La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

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Los narcocultivos baten un nuevo récord en Colombia

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.


“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.


Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.


Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.


Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.


Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

 

Bogotá 19 SEP 2018 - 17:58 COT

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Martes, 21 Agosto 2018 07:34

De cultivos y buques militares

De cultivos y buques militares

El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre funcionarios colombianos y James Mattis. Preocupa el envío del buque USNS Comfort.

 Para Estados Unidos, que el hemisferio occidental sea un lugar próspero y seguro depende de las relaciones entre Estados, como lo dejó claro en su visita a América Latina el secretario de Defensa de Washington, James Mattis. En su paso por Colombia, el enviado del Pentágono se reunió con su homólogo, Guillermo Botero, ministro de Defensa, y el recién posesionado mandatario Iván Duque, con quienes de una vez acordó traer a aguas colombianas un buque norteamericano para, según dijeron, atender refugiados venezolanos con recursos y personal médico norteamericano. La noticia levantó, sin embargo, críticas pues podría tratarse de una provocación del Norte o bien de un asiento estratégico militarmente pese a que, según explicó Mattis, la embarcación solo incorporará personal humanitario y no soldados.


El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre mandatarios. A la potencia mundial y al gobierno de Duque les preocupa que en los últimos años, tras las conversaciones de paz entre Farc y el gobierno de Santos, las hectáreas de cultivos se duplicaran en vez de reducirse. Según EE.UU. en 2017 los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 11 % alcanzando 209.000 hectáreas. Por su parte, en su informe del mismo año la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito informó que dichos cultivos aumentaron en 52% pasando de 96 mil hectáreas sembradas a 146 mil.


“Buscaremos fortalecer los lazos de amistad y cooperación, por primera vez con el nuevo Gobierno, en pro de los intereses binacionales, enmarcado en el concepto de corresponsabilidad”, dijo el ministro colombiano de Defensa sin referirse al tema siempre vedado: la responsabilidad de América del Norte en el consumo, tráfico y lavado de activos del narcotráfico.


Estados Unidos es el país que más consume drogas en todo el mundo, tal como lo reconoció Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump a inicios de este año. En su visita a Perú, en febrero pasado, Tillerson aseguró: “Tenemos que reconocer que nuestro país es el mayor consumidor de drogas ilícitas. Desde ahora comenzaremos a trabajar en ese problema”. De todas formas, en su paso por Colombia el secretario de Defensa no hizo mención a posibles compromisos de su país en ese sentido aunque sí acentuó en que le preocupa que la producción de cocaína en Colombia esté por las 921 toneladas anuales.


La guerra contra las drogas que se libra ferozmente en Colombia desde los años noventa, pero de a poco en la gran potencia, ha dejado millones de víctimas mortales y tiene hoy bajo amenaza a los sectores más desprotegidos del país: los campesinos e indígenas que se dedican al cultivo de la hoja en territorios apartados y pobres donde la única posibilidad de obtener ingresos para comer y sobrevivir es esta actividad ilícita. Allí los ilegales han copado toda la economía amenazando a los locales de trabajar para ellos y así evitar asesinarles”en caso de no cooperar”.


Pese a que gracias al Acuerdo de Paz se pactó con las comunidades un plan amplio de sustitución voluntaria que empezó su marcha, el recién llegado ministro de Defensa anunció que pondrá mano firme a la erradicación forzosa. La presión de Estados Unidos por disminuir las hectáreas y la obsesión de la derecha por mostrarle resultados al gobierno de Trump, parecieron ponerse de prioridad ante el compromiso firmado entre el gobierno y las Farc –el mayor controlador de territorios sembrados de coca antes de la dejación de armas– la tensión, unas 125 mil familias campesinas en todo Colombia.


El narcotráfico siempre ha sido el tema número uno en la agenda Colombia-Estados Unidos pero la visita del Pentágono tras la llegada de Duque a Casa de Nariño tiene un componente especial: con el acuerdo de paz que goza de toda legitimidad constitucional y entre la comunidad internacional la prioridad es la sustitución voluntaria que evite más derramamiento de sangre. Comprendiendo el marco jurídico, quizá, el presidente Duque alivianó los anuncios del ministro Botero y dijo la semana anterior, después de la visita de la Casa Blanca, que los acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos se cumplirán tal y como fueron suscritos. Pero que quiere ver resultados.


