Consulta anticorrupción. Reducción de salarios para congresistas y…
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Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?

 

Entre las 7 preguntas que integran la consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de los corrientes, existe un punto de alto consenso social: la reducción de los salarios que devengan los congresistas.

 

Sin excepción, cuando este tema emerge en una conversación desprevenida de amistades reunidas alrededor de un café o similar, el rechazo es generalizado. Unos y otros dicen no comprender cómo es que el salario de estos personajes es tan alto, esto sin sumarle beneficios como vehículo a cargo también del conjunto nacional y la subvención de quienes le acompañan en su trabajo, más conocida como Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–, integrada hasta por 10 personas, cuyo costo no puede superar los 50 salarios mínimos mensuales. Es decir, cada uno de ellos puede percibir un salario mensual cercano a los 4 millones de pesos. Por lo general, las UTL las integran 5 personas, es decir, el sueldo de cada funcionario alcanza a ser hasta 8 y más millones.

 

La inconformidad social con el salario de los llamados popularmente “padres de la patria” no es para menos. Cada uno de estos percibe, referido al 2018, mes a mes, $ 31.331.821 pesos. Los negocios de todo tipo, desprendidos de su vinculación con el Estado tampoco son pocos, entre ellos las cuotas de empleados públicos, todo lo cual le otorga un pequeño espacio de poder que, con algunas excepciones que le hacen honor a la norma, deslumbra a más de uno.

 

Esta bien corregir este despropósito. Pero, ¿cuál debería ser el sueldo de estos funcionarios públicos? De acuerdo con lo proyectado por quienes impulsaron esta consulta, el sueldo deberá ser recortado de 40 salarios mínimos mensuales legales a 25, tomando este como tope máximo.

 

Un salario que tampoco es poco: ¡25 salarios mínimos!, cuando la mayoría de familias colombianas malviven con un solo salario, o tal vez dos, sin posibilidad, por demás, de hacer negocios producto del trabajo que desempeña la persona que está vinculada a alguna actividad productiva, y los contactos que tiene producto de la misma.

 

En el curso de la Comuna de París, una bella experiencia acaecida hace ya 147 años (en 1871), los insurrectos que se hicieron con el poder a lo largo de tres meses, definieron que los asambleístas no podían devengar un salario superior al que devenga un obrero promedio. Referido a nuestros días, esto significa un salario que oscila entre 2 y 3 salarios mínimos. Establecían así que la política no podía ser comprendida como un asunto de especialistas, y que quien la ejerciera tampoco podía hacer de ella fuente de diferenciación ciudadana ni fuente de poder.

 

La política no puede ser de profesionales. Esta es una máxima legada por el marxismo, ideal por el cual hay que laborar, en el sentido de que toda persona debe estar en capacidad de asumir y responder en público por lo que es de todos. De ser así, tales puestos serían rotativos, abiertos al público en general, en tanto que quien esté al frente de uno de ellos debe estar dispuesto a responder a cualquiera de sus conciudadanos cuando lo requiere. Es decir, en tanto funcionario público, el político se debe al conjunto social y no a sus intereses particulares, como es común hoy. El funcionario no sube y se pavonea, sino que baja y se esfuerza, no se sirve sino que sirve, atento siempre para que todo aquello que ande mal retome la senda requerida para que todos vivamos bien, es decir, en felicidad. Este es el propósito último y decisivo de lo que debe ser el buen gobierno.

 

Estamos ante un bello ideal: la política desprofesionalizada, y lo que esto implica: la política como asunto de todos, donde el conjunto de integrantes de una sociedad dada –con mayor razón hoy en día cuando cualquiera puede acceder a todo tipo de información vía Internet– debemos estar dispuestos a asumir como responsabilidad diaria, por un tiempo determinado, funciones como las que implica la rama legislativa del Estado, pero también otras, haciendo real así que la política deje de ser un asunto supuestamente complejo para tornarse en lo que realmente es: algo sencillo, en tanto estamos hablando de cómo organizamos, controlamos, corregimos, etcétera, entre todos y todas nuestros asuntos cotidianos.

