Sin Trump, Bolsonaro oscila entre EEUU y China

El diputado bolsonarista Daniel Silveira está preso por exaltar el Acta Institucional 5 de la dictadura militar (1964-1985) que anuló el poder de los jueces, además de amenazar en un vídeo al sistema judicial. En los hechos, se trata de un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y la máxima institución judicial, que muchos consideran un intento para "contener los ataques a la democracia" del actual Gobierno.

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el momento más grave de la pandemia, con unidades de tratamiento intensivo desbordadas y un crecimiento exponencial de contagios y muertes.

Brasil enfrenta una crisis en la estatal Petrobras, ya que nombró a un militar en la presidencia y las acciones cayeron de forma abrupta, y otra con la justicia por el encarcelamiento de un diputado amigo, acusado de amenazar a jueces del Tribunal Supremo Federal.

La crisis en Petrobras se debe a la incertidumbre con que el Gobierno maneja el futuro de la principal empresa del país, comandada ahora por el general Joaquim Silva e Luna, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018). En un año los precios de la gasolina aumentaron un 35% porque la dirección de la petrolera decidió atarlos a los precios internacionales del crudo, lo que implica un fuerte lastre para la economía y un creciente descontento de los camioneros que amenazan con paros.

La crisis entre poderes se viene agravando y todo indica que se va a profundizar. El último día de febrero el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, realizó su ataque más duro contra la Operación Lava Jato (que llevó a la cárcel a Lula, a la cúpula del PT y de Odebrecht), al comparar sus métodos con el Primer Comando de la Capital, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el Club Militar se despachó con un comunicado de apoyo al diputado encarcelado. Tanto el presidente Bolsonaro como su vice, Hamilton Mourao, son miembros destacados del Club Militar, que acusa al Supremo de arbitrariedad y de ser un aliado de la izquierda. "¿Por qué los amparados por el Poder Judicial siguen siendo los criminales condenados?", dice la carta, en clara alusión a Lula y otros acusados por Lava Jato.

Pekín y Washington tironean a Bolsonaro

El principal problema de Bolsonaro se encuentra en el escenario internacional. La derrota de Donald Trump lo dejó en la orfandad, a la defensiva y sin saber cómo posicionarse, ya que sus críticas e ironías contra China se le vuelven en contra, incluyendo las que lanzó contra la vacuna Sinovac que se fabrica en Brasil y es la que está permitiendo la vacunación masiva.

La académica Karin Costa Vázquez, del Centro de Estudios BRICS de la Universidad de Fudan (Shanghái, China) y directora ejecutiva del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos y del Caribe en Jindal Global University (India), sostiene que a pesar de las coincidencias sobre China, el Gobierno de Biden sigue con "preocupación" el alineamiento de Brasilia con Trump.

Costa Vázquez analiza una carta del senador estadounidense Robert Menéndez a Bolsonaro, sobre las declaraciones del canciller Ernesto Araújo, que cuestionó la limpieza de las elecciones con idénticos argumentos a los de Trump. Menéndez preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pidió a Bolsonaro que se una a EEUU para "condenar la incitación a la violencia", en referencia al ataque del 6 de enero al Capitolio por partidarios de Trump.

Pese a todo, la carta mantiene un tono amistoso, ya que para la Casa Blanca cuenta con Brasil "para contener la creciente influencia tecnológica, económica y comercial de Pekín en Latinoamérica". En efecto, Brasilia y Washington coinciden en dejar fuera a China en el proceso de licitación de las redes 5G así como en la sospecha de que los préstamos para infraestructuras son un modo de China para posicionarse en los países de la región.

Sin embargo, la presión de la Casa Blanca "empuja aún más a Bolsonaro y Araújo contra la pared", estima Costa Vázquez en South China Morning Post. Un Gobierno frágil como el de Biden, acosado internamente por el trumpismo y más aislado en lo internacional que los anteriores Gobiernos demócratas, rechaza el apoyo de Bolsonaro a gobernantes de extrema derecha. A medida que los vientos soplan en otras direcciones, Brasil y Bolsonaro "se encuentran cada vez más aislados".

¿Se sumará Bolsonaro a la ofensiva de Biden?

Sin duda la Administración Biden está dispuesta a negociar con Bolsonaro su apoyo a la ofensiva antichina, pero puede exigirle algún gesto que lo desmarque de las huestes de Trump. La columnista de South China Morning Post estima que Bolsonaro se verá cada vez más presionado para reemplazar al canciller antiglobalista, Ernesto Araújo, por un diplomático más moderado, a expensas de su decisión de convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, en una plataforma para mantener movilizados a sus seguidores más radicales.

En efecto, el canciller parece un fusible adecuado. Se sitúa en el bando más ideologizado y radical del espectro de Bolsonaro, es enemigo de la globalización, de Rusia y de China, esgrimiendo un discurso de la guerra fría muy similar al de Trump.

Según la nota de South China Morning Post, se abren tres escenarios estratégicos ante el Gobierno de Brasil.

El primero consiste en continuar su alineamiento automático con EEUU en detrimento de China, aún suavizando la retórica contra la globalización. La desconfianza con China está instalada y no va a retroceder.

El segundo escenario sería que Brasil optara por una estrategia propia de expansión y diversificación en Asia, estrechando alianzas con la India pero sin alejarse de China. Como señala Costa Vázquez, el ministro de Economía, Paulo Guedes, apuntó en esa dirección para ampliar la presencia de Brasil en la agroindustria global. "Si podemos tener el mismo flujo comercial con la India que tenemos con China, Brasil alimentará a la mitad de la población del planeta".

