Estados Unidos y las derivaciones del Lava Jato

Indagan sobre la injerencia de Washington en la megacausa de corrupción 

Un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. 

 

a lupa se posó demasiado tarde sobre las implicancias dañinas para Brasil en el Lava Jato y el papel que cumplió el Departamento de Estado de EE.UU. Proscripto y encarcelado Lula, y destituida Dilma Rousseff, el huevo de la serpiente arrojó lo que ya se sabe. El acceso al Planalto de un ex militar que reivindica a la dictadura, la tortura y cuyo gobierno negacionista multiplicó las consecuencias de la trágica pandemia. Ahora un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para el país que preside Jair Bolsonaro. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de las injerencias de Washington en la megacausa de corrupción que explotó en 2014. Algunos datos se difundieron hace tiempo. Son parte del lawfare (ley y guerra, las cosas por su nombre) que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.

El pedido de explicaciones al fiscal general Garland de los representantes del Partido Demócrata es una derivación de la carta que 77 legisladores brasileños les enviaron a sus pares de EE.UU en 2020. The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de colaboración entre los congresistas. Citando al grupo de 23 demócratas – que integran Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Susan Wild de Pennsylvania, Ilhan Omar de Minnesota, Rashida Tlaib de Michigan, Raul Grijalva de Arizona y Jesús ‘Chuy’ García de Illinois, entre otros y otras – señaló que están preocupados porque “los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadounidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente”.

La carta a Garland la firmaron – además de los representantes del Congreso – organizaciones sindicales de Estados Unidos como la United Auto Workers, la United Food and Commercial Workers, y Retail, Wholesale and Department Store Union. Un gremio automotriz, uno de alimentos y el de trabajadores de grandes empresas como Amazon. Todos exigieron la semana pasada que se haga pública la información vinculada al Departamento de Estado y su intervención en el Lava Jato.

Lawfare

Las irregularidades del proceso que llevó adelante el exjuez y exministro del actual gobierno, Sergio Moro, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia. BBC News Brasil entrevistó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mendes, quien deslizó que si se probaran más delitos cometidos por el Poder Judicial en el Lava Jato caerían más sentencias como la que encarceló y proscribió al expresidente Lula.

Algunos de los hechos ya se conocen y tuvieron a Estados Unidos en un papel protagónico. Un trabajo publicado en la página de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) por la politóloga argentina Silvina Romano el 28 de mayo de 2017 señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el ‘árbol’ de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”.

El objetivo así planteado perseguía mucho más que investigar las prácticas corruptas en la multinacional brasileña Odebrecht. El texto de la también investigadora del CONICET es prolífico en antecedentes del lawfare que sufrieron los principales dirigentes del PT. Explica además que “parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos”.

La expresidenta Rousseff fue espiada por la NSA (un ente subordinado a la CIA) y en 2013, su ministro de Justicia Eduardo Cardozo calificó al hecho como “gravísimo” y una “clara violación de la soberanía” brasileña.

Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU es Leslie Backschies. Citada por Associated Press en marzo de 2019, dijo sin sonrojarse: “Vimos presidentes derrocados en Brasil”. También observó “mucha actividad en América del Sur. Odebrecht, Petrobras… Sudamérica es una región donde hemos visto corrupción. Hemos tenido mucho trabajo allí”. Nada nuevo, salvo el interés unidireccional de Estados Unidos en la corrupción de los gobiernos que no siguen como rebaño su política hemisférica.

Durante el Lava Jato – al que fue asignada en 2014 – la integrante del FBI se familiarizó con la llamada República de Curitiba. Ella viajaba a la capital de Santa Catarina con una frecuencia parecida a la que Moro lo hacía a Estados Unidos. Ya en julio de 1998 y con apenas 25 años, el exministro estrella de Bolsonaro participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces nunca detuvo sus viajes a EE.UU. En julio de 2016 y con el Lava Jato lanzado a la caza de corruptos, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales.

El desenlace de Moro en el gabinete del actual presidente brasileño es conocido. Por sus buenos oficios, Backschies fue premiada con destino en la ciudad del sol, Miami. Desde 2019 está al frente de la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del Buró Federal que hizo famoso Edgar Hoover, el jefe misógino y racista que lo condujo a lo largo de casi 40 años.

La política continua de injerencias de Estados Unidos en América Latina con fines comerciales tiene un mojón en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Es la herramienta más útil del Departamento de Justicia para sancionar a otros estados cuando se cometen delitos económicos fuera de la jurisdicción de EE.UU. Es una de las precursoras – después se agregaron otras – en la instalación del concepto de extraterritorialidad, tan expuesto en las políticas de Washington hacia Cuba y Venezuela. Desde marzo de 2015 el FBI extendió su influencia en las investigaciones sobre casos de corrupción más allá de sus fronteras. El de Brasil fue uno paradigmático que hoy recobra su interés en el Capitolio. El pedido de explicaciones al fiscal general de EE.UU por los representantes demócratas llega tarde pero puede seguir esmerilando al Lava Jato.

Por Gustavo Veiga

15 de junio de 2021

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (primer plano), y su secretario de Defensa, Benny Gantz, ayer en el parlamento, en Jerusalén. Foto Afp

El acuerdo histórico de China e Irán, con bendición rusa, por 25 años y 500 mil millones de dólares –casi equivalentes al PIB nominal de la vapuleada economía persa– constituye un genuino game changer (punto de inflexión) que ha sacudido las placas tectónicas de la geopolítica en Eurasia que epitomiza la irrupción de China al Gran Medio Oriente (https://bit.ly/2Reo6LN).

El cronograma geopolítico es seminal cuando el fallido golpe de Estado en Jordania (https://wapo.st/31Og1zz) se escenificó una semana después al acuerdo histórico de China e Irán –que creó de facto el eje Moscú/Pekín/Teherán– y tres días antes de la reunión "indirecta" entre EU e Irán en Viena para renegociar el levantamiento de las mil 600 (¡megasic!) sanciones de Washington y la detención del enriquecimiento de uranio de Teherán (https://bit.ly/2PyfM9k) –todavía muy lejos del mínimo de 90 por ciento para fabricar una bomba nuclear que el atribulado premier Netanyahu ha inventado posee el país persa, como parte de la brutal "guerra de propaganda" que emprendió la triada Trump/Jared Kushner/Netanyahu.

Más allá de las conocidas intrigas palaciegas, que han recreado la narrativa de la perpleja población jordana, entre dos medio-hermanos –el rey Abdala y el príncipe Hamzeh, hijo de la cuarta esposa estadunidense, de origen libanés, la reina Noor Halabi– destacan las revelaciones estrujantes del rotativo israelí de mayor circulación Yedioth Ahronoth (5/4/21) sobre el presunto rol que hubiera jugado Netanyahu que se había enfurecido por la prohibición de la travesía de su vuelo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este dato no es menor ya que la instalación en el poder de Jordania de un "aliado" de Israel en forma indirecta hubiera expandido su alcance y su profundidad estratégica hasta su frontera con Irak de 179 kilómetros, no muy lejos de Irán cuando la distancia aérea más corta entre Irak e Irán es de 941 ­kilómetros.

