Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

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Proyecto de la FAO prevé combatir la pobreza rural en 100 territorios de AL

Rezagados y vulnerables son los 100 territorios de América Latina en los que la Organización de las Naciones Unidas pondrá el foco para contener la pobreza rural, estrategia que busca mejorar la vida de las comunidades y evitar conflictos como los generados por las migraciones masivas y el narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) presentó este martes en Santiago de Chile su estrategia Cien Territorios Libres de Pobreza y Hambre, que busca intervenir en el contexto de políticas públicas y trabajar junto con gobiernos, organizaciones, empresas y otros actores civiles, con el objetivo de combatir nudos de extrema pobreza que ponen en riesgo la vida de unos 40 millones de latinoamericanos.

En una primera etapa, la FAO trabajará con Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y luego espera que se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, según datos del organismo.

Las áreas rezagadas son "muchas veces tierras invisibles y otra veces territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas", por eso la FAO decidió “poner el foco de atención ahí", señaló Julio Berdegué, representante regional de la organización, con sede en Roma.

Hasta ahora la FAO ha identificado mil 975 municipios en 14 países que agrupan a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. De éstos, la mitad (20.9 millones) vive en el campo y el resto en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescencientes y uno de cada cinco hogares está liderado por una mujer.

Con 547 municipios, México lidera la lista de zonas rurales más rezagadas, seguido de Perú, con 422, Brasil con 229 y Colombia con 213.

El representante señaló que cuando las zonas rurales quedan rezagadas y viven en pobreza pueden ser fuentes de conflictos vinculados al narcotráfico, como la producción de coca o amapola para heroína, el desarrollo de economías ilegales o generar migraciones masivas.

"Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica, que cruzan México y quieren llegar a Estados Unidos, generan todo tipo de problemas internacionales", apuntó Berdegué.

"Nadie dice que el origen de eso son los territorios de extrema pobreza y el abandono, sino que le ponemos atención hasta que tenemos un problema", señaló.

Tras años de buenas noticias y grandes avances en la lucha contra la pobreza, la región está "caminando hacia atrás" con aumentos en las tasas de extrema pobreza global y con casi la mitad de los habitantes de zonas rurales de América Latina inmersos en la pobreza, advierte la organización.

Para Berdegué, estos territorios rezagados son como lugares detenidos en el tiempo. "Incluso en los países con los mayores avances hay territorios rurales que se han quedado atrás, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años", dice.

Hacerse cargo de estas localidades perdidas es necesario "no sólo por el motivo ético de que estas personas, niños vivan una mejor vida, sino porque son fuente de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países", agregó el funcionario.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de personas que vive en la pobreza aumentó en 2017 a un máximo en una década.

En el caso de las zonas rurales, la pobreza alcanza 48.6 por ciento de la población y en algunas áreas más vulnerables el porcentaje se eleva a 70 puntos, de acuerdo con datos de la FAO.

Mariana Escobar, consultora de la FAO especialista en desarrollo rural, especificó que en momentos de contracción de las economías de la región, es necesario mejorar la coordinación, el uso de datos y aplicar la creatividad frente al exceso de burocracia.

También destacó la necesidad de fortalecer a los actores locales y líderes sociales en estos territorios.

"La tarea de avanzar en este reto tan grande de la pobreza rural es tarea de los gobiernos, pero éstos no pueden solos", apuntó.

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La ONU aprueba los derechos del campesinado y España se abstiene

Más protección, más garantías, más respeto, más participación, más dignidad, más igualdad. No solo para los agricultores, también para los ganaderos, los indígenas, los pescadores, los pueblos nómadas y las personas que viven en zonas rurales. Más derechos para el acceso a la tierra y a los recursos naturales, para la gestión de las semillas tradicionales, para la gobernanza, para los empleados migrantes y temporeros. Para los hombres, y con incidencia, para las mujeres que trabajan en los pueblos y que pueden garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la biodiversidad... Estos son algunos de los principios que recoge la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales recién aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución. Un texto que promovió el movimiento internacional Vía Campesina desde que celebraran el primer congreso en 2001 en Indonesia hasta este 2018, con este documento que consideran "histórico", y que ahora se pone a disposición de los países del mundo. "Es un reconocimiento a nuestro rol en la lucha contra el hambre, por la mitigación del cambio climático, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por la soberanía alimentaria", destaca Diego Montón, delegado del colectivo en América Latina.

La ONU reconoce en la resolución que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren "de manera desproporcionada" la pobreza, el hambre y la malnutrición, que conviven con la degradación del medioambiente, que se enfrentan a la despoblación y el envejecimiento de sus regiones, que requieren más ayudas e inversiones, que pueden trabajar en condiciones peligrosas o son víctimas de explotación y que tienen dificultades para acceder a los ámbitos de la justicia, a los servicios financieros o a la protección social. Resalta también que le preocupa la especulación sobre los alimentos, la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las desiguales relaciones de poder en las cadenas de valor, entre otros. "Los campesinos se enfrentan a situaciones extremas que se ven agravadas por un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Ellos alimentan al mundo, pero el disfrute de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo su propio derecho a la alimentación", ha declarado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras la aprobación del texto.


"Es una gran victoria del mundo rural frente al mercantilismo imperante. Es un documento importante para frenar la mercantilización y el oligopolio de los alimentos utilizados como mercancía, y la concentración del poder de su distribución en unas pocas manos. La declaración recoge la humanización de la agricultura, que algo tan básico no dependa de las grandes empresas", declara con decisión el ingeniero José Esquinas, implicado en la negociación desde hace un lustro y miembro del comité científico. Para el experto, esta resolución, amparada en el contexto de los Derechos Humanos, pone a las personas en el centro frente a los beneficios empresariales, y promueve la soberanía alimentaria frente a la dependencia de las grandes compañías. "Es fundamental también que sitúa al campesino como custodio de la biodiversidad agrícola del planeta, básica para los cambios medioambientales que se avecinan", detalla el experto.


La declaración, que expone directrices voluntarias, otorga un corpus discursivo unificado al sector y sus sociedades, y sirve de base para que los Gobiernos, nacionales, regionales o locales, tengan orientaciones para cimentar, analizar y evaluar sus políticas públicas junto a la sociedad civil. "Desde ya hay casos de municipios de América Latina que estaban usando el proceso de la declaración para adoptar resoluciones locales. Es una herramienta para legislar y servirá para establecer diálogo con muchas de las luchas abiertas", señala Montón, que destaca la precisión recogida en el texto para defender a los líderes campesinos. "En muchos lugares del mundo hay criminalización, discriminación e incluso cárcel y violencia para los líderes campesinos. Esta declaración es también un llamado a respetar los derechos civiles, políticos, económicos y políticos de los campesinos", detalla.


