Miércoles, 13 Enero 2021 05:32

Assange contra las Furias vengadoras

Assange contra las Furias vengadoras

Las Furias persiguen a Julian Assange. Son tres hórridas deidades, iracundas y vengadoras. La mitología griega las llama Alecto, Megera y Tisífone.

A Assange el poder lo quiere muerto. Así lo han denunciado personalidades cercanas a él y empeñadas en su causa, como Yanis Varoufakis, exministro de economía griego, Stefania Maurizi, periodista italiana que lo ha defendido desde el principio, y Roger Waters, la estrella de Pink Floyd. A Assange lo quieren muerto, lo dicen y lo repiten su madre, su padre, su compañera. Naciones Unidas, a través de Nils Melzer, especialista en tortura y maltrato, ha declarado que la vida de Assange está en riesgo.

La disyuntiva que le ofrece el Poder no es absolución o condena; libertad o cautiverio; Estados Unidos o Inglaterra. Es entre tres formas de muerte: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Tres, como las Furias, Erinias o Euménides. La pena de muerte podría estar representada en Alecto, la de la cabellera de serpientes. El suicidio forzado, en Megera, la que llora sangre. Y el entierro en vida en Tisífone, la portadora del látigo.

Hoy Assange celebra un triunfo parcial. La extradición a los Estados Unidos, que pendía sobre él como espada de Damocles, ha sido denegada por una jueza de Gran Bretaña. Queda pendiente el resultado de la apelación. La extradición significaría para Assange la pena de muerte, castigo máximo y ejemplarizante contra quien tachan de espía, traidor y enemigo de su nación. Estados Unidos, que necesita mantener en secreto sus propios crímenes, acusa de criminal al hombre que los revela.

La justicia inglesa ha rechazado la extradición aduciendo que Assange podría quitarse la vida si lo encierran en una de las rudas cárceles norteamericanas. Por aquí asoma la sombra de Magera, la Furia del suicidio forzado. El veredicto no se basa en la afirmación de que Assange es inocente. Tampoco reconoce que cualquier condena que se le imponga implica demoler las bases de la libertad de prensa. Pasa por alto el absurdo jurídico en que incurre Estados Unidos al exigir que Inglaterra le entregue un periodista australiano que develó secretos militares en Afganistán e Irak. Y sienta un precedente para que cualquier periodista que en cualquier parte denuncie crímenes de cualquier país pueda ser extraditado… a menos de que se suicide.

En el viejo juego cruelmente infantil del ahorcado hay que dibujar un muñequito, parte a parte, a medida que el jugador falla: los brazos, las piernas, la cabeza, los ojos y, al final, el cadalso: una soga al cuello que da sentido al pasatiempo. Assange, atormentado, acorralado y presionado hasta el límite de su resistencia, no encontraría otra salida que infligirse la muerte. Es lo que se presupone. La ironía radica en que la propia Justicia acorrala, atormenta y presiona a Assange hasta el borde del suicidio, y luego pretende protegerlo impidiendo que se suicide. Se lava las manos, como Poncio Pilatos: No te vamos a extraditar, pero no por inocente, sino por débil. De manera parecida el todopoderoso y benévolo Estado británico te exime del tormento porque eres propenso a la depresión y proclive al suicidio. Así, sale del problema sin reconocer que lo cierto es precisamente lo contrario: fortaleza por parte de Assange, y fragilidad de unos Estados consumidos en la suciedad de sus secretos.

Esto sienta precedente y tiene antecedentes. Se afinca en una antigua forma de ejecución que le daba a la víctima la opción de elegir entre cometer suicidio o una alternativa peor, como la pena de muerte, la tortura, el destierro, la deshonra o la prisión perpetua. Suicidio forzado: si no te matas, te matamos. Visto desde otro ángulo, el suicidio se asumía como acto de desafío, como derrota de la autoridad que te derrota: si no queda nada más por quemar, incendias tu propio corazón. Es el caso de Sócrates, cuando, detenido en Atenas bajo la acusación de corromper a la juventud con sus enseñanzas, remata la farsa tomándose la cicuta. Séneca, el gran tribuno, condenado a muerte en Roma por su supuesta participación en una conjura contra Nerón, se corta las venas y se desangra en una bañera. (Por estos mismos lados se despeña Frank Pentangeli en El Padrino II) En 1925, Yukío Mishima, escritor japonés, nostálgicamente proimperial, se reúne con un pequeño grupo de samuráis tras el fracaso de su revuelta, y siguiendo un código ético que exige morir con honor antes que aceptar la derrota, comete suicidio por harakiri, o ritual de desentrañamiento.

Este escenario de suicidio forzado desciende hasta nuestros días y se generaliza entre quienes develan los crímenes de Estado. En 2010, la norteamericana Chelsea Manning, soldado transgénero y analista de inteligencia, descubrió constancia de atrocidades, torturas y masacres cometidas por su Ejército en Afganistán y en Irak. No quiso ser una burócrata que, cerrando los ojos y limitándose a cumplir órdenes, encarnara lo que Hanna Arendt llamó la banalidad del mal. En cambio, pese al alto riesgo que corría, tomó la decisión de pasarle el material a Wikileaks, el portal de Julian Assange.

Uno de los materiales que le entregó fue el video hoy conocido como Collateral Murder. Muestra un episodio de 2007, en Bagdad. El personal de un helicóptero Apache del Ejército norteamericano masacra con entusiasmo, como en un videojuego, a doce civiles iraquíes. Entre ellos se hallaban dos periodistas de la agencia Reuters que caminaban pacíficamente por una calle, y a los que después intentarían hacer pasar por terroristas en un típico caso de falsos positivos. La otra cara de esa historia es significativa. Por ese video y materiales semejantes, Trump pide en extradición a Assange. Pero más adelante concedió el perdón presidencial a los mercenarios de Blackwater, condenados precisamente por masacrar, en ese mismo 2007, a catorce civiles en una plaza de Bagdad. Resulta, así, que Trump considera perdonable el crimen cometido, pero severamente punible el denunciarlo.

Descubierta por sus filtraciones, acusan a Manning de 22 ofensas y decretan su baja deshonrosa. Una de sus transgresiones amerita sentencia de muerte: traición a la patria por ayudar al enemigo. Reducida a confinamiento total en una instalación de máxima seguridad, la liberan al cabo de siete años, luego de haber protagonizado una huelga de hambre y cometido dos intentos de suicidio.

En 2013, el programador prodigio de Norte América, Aaron Swartz, conocido como el Hijo de Internet, consideró que era una actitud miserable no compartir conocimientos como los que él mismo había recibido en universidades de élite. Fue detenido bajo cuatro cargos de fraude informático e intento de publicar bases privadas de datos. El Estado aumentó la pena inicial de un millón de dólares y 35 años de cárcel, a cuatro millones y 50 años. Fue tal la presión, tan abrumador el corredor sin salida, que Swartz se suicidó colgándose de una soga, como en el juego macabro del ahorcado.

