La matanza de 79 presos en Ecuador expone el fracaso de Lenin Moreno en materia de seguridad

El motín más sangriento de la historia se desencadenó en cuatro penales hacinados

 

Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?

"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.

La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.

Sistema desmantelado

Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines. 

El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista. 

"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".

La versión oficial

En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".

"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".

Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente. 

El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto. 

La historia se repite

Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios. 

El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.

"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos. 

Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".

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Domingo, 21 Febrero 2021 05:37

Guerra de nervios

Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH)

La resolución cautelar que la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) adoptó a escasos días de que hoy sábado la Corte Urbana de Moscú decida si procede o no el recurso de apelación del opositor encarcelado Aleksei Navalny y una corte de distrito dicte sentencia por “calumniar” a un veterano, confirma que Rusia y la Unión Europea continúan su guerra de nervios que, al desafiarse mutuamente, puede terminar muy mal para ambos.

Con base en el artículo 39 de su reglamento, medida excepcional que se toma cuando considera que existe un riesgo real para la vida del solicitante, la CEDH exigió a Rusia liberar “con efecto inmediato” al principal adversario del Kremlin mientras haya procesos penales en su contra sin tener sentencia en firme.

Rusia, que en 1998 ratificó la Convención Europea de Derechos Humanos y su protocolo y a la vez es el único país miembro que desde 2015 por ley permite a las autoridades desestimar los fallos de la CEDH, calificó la decisión de aplicar el artículo 39 por primera vez en su contra de “injerencia inadmisible en el sistema judicial de un Estado soberano” y afirmó que la exigencia es “de antemano incumplible”, porque pretende “suplantar la justicia rusa y anular un veredicto”.

Esta enésima falta de entendimiento entre Rusia y la Unión Europea no crea el ambiente más favorable la víspera de que, el lunes siguiente, los cancilleres de los 27 se reúnan para decidir si imponen sanciones a Rusia por el caso Navalny, cuestión en la que todavía no ha alcanzado consenso a partir de tres posiciones encontradas: los que, como Polonia y los tres países ex soviéticos del Báltico, demandan severas sanciones contra su vecino; los que, como Alemania, privilegian sus intereses económicos al no querer renunciar a los energéticos rusos, y los que, como la mayoría, apuestan por emitir una declaración contra el Kremlin y por dejar el asunto en manos de la próxima cumbre de jefes de Estado y gobierno.

El rechazo a la resolución cautelar de la CEDH puede inclinar la balanza hacia la aplicación de sanciones o, no menos grave, ser el comienzo del mecanismo trilateral para la solución de controversias que, en caso de no acatarse un fallo obligatorio, sólo puede tener dos resultados: la suspensión o la expulsión de Rusia de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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Jueves, 11 Febrero 2021 06:03

Qué hace Julian Assange aún en prisión

Qué hace Julian Assange aún en prisión

EE UU agota los plazos para presentar los argumentos de apelación ante la justicia británica, más de un mes después de que una juez rechazase la extradición del fundador de Wikileaks

 

La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— asomó al exhacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense —entonces de Donald Trump— pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio, donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Más de un mes después, los abogados norteamericanos agotan los plazos para argumentar su recurso ante la justicia británica, mientras se multiplican las voces que piden al flamante inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que dé marcha atrás. La Administración demócrata ha manifestado que seguirá tratando de que el Reino Unido extradite al detenido.

Entre estas voces que hacen campaña por la liberación de Assange están las de más de una veintena de organizaciones que este lunes escribieron una carta al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos. “La acusación contra Assange”, decía la misiva, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”. Entre los firmantes estaban Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras… Pero el destinatario era un cargo en funciones, el fiscal general Monty Wilkinson. El Senado de EE UU tiene aún que confirmar al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

Y el tiempo corre. Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición de extradición de Suecia por el caso de supuestos abusos sexuales cometidos por Assange, a la postre archivado—. En contacto con EL PAÍS, el CPS ha confirmado que se presentó la petición de apelación en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero.

Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición. A partir de ahí, los abogados de la acusación han tenido un mes para fundamentar el recurso. Se prevé que a finales de esta semana, EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista. Se dilataría la estancia de Assange entre rejas, donde lleva más de 22 meses, desde que Scotland Yard le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, tras siete años refugiado.

Si finalmente el tribunal diera su visto bueno a la extradición, Assange podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Como esa veintena de organizaciones civiles y de derechos humanos que escribieron este lunes al fiscal norteamericano Wilkinson, abogados, escritores, ensayistas y periodistas han instado de igual modo a que Biden retire los cargos contra el australiano. EE UU apeló unos días antes de que Trump cediera el testigo, aunque no físicamente, al líder demócrata. Fue durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks —entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, en la que participó EL PAÍS— llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo.

Y es de este hilo del que tiran los defensores de Assange, con su pareja, la abogada de origen sudafricano Stella Moris, a la cabeza. Biden, vicepresidente con Obama y que en 2010 llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, no se ha pronunciado al respecto —la apelación se puede retirar en cualquier momento del proceso—. Pero sí lo hizo este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría “buscando su extradición”.

El equipo de abogados del antiguo hacker, liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers, prefiere mantener la prudencia y no hacer comentarios sobre el estado del proceso contra Assange o las condiciones en las que él se encuentra —Moris ha denunciado en la Red que el australiano pasa frío porque el penal no le ha entregado la ropa de invierno que le enviaron—. Desde que la juez Baraitser rechazase la extradición de Assange, la defensa ha estado a expensas de que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación.

Paradójicamente, el proceso contra Assange, vinculado a la transparencia y el derecho a la información, ha sido tremendamente opaco. Así lo reconoce en conversación telefónica Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las personas que con más empeño ha tratado de monitorear la causa. Si la apelación y la extradición prosperan hay dos cosas en juego, señala Vincent: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirma la portavoz de RSF.

Para lo que pueda venir, Stella Moris, con la que el editor australiano tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa. Lleva más de 62.000 euros recaudados.

Por Óscar Gutiérrez

Madrid - 11 feb 2021 - 03:04

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Tarek Shalaby en El Cairo en 2011, durante las revueltas, protegiéndose de los gases lacrimógenos

Shalaby, activista de la izquierda egipcia, hace balance diez años después de las revueltas: “Con el triunfo del régimen todo el mundo actúa como un policía contra los demás”

 

Tarek Shalaby tenía 26 años años cuando estallaron las revueltas en su país en 2011. Diseñador de webs, licenciado en una universidad estadounidense, trabajaba por aquel entonces en una empresa de tecnología y startups egipcia, ubicada en El Cairo, que había fundado con un socio. Durante semanas abandonó su trabajo para participar en las manifestaciones, instaló una tienda de campaña en la plaza Tahrir y acampó allí, con decenas de miles más, hasta que cayó el dictador Mubarak.