La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también ha calificado de "histórico" este documento, que detalla cuestiones sobre la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para la seguridad alimentaria, además de reforzar las identidades culturales y los conocimientos tradicionales. "A la población rural se le ha dejado atrás de forma sistemática: constituye la gran mayoría de los pobres del mundo, generalmente tienen salarios más bajos y menos acceso al agua, energía, protección social y otros servicios que son esenciales para su desarrollo sostenible. Esta es una oportunidad para cambiar esta realidad", ha declarado Carla Mucavi, directora de la Oficina de Enlace de la organización para las Naciones Unidas en Nueva York. "Para la FAO va a ser muy importante, útil y relevante en relación con la década de la agricultura familiar (2019-2028), trata temas a desarrollar como la tierra, las semillas o que la innovación sea sostenible y participada con el conocimiento local", detalla Guilherme Brady, coordinador del equipo de Organizaciones de la Sociedad Civil de esta agencia de la ONU. Los agricultores familiares generan cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el mundo, aunque "paradógicamente" suelen ser pobres y estar aquejados de inseguridad alimentaria, recoge la FAO.


España se abstiene para la aprobación del texto


Bolivia ha liderado esta propuesta sobre la que han votado 193 países y que ha contado con un amplio respaldo de Estados de América Latina, África y Asia. No obstante, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Hungría, Suecia y Nueva Zelanda se han posicionado en contra. España, junto a otros países europeos como Francia, Alemania, Grecia o Bélgica, se han abstenido de la votación. En la intervención de la Delegación española en la Asamblea de la ONU, el Gobierno explicó por qué no apoyó el documento explícitamente: "Coincidimos con otros Estados en que esta Resolucion incluye elementos, como la creación de nuevos derechos, que deben abordarse a través de otros instrumentos para garantizar la coherencia del valioso sistema de promoción y protección de derechos humanos actualmente vigente. Por ello, España se abstendrá en esta votación".

 

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El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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Nuestro hombre hicotea, sentipensante, hereje y luchador de nuestros tiempos

Remembrazas sobre Orlando Fals Borda, a propósito del décimo aniversario de su deceso. Su pensamiento sigue vivo, iluminando el ejercicio investigativo de decenas de miles de actores sociales.


Al indagar por Orlando Fals Borda como autor es necesario colocarlo en un escenario latinoamericano, en el cual se desarrolla un esfuerzo colectivo no programado ni organizado en sus inicios, por darle forma a un pensamiento propio que, a la vez que rompía con la “ciencia colonial” europea y estadounidense, recogía de las tradiciones originarias parte de la savia para darle forma a unos movimientos que desarrollaban un pensamiento que da identidad a nuestro contexto como formación social diferente y con proyectos que, manteniendo un nexo con la producción de otros lares, afirmaba las singularidades de lo propio como un ejercicio de complementariedad.

 

En ese sentido, quien inaugura este período es el peruano José Carlos Mariátegui, quien habló del “marxismo indoamericano”. También desde la especificidad colombiana, y muchos años después, Fals Borda hablaría del “socialismo raizal”. En el mismo período de la década del 30, Avelino Siñani y Elizardo Pérez en Bolivia, con la escuela Ayllu de Warisata, rompen el modelo eurocéntrico educativo proponiéndonos una educación indígena.

 

Ese escenario de “herejías” frente a lo establecido como conocimiento universal, va a tener en las décadas del 50 y 60 del siglo anterior una proliferación de propuestas, convertidas en movimientos con múltiples expresiones de resistencia y de construcción de procesos alternativos, lo cual nos permitió –a quienes veníamos después de ellos–, estar parados en “hombros de gigantes” como dirían algunos de Newton en las ciencias naturales. En nuestra realidad emergieron con contenido propio: la teología de la liberación (Gutiérrez), la teoría de la dependencia (Faletto), la comunicación popular (Kaplún), la psicología popular (Martín-Baró), el desarrollo a escala humana (Max-Neef), la educación popular (Freire), la filosofía latinoamericana (Dussel), el teatro del oprimido (Boal), colonialidad del saber y del conocimiento (Quijano), la ética del cuidado (Boff), la sistematización como una forma de investigar las prácticas (Martinic), las epistemologías contextuales (Zemelmann).

 

En el marco de estos desarrollos, nuestro recordado Orlando Fals desarrolla la investigación acción participante (IAP), articulada a una serie de experiencias en otros lugares de América Latina, como sucedió con las anteriormente citadas y para su caso con una mayor cercanía en Brasil, Chile, México, que luego atravesaría los océanos hacia la India, África y Australia. En su esfuerzo por cruzar educación popular e investigación se puede tomar como antecedente el trabajo de tres décadas antes, como las experiencias vividas en el desarrollo del proyecto educativo de la Anuc, el trabajo realizado en la costa caribe en el marco del movimiento campesino, y que luego va al movimiento pedagógico colombiano.

 

Orientando la mirada hacia la historia y lo popular

 

En la actualidad se ven cosas curiosas que hay que mirar críticamente, pues muchas de las teorías en boga, por ejemplo, algunos de los autores de la descolonización, en aras de una originalidad de estos tiempos, pareciera que no reconocieran aquellos gérmenes de ese “nuevo” pensamiento en los autores que nos antecedieron. Para este caso de la descolonización basta solo recordar cómo Simón Rodríguez había dicho en 1828, “la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América”1.

 

De igual manera, podemos ver cómo muchos de los temas planteados en estas nuevas corrientes ya estaban en los escritos de Fals Borda, que pese a su formación funcionalista en los Estados Unidos o sus coqueteos con el marxismo, rompió rápidamente sus propios muros a partir de su práctica en el Departamento de Boyacá, que lo llevaría a escribir uno de sus primeros textos, al que llamó “campesinos de los andes” y que luego retomó para su tesis doctoral, en donde ya plantea claramente un distanciamiento con las ciencias europeas, encontrando una reflexión a partir de la categoría de sentido común, con la cual toma el rumbo de reconocer que había un saber y un conocimiento propio en los sectores populares que le permitiría identificar y cuestionar al colonialismo intelectual como uno de los principales problemas de las ciencias sociales de estos lares2.

 

Esta idea, que va a permitir constituir el saber propio o popular, va a tener su clímax en el texto que lleva por título La Historia Doble de la Costa, en el cual mostró que esa lectura popular estaba presente en el imaginario de los grupos sociales populares con narrativas propias, que les permitían diferenciarse de otro tipo de producciones. Allí están sus cuatro libros3, donde él reconoce que su idea de “sentipensante” la apropió de estos campesinos, que dan cuenta siempre de la unidad del mundo explicitada en la unidad de la razón, la pasión, el cuerpo y el corazón.