Miles de anónimos, enardecidos por el suicidio forzado de Swartz, desataron una andanada de ciberataques contra sitios web de las agencias de inteligencia. Urgida de castigo ejemplarizante, y para ponerle nombre a una multitud anónima, la Justicia escogió como víctima a Lauri Love, un joven hacker británico y autista llamado ni más ni menos que Amor. Love venía haciendo severas trapisondas informáticas con un computador que mantenía escondido en un armario de la casa de sus padres en Londres, y fue detenido bajo cargo de robo masivo de datos oficiales. En claro antecedente de lo que ahora acaba de suceder con Assange, Inglaterra negó su extradición aduciendo motivos de salud mental que lo llevarían a la extrema depresión y al suicidio.

Entra ahora en escena Tísifone, la Furia del látigo y el entierro en vida. La tercera muerte. A Assange lo han eximido de la extradición, pero le han negado la libertad condicional, y sigue en la cárcel de Belmarsh, el Guantánamo inglés, donde ha permanecido durante los últimos tres años, recluido 23 horas al día en aislamiento total y privación sensorial. En la celda, su lucha contra Tisífone es constante. Si quiere sobrevivir, debe mantenerla a raya. Yanis Varoufakis, que lo visitó en Belmarsh el pasado junio, pudo ver cómo resiste minuto a minuto, decidido a conservar a toda costa la integridad y la lucidez. “Tan pronto bajo la guardiaI loose it, me pierdo”, le dijo a Varoufakis. Pedro Miguel, del diario mexicano La Jornada, conoce personalmente a Assange y opina que “nadie está mejor preparado que él para la situación que le ha tocado enfrentar”.

Me acusan de ser un demonio, un monstruo. La frase es del propio Assange. Pero monstruo viene de mostrar. Monstruo es el que muestra, y la ordalía de Assange nos muestra cómo el Poder manipula a la Justicia. Cualquiera de las tres formas de muerte que se le apliquen a Assange sería un golpe de gracia para la libertad de prensa. Verlo vivo, lúcido y libre es la batalla de su vasta red solidaria, y de todo periodista, investigador, informador, filtrador, escritor, artista, académico o hacker que crea en el derecho a informar y a ser informado. Y que revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

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Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

Publicado enColombia
Sábado, 24 Octubre 2020 05:36

La puñalada

La puñalada

Los medios globales y su abandono de Julian Assange

 

Mientras se lo juzga para ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión, la suerte del periodista australiano brilla por su ausencia en las portadas de los principales periódicos de alcance mundial. Detrás de ese silencio asoma una política de complicidades que hiere de muerte la noción misma de periodismo.

El 4 de enero se sabrá la suerte de Julian Assange. Ese día, en Londres, la Justicia británica decidirá finalmente si concede o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje. Si así fuera, si los jueces de Su Majestad consideraran que la demanda es pertinente y la condena a la que podría ser sometido al otro lado del Atlántico no es «desproporcionada» o incompatible con el «respeto a los derechos humanos», el casi quincuagenario australiano podría pasar el resto de su vida en la cárcel: los cargos que se le imputan en Estados Unidos le valdrían una condena de 175 años.

Julian Assange está detenido en una cárcel de alta seguridad inglesa desde abril de 2019, en condiciones denunciadas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas como análogas a la tortura. Los siete años anteriores los pasó en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012, cuando en Quito gobernaba Rafael Correa. Assange era reclamado entonces por la Justicia sueca debido a acusaciones de violación que terminaron siendo abandonadas por su endeblez (véase «Operaciónmasacre», Brecha, 7-II-20). Él ya temía que la demanda sueca fuera parte de un plan para entregarlo –tras una breve escala judicial en Estocolmo– a Estados Unidos. La llegada al gobierno de Ecuador, en 2017, de Lenín Moreno, que acabó alineado con Washington, supuso el descenso del australiano a los infiernos: primero le hicieron la vida imposible en la embajada, luego le sacaron la protección. La Policía inglesa lo detuvo apenas pudo traspasar la puerta del local diplomático. En Washington, el gobierno de Donald Trump se refregó las manos (lo mismo habría hecho Hillary Clinton de haber ganado las elecciones de 2016): por fin podría darle su merecido a este «espía», acusado fundamentalmente de haber revelado, desde 2010, cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán; entre ellos, pruebas de asesinatos cometidos por las fuerzas estadounidenses en el marco de conflictos en los que los aliados de la superpotencia también están implicados. Desde Wikileaks, Assange había hecho eso y mucho más: denunció tramas de corrupción y enjuagues múltiples de multinacionales y fue de los primeros en advertir sobre la magnitud a la que llegaría el ahora llamado capitalismo de vigilancia.

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A pocos parece interesarles hoy la suerte del australiano. Como otros célebres «lanzadores de alertas» (whistleblowers), del tipo de Edward Snowden y Chelsea Manning, Assange se ha quedado solo. Medios de prensa que gran lucro obtuvieron en su momento, cuando el fundador de Wikileaks los eligió a ellos para difundir sus filtraciones (The Guardian, El País de Madrid, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre otros), le han soltado la mano. Poco y nada se puede leer en esos diarios o semanarios –que, en su mayoría, pasan por progresistas– sobre las condiciones de detención de Assange en la prisión de alta seguridad de Belsmarch o sobre el propio proceso de extradición, cuyas irregularidades y los peligros que estas representan para el derecho a la información han denunciado abogados, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios independientes. Abundan, en cambio, en esas publicaciones progres, los relatos sobre el «vedetismo» y el «narcisismo» del australiano, sus aventuras sexuales, sus «excesos», su «afán de poder», su «decadencia».

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En una nota publicada originalmente en Counter Punch (rebelión.org difundió su versión española en dos partes, el 2 y el 3 de octubre, bajo el título «¿Por qué The Guardian guarda silencio?»), el periodista británico Jonathan Cook sostiene que, cuando Assange concedió a esos medios la exclusiva de sus filtraciones, ya era consciente de que en algún momento podría ser víctima de una puñalada trapera. Si había habido un acuerdo entre Wikileaks y esas publicaciones era porque circunstancialmente ambos ganaban. Pero, en verdad, poco los unía. Cook recuerda que cuando Barack Obama lanzó, en 2011, su ofensiva contra Assange, al que denunció en función de una draconiana ley de espionaje que data de 1917, la estrategia estadounidense estaba basada en crear una brecha entre el fundador de Wikileaks y los medios liberales que habían colaborado con él. Nada tenían que temer esos medios ni sus periodistas: habían obrado de buena fe, decían por entonces los abogados de la Casa Blanca. Assange, en cambio, no era un periodista, apenas un espía que pretendía dañar a Estados Unidos.

Los defensores de Assange optaron entonces por la contraria: Assange no sólo era periodista, sino que practicaba el periodismo del bueno, ese que deja al desnudo las manipulaciones y el accionar ilegal de los poderosos del mundo. El propio fundador de Wikileaks afirmaba en una entrevista que concedió a su compatriota Mark Davis en 2011: «Si he conspirado para cometer espionaje, todos los otros medios de comunicación y sus principales periodistas también han conspirado para cometer espionaje». «Lo que hace falta es tener un frente unido en este asunto», agregaba, invitando a quienes habían sido sus socios a seguir con la colaboración. Pero no hubo tal frente: convocado por el Ministerio de Justicia estadounidense, el editor de The New York TimesBill Keller dijo que su diario se había limitado a obrar como receptor pasivo de la documentación enviada por Wikileaks. Era una falsedad (todos los medios que recibieron las filtraciones las ordenaron y «trabajaron»), pero marcaba lo que sería, de ahí en más, la actitud de las publicaciones liberales en este asunto. Aun así, destaca Cook, el gobierno de Obama no encontró la manera de imputar a Assange sin, al mismo tiempo, perjudicar a medios tradicionalmente aliados del Partido Demócrata, como el propio Times y The Washington Post, y a sus principales plumas. Debió, entonces, abandonar esa línea.

