Imagen cedida por la agencia iraní de la energía atómica en la que se ve el estado del edificio de la planta de Natanz afectado por el incendio (AP)

El incendio en la central de Natanz se suma a otros misteriosos incidentes recientes

 

El misterioso “accidente” del pasado jueves en la planta nuclear de Natanz ha desatado las sospechas de un nuevo ataque exterior en Irán. El incendio se suma a otras tres explosiones ocurridas en los últimos días en instalaciones nucleares y militares, incluida una de las bases donde se desarrolla el programa de misiles en el este de Teherán, el pasado 26 de junio. ¿Es un sabotaje? ¿Un ataque aéreo? Se preguntan los iraníes.

No es la primera vez que el programa nuclear iraní sería víctima de un sabotaje. Ya sucedió en el pasado, antes del acuerdo nuclear del 2015, cuando se vio afectado por el poderoso virus cibernético Stuxnet, que causó graves daños en el sistema. Si bien ningún país reconoció su autoría, las sospechas recayeron en Israel y EE.UU., que buscaban evitar que Irán pudiera desarrollar un arma nuclear. Una acusación negada rotundamente por Teherán. Por esa misma época una serie de asesinatos estremecieron al país no solo por su naturaleza –cercano al de las mafias latinoamericanas, con sicarios disparando desde motos–, sino porque los cinco hombres fallecidos estaban vinculados con el programa nuclear.

En un primer momento, el portavoz de la agencia iraní de energía atómica, Behruz Kamalvandi, intentó quitar importancia al incendio de Natanz, diciendo que había sido un “incidente” en un cobertizo industrial y que no había radiación ya que la planta no estaba activa. Pero una imagen por satélite revelada por una cadena opositora indica que la explosión dejó parte del edificio prácticamente destruido. Las sospechas crecieron cuando se supo que un grupo que se hace llamar Guepardos de la Patria envió un comunicado antes de la explosión a la BBC persa, atribuyéndose el ataque llevado a cabo supuestamente con una bomba.

Estos rumores hicieron que el viernes el portavoz del Consejo de Seguridad de Irán, Keyvan Khosravi, asegurara a la prensa que los expertos ya habían determinado la causa del incidente pero que lo revelarían “en el momento adecuado por motivos de seguridad”. Dos días más tarde, Kamalvandi reconocía a la agencia Irna que la producción de centrifugadoras avanzadas podría verse ralentizada a medio plazo, al igual que el programa nuclear. Con estas centrifugadoras se buscaba acelerar el enriquecimiento de uranio, facilitando el camino para que Irán pueda lograr una bomba.

“En este lugar había equipos avanzados y dispositivos de medición de precisión que fueron destruidos o dañados”, confirmó Kamalvandi, que anunció que reemplazarían la edificación con una de mayor capacidad para equipos avanzados.

“No todos los incidentes que pasan en Irán están conectados necesariamente con nosotros”, dijo el domingo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. Tanto EE.UU. como Israel niegan su responsabilidad. Las versiones locales apuntan a fallos técnicos, pero otra imagen de satélite publicada por el New York Times demuestra que la explosión es mucho más grande de lo que se aseguró originalmente, cuando se atribuyó a un gasoducto.

Las mismas dudas sobrevuelan las explosiones de las otras plantas eléctricas, cuya naturaleza sigue siendo incierta. La Covid-19, el mal manejo de los recursos, pero sobre todo las sanciones económicas –especialmente la imposibilidad de vender su petróleo y repatriar las divisas– tienen al Gobierno en una situación económica nunca vista. Recientemente el presidente, Hasan Rohani, dijo que este era el año más difícil en 41 años de revolución islámica.

Por Catalina Gómez | Teherán, Irán

07/07/2020 01:23| Actualizado a 07/07/2020 09:29

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Fachada del Banco de Inglaterra, en Londres. Wikimedia Commons

El Banco de Inglaterra decide no devolver al Gobierno de Maduro 930 millones de euros en lingotes de oro depositados hace años en custodia, sosteniendo que es Juan Guaidó el “legítimo presidente interino” de Venezuela.

