limita con su territorio.
 
La disposición mediadora del premier de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, seguramente será utilizada por Teherán y Damasco con el objeto de profundizar la intervención de sus respectivos gobiernos en la gestión del conflicto. El desafío de Erdogan consiste en encontrar un denominador común entre ambos ejes, que posibilitaría presentar cierto acuerdo intraárabe ante Hamas e Israel. Hasta ahora, el movimiento islamista exige el control absoluto del paso de Rafah, dado que, si renunciara a esa posición, estaría aceptando el cuestionamiento a su status de gobierno legítimo. No es él quien está buscando, por el momento, una fórmula que permita el cese de los ataques. Lo están haciendo, con mayor urgencia, Egipto, la Liga Arabe y la Autoridad Palestina.

Sube el laborismo

El Partido Laborista y su líder, el ministro de Defensa Ehud Barak, son los principales beneficiados por la ofensiva israelí en Gaza. Según un sondeo publicado ayer en el diario israelí Haaretz, el 71 por ciento de sus conciudadanos apoya la guerra y quiere que continúe hasta que cesen los lanzamientos de cohetes caseros en la zona fronteriza. El alto nivel de popularidad de Barak llega en un momento clave, ya que el laborismo no tiene aún un candidato oficial para las próximas elecciones generales del 10 de febrero. Hasta hace unos meses parecía que ese partido, la tercera fuerza política actualmente, perdería aún más bancas en el Parlamento y, en consecuencia, posiciones en el gobierno. Pero gracias a la gestión de Barak, y especialmente la ofensiva contra Gaza, el laborismo se convertiría en la mayoría con un 53 por ciento de intención de voto. Pero el ministro no es el único que va en subida. El primer ministro Ehud Olmert y su canciller Tzipi Livni, ambos del partido mayoritario Kadima, y el derechista opositor Benjamín Netanyahu, del Likud, también crecieron en las encuestas. Los perdedores son la izquierda y los partidos pacifistas.

Desde Tel Aviv
Por Sergio Rotbart
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Las declaraciones del único terrorista capturado vivo, tras casi tres días de sangrientos enfrentamientos en Bombay, la capital financiera de la India, entre las fuerzas de seguridad indias y un puñado de yihadistas, están levantando ampollas tanto en India como en Pakistán. Ajmal Amir Kasab, de 21 años, fue capturado el jueves poco después de acribillar, junto con otro compañero que murió en el tiroteo, al jefe del comando antiterrorista indio, Hemant Karkare. El detenido asegura ser paquistaní y haber sido entrenado para atacar en India.

Según las declaraciones filtradas por la policía al periódico The Times of India, Kasab se ha declarado “miembro de Lashkar e Toiba (LeT)”, la organización radical islámica con sede en Pakistán que lucha por liberar a la Cachemira india, poblada mayoritariamente por musulmanes. “Eramos un grupo de 24 que seguíamos un curso de entrenamiento de LeT de un año de duración. Después de completar el curso, diez fuimos seleccionados para la operación de Mumbai (Bombay)”, afirma el detenido. LeT fue ilegalizada en Pakistán después de que se verificara su participación en los atentados de 2002 contra el Parlamento indio en Nueva Delhi, lo que colocó a los dos países al borde de una guerra.

LeT fue fundada en 1991, en plena revuelta independentista del valle de Cachemira. Su objetivo era tanto apoyar la lucha contra India como impedir que Cachemira se independizara en lugar de unirse a Pakistán. De ahí que contara con el respaldo del todopoderoso servicio secreto paquistaní, el ISI, considerado un Estado dentro del Estado. De esos años en que EE.UU., el ISI y Osama bin Laden financiaban a los mujaidines afganos para que acabaran con el régimen pro soviético de Kabul viene la vinculación de LeT con Al Qaida.

Kasab asegura que el curso se impartió en dos campamentos distintos, uno en la ciudad de Mansera, en la provincia paquistaní de Punjab, y otro en Muzzafarabad, la capital de la Cachemira paquistaní. Su maestro “en tácticas terroristas fue el ex oficial del ejército Abdul Rahman”, añade.

El curso se dividía en siete fases. “La primera comprendía tres meses de puesta en forma física, con duros ejercicios que incluían carreras sin descanso de 10 a 15 kilómetros.” La segunda fase, también de tres meses, se dedicaba a la formación en el agua: natación, surfing, buceo y remo en alta mar. “El tiempo restante –continúa Kasab– fue dedicado al entrenamiento en las armas. Cuando acabó el curso fuimos enviados a Mumbai (Bombay) en una corta misión de reconocimiento.” En esos días visitó los dos hoteles, Taj Mahal y Trident-Oberoi, que debía atacar más tarde.