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La estrategia desplegada actualmente por los abogados estadounidenses es la opuesta: reconocen explícitamente la condición de periodista de Assange y, tal como lo advertía él mismo años atrás, al hacerlo lanzan una advertencia contra todos los periodistas que intenten, de lejos o de cerca, seguir el camino de los wikileakeros: corren el riesgo de ser imputados por espionaje allí donde se encuentren. De este cambio de línea, que se produjo durante el juicio de extradición que se sigue en Londres y que supone una amenaza para la profesión periodística como tal, ni una línea se publicó en aquellos grandes medios que buen partido sacaron de su colaboración de antaño con Wikileaks, denuncia Cook. En Gran Bretaña, The Guardian ha obrado, de hecho, como punta de lanza de las acusaciones contra Assange.

Durante el proceso, investigadores independientes han denunciado «prácticas desleales» de los editores del venerado matutino británico, así como de otros medios asociados. Entre las principales acusaciones estadounidenses contra Assange, se afirma que en la documentación que filtró aparecían los nombres de agentes secretos que por su culpa corrieron el riesgo de ser asesinados y que el australiano era muy poco cuidadoso en su forma de operar. David Leigh, editor de The Guardian que trabajó con Assange en 2011, hizo esa misma afirmación en un libro que publicó aquel año junto con otro periodista del mismo diario, Luke Harding: Wikileaks: Inside Assange’s War on Secrecy. Christian Grothoff, experto en informática de la Universidad de Berna; John Goetz, periodista de Der Spiegel; Nicky Hager, periodista de investigación neozelandés, y John Sloboda, profesor y miembro del Iraq Body Count (un proyecto que contabiliza los muertos de la guerra de Irak),relataron, en cambio, que fueron «sus socios mediáticos» –en especial Leigh– quienes presionaron a Assange para que les brindara las sumamente engorrosas contraseñas que utilizaba para encriptar la documentación.

Grothoff, Goetz, Hager y Sloboda colaboraron con el australiano en eliminar nombres en los cables a filtrar. «Assange podía llegar a ser exasperante en su minuciosidad […]. En esa época me irritaba mucho su obsesión por recordarnos constantemente que debíamos asegurarnos, que necesitábamos encriptarlo todo, que teníamos que usar chats encriptados. Yo creía que era un insensato y que estaba paranoico, pero luego el procedimiento se convirtió en la práctica periodística normalizada», dijo, por ejemplo, Goetz en una de las recientes audiencias de extradición. En su libro, Leigh reveló una de las contraseñas generadas con esa metodología y «ese escandaloso error de The Guardian abrió la puerta para que cualquier servicio de seguridad del mundo penetrara en los documentos una vez que pudieron crackear la sofisticada fórmula de Assange para idear claves», indica Cook. «Gran parte del furor provocado por la supuesta incapacidad de Assange de proteger los nombres en los documentos filtrados por él publicados –lo que ahora es el núcleo del caso de extradición– viene del papel que jugó Leigh en el sabotaje del trabajo de Wikileaks. Assange debió realizar una operación de control de daños debido a la incompetencia de Leigh, la que lo obligó a publicar los documentos a toda prisa, para que cualquiera que estuviera preocupado por si era nombrado en los documentos pudiera saberlo antes de que servicios de seguridad hostiles lo identificaran», añade.

En cuanto a Harding, el coautor del libro de Leigh, fue quien hace un par de años difundió, en el propio The Guardian, una serie de «revelaciones» –que luego se comprobaron falsas– sobre supuestas reuniones de Assange con enviados del gobierno de Trump y agentes rusos, que habrían tenido lugar mientras el australiano estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La tesis de The Guardian, así como de The New York Times y The Washington Post, es que fue para apuntalar la elección de Trump que Wikileaks filtró en 2016 el contenido de reuniones de la dirección demócrata en las que se perjudicaba al socialista Bernie Sanders y se favorecía a Hillary Clinton. Cook recuerda que, de la misma forma que los dos diarios estadounidenses operaron abiertamente en favor de Clinton en aquella interna partidaria (la misma Clinton que, según se reveló en 2016, llegó a barajar la posibilidad de eliminar a Assange con un dron), The Guardian hizo todo lo que estuvo a su alcance para sabotear al socialista Jeremy Corbyn, a quien asoció con el antisemitismo y tildó de «populista de izquierdas» cuando este dirigía el laborismo británico.

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En la entrevista de 2011 con Mark Davis, Assange se refería a sus «socios mediáticos» en estos términos: «Lo que mueve a un diario como The Guardian y The New York Times no son sus valores éticos, sino su mercado. En Reino Unido ese mercado es el de los “liberales educados”. […] El periódico no es un reflejo de los valores de la gente que forma esa institución, sino un reflejo de la demanda del mercado». Cook aporta, en su nota de CounterPunch, su propia reflexión: La indiferencia de los grandes medios de comunicación ante el juicio a Assange «pone de manifiesto que practican muy poco el tipo de periodismo que supone una amenaza para los intereses empresariales y del Estado y que desafía al poder real. No sufrirán la suerte de Assange porque no pretenden hacer el periodismo en el que se especializaron Assange y Wikileaks». En Estados Unidos, medios como The New York Times y The Washington Post «reflejan los mismos defectos que los partidos Demócrata y Republicano», piensa el británico: «Celebran el capitalismo globalizado basado en el consumo, favorecen una política insostenible de crecimiento infinito en un planeta finito e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y esquilmadoras de recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y los partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente, porque están integrados en la misma estructura de poder». Wikileaks, en cambio, «nos ha permitido contemplar al poder en bruto, desnudo, antes de que se vista de traje y corbata, se engomine el cabello y esconda el cuchillo».

Por Daniel Gatti
23 octubre, 2020

Publicado enInternacional
Sancho R. Somalo

Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.

 

Diciembre de 2006. Wikileaks publica un documento, supuestamente firmado por el jeque somalí Hassan Dahir Aweys, en el que ordenaba la contratación de sicarios para asesinar a varios cargos del gobierno de este país. La publicación del documento, según describe The New Yorker en un artículo publicado cuatro años después, se realizó a pesar de que no estaban seguros de su autenticidad, advirtiendo de ello y pidiendo a los lectores colaboración para su análisis. 

Casi 14 años y decenas de publicaciones después, la cara más visible de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a su extradición a Estados Unidos, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. La resolución sobre la extradición de Assange se hará pública el próximo 4 de enero, durante el proceso de nombramiento del presidente de Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. Si la justicia británica da luz verde a la extradición, el activista australiano irá a juicio en Estados Unidos, donde se le acusa 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que se enfrenta a 175 años de cárcel. 

