Colombia autoriza el uso de glifosato a pesar de las protestas

El Gobierno colombiano expidió este lunes un decreto que regula el posible regreso de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, suspendidas en 2015 por el efecto cancerígeno de ese agrotóxico.

Martes 13 de abril | 12:08

El decreto firmado por el presidente Iván Duque "regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea". Es decir, permite el uso de agrotóxicos por primera vez desde 2015 cuando fue suspendido por sus efectos cancerígenos.

El ministro de Defensa, Diego Molano, detalló que "el operador de ese programa de aspersión aérea será la Policía Nacional", que lo desarrollará de forma "automatizada y controlada" y únicamente lo "aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley".

Sin embargo, los activistas ambientalistas que hay protestado durante años contra este agrotóxico no solo rechazan el nuevo decreto para su implementación sino que descreen de las supuestas medidas de control que el Gobierno dice que se tomaran.

Las fumigaciones de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente. Los estudios de los últimos años en todo el mundo confirmaron este diagnóstico y lo corroboraron con diversas pruebas.

Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la "lucha antidrogas" si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.

En teoría el Gobierno debería tener en cuenta "los riesgos para la salud y para el medioambiente" que tienen las fumigaciones aéreas y además deberían quedar excluidas "las áreas ubicadas en Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales, páramos, humedales del sistema Ramsar y manglares, así como los cuerpos de agua y los centros poblados".

Protestas

El pasado 18 de marzo decenas de personas marcharon por las calles de la ciudad colombiana de Tumaco, en el Pacífico, para protestar ante la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fumigar con glifosato los cultivos ilícitos que hay en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, uno de los más afectados por ese problema.

Los manifestantes protestaron contra la "intransigencia del Gobierno" que anuncia el reinicio inminente de las aspersiones "desconociendo los llamados de Relatores de Naciones Unidas, de la comunidad académica, de expertos ambientales, de las organizaciones sociales y del clamor de las comunidades campesinas, indígenas y negras", que son los más afectados.

Justamente diez relatores especiales de la ONU enviaron en diciembre pasado una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas con este agrotóxico.

Sin embargo, la relación entre la llamada "guerra contra las drogas" y los negociados con las multinacionales es estrecho en Colombia desde hace años. Esto incluye desde negocio de armas, paramilitares y mercenarios, narcotráfico y agronegocio, y por supuesto, también el uso gubernamental de agotóxicos.

No por nada la multinacional estadounidense Monsanto (comprada hace unos años por Bayer), que es la principal productora de glifosato, bajo el nombre de Roundup, también fue creador del Agente Naranja, utilizado por EE. UU. en la guerra de Vietnam.

De hecho, el glifosato está siendo restringido o prohibido a nivel mundial. Estas fumigaciones ya están provocando la desforestación y pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas vulnerables de la Amazonía y Los Andes. También destruyen los suelos y cultivos de los que dependen las comunidades agrícolas, y contaminan sus fuentes de agua.

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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Duque y Trump dicen que hay que fumigar 

Cumbre de presidentes de EE.UU. y Colombia en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes la fumigación de cultivos ilícitos para la lucha antidrogas, al recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Iván Duque. El gobierno de Duque espera reanudar la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos pero muy resistida por campesinos y organizaciones de derechos humanos.

"Bueno, van a tener que fumigar. Si no fumigan no se van a deshacer de ellos", dijo Trump en referencia a los carteles de droga, contestando a la pregunta de un periodista. El presidente de Estados Unidos recibió a Duque en el despacho Oval de la Casa Blanca (foto), para una reunión que según Trump fue planeada rápidamente "durante el fin de semana".

Las fumigaciones aéreas con glifosato en fueron suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". El herbicida está asociado a efectos cancerígenos y riesgos genéticos, y muchos países en Europa buscan prohibirlo por los peligros para la población.

El gobierno de Duque ha dicho que está elaborando informes de impacto sanitario y ambiental para cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional de Colombia para reiniciar el programa de fumigación, comprometiéndose a minimizar los efectos adversos.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 169.000 hectáreas sembradas en 2018 y un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según la ONU. En 2017 la cantidad de sembradíos registrada por Naciones Unidas había sido mayor -171.000 hectáreas. Y, según Duque, en 2019 se erradicaron manualmente 100.000 hectáreas, una cifra histórica.