Sin embargo, la prioridad en la visita James Mattis a Colombia fue el vecino país de Venezuela. Al volver a Washington los funcionarios de Trump dieron detalles sobre el buque que Colombia aceptó tener en sus aguas. “Miembros de las FF.AA. y profesionales médicos trabajarán junto con los socios regionales para apoyar sus esfuerzos que incluyen, entre otros, hacer frente al impacto de la crisis humanitaria venezolana”, dijo el Pentágono en un comunicado del viernes pasado. Después se supo que la embarcación que llegará será el USNS Comfort que, según el portavoz, “cuenta con los equipos necesarios para ayudar al sistema sanitario de Colombia”.


Unos 900 mil venezolanos ingresaron a Colombia el año pasado según la Cancillería colombiana y al gobierno Trump le preocupa su salud. Algunos críticos opinan que la calidad de “humanitaria” de la embarcación es sospechosa y que podría cambiar su estatus a militar a antojo de la Casa Blanca. Teniendo en cuenta que Colombia suele ceder ante las peticiones de Estados Unidos pues se trata de su principal socio en la región logrando presencia militar autorizada en siete bases militares de todo el país y estadía de unos 600 “contratistas” del gobierno de Estados Unidos en tareas militares.


“El USNS Comfort, además de más de mil camas, cuenta con una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio y una farmacia; al igual que un helipuerto habilitado para el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño”, señalaron las comunicaciones.

 

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El Catatumbo se une y le dice no a la guerra

El pasado 22 de abril, en el municipio de El Tarra, pleno corazón del Catatumbo, más de 5.000 personas se reunieron en Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo para buscar salidas a la crisis humanitaria, social y económica que vive la región desde hace más de un mes, crisis agudizada con el paro armado declarado por el Ejército Popular de Liberación (Epl) el pasado 15 de abril.

 

Desde comienzo del 2018 las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo alertan sobre la situación de orden público que vive la región. La salida del Frente 33 de las Farc en enero de 2017, la poca capacidad institucional para copar los espacios dejados por esta insurgencia y la presencia de economías ilegales en la zona, propiciaron la reconfiguración del control territorial, esta vez en disputa por parte de otros grupos armados.


La crisis ganó tamaño en el momento en que el Frente Nororiental de Guerra del Eln inició una ofensiva armada contra el Epl, a raíz del incumplimiento de los acuerdos territoriales y económicos establecidos años atrás entre estos dos grupos armados. Los combates y panfletos emitidos, tanto por uno como por otro, dan cuenta de la agudización del conflicto armado en esta parte del país.


La situación se agravó desde el pasado 15 de abril cuando el Epl declaró un paro armado en toda esta región, que a la fecha deja como saldo 6 civiles muertos, un número indeterminado de población desplazada, miles de niños y niñas sin clases, además de millonarias pérdidas económicas, tanto en la provincia de Ocaña como en todo el departamento de Norte de Santander.


En medio de la zozobra propiciada por esta medida de fuerza, las comunidades campesinas establecieron refugios humanitarios en más de 5 cabeceras municipales y corregimientos, resguardándose del intercambio de balas pero exponiéndose a una situación de crisis alimentaria y de salud, ya que las vías de acceso para la comercialización de víveres están bloqueadas y los cultivos de pan coger tuvieron que ser abandonados, pues los combates se libran dentro de las veredas, y el mismo Epl decretó en un comunicado público que “[…] se refugien en las cabeceras municipales, ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado. El no hacer caso entendemos de su participación, complicidad y colaboración con el ELN”.


A lo anotado se suma la indignante pero poco sorprendente respuesta del gobierno nacional, que la semana pasada declaró en público, a través del ministro de defensa Luis Carlos Villegas, que el Catatumbo estaba en normalidad, negando así una situación que parece salirse de las manos de la institucionalidad, pues a pesar de que hay actualmente más de 10.000 efectivos del Ejército y la policía en la región, el control sigue estando en manos de otros actores armados.


