El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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Sábado, 05 Junio 2021 06:18

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

Los ministros de salud buscan repartir más vacunas y crear una carta sanitaria mundial

Los ministros de Salud de los países integrantes del G7 acordaron este viernes desarrollar normas internacionales que permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de test y certificados de vacunación para la covid-19 en todos los países. También preveen extender las medidas para otras enfermedades. “El uso de los certificados de vacunación debe basarse en las últimas pruebas científicas y en la situación epidemiológica actual”, precisaron en un comunicado conjunto.

“Nos reunimos en medio de la pandemia de covid-19, que sigue teniendo un impacto devastador en las vidas, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo”, señalaron los ministros. A una semana de la cumbre del G7 que se celebra del 11 al 14 de junio y que este año tiene como anfitrión al Reino Unido, los ministros de Salud de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Oxford. “Para reafirmar la importancia de la colaboración internacional en materia de salud, en el contexto de una importante crisis mundial”, escribieron en un comunicado emitido tras dos días de reuniones virtuales y presenciales.

Los funcionarios se comprometieron con un nuevo acuerdo internacional para facilitar y agilizar compartir los resultados de ensayos de vacunas y tratamientos para combatir la covid-19 y prevenir futuras amenazas para la salud, en referencia a la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas del G7, publicada este viernes. “Establece nuestros principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan pruebas sólidas y sus resultados puedan ser implementados en esta y futuras pandemias”, explican en la declaración conjunta.

“Apoyamos una mayor colaboración en ensayos internacionales a gran escala que permitan una mayor diversidad de participantes en los ensayos, que eviten la duplicación innecesaria de esfuerzos y produzcan pruebas clínicas que sean generalizables a un mayor número de poblaciones y lugares”, acordaron en relación con los ensayos clínicos. “Esto incluye una búsqueda más rápida de las necesidades específicas que reflejen la diversidad de todos los grupos de población, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, y garantizar la participación de los ciudadanos para reforzar la confianza en la ciencia”, agregaron.

Por su parte, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, explicó de qué trata la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas. "Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo Hancock a través de un comunicado. El acuerdo viene después de que los líderes de la industria farmacéutica se comprometieran a reducir el tiempo de desarrollo y despliegue de nuevos diagnósticos, terapias y vacunas a sólo 100 días.

El grupo de ministros también expresó su intención por homogeneizar las bases de dato de información de salud para facilitar que o también expresan su intención de homogeneizar las bases de datos de información de salud para facilitar que sea compartida por "proveedores sanitarios en diversos países".

También hicieron hincapié en la colaboración para mejorar la vigilancia mundial del coronavirus y la detección de futuras amenazas sanitarias. En este sentido, reafirmaron el papel central de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Estados Unidos regresó el pasado enero con la llegada de Biden a la Casa Blanca tras la decisión del expresidente Donald Trump de sacar a EE.UU. en julio de 2020.

Sobre el reparto de vacunas contra la Covid-19, los ministros de Sanidad se comprometieron a compartir las dosis con las naciones en desarrollo a través del dispositivo internacional Covax. Este punto está en el centro del debate con llamamientos a los países ricos para que incrementen sus esfuerzos. Desde instituciones científicas y organizaciones humanitarias le pidieron al primer ministro británico y anfitrión de la cumbre del G7, Boris Johnson, donar el 20 por ciento de las vacunas que tiene el Reino Unido en un esfuerzo por salvar vidas y evitar la propagación de nuevas variantes de la covid-19.