El éxito del golpe hubiera tenido profundas reverberaciones en las otras fronteras de Jordania: Arabia Saudita (731 kilómetros), Siria (341) y la Cisjordania palestina ocupada (148).

El popular rotativo israelí señala que fuentes jordanas anónimas sospechan la complicidad de algunas petromonarquías del golfo Pérsico.

El sitio de noticias Ammon de Jordania implica al ex agente del Mossad Roy Shaposhnik, a lo cual el portal iraní Hispan TV le ha dado gran vuelo (https://bit.ly/3sXuF39).

Shaposhnik –quien trabajó para el siniestro ejército paramilitar estadunidense Blackwater/Xe de Erik Prince–, contactó a la esposa del príncipe golpista Hamzeh para proporcionar a su familia un avión privado y organizar su salida con el fin de que desde el exterior dirija el golpe palaciego a unos días del centenario del reino, el 11 de abril.

Llamó poderosamente la atención que cinco (sic) días antes del fallido golpe de Estado en Jordania, el analista militar israelí Amos Harel haya advertido que los 328 kilómetros de frontera de Israel con Jordania podían ser el escenario de una enorme inestabilidad (https://bit.ly/2Q5cgTq).

Harel revela que los "ayudantes de Netanyahu se burlan (sic) de un país en ­declive".

Como dicen los avezados criminalistas, Netanyahu tenía "motivos" suficientes para derrocar al rey Abdala, si es que hacemos caso a las perturbadoras revelaciones de Harel cuando días previos Jordania había solicitado a Israel más agua a lo que se negó Netanyahu, lo cual "refleja otro estadio en el deterioro de las relaciones entre los dos países".

Viene la parte nodal de Harel: "Existe una crisis severa que prevalece entre Amán y Jerusalén, exacerbada a inicios de mes, cuando los jordanos impidieron el paso de Netanyahu a EAU".

Harel abunda sobre la "venganza personal de Netanyahu contra el rey Abdala" al prohibir también el envío de vacunas contra el Covid-19.

Lo más kafkiano radica en que mientras Netanyahu presuntamente instigaba el golpe de Estado en Jordania, el atribulado primer israelí comparecía ante un tribunal por fraude/corrupción (https://bit.ly/3mr2SWI) y se quejaba de ser víctima de un "golpe de Estado" jurídico.

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En la localidad cocalera de Chimoré, al centro del país, el presidente Luis Arce encabezó ayer el acto de inicio de la segunda fase de erradicación de cultivos excedentes de coca, al retomar la política de Evo Morales.Foto Xinhua

Lula, Rousseff, Correa y Mujica, entre otros, denuncian que desconoce las elecciones de 2020 y ataca al gobierno democrático de Luis Arce

 

La Paz. Más de 30 líderes de América Latina, entre ellos 12 ex presidentes, ex cancilleres y dirigentes políticos, se pronunciaron ayer contra la "intromisión en asuntos internos" de Bolivia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien planteó la necesidad de reformas en el sistema judicial boliviano, así como de una comisión para investigar casos de corrupción.

"Manifestamos nuestra preocupación y rechazo por los comunicados del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, que sienta un peligroso precedente para una organización creada con el propósito de buscar consenso, fomentar el diálogo interamericano y la solución pacífica de controversias en el hemisferio", señalaron, entre otros, los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Brasil; Fernando Lugo, de Paraguay; Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay, y el propio Evo Morales, de Bolivia, en una declaración que publicaron medios estatales de esa nación.

La declaración se refiere a comunicados recientes en los que el jefe de la OEA, al cuestionar la detención de la ex presidenta de facto boliviana Jeanine Áñez, propone una intervención internacional para reformar la justicia de Bolivia e investigar denuncias de corrupción en el país.

Los firmantes mantuvieron ayer un encuentro virtual, en el que consensuaron la declaración. También participaron los ex presidentes Ernesto Samper, de Colombia; Leonel Fernández, de República Dominicana; Manuel Zelaya, de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Álvaro Colom y Vinicio Cerezo, de Guatemala, así como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el ex canciller argentino Jorge Taiana, y el presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde.

"Luis Almagro manifiesta una intromisión en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia al proponer, entre otras cosas, crear una comisión internacional para investigar supuestas denuncias de corrupción y para reformar el sistema de justicia", señalaron en la declaración.

Subrayaron que "estas declaraciones exceden, largamente, su misión como secretario general del organismo regional e ignoran el funcionamiento del sistema interamericano". Almagro comete "una intromisión en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia", denunciaron.

"El secretario general (de la OEA) debe abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales en los cuales involucra a todos los miembros de la organización sin respetar el carácter colegiado de su mandato, y no debe intervenir en los asuntos internos de los estados miembros", afirmaron.

La carta se sumó al rechazo al rol de Almagro manifestado la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por el Parlamento Andino.

“No podemos soslayar ni olvidar la responsabilidad de la OEA, especialmente la de su secretario general, Luis Almagro, con el informe sobre el proceso electoral de 2019 –cuyo contenido debe auditarse– que terminó en un golpe de Estado de lamentables consecuencias para Bolivia, quebrantando la democracia y el estado de derecho, con graves violaciones a los derechos humanos, con masacres y asesinatos, con persecución política y proscripciones”, plantearon los dirigentes latinoamericanos en el documento.

La OEA avaló las denuncias de fraude que sin pruebas hizo la oposición de derecha para no reconocer los resultados de las elecciones de 2019, en las que Evo Morales ganó un cuarto mandato consecutivo. El mandatario fue obligado a renunciar por la cúpula castrense y policial; 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en Sakaba, en el Chapare, y Senkata, en La Paz, a consecuencia de la violenta represión a seguidores del depuesto gobernante.

En la declaración advirtieron que Almagro ataca ahora a un gobierno democrático, el de Arce en Bolivia, y aseguraron: "Denunciamos y rechazamos con vehemencia esta nueva maniobra contra un gobierno elegido democráticamente. Una intervención lisa y llana, similar a la que nuestros pueblos han padecido en el pasado. En este caso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, avasalla las instituciones bolivianas y desconoce los resultados de las elecciones realizadas en octubre de 2020, que permitieron el retorno al camino democrático a nuestro hermano país".

Pidieron a los estados miembros de la OEA que rechacen "este tipo de acciones que dañan la democracia latinoamericana y caribeña, ponen en riesgo la convivencia pacífica y vulneran la soberanía".

La declaración fue suscrita además por el ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, el legislador colombiano Iván Cepeda y Citlalli Hernández, secretaria general del partido Morena de México.

Arce, del Movimiento Al Socialismo, ganó las elecciones generales celebradas en octubre pasado en Bolivia al término del gobierno golpista de la derechista Áñez, quien está detenida desde el 13 de marzo en espera de juicio por su participación en el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019.

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Miércoles, 31 Marzo 2021 05:20

¿Arrancó la "Internacional Bolsonarista"?

¿Arrancó la "Internacional Bolsonarista"?

La vida del activista estadunidense "Jake Angeli" (alias de Jacob Anthony Angeli Chensley) corre peligro: el servicio gastronómico de la cárcel donde fue recluido después de su participación en el asalto al Capitolio no incluye "comida orgánica".