Mientras, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al que habría sido sometido Assange durante su estancia en la embajada ecuatoriana por parte de la empresa UC Global, a cargo del exmilitar español David Morales. Según los documentos de la investigación, a los que ha podido acceder El Salto, Morales habría vendido durante años información sobre el activista a la CIA, institución a la que, en conversaciones con los trabajadores de la empresa, denominaba “el amigo americano”, a través del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su equipo de seguridad. 

Estados Unidos acusa a Julian Assange de un delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva a cabo en la División de Alejandría de la Corte de Virginia. Entre las filtraciones citadas en la acusación, con fecha 23 de mayo de 2019, aparecen:

*La enciclopedia de la CIA ‘Intellipedia’.

*Reglas de Compromiso de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

*Procedimientos de interrogatorios en Guantánamo y documentos sobre los detenidos en esta instalación.

*Vídeos sobre interrogatorios realizados por la CIA.

*Información sobre armamento.

*Telegramas del Departamento de Estado de Estados Unidos, filtración denominada Cablegate.

En junio de 2020, Estados Unidos amplió la acusación contra Assange, sin aumentar los cargos presentados contra él. La ampliación le acusaba también de conspirar junto a hackers del colectivo Anonymous. 

14 años filtrando secretos de Estado

El documento sobre Hassan Dahir Aweys fue el primero publicado por Wikileaks, una organización entonces dirigida por el activista australiano Julian Assange como uno de los proyectos de una organización de periodistas y programadores llamada The Sunshine Press.

El dominio había sido registrado tan solo dos meses antes y, aunque esa primera publicación pasó prácticamente desapercibida, supuso su presentación en sociedad y fue pronto seguida de filtraciones de información sensible que dieron la vuelta al mundo: en agosto de 2007, The Guardian publicó un reportaje sobre el robo de mil millones de libras esterlinas por parte de la familia del expresidente keniano Daniel arap Moi, una información obtenida a partir de un informe realizado por la consultora Kroll al que habría tenido acceso a través de Wikileaks.

Ese mismo año, Wikileaks publicó un manual del ejército estadounidense sobre procedimientos operativos en el centro de detención de Guantánamo, un documento que la American Civil Liberties Union llevaba solicitando desde 2003 en base a la Ley de Libertad de Información —ese sistema de acceso a la información institucional que en España se aprobó en 2013 pero que en Estados Unidos está vigente desde 1967— y en el que se describe las torturas a las que eran sometidos los detenidos en esta instalación, como el uso de perros para intimidar a los prisioneros.

En 2008, a través del banquero y denunciante Rudolf Elmer —que fue después condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 9.500 euros—, Wikileaks denunció cómo el banco suizo Julius Baer usaba las Islas Caimán para facilitar que sus clientes evadieran impuestos. Vídeos de disturbios civiles en Tíbet previamente censurados por el Gobierno chino, documentos internos de la iglesias de la Cienciología, informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Kenia —que supusieron que Amnistía Internacional premiara a Wikileaks por su labor de difusión— o listas de los militantes del Partido Nacionalista Británico, de extrema derecha son algunas de las publicaciones que siguieron en 2008.

En 2009, Wikileaks continuó su trabajo publicando, entre otras cosas, informes que probaban como Barclays ayudaba a evadir impuestos a sus clientes —que habían sido publicados previamente por The Guardian, medio que fue obligado por la justicia británica a despublicarlos—, también artículos sobre las reuniones del Club Bilderberg, el caso Petroaudios —compra de contratos petrolíferos en Perú—, sobre los préstamos realizados por el Kaupthing Bank —el mayor banco de Islandia— a sus principales accionistas poco antes de la crisis financiera en el país o las comunicaciones entre las instituciones gubernamentales estadounidenses el 11 de septiembre de 200, día del atentado de las Torres Gemelas. 

Pero 2010 fue el año en el que las informaciones difundidas por Wikileaks llegaron a un punto de inflexión. El 5 de abril de ese año, sacaron a la luz, bajo el nombre de Collateral Murder, un vídeo de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque sobre población civil producido el 12 de julio de 2007 en el barrio Nueva Bagdad, en la capital iraquí, en el que murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. 

Un mes después, la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning fue detenida y encerrada en régimen de aislamiento en una prisión militar en Virginia durante casi un año para pasar después a una prisión en Kansas hasta su juicio en 2013, en el que fue condenada a 35 años de cárcel, pena conmutada en 2017 por Barack Obama. Su delito: haber filtrado los documentos y vídeos de ataque de Bagdad y otros archivos que serían publicadas por Wikileaks a lo largo de ese año y los siguientes.

La serie de documentos Afghan War Diaries, publicada en julio de 2010, fue el siguiente petardazo: una colección de cerca de 91.000 informes militares datados entre 2004 y 2010 en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en este país a manos de soldados estadounidenses, el supuesto apoyo a los talibanes de países como Irán o Corea del Norte, los pagos a medios de comunicación afganos para limpiar la imagen del ejército estadounidense o el consumo de prostitución infantil por parte de contratistas en el país del Ejército estadounidense.

En octubre de 2010, los Iraq War Logs, otros más de 391.000 documentos, esta vez sobre la guerra en Iraq de 2004 a 2009 en los que se contaban 15.000 muertes de civiles que nunca habían sido admitidas por Estados Unidos. Y un mes después, el Cablegate ponía a disposición, primero de cinco grandes medios de comunicación —El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times— y después de todo el mundo 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados que tiene por todo el mundo.

¿Qué sacaron a la luz estas filtraciones? El espionaje ejercido por Estados Unidos y Reino Unido sobre el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, semanas antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq; la filtración de espías cubanos en Venezuela o las presiones de Estados Unidos al Gobierno español —entonces en manos del PSOE— para obstaculizar la investigación sobre la muerte en Iraq del cámara José Couso, a causa de un ataque del ejército estadounidense sobre el Hotel Palestina en 2003 —sepultado definitivamente por la reforma de la justicia universal aprobada en España por el Partido Popular en 2014.

A partir de entonces, aunque continuaron las filtraciones —documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia, también de la agencia privada de inteligencia Stratfor, de cargos políticos de Siria...— la atención ya estaba más enfocada sobre el propio Julian Assange que sobre la información difundida por Wikileaks. 

Comienza la carrera de procesos jurídicos contra Assange. El 21 de agosto de 2010 la justicia sueca ordena el arresto de Assange por la presunta violación de la opositora cubana Anna Ardin. Pocas horas después, la fiscalía retira la acusación, pero en septiembre se vuelve a abrir. Assange ya no estaba en Suecia entonces y en diciembre de ese año, después de que Interpol cursara una alerta roja para su detención, se presenta en una comisaría en Reino Unido y pocos días después es puesto en libertad bajo fianza.

