Larry Kudlow, consejero económico de la Casa Blanca, en la rueda de prensa este martes. En vídeo, declaraciones de Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado. ALEX BRANDON / AP / VÍDEO: AFP

Republicanos y demócratas acuerdan ayudas de dos billones de dólares a empresas y ciudadanos para contener los estragos por la pandemia del coronavirus

 

El Congreso de Estados Unidos ha acordado la aprobación del plan de rescate económico más potente de la historia, un arsenal de cerca de dos billones de dólares en ayudas a empresas y ciudadanos para tratar de contener los estragos económicos del coronavirus y el parón de la actividad que supone esta pandemia mundial. El acuerdo entre Casa Blanca y republicanos, por un lado; y la oposición demócrata, por otro, llegó sobre la una de la madrugada de este miércoles tras cinco días de intensas negociaciones.

Con uno de cada tres estadounidenses llamados a quedarse en casa, colegios y negocios cerrados por todo el país para frenar los contagios, Gobierno y oposición buscan evitar una debacle económica y social. Ya hay más de 55.000 contagiados en el país, más de 800 muertos. El coronavirus es “la amenaza más seria para la salud de los estadounidenses en un siglo y probablemente el mayor riesgo para el empleo y la prosperidad de EE UU desde la Gran Depresión", dijo el jefe de la mayoría republicana en el Senado, McConnell.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que ha liderado las negociaciones con los demócratas junto a McConnell, aseguró el martes que las posturas se encontraban ya “muy cerca”. Es lo mismo que transmitió el líder de la minoría demócrata en la Cámara alta, Chuck Schumer. Cerca de medianoche, sin embargo, las reuniones proseguían y ya se daba por hecho que la votación tendría lugar el miércoles. Tras el voto del Senado, deberá ratificarlo la Cámara de Representantes.

El primer conjunto de medidas anunciado por Donald Trump suponía movilizar un billón de dólares y la munición ahora sobre la mesa, una semana después, roza los dos billones. El jefe del Consejo Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, detalló este martes por la tarde que la estrategia global alcanzará los seis , al sumar los cuatro más de capacidad de préstamo por parte de la Reserva Federal.

Un paquete de estímulos tan amplio requiere a su vez un paquete legislativo también largo y complejo. El plan contempla inyecciones directas de dinero al bolsillo de los ciudadanos, con el el envío masivo de cheques a la mayor parte de ciudadanos estadounidenses. Hasta ahora se había hablado 1.200 dólares por adulto y 500 por menor de edad, aunque Kudlow citó este martes como ejemplo que una familia de cuatro miembros recibiría 3.000 dólares. En total, esta inyección lo que puede alcanzar los 500.000 millones. Los legisladores se han puesto de acuerdo también una línea de préstamos de 367.000 millones para pequeñas y medianas empresas y un fondo de 500.000 millones para industrias, ciudades y estados.

“Tenemos un acuerdo bipartito en el mayor paquete de rescate de a historia de América", Chuck Schumer. Esta crisis ha llegado en un momento de gran polarización política en Estados Unidos. Durante, el fin de semana, el líder de la minoría demócrata en el Senado estuvo negociando el plan con McConnell y Mnuchin, en coordinación con la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Los demócratas, que controlan la Cámara baja, habían presentado su propio proyecto de ley.

El proyecto de ley final, según los demócratas, ayudará a compensar el salario de los trabajadores despedidos durante cuatro meses, en lugar de tres, como establecía la propuesta inicial. Los trabajadores recibirán lo que su Estado pague habitualmente por desempleo más un extra de 600 dólares, según los datos de Associated Press. Además, trabajadores de empresas de la llamada economía colaborativa, como Uber, quedará cubiertos por primera vez. Las compañías también contarán con ayudas fiscales, como el aplazamiento del 6,2% de la cotización a la Seguridad Social de las nóminas.

El último gran escollo, que había centrado las conversaciones del domingo y el lunes, giraba en torno al citado fondo de 500.000 millones de dólares en préstamos y avales para grandes grupos de empresas castigados por el bloqueo de la actividad (425.000 millones para negocios, ciudades y Estados) y el resto, sobre todo compañías aéreas. Tal y como estaba diseñado en el proyecto de ley republicano, Mnuchin dispondría de un amplio margen de maniobra y no tendría por qué hacer públicos los beneficiarios hasta pasados seis meses (aunque fueran canalizados a través de la Reserva Federal). Los demócratas critican la opacidad, el grado de discreción y también la falta de contrapartidas a exigir a las empresas que se acogiesen a esas ayudas, como el mantenimiento de empleos.

Según fuentes de la negociación citadas este martes por The Washington Post, la Casa Blanca ha aceptado incorporar la figura de un inspector general y consejero de supervisión que controle las decisiones de préstamos. Sería un cargo similar al que se creó en la debacle financiera de 2008, cuando el Congreso aprobó el gran rescate a la banca (TARP, por sus siglas en inglés) aún bajo la Administración de George W. Bush. Aquel primer programa de auxilio movilizó 700.000 millones de dólares, cifra que palidece ante las cantidades que el Capitolio planea aprobar de una sola vez ahora.

El mundo no enfrenta ahora una tormenta financiera, sino una pandemia real, sin vacuna aún disponible ni tratamiento específico, de la que los Gobiernos se están defendiendo con el cierre de empresas, lugares de ocio, pidiendo a los ciudadanos que se metan en sus casas, es decir, con el bloqueo de su economía. Esta inyección se suma a un programa de estímulos sin precedentes por parte de la Reserva Federal. El lunes anunció una compra ilimitada de activos, durante un tiempo ilimitado, con tal de mantener el flujo de crédito en un momento tan adverso. La acción, que no sirvió para calmar a los mercados por el parón económico y la falta de acuerdo en el Congreso, llegaba una semana después de que se dejasen los tipos de interés a cero y se diera luz verde a un paquete de 700.000 dólares en compras de deuda de diverso tipo.

Tirar dinero desde un helicóptero, llevar el ponche a una fiesta, poner a funcionar la máquina de imprimir dinero. Todas las metáforas de la política monetaria se quedan cortas con este rescate. Y ni siquiera está claro si bastará. Morgan Stanley calcula que en el segundo trimestre la economía estadounidense puede caer un 30%, Goldman Sachs lo deja en el 24% y JP Morgan parece incluso optimista: estima una contracción del 14%.