 

Estos textos auscultan con profundidad la manera cómo los territorios son constituidos en sus múltiples aspectos, no solo por las narrativas del poder sino también por las de sus habitantes, los cuales la viven, la explican y la transforman desde sus comprensiones, que la mayoría de las veces son diferentes a las de la academia clásica, en cuanto son sus luchas y resistencias las que otorgan sentidos e identidades. En esta perspectiva, la idea de praxis que reelabora desde ese sentido común y de los saberes no académicos, le van a servir como horizonte de ruptura epistemológica que lo llevará a la formulación de que, si miramos la vida de la gente, es posible distanciarse del positivismo como única manera de explicarla4.

 

Investigación Acción Participante para entender la vida

 

Para resolver esta crítica propone la Investigación-Acción Participante, como ruta para ver de qué manera los grupos populares no academizados organizan un conocimiento desde su quehacer, mostrando cómo ese saber –que a veces es desdeñado como folclor–, tiene su propia racionalidad y su propia estructura de causalidad. En ese sentido, va a tener validez científica así esté por fuera del edificio formal de la ciencia clásica5.

 

Este camino de elaboración temprana va a tener una veta que nunca abandona en su obra, que lo llevará por el camino de reconocer ese saber de los sectores populares como otro tipo de conocimiento, el cual era muy visible en la vida indígena, las rebeliones, la experiencia de la gente en su día a día, o en las herejías. Frente a todo ello señalaba que para poder leerlas en otra clave, se requeire una opción ético-político-cognitiva, lo cual convierte a la investigación-acción participante como una forma de actuación política con un compromiso en una acción “científico-política”, que se vincula para ayudar en los procesos de empoderamiento, organización y lucha de los sectores sociales populares, a la vez que va a ser una crítica al predominio del positivismo en las ciencias sociales, y más radical, en cuanto permite la emergencia de una epistemología surgida en el sur6.

 

En esta mirada señala como esa organización de la sociedad –basada en la dicotomía entre desarrollo y subdesarrollo– ha sido construida por una escala de poder que desconoce la complejidad y la fragilidad del medio tropical, caracterizado por sus comunidades multiétnicas y biodiversas. Si las desconocemos, nos convertirán en promotores de la economía del consumo, que a nivel de conocimiento significa el uso de “paradigmas desarraigados del contexto propio”. Por ello propone la construcción de paradigmas endógenos enraizados en nuestras propias circunstancias, que no rompan la unidad humana-naturaleza y que encuentra interrelación con los paradigmas críticos europeos en desarrollo, por ejemplo en los procesos de complejidad, sistemas, fractalidad y otros.

 

Esto significaría: “sustituir las definiciones discriminatorias entre lo académico y lo popular; entre lo científico y lo político, sobre todo en la medida en que se haga énfasis en las relaciones complementarias”7. Para Fals, esas discusiones tenían consecuencias políticas y desde ese entendimiento plantea su “socialismo raizal”, diferenciándose también del eurocentrismo marxista, sin desecharlo, y da sentido a una acción política en nuestros contextos latino, caribe y mesoamericano soportados en las particularidades del humano tropical: la solidaridad del mundo indígena, la búsqueda de libertad del afro, los sentidos de autonomía de los españoles y la dignidad de los campesinos, lo cual nos va a dotar de un proyecto propio desde nuestras particularidades, para por esta vía establecer las bases referenciales y humanas para la segunda república.

 

Enfrentando la neutralidad valorativa para transformar la realidad

 

Todos estos planteamientos tienen su concreción en una propuesta investigativa que, recuperando los diferentes planteamientos de la teoría de la acción: Lewin, Sol Tax, Anisur Rahman, va a ir encontrando en Fals, a través de la participación, un núcleo de pensamiento que da forma a la investigación acción participante con una fundamentación que enfrentó la neutralidad valorativa, tan en boga en los científicos sociales. Ella dio lugar a la necesidad de reconocer al observador como parte del mundo que se investiga, de cómo la investigación tiene consecuencias transformadoras en la realidad, de cómo el mundo enunciado estaba construido desde múltiples mundos en unidad contradictoria, y que leerlos así implicaba enfrentar las dicotomías sobre las cuales estaba construido el relato occidental eurocéntrico. Esto mostraba la capacidad de ligar pensamiento transdisciplinar y pensamiento raizal propio.

 

Fals abandonó la Universidad a finales del 60 del siglo pasado, para hacer un trabajo coherente con su pensamiento en medio de los campesinos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –Anuc. Cuando 20 años después regresa a la Universidad, escribe un texto muy actual en donde invita a desafiar la manera cómo se había entronizado la institucionalidad de la ciencia eurocéntrica en nuestro contexto, mostrándolo como otro dogmatismo que invita a romper y a encontrar incesantemente las causas que hagan complementario, de una manera dialéctica, el conocimiento popular y el conocimiento científico8.

 

Aunque muchas veces no lo valoramos en su real dimensión, Fals fue un pensador que trascendió su territorio y tiempo, alcanzando a forjar un pensamiento que no se detiene, en cuanto sigue iluminando reflexiones para la nueva crítica de este tiempo. Qué mejor que cerrar esta corta nota con un párrafo de su intervención, cuando en 2007 le confirieron el premio Malinowsky:

 

Al tomar el contexto como referencia y a los conceptos teóricos de praxis con frónesis, descubrimos una veta casi virgen de ricos conocimientos de las realidades de nuestros pueblos autóctonos, de nuestras raíces más profundas, por fortuna todavía vivas. Recordemos que los paradigmas que han moldeado nuestra formación profesional, en general, han sido constructos socio-culturales de origen eurocéntrico. Ahora tratamos de inspirarnos en nuestro propio contexto y dar a nuestros trabajos el sabor y la consistencia propias del tercer mundo y su trópico, con un paradigma más flexible, de naturaleza holística y esencia participativa democrática. Para llegar a estas metas, la arrogancia académica es un serio obstáculo, debía archivarse9.