 

La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado 'primer imperio británico' de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.

“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la 'High Court'.

El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro —unos 930 millones de euros— depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.

El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado 'presidente encargado interino', y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton —que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó— requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.

“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.

Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir 'garantías' a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia —como hacen muchos países— no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.

A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia del covid-19.

Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.

Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la 'High Court' se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.

Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el 'presidente encargado' Guaidó hizo que 'su' Asamblea Nacional —no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela—, nombrara a una pseudo 'Junta Directiva' del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.

Con esa parodia la tal 'Junta Directiva' pidió al Banco de Inglaterra 'en nombre' del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.

El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake 'Junta Directiva' del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.

Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.

La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido —presionados por Trump— hace un año y medio a Juan Guaidó como 'presidente encargado', en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.

Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.

Pedro Sánchez fue uno de lo jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.

Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EE UU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.

Un mes atrás las encuestas ya lo situaban en el 25% de popularidad, el nivel más bajo de su fulgurante vida como 'presidente encargado interino'.

Guaidó recorrió capitales europeas, fue recibido con aplausos en la Cámara de Representantes de EE UU y en varios países latinoamericanos. Denunció una y otra vez la 'dictadura' de Maduro a pesar de que daba ruedas de prensa y mítines a lo ancho de Venezuela, mantenía oficinas públicas y entraba y salía por el aeropuerto de Caracas.

Se autorreivindicó como gran demócrata y salvapatrias pero se negó en todo momento a establecer un diálogo con Maduro como hicieron otras fuerzas de la oposición.

Dirigente de Voluntad Popular, al igual que su maestro Leopoldo López siempre estuvo en la corriente más intransigente y violenta de la oposición.

La impaciencia por llegar al poder rápidamente le hizo desde el primer momento apostar por las vías directas, su autoproclamación como 'presidente encargado' en una manifestación callejera a fines de enero de 2019, su intentona de golpe cívico-militar en abril, sus negociaciones con hasta seis compañías militares privadas para intentar un golpe militar cruento. Lo ha intentado todo.

El Wall Street Journal revelaba días atrás que Leopoldo López, desde su asilo en la embajada española en Caracas y vía videoconferencias, participó también en negociaciones con empresas de mercenarios para valorar los mejores planes para el golpe.

Después de descartar varios planes, finalmente López y Guaidó terminaron firmando un contrato formal con la empresa Silvercorp USA para lanzar un golpe con el objetivo de 'detener/secuestrar/matar' a Maduro y a sus principales colaboradores ,y para garantizar la seguridad del nuevo gobierno de facto presidido por Guaidó quee asumiría al poder por al menos su primer año y medio de vida.

Fue el propio director de Silvercorp, Jordan Goudreau, el que reconoció ante las cámaras el contrato firmado —que reprodujimos íntegro en El Salto— y denunció a Guaidó por haberle traicionado, por haberse echado atrás a último momento. Uno de los más estrechos colaboradores de Guaidó, Juan Joé Rendón, miembro de su Comité de Estrategia y firmante también del extenso contrato, reconoció los hechos y dimitió de sus cargos para intentar salvar al líder opositor.

Tras conocerse con lujo de detalles el contrato que llegó a firmar Guaidó de su puño y letra y su gente con los mercenarios estadounidenses, se le cayó su... ¿penúltima? careta de hombre de paz y demócrata.

La oposición se dividió aún más y muchos de su seguidores se distanciaron de él.

Mientras tanto, el sector disidente de la oposición que en enero pasado en unos episodios turbulentos se hizo con el control de la Asamblea Constituyente —con el apoyo interesado del chavismo— avanzó en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó y 'su' Asamblea Constituyente mantuvieron su postura de rechazo a participar en esas negociaciones, que permitieron el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para diciembre próximo.

Guaidó parecía cada vez más un cadáver político. El propio Donald Trump hizo el 21 de junio pasado unas declaraciones sobre él en una entrevista al digital Axios, que llevaba un titular sorpresivo: “Trump frío con Guaidó, consideraría reunirse con Maduro”.