Todo esto llevó a que el Consejo Departamental de Paz sesionara el pasado 20 de abril con la participación de la Gobernación de Norte de Santander, las diferentes organizaciones sociales con presencia en la región, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría regional, la Iglesia católica, la delegación de paz del Eln, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ejército y la Policía. En este espacio se recriminó de manera fuerte al Ministerio de Defensa y al gobierno nacional por las declaraciones de Villegas, y se evaluaron diferentes estrategias para dar una solución a la crisis que se presenta en el Catatumbo.


Pero, es evidente, la situación de la región no se resuelve en la ciudad. Por ello, el 21 de abril se llevaron a cabo diferentes manifestaciones y movilizaciones en los municipios del Catatumbo, a través de las cuales las comunidades manifestaron su rechazo a las confrontaciones y exigieron una salida dialogada a este conflicto.


Como resultado de esto, y de un gesto histórico de unidad entre las organizaciones sociales de la región, el domingo 22 de abril se llevó a cabo la Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo, en la que más de 5.000 campesinos, campesinas e indígenas exigencias al gobierno nacional, al Epl y al Eln:


- el fin inmediato de las confrontaciones, y la búsqueda de salidas políticas y negociadas a las mismas,
- respeto a las decisiones autónomas que las comunidades han tomado en sus territorios,
- que se detenga inmediatamente el minado de los territorios,
- que se respeten los refugios humanitarios y la vida de todos los habitantes de la región.
- Que se cumplan los acuerdos de paz,
- que se reconozca la grave situación humanitaria que actualmente vive el Catatumbo,
- que se conforme una Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.
- Plazo hasta el 24 de abril para que el Epl levante el paro armado.


Como resultado de esto, el 23 de abril en la ciudad de Ocaña se estableció la Mesa permanente para atender la crisis social y humanitaria del Catatumbo, en donde las instituciones y organizaciones sociales avanzaron en la construcción de mecanismos de acompañamiento a los refugios humanitarios establecidos por la comunidad, además de estrategias que aporten a la solución de esta crisis. Sin embargo, desconociendo la exigencia de las comunidades de detener de forma inmediata los combates, ese mismo día el Ministerio de Defensa envió más efectivos del Ejército a la zona.


Por su parte, el Epl emitió un comunicado en el que da 60 horas de plazo –contadas a partir del 24 de abril–, para que se abran las vías y se logre reabastecer el comercio de la región, “a las 6:00 PM del día jueves 26-04-2018 se reanuda el cierre del comercio y demás actividades cotidianas”. Declaran además que levantarán el paro cuando el Eln deje de hostigar sus tropas.


Esta situación, que evidentemente se sale de las manos de las autoridades locales y el gobierno nacional, demuestra que la estrategia militar es un fracaso rotundo. En el Catatumbo se han hecho múltiples paros y movilizaciones sociales a través de los cuales las comunidades han exigido a gritos inversión social y dejen de estigmatizar la región, pese a lo cual la cantidad de soldados y policías supera los proyectos de inversión que se han desarrollado; y esto no solo es grave por las consecuencias que trae la militarización de la vida de las comunidades, también lo es porque a pesar de que se instalen bases y puestos de control en todo el territorio, las economías ilegales no han sido afectadas ni disminuidas, y parecen ser la causa y/o el botín de una guerra que día a día se acrecienta más.

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Miércoles, 07 Febrero 2018 06:40

Santos recibe señales mixtas

Santos recibe señales mixtas

Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que “se ríen de los EE.UU.”

 

El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó ayer la capital colombiana con la misión de reasegurar al gobierno de Juan Manuel Santos de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico y el proceso de paz en el país sudamericano, informó el diario The Los Angeles Times. En contraste, el presidente Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que, según él, “se están riendo de los estadounidenses”, al llevarse el dinero de ayuda directa sin comprometerse con la lucha antinarco. Tillerson ha intentado suavizar las palabras de su presidente durante sus visitas a México, Argentina y Perú, parte de la gira de una semana por América latina y el Caribe.