Conocido en las redes como QAnnon Shaman o Yellowstone Wolf, Jake vivió sus horas de gloria cuando en el "templo de la democracia" el mundo lo visualizó portando una lanza con el torso desnudo, gorro sioux de piel de búfalo, tatuajes celtas y cuernos de vikingo.

Sin embargo, nada trascendió acerca del manojo de documentos que Jake habría tomado de los despachos de republicanos y demócratas, saqueados por los revoltosos e incautados por la FBI.

Entre los documentos, un misterioso borrador o minuta titulada La Internacional bolsonarista, que nos hizo llegar un periodista de Washington DC que pidió reservar su nombre.

La minuta da cuenta de la reunión clandestina que, luego del triunfo de Joe Biden, habría sostenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con siete cancilleres sudamericanos.

Al aquelarre habrían asistido el brasileño Ernesto Araujo (canciller del presidente Jair Bolsonaro); el uruguayo Francisco Bustillo (íd., Luis Lacalle Pou); el paraguayo Federico González (íd. Mario Abdo Benítez): la colombiana Claudia Blum Capurro (íd, Iván Duque); el ecuatoriano Luis Gallegos Chiriboga (íd. Lenin Moreno); el chileno Andrés Allamand (íd. Sebatián Piñera), y el peruano Mario López Chávarri (íd. Martín Vizcarra).

A modo de petit-comité y sentados alrededor de una mesa redonda en un sótano de la OEA (blindado para evitar cámaras y grabaciones), Almagro dio la bienvenida a los convocados y fue al grano:

“Queridos amigos: no todo está perdido. Nuestro jefe y guía de Occidente perdió las elecciones, pero consiguió 74 millones de votos. Por ello, decidí formar un comité internacional de emergencia que, desde ya, será conocido como "la Internacional Bolsonarista" (IB).

Almagro explicó que la IB se proponía reforzar "nuestras democracias" contra los avances del populismo en México, Argentina y Bolivia, "el respaldo de Cuba al necio de Maduro" y que, de no haber objeciones, así quedaría constituido:

Presidente ad honorem: Jair Bolsonaro.

Comisario político: Mario Vargas Llosa.

Y "para no burocratizar las cosas", agregó el jefe de la OEA, tres ­secretarías:

Etica y transparencia, a cargo del ex presidente de Argentina Mauricio Macri;

Derechos humanos, a cargo de los ex presidentes de México Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto;

Asuntos constitucionales, a cargo del "presidente de Venezuela" Juan Guaidó.

A los efectos prácticos, la IB contaría con cinco secretarías de apoyo:

Capacitación: para aspirantes latinoamericanos a ser reconocidos como embajadores de Washington en sus países, a cargo de Enrique Krauze.

Operaciones especiales (logística, explosivos, contratación de expertos en "daños colaterales"), a cargo del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, y el cubano Carlos Alberto Montaner.

Prensa y difusión: Andrés Oppenheimer, Jorge Ramos, y el "comunicólogo" ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Consultores: Mario Quiroga y Andrés Pastrana, ex presidentes de Bolivia y Colombia.

Jefe de meseros y acopio de bebidas varias: Jorge Castañeda, ex canciller de México.

En la minuta se apunta que ­paralizados de ideológica emoción, los siete cancilleres se miraron entre sí y luego, con crecientes golpeteos de aprobación sobre la mesa, terminaron eufóricos y gritando "¡sí-se-pue-de!", "¡sí-se-­pue-de!"

Con una cucharita, Almagro hizo sonar un copa para calmar a sus invitados, y delegó la palabra al único orador, el canciller Araujo, quien cerró el aquelarre negando la influencia humana en el cambio climático, considerándolo un "dogma" que apunta en particular a "aumentar el poder de China".

El discípulo de Bolsonaro agregó: “Nuestra lucha es contra el populismo y el ‘marxismo cultural’, la heterosexualidad, las carnes rojas y el petróleo”. Y en cuanto a la epidemia que ha convertido a su país en una bomba de contagio global, usó la insólita expresión "sadismo abortivo": “Vamos bien. Dios ha decidido que a mediados de 2021, tendremos medio millón de muertos. ¡Pero en Brasil viven 220 millones! Entonces, el aborto es más preocupante que el coronavirus. Quieren una sociedad donde nadie nazca, ningún bebé y menos el niño Jesús. Incluso, pregunto: ¿el ‘sadismo abortista’ de la izquierda no se deriva de una afirmación nihilista de estar matando a Cristo antes que nazca cada bebé?”

Sin comentarios, Almagro levantó la sesión y, rápidamente, los cancilleres retornaron a sus países para comunicar la buena nueva.

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Viernes, 26 Marzo 2021 05:40

Espías y mercenarios

Antonio Veciana, agente de la CIA

Estudiante: “Mi abuelito cubano trabajó para la CIA y en este momento está en el teléfono siguiendo su clase”.

Profesor (autor de este libro): “Vaya, qué honor. Para no dejarlo como un acto ilegal, le voy a dar permiso para hacer lo que está haciendo. Si encuentra que he dicho algo que no se pueda probar, le agradeceré, infinitamente, que lo informe a la clase y a sus jefes. La historia de América Latina se repite mucho, por lo que siempre estoy a la búsqueda de algo nuevo, algo que me sorprenda, algo que nunca encuentro”.

Jacksonville University, una tarde de otoño de 2019.

Miami, Florida. 21 de setiembre de 1979. A las 7: 00 de la noche, una camioneta espera al agente cubano de la CIA Antonio Veciana, cerca de su casa. Aunque Veciana siempre cambia de camino cada día para evitar sorpresas, dos desconocidos encuentran el momento adecuado y le disparan varias veces. Una de las balas calibre 45 se aloja en el estómago y otra en la cabeza. Veciana logra recuperarse en un hospital. Sospecha de la CIA y de Fidel Castro. Su hija, periodista de The Miami News, solo puede sospechar de Fidel Castro, que es lo único que conoce y sobre lo único que ha escuchado toda su vida.

Cuando en 1971 el intento de asesinar a Fidel Castro en Chile fracasó, el agente David Atlee Phillips le ordenó a Veciana matar a sus colaboradores cubanos para evitar exponer al Departamento de Estado. Decepcionado, luego de tantos lujos con los cuales lo había rodeado la CIA en Bolivia, Veciana se negó y Phillips, visiblemente alterado por el fracaso, le contestó: “Los cubanos no tienen huevos. Son unos cobardes. ¿Crees que hubieras podido hacer otra cosa si el plan resultaba un éxito? No te lo dije antes, pero la eliminación de los asesinos de Castro ya estaba decidida de antemano”.

Por esta razón, y luego de muchos años de atentados contra gente que no encajaba en su surco ideológico, Antonio Veciana había intentado alejarse de la CIA. Alguien tomó nota. Veciana regresó a su casa de Miami ese mismo año, pensando que podía tomarse unas vacaciones, pero poco después fue acusado de narcotráfico por el FBI. Lo más probable, pensó Veciana, es que Phillips haya hecho con uno de sus empleados lo que se hacía siempre con cualquier otro luego de alguna misión importante. Silenciarlo.