Trump reconocía allí que no tenía mucha confianza en Guaidó ya que no había logrado arrebatarle el control del Gobierno a Nicolás Maduro a pesar de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos y decenas de otros países.

Parecía ser el primer guiño de Trump tres años después de que el Gobierno de Maduro comenzara a intentar negociaciones directas con la Casa Blanca. Ninguno de esos intentos prosperó.

Y entonces llegó el fallo del Tribunal Supremo británico regalándole a Guaidó el acceso directo a las 31 toneladas de oro venezolano y se trastocó todo. Guaidó pareció resucitar.

Paralelamente, en lo que demuestra una operación coordinada, el pasado lunes 20 de junio la Unión Europea anunciaba la inclusión de once altos cargos del Estado venezolano a la lista de otros veinticinco previamente sancionados por la UE. A todos ellos se les prohíbe entrada en suelo comunitario y se congelarán sus activos si los tuviesen en algunos de los países miembros.

En esa lista, en la que figuran fiscales, jueces y otros altos cargos de las instituciones del Estado venezolano figura también Luis Parra, líder disidente del opositor partido Primero Justicia, quien se distanció de Guaidó y terminó elegido como presidente de la 'otra' Asamblea Nacional en enero pasado.

Todo hecho a la medida de Guaidó. La UE, España incluida, no emitió ningún comunicado ni ninguno de sus portavoces hizo declaración alguna sobre las revelaciones en mayo pasado después del fracaso de la esperpéntica Operación Gedeón, del plan de golpe de Estado acordado por Guaidó y López con mercenarios estadounidenses.

La tan democrática Europa de los Veintisiete ha vuelto a mirar para otro lado ante la última y más documentada intentona golpista de Guaidó, y dos meses después vuelve a prestar su ayuda para aumentar junto con Reino Unido el bloqueo, el hostigamiento y la asfixia no del Gobierno venezolano sino del pueblo venezolano.

Por Roberto Montoya

3 jul 2020 12:17

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Elecciones en Bolivia: la derecha se une para intentar frenar al MAS 

Preocupados por la preeminencia del Movimiento al Socialismo (MAS) en todas las encuestas serias, la derecha boliviana se prepara a unir fuerzas contra el partido de Evo Morales. Así, la presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez está intentando conformar un frente unido con Carlos Mesa para las elecciones presidenciales del 6 de septiembre. El ministro de Gobierno Arturo Murillo precisó que Áñez le hará “muy buenas propuestas” al actual candidato de Comunidad Ciudadana (CC). Por su parte, el expresidente Evo Morales recalcó que se trata de un frente conformado por la vieja derecha boliviana. “Se juntan en conveniencia para reeditar la megacoalición del neoliberalismo”, sostuvo el líder del MAS.

Coalición "antipopulista"

Los partidos de derecha ya habían coincidido en su apoyo al golpe de Estado apañado por la OEA en noviembre pasado, cuando Morales superó ajustadamente la diferencia de 10 puntos necesaria para ganar en primera vuelta. Luego volvieron a dividirse de cara a las próximas elecciones, cada uno con la aspiración de colocar al nuevo presidente. Pero ahora las encuentras indican que Luis Arce, el candidato del MAS y exministro de economía de Morales, les saca una amplia ventaja a Mesa y Áñez. De esa manera corre riesgo el objetivo central del golpe: que las fuerzas populares queden definitivamente fuera de cualquier instancia de poder. Así fue como, con el poco disimulado empuje de la embajada de Estados Unidos, empezaron los contactos entre las diferentes fuerzas de la derecha para llegar a candidaturas unificadas. El objetivo es lograrlo de cara a la primera vuelta.