El zarpazo del virus llegó a Estados Unidos en un momento de bonanza de la economía, con pleno empleo y a menos de un año de las elecciones presidenciales. En cuestión de días, Wall Street había perdido todas las ganancias acumuladas durante la era Trump y las previsiones para el mercado de trabajo se han tornado muy peligrosas para un país de escasa red social: la Casa Blanca advierte de que el paro puede llegar al 20%. El presidente volvió a alertar este martes de que “la cura no puede ser peor que el problema” y, en una entrevista en la Fox, insistió en que quería “reabrir el país” para Pascua, contra el consejo imperante de los científicos. “Nos enfrentamos a un periodo duro, pero van a ser semanas, no años”, recalcó Kudlow en la rueda de prensa diaria sobre la crisis del Covid-19.

Pese a toda la incertidumbre, Wall Street cerró la sesión del martes con fuertes subidas, animada por la proximidad de un acuerdo político sobre el programa de estímulos. El Dow Jones se disparó un 11,36%, su mayor avance desde 1933. El S&P creció más de un 9% y las tecnológicas del Nasdaq más de un 8%. En Europa, las subidas también fueron notables, en la misma línea de Wall Street. En el caso del Ibex español, el aumento fue del 7,82%, su mayor crecida desde mayo de 2010.

Washington - 24 mar 2020 - 17:27 COT

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Coronavirus y la nueva crisis del capitalismo

La investigadora en finanzas para el desarrollo Iolanda Fresnillo apunta en este análisis que la pandemia del virus Covid19, en realidad, no solo está causando una crisis por sí misma, sino que también está desencadenando una crisis preexistente que, con una mirada más amplia y larga, nos tiene que permitir identificar las causas profundas de la también profunda crisis que afronta el capitalismo para encontrar, así, respuestas en profundidad.

Nadie puede negar hoy que la pandemia del coronavirus tendrá importantes consecuencias económicas a nuestro entorno y en el ámbito global. Y no lo podemos negar porque trabajadores y trabajadoras ya están empezando a recibir los primeros impactos en forma de despidos, expedientes temporales de ocupación o no contrataciones de temporada. A las que mantienen el trabajo —trabajadoras de la salud, de comercios de alimentación o farmacia, cuidadoras de personas dependientes, entre otros—, además de la precariedad crónica, les aumentan los riesgos de trabajar sin las medidas de seguridad adecuadas. Las trabajadoras autónomas y pymes se preguntan como podrán hacer frente a facturas o pagar las nóminas si no tienen actividad económica a causa del confinamiento.

Pero nos haríamos un mal favor si identificáramos el coronavirus como la causa de esta crisis económica. Es evidente que la pandemia tiene y tendrá efectos directos sobre la economía, pero hace falta que lo analicemos con una mirada más global y más amplia, para alcanzar la dimensión de la crisis económica que se ha estado desarrollando más allá del coronavirus. Porque la pandemia del virus Covid19 está, en realidad, no solo causando una crisis por sí misma, sino desencadenando una crisis preexistente. Una mirada más larga nos permitirá identificar causas profundas de la también profunda crisis que afronta el capitalismo, para buscar así también respuestas en profundidad.

Covid-19 como desencadenante de una crisis de deuda

Probablemente recordéis la caída de Lehman Brothers en el 2008. Resulta obvio que la causa de aquella crisis financiera no fue la quiebra de una sola empresa, sino que el acontecimiento generó una reacción en cadena que desencadenó y agravó una situación de crisis ya preexistente. En inglés dicen trigger, desencadenante o disparadero. El Covid19 puede ser precisamente esto, un acontecimiento con enormes repercusiones en la economía productiva y reproductiva, pero también el desencadenante de una crisis más profunda que hace ya tiempo que se está cociendo. Un disparo en el corazón del capitalismo.

De hecho, ya hace tiempo que medios económicos, instituciones financieras internacionales, economistas ortodoxas y críticas, y organizaciones sociales, vamos diciendo que hay riesgo y signos de una nueva crisis económica y financiera. Uno de los elementos claves de esta crisis es el elevado nivel de deuda.

Nunca en la historia de la humanidad había habido niveles tan elevados de endeudamiento. En términos absolutos, la deuda global ha alcanzado los 253 billones de dólares el último trimestre de 2019, lo que equivale al 322% del PIB mundial. Es decir, la deuda a nivel global supera el triple de la riqueza producida en todo el mundo (tal y como se contabiliza a través del PIB, una medida muy ineficiente que, entre otras carencias, no considera el trabajo reproductivo y de cuidados, imprescindible para la sostenibilidad de la vida).

Este nuevo ciclo de endeudamiento, que se inicia el 2010 a consecuencia de las políticas monetarias en respuesta a la crisis de 2008 y del funcionamiento normal de una economía híper financiada es, según el Banco Mundial, más amplio geográficamente, más rápido y con niveles más elevados de deuda que cualquier otra oleada de endeudamiento pasada en tiempos de paz. Encontramos endeudamiento insostenible en países del Norte y del Sur global, y los niveles de deuda muy elevada se dan tanto en el ámbito público —con 72,7 billones de dólares (92.5% del PIB)— como privado, especialmente de empresas no financieras (con 69,3 billones de dólares, el 88.3% del PIB). También la deuda de las familias ha ido creciendo en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos de América, el Reino Unido y en países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, Malasia o China, reflotando la burbuja inmobiliaria.

COVID-19 como agravante de una crisis global

El coronavirus tiene un fuerte impacto en la economía real. Nos enfrontamos a una gran bajada del consumo a nivel global, en un contexto ya de por sí de reducción de la demanda por el estancamiento de los salarios. Obviamente, en situación de confinamiento o semiconfinamiento, se deja de consumir más allá del imprescindible. El turismo se para en seco, la gente deja de comprar coches y se posponen decisiones económicas importantes. Las empresas, que ven como las ventas se reducen, dejan de invertir, pagan con retraso a proveedores o incluso posponen compras importantes de suministros o equipos. En países donde hay confinamiento total, las industrias dejan de producir y servir mercancías, provocando roturas en las cadenas de producción. El impacto del coronavirus es simultáneo tanto en la demanda como en la oferta.