En cuanto a la operación en sí, la policía afirma que Kasab ha declarado que fue sólo ese grupo de 10 yihadistas, “con 10 granadas cada uno”, además de explosivos plásticos, rifles AK56 y abundante munición, el que se embarcó en el puerto paquistaní de Karachi. Ya en alta mar, secuestraron el pesquero indio Kuber, mataron a los cuatro miembros de la tripulación y al capitán se lo llevaron para que gobernara la nave hasta Bombay. Llegados a su destino, mataron al capitán, y en dos botes de goma alcanzaron la costa.

El diario The Indian Express se pregunta, sin embargo, cómo es posible que haya sólo 10 terroristas si en el Kuber, ya localizado, se han encontrado 15 mantas, 15 chalecos salvavidas y 15 cepillos de dientes, todo ello junto a otros restos de artículos fabricados en Pakistán, desde camisetas a comida, que revelan que en el barco viajaron 15 militantes. Las distintas declaraciones de policías identificados o sin identificar recogidas por la prensa india se contradicen conforme pasan las horas.

Después de que la oposición y una buena parte de la sociedad civil haya arremetido contra el espionaje indio, al que se acusa de “total negligencia”, The Hindustan Times aseguró ayer que los servicios de inteligencia habían advertido hace un año que LeT planeaba atentar contra los hoteles de cinco estrellas de Bombay, después de llegar por mar a la ciudad. A su vez, fuentes policiales desmintieron que se hubieran encontrado explosivos suficientes para volar los hoteles atacados y que el terrorista detenido había confesado que pretendían “matar a 5000 personas”. La última revelación es que habían colocado tres bombas de ocho kilos de explosivo plástico cada una, dos en las cercanías del hotel Taj y una próxima al TridenOberoi.

Por Georgina Higueras, desde Bombay
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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En abril de 2008, el gobierno colombiano, anunció durante una reunión plenaria de la Cámara de Representantes la apertura de un proceso de investigación al cual denominó farc-política, que prometía estremecer con sus revelaciones el escenario político nacional. Juan Manuel Santos, ministro de la Defensa en aquel momento, ofreció revelarle al país información valiosa, obtenida del computador de Raúl Reyes, jefe guerrillero de las farc, tras el bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas colombianas sobre territorio ecuatoriano en febrero del mismo año. Tal información dejaría al descubierto las relaciones sostenidas por personajes de la política nacional con ese grupo subversivo, y sería la justicia colombiana la instancia que pusiera tras las rejas a quienes resultaran implicados en la investigación.

A menos de 2 meses de finalizar el gobierno de Uribe Vélez, la farc-política, como proceso de investigación, parece languidecer. Sus resultados confirman esta tesis. Según el gobierno nacional, en los correos electrónicos del jefe guerrillero aparecen mencionados senadores, periodistas y académicos, entre otros. La lista es larga, entre ellos la senadora del Partido Liberal colombiano Piedad Córdoba y el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien fue reelegido en marzo pasado con una de las mayores votaciones de las cuales se tenga conocimiento en la historia democrática colombiana.

Aunque la investigación ha intentado vincular al proceso a un gran abanico de nombres nacionales y en algunos casos internacionales, los únicos detenidos son dos representantes de la comunidad académica colombiana: el profesor Miguel Ángel Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, detenido en la ciudad de México mientras cursaba estudios doctorales en la Universidad Autónoma de aquel país, hoy detenido en la Cárcel Picota de Bogotá; y la joven socióloga Liliani Patricia Obando, también de la Nacional, reconocida en el ámbito académico colombiano y quien en el momento de su detención realizaba una asesoría en defensa de derechos humanos para Fensuagro, sindicato que agrupa a trabajadores del campo.

desde abajo entrevistó a Liliani Patricia Obando, detenida desde agosto de 2008 en la cárcel de Mujeres El Buen Pastor, luego de ser capturada en su casa en Bogotá, señalada por el gobierno colombiano como interlocutora de Raúl Reyes, según la inclusión supuesta de su nombre en el famoso computador.