En Lima, por ejemplo, ayer dijo que ha llevado el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas “en todas las paradas que hago a lo largo del hemisferio”. Y agregó: “Esto es verdaderamente un desafío hemisférico y cada país tiene su propio desafío. cuanto más podamos compartir, y más podamos conectar nuestras actividades, mayor progreso podremos alcanzar en las disrupción de estas organizaciones criminales.” En conversaciones con periodistas en viaje a Colombia, Tillerson rechazó sugerencias de que su mensaje no era bien recibido. “He tendido todo el acceso que he necesitado y cumplido con prácticamente todos los objetivos de mi viaje,” escribió Tracy Wilkinson, periodista estrella del Los Angeles Times.


La producción de coca ha crecido un cincuenta por ciento en los últimos dos años, según funcionarios estadounidenses. Más aún cada hectárea cultivada ha aumentado su producción. Ante semejante aumento, Trump ha amenazado con poner a Colombia en la lista negra de los países que no cooperan con la lucha antinarco, lo que significaría que la ayuda económica a ese país se suspendería o se reduciría hasta que progreso en ese aspecto pueda verificarse. Todavía no ha actuado sobre esa amenaza, pero su gobierno ha renegado de la promesa de la administración de Obama de proveer 4,500 millones de dólares en ayuda directa en los próximos 10 años. Un primer tramo de ese paquete fue desembolsado en los últimos días de la presidencia de Obama . Los colombianos están enojados, se sienten ninguneados, dijo Bruce Bagley, un profesor colombiano que enseña en la Universidad de Miami.


Washington gastó 10,000 millones de dólares para ayudar a Colombia terminar con su guerra civil y ahora el país, mientras busca reinsertar a miles de guerrilleros a la vida civil y encontrar un lugar para miles de desplazados, podría convertirse en un lugar muy peligroso, dijo el profesor. “este es un momento crucial en el proceso de paz,” dijo Bagley. Tillerson aterrizo en Bogotá a las cinco y media de la tarde hora local, y tenía previsto ir directamente al palacio Nariño para reunirse con Santos antes de viajar a Jamaica, la última parada de su gira.

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Habrá paro indefinido de campesinos el 23 de octubre en Colombia

Organizaciones sociales y campesinas de Colombia convocaron a un paro nacional e indefinido a partir del próximo lunes 23 de octubre, para exigir el pleno cumplimiento del acuerdo de paz que suscribieron en noviembre pasado el Gobierno y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

A la movilización se sumarán el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la Coordinación Nacional de Comunidades y Organizaciones Afrodescendientes (Conafro) y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi), entre otros.

“Este paro nacional es para exigir el cumplimiento del acuerdo. Esperamos que el Gobierno respete nuestro derecho a la protesta”, afirmó el portavoz de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), César Jerez, citado en un comunicado difundido por Marcha Patriótica.

También definieron redactar un pliego de peticiones para radicar ante la Presidencia colombiana, con el fin de que se reactive la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) y se aborden compromisos sin cumplir por parte de las autoridades.

El incumplimiento a los acuerdos colectivos de sustitución concertada de cultivos ilícitos, el estancamiento del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito y la obstrucción a varios proyectos de ley para poner en marcha lo pactado en la mesa de La Habana (capital cubana), son algunas de las exigencias de los movimientos.

Según el portavoz nacional de Marcha Patriótica, David Flórez, “incumplir el acuerdo es incumplirle a las comunidades”. “Llenaremos las calles exigiendo nuestro derecho a la paz”, añadió Flórez, quien consideró que el estado de implementación del acuerdo de paz “es calamitoso”.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron en noviembre del año pasado un acuerdo de paz en virtud del cual ese grupo se convirtió el pasado 1 de septiembre en partido político y avanza, después de concluir su desarme, en el proceso de retorno de sus integrantes a la vida en sociedad.


¿No lo intuían?
Indignación de las FARC por asesinato de exguerrilleros en Colombia


Por: Prensa Latina- Aporrea.org

 

Bogotá, octubre 19 - El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), condenó hoy el asesinato de seis miembros de esa agrupación en una zona del departamento de Nariño, suroeste de Colombia.