Como hemos dicho, esto sucede en un contexto de elevado endeudamiento corporativo. Por lo que, a medida que los ingresos se reduzcan, las empresas tendrán más dificultades de pagar las deudas acumuladas. El riesgo se multiplica si tenemos en cuenta que en muchos casos estas deudas ya eran, antes del coronavirus, de dudosa calidad, es decir, que el número de las llamadas empresas zombi es cada vez más elevado.

Las empresas zombi son aquellas en las que los beneficios no son capaces ni de cubrir los costes financieros, es decir, que no ganan ni para cubrir los intereses de sus deudas, de forma que sobreviven gracias a las continuas refinanciaciones de la deuda. En un contexto de incertidumbre como el actual, serán pocos los inversores y entidades financieras que se arriesguen a seguir manteniéndolas a flote.

En el ámbito público, los estados necesariamente tienen que aumentar el gasto sanitario y de otros ámbitos (prestaciones del paro, ayudas sociales, etcétera) para hacer frente a la situación del coronavirus. Los ingresos se reducirán, puesto que empresas y familias comprarán menos (inferior recaudación del IVA) y ganarán menos (inferior recaudación de IRPF e impuesto sobre sociedades) y por tanto los déficits se incrementarán, aumentando los —ya elevados— niveles de deuda pública. Esto es especialmente preocupante en los países más empobrecidos, como algunos de África Subsahariana, o a otros países de rentas medias como Argentina, Líbano o Egipto, en situación ya de crisis de deuda.

Finalmente, la incertidumbre genera pánico y caídas masivas en las bolsas y, la carencia de regulación, la proliferación de fondo buitres y operaciones especulativas. La misma incertidumbre hace aumentar las primas de riesgo y por tanto incrementan los costes para los estados y empresas para refinanciar sus deudas. Todo ello en una economía financiarizada, y por tanto, altamente vulnerable a las incertidumbres y volatilidad de los mercados financieros. Y muy globalizada, donde el virus no solo no conoce fronteras, sino donde además la recesión económica se contagia rápidamente de un país al otro.

COVID-19 como síntoma

Hay que mencionar también la dimensión de la crisis del coronavirus como síntoma del capitalismo neoliberal y las políticas de austeridad que, durante décadas, han ido minando la capacidad del sistema sanitario para abordar una crisis como la actual. Aquellos países con mayores niveles de deuda han sido los que más han reducido sus inversiones en sanidad, y en los que la crisis del coronavirus será más difícil de afrontar. El delirio de la austeridad no solo ha afectado la capacidad de los sistemas públicos sanitarios, sino también a los niveles de protección social, incluyendo subsidios de paro, pensiones o ayudas por la población más vulnerable, no solo a nuestro país sino, especialmente, en los países más empobrecidos.

La reducción de la demanda a escala global, además, provocará un mayor descenso en las exportaciones y precios de las materias primas, especialmente grave para los países del Sur. Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI han recomendado a los países empobrecidos aprovechar sus recursos naturales para fomentar un crecimiento económico basado en exportaciones de combustibles fósiles, de minerales, soja o aceite de palma, entre muchos otros.

Tal como informa Eurodad, el número de países dependientes de la exportación de materias primas se ha incrementado de 92 al 2002 a 102 al 2017, y a causa del coronavirus habrá una reducción de más de 50.000 millones de dólares en exportaciones globales. Solo China importaba del resto del mundo, antes de la crisis, por valor de 1,7 billones de dólares. Desde el inicio de año, las importaciones en China se han reducido un 4% y los precios de materias primas han caído un 30%. La reducción de la demanda a escala global, sin lugar a dudas, reducirá los ingresos en estos países, que afrontarán —todavía más— dificultades para pagar sus deudas externas.

La Xarxa d'Economia Social i Solidaria (XES) denunciaba que el Covid19 no cae del cielo, sino que es consecuencia de un sistema capitalista patriarcal, productivista y devastador, que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo virus y bacterias. El urbanismo y la deforestación asociada al desarrollo capitalista "está obligando a muchos de estos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que multiplica las probabilidades de que microbios, que para estas especies son benignas, pasen a las personas y muten en patógenos”, afirma el comunicado de la XES.

¿Covid-19 como oportunidad?

La crisis del coronavirus pone en evidencia las limitaciones y riesgos, a nivel humano y social, pero también económico, del sistema capitalista. Nos pone frente al espejo de lo que puede ser el futuro en un marco de emergencia climática. En un escenario de crecientes fenómenos climáticos extremos, solo un estado del bienestar fuerte, sistemas de protección social suficientes y un tejido comunitario y socioeconómico resiliente nos permitirá hacer frente a la creciente vulnerabilidad.

a economía de mercado muestra, en momentos como el actual, el sinsentido de un sistema financiero especulativo y volátil. Se hace evidente que el capitalismo financiarizado y globalizado es uno de los peores sistemas para hacer frente a situaciones de crisis humanitaria como la que plantea la pandemia del Covid19 o la emergencia climática. Los problemas se contagian rápidamente, la incertidumbre se convierte en histeria en los mercados financieros, las dependencias de importaciones y exportaciones se vuelven vulnerabilidades y la deuda insostenible se convierte en un peso imposible de seguir cargando.

Ante estas evidencias, es el momento de poner en valor los beneficios de una nueva economía de circuito corto, que produzca bienes y servicios que respondan a las necesidades de las personas y no a las posibilidades de rentabilidad de la inversión; una economía ecofeminista que respete los límites materiales del planeta, eliminando la dependencia de los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones al mínimo, y que ponga en valor y democratice las tareas de cuidado y reproducción. una economía desfinanciarizada, en la que las instituciones financieras, públicas y cooperativas, dejen de responder a la dinámica especulativa y estén al servicio de la economía productiva y reproductiva.

Ahora es el momento de poner en marcha un plan de choque social que rescate las personas en el corto plazo, pero también de un plan para construir una nueva política económica transformadora, desde lo local, el cooperativismo y la construcción de soberanías. Lo que nos permitirá salir de esta nueva crisis sin incrementar la crisis climática no será fomentar el consumo y crecimiento desmedido. Será un decrecimiento que incorpore medidas e inversiones que faciliten la transición industrial, energética, comercial y agrícola. Esta apuesta por un nuevo modelo económico, compatible con la vida y el planeta, no puede ser tímida. En tiempos de crisis, o somos osadas, o barbarie. ¿Nos ponemos a ello?