Fue el ministro de Gobierno Arturo Murillo el encargado de hacer pública la posibilidad de un acercamiento entre Áñez y Mesa, según informó el diario El Deber. “Yo creo que no es difícil. Habrá sorpresas en los próximos días... veremos cuál es la apertura del señor Mesa", indicó Murillo. Al ser consultado sobre la posibilidad de conformar una alianza que presente candidato único, señaló que habrá grandes sorpresas en los próximos días. “Nuestra presidenta realizará muy buenas propuestas”, sostuvo el funcionario. Murillo advirtió que esta vez no solo está en juego quién será presidente y quién no, sino los próximos 30 años de democracia. "Eso deben saberlo todos los candidatos que dicen ser de la línea democrática", insistió el ministro. Mesa es el principal oponente de la presidenta interina dentro las fuerzas "antipopulistas". El candidato de CC había quedado segundo en las elecciones de octubre pasado, en las que la dupla Morales-García Linera le sacó más de diez puntos de ventaja en la segunda vuelta.

Quemen el archivo

Desde que la pandemia se instaló en Bolivia, Mesa se había convertido en uno de los principales críticos a las medidas tomadas por el gobierno de facto. Por su parte Añez había manifestado presiones del líder de CC al momento de promulgar la ley con la que convocó a elecciones. “La Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, ha aprobado la ley para elecciones el 6 de septiembre. He recibido presiones del MAS, de Carlos Mesa y otros políticos para ir a elecciones”, había denunciado en un tweet la presidenta interina. Estos hechos hacían pensar a la mayoría de los analistas políticos que sería muy difícil conformar un frente común. Sin embargo Murillo adelantó que la presidenta está trabajando en ese sentido. "Áñez está dando todo por su país, por la patria y por la democracia, y lo seguirá haciendo. Por eso vendrán las sorpresas”, enfatizó el funcionario.

Consultado sobre una posible alianza, el jefe de campaña de CC Ricardo Paz no quiso adelantar nada. "Es muy difícil hablar en base a suposiciones", indicó Paz. El portavoz sostuvo que el tiempo para acuerdos preelectorales ya había pasado. Sin embargo ratificó que Mesa está abierto para conversar con todas las fuerzas democráticas y construir espacios de confluencia. Antes de la crisis desatada por la pandemia, en febrero de este año, la CNN le había preguntó Mesa si para evitar el retorno de Morales consideraría ir con Áñez en una sola fórmula. “Siempre hay una posibilidad, negarlo sería cerrar las puertas al desafío que debemos enfrentar. El MAS tiene una opción de voto muy importante y uno no puede descuidarla”, había señalado el expresidente boliviano en aquél entonces.

En paralelo, Morales criticó a los miembros de la posible coalición y señaló el recorrido de los dos candidatos. “Se viene la alianza entre quien, antes que enfrentar a las transnacionales pedía limosnas, y quien, en medio de la pandemia y antes de salvar vidas hace negociados hasta con los respiradores”, escribió el expresidente en Twitter. Además señaló la mano de Estados Unidos detrás de ambos candidatos. “Cumpliendo las instrucciones del gobierno de Trump, Mesa y Áñez acordaron un pacto para ir 'Juntos' en las elecciones del 6 de septiembre en Bolivia con asesores que apoyaron la campaña de Sánchez de Lozada. ¡El pueblo digno y soberano será primero!”, enfatizó el líder cocalero.

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La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

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A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.

Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.

Visto en esos términos, el ensayo del "presidente encargado" es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", del cual no ya casi no se tiene memoria, o la "fiscal general en el exilio", sin trascendencia.

Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.

También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?

Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.

Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.

El despojo

"En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando", explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como "presidente encargado". El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó "para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU".

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó "todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU". El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.

Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.

El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.

CITGO

La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.

Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.

Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Guaidó puso al frente de la "Procuraduría General" de su "Gobierno", es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.

Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de "bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela".

Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al "Gobierno de Guaidó" para tramitar los arbitrajes.

Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.

Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.

El oro

El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al "Gobierno interino de Guaidó" negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.

La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su "embajadora", Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.

Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.

El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.

La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

"El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra", explica María Alejandra Díaz.

Guayana Esequiba

La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. "El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899".

El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela "conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana".

"Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí", explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: "detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima".

Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.

Los tiempos

¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como "presidente encargado" fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.

En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.

Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.

Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.

¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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"El embajador de Brasil participó del golpe contra mi gobierno"

Entrevista con el ex presidente Evo Morales

Luego de que Página/12 publicara la serie de vuelos que tuvo el avión presidencial de Bolivia hacia Brasil, el ex mandatario aseguró que existen pruebas de la participación del gobierno de Bolsonaro en la dictadura de Jeanine Áñez.

 

El expresidente Evo Morales es contundente a la hora de afirmar que la embajada de Brasil participó del golpe de Estado que lo sacó del poder el 10 de noviembre de 2019. Su afirmación nace luego de que Página/12 publicara el domingo pasado el detalle de los 25 vuelos que el avión presidencial de Bolivia realizó a partir del día siguiente del golpe a varias ciudades de Brasil. Morales sostiene además que esta actitud de Brasil está en línea con lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos para América Latina. De todas formas, anticipa que el MAS y sus candidatos triunfarán en los comicios del 6 de septiembre. 

--Página/12 publicó el domingo una serie de viajes que hizo el avión presidencial de su país, el FAB001, hacia Brasil el día después de que a usted lo obligaran a renunciar. ¿Qué lectura hace? 

--Yo hice mi renuncia justamente para evitar el derramamiento de sangre y los enfrentamientos. Eso fue el día 10 de noviembre como a las 5 o 5.30 de la tarde. Fue allá, en el Trópico de Cochabamba. Y mi informacion oficial, confirmada y reconfirmada, es que a las 6.30 se reunieron Waldo Albarracín, activista de la derecha, con la gente de Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga, la Iglesia Católica, el embajador de Brasil y también el de la Unión Europea. Eso fue un domingo y allí dijeron que la Áñez iba a ser la presidenta. Mesa es el responsable de designar a Añez. El dia 11, cuando yo intentaba salir del trópico hacia el exterior, no había presidenta todavía, aunque dijeron que ella iba a ser, pero no había presidenta ni presidente. Entonces, usted me pregunta por qué ese viaje del 01 cuando no había presidente. Entonces, cómo fue que la embajada de Brasil participó en la reunión del día domingo, a una hora de mi renuncia, donde dijeron que Áñez iba a ser la presidenta. Pues yo me pregunto para qué, hablando del embajador de Brasil, pide los vuelos a dos ciudades de ese país. ¿Cómo los militares simplemente van a disponer del 001? Entonces, yo me imagino y puede ser que me imagine mal, que seguramente alguien iba a traer plata, mucha plata para las Fuerzas Armadas o para la policía. Necesitaban tener plata disponible y meter bala, como hicieron los subsiguiente días. Y de acuerdo a la información que ustedes dieron, los días de la masacre luego del golpe, hubo muchos viajes a Brasil.

--Entonces, ¿el gobierno de Brasil participó de manera efectiva en el golpe de Estado contra usted?

--Sí, totalmente. Y no solamente ese día, al día siguiente igual, hubo participación de la embajada de Brasil en una reunión con Mesa, con Quiroga, con Camacho no sé, pero esos personajes junto con algunos jerarcas de la iglesia católica, han sido actores del golpe de estado.

--¿Usted se refiere a la reunión donde se decidió que fuera Áñez la presidenta y que se hizo en la Universidad Católica?

--Exactamente, fue en esa universidad, el mismo domingo por la tarde. El lunes a la noche lo confirmaron.

--Por esos días, al presidente Jair Bolsonaro le preguntaron por la situación en Bolivia y negó que existiera un golpe de Estado.

--Sí, es una prueba clara más. A pesa de que había ganado las elecciones en primera vuelta, las Fuerzas Armadas buscaron terminar con mi mandato. Por lo tanto, todo lo que ocurrió con policías es golpe, golpe, golpe. Otra cosa hubiese sido que dejaran terminar mi gestión, que era el 22 de enero, pero no quisieron. Hay documentación que demuestra que gané las elecciones, que no hubo fraude como acusó la OEA.

--Dijo que en aquella reunión donde se decidió que fuera Áñez la presidenta también participó el embajador de la Unión Europea. ¿También participaron del golpe?

--De su embajador, porque al día siguiente, el lunes, ese mismo embajador estuvo mandando mensajes a los asambleístas del MAS donde los llamaba a hacer una mesa de diálogo. Eso está totalmente demostrado.