 

Al ser así, la pregunta por el salario tope del Congresista enlistada en la próxima consulta del 26 de agosto, debería estar complementada por otra que le hiciera justicia: ¿Está usted de acuerdo con que el salario mínimo que se paga hoy en Colombia sea reajustado en el ciento por ciento?

 

Pregunta totalmente pertinente en tanto el problema de nuestro país no es que unos pocos ganen tanto, sino que muchos ganen tan poco, obligados a sobrellevar una vida llena de dificultades cada vez más difíciles de resolver, insolvencia, carencias, marginación, es decir, empobrecimiento inducido.

 

Alza al doble del salario mínimo que le haría honor a una política social y económica en procura de vida digna.

 

Propuesta justa y a la orden del día, contraria a la cual encontramos las pretensiones de patrones y empresarios que andan presionando para: 1) acabar con el salario mínimo como referente obligado en el país –medida de protección del trabajador de base, 2) reducirlo, pues de no ser así “los empresarios no podrán competir en el mercado global”, según el decir de sus impulsores, 3) cancelar un salario mínimo diferenciado o por regiones.

 

Es decir, a cómo de lugar, los que más tienen siguen luchando por tener más, y para ello cuentan con un gobierno que los representa.

 

Actuemos para que estos empresarios no puedan hacer realidad su sueño de seguir acumulando millones de millones a costa del trabajo ajeno.

 

Salgamos a votar sietes veces sí en la consulta del próximo 26, pero no nos quedemos ahí, aprovechemos la misma para darle cuerpo a otras iniciativas sociales, económicas y políticas de diverso orden que nos permitan confrontar a fondo el actual sistema imperante en nuestro país.

 

¡Qué el salario mínimo sea reajustado en el ciento por ciento!

 

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17 de agosto de 2018

26 de agosto. La corrupción, a debate y a voto

14 de agosto de 2018

 
Publicado enColombia
Retorno histórico de la oposición de derecha

El Congreso elegido el pasado 9 de marzo, reconstruye, como factor histórico, la oposición de derecha, condición política desconocida en el país desde la llamada época de La Violencia. El uribismo, en resurrección, se constituye en factor que modifica la correlación de fuerzas hasta en la mesa de La Habana. Por su parte Santos, con el surgir del "Centro Democrático", y de un nuevo candidato como Enrique Peñaloza –que puede ser alfil por centro o por derecha– no ve tan segura su reelección. La izquierda, y el centro, parecen haber alcanzado su tope electoral, denostando una reducción de sus votos con respecto al 2010.

 

Democracia de minorías

 

La democracia, por definición de los libros de texto de primaria, es "el gobierno de las mayorías sobre las minorías". Para Jefferson, padre de la democracia norteamericana, ella "no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%"; para el sistema político colombiano es la condición en la cual se legitiman las ramas electorales del poder público con la participación de apenas el 43.57% de la población mayor de edad, apta, según dicen oficialmente, para votar.

 

Realidad agravada por una estructura política que excluye y reduce a lo formal la democracia. No es casual, por tanto, la abstención, que de nuevo aceleró por las carreteras de la vida política nacional a una velocidad del 57,43%, juntándose con el voto en blanco –5,21%– , evidenciando entre los dos, una vez más, la desconfianza de las mayorías con en el sistema dominante. Y aunque algunos pregoneros de la izquierda anuncian que fueron precisamente estas las razones de la reducción del voto de la izquierda, la realidad es que allí está expresado un fenómeno de larga duración –la poca participación electoral–, que sintetiza el fracaso del proyecto democrático liberal en Colombia.