 

Por Iolanda Fresnillo

LA Directa

18 mar 2020 05:00

La directa

Artículo original publicado en La Directa y traducido por El Salto.

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Barrios en Mumbai. Foto cortesía de @johnny_miller_photography

Un nuevo estudio de la Universidad de Leeds calcula la distribución de la huella energética entre distintos países y grupos de ingresos.

En tiempos de crisis climática -y en estos momentos, sanitaria- los que más sufren son los que menos responsables del desastre y los que menos recursos tienen. La energíael sector que más contribuye en España al calentamiento global de la atmósfera, es el ejemplo perfecto para mostrar la enorme disparidad entre los que más tienen y los que menos: el 10% más rico consume aproximadamente 20 veces más energía que el 10% más pobre.

Así lo concluye un estudio publicado este lunes en la revista científica Nature Energy. Realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Leeds, combinaron los datos de la Unión Europea y del Banco Mundial para calcular la distribución de las huellas energéticas y conocer en qué bienes y servicios de alto consumo energético tienden a gastar su dinero los diferentes grupos de ingresos. En total, se analizaron 86 países, desde los muy industrializados hasta los que están en vías de desarrollo, revelando una extrema disparidad en los resultados, tanto dentro de los países como a nivel mundial.

A medida que aumentan los ingresos, apunta el estudio, la gente gasta más de su dinero en bienes de alto consumo energético, como paquetes de vacaciones o vehículos, lo que conduce a una gran desigualdad energética. En este sentido, los autores hallaron que el 10% más rico de los consumidores con más recursos utilizan 187 veces más energía de combustible para vehículos que el 10% más pobre.

Enorme brecha energética en el transporte

Aunque las desigualdades son patentes en todos los sectores de consumo, es en el transporte donde se hace más evidente. Según la investigación, el 10% de los consumidores más ricos usaron más de la mitad de la energía relacionada con la movilidad, estando la gran mayoría basada en combustibles fósilesEstos últimos generan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas a nivel global. En cuanto a aquellos combustibles usados en el hogar, ya sea para cocinar, la calefacción o la electricidad, se distribuyen de forma mucho más equitativa: el 10% más rico consume aproximadamente un tercio del total.

«Sin reducir la demanda de energía» de sectores como el transporte, «ya sea mediante gravámenes a los viajeros frecuentes, la promoción del transporte público y la limitación del uso de vehículos privados, o la tecnología alternativa como los vehículos eléctricos, el estudio sugiere que a medida que los ingresos y la riqueza mejoren, nuestro consumo de combustibles fósiles en el transporte se disparará», señala Yannick Oswald, autor principal del estudio. En el caso de la calefacción y la electricidad, el estudio apunta a que podría reducirse mediante programas de inversión pública a gran escala para la rehabilitación de viviendas.

Desigualdad energética entre países

El estudio pone también en relieve la distribución desigual de la huella de energía entre los distintos países analizados. Mientras que el 20% de los población española y británica pertenece al 5% de los principales consumidores de energía, en Alemania esta cifra asciende hasta el 40%, y en el caso de Luxemburgo al 100%. Estos datos contrastan con los de China, donde sólo el 2% de la población está en ese 5%, y con lo de India, donde la cifra se sitúa en el 0,02% de la población.

Estas grandes diferencias se hace aún más palpables al constatar que el 20% más pobre de la población del Reino Unido sigue consumiendo más de cinco veces más energía por persona que el 84% más pobre de la India. 

Asegurar una transición energética justa

Durante la última Cumbre de Clima celebrada en Madrid, un informe de Oxfam Intermon ponía en evidencia cómo la desigualdad extrema y la crisis climática van de la mano, siendo imposible entender la una sin la otra. Así, la investigación señalaba que solo el 10% más rico del planeta es 60 veces más responsable de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera que el 10% más pobre. En el caso de España, las emisiones por consumo del 10% de los hogares más ricos superan en 2,3 veces las del 10% más pobre.

En esta línea se manifiesta la doctora Anne Owen, coautora de la investigación. «El crecimiento y el aumento del consumo siguen siendo objetivos centrales de la política y la economía actuales», afirma. Para ella, «la transición a una energía con cero emisiones de carbono se verá facilitada por la reducción de la demanda, lo que significa que los principales consumidores desempeñarán un papel importante en la reducción de su consumo excesivo de energía».

Desde el equipo investigador advierten de que si no se reducen el consumo y no se realizan intervenciones políticas de calado, para 2050 -cuando el mundo debe alcanzar la neutralidad de emisiones- la huella de energía podría duplicarse con respecto a las de 2011, aunque mejore la eficiencia energética.

En esta línea, podría haber un aumento del 31% del consumo atribuido sólo al combustible de los vehículos, y otro 33% a la calefacción y la electricidad. Si el transporte sigue dependiendo de los combustibles fósiles, «este aumento sería desastroso para el clima«, señala el estudio.

Otra de las autoras del estudio, la profesora de Ecología Social y Economía Ecológica Julia Steinberger, incide en la idea de adoptar medidas detalladas sobre esta desigualdad para garantizar una transición energética equitativa y justa. Por ello, apunta a la necesidad de «considerar seriamente» el hecho de cómo «cambiar la distribución sumamente desigual del consumo mundial de energía y hacer frente al dilema de proporcionar una vida decente para todos y al mismo tiempo proteger el clima y los ecosistemas». 

Si bien es crucial pensar en términos de emisiones para la mitigación del cambio climático, esto pasa a ser secundario cuando se piensa en los niveles de vida, remarcan los autores.

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/el-10-mas-rico-consume-aproximadamente-20-veces-mas-energia-que-el-10-mas-pobre/

Por Eduardo Robaina | 17/03/2020

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La Fed baja su tasa de referencia a nivel no visto desde 2008

Washington. En una nueva apuesta por salvar la economía estadunidense de las consecuencias del nuevo coronavirus, la Reserva Federal (Fed) redujo este domingo su tasa de interés de referencia en casi un punto porcentual y la situó en un rango de cero a 0.25 por ciento, con lo cual la llevó a un nivel no visto desde el 16 de diciembre de 2008.

El pasado 3 de marzo, en una reunión extraordinaria, el banco central de Estados Unidos la redujo medio punto porcentual y se colocó en un rango de uno a 1.25 por ciento, en lo que fue el primer recorte de emergencia desde la crisis financiera de 2008.