 

* Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional
1 Rodríguez, S. Obras completas. Universidad Central de Venezuela. Tomo II. Caracas. 1975. p. 133.
2 Fals-Borda, O. El hombre y la tierra en Boyacá, base social para una reforma agraria. Bogotá. Áncora Editores. 1979.
3 Fals-Borda, O. Historia doble de la costa I: Mompox y Loba; Historia doble de la costa II: El presidente Nieto; Historia doble de la costa III: Resistencia en el San Jorge; Historia doble de la costa IV: retorno a la tierra. Bogotá. Áncora. 2002.
4 Fals-Borda, O. Ciencia propia y colonialismo intelectual. Bogotá. Carlos Valencia Editores. 1981.
5 Fals-Borda, O. La ciencia y el pueblo. Nuevas reflexiones sobre la investigación-acción, la sociología en Colombia: balance y perspectivas. Bogotá. Asociación colombiana de sociología. Tercer Congreso Nacional. 1981.
6 Fals-Borda, O. Orígenes universales y retos actuales de la IAP. En: revista Análisis Político Nº. 38. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 1999. pp. 73-89.
7 Fals. B; Mora Osejo: la superación del eurocentrismo: enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical. Revista Polis: revista de la universidad bolivariana. Vol. 2. Número 007. Universidad Bolivariana. Santiago de chile. 2004
8 Fals-Borda, O. El tercer mundo y la reorientación de la ciencia contemporánea. En: Herrera, N. y López, L. (compiladores). Ciencia, compromiso y cambio social. Orlando Fals Borda, Antología. Bogotá. Lanzas y Letras-Extensión Libros. 2013.
9 Fals-Borda, O. La Investigación Acción en convergencias disciplinarias. Conferencia para recibir el premio Malinowsky de la Society for Applied Anthropology y el premio Oxfam-América Martin Diskin de la Latin American Studies Association (Lasa). Borrador (3). Agosto de 2007.

Publicado enEdición Nº250
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Solo 87 empresas controlan toda la cadena productiva del agronegocio

Sólo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena productiva del agronegocio en todo el mundo. Entre ellas, están las gigantes del sector de bebidas y carnes, como Coca-Cola, AmBev, JBS y Unilever; pero también empresas de tecnología como IBM, Microsoft y Amazon, atraídas para la producción agrícola y venta minorista por áreas como big data (grandes conjuntos de manipulación de datos) y vehículos inteligentes.


Cuatro grandes trading companies controlan la importación y exportación de commodities agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas estadounidenses Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y el conglomerado multinacional con sede en Holanda, Louis Dreyfus Company. Actualmente, representan un 70% del mercado mundial decommodities agrícolas.


Esos datos forman parte del Atlas Agroalimentario, lanzado en Brasil este martes (16). El informe analiza la cadena global de la agricultura y cómo la concentración del mercado en manos de pocas empresas moldean el sistema agrícola mundial.


Maureen Santos, coordinadora de Justicia Socioambiental de Heinrich Böll, una de las promovedoras del atlas, explica que el nuevo documento presenta análisis sobre la realidad local del agronegocio.
Según ella, el mérito del proyecto se debe al levantamiento que reúne, en una sola publicación, los datos del sector sobre finanzas, inversiones y maquinaria; conflictos relacionados al acceso a la tierra y al agua, semillas y uso de fertilizantes en el mercado de commodities, desde el procesamiento de alimentos hasta el consumo doméstico.


“[El Atlas] muestra que globalmente, y también en Brasil, hay problemas muy serios relacionados con esa cadena: la expansión de los monocultivos y el consecuente incremento del uso de agroquímicos y de los problemas de salud; reducción de la calidad de los suelos y de la biodiversidad; los conflictos que se relacionan con la concentración del mercado y del incremento de la adquisición de tierras en detrimento de las condiciones de vida y del trabajo de la agricultura familiar, campesina y de las comunidades ancestrales”.


Financiarización


El Atlas también demuestra cómo funciona el juego financiero de lastrading companies que forman el grupo ABCD en el mercado especulativo.
En 2015, el comercio de contratos de futuros sobre maíz fue 11 veces mayor que la producción mundial de este grano. Es decir, mientras la cosecha de maíz llegó a 978 toneladas, los contratos en la Bolsa de Valores llegaba a 10,5 millones de toneladas.


Además, el grupo es directamente o indirectamente responsable por la deforestación en la selva tropical. En Brasil, por ejemplo, las comunidades guaraníes acusaron a Bunge por comprar caña de azúcar producida en tierras robadas en 2012. En aquel momento, la empresa afirmó que sus abastecedores respetaban el derecho a la tierra, pero no renovó los contratos.


Soberanía alimentaria


La concentración en la cadena productiva representa una amenaza al conocimiento ancestral del cultivo de la tierra. Esta es una de las preocupaciones de la periodista Verena Glass, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, que trabajó en la adaptación del informe al porugués. Ella señala que el incremento del uso de la tecnología de punta, con la agricultura de precisión, representa una amenaza a la soberanía alimentaria de diversos países.


“Lo que había de más vivo, la relación de alimentar a los seres humanos y reproducir la vida a partir del conocimiento sobre la tierra, el territorio, el clima, los animales y de la integración con la biodiversidad, se sustituye. Y esa es una lógica que se suma al uso de semillas transgénicas, agroquímicos, tecnificación y patentes y representa una pérdida de la biodiversidad y del conocimiento”, afirma la periodista.


Glass señala aún para el aumento de la disputa por territorios. “O sea, cuál será el espacio para la agricultura familiar y la agroecología, las comunidades ancestrales en Brasil y el mundo según esos nuevos paradigmas?”, cuestiona Glass.


Otro punto que se destaca en el informe es la acelerada disminución del número de empresas en el mercado global de semillas y agroquímicos debido a las fusiones que originan poderosos conglomerados de empresas. Desde la consolidación de la compra de Monsanto por Bayer en junio de este año, este mercado se divide en cuatro grandes grupos: Dow DuPont, Bayer, Syngenta y BASF.
La versión brasileña del Atlas Agroalimentario está disponible en el sitio web de la Fundación Heinrich Böll.


Edición: Juca Guimarães | Traducción: Luiza Mançano

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Colombia: El proyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables

A indígenas, afros y campesinos les preocupa esta iniciativa, que radicó el gobierno saliente, porque consideran que cambia las reglas de juego en el acceso a la propiedad rural. Líderes sociales, académicos y congresistas advierten que la propuesta es regresiva y plantean duras críticas.

El pasado 20 de julio, el saliente ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, radicó el Proyecto de Ley 003 de 2018, mediante el cual se pretende modificar la Ley 160 de 1994, de reforma agraria, “y se dictan otras disposiciones”. El hecho quedó opacado por la ceremonia de instalación del nuevo Congreso de la República y, además, por la polémica nacional que generó el senador Antanas Mockus al bajarse los pantalones para pedir silencio al plenario.