--¿Qué participación tuvo el gobierno de los EEUU? ¿O Brasil trabajó para EEUU?

--Y bueno, esa es la derecha americana que se expresa en el grupo de Lima y la Alianza del Pacífico, que obedece a los mandatos de Estados Unidos. Esta alianza es la que reactivó las políticas del consenso de Washington y el ALCA. En su declaración constitutiva, la Alianza al Pacífico es todo privatización, privatización, privatización. Entonces, ese es un grupo que permite enfrentar a Celac, UNASUR, ese es el lineamiento que da Estados Unidos y donde no se puede tener control democráticamente del país, esa conspiración, esa agresión, es intervención y golpe de Estado. Por lo tanto, Bolsonaro y compañía trabajan para los EEUU.

--El entonces presidente Mauricio Macri hizo el mismo tipo de declaraciones que Bolsonaro. ¿Cree que la Argentina tuvo una participación similar a la de Brasil?

--Yo, por razones del asilo no puedo realizar comentarios sobre la política de la República Argentina, le pido disculpas.

--Entiendo. Surgió también la información de que al mismo tiempo en que se producían estos vuelos también se compraban municiones no letales al Brasil. ¿Puede haber relación?

--Hay que investigarlo pero conozco muy bien el avión presidencial y no creo que traigan ahí ese tipo de material. Sin embargo, le cuento que algunos oficiales de las FFAA me dijeron que en esos vuelos llevaron plata. Entiendo que durante la resistencia al golpe fue que traían plata. Ahora, uno de los viajes, que se hizo entre el 30 de abril y el 7 de mayo donde viajaron familiares de la Áñez, se quedaron varios días, pero ahí se llevaron plata, no se cuánto, pero gracias al oficial, a los militares patriotas, confirmamos que llevaron plata. No saben cuánta es.

--¿Están fugando dinero como si supiesen que no tendrán mucho más tiempo el poder?

--Así es, así se entiende. Por otra parte, la semana pasada se creó una unidad de seguridad y defensa a los dignatarios de estado que se maneja de manera reservada y confidencial. Mire, incluso después de que trascendió que hubo vuelos al Brasil, se cambió al personal de Casa Militar, el jefe de edecanes.

--¿Hubo una purga?

--Sí, claro! Hubo una purga y ahora ese militar seguramente quedará resentido. Y eso se va a destapar en cualquier momento. Acá se está cambiando el rol de las FFAA porque no hay razones para crear un grupo totalmente reservado, secreto, confidencial. Entonces, ¿qué quieren ocultar? Esto no son gastos reservados como hubo en los tiempos de gobierno neoliberal. Pero mire además otro dato. La semana pasada ha cerrado dos embajadas y han reducido tres ministerios, entre ellos Deportes y Cultura. Deportes es integración y también es salud. Reducen Cultura porque no quieren que recuperemos nuestra identidad, nuestra forma de vivir, nuestras vivencias. Mira, ellos quieren un país sin historia ni memoria. Se habían destinados fondos adicionales para Cultura de 100 millones de pesos bolivianos por año pero ahora destinan para este grupo especial militar unos 580 millones de bolivianos. Hacen todo como exige el FMI, tener un Estado mínimo.

--¿Qué está haciendo el gobierno de Áñez para combatir la coronavirus?

--En mi forma de interpretar y ver desde acá, a lo mejor puedo estar equivocado, pero la dictadura de Áñez, Camacho y Carlos de Mesa tiene dos delitos profundos: dos genocidios. Mataron con armas, ya tienen más de 35 muertos a bala. El segundo: por falta de presencia del Estado durante la cuarentena, matan de hambre y, durante la cuarentena, no han puesto equipamiento, respiradores, nada, nada, nada. Y eso es otro genocidio, atentar contra la vida, tiene doble genocidio el gobierno de facto de Bolivia.

--¿En qué estado se encuentra el proceso electoral? Por la pandemia se postergaron los comicios del 3 de mayo y ahora se habla de septiembre.