Un tercer escenario en el que Brasil no aparezca alineado con ninguna de las dos potencias parece poco probable. China necesita a Brasil y Brasil necesita a China. Las relaciones con EEUU no van tanto por el lado económico, financiero y comercial, sino por los viejos lazos diplomáticos y, sobre todo, militares.

Sin embargo, a medida que el escenario global y regional va cambiando, el margen de maniobra de Bolsonaro parece estrecharse. Brasil ya no es la potencia regional capaz de liderar a los países suramericanos y las elecciones se acercan de forma peligrosa para el presidente: el próximo año puede ser el último de su Gobierno, si no consigue acotar las crisis antes mencionadas (internas e internacionales), que pueden ser tan depredadoras como está siendo la pandemia del COVID-19.

Publicado enInternacional
Miércoles, 17 Febrero 2021 05:08

Otro récord del bitcoin: 50 mil dólares

Otro récord del bitcoin: 50 mil dólares

El bitcoin marcó este martes un nuevo récord al superar por primera vez los 50.000 dólares. Se trata de un nuevo record para la criptomoneda, que en los últimos 12 meses aumento en más de 10 veces su valor.

El máximo histórico se alcanzó durante el mediodía cuando tocó los 50.547,70 dólares. Luego retrocedió hasta los 49.505,35 dólares, acumulando de todas formas un aumento de 2,7 por ciento en la sesión y de más de un 70 por ciento en lo que va de año. 

El aumento exponencial de los precios genera fuerte debate sobre el futuro de las criptomonedaa. Mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado, que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios de 2018

"El creciente interés de las empresas por las criptomonedas ha transformado el mercado en comparación con 2017", dijo Neil Wilson, analista de Markets.com. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció por sorpresa que había invertido 1500 millones de dólares en bitcoin. El jefe de Tesla y hombre más rico del mundo, Elon Musk, no duda en ensalzar los méritos de la criptomoneda en las redes sociales.

En el mismo sentido el grupo MicroStrategy, una compañía de software estadounidense, anunció una captación de fondos de 600 millones de dólares para comprar la criptomoneda, que algunos analistas empiezan a considera el nuevo oro digital.

La adopción institucional de las criptomonedas empieza a acelerarse en 2021 con varios anuncios de  grupos bancarios y financieros que  se muestran cada vez más interesados en el bitcoin. La semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, así como MasterCard anunciaron nuevos proyectos en el sector de las criptomonedas. El efecto reputacional de estos anuncios es uno de los catalizadores de la suba del precio de estos activos financieros. 

Muchos economistas a pesar del furor de compras del bitcoin plantean que el fenómeno es una burbuja que terminará estallando más temprano que tarde. Critican el uso de energía irracional de la moneda digital y que la descentralización que propone el bitcoin en verdad no sé cumple en la práctica, porque la mayoría de las operaciones termina realizándose a través de plataformas centralizadas. 

Publicado enEconomía
Soldados israelíes durante un entrenamiento en los Altos del Golán ocupados. - REUTERS.  16/02/2021 07:14 Actualizado: 16/02/2021 07:15

Al menos una veintena de ingenieros israelíes han vendido a China misiles fabricados en Israel pero usando en parte tecnología puntera de Estados Unidos. Difundida la semana pasada por los servicios secretos del Shin Bet, la noticia, sobre la que sigue pesando la censura militar, contribuye a enrarecer las relaciones de Benjamín Netanyahu con Estados Unidos.

 

Una red de ingenieros israelíes vendió a China misiles avanzados fabricados en parte con sofisticada tecnología militar de Estados Unidos. La venta, que proporcionó pingües ganancias de "decenas de millones" de dólares a los ingenieros, violó los acuerdos que Israel estableció con Washington para impedir que su puntera tecnología cayese en manos de terceros países, especialmente de China. 

El Shin Bet, los servicios de inteligencia israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, informaron la semana pasada de la desarticulación de la red diciendo que de la venta se había beneficiado "un país asiático", sin mencionar específicamente a China, el principal rival de Estados Unidos en relación con esa tecnología.

El anuncio del Shin Bet llegó menos de un mes después de la entrada en la Casa Blanca de Joe Biden, quien todavía no ha hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Washington aún no ha reaccionado ante el millonario negocio de los ingenieros israelíes, es fácil imaginar que los americanos están muy enojados puesto que en más de una ocasión habían advertido a Netanyahu que no vendiera a China tecnología militar. 

Durante el mandato de Donald Trump, los israelíes disfrutaron de un amplio margen de maniobra en esta materia ya que el presidente republicano accedía a cada una de las demandas de Netanyahu, y es muy probable que por entonces los servicios de inteligencia americanos ya conocieran los trapicheos con China, que no son nuevos, pero decidieran hacer la vista gorda. 

El hecho de que la censura militar haya prohibido a los medios hebreos publicar el dato clave de que el país beneficiado es China, indica la preocupación de Netanyahu con este negocio que sin duda enrarecerá más las relaciones con la administración demócrata. Sin embargo, en distintos blogs y redes sociales de Israel y del extranjero se ha revelado el nombre de China. 