En su tienda colgó un letrero en castellano, idioma que domina, en el que se leía “No pasarán”. En el ideario de un sector joven que impulsó las protestas en Egipto había ideas de igualdad, de justicia social, de libertad. No en vano, el lema más coreado fue “pan, libertad, justicia social”.

Jóvenes como Shalaby entablaron contacto con los trabajadores de las ciudades industriales, cuyas huelgas fueron clave en el éxito de las revueltas. Diez años después, aquel activista alegre, apasionado, admirador de la lucha antifascista de los republicanos españoles, integrante del Partido Socialista Revolucionario -ahora prohibido-, lleva sobre sus hombros la carga de lo que pudo ser y no fue. Su entorno ha sufrido cárcel, represión, exilio e incluso muerte a causa de los ataques de las fuerzas de seguridad.

La depresión ha pegado duro en muchas personas -varias ONGs han tenido que priorizar tratamientos con fármacos antidepresivos- y la represión del régimen de Al Sisi -a quien Trump llamó "mi dictador favorito"- ha resquebrajado el tejido social. Shalaby no ha perdido ironía, pero su mirada contiene ahora dolor y cierta resignación. De momento, resiste en Egipto.

¿Cómo analiza la situación de su país cuando se cumplen 10 años de las revueltas que derrocaron a Mubarak?

Hay un ambiente muy tóxico, existe mucha rabia acumulada, mucho odio. No hay libertad, hay decenas de miles de personas en las cárceles por sus ideas, otros muchos han tenido que exiliarse y el régimen ha logrado derrotarnos. Esa derrota, además, nos ha dividido. Es más fácil pensar que tu enemigo es el de al lado porque te ha molestado en algo que pensar que hay un sistema profundo que nos está perjudicando a todos.

Como integrante de un partido de la izquierda, ahora en la clandestinidad, ¿qué análisis hace de la situación del activismo de izquierdas en Egipto?

Por un lado tenemos a la mayoría de la sociedad, que se ha rendido y resignado, que ve cosas que están mal pero piensa que no se pueden cambiar, y por otro estamos los que jugamos un papel activo en la revolución egipcia. Este último grupo está deprimido, dividido y derrotado. No estamos luchando juntos. Hay quienes buscan un purismo absurdo, parece que preocupa más ser puro, obtener muchos likes en las redes, defender lo genial que es uno como un individuo que obtener mejoras colectivas.

¿Es posible algún tipo de militancia actualmente?

Todas las agrupaciones y partidos tienen a gente encarcelada, y el margen de maniobra es muy pequeño. Hay luchas, pero compartimentadas: unos luchan por los derechos LGTBI, otros contra el patriarcado, pero no nos coordinamos ni englobamos todas las luchas, que están relacionadas y totalmente vinculadas, en realidad. En las redes se detecta mucho acoso y odio.

¿Cuál es la situación de Egipto en el día a día?

Hemos normalizado que suban los precios de las cosas, o que haya tanta policía en la calle, o que alguien tenga que pasar un tiempo en comisaría, o que tengamos que entregar una especie de soborno para sobrevivir. En las afueras de El Cairo, donde se sitúan los barrios más ricos, se han levantado gigantescos centros comerciales que albergan las mejores marcas del planeta, lugares que se parecen a Dubai con un toque de Las Vegas, con coches Tesla y gente que prefiere hablar inglés entre ellos. Es un gran contraste con buena parte del país, donde hay mucha pobreza.

Quienes creyeron que era posible un cambio están deprimidos. Mucha gente ha perdido a seres queridos, porque están exiliados, o encarcelados o muertos por la represión.

¿Cómo se gestiona esa derrota de la que habla?

No es fácil. Cuando hay derrotas es mucho más fácil caer en la trampa del repliegue y del individualismo, pensar en ti como persona única y creer que tus decisiones personales son lo realmente importante. Es fácil olvidarse de la importancia de lo colectivo. Parece que lo que importa no es lograr mejorar el mundo, sino gustarse como militante individual, puro y estupendo. Lo irónico es que esa actitud es el corazón del capitalismo: la competición. Hay esa competición en la izquierda, también veo que existe en Europa.

Los egos condicionan la política a menudo. Y la confusión que intentan inocularnos. Si alguien cobra un poco más que tú, piensas que ese es tu enemigo, y no el jefe, que es quien decide los salarios y que además cobra diez veces más que todos. En Egipto está pasando eso. Gente que en su día luchó unida ahora mira cada una por lo suyo, compite por tener más likes en las redes y se olvida de la lucha conjunta.

¿Eso pasa en su entorno?

En parte, sí. Gente que antes creyó en el cambio ahora piensa a corto plazo y compite, es parte de la derrota ante el régimen. No es fácil reaccionar bien a la derrota. Ese es el éxito de una dictadura, poder controlarnos, someternos, y encima conseguir que la gente se tire los trastos a la cabeza en vez de criticar al régimen.

El ejército egipcio forma parte de la estructura represiva en mi país. Pero en vez de luchar conjuntamente contra eso, hay gente de izquierdas metiéndose contra otra gente de izquierdas y mientras, nadie está criticando públicamente ya al ejército, corrupto y eje vertebral del régimen.

Habla usted del acoso y de las discusiones en redes. ¿Me puede poner un ejemplo?

Como hay tanta represión, hay tabúes, creo, y por eso se habla de cuestiones compartimentadas. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual contra las mujeres, que es un terrible problema en nuestro país. En 2011, con la revolución, conseguimos que se pusiera el foco sobre ello y que muchos hombres entendieran por primera vez que ese era un asunto importante.

Pues bien, si yo cuelgo en las redes una crítica al Gobierno egipcio por haber arrestado a chicas que no hicieron más que colgar vídeos de ellas en la aplicación Tik Tok, aparecen un montón de tíos -y también alguna que otra mujer- acusándome de ser “un imbécil, un maricón” y de querer que todas las mujeres sean “putas como las del Tik Tok”, y de paso insultan a mi hermana o mi madre. Es gente que piensa que las mujeres son sus enemigas y que el patriarcado es su amigo, cuando la realidad es justo al revés.

Pero luego en el seno de la propia izquierda surgen discusiones en torno al feminismo, por ejemplo, u otras muchas cuestiones que a veces solo sirven para dividirnos. Mientras todo esto pasa, hay decenas de miles de personas en prisión, estamos amordazados y el régimen nos aplasta. Y como hay crispación, cada vez más gente se calla.

¿No hay ningún tipo de actividad fuera de las redes?