Pero quienes saben de tierras y están preocupados por el futuro de la propiedad rural en el país, entre ellos las organizaciones campesinas y étnicas, así como congresistas en la oposición y académicos, iniciaron el estudio de los 47 artículos que contiene el proyecto de ley y que pretende transformar las normas existentes, pilares fundamentales del punto uno del Acuerdo de Paz pactado con la extinta guerrilla de las Farc.
Durante dos días, líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes, investigadores sobre tierras, territorios y medio ambiente, y congresistas se reunieron en Bogotá para analizar los impactos del proyecto de ley y expresar sus preocupaciones. En el encuentro, organizado por la Estrategia Colaborativa por la Garantía del Derecho a la Tierra y al Territorio (ENI Colombia), las comunidades concluyeron que la propuesta es regresiva y lesiva para la población rural más vulnerable, además de contradecir el Acuerdo de Paz pactado en La Habana tras cuatro años de negociaciones.


Eduardo León, vocero de la Cumbre Agraria, explica que el gobierno nacional incumplió su promesa de consultar con las comunidades cualquier reforma a la Ley 160 de 1994, siendo el nuevo proyecto “funcional a un modelo agroindustrial y extractivista, que deja por fuera a los campesinos, afros e indígenas y que no redistribuye la tierra y contraría los Acuerdos de La Habana”. A su juicio, “este proyecto está condenando al país a la profundización del conflicto, que no sólo se expresa militarme sino socialmente.


Por su parte José Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), regional Meta, indica que “resultamos con normas que van disminuyendo los instrumentos que deberían usarse para hacer la reforma rural”.


De acuerdo con su análisis, “el proyecto de ley ni es de reforma ni Ley de Tierras, sino que tiene una orientación a la formalización de la propiedad. Seguramente algunos pequeños productores se beneficiarán, pero también hay una tendencia a entregar una buena parte de los baldíos nacionales a grandes empresarios”.


En ese sentido, Javier Medina, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que la iniciativa reproduce algunos problemas tradicionales de lo rural en Colombia y a su juicio es cuestionable que el gobierno nacional plantee una nueva reforma sin haber logrado avances significativos en temas como el fondo de tierras, así como en la implementación del catastro multipropósito y la jurisdicción agraria.


Paula Álvarez, investigadora independiente en temas ambientales y rurales, sostiene que el proyecto es contraproducente y regresivo para las comunidades agrarias y étnicas del país, bajo la lupa de tres elementos: el primero, es que complementa la visión que el gobierno nacional ya venía desarrollando con figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que concede grandes extensiones de tierra para proyectos agroindustriales, planteando que el desarrollo rural está conformado por una serie de actividades que incluyen a la minería y la agroindustria.


“Ambas son catalogadas de utilidad pública e interés social, lo que les da una jerarquía superior y esto advierte que grandes extensiones de tierra serán entregadas a proyectos extractivos y de agroindustria”, advierte Álvarez.


El segundo elemento, según esta experta, es la consolidación no solo de las Zidres sino de una nueva figura, la de derecho a uso: “Estamos hablando de 30 millones de hectáreas que serían incorporadas a esta dinámica de actividades públicas e interés social”.


Y un tercer elemento es la posible extranjerización de la propiedad rural: “Es entregarle grandes extensiones de tierras a estos capitales para el desarrollo de emprendimientos, en detrimento de las solicitudes que han hecho comunidades campesinas y étnicas para que les adjudiquen tierras o que les permita constituir o ampliar resguardos o consejos comunitarios”.


Ante ese escenario, Álvarez plantea un panorama complejo si se aprueba el proyecto de ley: “Se va a profundizar más la lucha y la disputa por la tierra en el país”.


A los tuétanos del conflicto


La tierra y el territorio son el trasfondo del conflicto armado. En la negoción con la extinta guerrilla de las Farc, hoy convertida en movimiento político sin armas, el gobierno nacional reconoció que la concentración de la propiedad rural y las disputas por los intereses que emergen a su alrededor agudizaron el conflicto. Por eso, el primer punto del Acuerdo de Paz pactado en La Habana propone una Reforma Rural Integral (RRI), planteada como pilar de la prometida “paz estable y duradera”.


Firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, comenzó la fase de implementación. En el papel estaba el “qué” hacer, pero debía definirse “cómo” lograrlo a través de herramientas jurídicas. Para ello se creó el llamado Fast Track, trámite legislativo extraordinario, una vía más rápida para aprobar las normas y leyes requeridas para poner en marcha los puntos pactados.
En marzo de 2017, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) comenzó una correría por diversas regiones del país para socializar un proyecto de Ley de Tierras, que fue duramente cuestionado por ir en contravía del Acuerdo de Paz.


Aunque ese proyecto no fue aprobado, el gobierno nacional firmó el Decreto Ley 902 de mayo de 2017, que cambia los derechos de uso de la propiedad rural, ampliándolos a la industria, la infraestructura, el sector minero-energético, los servicios y turismo, así como a la agroindustria, una salida jurídica del presidente Juan Manuel Santos para avanzar en sus pretensiones de cambiar las reglas de juego en el tema rural.


En ese sentido, tanto Adriana López como Andrea Lopera, abogadas de las unidades técnicas legislativas (UTL) de los congresistas Iván Cepeda y Feliciano Valencia, analizaron el Proyecto de Ley 003 de 2018 y aseguraron que es un complemento de las normas agrarias que ya venía aprobando el gobierno saliente.


A juicio de las juristas, el nuevo proyecto modifica profundamente el régimen de baldíos, las tierras de Nación que según la Ley 160 de 1994 deberían ser destinadas para comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente. Y concluyen que esos baldíos podrán ser entregados en propiedad o en derechos de uso sin límites a empresarios mineros, petroleros, de hidroeléctricas, entre otros, dedicados a las actividades de utilidad pública e interés social.


Y, además, dicen ellas, que el proyecto incluye tantas excepciones a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la extensión mínima vital que requiere una familia para subsistir en el campo, “que en realidad acaban con ella”.
López y Lopera coinciden en que el nuevo proyecto crea otra figura, las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario (Zeia), que son prácticamente las mismas Zidres, “pero sin ninguna restricción”. La iniciativa, además, propone varias fórmulas para sanear y hacer “borrón y cuenta nueva con diversos casos de indebida acumulación de baldíos”, que son las tierras que en teoría deberían disponerse para hacer la Reforma Rural Integral.


Las abogadas advierten que el proyecto afecta la disponibilidad de tierras para la paz y la reforma agraria, y, por el contrario, no dice nada sobre la compatibilidad de lo ambiental y lo agrario; los mecanismos de resolución de conflictos en territorio e interculturales; la agilidad en la respuesta de la ANT frente a procedimientos agrarios; el avance en la estructuración de la jurisdicción agraria y la protección de la economía campesina. La iniciativa, dicen ellas, “reemplaza una política social con una económica sin impactar la concentración de la tierra en Colombia”.