Un dato sorprendente es que quien haya revelado el negocio sea el Shin Bet, y no los servicios de inteligencia militar, Aman. De esta manera Israel trata de referirse a la venta como una cuestión interna y de iniciativa privada, aunque es muy difícil imaginar que dado que de momento hay una veintena de ingenieros implicados, estos no informaran a las autoridades con anterioridad, o que a los servicios de inteligencia les pasara por alto el negocio hasta después de consumado. 

Una explicación puede ser que Israel, que siempre ha cuidado en extremo las relaciones con China, obtuviera a cambio algún beneficio equivalente. Los medios hebreos habitualmente publican informaciones sobre la creciente influencia de Pequín en la política y economía internacionales, y sobre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el gigante asiático, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos. 

Se da la circunstancia de que una buena parte de los ingenieros implicados han trabajado con anterioridad para los servicios de inteligencia israelíes o en el desarrollo de armas sofisticadas del ejército, lo que abunda en la dirección de que es muy difícil, si no imposible, que las autoridades militares y políticas de Israel, incluido Netanyahu, ignoraran lo que tantas personas se traían entre manos, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. 

No hay que descartar que el chanchullo haya contribuido a que el presidente Biden todavía no haya llamado por teléfono a Netanyahu. En cada aparición de Biden se le pregunta por qué no lo ha hecho y la Casa Blanca responde que pronto se iniciará la llamada. 

Una parte de los ingenieros trabajaban para las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), una gigantesca empresa que en su totalidad es propiedad estatal y emplea a más de 15.000 trabajadores. Entre otras cosas, IAI, cuyo nombre tampoco se puede publicar en Israel en relación con este caso debido a la censura militar, fabrica los misiles avanzados vendidos a China. 

Entre los productos que fabrica IAI se encuentra el sistema de misiles Harop, el más avanzado de todos, y también se incluye el Harpy-2, que incorpora tecnología que permite atacar objetivos haciendo que los misiles se destruyan al alcanzar su objetivo. Algunos medios señalan que esta es la tecnología más avanzada en este campo que hay en el mundo. 

Para despistar a Estados Unidos, el clan de ingenieros se sirvió de sofisticados métodos que incluían el uso de intermediarios con el fin de ocultar que el cliente era en realidad China. También se sirvió de un complejo tramado de financiación para evitar que apareciera China. 

Esta no es la primera vez que Israel vende a China material militar avanzado en cuya fabricación se ha usado tecnología estadounidense, aunque probablemente la noticia ha saltado en el peor momento de todos, es decir cuando las relaciones de Israel con Estados Unidos no son precisamente óptimas y la noticia podría deteriorarlas aún más. 

Según Tikun Olam, un blog basado en Estados Unidos pero que se especializa en filtraciones israelíes, la tecnología adquirida por China podría caer en manos de Corea del Sur o Irán, dos países que mantienen buenas relaciones militares con Pequín. 

Publicado enInternacional
Lunes, 15 Febrero 2021 05:22

La tercera vía de Joe Biden

La tercera vía de Joe Biden

¿Qué pasará con China?

 

¿Qué hará Joe Biden con China? Se diría que es la incógnita más inquietante en la política mundial. Está descartado que imite el modus operandi de Donald Trump. También el retorno a una especie de tercer mandato de la era Obama. Las indicaciones generales parecen claras: mantener el fondo y cambiar las formas, pero incluso admitiendo esto, el marco de elasticidad es tan grande que multiplica el valor de los matices.

¿Qué datos objetivos podemos destacar en estas semanas posteriores al 20 de enero? La OMS descartó el origen de la pandemia en un laboratorio de Wuhan. Se anuncia para marzo una reunión entre Anthony Fauci y Zhong Nanshan, principales epidemiólogos respectivos. La cooperación bilateral en la lucha contra la Covid-19 tiene visos de prosperar, dejando atrás la nefasta política de Trump en tal sentido, incluida la abrupta salida de la propia OMS. Esto puede orillar los despropósitos conspiracionistas aireados por M. Pompeo y que encontraban idéntico nivel de retruque en Beijing. Otro campo factible es la cooperación climática.

Por el contrario, en el sensible asunto de Taiwán, las espadas siguen en alto, con incursiones militares de unos y otros y avisos a navegantes en todas las direcciones. Hong Kong, Tibet o Xinjiang nublan los cielos a otra escala con una retórica altisonante que no hace concesiones. Las demostraciones de inflexibilidad alcanzan también al Mar de China meridional.

Yang Jiechi, miembro del Buró Político y director de Asuntos Exteriores en el Comité Central del PCCh, ha buscado vías para recuperar la normalidad en las relaciones bilaterales sobre la base de que “China debe ser vista como es”, huyendo de errores de juicio estratégicos pues China, dice, en modo alguno tiene la intención de desafiar o reemplazar la posición de EEUU en el mundo. Para Yang, la clave está en respetar los “intereses centrales” del otro que en el caso chino son, básicamente, la soberanía, la integridad territorial, el sistema político y, ahora, los intereses de desarrollo. Son “líneas rojas”, dijo. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Kurt Campbell, coordinador para la región del Indo-Pacífico, señalaban en Foreign Affairs en octubre del pasado año, que “el mundo debe vivir con China tal y como es” en un marco de coexistencia competitiva, alejándose del discurso de Pompeo en la Biblioteca Nixon en julio de 2020 cuando clamó por una lucha universal contra el PCCh.