'Alzamos nuestra voz de indignación. Nuestra voz de rechazo frente asesinato de seis integrantes de la FARC', expresó hoy el presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en su cuenta en la red social Twitter.

En un comunicado trascendido anoche a la opinión pública, la exguerrilla dio a conocer el crimen ocurrido el 15 de octubre en Isupí, localidad de San José de Tapaje, del Charco, Nariño y negó que hubiera sido cometido por presuntas disidencias de las FARC.

Señaló que la masacre estuvo a cargo de una banda criminal que opera en la zona y que anteriormente también realizó acciones hostiles contra las comunidades 'de las cuales hacemos parte las personas que, avanzando en el proceso de paz, honramos con los hechos la palabra empeñada'.

El mensaje, emitido desde un espacio territorial, antes zona veredal, reveló los nombres de los excombatientes asesinados y exigió mayor presencia del Estado para encauzar la implementación oportuna de los acuerdos de paz.

'Presión para que implementación avance como deber ser e indignación para que se nos respete la palabra y sobre todo la vida', subrayó Timochenko en las redes sociales.

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Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

El 5 de octubre de 2017 alrededor de 300 campesinos en la vereda Tandil –Tumaco–, fueron objeto de ráfagas de fusil, según distintos testimonios, de armas accionadas por uniformados de la policía antinarcóticos. El ataque dejó un saldo, aún incierto, de entre 4 y 15 campesinos asesinados y 50 heridos. La masacre sintetiza, con toda nitidez, la débil y voluble voluntad de paz oficial, a la par que, como dijera Gaitán, que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el otro amricano”

 

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran item: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, en principio, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores. Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”. En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.” .


Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco. Em este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.


Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradir o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello. Las palabras y las imágenes provenientes desde el sitio de los sucesos también lo confirman.

Tal y como se ve en el video grabado por un campesino (ver https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10154866243725812/) en el momento de la acción homicida, los manifestantes arengaban contra la policía antinarcóticos .


Por su parte y en igual sentido, el vice-defensor del pueblo, Jorge Calero, declaró que las personas afectadas denunciaron que uniformados dispararon contra los manifestantes opuestos a la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del país.


Estos testimonios fueron recogidos el pasado 6 de octubre, cuando delegados de la Defensoría se desplazaron a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), donde sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, deduciendo de estos que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.

Testimonio reafirmado por una delegación de Naciones Unidas, OEA, Personería municipal, Diócisis de Tumaco, defensores de derechos humanos adscritos a varias ONG y periodistas, que se movilizaron a la zona de los sucesos el pasado 6 de octubre, y que all momento de acercase al sitio de los sucesos fueron objeto de gases lacrimógenos así como bombas aturdidoras por parte de la fuerza pública. Una vez suavizado el ambiente, y al recorrer los espacios donde habían sido accionadas las armas contra los campesinos y donde habían caído muertos estos, vieron como los uniformados alteraban las pruebas de lo ocurrido. Según ellos mismos verificaron, hasta el medio día del 7 de octubre no se había aislado el lugar de los hechos. ¿Si la responsabilidad de los hechos no recae sobre ellos por qué tal actitud? 

A esta movilización asistieron al menos 1.500 personas, provenientes de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, algunos ee los cuales hacían parte del pueblo indígena Awá; alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército Nacional. Fueron ellos quienes aseguraron “que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”


El repudiable crimen aún no deja un saldo concreto de víctimas mortales; algunos informes señalan un aproximado de 50 personas heridas y entre 4 y 15 asesinadas. Campesinos e indígenas que desde el 28 de septiembre expresaban su inconformismo ante las medidas oprobiosas del Gobierno y que, desde el 29 del mismo mes, sufrieron el hostigamiento por parte de tropas del ejército y de la policía que arribaron a la zona.
No obstante, y a pesar de las evidencias y las declaraciones de los campesinos que presenciaron la masacre, las tergiversaciones del Gobierno no se hicieron esperar. El general retirado, hoy vicepresidente, Óscar Naranjo, viajó el 7 de octubre a Tumaco y aseguró que el crimen es responsabilidad de alias “Cachi” (disidente de las Farc) quien ha intimidado a la comunidad en el municipio.


Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de que este grupo armado disidente de las Farc, arrojara “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades” . Versión que contrasta por completo con lo declarado por los campesinos. Pero además, con la evidencia de muertos, que en el caso de una explosión de varios cilindros es “increible” que solo afectara a la comunidad allí reunida, blindando a los uniformados.


¡Erradicar o matar y erradicar!


El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia mantiene una curva ascendente en los últimos años. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) 2016, entregado en marzo de este año, la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. Por su parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos, estima “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013” .


De ahí que unas semanas atrás el gobierno de Estados Unidos exigiera al de Colombia erradicar los cultivos de coca, o “[...] de lo contrario las relaciones entre ambos países se verían deterioradas”. Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata, como siempre, fue el despliegue y el accionar de la fuerza bruta.


Realidad de las drogas ilícitas que no parece tener solución cierta para el corto ni el mediano plazo. En efecto, “el informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada”. En ese sentido, Colombia es un claro ejemplo de lo inútil que ha resultado la política antidroga que impera en el mundo . Mientras el actuar político y ejecutivo, no den su brazo a torcer, la masacre de Tumaco será el primero de tantos otros vejámenes relacionados con la guerra fanática contra el narcotráfico, patrocinada por Estado Unidos. Y la política emanada desde la Casa de Nariño continuará siendo la misma “se erradica o se erradica”.

 

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"La orden es erradicar o erradicar", viernes 6 de octubre de 2017

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Viernes, 06 Octubre 2017 11:01

“La orden es erradicar o erradicar”

“La orden es erradicar o erradicar”

Las noticias no podían ser peores y llegan como cascada durante las primeras horas de la noche del jueves 5 de octubre. Las informaciones, provenientes desde la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco, empezaron denunciando el asesinato de 4 campesinos, los que luego sumaron 9; el viernes 5 los asesinados ya suman 15 y  los heridos “más de 50”, al ser impactados por disparos de las armas del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones militares que terminaron con un saldo de masacre tuvieron lugar en el marco del plan del gobierno nacional de erradicar los cultivos de coca que pululan por diversas partes de la geografía nacional. Decisión oficial que contradice lo acordado con las Farc al momento de la firma de los acuerdos que dieron paso a su desarme y desmovilización: concertar con las comunidades la sustitución de cultivos ilícitos, implementando planes alternativos para la economía agraria que le permita a miles de familias campesinas vivir de manera digna.

Según informa Asominuma, los hechos ocurrieron “En el marco de las manifestaciones pacíficas que se adelantan por parte de las comunidades campesinas [...] desde el día jueves 28 de septiembre [...] en diferentes veredas [...] en cuanto a la concertación y voluntariedad que debe caracterizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.

Contrariando lo acordado, informa la Comisión nacional de derechos humanos de la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que el día 29 de septiembre desembarcaron en esta zona “[...] tropas de la policía y el ejército en dos helicópteros, llegaron con orden de erradicar todos los cultivos de coca. La comunidad interlocuta con ellos y les dicen que la orden es erradicar o erradicar y solamente pararían si llega una orden presidencial, que ahí se encontraban 800 efectivos y que el día 30 llegarían otros 800 más”. Por su parte los campesinos alcanzan a reunir hasta 1.000 de los pobladores de esta región.

Según puede concluirse de lo ocurrido, tras varios días de forcejeo y de tensión entre los uniformados y los campesinos, quienes demandan la presencia de Naciones Unidas y delegados civiles del gobierno nacional, forcejeo entre quienes pretenden “erradicar o erradicar” y los campesinos que demandan alternativas económicas viables para que así procedan, la situación llega al límite: los campesinos parados en su derecho y los uniformados radicalizados amparados en el poder de sus armas, radicalización que lleva al límite impensable: el accionar de sus armas contra cientos de personas desarmadas, arrojando como resultado final el saldo ya registrado.

Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de una incursión de un grupo armado disidente de las Farc, que arrojó “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

¿Una explicación para negar la verdad de los hechos?, ¿una explicación para ganar tiempo?, ¿una explicación para confundir la opinión pública? Como en otras ocasiones ha sucedido, así podría ser, lo que significaría que estamos ante una operación de contrainformación que solamente permitirá ver la realidad de los hechos pasados varios años.

Sin embargo, y como una pista no desdeñable sobre el actor que consumó esta masacre, tenemos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que hace unas pocas semanas le anunció al gobierno colombiano que sino quería que las relaciones entre ambos sufrieran deterioro, tenía que erradicar los cultivos de coca. No es casual, por tanto, que los militares trasladados a este territorio le afirmaran a los campesinos “La orden es erradicar o erradicar”, no importa como, así lo confirman la cantidad de muertos y heridos.

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Disturbios en Tumaco por narco-erradicación

A pesar de que ayer fue abierta parcialmente la principal vía que comunica al municipio de Tumaco, Nariño, con el interior del país, se mantiene crítica la situación de orden público por las protestas que desde hace varias semanas adelantan los cocaleros contra los operativos de erradicación que adelanta la Policía. Varios sectores productivos no han podido operar por el paro establecido por los manifestantes, hay desabastecimiento y se agotó el combustible en las estaciones de distribución.


Tumaco es el municipio del país con más cultivos de coca con cerca de 22 mil hectáreas. Por ello es un objetivo prioritario en la meta que se ha establecido el Gobierno nacional de erradicar 100 mil hectáreas este año.


En este municipio nariñense participan en labores de erradicación mil integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías.


El secretario de Gobierno del municipio de Tumaco, Edwin Palma, dijo que los bloqueos adelantados por los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos han dejado pérdidas al comercio y restringido la movilidad de los habitantes.


Por ello, dijo, “pedimos una mayor articulación a través de sendas misivas dirigidas al Presidente y a los ministros de Defensa y el Posconflicto para que se atienda esta situación”.


Añadió que “la situación es insostenible... he tenido comunicación directa con los comandantes y ellos están haciendo un procedimiento de recuperar la vía militarmente para garantizar el tránsito por Tumaco”.


Según el funcionario al menos 60 mil familias en el departamento de Nariño obtienen su sustento de los cultivos ilícitos. Por ello dijo que es necesario que el Gobierno nacional acuerde con esta población programas de sustitución de cultivos.
Pagarían por protestas


Desde hace años la costa del Pacífico fue un objetivo de bandas criminales que tienen entre sus actividades el narcotráfico, como Los Rastrojos, y los grupos guerrilleros porque desde allí se les facilitaba sacar la droga por mar hacia Norteamérica.


En ese sentido, las bandas criminales libraron una guerra con las Farc por el dominio de este territorio. Sin embargo tras la salida de los frentes subversivos 8 y 29, así como las columnas Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre hacia las zonas veredales para su desmovilización producto del acuerdo de paz con el Gobierno, se ha denunciado que arribaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Eln, al tiempo que se han creado pequeñas bandas locales.


Las autoridades creen que algunas de estas organizaciones son las que presionan a los campesinos cocaleros para que protesten contra el programa de erradicación. Incluso estarían pagando por los bloqueos.


El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, dijo a Caracol Radio que los narcotraficantes están pagando hasta $100.000 diarios a campesinos de Tumaco para que lleguen hasta las vías y generen desórdenes públicos.


"Inteligencia nos dice que se paga $100 mil diarios a quien sale a protestar en la vía, no es una protesta normal, es violenta y generada por el narcoterrorismo que no quiere que se arranquen los cultivos ilícitos", explicó el general Mendoza.


Y dos días atrás, según el oficial, una aeronave de la Policía fue objeto de múltiples disparos en esta localidad de Nariño. “Capturamos al responsable y encontramos que él había estado protestando en ‘La Y’, una de las zonas que estuvo taponada”, expresó el oficial.


Añadió que en los últimos días fueron capturadas cinco personas en Tumaco con material para armar explosivos que serían utilizados contra la Fuerza Pública.