Johnson recibió una carta de parte de Jeremy Farrar director del Wellcome Trust -una organización con sede en Londres que financia investigación científica- y del director ejecutivo de Unicef en el Reino Unido, Steven Waugh. "En el Reino Unido, el despliegue de la vacunación ha sido un éxito fenomenal y ya ha salvado innumerables vidas", escriben. "Sin embargo, en todo el mundo hay demasiados países que aún carecen de dosis para proteger a los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables"

"Como presidente del G7, el Reino Unido tiene la oportunidad de marcar la pauta para la acción global en el reparto de dosis. Hace tres meses, usted prometió con orgullo que el Reino Unido compartiría las vacunas con el mundo. Ahora le pedimos que convierta esta promesa en realidad", señalaron Farrar y Waugh en la misiva

05 de junio de 2021

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Viernes, 28 Mayo 2021 06:22

La caída

La caída

En los últimos días se ha recordado escena de la película “La caída” o “Der Untergang” por su título original. Y aunque ha sido utilizada desde las marchas de estudiantes universitarios en el 2011, hoy vuelve a tomar vuelo y mayor significado gracias a la parodia de “Juanpis González”, que recrea el momento en que el Führer es informado por sus lugartenientes que ha sido derrotado, entrando en cólera absoluta.

De la producción cinematográfica en mención, también se recuerda un fragmento desgarrador. En medio del feroz bombardeo en Berlín, Hitler decide salir de su bunker para “condecorar” por su “nacionalismo” a niños que eran utilizados como carne de cañón en medio de la confrontación militar. En el film que retrata el hundimiento del tercer Reich, el líder se aferra al poder y la violencia hasta las últimas consecuencias.

En Colombia más allá de la parodia y la ficción, podemos estar asistiendo a la caída del uribismo, proyecto político que empezó su hegemonía hace dos décadas con la “seguridad democrática”. En el 2002, Álvaro Uribe Vélez arrasó en primera vuelta obteniendo el 54,35 % del total de la votación. Fueron entonces 5.862.655 de colombianos que votaron por la promesa de derrotar aquel “enemigo común”, el terrorismo que amenazaba las instituciones democráticamente constituidas.

Este proyecto que contó con la asistencia militar norteamericana, la unanimidad del bloque del poder nacional, mayorías en el empresariado, las fuerzas militares, medios de comunicación, iglesias, el Congreso de la República, entes de control y las altas cortes, lo llevó a modificar la Constitución Política de Colombia, para poder presentarse a una segunda elección. En el 2006, obtuvo el 62.52 % del total de los votos, en esa ocasión fueron 7.397.835 colombianos los que reeligieron la promesa de encontrar solución a los problemas de la nación por la vía militar.

Sin duda alguna fue un octenio que dejó una estela de terror. La criminalización de la protesta social, agudización de la represión y violaciones de los Derechos Humanos, fueron una constante. Durante ese periodo, Colombia se constituyó en uno de los países más peligrosos para ejercer el sindicalismo, de acuerdo a los informes anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha informado que entre el periodo 2002 – 2008, “por lo menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinadas) para ser presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, en todo el territorio nacional", en lo que se ha conocido con el eufemismo de “falsos positivos”.

Este proyecto político que contó en el pasado con el favor de la población, se encuentra en pleno hundimiento. De acuerdo a la encuesta de Ivamer Poll publicada el lunes 24 de mayo del 2021, la desfavorabilidad de Álvaro Uribe Vélez es del 73%. La debacle se expresa en medios gobiernistas norteamericanos como CNN, cuando uno de sus periodistas lo confronta: “muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por su retórica”, refiriéndose a un trino que fue eliminado por Twitter en que alentaba a la fuerza pública a disparar en contra de los manifestantes del Paro Nacional, provocando la ira de Uribe. Días después, en este mismo canal, el presidente Duque fue impugnado como “títere de Uribe”.

En la actualidad el bloque de poder nacional que se encuentra fragmentado, cada vez toma más distancia de Uribe. Buscando en el centro político, si es que existe en la nueva realidad colombiana, las posibilidades de enviar un mensaje de cambio a la sociedad, pero en el cual el statu quo se conserve. En las fuerzas militares se comienzan a expresa algunas fisuras. En este contexto, el Director General de la Armada, el contralmirante Juan Francisco Herrera, sale por diferencias con el presidente Duque en relación a la protección del terminal portuario en Buenaventura. Es evidente que se pretendía profundizar el caos. El gabinete hace agua. El Alto Comisionado para La Paz Miguel Ceballos sale expresando diferencias con la intromisión de Uribe en las funciones propias de su cargo.