En febrero de 2011, Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Suecia para ser juzgado por violación. Un año y pocos meses después, Ecuador lo acoge en su embajada en Londres, donde Assange pasa siete años de su vida hasta que, tras el cambio de gobierno en el país latinoamericano y su retirada de asilo político, la policía británica le detiene a petición de Estados Unidos, que ya había presentado una acusación contra él con una petición de 175 años de cárcel. Eso fue el 11 de abril de 2019. Assange fue condenado por Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional y enviado a la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres. Antes de que se cumpliera esa condena, Suecia había retirado la acusación de violación contra Assange.

Extradición y espionaje

En septiembre, tras varios meses de retraso por el covid-19, comienza el juicio en Reino Unido para decidir sobre la extradición de Assange a Estados Unidos. Según explica el medio inglés The Intercept, la primera magistrada asignada al caso Assange se retiró después de que saliera a la opinión pública las relaciones de su familia con los servicios secretos y con la industria militar. La juez que le tomó el relevo y ha presidido las sesiones del juicio tiene en su haber la aprobación de 23 de las 24 extradiciones sobre las que ha decidido, y en seis de ellas la justicia del país finalmente decidió rechazar la extradición.

El juicio se celebró a pesar de que los abogados de Assange pidieron más tiempo para poder preparar el caso, ya que solo habían podido reunirse con el activista un par de veces, y bajo vigilancia, en la cárcel en la que estaba recluido. Y se celebró con Assange metido en una caja de cristal, sin poder hablar con sus abogados durante las vistas. Ni siquiera pudo escuchar todo lo que se decía en la sala, debido a problemas en el sistema de sonido en su caja de cristal.


Las altas posibilidades de que Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos y sus problemas de salud, agravados por su confinamiento en la embajada de Ecuador y aún más por su más de un año en la cárcel londinense, en la que no se le dejó ni siquiera usar sus gafas ni una radio fueron una de las argumentaciones de la defensa de Assange. “El señor Assange ha sido expuesto deliberadamente, por un periodo de varios años, a persistentes y progresivamente severas formas de trato cruel, inhumano y degradante, los efectos acumulados de estos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, afirmó durante el juicio el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.

Pero en las vistas celebradas en Londres para decidir sobre la extradición de Assange también se habló de otra investigación en la que el activista es la víctima: el espionaje cometido por él durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global. El caso, investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuenta con numerosa información sacada de los ordenadores de la empresa del ex militar jerezano David Morales y de varios ex trabajadores de la empresa, que afirman que las imágenes y audios grabados en secreto de Assange y las personas que le visitaban en la embajada eran facilitados a la CIA.

Espiado por una empresa jerezana

UC Global, empresa con sede en Jerez y dirigida por el exmilitar David Morales, comenzó a trabajar para Ecuador en 2015, prestando servicio de seguridad a las hijas del entonces presidente del país, Rafael Correa. Poco después, ampliaría los servicios al país ocupándose de la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. ¿Por qué Ecuador contrataría a una empresa española para prestar servicios de seguridad en Londres? La razón esgrimida inicialmente era esquivar los problemas burocráticos que conllevarían llevar a Reino Unido trabajadores desde Ecuador, sin embargo, según aparece en los documentos de la investigación, a los que ha tenido acceso El Salto, la empresa española habría realizado pagos a la jefa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. 

El escrito de la acusación explica como Morales, una vez que tuvo el contrato para la vigilancia de Assange, viajó a mediados de 2015 a Las Vegas para asistir a una feria de seguridad, donde presentó su contrato en la embajada ecuatoriana en Londres como su principal atractivo. A su vuelta de Las Vegas, el exmilitar afirmó a los trabajadores de UC Global que “desde ahora vamos a jugar en primera división” y que habían entrado en el “lado oscuro”.

La empresa de Morales firmaría poco después un contrato de seguridad con Las Vegas Sands, del magnate Sheldon Adelson, conocido simpatizante republicano y uno de los mayores donantes a la campaña de Donald Trump, quien tenía en su servicio de seguridad a varios exaltos cargos de la CIA. El contrato versaba sobre dar seguridad en un viaje en barco de lujo de Adelson por el Mediterráneo, aunque en el barco ya se contaba con un equipo propio de seguridad. Varios trabajadores que son testigos protegidos afirman que Morales les informó de que ahora trabajaban para las autoridades de Estados Unidos, ofreciéndoles información sobre Assange.

Cuando, en diciembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la acusación detalla, aportando imágenes y correos electrónicos de la empresa, cómo la vigilancia sobre Assange se fue agravando: cambiaron las cámaras, que inicialmente no grababan sonido, por otras que sí lo grababan —compradas en una tienda con el ilustrativo nombre de 'Espiamos'—; pusieron micrófonos hasta en el baño; instalaron unas pegatinas cuyo objetivo era bloquear los dispositivos de ruido blanco usados por Assange para evitar que grabaran sus reuniones; incluso escanearon la documentación y copiaron los datos móviles de las decenas de personas que visitaron a Assange en la embajada, desde políticos como Yanis Varoufakis a personalidades de sociedad y cultura como Pamela Anderson y Yoko Ono, o periodistas premiados con el Pulitzer como Glen Greenwald —precisamente premiado por las publicaciones que hizo a partir de otras filtraciones, las de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por Estados Unidos—. Incluso habrían grabado reuniones entre Assange y el jefe del Senain, el servicio de inteligencia que oficialmente les tenía contratados para que prestaran servicios en la embajada, o con Dana Rohrabacher, ex congresista republicano que habría sido mandado por Trump a la embajada para ofrecer a Assange un indulto a cambio de que afirmara que Rusia no estaba detrás de las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata —aunque después Rohrabacher desmintió que hubiera sido enviado por Trump—. También incluso habrían intentado robar el pañal de un bebé que acompañaba a amigos y abogados de Assange para analizar sus heces y comprobar si era hijo del activista. El contenido de las grabaciones, según explica la acusación, se compartía a las autoridades estadounidenses por parte de Morales en los habituales viajes —mensuales— que hacía a Estados Unidos, en donde tendría, como centro de operaciones, el hotel de Adelson.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado ya a testificar en la causa a Julian Assange, a varios de sus abogados, a Rafael Correa y al embajador de Ecuador en Londres, entre otros. También ha acordado tomar declaración a una docena de personas afectadas por el espionaje en varios países y a Zoah Lahav, uno de los empleados del equipo de seguridad de Las Vegas Sands, a donde Morales viajaba asiduamente. “Francia, Grecia, Islandia… todos los países cooperan, menos Estados Unidos”, lamenta Aitor Martinez, uno de los abogados de Julian Assange. El juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido información a la justicia estadounidense sobre las IP que han accedido desde este país al servidor de UC Global en Jerez de la Frontera, en el que la empresa guardaba las grabaciones realizadas a Assange, pero la respuesta por parte de Estados Unidos ha sido requerir información sobre las fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional y sobre lo que Morales ha declarado ante el juez.

Por Ter García

@tergar_

10 oct 2020 05:16

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El juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa 

El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a Estados Unidos, donde la administración Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.

Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.

Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.

Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.

Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.

Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.

La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.

Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.

*Copresidentes de AssangeDefense.org

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

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Venezuela: La violación de los derechos humanos se acentúa en medio de la pandemia

La violación a los derechos humanos fundamentales es algo que se ha profundizado en Venezuela durante el período de gobierno de Nicolás Maduro. A partir de la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19, estas violaciones se vienen acentuando pese a la disminución general de la actividad social, pública y privada, en todo el país.

Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: la agresión cometida por miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos que hacían cola de gasolina en Aragua de Barcelona (Anzoátegui), que resultó en un muerto y varios heridos, y el desalojo decretado por el gobierno de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, bajo el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes contagiados con el coronavirus.

El sábado 25 de julio varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[1]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[2] .

Este asesinato se suma a la reciente muerte de otro ciudadano durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia) el pasado 15 de julio, en donde la GNB aparentemente causó la muerte de un pescador que reclamaba dichas irregularidades[3]. Este asesinato, hasta donde sabemos, no ha sido investigado por la fiscalía y nadie ha sido detenido.

Toda Venezuela conoce y sufre las graves irregularidades que se están presentando desde hace meses en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible a la ciudadanía. Colas enormes que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas son diarias a lo largo y ancho del país de los ciudadanos molestos y hartos de tanta burla en sus propias narices, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia. El rebaso de esta grave situación permitida y protagonizada por los mismos funcionarios militares que custodian las referidas estaciones, han sido estos dos casos de ciudadanos asesinados a balazos al momento de protestar estas enojosas irregularidades.

El desalojo de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas con el argumento gubernamental de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19 también significó una violación abierta de los derechos de los estudiantes afectados, al hacer un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)[4]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por corto tiempo[5]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios. Resalta en este caso que los estudiantes desalojados son afines al PSUV y al gobierno de Maduro, y que pese al pronunciamiento de conocidos activistas del oficialismo, se continuó y culminó con el proceso de desalojo.

La violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, ha continuado también durante la pandemia. Nos referimos a las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB), destacando que uno de los muertos era escolta de una ministra. Ante el pronunciamiento público de la ministra denunciando ese asesinato[6], en lo que calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza”[7].

La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios[8] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías[9]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%. En comparación con países vecinos como Brasil, esa misma tasa de homicidios es de 7%, a pesar de que este país tiene décadas presentando una problemática delincuencial aparentemente incontrolada y sus cuerpos policiales han sido muchas veces denunciados por violación a los derechos humanos.

Este aumento exponencial de las muertes en supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, ha llevado a que el porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, haga llegado en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. De manera general son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en paz social, como se supone que estamos.

Las FAES, creadas por el gobierno de Maduro en julio de 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado de esta visión son los miles de ciudadanos asesinados en la última década, cifra que hoy se acerca a las 30 mil personas.

En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, que viene generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país, en los cuales casi diariamente se asiste al asesinato selectivo de ciudadanos que se supone son delincuentes y hacen “resistencia a la autoridad”, negando, mediante esta práctica criminal del propio Estado, los derechos jurídicos al debido proceso, a la defensa, y lo más sagrado, el propio derecho a la vida.

Esta violación de los más elementales derechos humanos ha sido denunciada incluso por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente[10].

El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública y exigir que las instituciones hagan su trabajo. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN[11] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[12]. Otro caso de asesinato de un detenido político es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019[13], quien falleció luego de desmayarse en la audiencia del tribunal militar[14].

La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales en sus respectivas áreas laborales[15]. Como es el caso de Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil y de dirigente sindical en la empresa Ferrominera[16]. Rodney Alvarez, también trabajador de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban internamente casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM[17], acusados de traidores a la patria y de ser “informantes de la CIA”. Javier Vivas Santana, columnista de la página web aporrea.org quien fue detenido en marzo de 2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[18]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio de 2020, acusado de “instigación al odio”[19].

La llamada “Ley contra el odio” aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre de 2017[20], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan de alguna forma las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que de alguna forma hacen oposición política o social al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos de sus ministros y principales exponentes del PSUV permanentemente hacen pública apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.

La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web que publican denuncias y opiniones sobre la política nacional, como ha sucedido por años con el bloqueo a la web aporrea.org y otras. Esta política contra todos los espacios de crítica y denuncia se manifiesta también en la campaña que el propio presidente Maduro[21] y Diosdado Cabello han generado contra la organización Provea[22], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional[23]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente “socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos[24] que no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.

La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:

  • El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[25].
  • El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Los ciudadanos pensionados, por razones obvias de su edad y en muchos casos sus condiciones de salud, no están en posibilidad de buscar otras fuentes de ingresos distintas a la pensión. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
  • El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas (adquisición de equipos y materiales, compra de libros y otras publicaciones, asistencia a eventos nacionales e internacionales). Hoy en día Venezuela es un país en el cual ha desaparecido la investigación científica como tal, salvo contadas excepciones sustentadas en financiamientos privados y en el esfuerzo personal de los propios investigadores de las universidades públicas.
  • Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco[26] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional[27].
  • La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018[28], que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
  • La violación de derechos humanos también se viene presentando en el trato que el gobierno viene dando a los venezolanos que regresan de otros países debido a la pandemia. Al calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales[29] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigrado. Más aún cuando se constata que el ingreso “legal” al país por los pasos fronterizos está sumamente restringido y en algunos casos inexistente. El llamado “plan vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que aquí no los queremos”.

En resumen, la violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro, y se ha mantenido y en algunos casos acentuado durante los meses de cuarentena decretados con motivo de la pandemia del coronavirus. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).

Más allá de denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, consideramos que hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.

República Bolivariana de Venezuela, 05 de agosto de 2020.

Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.

 

[1] GNB presuntamente asesinó a un hombre e hirió a otro por reclamar abusos en estación de gasolina.

https://www.aporrea.org/ddhh/n357398.html

[2] Detenidos 4 gnb que iban con el capitán investigado por muerte en 'bomba' de Anzoátegui.

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Detenidos-4-gnb-que-iban-con-el-capitan-investigado-por-muerte-en-bomba-de-Anzoategui-20200726-0043.html

[3] Mataron a un pescador en isla de Toas en protesta por gasolina. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-un-pescador-en-isla-de-Toas-en-protesta-por-gasolina-20200716-0076.html

[4]https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1286900373031202816

[5]https://efectococuyo.com/la-humanidad/livia-gouverneur-del-icono-de-lucha-al-desalojo-de-estudiantes/

[6]https://www.elnacional.com/venezuela/iris-varela-tras-asesinato-de-su-escolta-la-actuacion-aberrante-de-esos-funcionarios-no-quedara-impune/

[7]https://twitter.com/irisvarela/status/1271897496927834113/photo/4

[8] Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras.  Keymer Ávila | Sábado, 28/03/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a288589.html

[9] ¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela? Por: Keymer Ávila | Lunes, 22/06/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a291996.html

[10] Diputado Chavista De La ANC Vivió En Carne Propia Atropello De La FAES.  julio 18, 2020. https://monitordolarvzla.com/diputado-chavista-de-la-anc-vivio-en-carne-propia-atropello-de-la-faes/

[11] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

[12]https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/30/los-abogados-del-concejal-fernando-alban-difundieron-evidencias-de-las-torturas-que-sufrio-antes-de-morir-bajo-custodia-del-sebin/.

[13]https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/

[14] Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela. BBC News Mundo.