Frente a la búsqueda de puntos de encuentro, la irrupción de documentos como el anónimo del Atlantic Council, abonado a la tesis de la resurrección de la guerra fría, ansía intervenir en el debate e inclinar la balanza. Otro ejemplo: bajo la dirección de Jared Cohen, ex asesor de Condoleezza Rice, y Eric Schmidt, ex director general de Google, un grupo independiente de 15 republicanos y demócratas, investigadores, empresarios, ingenieros y sinólogos, presentó recientemente un informe confidencial al gobierno de Estados Unidos en el que se aboga por una estrategia de mayor resistencia tecnológica a China. Otros firmantes del documento son Richard Fontaine, director general del “Center for a New American Security CNAS”, fundado con el citado Kurt Campbell o también Elizabeth Economy, sinóloga del Instituto Hoover de Stanford, Alexander Wang, formado en el MIT, o Marissa Giustina, ingeniera de Google. Si en el debate digital global siempre han predominado las voces que alertaban sobre los peligros de una ruptura del flujo de datos científicos abogando por compartir la investigación sin límites en consonancia con un espíritu de apertura que se resistía a los imperativos de otra naturaleza que no fuera la promoción del conocimiento, los autores sostienen que el dominio tecnológico, factor clave para la seguridad, la prosperidad y la garantía del modo de vida democrático, se ve ahora amenazado por la aparición de China como potencia que está a punto de superar a Estados Unidos en áreas sensibles. La idea principal del documento es que el “desacoplamiento”, del que muchos científicos recelaban, se ha convertido ahora en una “solución deseable”.

Biden, por otra parte, debe haber tomado buena nota de una realidad inapelable: la guerra comercial de Trump con China fue un fracaso en todos los sentidos. Ni alcanzó sus metas políticas (doblegar a China) ni frenó el déficit comercial ni alentó sus exportaciones. Veremos como ese diagnóstico repercute en los aranceles. En lo tecnológico, ha supuesto dificultades inapelables para empresas chinas pero también estadounidenses y está por ver quién puede invertir más en los próximos años en los sectores capitales, desde la inteligencia artificial a las biotecnologías o las energías verdes y otras altas tecnologías. No hay un claro ganador y si algo sorprende es el ritmo y la proyección de la innovación china.

Se dice que en EEUU hay un consenso bipartidista acerca de China, pero este podría quebrarse en la medida en que los demócratas se alejen de los postulados de Trump y sus acólitos. Y también que Biden lo tendrá más fácil que su antecesor para alargar la unidad de criterio con los países aliados, un vínculo que Trump debilitó. Pero tampoco esto debe darse por seguro si China con la UE, o Japón o Corea del Sur, etc., logra fraguar y/o desarrollar acuerdos comerciales potentes. Que la opción de seguridad para muchos de ellos es EEUU no ofrece dudas; más discutible es que fórmulas como el QUAD (EEUU, Japón, India y Australia) cuajen del todo ni tampoco que eso llegue a ser suficientemente disuasivo ante el fortísimo esfuerzo chino en defensa. En cualquier caso, no debe darse por seguro que todos seguirán a pies juntillas la política de EEUU, cualquiera que fuese, respecto a China.

El Financial Times recordaba días atrás como los flujos de inversión desmienten las tensiones geopolíticas entre ambos países. Muchas multinacionales estadounidenses recelan de los llamamientos al desacoplamiento aun reconociendo la existencia de diferentes enfoques en algunas cuestiones. Pero todas admiten haber ganado mucho dinero en China, un mercado que no es prescindible en un contexto de elevado entrelazamiento de todas las economías y con tantas incertidumbres en cuanto a la recuperación del crecimiento. Tampoco la UE, Japón o Corea del Sur pueden desprenderse de la atracción gravitatoria ejercida por China con un mero chasquido de dedos.

Estos cuatro años de presidencia Biden serán claves para concretar una posible alternativa en la relación con China, diferente a la firmeza hegemónica de Trump que ha conducido a un peligroso bloqueo de la situación. Ante la perspectiva de “cambios nunca vistos en un siglo”, no es descabellado imaginar que las tensiones estarán al orden del día, ya hablemos de la economía, el comercio, la tecnología, la diplomacia o la seguridad, campos en los que Beijing se juega el futuro de su proyecto. Beijing dice no tener prisa pero juega con algunas fechas marcadas (2027, 2035, 2049). Aun así, la ansiedad estratégica pesa más del lado estadounidense ante el temor de un irremediable declive, que tantos vaticinan (y otros relativizan). El contraste entre un país roto y otro aglutinado es reflejo también del contraste entre dos nacionalismos.

Lo que de ambas partes se exigiría es moderación en todos los sentidos, la recuperación del diálogo, la delimitación precisa de los campos en que es posible avanzar conjuntamente y su potenciación, al igual que el señalamiento de las áreas de discrepancia para ser encapsuladas y tratadas con profesionalidad. En suma, rebajar las tensiones, buscar la estabilidad y dejar que el tiempo haga su trabajo y ponga a cada cual en su lugar. La tercera debiera ser una vía en permanente construcción.