Ahora el periodista Gaeton Fonzi, contratado por el Comité Church del Senado (encargado de investigar las actividades de inteligencia del país), convence a Veciana de ir con un dibujante experto de la policía para hacer un retrato hablado de su jefe, Marcel Bishop, el cual no consta en los registros declarados de la Agencia. Fonzi lleva el retrato a Washington y el senador republicano de Pensilvania, Richard Schweiker, reconoce a David Atlee Phillips. Luego lleva a Veciana a una reunión de camaradería donde lo presenta a Phillips, pero Phillips, con su español chileno, finge no conocer a Veciana. Ese día, Veciana también se dirige a su antiguo jefe como si fuese un extraño, pero hablan de temas que ambos conocen bien. Fonzi sabe que los dos están mintiendo, lo que Veciana reconocerá en 2017 cuando Phillips y Fonzi, estén muertos.

Veciana nunca renunciará a la lealtad hacia su jefe, David Phillips, ni a su obsesión de matar a Fidel Castro. Cuando en 1995 Castro visite las Naciones Unidas y sea recibido como héroe en una iglesia de Harlem, Veciana planeará una vez más su asesinato, esta vez por su cuenta. Con todas las armas listas en su casa de Miami, el FBI le ordenará entregarlas. Por este incidente tampoco habrá cargos; solo el cómplice silencio de las mascotas descansando en el hombro del gigante.

El programa de asesinatos impunes de la CIA no se limitará a líderes latinoamericanos. En Vietnam, por ejemplo, la CIA tenía licencia para matar bajo el bonito nombre de Phoenix Program. Luego de las incómodas investigaciones del Senado de Estados Unidos en los 70s, la licencia fue renovada con otras precauciones. En el siglo XXI, durante las administraciones de presidentes tan opuestos como Barak Obama y Donald Trump, la CIA continuará sus programas de asesinato selectivo usando diferentes medios, como los drones. La diferencia entre las ejecuciones llevadas a cabo por el Pentágono y la CIA radicará en que sólo los primeros deberán informar al gobierno de los muertos. Tal vez haya otra diferencia: las víctimas de la CIA casi nunca mueren en campos de batalla. Probablemente nunca se conocerá la larga lista de disidentes y líderes víctimas de muertes naturales, como muertes por cáncer, como sí se conocen sus pasados experimentos con drogas y todo tipo de químicos, sus manipulaciones mediáticas y sus sangrientos golpes de Estado.

* Extracto del libro La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina a publicarse próximamente. 

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Las democracias bajo asedio en América Latina

Desde Quito. Las alarmas se encendieron cuando la vicefiscal de Colombia llegó a Quito días atrás con la causa montada contra Andrés Arauz en las manos. Situación de crisis, análisis de escenario, y, finalmente, una noche calma y fría. Fue una nueva amenaza en la campaña presidencial, que desde la hora cero estuvo marcada por las maniobras contra la candidatura de quien busca llegar al Palacio de Carondelet para reconstruir el proyecto de la revolución ciudadana.

El cuadro es similar al de las elecciones bolivianas del 2020, con la victoria de Luis Arce: nada puede darse por seguro hasta que sea puesta la banda presidencial, ni la realización de las elecciones, tampoco un desarrollo estable de acontecimiento en los días posteriores a los resultados, en caso de ganar Arauz. La diferencia entre un proceso y el otro es que en Bolivia existía un gobierno de facto, mientras que en Ecuador se trata de un presidente elegido constitucionalmente.

El caso ecuatoriano es paradigmático: el gobierno de Lenín Moreno no solamente traicionó el proyecto por el cual fue elegido y a muchos de sus antiguos compañeros -otros lo acompañaron en la puñalada-, sino que abrió las puertas a un proceso de cierre interno de vías democráticas. La persecución abarcó los diferentes niveles: el liderazgo principal, es decir, Rafael Correa, las segundas y terceras líneas, los sucesivos partidos luego de la pérdida de Alianza País, con causas desde corrupción hasta delitos de rebelión.

Ese proceso conllevó un diseño institucional con puntos neurálgicos, como la Fiscalía. Allí está ahora la principal causa montada contra Arauz, en una operación trabajada junto con a la Revista Semana y la Fiscalía de Colombia, un medio y una institución bajo mando de factores del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, al frente del gobierno. La situación en Colombia es trágica: según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 2020 y los meses del 2021 han ocurrido 110 masacres con un total de 446 víctimas, el asesinato de 342 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 12 familiares de líderes, y 74 firmantes de los acuerdos de paz.

La causa, montada desde esa Fiscalía, es la principal carta pública para intentar golpear la candidatura de Arauz. Ya fueron sorteadas otras amenazas, como un pacto entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez -segundo y tercero respectivamente- para un recuento de votos que finalmente no ocurrió luego de un giro de Lasso, o un llamado público por parte de Pérez, en representación de un sector de poder, a una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral para criminalizar a Arauz, cambiar el Consejo Nacional Electoral y anular la primera vuelta.

En Ecuador se concentran los principales elementos de lo que conforma una democracia restringida, donde la principal fuerza política es perseguida y obstaculizada para poder participar. Los paralelismos con el caso argentino son varios: el despliegue mediático y político para acusar de corrupción sistemáticamente al anterior gobierno articulado al intento de disciplinamiento vía Poder Judicial. ¿Qué hará Arauz ante esos poderes en caso de victoria? Es una de las principales preguntas, al igual que en Argentina luego de más de un año de gobierno.

Las similitudes en la utilización de un dispositivo mediático-judicial para perseguir a los principales liderazgos en países donde existieron gobiernos populares son ya conocidas: Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. El caso venezolano se sitúa en otra escala, la de bloqueo desde Washington, robo de activos, operaciones armadas encubiertas, institucionalidad paralela, el arrastre del conflicto al terreno de las trincheras, el precipicio, la crisis permanente y prolongada.

En cada caso la pregunta es la misma: ¿cuáles son las reglas del juego? ¿hacia dónde buscan avanzar los poderes fácticos nacionales, internacionales, y sus representantes políticos? Puesto en perspectiva, se puede ver que en trece años ocurrieron cuatro golpes de Estado en el continente contra gobiernos progresistas -Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia-, el despliegue del lawfare, una comunicación de asedio, la construcción de instancias electorales en escenarios de desestabilización, la mutación de las derechas con exponentes como Jair Bolsonaro, que representa una tendencia en desarrollo en el continente, afianzada en diferentes países de Europa y en Estados Unidos.

No existe respuesta única ante la otra gran pregunta: ¿qué hacer ante eso? La situación es diferente según las fortalezas de los movimientos y gobiernos populares, la institucionalidad, o el lugar que ocupa cada país según el mapa estratégico estadounidense en el marco de las disputas globales con China y Rusia.

Las coordenadas cambian si se analiza Argentina, con la existencia de un movimiento obrero, territorial, feminista, de derechos humanos, y el entramado del peronismo, Bolivia, con fuertes movimientos indígenas, campesinos, mineros y el MAS, o Ecuador, con la ausencia de estructuras de organización popular y partidaria dentro de la revolución ciudadana, y un movimiento indígena en disputa entre sectores de izquierda y de derecha -siendo Pérez expresión de lo segundo-. El objetivo de la derecha en este caso es doble: desterrar al correísmo y desplazar dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a quienes encabezaron el levantamiento en el 2019.