Sí, pero el riesgo es altísimo. Hemos visto en el pasado reciente cómo mucha gente que ha participado en manifestaciones minúsculas ha acabado arrestada. Hay huelgas de vez en cuando, protagonizadas por obreros de las fábricas, pero no quieren saber nada de los activistas de las ciudades, la conexión que hubo en el pasado apenas existe ahora.

Si no eres útil, si no puedes hacer huelga porque te arrestan, ni bajar a la calle, ni participar en las elecciones, ni crear partidos políticos, ni difundir tus ideas abiertamente, al menos deberíamos estar hablando, debatiendo, analizando e intentando encontrar puntos de encuentro. Pero no existe ese espacio ahora, nos lo quitó el régimen. Esa gran derrota, esa gran división, hace que todo el mundo actué como policía en contra de los demás.

¿Tiene amigos en la cárcel?

Sí, claro. Todos los tenemos. Amigos cercanos en prisión tengo doce, chicas y chicos de mi partido o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, principalmente. Hay muchos partidos que tienen a gente arrestada y también movimientos sociales, incluso algo tan pequeño como el BDS [ movimiento en favor del boicot a los productos israelíes], que deben ser solo unos veinte, tiene a dos de sus miembros en prisión. Y luego están los exiliados, buena parte de mis amigos están fuera.

¿Qué hay de los Hermanos Musulmanes?

Están la mayoría en la cárcel, y el resto exiliados. Muchos en Turquía, varios en Qatar. Los que permanecen aquí en Egipto no salen a la calle, saben que les pueden arrestar cualquier día. No sé qué supondrá para ellos el acuerdo reciente entre Qatar y Arabia Saudí. Veremos. Operan mucho a través de Internet, a través de vídeos de Youtube que realizan los exiliados. Tienen programas que son vistos por tres millones de personas o más. Algunos de esos programas son bastante extremistas, sexistas, de derechas, sobre todo el de Abdullah el Sherif. Su último capítulo lleva más de dos millones de visitas ya, en él se mete con Safwat Al Shereef, un hombre de Mubarak que lideró el Parlamento durante muchos años y nunca fue encarcelado.

Critican públicamente al ejército egipcio, lo cual es tener ya más coraje que nosotros. Desde una posición política y vital lejana a la suya, condeno la represión que sufrieron, con cientos de manifestantes muertos, aquello fue injustificable. O lo que las autoridades hicieron con el propio expresidente Mohamed Morsi, elegido en las urnas, al que dejaron morir en la cárcel. Creo que esperan que todos los líderes vayan muriéndose en prisión. Como son una organización muy piramidal, deduzco que piensan que si dejan morir a los de arriba, dificultarán la reconstrucción de la Hermandad.

¿Cómo le ha afectado a nivel personal todo lo ocurrido en el ámbito político?

La revolución nos dio una identidad. Nos sentimos parte de algo, del cambio, de la solución para mejorar nuestra sociedad. Ahora no siento que pertenezco, ni siquiera me siento bienvenido en mi propio país. He estado muy deprimido, como muchos activistas. Ya no me siento egipcio, no me siento parte de mi país y tampoco creo que pudiera sobrevivir en otra parte del mundo.

Hay un trauma colectivo entre los que participamos en el intento de cambio. El otro día quedamos un grupo de amigos a celebrar el décimo aniversario del inicio de las revueltas, estábamos en una casa con azotea aquí en El Cairo, al aire libre, y cuando empezamos a hablar del tema era imposible retener las lágrimas. Porque hablar de aquello no es solo decir "cómo ha pasado el tiempo" o "qué jóvenes éramos". No, es algo más profundo, que duele, porque es una derrota.

Por Olga Rodríguez

30 de enero de 2021 21:41h

@olgarodriguezfr

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Miércoles, 13 Enero 2021 05:32

Assange contra las Furias vengadoras

Assange contra las Furias vengadoras

Las Furias persiguen a Julian Assange. Son tres hórridas deidades, iracundas y vengadoras. La mitología griega las llama Alecto, Megera y Tisífone.

A Assange el poder lo quiere muerto. Así lo han denunciado personalidades cercanas a él y empeñadas en su causa, como Yanis Varoufakis, exministro de economía griego, Stefania Maurizi, periodista italiana que lo ha defendido desde el principio, y Roger Waters, la estrella de Pink Floyd. A Assange lo quieren muerto, lo dicen y lo repiten su madre, su padre, su compañera. Naciones Unidas, a través de Nils Melzer, especialista en tortura y maltrato, ha declarado que la vida de Assange está en riesgo.

La disyuntiva que le ofrece el Poder no es absolución o condena; libertad o cautiverio; Estados Unidos o Inglaterra. Es entre tres formas de muerte: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Tres, como las Furias, Erinias o Euménides. La pena de muerte podría estar representada en Alecto, la de la cabellera de serpientes. El suicidio forzado, en Megera, la que llora sangre. Y el entierro en vida en Tisífone, la portadora del látigo.

Hoy Assange celebra un triunfo parcial. La extradición a los Estados Unidos, que pendía sobre él como espada de Damocles, ha sido denegada por una jueza de Gran Bretaña. Queda pendiente el resultado de la apelación. La extradición significaría para Assange la pena de muerte, castigo máximo y ejemplarizante contra quien tachan de espía, traidor y enemigo de su nación. Estados Unidos, que necesita mantener en secreto sus propios crímenes, acusa de criminal al hombre que los revela.

La justicia inglesa ha rechazado la extradición aduciendo que Assange podría quitarse la vida si lo encierran en una de las rudas cárceles norteamericanas. Por aquí asoma la sombra de Magera, la Furia del suicidio forzado. El veredicto no se basa en la afirmación de que Assange es inocente. Tampoco reconoce que cualquier condena que se le imponga implica demoler las bases de la libertad de prensa. Pasa por alto el absurdo jurídico en que incurre Estados Unidos al exigir que Inglaterra le entregue un periodista australiano que develó secretos militares en Afganistán e Irak. Y sienta un precedente para que cualquier periodista que en cualquier parte denuncie crímenes de cualquier país pueda ser extraditado… a menos de que se suicide.

En el viejo juego cruelmente infantil del ahorcado hay que dibujar un muñequito, parte a parte, a medida que el jugador falla: los brazos, las piernas, la cabeza, los ojos y, al final, el cadalso: una soga al cuello que da sentido al pasatiempo. Assange, atormentado, acorralado y presionado hasta el límite de su resistencia, no encontraría otra salida que infligirse la muerte. Es lo que se presupone. La ironía radica en que la propia Justicia acorrala, atormenta y presiona a Assange hasta el borde del suicidio, y luego pretende protegerlo impidiendo que se suicide. Se lava las manos, como Poncio Pilatos: No te vamos a extraditar, pero no por inocente, sino por débil. De manera parecida el todopoderoso y benévolo Estado británico te exime del tormento porque eres propenso a la depresión y proclive al suicidio. Así, sale del problema sin reconocer que lo cierto es precisamente lo contrario: fortaleza por parte de Assange, y fragilidad de unos Estados consumidos en la suciedad de sus secretos.