Una tasa de referencia actúa como parámetro de las que fijan los bancos a sus clientes. Al estar en un nivel más bajo se busca alentar la solicitud de préstamos para crear más dinamismo en la economía.

En ese sentido, el banco central también reducirá los requerimientos de reserva de los bancos a cero por ciento, medida que será efectiva desde el próximo 26.

"Esta acción elimina los requerimientos de reserva para miles de instituciones y ayudará a apoyar el préstamo a hogares y empresas", explicó.

La Fed prometió aumentar sus tenencias en valores respaldados por el Tesoro y las hipotecas en al menos 700 mil millones de dólares.

En un comunicado, argumentó que el Covid-19 ha causado disrupción económica en varios países, incluido Estados Unidos, y que las condiciones globales han resultado significativamente afectadas.

“Los efectos del nuevo coronavirus pesarán sobre la actividad económica a corto plazo y representan riesgos para las perspectivas de la economía. A la luz de esos desarrollos, el comité decidió disminuir su rango objetivo.

"El comité espera mantener este rango objetivo (de tasas) hasta que esté seguro de que la economía ha incorporado los eventos recientes y se encuentra en curso para lograr sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios."

Más tarde, en conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que el impacto económico del Covid-19 en Estados Unidos se sentirá en el segundo trimestre del año.

"La actividad entre abril y junio será débil y la posibilidad de recesión este año dependerá de cuánto se tarde en contener la pandemia", subrayó Powell.

El presidente Donald Trump calificó la determinación de la Fed de "muy buena noticia".

Por la mañana, el secretario estadunidense del Tesoro, Steven Mnuchin, declaró a ABC que no esperaba una recesión en la economía estadunidense y sólo predijo una "desaceleración".

Durante la jornada también se anunció que la Fed y los banco centrales de Canadá, Europeo, Inglaterra, Japón y Nacional de Suiza redujeron los precios de sus líneas swaps –acuerdos para intercambio de monedas– para facilitar la provisión de dólares en los mercados.

El Foro de Servicios Financieros de Estados Unidos informó que sus ocho miembros –JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon y State Street– detendrán sus planes de recompra de acciones hasta el 30 de junio y utilizarán el capital liberado para otorgar préstamos a personas y empresas afectadas por la crisis originada por la pandemia.

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¿Estabilización o desmantelamiento? Las medidas de apertura económica en Venezuela.

Un complejo coctel de fenómenos y medidas parece estar reanimando la economía venezolana y dando un respiro a los sectores populares, pero también transformando al llamado “socialismo del siglo XXI” en una estructura que tiene cada vez menos que ver con la utopía chavista.

El segundo gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en enero de 2019, ha implicado un cambio rotundo con respecto al modelo económico de su primer período (2013-2018), en línea con lo anunciado ya en agosto de 2018 con el llamado Plan de Recuperación Económica. Si bien las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense de Donald Trump han atado de manos al gobierno en muchos aspectos, también es verdad que, en paralelo al recrudecimiento de esas sanciones durante 2019, la situación económica venezolana ha venido, paradójicamente, estabilizándose. Un dato más asombroso todavía si recordamos que Rusia y China cerraron su línea de crédito a Caracas hace ya varios años y que la empresa estatal de petróleo del país caribeño no ha logrado salir del atolladero en el que cayó durante el primer gobierno de Maduro.

¿A qué se debe entonces la actual sensación de mejoría en lo económico, que ni los más apocalípticos opositores pueden negar?

¿DEL DESASTRE A LA ESTABILIDAD? 

En su segundo mandato, después del desastre económico del primero, Maduro ha mostrado una tendencia a aplicar medidas de apertura y liberalización que desatan los nudos gordianos traídos por los obsesivos controles económicos estatales.

Las actuales medidas para desmontar este sistema de control implican una apertura económica radical que en cualquier país sería catalogada por la izquierda como “neoliberalismo salvaje”. Son la respuesta a un consenso del que participan economistas de derecha y del gobierno, como Jesús Farías. Las disposiciones incluyen la eliminación definitiva y legal del control de cambios y del control de precios, privatizaciones como la de la cadena de automercados Bicentenario (expropiada por Chávez), la eliminación de aranceles para la importación y algo impensable durante el primer gobierno de Maduro: disciplina fiscal y la paralización de la reproducción alocada de dinero sin respaldo en la economía real (o inorgánico) que terminó en la peor hiperinflación del mundo. Durante la transición hacia el nuevo modelo liberal, Maduro reconoció en agosto de 2018 que en su primer gobierno financió el gasto público con la emisión de dinero inorgánico (lo que es penado por ley), pero que en esta nueva etapa impondría “disciplina fiscal prusiana”.

Todo ello en un escenario social en el que el sueldo mínimo cayó de casi 250 dólares en 2012 a sólo cinco en 2015.

La importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad ha sido declarada libre de impuestos en 3.275 categorías de productos con el argumento de intentar eludir el bloqueo financiero. Y a juzgar por la cantidad de productos importados que inundan el mercado venezolano, parecería estar lográndolo, aunque con ello deprima aun más la producción nacional.

Un factor central para entender la sobrevivencia del venezolano es que la pauperizada economía nacional comienza a adaptarse a nuevos tipos de ingresos de divisas. Aunque incomparables a la otrora renta petrolera, estos nuevos ingresos están signados por las remesas enviadas por los migrantes venezolanos, la repatriación de capitales por goteo y el nuevo impulso a la extracción de oro, entre otros.

DESPUÉS DEL PETRÓLEO. 

Las remesas, particularmente, contribuyen a que los nuevos ingresos no se queden en las cúpulas políticas o económicas, lo que genera un burbujeo en todo el tejido social. Con el Estado ya lejos de ser la principal fuente de ingresos directos como antaño, la remesa ha pasado a ocupar su lugar. Quizá no tanto por el volumen, sino por su capacidad de irrigación directa a los sectores más necesitados.