En ese sentido, el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso establece nuevas formas de acceso a tierras rurales para favorecer la inversión de grandes capitales bajo el lema de “brindar seguridad jurídica”, especialmente para fortalecer la agroindustria como una actividad de utilidad pública e interés social, y consolidar el modelo extractivista de minerales e hidrocarburos.


Pero, tal como lo han advertido expertos en estas materias, el gobierno nacional ya venía aprobando normas de este tipo, como lo hizo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que creó las Reservas Mineras Estratégicas, más conocidas como Áreas Estratégicas Mineras (AEM); el documento de política económica Conpes 3762, que propone los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines); la Ley 1776 de enero de 2016 que crea las Zidres; el Decreto Ley 902 de mayo de 2017 y el Conpes 3917 de febrero de 2018, que establece un área de referencia como insumo para la identificación de las Zidres.


Algunos artículos polémicos


Más de la mitad del articulado del proyecto de ley es cuestionado. Según los análisis hasta ahora realizados, los artículos 1 y 2 crean nuevas figuras de aprovechamiento de acuerdo con el uso productivo y eficiente de los suelos rurales. Se refieren a las Zeia, que además de destinar el área rural para la producción agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y forestal, la amplía a la agroindustria. “El desarrollo integral de las actividades del campo en dichas Zonas será oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica y gozará de especial protección”, señala el artículo 2.


Otro es el artículo 10, que establece “otras formas de adjudicación y uso”, favoreciendo la adjudicación plena del dominio de predios rurales a personas naturales o jurídicas que adelanten actividades de utilidad pública e interés social como la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, producción de energía o gas, y agroindustria.


También el artículo 12 sobre “regularización por confianza legítima”, indicando que la ANT puede adjudicar predios baldíos, hasta por una UAF y por una sola vez, a cualquier persona que los haya ocupado con anterioridad a la expedición de la Ley 160 de 1994 de forma pacífica y de buena fe. Las abogadas señalan que esta es solo una forma para sanear acumulaciones indebidas o despojos.


La propuesta plantea en el artículo 13 el “reconocimiento a la función social de la propiedad”, con el que se podrá adjudicar u otorgar derechos de uso y posterior titularidad plena a quienes hayan ocupado predios diez años antes de la expedición de la ley, demostrando la buena fe simple. Las abogadas consultadas cuestionan que, por el contrario, en el artículo 15 a los campesinos que deseen acceder a títulos gratuitos, o parcialmente gratuitos, les imponen más restricciones.


Lo anterior porque si son ocupantes de baldíos clarificados o están en procesos de recuperación, el proyecto indica que pueden acogerse a los artículos 12 y 13, lo que significa más requisitos para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para acceder a la misma a través del Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), entre ellos “las retribuciones que tendrán que pagar por su adjudicación”.


Otro grupo de artículos criticados son los 15, 16 y 25, que cambian la definición de baldíos, plantean la inadjudicabilidad para aquellos baldíos que tengan un uso o desarrollo de interés general o utilidad pública; y se refiere a las áreas inadjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables, de forma respectiva. “Esto es menos disponibilidad de tierras para pobladores rurales, pues algunos baldíos se reservarán para mineros y petroleros”, afirman las analistas de las UTL de Cepeda y Valencia.


A Margarita Varón, gerente de Colombia Rural, le preocupa el aparte final del proyecto de ley, consignado en el artículo 46, que le pone un término definitivo a la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado: “Esto abre la puerta para nuevos conflictos porque se acaban las vías institucionales para los reclamantes de restitución”.


A su vez, Germán Cardoza, especialista en temas agrarios, advirtió que el nuevo proyecto elimina el artículo 79 de la Ley 160 de 1994, “que es el que define el ordenamiento social, ambiental y territorial en zonas de baldíos, además de ser el soporte de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y de muchos procesos agrarios, especialmente la recuperación de baldíos. La propuesta plantea conceptos de competitividad y productividad para la reconversión del uso del suelo, pero se le imponen restricciones a los campesinos y no a los grandes”.


Para las comunidades campesinas y étnicas su oposición al proyecto de Ley es clara. Y en ese sentido se expresó Luz Marina Arteaga, integrante de la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda Matarratón, en El Porvenir, Meta, donde el gobierno nacional reconoció la acumulación de baldíos por parte de la familia del esmeraldero Víctor Carranza: “Todo lo que habíamos avanzado en procesos agrarios, retrocede. Llevamos más de 30 años trabajando la tierra y reclamando la titulación de los baldíos. Yo le diría al Presidente y al Ministro de Agricultura que ellos saben que existimos, que tenemos derechos y que hay tierra para todos”.

26/08/2018
Verdad Abierta. Revista electrónica colombiana que firma colectivamente los artículos que publica y que analiza con especial rigor las causas y la evolución del conflicto campesino en su país.

 

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El café colombiano afronta su peor crisis en una década

La caída del precio internacional golpea a medio millón de familias cultivadoras

 La tradicional cosecha de café que salpica de rojo las verdes montañas de Colombia, y alcanza su pico de producción hacia final de año, se acerca en esta ocasión con un sabor particularmente amargo. La reciente caída por debajo de un dólar por libra del precio internacional del grano está golpeando a los cultivadores colombianos, que se quejan de la que califican como la crisis más profunda en los últimos 10 años y piden una intervención urgente del nuevo gobierno.

Para el tercer productor mundial, por detrás de Brasil y Vietnam, el café es un asunto de Estado. En muchas regiones de este país atravesado por la cordillera de Los Andes, sigue siendo el cultivo predominante. Con algo más de 900.00 hectáreas cultivadas, es uno de los principales sectores de exportación, detrás del petróleo y la minería, e incluso el Paisaje Cultural Cafetero, repartido entre los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda (centro-occidente), es considerado por la Unesco Patrimonio Mundial desde el año 2011.


La angustia de los cafeteros colombianos se hizo insoportable en la última semana. El lunes, el precio del grano en la Bolsa de Nueva York se cotizó a 97 centavos por libra, el nivel más bajo en 12 años. Los cultivadores, representados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), han acusado el golpe. “Esto no es una crisis solamente de las 540.000 familias cafeteras colombianas, es una crisis mundial del café, a estos niveles de precio ninguna caficultura es rentable ni sostenible”, explica Roberto Vélez, el gerente de la FNC. “Al productor hay que pagarle al menos el costo de producción más algo de rentabilidad”, agrega.
La crisis, sostienen los caficultores, tiene un componente de oferta y demanda pero también un componente especulativo de los inversores. Por un lado, Brasil, el mayor productor mundial, ha tenido una cosecha más alta. Por otro, los fondos de inversión han venido empujando los precios a un nivel por debajo de un dólar. “No se puede seguir permitiendo que sean actores ajenos a la industria como los fondos de inversión quienes, en un desaforado afán de lucro, determinen el precio de un producto básico tan importante del cual derivan su sustento 25 millones de familias productoras en el mundo”, reclamó la FNC en un comunicado.