Por Xulio Ríos | 15/02/2021 

Publicado enInternacional
La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

Publicado enInternacional
Jueves, 04 Febrero 2021 05:27

El multilateralismo chino

El multilateralismo chino

Hace cuatro años, recién llegado Donald Trump a la presidencia estadounidense y con el conservadurismo antiglobalista en su máximo apogeo, China se presentó en la macrocita de Davos como la gran valedora de la globalización. Ahora, en la convocatoria virtual del Foro Económico Mundial, el líder chino Xi Jinping tocó a rebato por el multilateralismo, la fórmula que la Covid-19 reveló como poción indispensable para siquiera diluir los factores de incertidumbre que aun por bastantes años pueden lastrar la recuperación económica global.

Además de la pandemia, Xi hizo alarde de otro dato que trastoca el escenario: la asunción de Joe Biden y su compromiso con el regreso de los EEUU a las instancias y acuerdos multilaterales, como ya hizo con la OMS o el Acuerdo de París, desbaratando la errática trayectoria de su predecesor.

Si hubiera que destacar una característica del enfoque chino a propósito del multilateralismo es la insistencia en la desideologización. En resumidas cuentas, Beijing defiende la autoridad y eficacia del sistema multilateral pero pone pegas a su instrumentalización con fines hegemónicos en una velada alusión a los intentos de fraguar las llamadas "alianzas basadas en valores" que obviamente no irían dirigidas a países como Vietnam sino como China: aunque ambos militen en el mismo socialismo de mercado, uno es un problema y otro no en función, claro está, de la capacidad para desafiar la hegemonía occidental. Para China, apostar por alianzas de este porte equivale a rubricar la continuidad de fórmulas que considera periclitadas, de clubs exclusivos (como el G7) cuya finalidad no es otra que garantizar poder e influencia en beneficio de los estados más ricos que no pierden comba a la hora de monopolizar el derecho a establecer las reglas que deben regir el orden internacional. Quienes a menudo se erigen a sí mismos como el alter ego de la "comunidad internacional" no pasan de representar en realidad a esos pequeños grupos.

En dicho contexto, Xi alertó en Davos contra los peligros de resucitar una nueva guerra fría. Frente a tal esquema, con su actual poder, China no se amilanará. Dar forma a una nueva bipolaridad en base a la resurrección del anticomunismo estaba en la agenda de Trump y Biden debe decidir ahora si su multilateralismo prima una gestión colectiva de los asuntos globales o si lo acomoda al objetivo de preservar la misma ansiedad hegemónica global de Trump aunque por otra vía.

Pudiéramos ejemplificar muchas manifestaciones de la vocación multilateral china que se sustenta en una capacidad económica reconocida. En el contexto de la pandemia, su compromiso con el programa COVAX de la OMS bien podría ser uno de ellos. Pero quizá el reflejo más duradero bien podría ser su proyecto de rutas de la Seda, iniciado en 2013. Ha recibido muchas críticas y con seguridad muchas de ellas son certeras y deberían ser tenidas en cuenta para perfeccionar sus enfoques, sobre todo a la vista de la escasa aun experiencia internacional de China en proyectos cooperativos. Pero también tiene una virtud esencial: pone el acento no solo en el comercio sino sobre todo en las infraestructuras. Esto hace que su potencia de irradiación sea mucho mayor.

La canciller Merkel reconoció en Davos que la pandemia puso de manifiesto hasta qué punto el mundo está interconectado y como es necesario actuar de forma multilateral; pero puntualizó que "multilateralismo no significa solo trabajar juntos sino hacerlo con transparencia". Y eso no siempre sucede con China. No es un déficit puntual, sino crónico y será difícil crear una atmosfera de confianza intergubernamental en tanto no se operen cambios sustanciales en este orden. La canciller, que como Xi defendió a la OMC y la necesidad de que las empresas europeas se involucren en el mercado chino, también recordó que las distintas percepciones sobre la dignidad de la persona limitan la cooperación.

A Beijing le interesa evitar las dinámicas de confrontación y conjurar el peligro de un regreso a la política de bloques del pasado pero pudiera verse en ello solo interés en despejar obstáculos para su progreso, a expensas de los sacrificios y renuncias de terceros. Si su mensaje no se clarifica, el riesgo de abrir camino a ligas de países democráticos que le planten cara es alto.

La agenda global es de una enorme intensidad y nadie puede creer que cualquier país por si solo puede hacerle frente de forma eficaz. También es evidente que los mecanismos heredados de las dos posguerras, tanto de la IIª Guerra Mundial como de la guerra fría, son insuficientes para abordar con holgura los desafíos actuales. El multilateralismo es indispensable y China quiere que su criterio pese en su actualización, al menos en proporción a lo que representa en el mundo presente.

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

04/02/2021

Publicado enInternacional
La vicepresidenta Delcy Rodríguez recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó. Foto: Reuters.

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. contra Venezuela han provocado la pérdida de ingresos brutos fijados en 102.000 millones de dólares, aseguró la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, durante la presentación del informe de gestión del Gabinete Ejecutivo ante la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Rodríguez, las sanciones aplicadas por Washington contra la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), a partir de 2019, incidieron en que el país cerrara el 2020 con una producción de apenas 339.000 barriles por día.

La vicepresidenta precisó que el promedio de producción petrolera del país para el año 2015 era de 2.817.000 barriles por día, pero después de las sanciones, "Venezuela tuvo una pérdida de 2.153.000 barriles de petróleo diarios. Es un daño sin precedentes".

"En el año 2020 ingresaron solamente 743 millones de dólares, contra los 65.607 millones de dólares que ingresaron en el año 2008. Es el resultado de una agresión económica que inició en el 2013. Se cortaron todos los flujos externos de financiamiento a Venezuela", detalló la vicepresidenta.