Estados Unidos anunció a principios de año que entregará a Colombia -su aliado más estrecho en la región- 5.000 millones de dólares para invertir en zonas afectadas por los narcocultivos, algunas de ellas establecidas como prioritarias en el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla comunista FARC.

Más temprano Duque denunció ante ante el grupo de cabildeo pro-Israel AIPAC el apoyo que da el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a la milicia chiita Hezbolá. "Ellos le han abierto la puerta a Hezbolá para que los apoyen en los crímenes que cometen contra su propio pueblo", dijo el presidente colombiano.

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Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia

 Human Rights Watch denuncia que son reclutados como raspachines de coca en la región fronteriza del Catatumbo

 “Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 años y raspo coca. Hay niños de ocho años que también raspan coca”. El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza y revela cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados ilegales que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, indica el documento, que recogió información en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en Cúcuta, la principal ciudad sobre la línea limítrofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompaña el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. “Vienen a buscar trabajos acá aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo”, cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. “También son víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, agrega el documento de HRW. La situación, sin embargo, puede ser aún peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cuántos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iván Duque que evalúe de forma “exhaustiva” la cantidad de venezolanos en esa zona y “asegurar que tengan estatus legal” para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis política, social y económica del país vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza histórica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) señala que Norte de Santander es, con 33.598 hectáreas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensión de narcocultivos –después de Nariño– y ha sufrido un incremento sostenido en los últimos años. Solo en 2018 la extensión de los cultivos creció un 19% en Norte de Santander. Allí hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situación de violencia es crítica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado más 40.000 personas, la mayoría durante el 2018, la mayoría por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este año la razón del éxodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza pública colombiana. Y algunas familias huyen también debido al temor del reclutamiento infantil. “Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas, incluso de apenas 12 años, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según familiares de las víctimas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona”, asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese año a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo más grave es que la situación afectó particularmente a civiles. Human Rights Watch identificó que en varios casos fueron asesinados tras “acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ejército, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas”, y que esta región ha sido centro de asesinatos a líderes comunitarios. Como si el panorama no fuera de por sí crítico para la población civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el país, han cobrado vidas. “Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto”, denuncia la organización de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo también abordó la violencia sexual, que afectó a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran más relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que actúan en la zona y que estos también amenazan a trabajadoras sexuales, “que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayoría, venezolanas”.

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 8 AGO 2019 - 01:00 COT

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La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

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Los narcocultivos baten un nuevo récord en Colombia

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.


“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.


Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.


Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.


Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.


Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

 

Bogotá 19 SEP 2018 - 17:58 COT

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Martes, 21 Agosto 2018 07:34

De cultivos y buques militares

De cultivos y buques militares

El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre funcionarios colombianos y James Mattis. Preocupa el envío del buque USNS Comfort.

 Para Estados Unidos, que el hemisferio occidental sea un lugar próspero y seguro depende de las relaciones entre Estados, como lo dejó claro en su visita a América Latina el secretario de Defensa de Washington, James Mattis. En su paso por Colombia, el enviado del Pentágono se reunió con su homólogo, Guillermo Botero, ministro de Defensa, y el recién posesionado mandatario Iván Duque, con quienes de una vez acordó traer a aguas colombianas un buque norteamericano para, según dijeron, atender refugiados venezolanos con recursos y personal médico norteamericano. La noticia levantó, sin embargo, críticas pues podría tratarse de una provocación del Norte o bien de un asiento estratégico militarmente pese a que, según explicó Mattis, la embarcación solo incorporará personal humanitario y no soldados.


El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre mandatarios. A la potencia mundial y al gobierno de Duque les preocupa que en los últimos años, tras las conversaciones de paz entre Farc y el gobierno de Santos, las hectáreas de cultivos se duplicaran en vez de reducirse. Según EE.UU. en 2017 los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 11 % alcanzando 209.000 hectáreas. Por su parte, en su informe del mismo año la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito informó que dichos cultivos aumentaron en 52% pasando de 96 mil hectáreas sembradas a 146 mil.