Esto sienta precedente y tiene antecedentes. Se afinca en una antigua forma de ejecución que le daba a la víctima la opción de elegir entre cometer suicidio o una alternativa peor, como la pena de muerte, la tortura, el destierro, la deshonra o la prisión perpetua. Suicidio forzado: si no te matas, te matamos. Visto desde otro ángulo, el suicidio se asumía como acto de desafío, como derrota de la autoridad que te derrota: si no queda nada más por quemar, incendias tu propio corazón. Es el caso de Sócrates, cuando, detenido en Atenas bajo la acusación de corromper a la juventud con sus enseñanzas, remata la farsa tomándose la cicuta. Séneca, el gran tribuno, condenado a muerte en Roma por su supuesta participación en una conjura contra Nerón, se corta las venas y se desangra en una bañera. (Por estos mismos lados se despeña Frank Pentangeli en El Padrino II) En 1925, Yukío Mishima, escritor japonés, nostálgicamente proimperial, se reúne con un pequeño grupo de samuráis tras el fracaso de su revuelta, y siguiendo un código ético que exige morir con honor antes que aceptar la derrota, comete suicidio por harakiri, o ritual de desentrañamiento.

Este escenario de suicidio forzado desciende hasta nuestros días y se generaliza entre quienes develan los crímenes de Estado. En 2010, la norteamericana Chelsea Manning, soldado transgénero y analista de inteligencia, descubrió constancia de atrocidades, torturas y masacres cometidas por su Ejército en Afganistán y en Irak. No quiso ser una burócrata que, cerrando los ojos y limitándose a cumplir órdenes, encarnara lo que Hanna Arendt llamó la banalidad del mal. En cambio, pese al alto riesgo que corría, tomó la decisión de pasarle el material a Wikileaks, el portal de Julian Assange.

Uno de los materiales que le entregó fue el video hoy conocido como Collateral Murder. Muestra un episodio de 2007, en Bagdad. El personal de un helicóptero Apache del Ejército norteamericano masacra con entusiasmo, como en un videojuego, a doce civiles iraquíes. Entre ellos se hallaban dos periodistas de la agencia Reuters que caminaban pacíficamente por una calle, y a los que después intentarían hacer pasar por terroristas en un típico caso de falsos positivos. La otra cara de esa historia es significativa. Por ese video y materiales semejantes, Trump pide en extradición a Assange. Pero más adelante concedió el perdón presidencial a los mercenarios de Blackwater, condenados precisamente por masacrar, en ese mismo 2007, a catorce civiles en una plaza de Bagdad. Resulta, así, que Trump considera perdonable el crimen cometido, pero severamente punible el denunciarlo.

Descubierta por sus filtraciones, acusan a Manning de 22 ofensas y decretan su baja deshonrosa. Una de sus transgresiones amerita sentencia de muerte: traición a la patria por ayudar al enemigo. Reducida a confinamiento total en una instalación de máxima seguridad, la liberan al cabo de siete años, luego de haber protagonizado una huelga de hambre y cometido dos intentos de suicidio.

En 2013, el programador prodigio de Norte América, Aaron Swartz, conocido como el Hijo de Internet, consideró que era una actitud miserable no compartir conocimientos como los que él mismo había recibido en universidades de élite. Fue detenido bajo cuatro cargos de fraude informático e intento de publicar bases privadas de datos. El Estado aumentó la pena inicial de un millón de dólares y 35 años de cárcel, a cuatro millones y 50 años. Fue tal la presión, tan abrumador el corredor sin salida, que Swartz se suicidó colgándose de una soga, como en el juego macabro del ahorcado.

Miles de anónimos, enardecidos por el suicidio forzado de Swartz, desataron una andanada de ciberataques contra sitios web de las agencias de inteligencia. Urgida de castigo ejemplarizante, y para ponerle nombre a una multitud anónima, la Justicia escogió como víctima a Lauri Love, un joven hacker británico y autista llamado ni más ni menos que Amor. Love venía haciendo severas trapisondas informáticas con un computador que mantenía escondido en un armario de la casa de sus padres en Londres, y fue detenido bajo cargo de robo masivo de datos oficiales. En claro antecedente de lo que ahora acaba de suceder con Assange, Inglaterra negó su extradición aduciendo motivos de salud mental que lo llevarían a la extrema depresión y al suicidio.

Entra ahora en escena Tísifone, la Furia del látigo y el entierro en vida. La tercera muerte. A Assange lo han eximido de la extradición, pero le han negado la libertad condicional, y sigue en la cárcel de Belmarsh, el Guantánamo inglés, donde ha permanecido durante los últimos tres años, recluido 23 horas al día en aislamiento total y privación sensorial. En la celda, su lucha contra Tisífone es constante. Si quiere sobrevivir, debe mantenerla a raya. Yanis Varoufakis, que lo visitó en Belmarsh el pasado junio, pudo ver cómo resiste minuto a minuto, decidido a conservar a toda costa la integridad y la lucidez. “Tan pronto bajo la guardiaI loose it, me pierdo”, le dijo a Varoufakis. Pedro Miguel, del diario mexicano La Jornada, conoce personalmente a Assange y opina que “nadie está mejor preparado que él para la situación que le ha tocado enfrentar”.

Me acusan de ser un demonio, un monstruo. La frase es del propio Assange. Pero monstruo viene de mostrar. Monstruo es el que muestra, y la ordalía de Assange nos muestra cómo el Poder manipula a la Justicia. Cualquiera de las tres formas de muerte que se le apliquen a Assange sería un golpe de gracia para la libertad de prensa. Verlo vivo, lúcido y libre es la batalla de su vasta red solidaria, y de todo periodista, investigador, informador, filtrador, escritor, artista, académico o hacker que crea en el derecho a informar y a ser informado. Y que revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

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Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

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Sábado, 24 Octubre 2020 05:36

La puñalada

La puñalada

Los medios globales y su abandono de Julian Assange

 

Mientras se lo juzga para ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de prisión, la suerte del periodista australiano brilla por su ausencia en las portadas de los principales periódicos de alcance mundial. Detrás de ese silencio asoma una política de complicidades que hiere de muerte la noción misma de periodismo.

El 4 de enero se sabrá la suerte de Julian Assange. Ese día, en Londres, la Justicia británica decidirá finalmente si concede o no la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje. Si así fuera, si los jueces de Su Majestad consideraran que la demanda es pertinente y la condena a la que podría ser sometido al otro lado del Atlántico no es «desproporcionada» o incompatible con el «respeto a los derechos humanos», el casi quincuagenario australiano podría pasar el resto de su vida en la cárcel: los cargos que se le imputan en Estados Unidos le valdrían una condena de 175 años.