En medio de la caída, la reducida facción del uribismo se aferra desesperadamente al poder y la violencia. Pretenden establecer un estado de miedo y caos en las ciudades, estimulando la confrontación armada en lo urbano, y para eso necesitan una guerra urbana y mucha publicidad. El propósito es aparecer nuevamente como salvadores con el candidato del que diga Uribe. Hoy, el bloque de poder busca afanosamente su candidatura en el centro desmarcándose de Uribe, para competirle a Petro. Lo cierto es que Uribe no se encuentra en el centro de la ecuación como hace 20 años.

Cali-Valle del Cauca. Epicentro de la Resistencia. 24 de mayo de 2021

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Miércoles, 12 Mayo 2021 06:05

Fiesta de la libertad

Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: “Este es el evento más serio [sic] a nivel hemisférico que se ha realizado […]. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y líderes excepcionales [sic] que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. ¡Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!”

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aquí van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); María Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos Sánchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos prófugos de la justicia; Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino político del actual, Iván Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupción, y, faltaba más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lamentó que en octubre de 2019 (12 días de protestas), "más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes". Y a su lado, el político peruano Luis González Posada advirtió que el candidato de izquierda Pedro Castillo sería “más transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Chávez porque él ha adelantado que en caso de ganar disolverá el Congreso…”. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: “…a Cuba hay que darle un ultimátum. O deja de apoyar al narcorrégimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla.

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, aseguró que la detención de la ex presidenta golpista Jeannine Áñez, mostraba que "en Bolivia la política se ha judicializado". Y el orador principal del panel tres, Sánchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), aseguró que los gobiernos de Argentina y México son "paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras" (sic).

Sin embargo, cuando Macri subió al ­estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Solís, el recinto quedó semivacío. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corrió la voz de que el argentino había estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que había dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limitó a recordar que "el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria" (sic). “Las democracias –aña­dió– no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones”. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: "No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades".

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Según algunos entendidos, Infobae contaría con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio argentino-israelí, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos bélicos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Lenín Moreno comunicó al foro que "los servicios de inteligencia de Ecuador" (sic), habrían detectado ("y ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque"), la "grosera intromisión del dictador Maduro en Colombia" (sic). Revelación que entre los asistentes al foro desencadenó un quejumbroso y sentido "¡ohhhhh!"

Autor de varios libros de humor, Moreno deleitó a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acercó para criticar su gestión: “‘Ojalá tuviéramos un mejor presidente’, dijo el muchacho. Y yo respondí: ‘Ojalá tuviera yo un mejor pueblo, también’”.

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. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

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¿Conspiparanóicos o seudociencia y biofascismo?

En el marco de la pandemia de Covid-19 millones de seres humanos asisten de manera pasiva a la instauración de un totalitarismo tecno-sanitario-plutocrático integral de tal magnitud, que hace que las distopías de ciencia ficción de George Orwell (1984) y Aldous Huxley (Un mundo feliz) se queden cortas, y que los totalitarismos clásicos parezcan apenas ejercicios de aprendices primitivos.

Según Naomi Wolf (Ten Steps to Fascism: Authoritarianism in a Pandemic), Estados Unidos transita ya el "décimo" de los 10 pasos hacia el fascismo: el Estado ha fusionado al gobierno con las megacorporaciones financieras, tecnológicas y farmacéuticas de una manera similar a la del fascismo italiano, utilizando la crisis sanitaria como vehículo para justificar la supresión/abolición de los derechos humanos inalienables y civiles; pero no es sólo una guerra contra la libertad sino contra los seres humanos.

Antes Soshana Zuboff había acuñado la noción "capitalismo de vigilancia" y Cédric Durand, con su libro Tecno-feudalismo, colocó la economía política de la "dominación digital" en el contexto de la evolución histórica del capitalismo, demostrando cómo el "Consenso de Was­hington" terminó haciendo metástasis con la "ideología californiana" de los pioneros del Silicon Valley; una ideología parecida a la revolución schumpeteriana de "destrucción creativa", pero con ­esteroides.