Es imposible tener estimaciones certeras del volumen de las remesas. El control de transacciones facilitó triangulaciones bancarias de diversa índole que permitieron llevarlas a cabo sin ningún control estatal. No obstante, diversos actores, incluso contrarios políticamente, proponen cifras relativamente parejas. Algunos calculan que el ingreso supera los 3.700 millones de dólares anuales, y otros, que podría estar acercándose a 6.000 millones en 2020. Otras estimaciones afirman que ya sobrepasa el total de exportaciones no petroleras. Hay economistas que calculan que los venezolanos envían en promedio entre 5 y 6 mil dólares por año cada uno, una cifra que puede ser exagerada para quienes envían remesas desde países periféricos. En un intento por conseguir información pregunté a varios familiares de migrantes pertenecientes a los sectores populares que reciben remesas y, entre quienes me respondieron, el mínimo recibido fue de 50 dólares mensuales, lo que representa diez meses de sueldo mínimo.

La Onu maneja el dato de que han emigrado más de 4 millones de venezolanos. Tomando en cuenta que la finalidad principal de esta migración masiva venezolana ha sido producir ingresos para transferir remesas, podemos imaginar que el impacto de estas permite hasta cierto punto sustituir el que otrora tenían los empleos estatales. Antes de la crisis, el Estado era el principal empleador y los puestos públicos se estimaban en 2 millones.

Otra nueva fuente de divisas es lo que llamamos “repatriación de capitales por goteo”. No encontramos cifras confiables sobre esto. Históricamente las clases alta y media alta, así como los sectores emergentes, llevaron sus ahorros y su capital hacia el exterior con el fin de atesorarlos en dólares y en un país confiable. Muchos de estos sectores aún viven en Venezuela y van trayendo mensualmente o incluso semanalmente pequeñas dosis de sus ahorros, pues, una vez convertidos a la moneda local, estos son disueltos por la inflación. El más reciente mecanismo que comprueba estas “microrrepatriaciones” es la utilización de la plataforma Zelle como forma de pago en diversos locales comerciales, especialmente en las zonas de clase media y alta. Se trata de una red de pagos que requiere disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos y que no cobra comisiones por la transferencia.

La diferencia con el período previo a la crisis es que quienes fugaban capital, de manera más o menos fraudulenta, ahora lo repatrían no para grandes inversiones, pero sí en pequeñas dosis y hasta pequeñas inversiones como las que se ven con el auge en la oferta de restaurantes y lugares de diversión en las principales ciudades. Jesús Farías, exministro de Economía de Maduro y uno de los principales impulsores de la nueva etapa económica lo explica de esta manera: “Los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlos en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado” (Banca y Negocios, 10-I-20).

Este proceso está generando algunas burbujas de consumo que develan nuevas formas de desigualdad en un ambiente ya ideológicamente posterior a los planteamientos de Chávez, y en el que participan viejas elites junto con nuevos ricos formados, fraudulentamente, en el chavismo y el adequismo.Todo ello, mientras los dirigentes políticos del chavismo apuestan al nacimiento de una “burguesía revolucionaria”, tal como la denominó el ministro de Tierras, Castro Soteldo.2

Ante la caída de la producción petrolera el gobierno impulsó la extracción del oro en el arco minero, que también está generando nuevos ingresos, aunque con consecuencias nocivas visibles en materia ecológica, que era otra bandera del discurso propiamente chavista. Con la minería de criptoactivos amparada legalmente y un precio irrisorio de la electricidad, Venezuela se ha convertido en un país con condiciones favorables para estas operaciones, y es el tercero en el ranking mundial en el uso de criptomonedas.

Todo ello va aportando a la creación de una nueva economía nacional en la que ni el Estado ni el petróleo figuran como protagonistas.

Algo muy notable de esta transición económica es la ausencia de datos para producir confianza en torno a la balanza de pagos, que es muy difícil de calcular con la situación actual, pero de la que se evidencia un equilibrio. Los datos oficiales publicados hasta el momento generan mucha desconfianza, dada la política del gobierno de no reconocer la gravedad de la situación. Es posible que nadie tenga la información real sobre los nuevos ingresos del país, especialmente de las remesas desde el exterior, pero tampoco sobre el oro y otros rubros que se están exportando. El gobierno parece independizado del Estado y no rinde cuentas a nadie.

UNA ECONOMÍA DOLARIZADA. 

La crisis venezolana fue ampliamente divulgada por los medios internacionales durante el primer mandato de Maduro (2013-2018). Los servicios del Estado colapsaron, la migración se contó por millones, la desnutrición se generalizó en sectores enteros de la población. Un ejército de hambrientos invadió los basureros.

La situación hoy parece ser otra. Las medidas de liberalización han abatido la escasez. Ya no existen las colas. La inflación aún es alta, pero las oficinas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, registran que en 2019 la tendencia fue hacia su disminución en comparación con 2018 y años anteriores. Tomando en cuenta que la hiperinflación implica sobrepasar un 50 por ciento de inflación mensual, según estos datos sólo existió un mes con hiperinflación en todo el año.

El cambio se percibe cotidianamente. Se nota mayor capacidad adquisitiva incluso en sectores empobrecidos. El transporte público superficial ha venido mejorando. Muchos sectores del comercio sobrevivieron los peores años de la crisis y comienzan a revitalizarse. El dólar es usado en todos los estratos sociales. Hay nuevos negocios y comercios. El discurso de la crisis humanitaria se ha hecho insostenible y ha salido de la boca de los políticos de oposición.

Han aparecido burbujas de consumo en centros financieros o turísticos del país. Así, algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades grandes se han llenado de negocios caros, carros lujosos, edificios de alta gama y un consumo irrefrenable de productos importados. Igual en sectores turísticos. Siempre con el dólar como sustituto ya legal del bolívar, que está quedando confinado a circuitos marginales, en un proceso de dolarización irrefrenable reconocido abiertamente por Maduro en noviembre del año pasado. Pero la dolarización no es sólo de ricos o nuevos ricos. Muchos servicios hoy facturan en divisas. Son varios los oficios y profesiones que cobran en dólares, desde ejecutivos hasta mecánicos y costureras.

Los buhoneros, manteleros o comercios informales de la calle aceptan dólares. Los marchantes que venden caramelos y chupetas hacen promociones para facilitar la venta en divisas. Cualquier puesto en mercados populares acepta y da vueltos en dólares. Las propinas también se están dando en esta moneda en muchos espacios.

