La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

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Sábado, 09 Julio 2016 08:23

Al sustituir la eficiencia cocalera

Al sustituir la eficiencia cocalera

 

En víspera del inicio -este 10 de julio- del piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, bien vale felicitar a las valientes familias del Orejón y veredas aledañas, quienes afrontan este estratégico plan. Resaltando que en la mesa de La Habana, se acordó iniciar su implementación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

Estos campesinos enfrentan todo el catálogo de falacias fabricado por la guerra antidroga, como ejemplos : una mitomanía rancia y una reciente. En 1984 -en repetición goebbeliana- el embajador Tambs acuñó el mito de la “narco-guerrilla” que a punta de fusil obliga campesinos a cultivar coca. Desde 2014, la ONUDC repite que las 2/3 partes de los cultivadores hoy venden hoja de coca en finca, absteniéndose de agregar valor.

 

Cuando el poder global fabrica mitos, lo hace por algo.

 

En primer lugar cuando inventa el mito del cultivador obligado, esconde las causas que arrastran al campesinado hacia los cultivos declarados ilegales. Estas son:

 

1. Históricamente el Estado ha eludido el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, porque coludido con el latifundio y usando guerra o “reforma agraria”, ha desplazado a los campesinos hacia baldíos selváticos.

 

2. Se desplaza hacia tierras aisladas y lejanas sin presencia del Estado, donde no hay salud ni educación, y tampoco hay vías para sacar los productos legales al mercado.

 

3. Estos territorios tienen suelos de baja calidad o vocación agrícola diversa, que limitan o impiden el cultivo y cría de especies normales dentro de la frontera agrícola. Pero estos suelos selváticos, aceptan bien especies amazónicas como la coca.

 

4. Gracias al neoliberalismo, los cultivos y crías legales tienen competencia desleal de productos importados desde países que subsidian las mercancías agropecuarias.

 

En segundo lugar el mito de la no agregación de valor, esconde las características de eficiencia productiva que tiene la economía campesina cocalera. Estas son:

 

1. La cercanía al ecuador geográfico, y su origen amazónico, provoca la rápida rotación del cultivo de coca, siendo 6 cosechas anuales nuestro promedio. Ningún otro cultivo genera ingresos bimestrales.

 

2. El inicio del proceso transformador de la coca -el que va de hoja a pasta básica de cocaína PBC- se realiza en el campo. Al margen de ser ilegal, esto es una conquista de la economía campesina, que así se apropia parcialmente del valor agregado.

 

3. En esa parte del proceso, la tasa media de reducción del volumen es 550 veces: de una arroba de hoja se obtienen en promedio 22 gramos de PBC. La producción de 1 ha promedia 50-70 arrobas de hoja de coca por cosecha, entonces su producido se puede transportar en los bolsillos del acopiador rural, y así sacarlo desde territorios sin vías.

 

4. La propaganda reza que el exorbitante precio de la cocaína en el mercado terminal, llega a los cultivadores. Al contrario -en 25 años, y en los 3 países productores Bolivia, Perú y Colombia- el PBC ha mantenido un precio rígido, oscilando en torno a 700 dólares por kilo. Al cultivo no lo estimula un precio alto, sino uno estable que cubre los costos de subsistencia, algo anormal para la economía campesina legal.

 

Si consideramos las causas y características económicas descritas, se concluye que el producto sustituto debe ser competitivo frente a la eficiencia de los cultivos de uso ilícito. Algunas sugerencias para una sustitución competitiva:

 

1. La participación debe superar lo formal, llegando hasta la consulta previa campesina, que respete sus diversidades. Solo los campesinos organizados podrán garantizar se cumplan los cronogramas de sustitución y no resiembra. Vale imitar la herramienta de Control Social boliviana, cimentada en la alianza de cocaleros y gobierno.

 

2. Las familias expulsadas fuera de la frontera agrícola, ayudadas por los cultivos de uso ilícito crearon nueva frontera. Su organización garantiza que no sean de nuevo despojados, o que a cambio los relocalicen en los valles fértiles interandinos y caribes.

 

3. Los programas de sustitución deben incluir acciones formativas para reconvertir laboralmente los recolectores, y asistencia técnica para los nuevos cultivos.

 

4. Las zonas aisladas y lejanas deben recibir inversiones en salud y educación, también en vías y comunicaciones, y así garantizar el acceso al mercado.