Julian Assange está detenido en una cárcel de alta seguridad inglesa desde abril de 2019, en condiciones denunciadas por relatores de la Organización de las Naciones Unidas como análogas a la tortura. Los siete años anteriores los pasó en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió en 2012, cuando en Quito gobernaba Rafael Correa. Assange era reclamado entonces por la Justicia sueca debido a acusaciones de violación que terminaron siendo abandonadas por su endeblez (véase «Operaciónmasacre», Brecha, 7-II-20). Él ya temía que la demanda sueca fuera parte de un plan para entregarlo –tras una breve escala judicial en Estocolmo– a Estados Unidos. La llegada al gobierno de Ecuador, en 2017, de Lenín Moreno, que acabó alineado con Washington, supuso el descenso del australiano a los infiernos: primero le hicieron la vida imposible en la embajada, luego le sacaron la protección. La Policía inglesa lo detuvo apenas pudo traspasar la puerta del local diplomático. En Washington, el gobierno de Donald Trump se refregó las manos (lo mismo habría hecho Hillary Clinton de haber ganado las elecciones de 2016): por fin podría darle su merecido a este «espía», acusado fundamentalmente de haber revelado, desde 2010, cientos de miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán; entre ellos, pruebas de asesinatos cometidos por las fuerzas estadounidenses en el marco de conflictos en los que los aliados de la superpotencia también están implicados. Desde Wikileaks, Assange había hecho eso y mucho más: denunció tramas de corrupción y enjuagues múltiples de multinacionales y fue de los primeros en advertir sobre la magnitud a la que llegaría el ahora llamado capitalismo de vigilancia.

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A pocos parece interesarles hoy la suerte del australiano. Como otros célebres «lanzadores de alertas» (whistleblowers), del tipo de Edward Snowden y Chelsea Manning, Assange se ha quedado solo. Medios de prensa que gran lucro obtuvieron en su momento, cuando el fundador de Wikileaks los eligió a ellos para difundir sus filtraciones (The Guardian, El País de Madrid, The New York Times, The Washington Post, Der Spiegel, entre otros), le han soltado la mano. Poco y nada se puede leer en esos diarios o semanarios –que, en su mayoría, pasan por progresistas– sobre las condiciones de detención de Assange en la prisión de alta seguridad de Belsmarch o sobre el propio proceso de extradición, cuyas irregularidades y los peligros que estas representan para el derecho a la información han denunciado abogados, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios independientes. Abundan, en cambio, en esas publicaciones progres, los relatos sobre el «vedetismo» y el «narcisismo» del australiano, sus aventuras sexuales, sus «excesos», su «afán de poder», su «decadencia».

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En una nota publicada originalmente en Counter Punch (rebelión.org difundió su versión española en dos partes, el 2 y el 3 de octubre, bajo el título «¿Por qué The Guardian guarda silencio?»), el periodista británico Jonathan Cook sostiene que, cuando Assange concedió a esos medios la exclusiva de sus filtraciones, ya era consciente de que en algún momento podría ser víctima de una puñalada trapera. Si había habido un acuerdo entre Wikileaks y esas publicaciones era porque circunstancialmente ambos ganaban. Pero, en verdad, poco los unía. Cook recuerda que cuando Barack Obama lanzó, en 2011, su ofensiva contra Assange, al que denunció en función de una draconiana ley de espionaje que data de 1917, la estrategia estadounidense estaba basada en crear una brecha entre el fundador de Wikileaks y los medios liberales que habían colaborado con él. Nada tenían que temer esos medios ni sus periodistas: habían obrado de buena fe, decían por entonces los abogados de la Casa Blanca. Assange, en cambio, no era un periodista, apenas un espía que pretendía dañar a Estados Unidos.

Los defensores de Assange optaron entonces por la contraria: Assange no sólo era periodista, sino que practicaba el periodismo del bueno, ese que deja al desnudo las manipulaciones y el accionar ilegal de los poderosos del mundo. El propio fundador de Wikileaks afirmaba en una entrevista que concedió a su compatriota Mark Davis en 2011: «Si he conspirado para cometer espionaje, todos los otros medios de comunicación y sus principales periodistas también han conspirado para cometer espionaje». «Lo que hace falta es tener un frente unido en este asunto», agregaba, invitando a quienes habían sido sus socios a seguir con la colaboración. Pero no hubo tal frente: convocado por el Ministerio de Justicia estadounidense, el editor de The New York TimesBill Keller dijo que su diario se había limitado a obrar como receptor pasivo de la documentación enviada por Wikileaks. Era una falsedad (todos los medios que recibieron las filtraciones las ordenaron y «trabajaron»), pero marcaba lo que sería, de ahí en más, la actitud de las publicaciones liberales en este asunto. Aun así, destaca Cook, el gobierno de Obama no encontró la manera de imputar a Assange sin, al mismo tiempo, perjudicar a medios tradicionalmente aliados del Partido Demócrata, como el propio Times y The Washington Post, y a sus principales plumas. Debió, entonces, abandonar esa línea.

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La estrategia desplegada actualmente por los abogados estadounidenses es la opuesta: reconocen explícitamente la condición de periodista de Assange y, tal como lo advertía él mismo años atrás, al hacerlo lanzan una advertencia contra todos los periodistas que intenten, de lejos o de cerca, seguir el camino de los wikileakeros: corren el riesgo de ser imputados por espionaje allí donde se encuentren. De este cambio de línea, que se produjo durante el juicio de extradición que se sigue en Londres y que supone una amenaza para la profesión periodística como tal, ni una línea se publicó en aquellos grandes medios que buen partido sacaron de su colaboración de antaño con Wikileaks, denuncia Cook. En Gran Bretaña, The Guardian ha obrado, de hecho, como punta de lanza de las acusaciones contra Assange.

Durante el proceso, investigadores independientes han denunciado «prácticas desleales» de los editores del venerado matutino británico, así como de otros medios asociados. Entre las principales acusaciones estadounidenses contra Assange, se afirma que en la documentación que filtró aparecían los nombres de agentes secretos que por su culpa corrieron el riesgo de ser asesinados y que el australiano era muy poco cuidadoso en su forma de operar. David Leigh, editor de The Guardian que trabajó con Assange en 2011, hizo esa misma afirmación en un libro que publicó aquel año junto con otro periodista del mismo diario, Luke Harding: Wikileaks: Inside Assange’s War on Secrecy. Christian Grothoff, experto en informática de la Universidad de Berna; John Goetz, periodista de Der Spiegel; Nicky Hager, periodista de investigación neozelandés, y John Sloboda, profesor y miembro del Iraq Body Count (un proyecto que contabiliza los muertos de la guerra de Irak),relataron, en cambio, que fueron «sus socios mediáticos» –en especial Leigh– quienes presionaron a Assange para que les brindara las sumamente engorrosas contraseñas que utilizaba para encriptar la documentación.