Desde ese diagnóstico de escenario pueden situarse los acontecimientos recientes en Bolivia, con la detención de Jeanine Añez, exministros del gobierno de facto, altos mandos militares, policiales, y el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Este último factor es clave, se trata de neutralizar una estructura armada dentro de Bolivia, creada antes del golpe del 2019, desplegada en sus días de asalto con asesoramiento internacional y amparada luego por el gobierno de facto. No es la única formación armada -su ubicación en Cochabamba, centro del país, es estratégica-, el principal punto de acumulación de fuerzas de la derecha golpista es Santa Cruz, con el golpista y ahora gobernador Luis Fernando Camacho.

La evolución de los conflictos en varios países pone en duda la posibilidad de que pueda existir un acuerdo con los factores de poder dominante económico y político, que implicaría -seguramente- mantener un statu quo profundamente y cada vez más desigual. Esa dificultad de acuerdo no reside en la voluntad de diálogo de los gobiernos progresistas. El caso de Argentina es una muestra clara.  

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El Lava Jato, Moro y la hipocresía de la corte suprema brasilera

La votación de la Corte Suprema por la sospecha de Moro, 5 años después del rol que tuvo el en el golpe institucional que llevó al juicio político a Dilma y la detención arbitraria de Lula, que le negó la posibilidad de presentarse a elecciones en 2018; todo esto conforma el retrato de la hipócrita “imparcialidad” de la justicia brasileña.

 

Con el cambio de voto de la jueza Carmen Lúcia , quien se había pronunciado a favor de Moro en 2018, la votación en segundo turno de la Corte Suprema votó hoy a favor de la sospecha sobre Moro, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, lo que debe conducir a la anulación de todos los procesos contra Lula , incluidos los casos del Triplex y también las donaciones realizadas al Instituto Lula. Detrás de este giro están los temores e intereses de distintas fracciones de la clase dominante ante un país en profunda crisis que puede conducir a mayores inestabilidades en la lucha de clases.

El Supremo Tribunal Federal (STF) ha trabajado con el Lava Jato desde sus inicios en 2014 y fue directamente decisivo para el avance del juicio político contra Dilma, rechazando la solicitud del entonces gobierno del PT y de los diputados de anular el proceso que se estaba llevando a cabo en la Cámara a principios de 2016.

En abril de 2018, en vísperas del juicio de hábeas corpus de Lula que sería realizado por el STF tras su detención arbitraria, el entonces comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, hizo una declaración en twitter, demostrando claramente la injerencia y la influencia de las Fuerzas Armadas en la política, presionando al STF para que no acepte tal habeas corpus. Entre otras cosas, el general afirmó que "cree que comparte el deseo de todos los ciudadanos en aras de repudiar la impunidad". En esa ocasión, el STF no solo subordinó total y silenciosamente las declaraciones abiertamente golpistas del alto mando del ejército, sino que también actuó en conjunto con los altos mandos militares para coordinar todas las operaciones antidemocráticas de la Lava Jato.

Hay que recordar que fue el STF el encargado de elegir al magistrado ponente de Lava-Jato. Juntos, los militares, golpistas de varios partidos, los principales medios de comunicación y la Corte Suprema con un rol protagónico, apoyaron y fortalecieron al Lava-Jato, el golpe institucional y allanaron el camino para el triunfo de Bolsonaro en 2018.

Por más obvia que sea la búsqueda del STF para “maquillar” la participación directa que tuvo, junto a los militares y al régimen poítico, en el rumbo autoritario en el que se enredó el país tras el surgimiento del Lava Jato en el 2014, existen evidentes debilidades, como como señalamos en un análisis reciente:

“Uno de ellos es el enorme debilitamiento del Lava Jato. El escándalo de Vaza Jato de 2019, que reveló todas las medidas autoritarias utilizadas para detener arbitrariamente a Lula, presentes en las conversaciones privadas entre los golpistas Sérgio Moro y Deltan Dallagnol, dio a conocer públicamente el fraude judicial que sostuvo el golpe institucional. Denunciamos este fraude desde 2014 como la esencia del Lava Jato: una operación proimperialista que allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen basado en el golpe y abrió sectores estratégicos de la economía a las multinacionales extranjeras. El debilitamiento de Moro se profundizó después de su ruptura con el gobierno de Bolsonaro, que le otorgó el Ministerio de Justicia por otro año y medio. Al final, la Operación Lava Jato se disolvió en febrero de 2021. Utilizado para erosionar el régimen de 1988, la operación Lava Jato no pudo estabilizar un nuevo régimen en medio de la crisis económica mundial. Menos aún con las fuerzas desatadas en el régimen post-golpista, en el que Bolsonaro y las instituciones del golpe se disputaban quién sería el trazo decisivo de los contornos de este nuevo sistema político ”.

Desde el 2014 hasta ahora, uno de los objetivos más importantes de Lava-Jato y del golpe institucional y su curso autoritario fueron los ataques económicos, son los que quizás desangran a la gigantesca clase obrera brasileña, que en este contexto vive un nuevo registro diario con más de 3.000 muertos en 24 horas, víctimas de un virus que podría controlarse mucho más de no ser por la irracionalidad de los gobiernos y la búsqueda capitalista de lucro a toda costa. Desde entonces, han pasado reformas laborales y previsionales, subcontratación irrestricta, decenas de ataques a los derechos sociales, laborales y democráticos, siempre sobre la base de mucho chantaje, con el respaldo del Tribunal Supremo a todos ellos.

Durante la votación del día martes, los principales miembros del poder judicial hablaron insistentemente sobre la imparcialidad con la mayor rigidez que se pueda imaginar. Pero no han cambiado de opinión sobre ninguno de los atentados, ni siquiera sobre qué es democrático o no en un juicio, que fue y sigue siendo político en el caso de Lula. Lo cierto es que temen la magnitud de la crisis y cuánta inestabilidad puede generar, especialmente en una América Latina sumida en el desempleo y el empobrecimiento generalizado. El nuevo mundo con el viejo capitalismo despojado por la pandemia, obliga al régimen a repensar los factores restrictivos con los que puede contar:

“Por un lado, tanto el imperialismo extranjero como el régimen golpista brasileño buscan hoy preservar las conquistas del Lava Jato, descartando sus métodos. Esta es la mejor manera de continuar el régimen del golpe institucional y su agenda económica bajo un frágil aspecto “democrático”, desgastado por maniobras autoritarias desde 2016. Por otro lado, se hace más necesario que la burguesía brasileña cuente con frenos ante la posibilidad de fuertes disturbios sociales ante los dramáticos efectos de la crisis económica y de salud, que combinada con la errática política de Bolsonaro, colocan a Brasil como un paria en el mundo. El mayor dispositivo que cuenta la burguesía brasileña para la contención de la lucha de clases en Brasil se llama Lula ”.

Las batallas contra los efectos de la pandemia de coronavirus, el desempleo y los ataques económicos de los golpistas deben ir de la mano de la defensa de nuestros derechos democráticos, por eso denunciamos siempre la detención arbitraria de Lula y los crecientes mecanismos autoritarios en el régimen, como el caso de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para perseguir a opositores en el gobierno de Bolsonaro. A su vez, depende de una política de independencia de clase que conozca a los enemigos, como el STF junto a todo el régimen golpista, y al mismo tiempo no confíe en la política de conciliación de clases del PT que, con solo conmemorar las decisiones institucionales de arriba, alimenta la trampa de espera pasiva por una falsa solución electoral en 2022.