“Buscaremos fortalecer los lazos de amistad y cooperación, por primera vez con el nuevo Gobierno, en pro de los intereses binacionales, enmarcado en el concepto de corresponsabilidad”, dijo el ministro colombiano de Defensa sin referirse al tema siempre vedado: la responsabilidad de América del Norte en el consumo, tráfico y lavado de activos del narcotráfico.


Estados Unidos es el país que más consume drogas en todo el mundo, tal como lo reconoció Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump a inicios de este año. En su visita a Perú, en febrero pasado, Tillerson aseguró: “Tenemos que reconocer que nuestro país es el mayor consumidor de drogas ilícitas. Desde ahora comenzaremos a trabajar en ese problema”. De todas formas, en su paso por Colombia el secretario de Defensa no hizo mención a posibles compromisos de su país en ese sentido aunque sí acentuó en que le preocupa que la producción de cocaína en Colombia esté por las 921 toneladas anuales.


La guerra contra las drogas que se libra ferozmente en Colombia desde los años noventa, pero de a poco en la gran potencia, ha dejado millones de víctimas mortales y tiene hoy bajo amenaza a los sectores más desprotegidos del país: los campesinos e indígenas que se dedican al cultivo de la hoja en territorios apartados y pobres donde la única posibilidad de obtener ingresos para comer y sobrevivir es esta actividad ilícita. Allí los ilegales han copado toda la economía amenazando a los locales de trabajar para ellos y así evitar asesinarles”en caso de no cooperar”.


Pese a que gracias al Acuerdo de Paz se pactó con las comunidades un plan amplio de sustitución voluntaria que empezó su marcha, el recién llegado ministro de Defensa anunció que pondrá mano firme a la erradicación forzosa. La presión de Estados Unidos por disminuir las hectáreas y la obsesión de la derecha por mostrarle resultados al gobierno de Trump, parecieron ponerse de prioridad ante el compromiso firmado entre el gobierno y las Farc –el mayor controlador de territorios sembrados de coca antes de la dejación de armas– la tensión, unas 125 mil familias campesinas en todo Colombia.


El narcotráfico siempre ha sido el tema número uno en la agenda Colombia-Estados Unidos pero la visita del Pentágono tras la llegada de Duque a Casa de Nariño tiene un componente especial: con el acuerdo de paz que goza de toda legitimidad constitucional y entre la comunidad internacional la prioridad es la sustitución voluntaria que evite más derramamiento de sangre. Comprendiendo el marco jurídico, quizá, el presidente Duque alivianó los anuncios del ministro Botero y dijo la semana anterior, después de la visita de la Casa Blanca, que los acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos se cumplirán tal y como fueron suscritos. Pero que quiere ver resultados.


Sin embargo, la prioridad en la visita James Mattis a Colombia fue el vecino país de Venezuela. Al volver a Washington los funcionarios de Trump dieron detalles sobre el buque que Colombia aceptó tener en sus aguas. “Miembros de las FF.AA. y profesionales médicos trabajarán junto con los socios regionales para apoyar sus esfuerzos que incluyen, entre otros, hacer frente al impacto de la crisis humanitaria venezolana”, dijo el Pentágono en un comunicado del viernes pasado. Después se supo que la embarcación que llegará será el USNS Comfort que, según el portavoz, “cuenta con los equipos necesarios para ayudar al sistema sanitario de Colombia”.


Unos 900 mil venezolanos ingresaron a Colombia el año pasado según la Cancillería colombiana y al gobierno Trump le preocupa su salud. Algunos críticos opinan que la calidad de “humanitaria” de la embarcación es sospechosa y que podría cambiar su estatus a militar a antojo de la Casa Blanca. Teniendo en cuenta que Colombia suele ceder ante las peticiones de Estados Unidos pues se trata de su principal socio en la región logrando presencia militar autorizada en siete bases militares de todo el país y estadía de unos 600 “contratistas” del gobierno de Estados Unidos en tareas militares.


“El USNS Comfort, además de más de mil camas, cuenta con una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio y una farmacia; al igual que un helipuerto habilitado para el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño”, señalaron las comunicaciones.

 

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El Catatumbo se une y le dice no a la guerra

El pasado 22 de abril, en el municipio de El Tarra, pleno corazón del Catatumbo, más de 5.000 personas se reunieron en Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo para buscar salidas a la crisis humanitaria, social y económica que vive la región desde hace más de un mes, crisis agudizada con el paro armado declarado por el Ejército Popular de Liberación (Epl) el pasado 15 de abril.