 

5. La pobreza de los suelos que asientan mayormente los cultivos de uso ilícito, necesita de financiamiento público de nutrientes, para poder superar gradualmente tales condiciones. Las hojas de coca son un fertilizante natural.

 

6. En algunas zonas la coca es el producto con más rendimiento o el único que rinde. En áreas especiales se puede adelantar la sustitución del uso, como en Bolivia, Perú y el Cauca, con derivados alimenticios, medicinales, forrajeros y fertilizantes.

 

7. Ningún cultivo tiene tan rápida rotación como la coca. Con escalamiento de siembras y cosechas, y manejo financiero, se pueden conseguir ingresos bimestrales con otros cultivos. No hay un producto único, se debe identificar el aplicable en cada región.

 

8. La transformación en el campo, es imprescindible para la sustitución eficaz, el subdesarrollo equivale a no agregar valor. Además estas agroindustrias tienen que ser propiedad cooperativa del campesinado.

 

9. La agroindustria también garantiza reducir el volumen del producto, y así que los ingresos campesinos no se diluyan en el transporte hasta una fábrica citadina.

 

10. La estabilidad y seguridad de precios que cubren los costos en los cultivos de uso ilícito, se deberá conseguir en cualquier plan de sustitución.

 

La Reforma Rural Integral, podrá beneficiar a las familias con cultivos de uso ilícito, cuando se neutralicen paramilitarismo y narcotráfico, sino estos sabotearan la sustitución con dinero o violencia. También saboteará el neoliberalismo, al hacer competir a nuestros campesinos vs. granjeros norteamericanos y europeos subsidiados.

 

La demanda mundial de cocaína se suple con la oferta de los tres países productores. De eliminar alguna de estas ofertas, aparecería en otro lugar, porque al estar prohibida su producción genera ganancias extraordinarias y violencia. Así que toda solución será parcial, mientras no se regule democráticamente el mercado. La sustitución voluntaria campesina tendrá que enfrentar estos riesgos.

 

 

 

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Bolivia, Colombia y Perú son los principales productores mundiales de coca y también de su derivado ilegal, la cocaína.
El número de hectáreas sembradas pasó de 69.000 a 96.000, una de las cifras más altas de los últimos años

 

Nuevamente Colombia registra un amento en el número de cultivos ilícitos. En los últimos tres años las cifras han mostrado un crecimiento constante. Entre 2014 y 2015, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hubo un incremento del 39% en hectáreas sembradas. La cifra pasó de 69.000 a 96.000. Un número comparable con el que se registró en el año 2007, cuando llegó a 99.000 hectáreas. Una de las más altas en la historia reciente del país.

 

Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la explicación al crecimiento de los cultivos de coca se debe principalmente a la suspensión de la fumigación aérea y a factores climáticos. Según Villegas, la nueva política antidrogas tendrá como misión la disminución y erradicación de estas plantaciones, a través de la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual, sobre la que aseguró que se están probando nuevos métodos. Según el Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año se han incautado más de 160 toneladas de cocaína, destruido 3.000 laboratorios y suprimidas 10.178 hectáreas, de las 16.000 que se tienen proyectadas para antes de que termine el 2016.

 

Las cifras, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen unos meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, autorizó el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos pero solo de forma terrestre. Un año antes, la misma instancia había determinado que no se podría usar de ninguna manera, pero ante el aumento de cultivos tuvo que revertir la decisión. La fumigación bajó de 50.554 hectáreas en el 2014 a 28.075 en el año siguiente.

 

El informe señala que cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada y en solo un municipio de estos (Tumaco, en Nariño) hay al menos 16.000, que representa el 17% de lo que se produce en todo el país, en donde del 2013 al 2104 pasó de 48.189 hectáreas a 64.132. “Esto indica que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas deben seguir siendo las mismas”, apunta la ONU, que también registra que tres departamentos están libres de coca. Caldas, La Guajira y Cundinamarca completan cuatro años sin cultivos.

 

“Al suscribirse el acuerdo final con las FARC, los temas relacionados con narcotráfico deberán registrar progresivamente un mejor desempeño”, dijo Villegas, al referirse a uno de los compromisos que ha asumido esta guerrilla en el marco de los diálogos de paz y que se trata de la erradicación por de cultivos en zonas donde han tenido influencia. En Briceño (Antioquia) se adelanta un plan piloto para ello.

 

 

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