“Pretendían instalar armas explosivas en contra de los hombres de la Fuerza Pública que adelantan la erradicación. Esto es terrorismo, es una intención de matar. Eso no lo hace un cultivador pequeño, un campesino, un indígena. Eso lo hace un narcoterrorista”.


En lo corrido del año la Policía ha erradicado 300 hectáreas de coca en Tumaco, 38.2 toneladas del clorhidrato de cocaína han sido incautadas, además de 5.5 toneladas de base de coca, 34 kilos de heroína, 38 laboratorios destruidos, 203 personas capturadas y 28 bienes que quedarán bajo extinción de dominio.


El general Mendoza dijo que "eso es lo que hemos estado haciendo estos días, cultivos industriales de más de dos hectáreas y hemos encontrado cultivos de más de 100 hectáreas. Llevamos 330 hectáreas erradicadas manualmente con Fuerza Pública. Las comunidades mencionan que esos son cultivos menores pero eso no corresponde a la realidad, es un trabajo de georreferenciación que se ha hecho con certeza para no equivocarnos, no estamos en resguardos indígenas o en cultivos menores”.


Asamblea permanente


Los campesinos cocaleros manifestaron que seguirán protestando porque según ellos el Gobierno nacional ordenó la erradicación de los cultivos ilícitos sin llegar a un acuerdo previo sobre sustitución.


En ese sentido se declararon en asamblea permanente y dijeron estar abiertos al diálogo con el Gobierno. Como gesto de buena voluntad reabrieron ayer de forma parcial el paso en la vía que comunica a Tumaco con el interior del país.
"Recomendamos el acompañamiento de la Fuerza Pública a las caravanas para evitar los desmanes de posibles descarados", expresaron voceros de los bloqueos en un comunicado.


Afectada la producción


Un llamado con carácter urgente al Gobierno nacional hizo Fedepalma frente a la crítica situación de inseguridad y alteración del orden público que vive actualmente el municipio de Tumaco.


Jens Mesa Dishington, presidente Ejecutivo de Fedepalma, aseguró que “no permiten trabajar ni producir normalmente, toda vez que el sector productivo está impedido de operar, tanto la pesca artesanal, la camaronicultura, el turismo y los cultivos como el cacao y la palma de aceite, entre otros”.


Añadió que la comunidad rural en el municipio de Tumaco ha tenido que enfrentar quemas de retroexcavadoras y otras maquinarias que fueron incendiadas en el trayecto que va de La Espriella a Mataje, amenazas de artefactos explosivos, bloqueos a la entrada de los trabajos, intimidación a las personas y paros en las vías que paralizan completamente las actividades.


Por cuenta de toda esta situación, Tumaco tiene bloqueada la vía principal y la única al interior del país, desde el pasado 7 de abril, circunstancia que sumada a la falta de combustible, el cual se agotó en las Estaciones de Servicio, y la no salida a los productos tales como el pescado, como tampoco el ingreso a los turistas en razón de la Semana Santa, completan un panorama económico y social crítico para la zona.


“En nuestro caso, las empresas palmeras se han visto obligadas, por fuerza mayor, a suspender temporalmente los contratos de trabajo con lo cual se afecta una población de más de 4.000 trabajadores directos e indirectos y sus familias”, denunció Mesa Dishington.


Manifestó que la difícil situación de orden público en Tumaco, ha empeorado con el aumento de los cultivos de coca y del narcotráfico. Ante esta grave condición económica, social y de orden público, que enfrenta Tumaco y el Pacífico colombiano, Jens Mesa Dishington planteó que se requieren medidas extraordinarias para superar esa problemática y propuso que el Gobierno estudie la puesta en marcha de un paquete de medidas y acciones, tipo un “Plan Marshall”, que cambie contundentemente la dinámica de pobreza e informalidad en que está sumida esa población del Pacifico nariñense, que atraiga inversión productiva, local y extranjera, para que ello se traduzca en motor de progreso para los habitantes de toda la región.

 

Abril 12, 2017 - 06:02 PM

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