Según Durand, las plataformas del big tech se han convertido en "feudos" que se benefician de un vasto "territorio digital" poblado de datos con servicios que hoy se consideran indispensables; con una lógica extractivista aplicada al desarrollo del big data, los señores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio online. Dominan sus haciendas y también al Estado y, a decir de Durand, "el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos".

En el capitalismo de vigilancia, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), constituyen el factor ordenador de la economía y la principal fuente de poder y riqueza. Lo que en la época feudal representaba la tierra, y posteriormente el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos de la vida personal (emociones, hábitos, gustos, movimientos corporales, pensamientos íntimos), que, recopilados y transformados por la IA en productos de predicción, se venden en mercados de futuro del ­comportamiento.

Volviendo a los "10 pasos" que según Naomi Wolf conducen al fascismo (entre ellos, la invocación de una amenaza externa o interna, el desarrollo de una fuerza paramilitar, las restricciones a la prensa, la subversión del Estado de derecho), desde marzo del año pasado, montado y usando como pretexto una crisis sanitaria, Estados Unidos ha llegado a ese estadio.

Autora de best-sellers, entre ellos El fin de América: carta de advertencia a un joven patriota e Indignación: sexo, censura y criminalización del amor, Wolf ha mostrado cómo las epidemias de enfermedades infecciosas (cólera, tifus) fueron explotadas en el siglo XIX por el imperio británico para aplastar libertades e invadir la intimidad de las personas, como ocurre ahora con las medidas de excepción de los "regímenes corona", basadas en el abuso de la prueba PCR y el viciado protocolo Drosten (ver cormandrostenreview.com y https://cutt.ly/MbxbjYQ).

Al respecto, Wolf ha criticado las medidas y leyes de emergencia en muchas entidades estadunidenses, que con el sello de un "estado policial" suspendieron el debido proceso legal; cerraron empresas, escuelas, parques y playas ; impusieron multas a quien no llevara mascarillas al aire libre y restricciones al derecho de reunión; proyectan "pasaportes de vacunas" que se saltan la Cuarta Enmienda de la Constitución, permitiendo al gobierno y a las corporaciones tecnológicas ( big tech) inmiscuirse en la privacidad médica y crear un estado de vigilancia digital integral.

Ha cuestionado también la supresión de la libertad de expresión, la censura, las amenazas, la marginación y el ataque a la reputación de médicos y científicos que disienten con los experimentos masivos en seres humanos con vacunas basadas en genes sin un consentimiento informado (Código de Nuremberg), por las grandes corporaciones tecnológicas y el magnate Bill Gates, así como el "secuestro" de la ciencia en aras del "biofascismo" y para beneficio de grandes intereses farmacéuticos.

Según Wolf, para servir a los intereses de ese biofascismo –representado por la "nueva normalidad" del Foro Económico Mundial de Davos, el "paso 10" médico-fascista−, las plataformas del Proyecto de Seguimiento Covid y la Universidad Johns Hopkins, patrocinadas por Michael Bloomberg y Bill Gates con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, han manipulado la verdad y proporcionado datos no verificados que afectan directamente a los mercados de valores. Y lo más grave, el nuevo biofascismo "es una guerra contra los seres humanos y las cualidades que nos hacen humanos"; las mascarillas –que pueden producir severos daños físicos, síquicos y sociales, ver doi.org/10.3390/ijerph18084344−, rompen la capacidad de relacionarnos cara a cara y disfrutar del contacto humano, e implementar la escuela vía plataformas de aprendizaje a distancia de big tech, viola los derechos de los niños y garantiza que no sepan cómo comportarse en el espacio humano, un espacio no mediado o vigilado por la tecnología.

Hoy, las amenazas a la libertad, que en 2001 se justificaban con el terrorismo y antes con el comunismo, tiene un nuevo vestido: la pandemia sanitaria con mutaciones estacionales ad eternum… De allí que, a juicio de Wolf, recuperar el espacio y la cultura "analógicos" −el contacto humano− sea hoy la gran fuerza revolucionaria de resistencia a esa forma de biofascismo integral y para recuperar la libertad humana.