A diferencia de otros momentos críticos para el producto que ha identificado a Colombia ante el mundo, el nivel de producción no está amenazado. El país de Juan Valdez exportó más de 14 millones de sacos en el último año, y la cosecha de 2018 ya está encaminada a una cifra similar, entre 13,5 y 14,2 millones. Esa meta no se ve afectada, pero sí la rentabilidad.
La caída del precio


El precio internacional de referencia para los cafés suaves, detalla la FNC, lleva 22 meses cayendo desde 160 centavos de dólar por libra en noviembre de 2016 a cerca de 108 en julio de 2018. Esa baja se ha intensificado en agosto, con el correspondiente descenso del precio interno. Como consecuencia de la caída del precio interno, la federación calcula que el valor de la cosecha será inferior en 1,5 billones de pesos (unos 500 millones de dólares) al valor de 2017, cuando alcanzó los 7,5 billones de pesos (2.522 millones de dólares). El golpe, advierte, lo sentirán tanto las regiones cafeteras como el desempeño general de la cuarta economía de América Latina.


Los cafeteros demandan medidas de choque del Gobierno del presidente Iván Duque. “Tenemos un precio interno por carga que en algunos momentos y en algunas zonas del país está incluso siendo por debajo de los costos de producción”, reconoció este jueves el ministro de agricultura, Andrés Valencia Pinzón. El mandatario “es muy consciente de esta situación y quiere darle una señal a los caficultores en el sentido de que no los va a abandonar”, aseguró el ministro, sin llegar a anunciar medidas concretas ni descartar subsidios.


Por lo pronto, el llamado de auxilio de los cafeteros será atendido la próxima semana con una reunión de urgencia del Comité Nacional de Cafeteros, la primera desde que Duque asumió el poder el 7 de agosto, donde tienen asiento los recién posesionados ministros de Agricultura, Hacienda y Comercio. Los caficultores han manifestado que esperan obtener un alivio de las deudas, apoyos para continuar con un ambicioso programa de renovación de los cafetales y ayudas puntuales con los fertilizantes. La preocupación por los precios también será abordada en varios encuentros internacionales. Vélez, el gerente de la FNC, visitará Brasil en los próximos días, y en septiembre se reunirá en Londres la Organización Internacional del Café.

SANTIAGO TORRADO
Bogotá 25 AGO 2018 - 06:20 COT

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A pie. Marcha campesina reaviva la movilización desde abajo en Venezuela

Se despertó el campesinado venezolano, la sal de su tierra, y marchó con paciencia hacia el lejano poder centrado en Caracas con reclamos ensordecidos y acallados durante años por la agudísima polarización política entre gobierno y oposición de derecha. Su cuestionamiento al gobierno es otro: el arrebato de sus tierras, la persecución que sufren del poder judicial y los latifundistas.


El 12 de julio pasado se inició en Acarigua, casi 500 quilómetros al suroeste de Caracas, una marcha popular que modificó el statu quo político en Venezuela. Como “una gota hirviendo en un témpano de hielo” –para usar una frase del teórico y político venezolano Alfredo Maneiro–, unos 2 mil campesinos de distintos movimientos sociales lograron descongelar la política en Venezuela y en la militancia de base del chavismo cuando comenzaron a caminar, desde el estado Portuguesa, para denunciar desalojos de tierras hechos por terratenientes y asesinatos por sicarios, muchas veces respaldados por las fuerzas armadas y otras instituciones estatales, como los tribunales agrarios.


Después del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que acaparó el espacio político en Venezuela durante los últimos años, después de la atención que recibieron la violencia política durante 2017 y la campaña electoral del primer semestre de 2018, la “marcha admirable campesina” (como fue bautizada popularmente, en referencia a la campaña militar con la que Bolívar tomó Caracas en 1813) marcó el resurgimiento de los movimientos sociales en el escenario político venezolano. Estos han cobrado protagonismo por fuera de los partidos de izquierda y derecha, gracias a un tejido social de movilización capaz de activarse y conseguir un espacio propio en la política nacional.


Día tras día estos pequeñísimos productores agrícolas, sin capacidad de compra de semillas o fertilizantes y muchas veces obligados por su condición humilde a sembrar la tierra con las manos, fueron avanzando rumbo a la capital. Rindieron homenaje a Jesús León y Guillermo Toledo, dos campesinos asesinados en la estancia ganadera Palo Quemado, en el estado de Barinas, presuntamente a mano de sicarios.


Después de tres semanas de marcha a pie, los campesinos llegaron, el 2 de agosto, a las inmediaciones de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, y se encontraron con tres piquetes policiales que les cortaron el paso.


CORRIENDO EL FOCO


Aunque no hubo violencia de ningún lado, la decisión del gobierno de no recibirlos provocó un estupor general y enardeció tanto a los grupos que se sumaron a la marcha en la capital como a las redes sociales. No obstante, la respuesta de los campesinos fue la paciencia, dijeron que esperarían la respuesta oficial. Al día siguiente Nicolás Maduro los recibió ante la radio y las cámaras de televisión. Los voceros de los campesinos hicieron un conjunto de planteos que dibujaron la gravedad de la situación que aqueja a los productores del campo, especialmente a los más pobres, y la indefensión en la que los ha dejado el Estado, especialmente después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.


La confrontación de gran calado entre el gobierno y sus adversarios, y el riesgo de confrontación militar internacional o de guerra civil interna que produjo, habían subordinado hasta ahora las demandas locales y sectoriales, y durante años impidieron que surgieran. En esta movilización el movimiento campesino presentó una serie de cuestiones que buena parte del país, incluido el chavismo, se planteaba, pero no había tenido espacio para comunicar. “¿Qué nos motiva? La necesidad. La necesidad que se sufre en el campo. ¿Producto de qué? Quizás no de las políticas implementadas por Maduro, pero sí de personeros internos que se prestan para que las cosas no les lleguen a los campesinos. Los insumos a tiempo, la regularización de las tierras. Esas son nuestras prioridades”, expresó durante la marcha el campesino Arbonio Ortega, representante de la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que participaron de la marcha. Ortega aprovechó también a hacerle un reclamo al presidente: “Queremos decirle que considere al campesino como el elemento y eslabón principal de la cadena alimenticia. No es posible que se siente con los otros sectores y con el campesino jamás haya una mesa donde nos podamos sentar”, agregó (desafios.com.ve, 2-VIII-18).