Miércoles 24 de marzo | 01:57

Lava Jato.

Supremo Tribunal de Brasil declaró que Sergio Moro fue parcial en proceso contra Lula

Por tres votos a favor y dos en contra el Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgó este martes como parcial la acción del juez Sergio Moro en el proceso que terminó con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva.

Martes 23 de marzo | 15:52

La jueza Cármen Lúcia, que se había pronunciado a favor del juez Sergio Moro en 2018, dio este martes una sorpresa al cambiar su voto y pronunciarse por la sospecha de la parcialidad de Moro durante los juicios que se le siguieron al expresidente Lula da Silva. De esta manera se anulan todas las condenas de Lula, incluidos los casos del Triplex, del sitio de Atibaia y también de las donaciones realizadas al Instituto Lula.

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil había retomado este martes la sesión en la que se juzga la parcialidad del juez Sergio Moro, principal responsable de la operación Lava Jato, en los procesos que se abrieron contra el expresidente Lula de Silva.

Las sospechas sobre el accionar de Moro provienen del llamado Vaza Jato, una filtración masiva de mensajes de Telegram entre jueces y fiscales, publicada por el sitio The Intercept en 2019 donde queda clara la connivencia entre los distintos actores para llevar adelante la operación Lava Jato y en ese marco encarcelar a Lula.

El proceso contra Moro fue impulsado por el juez del STF Gilmar Mendes, inmediatamente después de que el Edson Fachin, también juez del Supremo Tribunal, anulara todas las condenas de Lula a principios de marzo.

El juzgamiento de Moro había quedado en suspenso el 9 de marzo, cuando uno de los jueces del Supremo Tribunal, Nunes Marques, pidió un tiempo para estudiar el caso hasta este martes cuando se retomó.

La segunda sala del STF, precedida por Gilmar Mendes, cuenta con 5 jueces. Hasta este martes la votación estaba empatada en 2 a 2. Mendes y Lewandowski habían votado a favor de la sospecha de que Moro actuó en forma parcial, mientras que Fachin y Cármen Lúcia se contaban en contra de la sospecha (una posición que mantenían desde el año 2018, cuando empezaron los debates originales del caso).

Quién faltaba definir su voto era Nunes Marques, que había pedido tiempo para estudiar el caso y finalmente voto a favor de Moro, es decir, contra las sospechas de parcialidad. Lo hizo bajo el argumento de que los mensajes publicados por The Intercept en el Vaza Jato habrían sido obtenidos de forma ilegal, y por lo tanto si aceptara la sospecha de Moro legalizaría la "actividad de los piratas informáticos", dando lugar a la invasión de teléfonos móviles, llegando a hacer una comparación con las dictaduras.

Sin embargo, el resultado terminó quedando tres a dos en contra de Moro con el cambio de voto de la jueza Cármen Lúcia.

La imparcialidad de Moro, y por tanto la anulación total de toda condena contra Lula, aún puede ser votada en el pleno del STF, ya que la votación de este martes fue en la segunda sala, donde solo votaron estos 5 jueces.

En el argumento de su votación Carmen Lúcia insistió en que la imparcialidad de Moro habría sido solo en el caso de Lula, pero no el conjunto del operativo Lava-Jato, dejando de esta manera libre de culpa y cargo a este operativo lleno de ilegalidades y arbitrariedades.

Todo este proceso se da en el marco de las disputas entre diferentes actores del poder judicial que desde hace años arbitra y decide sobre la política nacional brasileña. El mismo STF que hoy vota contra Moro es el que permitió el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016, manipuló las elecciones de 2018 en beneficio de Bolsonaro y avaló reformas neoliberales contra los trabajadores y los más pobres.

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Otro Brasil, con las causas contra Lula anuladas

El ex presidente recupera sus derechos políticos y podría ser candidato en 2022

El juez Fachin, un partidario de la causa del Lava Jato, sorprendió a todos anulando el fallo armado por el ex juez y ex ministro Sergio Moro. La furia de Bolsonaro, el vuelco en las encuestas y la opinión de la derecha expresada con una caída de la Bolsa.

 

Lula de regreso. El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva, que de ese modo recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas mañosas del Lava Jato y podría enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo. El magistrado Luiz Edson Fachin, del Supremo, dejó sin efecto las sentencias contra el expresidente debido a que no corresponde sustanciar el Lava Jato en la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba, que fuera el feudo del exjuez Sergio Moro. Las causas serán tramitadas de aquí en más en la justicia federal de Brasilia. Quedaron sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes, por las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, entre abril de 2018 y marzo de 2019.

"Recibimos con serenidad la decisión del ministro Fachin que acogió el habeas corpus que presentamos en noviembre de 2020", dijo el abogado defensor, Cristiano Zanin Martins a través de una nota.

No se descarta que la decisión de Fachin sea apelada por la Procuraduría General de la República, sumisa a la voluntad de Jair Bolsonaro, y elevada al Plenario del Supremo compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. O, si se prefiere, simpatizantes y adversarios de la lawfare y Sergio Moro.

Fachin, considerado un juez lavajatista, sorprendió a políticos y magistrados con esta decisión que, como casi todas las del STF, están inspiradas en motivos más políticos que judiciales.

Lo real es que con la recuperación de sus derechos el jefe petista logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare en los que siempre aseguró ser inocente. Y renunció, incluso, a convites para dejar el país o asilarse en alguna embajada.

A pesar de sus años de encarcelamiento y haber sido condenado al silencio por parte de las empresas periodísticas dominantes, conserva una resilente popularidad, como lo demostró un sondeo publicado el domingo en el diario conservador O Estado donde su potencial de votos se ubica en torno al cincuenta por ciento, contra el 38 por ciento de Bolsonaro con vistas a las presidenciales de 2022.

Con Lula en el campo no hay otro candidato más fuerte para derrotar al régimen bolsonarista entre las fuerzas democráticas y populares. Es prematuro asegurar que será candidato por sexta vez (lo fue en 1989, 1994, 1998, 2002 y 2006). Pero nadie pone en duda que esta decisión del STF lo robustece sea como aspirante presidencial, sea como avalista de algún candidato petista o de un eventual frente electoral.

La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que "la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula (..) a pesar de las barbaridades cometidas por Moro".

BOLSONARO Y MERCADO, CONTRARIADOS

A poco de conocida la noticia sobre el restablecimiento de los derechos políticos de Lula, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener "fuertes vínculos con el PT" y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el "pueblo" no querrá volver a tener un gobierno de izquierda.

Se trata de un discurso remanido, que fue exitoso cuando el antipetismo estaba en su apogeo, pero de dudosa eficacia en los tiempos que corren cuando el público vive en carne propia las peripecias de este gobierno militar-cívico.

Tener de vuelta en el ruedo a Lula significa un revés para el Ejército cuya presión, a través de su excomandante el general Eduardo Villas Boas, influyó para que el jefe petista fuera proscripto tres años atrás.

Un ministro militar le dijo el lunes por la noche a la CNN Brasil, ocultando su identidad, que el retorno del petista al poder "no sería bueno para el país".