Es verdad que el Estado todavía paga en bolívares los sueldos irrisorios de sus trabajadores, incluyendo los de los principales prestadores de servicios como enfermeras, médicos y docentes, así como policías y otros. Pero también es verdad que muchos de ellos cobran servicios en dólares por fuera de su trabajo en el Estado. Los maestros reciben en dólares las clases particulares. Enfermeras y médicos tienen trabajos paralelos en los que hacen lo mismo. La policía cobra sus coimas también en dólares. Jubilados y trabajadores públicos tienen negocios de comercio informal con el que atrapan divisas.

En líneas generales, quedan muy pocos que vivan de los sueldos del Estado.

Según Datanálisis, una importante firma de investigación económica, más del 40 por ciento de la población utiliza el dólar.

Podría aducirse que la mejoría puede ser sólo una sensación, pero la triangulación de datos realizada sugiere que esa sensación tiene un sustento real.

Es cierto que Caracas se ha vuelto una gran burbuja que parece no estar afectada por la grave crisis del interior del país, sobre todo en la esfera de los servicios públicos y signada por la falta de gasolina. Pero también es cierto que los nuevos ingresos a los que hemos hecho mención están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso hay territorios, como los de frontera y los de explotación del oro, donde se evidencia un poder adquisitivo en aumento. Atrás quedaron las imágenes diarias de saqueos en carreteras y pueblos del interior del país que pudimos ver desde 2016 hasta 2018.

Ha habido un debate sobre el auge de los bodegones (ventas de productos exclusivamente importados). Para los economistas del gobierno son síntoma de recuperación económica, para otros analistas son el mejor ejemplo del fin de la revolución y el auge de una división de clases tajante y problemática.

En la actualidad, y a pesar de estos bruscos cambios económicos, el principal problema inmediato no parece ser la desigualdad social en crecimiento. El país tiene varios años siendo completamente pobre, y ahora resulta que hay ricos que también fueron golpeados por la crisis de diversas formas y cuyo consumo no tenía el grado de visibilidad que ahora tiene con estas grandes burbujas y bodegones. Pero, por ahora, el tema central no es la desigualdad, puesto que esta termina invisibilizándose en la medida en que las clases pobres y medias aumentan su consumo en comparación con los peores años de la crisis (2013-2018).

El desafío más acuciante y verdadero signo de esta época es el colapso general de los servicios públicos y la incapacidad del Estado para enfrentarlo. El gobierno ya no tiene posibilidad de agenciar los servicios públicos, lo que abre una era de micro- y macroprivatizaciones. Quien tiene dinero para pagar podrá contar con salud, transporte, educación, luz y agua. Quien no tenga, la tendrá mucho más difícil. Las arcas estatales han quedado desprovistas. Las misiones sociales que fueron la política asistencial exitosa de Chávez han venido debilitándose de manera importante, centros médicos emblemáticos como el que quedaba en el corazón de la clase media alta de Caracas, en las Mercedes, está cerrado hace tres años, las decenas de médicos cubanos que allí laboraban se han retirado. Como ese, muchos otros centros de salud y educativos propios de las misiones sociales han cerrado.

Por todo esto, los sectores vulnerables irán engrosando grandes bolsones de pobreza que seguro impactarán en los próximos decenios en la vida del país, pero, por ahora, el cambio económico genera algo de oxígeno a todas las capas sociales, de manera directa o indirecta.

Ciertamente, el estatismo extremo ahogó la economía venezolana y la llevó al quiebre antes de las sanciones. En cambio, el desmonte de los controles estatales y la imposición de medidas liberales han dado un respiro a la economía, sobre todo la de los más pobres. Esto desata un debate sobre el éxito de ciertos modelos económicos y la deseabilidad de cierto tipo de controles, pero, principalmente, sobre el modelo del Estado y su relación con la economía y la sociedad.

El debate no es sólo sobre Venezuela. Un nuevo ciclo progresista en América Latina debe salir de los dogmas para confrontar una situación regional donde campea el libre mercado salvaje, y no permitir la disolución del Estado como ente mediador o colchón para la pobreza estructural que el primer ciclo de Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner apenas pudo calmar temporalmente. El nuevo ciclo revitalizado en Argentina y México no parece aún tener al respecto una dirección clara. ¿Puede la izquierda emprender cambios profundos en la economía latinoamericana o terminará muriendo en el libre mercado por puro miedo a repetir la experiencia venezolana? Todo esto convendría pensarlo en el marco del fracaso del neoliberalismo evidenciado con las protestas de Chile, Ecuador y Colombia, entre otras, a finales de 2019.

Por Ociel Alí López

13 marzo, 2020

  1.   Designación derivada de Acción Democrática, partido político que tuvo el poder durante los 40 años previos a Chávez y aún cuenta con un poder político importante.
  2.            Así propone Castro Soteldo en la entrevista de Latina 102.1 FM, del 11-IX-19. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=cNqWSL8XdkI›

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Miércoles, 04 Marzo 2020 06:13

En guerra con la vida

Descontaminación de algodón en una hilandería en India.

Cuanto de forma más veloz se destruyen y se ponen en riesgo las bases materiales que sostienen la vida, más sanas están las economías

Los informaciones colaterales a la crisis del coronavirus arrojan cuestiones interesantes desde la perspectiva del ecologismo social y me animan a compartir con vosotros y vosotras algunas reflexiones.

Un informe de Carbon Brief destaca que las emisiones de CO2 de China se han reducido un 25% en las últimas dos semanas y el tráfico en la ciudad ha caído en torno a un 40% en Shanghái. Se debe, sobre todo, a la bajada de la demanda eléctrica, que ha  arrastrado a la baja el uso de carbón en centrales térmicas. Tanto las refinerías de petróleo como los fabricantes de acero presentan una significativa caída y el número de vuelos domésticos ha decrecido un 70%. 

El informe también desvela que el coronavirus ha reducido las emisiones globales de CO2 en 100 millones de toneladas, un 6% del total en ese período, y ha desencadenado una disminución considerable de los niveles de otros contaminantes atmosféricos, hasta un 36% en el caso del dióxido de nitrógeno.

Por supuesto, se trata de un proceso esporádico que desaparecerá en cuanto se resuelva  la emergencia sanitaria y se retome la actividad económica.

Si merece la pena detenerse un rato a pensar en esto, es porque nos enfrenta al dilema crucial de nuestra crisis civilizatoria: la economía convencional está en guerra con la vida. Cuando va bien, la vida corre peligro, cuando entra en crisis se recrudecen los procesos de desposesión pero es cuando tenemos que aprovechar para respirar. O dicho de otra manera, cuanto peor, mejor. Cuanto de forma más veloz se destruyen y se ponen en riesgo las bases materiales que sostienen la vida, más sanas están las economías.  