1 julio 2019.   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48824174

[15] Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un centenar de militares.

[16]https://eldiario.com/2020/07/31/ruben-gonzalez-simbolo-para-los-trabajadores-detenido-por-el-regimen/.

[17] Dirección general de contrainteligencia militar.

[18]https://talcualdigital.com/dgcim-detiene-a-periodista-javier-vivas-santana-aun-se-desconocen-los-motivos/

[19]https://www.cinco8.com/periodismo/detenido-el-politologo-nicmer-evans/

[20]https://cpj.org/es/2017/11/nueva-ley-contra-el-odio-de-venezuela-se-propone-s/.

[21]https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-financiada-por-la-cia/

[22] Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.

[23] Venezuela: ¿Por qué tenemos el salario más bajo del mundo?. Manuel Sutherland. 03/05/2020. https://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-por-que-tenemos-el-salario-mas-bajo-del-mundo

[24]https://es.statista.com/estadisticas/1077860/america-latina-salario-minimo-mensual-por-pais/.

[25]https://www.voanoticias.com/archivo/oms-sistema-de-salud-de-venezuela-sigue-en-ca%C3%ADda-libre#:~:text=GINEBRA%20%2D%20%2D%20La%20ONU%20y%20las,alguna%20vez%20se%20consideraron%20vencidas.

[26] Informe: Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. 17/07/2020. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/17/informe-situacion-de-la-amazonia-venezolana-en-tiempos-de-pandemia/

[27]https://oevenezolano.org/2020/08/el-cne-continua-violando-la-constitucion/

[28] Memorando-circular nº 2792. Lineamientos a ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 11/10/2018. Publicado en: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contra-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios

[29]Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos” afirmó el padre Numa Molina, muy vinculado políticamente al gobierno de Maduro. https://twitter.com/numamolina/status/1283375042081030146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283375042081030146%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fmedios%2Fa293118.html Declaraciones similares las ha dado el mismo presidente Maduro y otros altos funcionarios como Freddy Bernal.

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Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

Publicado enInternacional
Martes, 19 Mayo 2020 14:33

Vergüenza

Vergüenza

A propósito de crisis carcelacia, hacinamiento y Decreto 546/2020

 

Circula en redes un manifiesto frente a la situación carcelaria en tiempo de pandemia, suscrito por reconocidos académicos y abogados penalistas. Lo han llamado “Rumbo a un genocidio carcelario”. Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus.

 

Llama la atención la calidad de los firmantes, de la categoría del italiano Luigi Ferrajoli, el español Perfecto Andrés Ibáñez y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el brasileño Boaventura de Sousa Santos, entre los extranjeros, y dos jueces penales del circuito y el Coordinador de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medellín, además de múltiples estudiosos del derecho penal y la criminología.

El texto, que consta de siete puntos argumentativos con una enorme carga de política criminal y tres puntos bajo el título “Exigimos”, es una proclama potente que evidencia el absurdo que constituye el Decreto 546 de 2020.

El decreto en cuestión, "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se apoya en datos de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana Derechos Humanos, ña Constitución Política y múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional.

Cuando comienzas a leer el texto, te llenas de emoción. Esperas que el soporte de la misma tenga por consecuencia una verdadera estrategia para descongestionar el sistema carcelario, no sólo para estimular las medidas extramurales, sino para establecer lineamientos sobre la imposición de las mismas.

Pero la desazón se cierne en la parte resolutiva.

En el artículo segundo, establece cuándo y a quiénes se aplica el decreto:

“ARTíCULO 2°. Ámbito de Aplicación. Se concederán medidas previstas en el presente Decreto Legislativo a las personas privadas de la libertad que se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:

  1. a) Personas que hayan cumplido 60 años de edad.
  2. b) Madre gestante o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios.
  3. c) Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso, en conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el sistema general de seguridad en salud al que pertenezcan (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentre a cargo del Fondo Nacional Salud la persona privada la libertad.
  4. d) Personas con movilídad reducida por discapacidad debidamente acreditada en conformidad con la historia clínica del interno y certificación expedida por el sistema general de seguridad social en salud a que pertenezca (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud del privado de la libertad.
  5. e) Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos.
  6. f) Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) años prisión.
  7. g) Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario, atendidas redenciones a que se tiene derecho”.

Revisemos las estadísticas oficiales del Inpec para diciembre de 2019 (https://bit.ly/2zc3Bqp), y así poder establecer el impacto real de estos 7 grupos poblacionales.

Población privada de la Libertad en centros de reclusión nacional, municipal y establecimientos de Fuerza Pública, 123.802 personas.

  • 80.260 cupos y la población alcanzó los 123.802 internos(as), arrojando una sobrepoblación de 43.542 personas, que representa un índice de hacinamiento de 54,3%.
  • De esta población, el 4.2 por ciento supera los 60 años, es decir, 5.199 personas.
  • La población penitenciaria y carcelaria intramuros (123.802), está asociada con la comisión de 198.197 hechos criminales. Los cinco delitos más frecuentes corresponden, en relación al ciento por ciento, a: hurto 14 (29.489), homicidio 14,5 (28.831), concierto para delinquir 13,2 (26.125), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 13,1 (25.897) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 10,6 (20.941). Estos delitos representan el 66,3 por ciento del total de conductas delincuenciales por las cuales se encuentran los(as) internos(as) en condición de sindicados(as) o condenados(as) en los Eron. Sólo los 5 más frecuentes.
  • Veamos la siguiente tabla:

Tipo de delito

%

Hurto

14,9

Homicidio

14,5

Concierto para delinquir

13,2

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

13,1

Fabricación,  Tráfico y porte de armas de fuego y municiones 

10,6

Actos sexuales con menos de cartoce años

4,2

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años

3,5

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

2,8

Extorsión

2,6

Acceso carnal violento

1,8

Violencia intrafamiliar 

1,4

Secuetro extorsivo

1,3

Uso de menores de edad para la comisión de delitos

1,2

Secuestro simple

1.1

Total

87,5

Las estadísticas previas, tiene por fin establecer el impacto real del decreto, toda vez que el mismo establece: “Artículo 6°- Exclusiones. Quedan excluidas las medidas detención y prisión domiciliaria transitorias contempladas en Decreto Legislativo, que estén incursas en los siguientes delitos previstos en el Código Penal […]” y lo que constamos es que todas las mencionadas previamente se encuentran dentro de un enorme listado de exclusión de 76 delitos, más otros por referencia normativa.

Es decir, 15.475 internos estarían excluidos, pero recordemos que sólo se le aplica a un porcentaje de ellos. Por ejemplo, mayores de 60 años, manteniendo el porcentaje indicado del 4,2 por ciento, serían 649 personas beneficiadas. Es absolutamente claro, que las poblaciones restantes son inferiores porcentualmente, y aún a falta de su inclusión en las diferentes estadísticas oficiales, difícilmente podría llegarse a 2.000 personas. Ante esta evidencia, cabe preguntar, ¿de dónde saca el gobierno nacional que saldrán 15.000 de quienes están en prisión?

Según el Boletín Informativo del Inpec No.044–2020 del 4 de mayo (https://bit.ly/2AJDeZm), 268 personas han salido por efecto del decreto 546 de 2020.