Grothoff, Goetz, Hager y Sloboda colaboraron con el australiano en eliminar nombres en los cables a filtrar. «Assange podía llegar a ser exasperante en su minuciosidad […]. En esa época me irritaba mucho su obsesión por recordarnos constantemente que debíamos asegurarnos, que necesitábamos encriptarlo todo, que teníamos que usar chats encriptados. Yo creía que era un insensato y que estaba paranoico, pero luego el procedimiento se convirtió en la práctica periodística normalizada», dijo, por ejemplo, Goetz en una de las recientes audiencias de extradición. En su libro, Leigh reveló una de las contraseñas generadas con esa metodología y «ese escandaloso error de The Guardian abrió la puerta para que cualquier servicio de seguridad del mundo penetrara en los documentos una vez que pudieron crackear la sofisticada fórmula de Assange para idear claves», indica Cook. «Gran parte del furor provocado por la supuesta incapacidad de Assange de proteger los nombres en los documentos filtrados por él publicados –lo que ahora es el núcleo del caso de extradición– viene del papel que jugó Leigh en el sabotaje del trabajo de Wikileaks. Assange debió realizar una operación de control de daños debido a la incompetencia de Leigh, la que lo obligó a publicar los documentos a toda prisa, para que cualquiera que estuviera preocupado por si era nombrado en los documentos pudiera saberlo antes de que servicios de seguridad hostiles lo identificaran», añade.

En cuanto a Harding, el coautor del libro de Leigh, fue quien hace un par de años difundió, en el propio The Guardian, una serie de «revelaciones» –que luego se comprobaron falsas– sobre supuestas reuniones de Assange con enviados del gobierno de Trump y agentes rusos, que habrían tenido lugar mientras el australiano estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La tesis de The Guardian, así como de The New York Times y The Washington Post, es que fue para apuntalar la elección de Trump que Wikileaks filtró en 2016 el contenido de reuniones de la dirección demócrata en las que se perjudicaba al socialista Bernie Sanders y se favorecía a Hillary Clinton. Cook recuerda que, de la misma forma que los dos diarios estadounidenses operaron abiertamente en favor de Clinton en aquella interna partidaria (la misma Clinton que, según se reveló en 2016, llegó a barajar la posibilidad de eliminar a Assange con un dron), The Guardian hizo todo lo que estuvo a su alcance para sabotear al socialista Jeremy Corbyn, a quien asoció con el antisemitismo y tildó de «populista de izquierdas» cuando este dirigía el laborismo británico.

***

En la entrevista de 2011 con Mark Davis, Assange se refería a sus «socios mediáticos» en estos términos: «Lo que mueve a un diario como The Guardian y The New York Times no son sus valores éticos, sino su mercado. En Reino Unido ese mercado es el de los “liberales educados”. […] El periódico no es un reflejo de los valores de la gente que forma esa institución, sino un reflejo de la demanda del mercado». Cook aporta, en su nota de CounterPunch, su propia reflexión: La indiferencia de los grandes medios de comunicación ante el juicio a Assange «pone de manifiesto que practican muy poco el tipo de periodismo que supone una amenaza para los intereses empresariales y del Estado y que desafía al poder real. No sufrirán la suerte de Assange porque no pretenden hacer el periodismo en el que se especializaron Assange y Wikileaks». En Estados Unidos, medios como The New York Times y The Washington Post «reflejan los mismos defectos que los partidos Demócrata y Republicano», piensa el británico: «Celebran el capitalismo globalizado basado en el consumo, favorecen una política insostenible de crecimiento infinito en un planeta finito e invariablemente respaldan las guerras coloniales, motivadas por el beneficio y esquilmadoras de recursos, aunque en la actualidad se disfracen de intervenciones humanitarias. Los medios de comunicación y los partidos políticos alineados con las grandes corporaciones sirven a los intereses de la misma clase dirigente, porque están integrados en la misma estructura de poder». Wikileaks, en cambio, «nos ha permitido contemplar al poder en bruto, desnudo, antes de que se vista de traje y corbata, se engomine el cabello y esconda el cuchillo».

Por Daniel Gatti
23 octubre, 2020

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Sancho R. Somalo

Tras un mes de juicio en Londres, la justicia británica ha anunciado que el 4 de enero, en el marco del nombramiento presidencial en Estados Unidos, hará pública su decisión sobre la extradición de Julian Assange a este país. Allí, el activista se enfrenta a 175 años de cárcel por la publicación de informaciones que llevaron a la opinión pública los crímenes de guerra cometidos en Iraq y Afganistán, o las torturas a las que son sometidos los detenidos en Guantánamo.

 

Diciembre de 2006. Wikileaks publica un documento, supuestamente firmado por el jeque somalí Hassan Dahir Aweys, en el que ordenaba la contratación de sicarios para asesinar a varios cargos del gobierno de este país. La publicación del documento, según describe The New Yorker en un artículo publicado cuatro años después, se realizó a pesar de que no estaban seguros de su autenticidad, advirtiendo de ello y pidiendo a los lectores colaboración para su análisis. 

Casi 14 años y decenas de publicaciones después, la cara más visible de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta a su extradición a Estados Unidos, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres. La resolución sobre la extradición de Assange se hará pública el próximo 4 de enero, durante el proceso de nombramiento del presidente de Estados Unidos tras las elecciones de noviembre. Si la justicia británica da luz verde a la extradición, el activista australiano irá a juicio en Estados Unidos, donde se le acusa 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que se enfrenta a 175 años de cárcel. 

Mientras, el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional investiga el espionaje al que habría sido sometido Assange durante su estancia en la embajada ecuatoriana por parte de la empresa UC Global, a cargo del exmilitar español David Morales. Según los documentos de la investigación, a los que ha podido acceder El Salto, Morales habría vendido durante años información sobre el activista a la CIA, institución a la que, en conversaciones con los trabajadores de la empresa, denominaba “el amigo americano”, a través del magnate de los casinos Sheldon Adelson y su equipo de seguridad. 

Estados Unidos acusa a Julian Assange de un delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva a cabo en la División de Alejandría de la Corte de Virginia. Entre las filtraciones citadas en la acusación, con fecha 23 de mayo de 2019, aparecen:

*La enciclopedia de la CIA ‘Intellipedia’.

*Reglas de Compromiso de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

*Procedimientos de interrogatorios en Guantánamo y documentos sobre los detenidos en esta instalación.