--Sí, la pandemia postergó las elecciones. Está consensuado entre todos los candidatos pero, en el fondo, la línea de la política norteamericana es que no haya elecciones. Quieren que continúen éstos y además quieren cerrar la Asamblea para manejar todo con decreto-leyes como se manejaba en las dictaduras. Hasta pretenden poner en vigencia la anterior Constitución y desconocer la actual. Pero estamos seguros que vamos a triunfar. De todas formas, están sucediendo cosas sospechosas con las FFAA que desde hace tres semanas, en la ciudad de La Paz y en El Alto, han metido unos 35 tanques de guerra. Eso es muy sospechoso.

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Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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Las secuelas de la Operación Gedeón: El impacto en Colombia de una incursión fracasada

Aunque otros escándalos han generado estupor en la opinión pública colombiana sin mayores consecuencias, en esta oportunidad parece que el ámbito militar puede hacer peso para sentar varios precedentes.

 

El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.

Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:

C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.

Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?

C.A.: por supuesto.

 

Una operación huérfana

 

El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.

También mencionó que las armas iban dirigidas a alias 'Pantera', un oficial que operaba bajo su mando.

Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo,  especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba 'Pantera'. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.

Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.

Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.

En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los "funcionarios" de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?

 

¿Habrá reacciones en Colombia?

 

La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como "una raya más pa'l tigre".

Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por  parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.

Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias 'Doble Rueda', un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.

El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.

Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.

Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.

Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.

Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia "ayuda humanitaria", quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.

Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.

El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.

Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.

Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.

El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.

 

La situación actual de Duque

 

Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.

Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.

Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.

El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a "fuertes corrientes" las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.

La justificación graciosa es solo el comienzo de un 'affaire' que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.

Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.

Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.

Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.

También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.

Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.

Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares,  vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.

Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.

Publicado: 14 may 2020 00:13 GMT

Por Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

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 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mensaje desde el Palacio de Miraflores el pasado fin de semana, en el cual anunció arrestos relacionados con un intento fallido de derrocarlo y acusó a Estados Unidos de estar involucrado.Foto Afp/Presidencia de Venezuela

Si no dirigió la operación, sí la aprobó

La detención de dos estadunidenses implicados da pretexto para una invasión militar a Venezuela, asegura el académico Fulton Armstrong

 

Nueva York. El gobierno de Donald Trump rechaza haber participado de manera "directa" en la fallida intervención armada contra Venezuela, pero no hay duda de que la mano de Wa-shington dejó sus huellas por todo el escenario del crimen.

Desde que surgieron los detalles de una operación anunciada por el ex sargento de fuerzas especiales estadunidenses Jordan Goudreau –veterano de las guerras en Afganistán e Irak y director de una empresa de seguridad privada en Florida llamada Silvercorp USA– el domingo 3 de mayo destinada al fracaso antes de lanzarse, el gobierno de Donald Trump negó su participación.

El martes 5 de mayo Trump afirmó que el operativo "no tiene nada que ver con nuestro gobierno". Un día después, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó: "no hubo ningún involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos en esto".

Pero el vínculo de Goudreau con algunos personajes ligados a Trump y la revelación de que la operación fue elaborada por figuras en Miami que tienen extensos contactos con el gobierno estadunidense, y que fue aprobada inicialmente por el hombre de Washington en Caracas, Juan Guiadó, dejan sin duda a especialistas de que aunque aun si agencias gubernamentales no estaban a cargo, es casi imposible contemplar que no sabían de su existencia durante meses.

Fulton Armstrong, académico del Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University y ex oficial de Inteligencia Nacional para América Latina (analista de más alto rango de la comunidad de inteligencia) entre 2000-2004 y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, así como analista sobre América Latina del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comentó: “cuando Pompeo tuvo que decir que Estados Unidos no estaba ‘directamente involucrado’, dejó claro que estábamos indirectamente involucrados”.

En entrevista con La Jornada, Armstrong señaló que Washington había dado todas las indicaciones de que daría visto bueno a un intento de golpe, y por lo tanto "no se puede decir que no fuimos responsables; nosotros establecimos el marco para lo que ocurrió".