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Salvadoreños mostraron su rechazo en las calles de la capital de su país ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de destituir a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Foto Afp

Sociedad civil y oposición de El Salvador llaman golpe de Estado a las primeras acciones de las bancadas oficialistas

 

San Salvador., “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

"Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)", todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.

"Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

"Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado", declaró el diputado René Portillo, de Arena.

La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.

El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar "a decenas de miles de salvadoreños", y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador "los hubiera fusilado a todos". "Salvas mil vidas a cambio de cinco", dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).

Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. "Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias", afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.

Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: "Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar", en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.

También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.

Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la "grave preocupación" de su país por la destitución de togados "y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático", mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un "asalto a la democracia".

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele".

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia".

Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.

Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.

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El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la "Movilización Nacional", que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

 

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la "reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares". Algo con "malas intenciones", sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). "Una coincidencia muy grande". Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente "poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria".

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. "Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo", alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. "Tiene apariencia de golpe, huele a golpe". Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, "un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo".

El cambio de piezas más inquietante en los últimos movimientos presidenciales ha sido la sustitución en el ministerio de Defensa: el general Fernando Azevedo e Silva, cesado fulmimantemente, sin explicaciones previas, deja paso a otro general, Walter Souza Braga Netto. Azevedo e Silva había demostrado en numerosas ocasiones que entiende las Fuerzas Armadas como entes fieles al pueblo, autónomas y neutrales, y no aparatos de un Gobierno en particular. Los comandantes del Ejército (Edson Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antonio Carlos Moretti) cerraban filas con él. En una nota oficial conjunta publicada en noviembre recordaban que la Constitución hace hincapié en "la característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria"

Braga Netto, ministro de Defensa: matanza y tortura

El general Braga Netto, por su parte, es mucho más expeditivo. Su acumulación de poder está siendo fulgurante en el último lustro. Pasó de ser el comandante del Comando Militar del Este a ser nombrado por el presidente Michel Temer interventor federal de Río de Janeiro, cuando el sucesor de Dilma Rousseff decidió militarizar la seguridad pública de uno de los estados más agitados de Brasil. Una vez acabada esa misión, y ya con Bolsonaro en el poder, Braga Netto asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo que se confirmaba su transición a la reserva, en febrero de 2020, el presidente le reclamó para el Gobierno, liderando el ministerio de la Casa Civil, donde ha permanecido poco más de un año antes de pasar a dirigir la cartera de Defensa.

En la etapa del general Braga Netto como comandante del Comando Militar del Este uno de sus destacamentos estuvo involucrado en lo que se conoció como la "Matanza de Salgueiro", en el Complexo de favelas de Salgueiro (municipio de São Gonçalo, Río de Janeiro). En su periodo como interventor federal en Río de Janeiro estalló el caso de la Sala Roja de la tortura, que Público desarrolló en dos reportajes: el mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño. Braga Netto logró bloquear las investigaciones en ambos episodios.

Para entender los sucesivos requiebros de Bolsonaro al frente del Ejecutivo hay que centrar la mirada en el porcentaje de fieles estimado –en torno a un 15%– que se agrupan entre los ciudadanos que aún consideran positiva su administración –cerca de un 30%, con pocas variaciones a lo largo del tiempo–. Uno de los principales objetivos del presidente, de cara a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022, es conservar esta franja más radical de su electorado. No todos los candidatos pueden presumir de esa fidelidad de antemano de cara a unos comicios. Volverá a ser, para Bolsonaro, el perfecto punto de partida. Sus reacciones revelan autoridad, ante las dudas aparecidas sobre su capacidad para dirigir el país –ha subido el rechazo a su gestión también, sobre todo tras el fin del auxilio emergencial, que ahora vuelve pero a menos escala–, y esa autoridad de momento satisface a sus seguidores más acérrimos.