*Vídeos sobre interrogatorios realizados por la CIA.

*Información sobre armamento.

*Telegramas del Departamento de Estado de Estados Unidos, filtración denominada Cablegate.

En junio de 2020, Estados Unidos amplió la acusación contra Assange, sin aumentar los cargos presentados contra él. La ampliación le acusaba también de conspirar junto a hackers del colectivo Anonymous. 

14 años filtrando secretos de Estado

El documento sobre Hassan Dahir Aweys fue el primero publicado por Wikileaks, una organización entonces dirigida por el activista australiano Julian Assange como uno de los proyectos de una organización de periodistas y programadores llamada The Sunshine Press.

El dominio había sido registrado tan solo dos meses antes y, aunque esa primera publicación pasó prácticamente desapercibida, supuso su presentación en sociedad y fue pronto seguida de filtraciones de información sensible que dieron la vuelta al mundo: en agosto de 2007, The Guardian publicó un reportaje sobre el robo de mil millones de libras esterlinas por parte de la familia del expresidente keniano Daniel arap Moi, una información obtenida a partir de un informe realizado por la consultora Kroll al que habría tenido acceso a través de Wikileaks.

Ese mismo año, Wikileaks publicó un manual del ejército estadounidense sobre procedimientos operativos en el centro de detención de Guantánamo, un documento que la American Civil Liberties Union llevaba solicitando desde 2003 en base a la Ley de Libertad de Información —ese sistema de acceso a la información institucional que en España se aprobó en 2013 pero que en Estados Unidos está vigente desde 1967— y en el que se describe las torturas a las que eran sometidos los detenidos en esta instalación, como el uso de perros para intimidar a los prisioneros.

En 2008, a través del banquero y denunciante Rudolf Elmer —que fue después condenado a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 9.500 euros—, Wikileaks denunció cómo el banco suizo Julius Baer usaba las Islas Caimán para facilitar que sus clientes evadieran impuestos. Vídeos de disturbios civiles en Tíbet previamente censurados por el Gobierno chino, documentos internos de la iglesias de la Cienciología, informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Kenia —que supusieron que Amnistía Internacional premiara a Wikileaks por su labor de difusión— o listas de los militantes del Partido Nacionalista Británico, de extrema derecha son algunas de las publicaciones que siguieron en 2008.

En 2009, Wikileaks continuó su trabajo publicando, entre otras cosas, informes que probaban como Barclays ayudaba a evadir impuestos a sus clientes —que habían sido publicados previamente por The Guardian, medio que fue obligado por la justicia británica a despublicarlos—, también artículos sobre las reuniones del Club Bilderberg, el caso Petroaudios —compra de contratos petrolíferos en Perú—, sobre los préstamos realizados por el Kaupthing Bank —el mayor banco de Islandia— a sus principales accionistas poco antes de la crisis financiera en el país o las comunicaciones entre las instituciones gubernamentales estadounidenses el 11 de septiembre de 200, día del atentado de las Torres Gemelas. 

Pero 2010 fue el año en el que las informaciones difundidas por Wikileaks llegaron a un punto de inflexión. El 5 de abril de ese año, sacaron a la luz, bajo el nombre de Collateral Murder, un vídeo de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque sobre población civil producido el 12 de julio de 2007 en el barrio Nueva Bagdad, en la capital iraquí, en el que murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. 

Un mes después, la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning fue detenida y encerrada en régimen de aislamiento en una prisión militar en Virginia durante casi un año para pasar después a una prisión en Kansas hasta su juicio en 2013, en el que fue condenada a 35 años de cárcel, pena conmutada en 2017 por Barack Obama. Su delito: haber filtrado los documentos y vídeos de ataque de Bagdad y otros archivos que serían publicadas por Wikileaks a lo largo de ese año y los siguientes.

La serie de documentos Afghan War Diaries, publicada en julio de 2010, fue el siguiente petardazo: una colección de cerca de 91.000 informes militares datados entre 2004 y 2010 en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en este país a manos de soldados estadounidenses, el supuesto apoyo a los talibanes de países como Irán o Corea del Norte, los pagos a medios de comunicación afganos para limpiar la imagen del ejército estadounidense o el consumo de prostitución infantil por parte de contratistas en el país del Ejército estadounidense.

En octubre de 2010, los Iraq War Logs, otros más de 391.000 documentos, esta vez sobre la guerra en Iraq de 2004 a 2009 en los que se contaban 15.000 muertes de civiles que nunca habían sido admitidas por Estados Unidos. Y un mes después, el Cablegate ponía a disposición, primero de cinco grandes medios de comunicación —El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times— y después de todo el mundo 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados que tiene por todo el mundo.

¿Qué sacaron a la luz estas filtraciones? El espionaje ejercido por Estados Unidos y Reino Unido sobre el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, semanas antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq; la filtración de espías cubanos en Venezuela o las presiones de Estados Unidos al Gobierno español —entonces en manos del PSOE— para obstaculizar la investigación sobre la muerte en Iraq del cámara José Couso, a causa de un ataque del ejército estadounidense sobre el Hotel Palestina en 2003 —sepultado definitivamente por la reforma de la justicia universal aprobada en España por el Partido Popular en 2014.

A partir de entonces, aunque continuaron las filtraciones —documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia, también de la agencia privada de inteligencia Stratfor, de cargos políticos de Siria...— la atención ya estaba más enfocada sobre el propio Julian Assange que sobre la información difundida por Wikileaks. 

Comienza la carrera de procesos jurídicos contra Assange. El 21 de agosto de 2010 la justicia sueca ordena el arresto de Assange por la presunta violación de la opositora cubana Anna Ardin. Pocas horas después, la fiscalía retira la acusación, pero en septiembre se vuelve a abrir. Assange ya no estaba en Suecia entonces y en diciembre de ese año, después de que Interpol cursara una alerta roja para su detención, se presenta en una comisaría en Reino Unido y pocos días después es puesto en libertad bajo fianza.

En febrero de 2011, Reino Unido aprueba la extradición de Assange a Suecia para ser juzgado por violación. Un año y pocos meses después, Ecuador lo acoge en su embajada en Londres, donde Assange pasa siete años de su vida hasta que, tras el cambio de gobierno en el país latinoamericano y su retirada de asilo político, la policía británica le detiene a petición de Estados Unidos, que ya había presentado una acusación contra él con una petición de 175 años de cárcel. Eso fue el 11 de abril de 2019. Assange fue condenado por Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional y enviado a la prisión de Belmarsh, en el sur de Londres. Antes de que se cumpliera esa condena, Suecia había retirado la acusación de violación contra Assange.