 

Pasando por encima del juego de siempre, de quienes caracterizan el fenómeno entre los polos de abstención pasiva o abstención activa, el país es una de las expresiones instaladas en el globo donde la forma de ordenamiento político no logra su refrendación cuantitativa, es decir, por caldeado que esté el ambiente electoral, las mayorías saben que en las urnas no se toman las decisiones del país real. ¿La democracia delegataria, sin refrendación popular, será el único destino que podrá cursar Colombia?

 

Cambio en la relación de fuerzas

 

Desde el denominado Frente Nacional, en Colombia se instaló la idea de que no existe oposición en el legislativo, salvo algunas voces disidentes a la hora del control político; la aplanadora del Ejecutivo era una realidad que siempre terminaba por componerse a costa de mermelada: cuotas parlamentarias, clientelas y acuerdos a nivel nacional y regional. La situación varió desde el 9 de marzo, 30 de las 101 curules que otorga el Senado y 22 de las 166 de Cámara están en manos de quienes no seguirán fácilmente los rieles de las locomotoras santistas.

 

Muchos dirán que la oposición no es tal cuando es de derecha. Sin embargo, la actual realidad política obliga a pensar que en temas estructurales y coyunturales la bancada del Centro Democrático no se alineara en el Congreso con el santismo mayoritario, por el contrario sus 19 senadores y 12 representantes a la Cámara actuarán como impugnadores nominales de gran parte de los proyectos del Ejecutivo, y tratarán a su vez de desgranar a la importante bancada conservadora hacia la tolda de sus decisiones políticas. Por su parte, el centro y la izquierda tendrán 10 senadores, en su mayoría, con capacidad para impugnar en debates de control político a cualquier Ministro y derrotar, por lo menos argumentalmente, a partir de la carga legislativa que se instalará en el Congreso que abrirá sesiones el próximo 20 de julio.

 

Superando la lectura cuantitativa, la actual condición política revela que Santos, así como el grupo que dirige la Unidad Nacional, están obligados a negociar parte del poder político, reconocer el uribismo como fracción y tratar de articular –en momentos de tomar ciertas decisiones– a sectores del centro y la izquierda, para así aislar a la ultra derecha. Desde el siguiente 20 de julio, si es que Santos logra reelegirse, estará obligado a repartir el botín estatal en muchas más manos que las de la oligarquía política de cuna liberal/conservadora, y la sombra de empresarios monopólicos que los respaldan.

 

Más allá de lo que suele pensarse, la historia se repite más de dos veces. El Congreso recien electo retorna a la década de los años 40 del siglo XX, cuando existía un legislativo con oposición de derecha: Laureano Gómez pareciera revivir en cuerpo antioqueño, Álzate Avendaño en el rostro de José Obdulio, y otros personajes parecen renacer en las toldas de una derecha dividida ante una agenda que le plantea temas y retos similares a los abordado por el Congreso que legisló hasta el día anterior al 9 de abril de 1948: guerra o paz, el problema agrario, y las reformas económicas que plantean la reorganización de la estructura del país; estos temas vuelven a ser los puntos duros de las legislaturas que vienen.

 

En La Habana y el ELN un tsunami

 

Tras 21 rondas de negociación, y luego de superar parcialmente dos temas de debate, instalándose en la arenosa discusión de la solución al problema de las drogas ilícitas en La Habana, la elección del nuevo Congreso parece una ola que puede tomar dos cursos: enfriar los diálogos o cambiar el curso del proceso de negociación.

 

En la primera variable política la guerrilla bolivariana podría asumir una actitud defensiva ante el proceso de paz, articulándolo a la necesaria reelección de Juan Manuel Santos, que hoy no es tan clara como lo era hasta el 9 de marzo, definiendo de esta manera a los 139 escaños, en las dos cámaras, que posee la Unidad Nacional, aliados en la construcción de cobertura institucional del proceso de paz. Desde luego, ello implica que el Gobierno, y sectores de la burguesía financiera criolla e internacional que representa, aumente su iniciativa en la Mesa pues para disputar la opinión pública, y lograr el respaldo legislativo que necesita la solución dialogada al conflicto armado, la insurgencia comandada por Timoleón Jiménez dependerá cada vez más del santismo.