desde abajo (da): Su detención causó sorpresa en la comunidad académica a la cual usted pertenece.
Liliani Patricia Obando (LPO): Al momento de mi detención me desempeñaba como Asesora de Fensuagro, que es uno de los sindicatos más perseguidos de este país y al que le han asesinado más de 1.500 afiliados. Yo soy una sobreviviente de la Unión Patriótica (UP), hice parte de ese movimiento y vi asesinar o desplazar o irse al exilio a más de cinco mil de mis compañeros. Entonces, cuando se está en este trabajo por convicción y se quiere hacer parte de la oposición política por vías legales, uno se da cuenta de que esas vías siempre están cerradas para nosotros y que en algún momento la cárcel es una posibilidad.

da: ¿De qué se le sindica?
LPO: A partir del bombardeo del gobierno de Colombia a Ecuador, supuestamente allí se encuentran unos computadores que sobreviven a tan temeraria acción. Es entonces cuando se empieza a fabricar una serie de procesos contra personalidades de este país que se habían interesado por la negociación política del conflicto, como, por ejemplo, el señor Carlos Lozano, director del periódico Voz, la senadora Piedad Córdoba, y algunos periodistas y personajes que se han pronunciado en el mismo sentido, y yo, en mi modesto papel, quedé en medio de todo eso porque necesitaban un conejillo de indias y seguramente le resultaba muy costoso al gobierno colombiano poner en la cárcel a personajes como Álvaro Leiva o la senadora Córdoba, así que había que llevar a alguien tras las rejas, precisamente para silenciar lo que estaba ocurriendo en el país, que era ese escándalo tan abominable de la parapolítica.

da: ¿Mantenía usted comunicación a través de correos electrónicos con Raúl Reyes, como afirma el gobierno colombiano?
LPO: De eso me sindica la Fiscalía, pero con la defensa hemos decidido que no vamos a pronunciarnos sobre los supuestos correos, que ya sabemos que no son eso sino documentos de word, fácilmente manipulables, que dizque se salvaron de los computadores del bombardeo mencionado. Hemos decidido no referirnos a esos documentos por una razón: porque consideramos que al ser sustraídos ilegalmente, en tanto no se tuvo en cuenta la soberanía del país al cual se estaba bombardeando, esto le quita toda legalidad. Además, esas pruebas son entregadas al capitán de la Dijin-Policía, el mismo que me hace el allanamiento y captura, el capitán Ronald Ortiz, quien reconoció ante la Fiscalía haber abierto los computadores y hecho copia de los mismos en su computador personal. La propia Interpol afirma en uno de sus informes que no se cumplieron los procedimientos legalmente establecidos para el manejo y protección de pruebas, y que hay más de 44 mil archivos que fueron modificados, cambiados, abiertos, manipulados. Es decir, desde todo punto de vista, las pruebas en contra mía son ilegales y yo no tendría por qué haber pasado un solo día aquí en la cárcel, si las pruebas que ellos tienen son tales.

da: Se le sindica de financiación de terrorismo por cuentas bancarias con giros internacionales.
LPO: Eso es por completo falso y traído de los cabellos. Es una práctica sistemática en este país, contra las prisioneras políticas, porque, además del delito político de rebelión, hay que agregarle un delito no político de terrorismo, cualquiera que sea, administración de recursos o terrorismo a secas, o cualquier otro relacionado con actividades terroristas, porque, al agregarle al de rebelión cualquier otro, se endurece la pena y se envía el proceso a la justicia especializada. Davivienda, la entidad financiera donde tengo mi cuenta, le certificó a la Fiscalía que la mía es una cuenta muy normal, sin movimientos sospechosos, entre otras cosas porque en este país un profesional dedicado a la sociología y la defensa de derechos humanos no tiene posibilidades de acumular dinero.

da: El gobierno colombiano no reconoce esa categoría de presos políticos a la cual usted se refiere.
LPO: En nuestro país se intenta desnaturalizar el delito político, y mucha gente, incluso de del pueblo colombiano, ignora que en Colombia hay más de 7.200 presos políticos. Los presos políticos no sólo aquellos que están por haberse alzado en armas contra el Estado. Preso político es una categoría bastante amplia dentro del concepto político del delito, que, entre otras cosas, debiera ser un derecho y no un delito, el derecho a hacer oposición. Aquí, en el patio sexto de mujeres de la Cárcel El Buen Pastor, hay dirigentes campesinas y mujeres que no han sido dirigentes y nunca han pertenecido a una organización campesina pero que, por vivir en zonas rurales donde hay presencia guerrillera, son acusadas de rebelión. Lo mismo ocurre con dirigentes sindicales y académicos como yo, que pretendemos hacer oposición política legal.