Tampoco el mercado se alegró con el regreso del extornero mécanico, decepción expresada en la pronunciada baja del 3,9 por ciento de la Bolsa de Valores de San Pablo y una suba del 1, 6 por ciento del dólar. Vale precisar que la Bolsa ya operaba en baja desde primera horas de la tarde y será necesario aguardar los próximos días para calibrar mejor su comportamiento ante el nuevo escenario político.

DOS GOLPES

Surgida en 2014, la causa del Lava Jato vertebró una coalición de fuerzas del campo conservador unidas en pos de acabar con el ciclo de gobiernos del PT.

Las maniobras de Moro, amplificadas por el multimedios Globo, contribuyeron a intoxicar el ambiente político y el ánimo popular hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016.

Ese conato era sólo el primer paso de un plan mayor: cuyo objetivo último era impedir la candidatura en 2018 y el posible tercer mandato de Lula, procesado con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba.

Esta asociación ilítica, conocida como "Grupo de Tareas de Curitiba", quedó al desnudo a partir de julio de 2019 cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol. No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciara en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Finalmente Bolsonaro fue electo gracias a unos comicios anómalos, a una operación que fue la continudad del golpe de 2016 o un golpe en sí mismo. Moro cobró a buen precio su papel en la conjura siendo nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.


¿Qué hay detrás de la anulación de las condenas a Lula en Brasil?

La decisión del juez Fachin es sobre una cuestión de procedimiento y no absuelve a Lula pero se puede entender como un intento de salvar un régimen político altamente cuestionado.

Nicolás Daneri

La Izquierda diario

Lunes 8 de marzo | 21:27

Este lunes el Juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, anuló la condena que pesaba sobre el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aduciendo que la justicia del estado de Paraná es incopetente para juzgar el caso. Esta acción restituye los derechos políticos al líder del Partido dos Trabalhadores (PT), que podrá volver a presentarse como candidato, en un momento en que todo el régimen nacido del golpe institucional a Dilma Rousseff y la operación Lava Jato están cuestionadas, aún a pesar de que el ultraderechista Jair Bolsonaro goza de alta popularidad.

Según Fachin, responsable en la Corte Suprema de la operación anticorrupción Lava Jato, esos casos deberán pasar ahora a la órbita de la Justicia federal en Brasilia, la cual decidirá sobre el curso de cada uno de ellos.

En dos de esos procesos, Lula fue condenado a casi 25 años de cárcel, de los cuales cumplió 580 días hasta ser liberado por una decisión del propio Supremo, que alteró su propia jurisprudencia y decidió que una persona sólo puede ingresar a la cárcel cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso del exmandatario.

De todas maneras es importante señalar que la decisión de Fachin sólo se refiere a cuestiones de procedimiento, y no absuelve a Lula. El sistema legal del país permite que los jueces del STF tomen decisiones unilaterales que luego pueden o no ser apeladas. La Procuraduría General de la República ya ha indicado que apelará, lo que hace que la decisión sea incierta, aunque es poco probable que se revierta. Pero detrás de la decisión, el ministro desplegó una maniobra que termina por salvar a Sergio Moro, de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la segunda instancia.

Moro es el ex juez que dirigió toda la operación Lava Jato que fue la que permitió que Lula fuera encarcelado y, por tanto, impedido de participar en las elecciones de 2018 en las que se perfilaba como el candidato más popular. Moro fue nombrado Ministro de Justicia por Jair Bolsonaro luego de asumir la presidencia, como premio por los “servicios prestados” pero renunció en abril del año pasado.

El juez Edson Fachin es el mismo que corroboró activamente las decisiones del STF para impedir que Lula fuera candidato en 2018. Las maniobras del poder judicial fueron decisivas para la victoria del Bolsonaro y fueron parte clave de todas las desgracias que aquejan al pueblo brasileño desde entonces, principalmente la pandemia de la que Bolsonaro es un negacionista extremo. El STF que movió los hilos para que el golpe institucional se produjera sin mayores problemas, ha venido avalando las privatizaciones y reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Temer y Bolsonaro y, ahora, en una decisión unilateral, posa de democrático para salvar el pellejo del golpista Sergio Moro.

La defensa de Lula presentó numerosas medidas de habeas corpus durante los procesos cuestionando la conducta de la justicia. La decisión de Fachin implica que pierden su razón de ser y deben ser archivados. Una de esas medidas se basaba en los mensajes revelados por The Intercept Brasil que muestran las maniobras entre los jueces de la Lava Jato y la parcialidad con la que se juzgo a Lula. Estas revelaciones ponen en cuestión la actuación del ex ministro Moro. La maniobra de Fachin puede ser entendida como un control de daños.

Es imprescindible reconocer estas maniobras para no poner un ápice de confianza en el STF ni en el poder judicial que viene actuando para recomponer un régimen podrido, un régimen golpista que es responsable de todos los ataques a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo pobre en general.

Mientras tanto, Bolsonaro denunció al juez Fachin por tener “un gran vínculo con el PT” y dijo estar convencido de que "el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo", porque "al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad".

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El exjefe del Ejército brasileño reveló que la cúpula castrense conspiró contra la liberación de Lula da Silva

Contenido escandaloso del libro "General Villas Boas: conversaciones con el comandante"

Villas Boas admite que el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la Corte Suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas. 

 

Revelaciones y declaraciones surgidas en los últimos días sacuden Brasil. La revelación más contundente, que apareció el miércoles, está a la venta en Amazon por poco más de tres dólares: el libro General Villas Boas: conversaciones con el comandante.

Ya la declaración que sorprendió vino un día antes, a través de Gilmar Mendes, uno de los veteranos integrantes del Supremo Tribunal Federal.Frente a las revelaciones sobre la manera con que el exjuez Sergio Moro actuó en el juicio que condenó el expresidente Lula da Silva a la cárcel, Mendes admitió sentirse “perturbado”. 

Dijo además que se pregunta cómo permitieron (en referencia a sus colegas de la corte suprema de justicia) que ocurriesen las manipulaciones y los absurdos ahora comprobados a través de grabaciones de intercambio de mensajes entre juez y fiscales. Mucho más que juez, Moro – quien luego sería ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro – actuó todo el tiempo como verdadero jefe de la acusación.

El objetivo único de las maniobras absolutamente ilegales era precisamente impedir que Lula fuese candidato en las elecciones de 2018.

A la omisión de la corte suprema frente a las manipulaciones ya bastante visibles en el juicio a Lula, se suma ahora otra revelación explosiva: Villas Boas, entonces comandante general del Ejército (bajo Dilma Rousseff), admite con una serenidad impactante que conspiró todo el tiempo, primero para alejar a su entonces jefa, y luego para impedir que un pedido de hábeas-corpus elevado por la defensa de Lula fuese aprobado por la corte suprema.

En el libro escrito por Celso de Castro, profesor de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, Villas-Boas revela algo aún más grave: el texto disparado vía Twitter que amenazó a los ministros de la corte suprema fue elaborado por todo el Alto Comando del Ejército, sin consultar a las demás fuerzas armadas – Marina y Aeronáutica –, y divulgado a tiempo de aparecer en el “Jornal Nacional”, noticiero de mayor audiencia en Brasil.