 

La segunda mirada implica concebir que, ante un nuevo panorama político, es un absurdo depender de una sola fuerza en la palestra pública. Las Farc necesitan darle cabida al diálogo con los sectores que hoy componen el legislativo, sabiendo incluso que entre ellos están el Centro Democrático y los conservadores, fuerzas políticas que –a diferencia de Santos y la oligarquía financiera– tienen intereses directos en temas abordados en la Mesa de La Habana, entre ellos: el control territorial, el manejo de la seguridad, el narcotráfico, la minería legal e ilegal, la tenencia de tierra y las circunscripciones territoriales. No es casual que el Centro Democrático arrasara en los departamentos con presencia de las Farc (con excepción de Putumayo y Cauca).

 

La solución negociada al conflicto está convertida, hoy por hoy, en un imperativo político nacional tanto para las insurgencias como para los partidos que copan las ramas el Estado. La pregunta es, ¿comprenden las Farc la debilidad del Ejecutivo, y la presencia de una oposición de derecha e izquierda en el legislativo, como una oportunidad política para abrir un poco la estrecha puerta por la que pasan solo parcialmente algunas de sus propuestas?

 

Muchos responderán que esto no depende solo de la iniciativa bolivariana, sino también de las reacciones de un sector de la política y la economía que, liderado por el expresidente Uribe, puede desencadenar una opinión contraria a la existencia y prolongación del proceso de La Habana, valoración ideológicamente inexpugnable. Pero, ¿no será también cierto que las pugnas en el Congreso, y el poder regional en 2015, distraerán las fuerzas tanto de la Unidad Nacional como de la fracción que se agrupe tras el Centro Democrático? Hay que aprender a pescar en rio revuelto, dijo el hombre de la atarraya.

 

En el caso de la mesa de negociación con el ELN la situación continua estancada en las especulaciones: primero Montevideo, después Brasil y recientemente –tras el intercambio epistolar entre los intelectuales y el Comando Central de esta guerrilla– aparece Ecuador como sede de unos probables diálogos. Desde luego, si Santos prolonga su mandato se encontrará con una condición adversa para la apertura de una segunda Mesa de diálogos. Pero, paradójicamente, ésta constituye un as bajo la manga que está dispuesto a sacar durante la campaña electoral, si durante ella comienzan a girar en su contra las tendencias electorales. No obstante, el ELN ha comprendido de mejor manera el juego político y es posible que sepa cabalgar en este nuevo escenario en el que el unisantismo se rompió.

 

Senado de mayorías santistas y tierra de nadie

 

Con el santismo encabezando –probablemente– el siguiente gobierno y el uribismo en oposición, se repite el monologo de la derecha como único sector político con capacidad de decisión legislativa. En anteriores ediciones del periódico desdeabajo deslizamos una hipótesis necesaria de sostener: el fuerte enfoque realizado por el Centro Democrático sobre las campaña al Senado logró transformar este espacio convirtiéndolo esencialmente en una herramienta de control político y de pugna con los proyectos de ley del Ejecutivo, de manera tal que la aprobación de leyes será un tortuoso proceso que quedará a merced de negociaciones particulares en donde, a pesar de las coincidencias entre las derechas sobre algunos temas económicos (minería, hidrocarburos, TLC) y políticos, se requerirá mucha mermelada para endulzar el pan.

 

Un 34.76% de los votos para la Unidad Nacional la dejan como la mayoría en el Senado, 21 senadores del partido de la U, 17 del liberalismo y 9 de Cambio Radical, 47 en total, que solo conforman una mayoría simple, si es que no deciden reincidir en el ausentismo. Es decir, solo tienen la capacidad de decidir, sin negociar con otros sectores, en discusiones de trámite; con lo cual, para aprobar proyectos de ley estatutarios u orgánicos están ante la imperiosa necesidad de negociar con otras bancadas. Adicionalmente, si en el curso del proceso de paz se solicita una ley de amnistía o indulto la cuerda se tensa más pues la Constitución exige una mayoría calificada, o sea, dos tercios de los votos de las dos cámaras; en el Senado esto equivale a 78 sufragios.