La posición de la Fuerzas Armandas

Lo que nunca ha conseguido atar al cien por cien Bolsonaro es algo que sellaría más si cabe su base de apoyo social: el apoyo sin fisuras de la mayoría de los militares. En el seno de las Fuerzas Armadas el pensamiento más extendido es que la imagen de las corporaciones está saliendo perjudicada formando parte del gobierno Bolsonaro, y eso es el principal capital de la institución. Las Fuerzas Armadas cerraron el régimen militar (1964-1985) casi sin despeinarse, sin un solo rasguño, protegidas por una ley de amnistía que evitó cualquier indagación judicia sobre la barbarie de la dictadura. Los militares presumen, encuesta tras encuesta, de ser la institución mejor valorada por los brasileños. La sensación de desprestigio se agudizó con la figura del general Eduardo Pazuello, sin ningún conocimiento del sistema público de salud, encabezando el ministerio de sanidad. Su especialidad, anunciaron desde las altas esferas, era la logística. Pazuello, ya exministro –tercer exministro–, va camino de ser imputado por la falta de suministro de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas a principios de enero.

"La mayoría de los altos mandos dieron el aval al gobierno Bolsonaro", recalca el diputado Ivan Valente. "Sucede que se ha demostrado que el Gobierno es desastroso, por lo cual ahora gran parte de ellos no quiere ser una guardia pretoriana del presidente y su familia. Bolsonaro quiere que estén a su servicio". Valente cree que aún es posible confiar en las Fuerzas Armadas, y, contextualizando cada época, hay bastantes diferencias entre 2021 y 1964, año del último golpe militar, que Bolsonaro conmemora cada 31 de marzo: "Actualmente no hay espacio nacional ni internacional para que Brasil sea Myanmar".

El trauma de ver a las Fuerzas Armadas en el poder es "muy grande", comenta Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) para este reportaje. "Una parte de las Fuerzas Armadas se equivocó al entrar en el gobierno Bolsonaro, que ha militarizado el Ejecutivo de manera desproporcionada". A la hora de la verdad, para tranquilidad de Santa Cruz, de la OAB y de buena parte de la población, "los comandantes han tenido buen comportamiento" en los momentos de máxima tensión.

Por si no hubiera suficiente presión para Bolsonaro, el Efecto Lula sigue su curso, tras el regreso al tablero político del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo. El bloque parlamentario del Centrão –grupo de partidos de derecha y centroderecha–, necesario como base de apoyo para cualquier Ejecutivo, se vende ahora mucho más caro que antes del resurgimiento del expresidente Lula da Silva, a dieciocho meses de las elecciones presidenciales. Lula conoce bien al Centrão y suele gestionar bien su influencia –eso a Dilma Rousseff se le escapó en 2016–. De aquí surge la decisión más arriesgada para Bolsonaro en la reforma ministerial de esta semana: ceder uno de los ministerios "de palacio" –los que comparten sede con el presidente de la República– al Partido Liberal, miembro del Centrão. La diputada federal Flávia Arruda ocupará el cargo de ministra de la Secretaría del Gobierno.

Entre los últimos movimientos presidenciales lo único que se veía venir era el derrumbe del canciller Ernesto Araújo. Las críticas del Congreso Nacional eran ya insufribles para el Gobierno. Araújo, falto de diplomacia y sobrado de arrebatos ideológicos, consiguió en su etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores encrespar a Alemania, Israel y la comunidad judía mundial al afirmar que el nazismo y el fascismo son "movimientos de izquierda", y ha logrado también enfurecer a China, el mayor socio económico de Brasil, asegurando, entre otras cosas, que "el coronavirus hace despertar nuevamente la pesadilla comunista". Derecha, centro e izquierda coinciden en que su presencia ha perjudicado al país en unos meses en que urgía la negociación por vacunas. Su sustituto, Carlos Alberto Franco França, encargado de lavar –o al menos tratar de corregir– la imagen internacional de Brasil, no ha liderado ni una sola misión diplomática en el exterior, exactamente igual que Araújo.

Río de janeiro

01/04/2021 16:56 Actualizado: 01/04/2021 17:45

Víctor David López

Publicado enInternacional
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