da: A qué atribuye usted la movilización internacional en torno a su caso.
LPO: El interés que ha habido alrededor de mi caso, y que no tengo cómo agradecerles a las organizaciones y compañeros que se han movilizado internacionalmente, ha permitido que se visibilice que hay prisioneros políticos en este país, que estamos en unas condiciones muy difíciles en las cárceles y que se nos violan muchos de nuestros derechos. Cuando a mí me capturan, la gente queda asombrada porque yo jamás fui al exterior a hacer lo que la Fiscalía afirma. Por eso, nunca he aceptado cargos ni acepté beneficios del 50 por ciento, porque yo lo que estoy defendiendo es mi inocencia.

Yo venía haciendo un acompañamiento a una de las organizaciones sindicales más grandes que tiene el país, Fensuagro, que tiene presencia en toda Colombia y también adscripciones a sindicatos internacionales. Por eso he tenido la oportunidad de hacer un trabajo fuera del país, muy importante y que me ha permitido ser invitada por parlamentos interesados en conocer la problemática de derechos humanos en Colombia y la situación difícil de los sindicalistas, que ponen en juego su libertad y su vida. Es importante hacerles ver a los abusadores de derechos humanos del país que hay observadores internacionales pendientes de lo que está pasando. Eso es muy importante porque es casi la única manera de frenar tantos abusos.

da: ¿Cuál es su postura frente a la lucha armada?
LPO: Cualquier estudioso de lo que ha sido la lucha política en el país no puede negar la existencia de un conflicto interno, armado, ni sus raíces. Negar ese conflicto que lleva más de 40 años es cerrar las posibilidades de solución pacífica. Sin embargo, el alzamiento en armas para muchos ha sido casi que la última opción, y en este país las guerrillas no se acabarán mientras haya las condiciones sociales indignas en que debe vivir la mayoría de los colombianos. Mientras tales condiciones persistan, la vía armada seguirá siendo una opción. Obviamente, uno quiere otra cosa para el país. La vía armada no es la salida. Yo, aun aquí, prisionera, no he perdido mis principios ni mi compromiso social, y sigo defendiendo la salida negociada como único modo de ponerle fin al conflicto nacional.

da: ¿Estos años en prisión han debilitado sus convicciones políticas?
LPO: La intención de quienes nos ponen tras las rejas es precisamente desmoronarnos para que renunciemos a nuestros ideales y principios, y por eso, como siempre, he asumido un compromiso consciente con lo que considero que debe ser un mejor país, un país más justo, un país en paz para todos. No puedo desmoronarme y traicionarme o traicionar a un montón de compañeros que ya no están, traicionar a todos mis muertos, que son muchos. Es una obligación mantenerme firme y saber que aquí hay todo un trabajo por hacer. Estar en la cárcel no es bueno para nadie, pero para mí, como socióloga y como defensora de derechos humanos, estar aquí y conocer la cárcel desde dentro ha sido una gran experiencia de vida; he tenido la posibilidad de sensibilizarme más con este espacio y de tratar de denunciar lo que pasa en las cárceles colombianas, donde se cometen muchos abusos, no sólo con los presos políticos; también con la población carcelaria en general. Igualmente, vemos que aquí se reproduce la división social de clases: hay privilegios para algunas detenidas y condiciones de máxima severidad contra otras, en especial contra las prisioneras políticas.

da: ¿Cómo se compagina su situación personal, como madre, y su cautiverio?
LPO: Es duro. A nuestros hijos menores de 12 años no se les permite entrar sino una vez al mes. Cuando ello ocurre, deben hacer largas filas; algunos se han insolado y desmayado por soportar la lluvia, el sol y el hambre, mientras llegan a visitarnos por unas pocas horas. Como madres, tenemos que defender ese derecho porque, si ya fue dramática la ruptura de la relación cuando nos detuvieron, ahora nos impiden tenerlos de visita cada cierto tiempo. Estamos dando la pelea pero no podemos hacerlo solas; necesitamos el acompañamiento de la gente de afuera. Mi hijo mayor, que tiene sólo 16 años, ha sido perseguido, hostigado en mi casa. Ha recibido visitas extrañas. Saben cuándo va al jardín mi hija de 5 años. Hay amenazas contra mi familia. Son cosas que causan preocupación, y hay que decirlo: la solidaridad con los presos políticos es muy precaria. He pedido protección para mi familia pero no ha sido posible aplicar medidas cautelares, entre otras cosas porque, para que a uno le crean, tiene que estar muerto o haber sufrido la desaparición de un familiar. La angustia mía es porque soy madre de dos menores que viven con mi madre, una mujer de tercera edad, o sea, que son completamente vulnerables. Esa es una gran preocupación para mí.