 

El Centro Democrático tampoco la tiene fácil en la Cámara alta con apenas 19 senadores, le hará falta concretar más acuerdos que con la bancada conservadora (que suma otros 19 senadores), para aprobar cualquier proyecto de ley.

 

Para la oposición de derecha y el Santismo será imprescindible contar con los partidos minoritarios en el Senado, los votos que puedan proveer Opción Ciudadana e incluso el Partido Verde son requisito para lograr el punto mínimo de la mayoría absoluta: 52 votos. No se puede descontar el papel desequilibrador de los conservadores, quienes con su bancada en el Congreso tienden hacia la Unidad Nacional muy a pesar que sus bases sean eminentemente uribistas; solo la corrupción legalizada, con sabor a mermelada, y los acuerdos regionales, marcarán el camino de la tolda azul.

 

¿Quién quedó con la Cámara?

 

Un dicho generalizado, difundido por los medios tradicionales, es que el voto de opinión funcionó en el Senado y que las maquinarias triunfaron en la Cámara, como soporte de este decir se acude a los ejemplos del expresidente de los ocho años, he incluso nombres como Claudia López y Jorge Robledo. Verdad simplemente a medias pues las maquinarias instalaron a personajes como Gerleim y Efraín Cepeda del Partido Conservador.

 

La opinión que difunden estos medios oficiosos oculta que la maquinaria en esta ocasión correspondió, más que al Centro Democrático, a los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana y Conservador, todos ellos con el poder y control del grueso de la maquinaria electoral en las regiones y quienes, a su vez, mejor se articulan al poder y los dineros ilegales usados para cooptar al Estado –demostración que, valga aclarar, también vale para el Senado.

 

La suma lo confirma: 39 representantes a la Cámara para el Partido Liberal, 37 para la U y 16 para Cambio Radical, arrojan el 57% de la Cámara en manos de la Unidad Nacional, porcentaje suficiente como para aprobar en esta instancia cualquier iniciativa de ley orgánica y estatutaria, sin negociación alguna con las minorías, los conservadores y el Centro Democrático. Este escenario será el teatro de operaciones de la decisión legislativa, sin grandes personajes para el control político –con excepción de Alirio Muñoz y Navas Talero– reafirma la captura de los poderes regionales por el clientelismo de derecha, y se convierte en un termómetro del comportamiento en las elecciones regionales de 2015, donde seguramente los partidos triunfadores en Cámara quedarán convertidos en los mayores acreedores de gobernaciones, diputados y concejales.

 

El centro y la izquierda: el tope electoral

 

Pasadas las urnas, la izquierda y el centro tiene una marcada reducción en el escenario del legislativo:

 

En 2010 el PDA sumó 824.948 votos para Senado: 8 senadores y 5 representantes a la Cámara. En 2012, 4 de sus senadores pasaron a las filas del movimiento Progresista liderado por Gustavo Petro: a su vez se toma la decisión de expulsar al Partido Comunista, desgranándose sectores como el Modep y Fuerza Común, entre otros. El pasado 9 de marzo, el Polo obtiene 509.289 votos: 5 curules para Senado, apenas el 2.89% de la votación, y 3 representantes en la Cámara.

 

Para Robledo, el senador más votado de todo el país, "el Polo se ha consolidado como el partido de la izquierda en Colombia" y la reducción de sus sufragios –como dejan ver sus análisis– están dados por la migración de ellos hacia el Progresismo dentro de la Alianza Verde, y en dirección a la UP a través del Partido Comunista. Realidad cierta a medias, pues los votos exportados son alrededor de 220.000 –incluyendo la desagregación de los aportados por Hernando Hernández Tapasco–. Existen de esa manera 80 mil votos menos, inexplicables en esta lógica, suficientes para impulsar hasta dos senadores de la república.