Veinte días después de expedido el Derecreto de la referencia, la realidad muestra que, o el gobierno improvisa y da palos de ciego emitiendo decretos sin sentido (hay varios), o simplemente su intención nunca ha sido detener el contagio en las cárceles, en las que a mayo 13 el número de contagios asciende a 996 y las muertos a 4, una cifra 4 superior a la de beneficiados.

¡Vergüenza!

 

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Publicado enColombia
La muerte silenciosa de los presos en Estados Unidos

100 mil personas podrían perder la vida por la covid-19 en las cárceles

Sólo en el país habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. De los diez brotes más grandes en el país,

siete se dan en cárceles.

 

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus continúan acumulándose en cantidades industriales. Pero hay víctimas que son más silenciosas que otras. Si bien, como reflejara la semana pasada Raúl Kollmann , el país ya liberó a decenas de miles de presos que cumplían su condena en cárceles, el esfuerzo para aplanar la curva de contagio en esos establecimientos sigue siendo insuficiente. Al cierre de esta nota, The New York Timescontabilizaba 35.800 contagios y 345 muertos intramuros, entre presos y personal penitenciario. Pero la cifra oficial de casos positivos dice poco si se considera la escasa cantidad de detenidos que son sometidos a testeos: en el puñado de centros con tasas de prueba más altas, la mayoría de las personas dieron positivo de covid-19. La cárcel de Marion, en el estado de Ohio, es la más infectada del país, con más del 85 por ciento de sus 2.623 reclusos y 175 empleados contagiados.

Algunas cifras alcanzan para entender la magnitud de la situación. Sólo en Estados Unidos habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. Y alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el país sufren al menos una afección crónica, como asma o diabetes, lo cual constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus en contextos habitacionales que no respetan el tan mentado distanciamiento social. La situación se vuelve aún más caótica si se considera que de los diez brotes más grandes en el país, siete se dan en cárceles.

"El encarcelamiento masivo constituyó una crisis en la salud pública mucho antes de la pandemia, pero ahora la situación llegó a un punto límite", advierte Udi Ofer, director de la División de Justicia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en diálogo con Página/12. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país estima que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente, hasta 100 mil personas podrían morir por la covid-19. Al margen de esfuerzos individuales, ninguna agencia gubernamental compila o hace públicos los datos de coronavirus en cárceles. Sucede que no existe un sistema unificado: los presos deambulan por una maraña de jurisdicciones federales, estatales y locales.

El informe de ACLU , que toma como base el análisis de una cárcel típica, la del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, detalla que del total de 100 mil muertes que la pandemia podría generar en las cárceles del país si no se toman las medidas adecuadas, apenas 23 mil ocurrirán tras las rejas. El resto de los presos moriría en comunidades aledañas como resultado de que los reclusos propaguen el virus al ser liberados. Lo cual es un indicador de que la única solución ni siquiera viene por el lado de agilizar las prisiones domiciliarias.

"Las personas encarceladas, los oficiales correccionales y el personal que trabaja en esas instalaciones no pueden distanciarse socialmente de manera efectiva. Combina eso con el hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones antihigiénicas y tendrás la receta perfecta para la rápida propagación del coronavirus", explica a este diario Ed Chung, vicepresidente de reforma a la Justicia Penal del Centro para el Progreso Americano . "Los presos no están necesariamente confinados en celdas individuales; a menudo se encuentran en áreas abiertas más grandes donde se alojan varias personas juntas", agrega el especialista en derechos civiles.

A mediados de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. En apenas dos semanas, se diagnosticaron más de 200 casos dentro de esa instalación. Pero la prisión de Marion en Ohio es la más castigada por la pandemia. Marion cuenta con una capacidad máxima de 2.623 reclusos y ya tiene 2.439 casos registrados entre presos y personal carcelario, lo que lo convierte en el punto de mayor concentración del virus en todo el país. El 95 por ciento de los reclusos que dieron positivo en ese establecimiento son asintomáticos, lo cual implica una nueva dificultad en la lucha contra la pandemia. Marion es una de las pocas cárceles del país que implementa pruebas masivas. Muchos estados han ordenado pocos testeos hasta el momento, y cinco sobre un total de 50 ni siquiera ofrecen datos.

"Las instalaciones que han testeado a su población carcelaria y al personal penitenciario han encontrado una tasa de infección mayor al 70 por ciento. Pero las cárceles no están haciendo las suficientes pruebas, una lógica que lamentablemente se expande a Estados Unidos en su conjunto", asegura Chung. Por eso, en este momento no se sabe cuántas personas están o estarán infectadas en el país, y sólo existen estimaciones.

"Las prisiones que no están haciendo pruebas básicamente están permitiendo que el virus se propague, abriendo la puerta a muertes masivas. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) son parcialmente responsables de la falta de testeos, ya que solo los han recomendado en personas sintomáticas", advierte por su parte Ofer. Según datos proporcionados por ACLU, alrededor del 40 por ciento de los reclusos tienen al menos una condición de salud crónica, y hay casi 200 mil personas de 55 años o más que encarceladas en Estados Unidos, lo cual aumenta de forma exponencial el riesgo de contagio.

Liberación, ¿y después?

Numerosos colectivos que defienden los derechos civiles de los presos denuncian que, pese a algunos esfuerzos aislados, se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a los reclusos que no son violentos o están a punto de cumplir su condena. Por eso, piden ayuda a distintos actores del país: "Los gobernadores deben proporcionar liderazgo en todo el estado y emitir órdenes ejecutivas que ordenen a las muchas agencias en sus estados a reducir las poblaciones carcelarias. Los fiscales deberían negarse a procesar la mayoría de los arrestos y recomendar la libertad preventiva sin condiciones en todos los casos en que no exista riesgo de daño físico grave inminente hacia otra persona. Y la policía y los sheriffs no deberían realizar arrestos de custodia a menos que sea necesario para evitar un riesgo inminente y grave de daño corporal a otra persona", en palabras de Udi Ofer de ACLU. La organización también acaba de llamar al Congreso a presentar proyectos en ese sentido.

Para Chung, en tanto, la reducción de la población carcelaria es esencial, "especialmente cuando se considera para qué están diseñadas específicamente las cárceles: dos tercios de los presidiarios han sido acusados de delito y están a la espera de un juicio, y las reformas en los Estados Unidos han demostrado que con los servicios adecuados, la mayoría de las personas pueden permanecer en sus comunidades mientras se presenten en la corte cada vez que sean requeridos y no cometan nuevos delitos".

La amplia mayoría de esos dos tercios que cumplen prisión preventiva volverán a sus comunidades en algún momento. Y muchos de ellos, una vez liberados, se verán arrojados a una vida bajo condiciones extremas, tal como señalan las principales organizaciones civiles estadounidenses: desempleo crónico, falta de vivienda y de acceso a una atención médica de calidad a menudo son factores que alimentan la reincidencia en conductas criminales. Estos datos son apenas una llamada de atención sobre el verdadero costo de una política de 50 años de encarcelamiento masivo, y exigen una respuesta inmediata y colectiva para evitar una catástrofe mayor de la prevista en tiempos de pandemia.

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