 

Desde comienzo del 2018 las comunidades campesinas e indígenas del Catatumbo alertan sobre la situación de orden público que vive la región. La salida del Frente 33 de las Farc en enero de 2017, la poca capacidad institucional para copar los espacios dejados por esta insurgencia y la presencia de economías ilegales en la zona, propiciaron la reconfiguración del control territorial, esta vez en disputa por parte de otros grupos armados.


La crisis ganó tamaño en el momento en que el Frente Nororiental de Guerra del Eln inició una ofensiva armada contra el Epl, a raíz del incumplimiento de los acuerdos territoriales y económicos establecidos años atrás entre estos dos grupos armados. Los combates y panfletos emitidos, tanto por uno como por otro, dan cuenta de la agudización del conflicto armado en esta parte del país.


La situación se agravó desde el pasado 15 de abril cuando el Epl declaró un paro armado en toda esta región, que a la fecha deja como saldo 6 civiles muertos, un número indeterminado de población desplazada, miles de niños y niñas sin clases, además de millonarias pérdidas económicas, tanto en la provincia de Ocaña como en todo el departamento de Norte de Santander.


En medio de la zozobra propiciada por esta medida de fuerza, las comunidades campesinas establecieron refugios humanitarios en más de 5 cabeceras municipales y corregimientos, resguardándose del intercambio de balas pero exponiéndose a una situación de crisis alimentaria y de salud, ya que las vías de acceso para la comercialización de víveres están bloqueadas y los cultivos de pan coger tuvieron que ser abandonados, pues los combates se libran dentro de las veredas, y el mismo Epl decretó en un comunicado público que “[…] se refugien en las cabeceras municipales, ya que no queremos que la población civil esté en medio del fuego cruzado. El no hacer caso entendemos de su participación, complicidad y colaboración con el ELN”.


A lo anotado se suma la indignante pero poco sorprendente respuesta del gobierno nacional, que la semana pasada declaró en público, a través del ministro de defensa Luis Carlos Villegas, que el Catatumbo estaba en normalidad, negando así una situación que parece salirse de las manos de la institucionalidad, pues a pesar de que hay actualmente más de 10.000 efectivos del Ejército y la policía en la región, el control sigue estando en manos de otros actores armados.


Todo esto llevó a que el Consejo Departamental de Paz sesionara el pasado 20 de abril con la participación de la Gobernación de Norte de Santander, las diferentes organizaciones sociales con presencia en la región, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría regional, la Iglesia católica, la delegación de paz del Eln, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ejército y la Policía. En este espacio se recriminó de manera fuerte al Ministerio de Defensa y al gobierno nacional por las declaraciones de Villegas, y se evaluaron diferentes estrategias para dar una solución a la crisis que se presenta en el Catatumbo.


Pero, es evidente, la situación de la región no se resuelve en la ciudad. Por ello, el 21 de abril se llevaron a cabo diferentes manifestaciones y movilizaciones en los municipios del Catatumbo, a través de las cuales las comunidades manifestaron su rechazo a las confrontaciones y exigieron una salida dialogada a este conflicto.


Como resultado de esto, y de un gesto histórico de unidad entre las organizaciones sociales de la región, el domingo 22 de abril se llevó a cabo la Asamblea Regional por la Paz del Catatumbo, en la que más de 5.000 campesinos, campesinas e indígenas exigencias al gobierno nacional, al Epl y al Eln:


- el fin inmediato de las confrontaciones, y la búsqueda de salidas políticas y negociadas a las mismas,
- respeto a las decisiones autónomas que las comunidades han tomado en sus territorios,
- que se detenga inmediatamente el minado de los territorios,
- que se respeten los refugios humanitarios y la vida de todos los habitantes de la región.
- Que se cumplan los acuerdos de paz,
- que se reconozca la grave situación humanitaria que actualmente vive el Catatumbo,
- que se conforme una Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.
- Plazo hasta el 24 de abril para que el Epl levante el paro armado.