 

Los resultados de los amarillos dejaron desfogar nuevas figuras para el legislativo: Alberto Castilla y Senén Niño, que a pesar de sus votaciones –no pasaron en el caso del primero de los 21 mil votos y del segundo de los 12 mil– fueron jalados por la fuerza centrípeta de Jorge Robledo quien aumentó los asientos del Partido vía cifra repartidora.

 

Alianza Verde, pese a todo el alboroto que levantó con su conversión de facto en un frente amplio de centro izquierda, incluyendo en la circunscripción nacional a la UP y plenamente al progresismo, solo incrementó 5.143 votos en el Senado con respecto a la votación de cuatro años atrás. La izquierda quedó biche en el Partido Verde y solo lograron casillas, para el Senado con Antonio Navarro, y para la Cámara Inti Asprilla –hijo del exsecretario de gobierno de la alcaldía de la Bogotá Humana.

 

Ante esta realidad, la Alianza Verde queda a merced de los sectores de centro y derecha ubicados en el arcoiris del grupo legislativo, que bajo la tutela de la ley de bancadas harán una defensa de los diálogos de paz, al tiempo que en temas económicos respaldarán parte de la agenda santista, y a Peñaloza para las elecciones presidenciales.

 

En síntesis, vale la pena preguntar si el centro y la izquierda están ante una reducción de su potencial electoral, y ante un tasa tope en el terreno de las urnas. En 2010 los partidos de estas coordenadas tuvieron 1.346.451, cuatro años después 1.035.935. En suma, la lucha electoral no ha servido para posibilitar el surgimiento de una amplia franja democrática y revolucionaria en el país, ¿será necesario que esta continúe como el método principal para la reconfiguración política de la izquierda colombiana?

 

Movimientos sociales

 

Sectores dispersos de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos participaron en los pasados comicios, sin el respaldo conjunto de sus organizaciones decidieron realizar una apuesta, que en algunos casos tiene resultados satisfactorios.

 

Las fracciones que sin apoyo total de Marcha Patriótica –pero dentro de ella– participación en las elecciones fueron Piedad Córdoba y su Poder Ciudadano, y la UP. En el caso de la excongresista, su hijo Juan Luis Castro Córdoba, se quemó dentro de la lista del Partido Liberal, al quedar 14 puestos por debajo del último Senador elegido por parte de este partido; Poder Ciudadano con sus listas afro obtuvo la tercera votación en la circunscripción especial de esta minoría, quedando por fuera de las dos curules que otorga.

 

La UP se convierte en el caso más trágico, pues pese a la ardua lucha por recobrar la personería jurídica el partido de Ayda Abella perdió el derecho político a proponer candidatos desde los siguientes comicios regionales. La UP obtuvo el 0,69 % de la votación en Cámara y no logró instalar a su candidato al senado –Carlos Lozano– dentro de las curules del Partido Verde. Pese a ello la militancia del Partido Comunista y la UP, ven como un éxito haber recaudado casi 100 mil votos en menos de tres meses, sin apoyo económico alguno del Concejo Nacional Electoral, lección práctica que se convierte en un espejo de lo que puede ser la participación política de la guerrilla desmovilizada. Si en La Habana esta situación no se evalúa, continuará el camino de la participación política maniatada –sin garantías– y de las campañas ajustadas al estrecho número de su militancia.

 

Por su parte, los sectores del Congreso de los Pueblos que participaron en la contienda del 9 de marzo pueden darse por bien servidos: Alberto Catilla, vocero de este movimiento y dirigente del Coordinador Nacional Agrario resultó escogido como Senador. A su vez, Jesús Chávez, anterior Concejero mayor del Cric, participando por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, obtuvo la curul a la Cámara alta que le otorgan a los pueblos indígenas.