Armstrong indica que cuando el gobierno de Trump apoya explícitamente el cambio de un régimen, empapa a la oposición con dinero, califica de narcoterroristas a los altos mandos del gobierno venezolano y hasta pone una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y otra de 10 millones por otros líderes de ese gobierno, está invitando a operaciones como la que se realizó la semana pasada. "Estados Unidos ha puesto los incentivos para este tipo de operación", subrayó, y "aunque todo indica que esta operación no fue dirigida por Washington, todo también indica que sí fue aprobada ahí".

Señala que ahora, esta coyuntura posterior a la aventura fracasada, es tal vez la más peligrosa. “Ahora hay un pretexto para la acción militar directa de Estados Unidos, al calificar a los ex militares estadunidenses detenidos como ‘rehenes’ junto con los seis ejecutivos de Citgo con doble nacionalidad bajo arresto domiciliario en Venezuela”.

Pompeo afirmó hace una semana: "usaremos toda herramienta disponible para intentar" rescatar a los estadunidenses.

Armstrong recuerda que ya están desplegadas fuerzas navales estadunidenses en el Caribe para la supuesta operación "antinarcóticos" anunciada por Trump el primero de abril, después de presentar cargos por narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro.

Otros observadores coinciden en que partes del gobierno de Trump –sobre todo las agencias de inteligencia, la DEA, y otros– tendrán que haber estado enterados del complot. Un veterano observador comentó a La Jornada que si resulta que es verdad, "deberían ser despedidos" por no hacer su trabajo, sobre todo porque la operación fue revelada al público dos días antes de lanzarse por un reportaje de la agencia Ap.

A la vez, nadie en Washington oculta el objetivo bipartidista de un cambio de régimen en Venezuela. La administración de Trump declaró "ilegítimo" el gobierno de Maduro, seleccionó a Guaidó como representante de ese país, quien ha sido elogiado en repetidas ocasiones por el liderazgo de ambos partidos en Washington, y ha dejado sobre la mesa la "opción militar" desde 2017. "Maduro se tiene que ir", rei-teró Pompeo después de negar la mano de su gobierno en este operativo para secuestrar al presidente.

Pero por ahora no se sabe quién sabía qué ni cuándo dentro del gobierno de Trump. El diputado federal demócrata Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja, ha solicitado esa información del Departamento de Estado desde hace más de una semana sin recibir respuesta. "El Congreso necesita saber si las leyes estadunidenses fueron violadas por ciudadanos y empresas del país y si algún elemento del gobierno sabía lo que estaba ocurriendo", escribió Engel en su capacidad de presidente del comité.

Agregó que también se requiere información sobre si se exportaron armas estadunidenses, y “sobre las reuniones en Estados Unidos de cada uno de los contratistas de seguridad privados relacionadas a un asalto potencial en Venezuela, y… si el gobierno de Trump sabía de estas interacciones”.

 

Recuento de daños tras el fracaso del operativo

 

Tal vez fue en parte por estas investigaciones, junto con el daño político a Guaidó al ser vinculado al fracaso espectacular de este operativo, que motivó las renuncias de los asesores del venezolano en Miami, JJ Rendón y el legislador exiliado Sergio Vergara, el pasado lunes.

Rendón fue quien negoció con Goudreau y aprobó, con Guaidó en el teléfono desde Venezuela, un contrato ofreciendo más de 200 millones de dólares si lograba derrocar a Maduro, pero él contó hace unos días que poco después rompió la relación con en el estadunidense, en noviembre de 2019.

Ampliamente conocido por sus nexos latinoamericanos, Rendón renunció como jefe de estrategia de la campaña de relección del presidente colombiano Juan Manuel Santos al ser acusado de recibir sobornos de narcotraficantes, y antes fue señalado como parte de un operativo cibernético a favor de la campaña del PRI en 2012. Rendón ha dicho que ha trabajado a favor de candidatos priístas durante años (https://www.jornada.com.mx/2012/04/02/politica/010n1pol; https://www.jornada.com.mx/2018/01/14/politica/003n2pol).

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