Rodríguez recalcó que asfixiar los ingresos en divisas de un país como Venezuela, que tiene un modelo económico altamente dependiente de sus exportaciones de petróleo, "va directamente contra la actividad económica".

Ese impacto negativo de las sanciones también se evidenció en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, que experimentó una caída sin precedentes, al pasar del 0 % en el año 2017 a -23 % a finales de 2020.

La vicepresidenta también recordó que el 2020 "fue también el año del robo de activos, como Citgo y Monómeros", por parte de EE.UU. y el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como supuesto "presidente interino" de Venezuela en enero de 2019.

2 febrero 2021

(Con información de Russia Today)

Publicado enInternacional
Caída de la inversión a nivel mundial

La inversión extranjera directa mundial se derrumbó un 42 por ciento durante 2020, para totalizar 859.000 millones de dólares, desde 1,5 billones de dólares alcanzados en 2019, informó este domingo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), en su 38° Monitor de Tendencias de Inversión Mundial.

La Inversión Extranjera Directa (IED) terminó 2020 más del 30 por ciento por debajo de la crisis financiera mundial en 2009 y regresó a nivel visto por última vez en la década de 1990.

El informe da cuenta que "la disminución se concentró en los países desarrollados, donde los flujos de IED cayeron un 69 por ciento a un estimado de 229.000 millones de dólares. Los flujos a Europa se agotaron por completo a -4.000 millones de dólares, incluidos los grandes flujos negativos en varios países. También se registró una fuerte disminución en los Estados Unidos (-49 por ciento) a 134.000 millones de dólares".

La Unctad, con sede en Ginebra, Suiza, remarcó que "el declive en las economías en desarrollo se midió relativamente en -12 por ciento a un estimado de 616.000 millones de dólares. La participación de las economías en desarrollo en la IED mundial alcanzó el 72 por ciento, la participación más alta registrada. China encabezó la clasificación de los mayores receptores de IED".

Para la caída de los flujos de IED en las regiones en desarrollo fue desigual, con un 37 por ciento en América Latina y el Caribe, un 18 por ciento en África y un 4 por ciento en los países en desarrollo de Asia.

Asia oriental fue la región receptora más grande y representó un tercio de la IED mundial en 2020. La IED destinada a las economías en transición disminuyó en un 77 por ciento a 13.000 millones de dólares.

La IED en China, donde la fase inicial de la pandemia provocó fuertes caídas en los gastos de capital, terminó el año con un pequeño aumento (+ 4 por ciento).

La IED en India aumentó un 13 por ciento, impulsada por las inversiones en el sector digital. En el bloque de la Asean, un motor del crecimiento de la IED durante la última década, se redujo un 31 por ciento.

La reducción a la mitad de las entradas de IED en los Estados Unidos se debió a fuertes caídas tanto en las inversiones nuevas como en las fusiones y adquisiciones transfronterizas. La IED en la UE se redujo en dos tercios, con importantes descensos en todos los principales receptores; excepto el Reino Unido que no mostró caídas.
La Unctad pronostica que "se espera que la tendencia de la IED se mantenga débil en 2021"

Publicado enEconomía
'Jedi Blue': El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

Publicado enInternacional
Miércoles, 13 Enero 2021 05:25

La segunda Guerra Fría está llegando

Fuentes: IPS [La nueva Ruta de la Seda y otros canales de expansión comercial y económica que tienen como epicentro a China. Imagen: iStock]

Mientras que el coronavirus ha concentrado, con toda razón, gran parte de nuestra atención, un reajuste geopolítico fundamental ha estado cobrando forma en el mundo y se hará más claro en este 2021. El reajuste es el comienzo de una segunda Guerra Fría, que esperamos no se convierta en una guerra «caliente».

La nueva Guerra Fría se producirá entre China y Occidente, pero debe ser muy diferente a la que tuvo lugar con la Unión Soviética. El mundo ha cambiado significativamente desde 1989, el año de la caída del Muro de Berlín.

La brecha entre los dos campos opuestos es ahora mucho más pequeña. La extinta Unión Soviética, un gigante militar con escaso desarrollo industrial, tenía la ventaja de presentarse a sí misma como la líder de una ideología internacional. De cierta manera, esta también era una bandera de Occidente, que convertía en su propia identidad el llamado a la libertad y la democracia.

En la actualidad, China no enarbola una verdadera bandera internacional y Occidente está asediado por contradicciones internas, desde la batalla de las democracias antiliberales, como la de Hungría bajo Viktor Orbán, hasta las olas nacionalistas, xenófobas y populistas que recorren todos los países y el dramático aumento de la desigualdad social y la degradación de los puestos de trabajo, la calidad de vida y las perspectivas sobre el futuro.

Todo esto hace que el estandarte occidental sea mucho menos fuerte que después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, por la actual fragmentación del mundo, sería probablemente imposible crear las Naciones Unidas o adoptar la Declaración de los Derechos Humanos.

Mientras tanto, China está experimentando un desarrollo industrial, científico y tecnológico que nunca estuvo al alcance de la Unión Soviética. Por último, añadamos el factor demográfico: China, con sus 1.4 mil millones de habitantes, tiene una fuerza muy diferente a los 291 millones con que contaba la URSS en 1989. Rusia se ha reducido ahora a 147 millones: mucho menos que los 208 millones de Nigeria, sin mencionar los 220 millones de Pakistán.