 


 

 

Recuadro

 

Barones electorales untados con la criminalidad

 

Los congresistas elegidos y que tienen cuestionamientos por sus relaciones con la criminalidad alcanzan a la no despreciable cifra de 70, de los cuales 33 son senadores y 37 representantes a la Cámara. Las acusaciones comprometen a prominentes barones electorales que apalancaron las listas de partidos de derecha, lo que demuestra una vez más el talante de las castas políticas que han constituido el poder político en Colombia desde la época del Frente Nacional. Varones y criminalidad que no sólo enlodan al Centro Democrático.

 

Por el partido de la U., Mussa Besaile Fayad: el senador más votado por esta tolda, heredero de la familia Besaile, con investigaciones archivadas por el proceso 8000 y la parapolítica, hoy enfrenta una indagación por conflictos de interés. Afirman que fue uno de los mayores beneficiados por los dineros de Santos para garantizar su reelección y mayorías en el Congreso, beneficio que cínicamente llama mermelada. Mussa recibió durante los últimos meses contrataciones por algo más de 60 mil millones de pesos.

 

Bernardo Miguel Elías Vidal: logró reelegirse senador con 103.215 votos, la segunda votación del Partido de la U. Sobrino de elias Name –vinculado al proceso 8000– es uno de los sostenes de Emilio Tapia en la costa. Sus vínculos se extienden a los departamentos de Sucre y la Guajira, donde mantiene vínculos con Urbina Cielo Redondo, exalcaldesa señalada por actuar como ficha política de la banda neoparamilitar de la alta Guajira

 

José David Name: tercer barón del partido de la U en el Senado, con 103.275 votos; Senador elegido por la potente maquinaria electoral de la casta Name Terán del Atlántico, tiene una investigación abierta desde 2012 por vínculos con el bloque norte de las AUC. Se encuentra en indagación preliminar gracias a su empresa Métodos y Sistemas, una de las principales acaparadoras de concesiones de infraestructura en la región caribe colombiana.

 

El partido Opción Ciudadana, antiguo PIN, con sus 5 senadores herederos de la para política, queda convertido en el caso paradigmático de la continuidad de poderes ligados al control territorial paramilitar que aún reinan en las regiones, dentro de ellos se encuentran Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado y Doris Clemencia Vega Quiroz, hijo del ex policía Richard Aguilar y esposa del parapolítico Luis Alberto –"el tuerto" Gil– respectivamente.

 

Publicado enEdición Nº200
Llegaron a la Plaza Mayor de Segovia, el primer municipio en extracción de oro de Colombia, situado a unos 240 kilómetros de Medellín, en vehículos camperos. Eran varias decenas de hombres. Con los rostros cubiertos y espectacularmente armados, se dirigieron al ayuntamiento. Allí mataron de inmediato a la alcaldesa y a quienes se encontraban despachando con ella. Luego recorrieron el pueblo en busca de personas que llevaban en una lista. Al pasar por un bar, atestado de gente en aquella noche lluviosa del 11 de noviembre de 1988, un viernes de puente, ametrallaron indiscriminadamente a quienes se encontraban dentro del local.

Cuando salieron del pueblo, después de firmar su acción en varias pintadas, los paramilitares dejaron tras de sí 43 muertos y más de 50 heridos. Ni la policía de esta población de más de 20.000 habitantes, ni la guarnición de la Brigada XIV del ejército, por cuyas inmediaciones pasaron de ida y vuelta los asaltantes, parecieron darse cuenta.

Escarmiento

Mientras recuperaban los cuerpos de sus deudos, las gentes de Segovia daban por cierto que el crimen paramilitar había sido encargado por el viejo cacique de la zona, César Pérez García, que había perdido su influencia política ante el ascenso de la formación izquierdista Unión Patriótica, que ostentaba ya la alcaldía y la mayoría municipal. También asumían que era un escarmiento para una región progresivamente controlada por la izquierda, tras más de un siglo de dominio conservador. A César Pérez se le encausó brevemente como instigador de la masacre. Quedó libre sin cargos y llegó a ocupar la presidencia del Parlamento colombiano.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de reabrir su caso y calificarlo como crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que está pendiente de ser juzgado adecuadamente.