Como resultado de esto, el 23 de abril en la ciudad de Ocaña se estableció la Mesa permanente para atender la crisis social y humanitaria del Catatumbo, en donde las instituciones y organizaciones sociales avanzaron en la construcción de mecanismos de acompañamiento a los refugios humanitarios establecidos por la comunidad, además de estrategias que aporten a la solución de esta crisis. Sin embargo, desconociendo la exigencia de las comunidades de detener de forma inmediata los combates, ese mismo día el Ministerio de Defensa envió más efectivos del Ejército a la zona.


Por su parte, el Epl emitió un comunicado en el que da 60 horas de plazo –contadas a partir del 24 de abril–, para que se abran las vías y se logre reabastecer el comercio de la región, “a las 6:00 PM del día jueves 26-04-2018 se reanuda el cierre del comercio y demás actividades cotidianas”. Declaran además que levantarán el paro cuando el Eln deje de hostigar sus tropas.


Esta situación, que evidentemente se sale de las manos de las autoridades locales y el gobierno nacional, demuestra que la estrategia militar es un fracaso rotundo. En el Catatumbo se han hecho múltiples paros y movilizaciones sociales a través de los cuales las comunidades han exigido a gritos inversión social y dejen de estigmatizar la región, pese a lo cual la cantidad de soldados y policías supera los proyectos de inversión que se han desarrollado; y esto no solo es grave por las consecuencias que trae la militarización de la vida de las comunidades, también lo es porque a pesar de que se instalen bases y puestos de control en todo el territorio, las economías ilegales no han sido afectadas ni disminuidas, y parecen ser la causa y/o el botín de una guerra que día a día se acrecienta más.

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Miércoles, 07 Febrero 2018 06:40

Santos recibe señales mixtas

Santos recibe señales mixtas

Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que “se ríen de los EE.UU.”

 

El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó ayer la capital colombiana con la misión de reasegurar al gobierno de Juan Manuel Santos de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico y el proceso de paz en el país sudamericano, informó el diario The Los Angeles Times. En contraste, el presidente Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que, según él, “se están riendo de los estadounidenses”, al llevarse el dinero de ayuda directa sin comprometerse con la lucha antinarco. Tillerson ha intentado suavizar las palabras de su presidente durante sus visitas a México, Argentina y Perú, parte de la gira de una semana por América latina y el Caribe.


En Lima, por ejemplo, ayer dijo que ha llevado el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas “en todas las paradas que hago a lo largo del hemisferio”. Y agregó: “Esto es verdaderamente un desafío hemisférico y cada país tiene su propio desafío. cuanto más podamos compartir, y más podamos conectar nuestras actividades, mayor progreso podremos alcanzar en las disrupción de estas organizaciones criminales.” En conversaciones con periodistas en viaje a Colombia, Tillerson rechazó sugerencias de que su mensaje no era bien recibido. “He tendido todo el acceso que he necesitado y cumplido con prácticamente todos los objetivos de mi viaje,” escribió Tracy Wilkinson, periodista estrella del Los Angeles Times.


La producción de coca ha crecido un cincuenta por ciento en los últimos dos años, según funcionarios estadounidenses. Más aún cada hectárea cultivada ha aumentado su producción. Ante semejante aumento, Trump ha amenazado con poner a Colombia en la lista negra de los países que no cooperan con la lucha antinarco, lo que significaría que la ayuda económica a ese país se suspendería o se reduciría hasta que progreso en ese aspecto pueda verificarse. Todavía no ha actuado sobre esa amenaza, pero su gobierno ha renegado de la promesa de la administración de Obama de proveer 4,500 millones de dólares en ayuda directa en los próximos 10 años. Un primer tramo de ese paquete fue desembolsado en los últimos días de la presidencia de Obama . Los colombianos están enojados, se sienten ninguneados, dijo Bruce Bagley, un profesor colombiano que enseña en la Universidad de Miami.


Washington gastó 10,000 millones de dólares para ayudar a Colombia terminar con su guerra civil y ahora el país, mientras busca reinsertar a miles de guerrilleros a la vida civil y encontrar un lugar para miles de desplazados, podría convertirse en un lugar muy peligroso, dijo el profesor. “este es un momento crucial en el proceso de paz,” dijo Bagley. Tillerson aterrizo en Bogotá a las cinco y media de la tarde hora local, y tenía previsto ir directamente al palacio Nariño para reunirse con Santos antes de viajar a Jamaica, la última parada de su gira.

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