 

CRÍTICA RADICAL


En su recorrida los campesinos se fueron reuniendo con diversos sectores de la sociedad (grupos sindicales, barriales, parlamentarios, consejos de trabajadores y otros grupos de campesinos). Se sumaron a la movilización, sobre todo en las proximidades de la capital, movimientos urbanos populares, líderes sociales y grupos de base, y allí realizaron la primera marcha coordinada de diferentes movimientos sociales en al menos los últimos cinco años. Los campesinos se mantuvieron al frente de la caminata y no incorporaron nuevas vocerías. Se declaraban chavistas y no eran contrarios al gobierno de Maduro, pero realizaron la interpelación más radical que haya tenido que confrontar el presidente durante todo su mandato, en tanto denunciaban la sombría realidad que viven las comunidades campesinas que sufren la violencia de las clases oligárquicas y las fuerzas armadas, la criminalización de la que son objeto por parte del andamiaje judicial, y su exclusión de las políticas agrarias.


Como respuesta a sus demandas, Maduro anunció una reestructuración de la institucionalidad agrícola del Estado. Ordenó devolver a los campesinos las tierras otorgadas durante la presidencia de Hugo Chávez, de las cuales han sido despojados sistemáticamente por orden de tribunales agrarios presionados por sectores latifundistas. Delegó en la Asamblea Nacional Constituyente revisar las leyes agrarias y la investigación de los presuntos actos de sicariato, y exhortó también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a investigar a los jueces agrarios que han fallado en contra de los campesinos. Las medidas tomadas deberán ser evaluadas en setiembre próximo en el Congreso Campesino Nacional (supuestonegado.com, 3-VIII-18).


Para los movimientos sociales presentes en el encuentro con el presidente, su respuesta fue asumida como una victoria. Para el resto de los movimientos independientes del país, de izquierda y del chavismo de base, el proceso de interpelación y respuesta abrió una ventana para oxigenar al movimiento popular, en un momento de reflujo político.


REPRESALIAS ASESINAS


Apenas tres horas después de culminado el encuentro se supo del asesinato de tres líderes campesinos en Sabaneta de Barinas, el pueblo donde nació Hugo Chávez. Una de las víctimas había acusado de hostigamiento a un terrateniente, ex vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en un video. El caso elevó la indignación de los movimientos sociales y la presión sobre el gobierno, las fuerzas armadas y todo el sistema judicial, ya que la marcha había logrado concientizar a la ciudadanía nacional respecto de la situación que viven los campesinos en el occidente de Venezuela.


En un país acostumbrado a grandes movilizaciones políticas desplegadas gracias a una inmensa infraestructura de transporte, comida y tarimas (por ejemplo en cada acto electoral), la marcha campesina iniciada en julio tuvo un simbolismo particular por lo épico de su acción y la máxima humildad de sus actores. En tiempos de auge petrolero y de masas se abandonaron las formas tradicionales de acción política de los sujetos históricos venezolanos, y la maquinaria de movilización electoral dificultaba analizar la temperatura política del país; que el chavismo lograra concretar una marcha multitudinaria no era indicativo de que fuera a ganar las siguientes elecciones. Más o menos lo mismo ha ocurrido con la oposición.


MUY LEJOS DE TWITTER


La “marcha admirable” partió y llegó desprovista de transporte y alojamiento, elementos imprescindibles para las movilizaciones políticas de los últimos 20 años. Fue censurada por los medios de comunicación públicos y privados y sólo se sabía de ella por las redes sociales, aunque los campesinos no tenían ninguna cuenta propia a través de la cual se los pudiera seguir. Por ello, a medida que avanzaba, fue despertando la estima en movimientos y organizaciones que han sido relegados por el conflicto internacional y electoral en que ha estado inmerso el país. Éstos vieron en los campesinos marchando una oportunidad para dar vuelta el escenario político y presentar la agenda política de la institucionalización y burocratización que vienen denunciando.


La movilización campesina conmovió al chavismo de base y desató un debate dentro de esa fuerza política. En la actualidad el chavismo es la única fuerza política de peso. La oposición se encuentra en un estado de disolución general; muchos de sus líderes están en el exterior y los que se quedaron en Venezuela no han tenido la capacidad de reorganizar sus filas después de las derrotas de la violencia de calle de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo pasado, que ganó Maduro, aunque con una amplia abstención y sin una fuerza opositora que pudiera hacerle de contrapeso. Este nuevo panorama político nacional junto con las crecientes protestas de corte social han permitido que emerja con inusitada fuerza la diatriba interna contra el chavismo.


CRECIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL


Quienes pensaron que el triunfo de Maduro en las presidenciales y la dispersión opositora implicarían la muerte de la política durante el mandato presidencial de seis años han quedado sorprendidos por el aumento de la protesta social pasadas apenas diez semanas de los comicios.
En enero de 2018 a lo largo y ancho del país se registraron saqueos como una expresión de protesta social. Estos actos fueron mermando hasta el punto que desaparecieron y dieron paso al debate electoral que culminó en las presidenciales del 20 de mayo. Pero a las pocas semanas comenzaron a resurgir protestas de corte social en medio de una crisis económica que no da tregua y que ninguna política del gobierno parece mitigar. Los saqueos no volvieron, la violencia política de 2017 tampoco, pero las movilizaciones sociales y gremiales sí han emergido con fuerza.


Primero las aguas se agitaron con una andanada de críticas –tanto a la política petrolera como a la falta de recambio en la dirección del partido oficialista, Psuv– que llovieron sobre el gobierno desde diversos sectores del chavismo político e intelectual (véase “Sobrevivir después de la victoria”, Brecha, 22-VI-18). Luego, el incumplimiento del gobierno en la puesta en marcha del Plan 50, que buscaba consensuar el precio de 50 productos entre el Estado, los productores y los vendedores, aumentó el nivel de malestar. Posteriormente han surgido protestas cada vez más grandes en sectores laborales organizados; por ejemplo, el gremio de las enfermeras ha sostenido manifestaciones durante un mes y medio, aproximadamente. Y el gremio de los trabajadores eléctricos también ha montado protestas. Al igual que muchas otras movilizaciones, las dos mencionadas están atravesadas por la demanda de un aumento exponencial del salario, que ha caído a mínimos históricos, en medio de la hiperinflación y una devaluación exagerada de la moneda.


Muchos de los gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de estos sectores responden a Acción Democrática, partido de la oposición que hegemonizó la política nacional durante 40 años (1958-1998) hasta la llegada de Chávez al poder. Su matriz política y el diseño de protestas en años anteriores, relacionadas más con campañas políticas de la oposición que con demandas sociales, genera suspicacia en el gobierno y sus aliados y dificulta un posible acuerdo.

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