Extradición y espionaje

En septiembre, tras varios meses de retraso por el covid-19, comienza el juicio en Reino Unido para decidir sobre la extradición de Assange a Estados Unidos. Según explica el medio inglés The Intercept, la primera magistrada asignada al caso Assange se retiró después de que saliera a la opinión pública las relaciones de su familia con los servicios secretos y con la industria militar. La juez que le tomó el relevo y ha presidido las sesiones del juicio tiene en su haber la aprobación de 23 de las 24 extradiciones sobre las que ha decidido, y en seis de ellas la justicia del país finalmente decidió rechazar la extradición.

El juicio se celebró a pesar de que los abogados de Assange pidieron más tiempo para poder preparar el caso, ya que solo habían podido reunirse con el activista un par de veces, y bajo vigilancia, en la cárcel en la que estaba recluido. Y se celebró con Assange metido en una caja de cristal, sin poder hablar con sus abogados durante las vistas. Ni siquiera pudo escuchar todo lo que se decía en la sala, debido a problemas en el sistema de sonido en su caja de cristal.


Las altas posibilidades de que Assange se suicidara si era extraditado a Estados Unidos y sus problemas de salud, agravados por su confinamiento en la embajada de Ecuador y aún más por su más de un año en la cárcel londinense, en la que no se le dejó ni siquiera usar sus gafas ni una radio fueron una de las argumentaciones de la defensa de Assange. “El señor Assange ha sido expuesto deliberadamente, por un periodo de varios años, a persistentes y progresivamente severas formas de trato cruel, inhumano y degradante, los efectos acumulados de estos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, afirmó durante el juicio el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.

Pero en las vistas celebradas en Londres para decidir sobre la extradición de Assange también se habló de otra investigación en la que el activista es la víctima: el espionaje cometido por él durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por la empresa española UC Global. El caso, investigado por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuenta con numerosa información sacada de los ordenadores de la empresa del ex militar jerezano David Morales y de varios ex trabajadores de la empresa, que afirman que las imágenes y audios grabados en secreto de Assange y las personas que le visitaban en la embajada eran facilitados a la CIA.

Espiado por una empresa jerezana

UC Global, empresa con sede en Jerez y dirigida por el exmilitar David Morales, comenzó a trabajar para Ecuador en 2015, prestando servicio de seguridad a las hijas del entonces presidente del país, Rafael Correa. Poco después, ampliaría los servicios al país ocupándose de la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. ¿Por qué Ecuador contrataría a una empresa española para prestar servicios de seguridad en Londres? La razón esgrimida inicialmente era esquivar los problemas burocráticos que conllevarían llevar a Reino Unido trabajadores desde Ecuador, sin embargo, según aparece en los documentos de la investigación, a los que ha tenido acceso El Salto, la empresa española habría realizado pagos a la jefa de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres. 

El escrito de la acusación explica como Morales, una vez que tuvo el contrato para la vigilancia de Assange, viajó a mediados de 2015 a Las Vegas para asistir a una feria de seguridad, donde presentó su contrato en la embajada ecuatoriana en Londres como su principal atractivo. A su vuelta de Las Vegas, el exmilitar afirmó a los trabajadores de UC Global que “desde ahora vamos a jugar en primera división” y que habían entrado en el “lado oscuro”.

La empresa de Morales firmaría poco después un contrato de seguridad con Las Vegas Sands, del magnate Sheldon Adelson, conocido simpatizante republicano y uno de los mayores donantes a la campaña de Donald Trump, quien tenía en su servicio de seguridad a varios exaltos cargos de la CIA. El contrato versaba sobre dar seguridad en un viaje en barco de lujo de Adelson por el Mediterráneo, aunque en el barco ya se contaba con un equipo propio de seguridad. Varios trabajadores que son testigos protegidos afirman que Morales les informó de que ahora trabajaban para las autoridades de Estados Unidos, ofreciéndoles información sobre Assange.

Cuando, en diciembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la acusación detalla, aportando imágenes y correos electrónicos de la empresa, cómo la vigilancia sobre Assange se fue agravando: cambiaron las cámaras, que inicialmente no grababan sonido, por otras que sí lo grababan —compradas en una tienda con el ilustrativo nombre de 'Espiamos'—; pusieron micrófonos hasta en el baño; instalaron unas pegatinas cuyo objetivo era bloquear los dispositivos de ruido blanco usados por Assange para evitar que grabaran sus reuniones; incluso escanearon la documentación y copiaron los datos móviles de las decenas de personas que visitaron a Assange en la embajada, desde políticos como Yanis Varoufakis a personalidades de sociedad y cultura como Pamela Anderson y Yoko Ono, o periodistas premiados con el Pulitzer como Glen Greenwald —precisamente premiado por las publicaciones que hizo a partir de otras filtraciones, las de Edward Snowden sobre el espionaje masivo realizado por Estados Unidos—. Incluso habrían grabado reuniones entre Assange y el jefe del Senain, el servicio de inteligencia que oficialmente les tenía contratados para que prestaran servicios en la embajada, o con Dana Rohrabacher, ex congresista republicano que habría sido mandado por Trump a la embajada para ofrecer a Assange un indulto a cambio de que afirmara que Rusia no estaba detrás de las filtraciones de correos electrónicos del Partido Demócrata —aunque después Rohrabacher desmintió que hubiera sido enviado por Trump—. También incluso habrían intentado robar el pañal de un bebé que acompañaba a amigos y abogados de Assange para analizar sus heces y comprobar si era hijo del activista. El contenido de las grabaciones, según explica la acusación, se compartía a las autoridades estadounidenses por parte de Morales en los habituales viajes —mensuales— que hacía a Estados Unidos, en donde tendría, como centro de operaciones, el hotel de Adelson.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado ya a testificar en la causa a Julian Assange, a varios de sus abogados, a Rafael Correa y al embajador de Ecuador en Londres, entre otros. También ha acordado tomar declaración a una docena de personas afectadas por el espionaje en varios países y a Zoah Lahav, uno de los empleados del equipo de seguridad de Las Vegas Sands, a donde Morales viajaba asiduamente. “Francia, Grecia, Islandia… todos los países cooperan, menos Estados Unidos”, lamenta Aitor Martinez, uno de los abogados de Julian Assange. El juez del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha pedido información a la justicia estadounidense sobre las IP que han accedido desde este país al servidor de UC Global en Jerez de la Frontera, en el que la empresa guardaba las grabaciones realizadas a Assange, pero la respuesta por parte de Estados Unidos ha sido requerir información sobre las fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional y sobre lo que Morales ha declarado ante el juez.

Por Ter García

@tergar_

10 oct 2020 05:16

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El juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa 

El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a Estados Unidos, donde la administración Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.

Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.

Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.

Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.

Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.

Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.

La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.

Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.

*Copresidentes de AssangeDefense.org

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

Publicado enInternacional
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