La Corte Suprema determinó el pasado martes por la noche abrir investigaciones preliminares a Pérez y a otros ocho ex parlamentarios: Jorge Castro, Nicolás Maloof, Jose Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomon Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento, según consta en el sumario número 34.248.

La investigación busca establecer si estas personas patrocinaron, conocieron o ejecutaron actos relacionados con la actividad de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el tiempo en el que los congresistas recibieron apoyo de los jefes y comandantes paramilitares.

Los nueve legisladores, que formaron parte de la coalición del presidente Álvaro Uribe en el Parlamento, ya habían sido condenados a penas leves, en el marco del escándalo de la llamada parapolítica, por haber pactado con el paramilitarismo apoyos para su elección y el dominio en sus zonas de influencia mediante la financiación, la coacción a los electores y la compra de votos. La mayoría se encontraba ya en libertad.

Según el antiguo jefe de Informática del Servicio Secreto (DAS) Rafael García, los parapolíticos ahora procesados por crímenes de lesa humanidad forjaron una alianza con el jefe paramilitar apodado Jorge 40 para reafirmarse en sus distritos electorales, aunque fuera a costa de masacres de civiles y del desplazamiento forzado de miles de campesinos.

En medios judiciales se estima que el mismo camino es decir, la apertura de un proceso por delitos de lesa humanidad podría seguir una buena parte de los más de cien políticos colombianos actualmente encausados por parapolítica en procesos que podrían extenderse a sectores de la sociedad colombiana hasta el momento fuera de toda sospecha: terratenientes, banqueros, militares.

Estructura criminal integrada

La Corte Suprema de Justicia está aplicando la doctrina de la "estructura criminal integrada", que significa que quienes pactaron con los paramilitares su apoyo en sus distritos electorales para mantener su influencia son coautores de sus crímenes y deben ser juzgados por ellos.

"Los políticos argumenta el tribunal, en su condición de miembros de la organización criminal, no sólo ayudaban a la permanencia del grupo irregular, sino que resultaban funcionales a la empresa delictiva, constituyéndose en un paso más en el proceso de toma de todos los poderes e instancias de decisión del Estado. Es decir, hacían parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas, con división de tareas y concurrencia de aportantes a un mismo fin".

Para el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, la decisión de la Corte Suprema de Justicia "es trascendental. Quien haya sido beneficiario de un grupo criminal se le considerará integrante de esa organización y responderá de todos sus actos: homicidios, torturas, desaparaciones".

Para este prestigioso jurista, "se ha abierto un debate muy grande y con unas implicaciones muy serias, porque esta política de la Corte Suprema, en coincidencia con la doctrina del Tratado de Roma (que dio origen a la Corte Penal Internacional) podría implicar en el futuro a las fuerzas económicas que financiaron el paramilitarismo y a los miembros de las fuerzas de seguridad que favorecieron su expansión".

Por otra parte, portavoces del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, confirmaron ayer a Público que acaba de ser fijada para el próximo 22 de julio la audiencia pública, que estará presidida por una Comisión del Senado de la República, para exigir claridad sobre el cementerio que alberga en la localidad de la Macarena una fosa común en la que se estima que hay al menos 2.000 cadáveres "NN" (sin identificar) al parecer ejecutados por el ejército y los grupos paramilitares.

A la audiencia está previsto que asistan seis miembros del Parlamento Europeo y tres del británico, además de delegaciones internacionales de juristas procedentes de Europa y de EEUU.

Por ANTONIO ALBIÑANA Bogotá 15/07/2010 00:05 Actualizado: 15/07/2010 01:58
Publicado enColombia