Esta nueva alianza occidental está teniendo lugar sin que muchos se den cuenta. La OTAN ya no se ocupa del Atlántico Norte, como se estableció en su constitución, y el poderío militar soviético ya no es tan significativo en la actual Federación Rusa.

En su poco sofisticado intento de hacer que Estados Unidos no dependa de ningún otro país, aunque sea un aliado histórico, el saliente presidente Donald Trump se distanció de la OTAN. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que la OTAN está en «muerte cerebral». Y Europa ha descubierto que vivir bajo el escudo americano podría ser una percepción ilusoria.

Entonces, la actual Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la Unión Europea) se ha embarcado en una fuerte política para hacer de Europa un actor internacional competitivo, dando prioridad en las inversiones a la tecnología verde, la inteligencia artificial, el desarrollo digital, el refuerzo de las patentes europeas, así como para frenar el poder desenfrenado de la gran tecnología americana.

Y ahora que Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, han desaparecido de las fuentes de división de los 28 (ahora 27), como aquella de la defensa europea. Hay, incluso, una asignación de 8.000 millones de dólares para el embrión de un ejército europeo que, por supuesto, palidece en comparación con los 732.000 millones de Estados Unidos.

Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que en noviembre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presidió un grupo de expertos que recomendó, sin oposición, que la primera tarea de la Alianza debería ser responder a la amenaza proveniente de los «rivales sistemáticos» de Rusia y China. Incluir a China en el centro de la agenda de la OTAN es un cambio tal que significa reinventar completamente la alianza transatlántica. Los viejos términos de la Guerra Fría están de regreso, como viejos barriles con un nuevo contenido.

El documento final llama a la «coexistencia», a la necesidad de mantener la superioridad militar y tecnológica, a establecer nuevos tratados de control de armamentos y a la no proliferación de las armas avanzadas. También subraya que hay campos de cooperación, desde el comercio hasta el control climático.

El período de Trump ha sido un bono inesperado para China. Barack Obama hizo grandes esfuerzos para crear un acuerdo comercial asiático —la Asociación Transpacífica (TPP)—, que excluiría a China e incluiría a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se firmó el 4 de febrero de 2016.

En enero de 2017, Trump asumió la presidencia y se retiró rápidamente del tratado. En parte esto tuvo que ver con su obsesión por deshacer cualquier cosa que Obama hubiera hecho, pero también fue debido a su fuerte creencia de que Washington no debería entrar en ningún tratado que pudiera condicionarlo y que se beneficiaría más de las relaciones bilaterales, en las que Estados Unidos siempre sería el chico grande de la sala. «América primero» significaba, de hecho, «América sola».

El resultado es que, durante cuatro años, China ha sido capaz de actuar como el campeón del multilateralismo y del control climático, mientras que para Estados Unidos era simplemente una cuestión de aranceles con su política centrada en las exportaciones chinas.

China ha sido capaz básicamente de esquivar este asunto y la balanza comercial entre Beijing y Washington está más desequilibrada a favor de China que nunca. Trump se involucró en una pelea contra la 5G y Huawei, pero no ocultó su admiración por los hombres fuertes, desde Kim Jong-un, hasta Vladimir Putin y Xi Jinping.

Y, durante esos cuatro años, China ha sido capaz de continuar su programa de expansión global. No solo con su famoso proyecto -la Ruta de la Seda- con conexiones abiertas para su comercio con el mundo, sino también con el establecimiento del mayor bloque comercial de la historia: la Asociación Económica Regional Integral (AER) que destruyó todo rastro del TPP, que había excluido a China.

La nueva Asociación Económica Integral Regional (RCEP en inglés) tiene su base en China y Estados Unidos está fuera. El tratado se firmó en noviembre de 2020 y Trump estaba tan obsesionado con su teoría sobre el fraude en las elecciones presidenciales en su país que ni siquiera le dedicó un comentario.

Pero la RCEP tiene 15 países miembros: Australia, Brunéi, Camboya, China, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar (Birmania), Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. El bloque tiene el 30 por ciento de la población mundial (2.200 millones), y 30 por ciento del PIB mundial (26,2 billones, millones de millones).

Solo la India, que está bajo el liderazgo autoritario y xenófobo de Narendra Modi, se mantuvo fuera, quejándose de que sería invadida por productos chinos baratos. Pero en realidad, la India se ve a sí misma como la alternativa regional a China, a pesar de estar muy atrasada en términos económicos y tecnológicos. Pero es un país joven, con 50 por ciento de su población menor de 25 años, mientras que en China es solo el 31 por ciento.

Los pronósticos indican que Asia se convertirá, con mucho, en la zona geopolítica y económica más importante del mundo. Según la empresa consultora McKinsey, en 2040 acumulará 50 % del comercio mundial y 40 % del consumo total de bienes y servicios.

Europa, y también Estados Unidos, están convencidos de que pueden competir con China y evitar que se convierta en una potencia mundial. Pero esto significa un reajuste total de las relaciones internacionales, en particular una nueva alianza entre Europa y Estados Unidos, y una política dirigida a formar un grupo de países que estén dispuestos a ponerse del lado de Occidente, como sucedió durante la Guerra Fría.

China llevará a cabo la misma política y, seguramente, veremos un nuevo grupo de países no alineados como reacción al conflicto. Por ejemplo, en este momento, un influyente grupo de académicos y diplomáticos está haciendo campaña en América Latina para que la región permanezca no alineada ante el próximo conflicto.