En otra de las entrevistas reunidas en el libro, Villas Boas admite haberse reunido muchas veces con el entonces vicepresidente Michel Temer, cuando la conspiración para desfechar el golpe institucional contra Dilma Rousseff estaba en plena marcha.

El argumento para justificar su omisión frente al golpe que se armaba gira alrededor de dos puntos: lo que él clasifica como “desastre económico” del gobierno, y la instauración de la Comisión de la Verdad que investigó crímenes cometidos por militares y agentes públicos a lo largo de la dictadura que duró 21 años, de 1964 a 1985.

Con relación a la política económica de Dilma, bastante criticable por cierto, no hay nada que justifique la participación de un general en la preparación de un golpe institucional.

Ya la referencia a la Comisión de la Verdad muestra la ambigüedad moral con que se mueven los militares brasileños.

En el twitter lanzado en vísperas de que la corte suprema analizase el pedido de hábeas corpus solicitado por la defensa de Lula, está dicho con todas las letras que el Ejército brasileño “juzga compartir la ansia de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad”.

Ironías de la vida: hace años la misma corte suprema, con otros integrantes, aseguró a todos los militares y agentes públicos de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad exactamente la impunidad, con base a una ley de amnistía negociada al cerrarse las luces de la dictadura.

Hay muchas otras revelaciones lanzadas por el general retirado Villas Boas en el libro, relacionadas inclusive sobre cómo el Ejército en particular, pero con respaldo de la Fuerza Aérea y la Marina, optó por tragarse la candidatura de Jair Bolsonaro y luego integrar su gobierno.

Por más que las revelaciones y declaraciones no tengan mayor repercusión frente a la tragedia sanitaria padecida por los brasileños, quedan claras dos cosas.

La primera: la corte suprema actúa de manera omisa y luego el más contundente de sus integrantes se pregunta cómo permitieron que ocurriese lo que efectivamente permitieron.

La segunda: considerar que luego de la redemocratización los militares volvieron a los cuarteles determinados a cumplir su función constitucional ha sido, en el mejor de los casos, pura ingenuidad.

Siguen igualitos a lo que siempre han sido.

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Lunes, 01 Febrero 2021 05:30

Los protocolos de los sabios de Trump

Los protocolos de los sabios de Trump

Igual que las novelitas pornográficas copiadas a máquina que circulaban de mano en mano con grave sigilo entre los adolescentes en mi pueblo, los adultos se pasaban entre ellos en las barberías, con no menos avidez, un folleto en cuya portada figuraba un judío barbado a cuyas espaldas brillaba, con fulgores luciferinos, una estrella de David.

Los protocolos de los sabios de Sión. Este panfleto, de pobres pero convincentes invenciones, exponía la trama de una conspiración tejida por los judíos para sojuzgar al mundo. Nadie, ni en un lugar tan alejado de los centros de poder como Masatepe, ni en ningún otro de la Tierra, escaparía a esos tentáculos viscosos; y si hasta el magnate Henry Ford, quien había pagado de su abundante bolsillo la impresión de ediciones enteras del folleto en Estados Unidos, creía en esa fábula urdida con habilidad pueril, cómo no iba a convencer a un ebanista de mi pueblo, o a un criador de gallos de pelea de los que se congregaban en la tertulia de las barberías.

Hitler creyó también, o fingió creer en Los protocolos de los sabios de Sión, que le sirvieron de pretexto ideológico para el exterminio de millones de judíos. Cuando me topé con ese folleto, que aún hoy no pierde vigencia, hablo de los años 50 del siglo pasado. Entonces el horror de los campos de concentración nazi era ya cosa más que sabida, aún en los pequeños pueblos como el mío, pero era mucho más fuerte la avidez de la gente sencilla de ser partícipe de los graves secretos que los protocolos revelaban.

Sencillos y letrados, todos somos hijos del mito, y es tentador siempre pensar en términos de fábula; en ese terreno pantanoso, la conspiración y la profecía se hallan a sus anchas para explicar las ocurrencias diarias del mundo, desde las catástrofes naturales a las guerras; no en balde las profecías de Nostradamus reviven cada comienzo de año para develar las contingencias siempre amenazadoras del futuro.

Y Los protocolos de los sabios de Sión, que justificaron los pogromos en la Rusia zarista, y las cámaras de gas de los nazis, no sólo no pierden vigencia hoy, en pleno siglo XXI, sino que engendran descendencia.

Todas las fábulas inventadas por los militantes de la secta QAnon de la ultraderecha de Estados Unidos pertenecen a la misma estirpe alimentada en la puerilidad que lleva a millones a creer que debajo de nuestros pies hay un mundo de aposentos subterráneos donde figuras famosas celebran aquelarres para manipular a su antojo nuestras vidas, cuando en realidad los manipuladores son quienes crean esas leyendas que pertenecen al mejor de los mundos de las historietas dibujadas en cuadros.

Nos hallamos en el apogeo de la era de las realidades alternativas. Ese otro mundo que no vemos, pero desde el que se controlan supuestamente nuestras mentes, responde a los mecanismos naturales a la ficción. Y es regido por claves secretas, como en El código Da Vinci, de Dan Brown.

No es que quiera culpar a Dan Brown de la existencia de QAnon, pero la credibilidad de un dedicado lector suyo, viene a ser la misma. En una ocasión, me encontraba en la iglesia de San Sulpicio en París frente al cuadro de Delacroix Jacob luchando contra el ángel, cuando la voz del guía al que rodeaba un grupo de turistas llamó mi atención: habían viajado hasta allí, desde Ohio o desde Dakota, con el exclusivo propósito de ver el lugar donde Silas, el albino del Opus Dei, busca la clave del paradero del Santo Grial.

Claves siniestras, hilos conductores de la conspiración de que se sienten víctimas, dirigida por estrellas de Hollywood, a cuya cabeza se halla el villano mayor, George Soros, gran maestro del estado profundo, peor que Lex Luthor, el archienemigo de Supermán.

Es una historieta cómica, pero con consecuencias. Uno de los Qanonianos entró disparando en 2016 en una pizzería de un barrio de Washington, ante los ojos asustados del pobre dueño del local. El agresor había sido convencido de que desde allí se dirigía una red de ritos satánicos dedicada a la pedofilia, según la secta descubrió en el texto de correos electrónicos que contenían mensajes codificados. A la cabeza de esa red diabólica se hallaba nada menos que Hillary Clinton, candidata entonces a la presidencia por el Partido Demócrata.

Enlistados por la FBI como terroristas potenciales, los cabecillas de QAnon se hicieron visibles en el reciente asalto al Capitolio. Y como en las tramas de los cómics, responden ante un jefe supremo incógnito que se halla dentro de la misma Casa Blanca, al lado de Trump, y que a través de las redes va dejando rastros para que sean encontrados por los soldados de la causa de la pureza racial.

Que los QAnon pertenecen a una historieta cómica puede verse por sus atuendos, como el de Yellowstone Wolf, con sus cuernos de vikingo, envuelto en una piel de bisonte y su lanza en ristre, y que ahora en la cárcel reclama comida orgánica.

Por supuesto, los QAnon creen en los platillos voladores y en los extraterrestres, desde luego que las civilizaciones intergalácticas desarrolladas están gobernadas por supremacistas blancos. Faltaría más.

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