da: Cuando usted fue detenida, estaba cursando un magíster en la Universidad Nacional. ¿Ha recibido respaldo de ésta?
LPO: Al momento de ser detenida, estaba terminando mi trabajo de tesis para graduarme de la Maestría de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Nacional. Logré que me dieran la oportunidad de continuar mis estudios, aunque con muchas dificultades, porque a los presos políticos no se nos permite el acceso a un computador, lo cual obstaculiza el desarrollo de un trabajo intelectual. El acompañamiento de la Universidad y de mis profesores, que conocen mi trayectoria académica, ha sido muy importante.

La Universidad pública no les puede dar la espalda a sus estudiantes o profesores que caen en esta situación. Contrario a lo que pasa en otros países, donde los académicos tienen un reconocimiento muy grande, en Colombia se les estigmatiza por pensar distinto, por ejercitar el pensamiento crítico. Uno de los pilares de la democracia es permitir el derecho a la oposición política, pero aquí a ésta se le persigue y se le elimina, así se diga lo contrario. Quienes hacen oposición política legalmente en este país lo hacen sabiendo que tienen una cruz sobre sus espaldas, y quienes hacemos trabajo sindical y de defensa de derechos humanos estamos en la misma situación. Aquí, ser académico progresista y con pensamiento crítico es una actividad peligrosa.
Publicado enEdición 158
Sábado, 04 Julio 2009 10:38

Juan Manuel Santos con orden de captura

Sorpresa. Librada solicitud de captura en contra del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El requerimiento procede del Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Ecuador, dirigido por el juez Daniel Méndez.

La investigación que culminó en esta orden procede del ataque al campamento de las farc, el 1 de marzo de 2008, en Angostura, Ecuador, donde perdieron la vida 25 personas, entre ellas el ciudadano de aquel país, Franklin Aisalla. El ataque fue presuntamente ordenado, coordinado y dirigido por el exministro Santos. El proceso es impulsado por el agente fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien acusó a Santos. Ahora la justicia ecuatoriana cuenta con 90 días para emitir su dictamen acusatorio o absolutorio.

De acuerdo al fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, la extradicción del exministro puede solicitarse para juzgarlo porque “se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó a 25 personas”. Enfatizó, asimismo, que el Ecuador va “a respetar el derecho penal internacional. Se cometió un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado. Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión”.

El jueves, el jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Álex Vargas, confirmó que la boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la Interpol –a quien se le notificó el viernes- para que se busque al ex funcionario colombiano.

Reacción política


Una vez hecha pública la orden judicial, se conoció la reacción del Gobierno colombiano. Por un lado anunció la conformación de un equipo jurídico para atender la decisión judicial, al tiempo que mantiene el pasaporte diplomático de Santos. Por el otro, desplegó una fuerte arremetida política acusando al juez ecuatoriano de ser aliado del “terrorismo internacional”.
El tono de las declaraciones siguieron subiendo, y el viernes el presidente Uribe criticó a la comunidad internacional por guardar silencio ante el ataque de que es objeto Colombia, un ataque similar “…a un golpe de Estado”, “esto es un ataque del terrorismo contra toda Colombia…”, recalcó una y otra vez.

Respuesta desmedida que trata de sacarle provecho político electoral al lío judicial, al colocar como “víctima del terrorismo” al exministro, que como se sabe, es una de las cartas del Uribismo en caso de que Uribe no logre superar todos los escollos que enfrenta para liderar la nueva reelección.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político. El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, precisó que  “no es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”.

La Interpol


La orden avanza, pero será en París, en la dirección de la Interpol, donde se decidirá si la misma se transforma en Circular Roja.

Mientras esto sucede el lío judicial proseguirá y el debate sobre la legalidad o no de la doctrina del ataque preventivo, el respeto a la vida y la inviobilidad de la territorialidad de cada país, o soberanía nacional, tomarán un lugar importante. Como se sabe, la falta de garantías sobre el particular son algunos de los elementos que han impedido el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.
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