El número de diciembre de Foreign Affairs (Asuntos Exteriores), el espacio más influyente para el debate estadounidense sobre cuestiones internacionales, ha publicado un ensayo titulado «La competencia con China podría ser corta y aguda», que habla abiertamente de un posible conflicto armado en los próximos diez años.

Los autores visualizan una fuerte aceleración de la competencia en un futuro próximo y varias desventajas para China. La primera que va a aislar a China es la ausencia de democracia (en un momento en que resulta dudoso que Estados Unidos, con Trump como modelo y ejemplo, sean creíbles). Luego, más sustancialmente, es que la ventana de oportunidad de China se está cerrando rápidamente.

Desde 2007, la tasa de crecimiento económico anual de China se ha reducido en más de la mitad y la productividad ha disminuido en 10 %. Mientras tanto, la deuda se ha multiplicado por ocho y está en camino de alcanzar 335 % del PIB para fines de año. China tiene pocas esperanzas de revertir estas tendencias, porque perderá 200 millones de personas en edad laboral y ganará 300 millones de adultos mayores en 30 años. Asimismo, los sentimientos globales contra China se han disparado a niveles nunca vistos desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. Casi una docena de países han suspendido o cancelado su participación en el proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés). Otros 16 países, incluidas ocho de las 10 economías más grandes del mundo, han prohibido o restringido severamente el uso de productos de Huawei en sus redes 5G. India se ha puesto dura contra China desde que, en junio, un enfrentamiento en la frontera común mató a 20 soldados. Japón ha incrementado el gasto militar, ha convertido buques anfibios en portaaviones y ha encadenado lanzamisiles a lo largo de las Islas Ryukyu, cerca de Taiwán. La Unión Europea ha calificado a China de «rival sistémico», y Reino Unido, Francia y Alemania están enviando patrullas navales para contrarrestar la expansión de Beijing en el mar de China Meridional y en el océano Índico. En múltiples frentes, China se enfrenta al retroceso creado por su propio comportamiento.

Es interesante ver cómo la inteligencia americana es prisionera de su sentido de superioridad. China, también gracias a Trump, ha sido capaz de adquirir, al menos, un punto de apoyo en todas partes. Por supuesto, no tienen las 1.176 bases militares que Washington posee alrededor de todo el mundo, pero están trabajando para lograrlo.

De todos modos, el ensayo de Foreign Affairs recomienda aumentar urgentemente las defensas de Taiwán que, después de Hong Kong, es la última pieza de China que no está controlada por Beijing. Y señalan que una guerra es muy posible en un corto plazo, posiblemente en diez años.

Sin embargo, con el tiempo, «la posibilidad de una guerra podría desvanecerse en la medida en que Estados Unidos demuestre que Beijing no puede revocar el orden existente por la fuerza, y en que Washington se vuelva poco a poco más confiado en su capacidad para superar a una China en desaceleración».

Es difícil seguir la convicción estadounidense de que el mundo es suyo y que la pax americana es inmutable. De hecho, cuando en el siglo XVI Estados Unidos aún no existía, China representaba el 50 por ciento del PIB mundial, según la mayoría de los economistas.

Ahora, el desarrollo tecnológico chino está a punto de superar al de los Estados Unidos. Según el Banco Mundial, en términos de poder adquisitivo, China superó a Estados Unidos el año pasado. La moneda china y las reservas de oro duplican las de la nación norteamericana.

Lo que sí es cierto es que dentro de 10 años tendremos un enorme desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y, por el momento, Estados Unidos parece tener la ventaja. Pero los últimos desarrollos en la IA apuntan a sistemas de autoaprendizaje. En ese sentido, la cantidad de datos marca la diferencia, y China tiene el doble de personas que Estados Unidos y Europa juntos.

Pero ¿por qué China estaría tentada a empezar una guerra contra Estados Unidos? Desestabilizaría un sistema basado en el comercio en el que China es de lejos el mayor ganador. Sería una guerra extremadamente difícil de ganar porque la escala de operaciones empequeñecería al ejército chino.

¿Y cómo podría Estados Unidos iniciar una guerra contra China? Una vez que el bombardeo aéreo se ejecuta (a menos que sea atómico, que es la receta segura para la destrucción del planeta), hay que poner, como dice la jerga militar, botas en tierra. ¿Se puede pensar en una invasión a China?

Por lo tanto, sería importante desalentar cualquier escalada, y no solo durante los próximos 10 años. La guerra es siempre un peligro porque la estupidez humana, como dijo Einstein, es tan ilimitada como el universo. Los mismos autores del ensayo de Foreign Affairs recuerdan la Primera Guerra Mundial, como algo que nunca debió haber sucedido.

Pero las señales de una escalada continúan. A fines de diciembre, el ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirmó en una entrevista que la OTAN debe ganar la batalla tecnológica contra China.

Y el Consejero de Seguridad Nacional designado por la administración del presidente electo Joe Biden, Jake Sullivan, acaba de hacer un llamamiento a la Unión Europea, buscando la solidaridad con Estados Unidos a través de la no suscripción de un acuerdo comercial con China.

La segunda Guerra Fría está llegando….

Por Roberto Savio. Periodista italo-argentino, Roberto Savio fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”.

13/01/202

Publicado enInternacional
Página 1 de 65