Javier Padilla en su libro ¿A quién estamos dejando morir? recuerda un hecho que sorprende por lo contraintuitivo: son las épocas expansivas más que las recesivas las que tienden a tener efectos nocivos sobre la salud. A mí me llamó la atención esta afirmación y busqué documentación al respecto. Así me encontré con un artículo de José A. Tapia en la revista Papeles en el que afirmaba que este fenómeno se ha comprobado en Estados Unidos, Japón, Alemania, España, Finlandia y los 28 países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tomados en conjunto, y también en países de menor nivel de ingreso como Argentina, México y Corea del Sur.

Esta situación también afecta con frecuencia a los derechos sociales y laborales en la era del neoliberalismo. La llamada recuperación económica, la reanimación de la economía después de la última gran crisis, ha ido acompañada de un proceso de fragilización del derecho del trabajo, de las dificultades de muchas personas para conseguir una vivienda digna o mantener la que tiene, la pobreza energética o, de nuevo, el endeudamiento. Para recuperar la economía, es preciso empobrecer a la gente y a sus territorios.

Tenemos un problema civilizatorio: el haber construido la organización material de las sociedades en contra de la naturaleza de la que formamos parte y en contra de los vínculos y las relaciones que sostienen la vida.

En un texto que me encanta, hace ya diez años, Fernando Cembranos decía:

“Si se mira la realidad, sin dejarse llevar por la valoración de la economía convencional, se observa que una enorme máquina (formada por autopistas, fábricas, urbanizaciones, parkings, excavadoras, antenas, pegotes de chapapote, grúas, monocultivos, vertederos, centrales térmicas y residuos radiactivos entre otros), crece y crece comiéndose la riqueza ecológica (base de la vida) que encuentra a su paso: la capacidad de realizar la fotosíntesis, los ríos limpios, las relaciones comunitarias, las variedades de semillas, los bosques autóctonos, las relaciones cara a cara, la biodiversidad, los juguetes autoconstruidos, los caminos de tierra, los animales de los que tuvimos noticia en nuestra infancia, las maneras poco costosas (energéticamente) de calentarnos y enfriarnos, las aguas subterráneas no contaminadas, la fertilidad del suelo, etc. El metabolismo de la sociedad tecno-industrial se alimenta de los elementos que generan la vida mientras y va dejando atrás residuos tóxicos, desiertos, suelos pobres y contaminados, riberas muertas, superficies cementadas, radiactividad, mentes homogéneas y un futuro incierto para la mayor parte de las personas y las especies de la Tierra.”

La racionalidad económica dominante camufla las pérdidas y destrozos de las bases materiales que sostienen la vida como desarrollo. La extracción y degradación de materiales finitos de la corteza terrestre, la apropiación y privatización de los bienes comunes y, por tanto, la desposesión y generación de escasez para la mayor parte de la gente, la emisión de residuos y la ruptura de los ciclos de materiales de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos naturales son la contrapartida del crecimiento económico en un planeta con límites.

Los intereses económicos crecen con frecuencia a costa del miedo y la inseguridad. El abordaje de las migraciones como una amenaza convierte a las personas migrantes en la materia prima de un negocio boyante de la seguridad de fronteras; la pobreza relacional y comunitaria y la crisis de cuidados ofrecen “oportunidades” y crea nuevos nichos de negocio ante los que determinados intereses se frotan las manos. Incluso para que el negocio de la estética del cuerpo crezca, la economía y el aparato publicitario nos tiene que convencer previamente de nuestra fealdad y de la obligación de que los cuerpos, como las mercancías, tengan que estar siempre nuevos y flamantes. 

La sacralidad del crecimiento económico, la concepción de la economía actual como la única posible se ha transformado en una verdadera religión civil. La mejora de los indicadores bursátiles, el crecimiento del PIB y sobre todo las cuentas de resultados de fondos de inversión y el reparto de dividendos exigen sacrificios. Merece la pena sacrificar todo con tal de que crezcan. Solo las ocasiones en las que la economía fracasa, los indicadores biofísicos mejoran. El problema es que se ha conseguido implantar en la cabeza de mucha gente que el interés de los dueños de las grandes compañías y fondos de inversión es lo mismo que el interés general.

Durante décadas, afrontar esta contradicción esencial ha sido el empeño de parte del movimiento ecologista y desde hace siglos la lucha central de pueblos originarios y sociedades que en las zonas que han sido históricamente utilizadas como minas y vertederos tratan de defenderse ante ella. 

De forma más reciente, una parte cada vez mayor de la comunidad científica está refrendando lo que las economías ecológica y feminista, que son dos visiones heterodoxas que se inscriben en la economía crítica, han venido señalando desde hace tiempo. 

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Trece tesis sobre la catástrofe (ecológica) inminente y los medios (revolucionarios) de evitarla

 I. La crisis ecológica está ya presente y se convertirá todavía más, en los meses y años próximos, en la cuestión social y política más importante del siglo XXI. El porvenir del planeta y de la humanidad va a decidirse en los próximos decenios. Los cálculos de algunos científicos en relación con los escenarios para el 2100 no son muy útiles, por dos razones: a) científica: considerando todos los efectos retroactivos imposibles de calcular, es muy aventurado hacer proyecciones de un siglo; b) política: a finales del siglo, todos y todas nosotros y nosotras, nuestros hijos y nietos habrán partido y entonces ¿qué interés tiene?

II. La crisis ecológica incluye varios aspectos, de consecuencias peligrosas, pero la cuestión climática es sin duda la amenaza más dramática. Como explica el GIEC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ndt], si la temperatura media sobrepasa más de 1,5 grados en relación con la del período preindustrial, existe el riesgo de que se desencadene un proceso irreversible de cambio climático. ¿Cuáles serían las consecuencias? A continuación se señalan algunos ejemplos: la multiplicación de mega-incendios como el de Australia; la desaparición de los ríos y la desertificación de los suelos; el deshielo y la dislocación de los glaciares polares y la elevación del nivel del mar, que puede alcanzar hasta decenas de metros, mientras que solo con dos metros amplias regiones de Bengala, de India y de Tailandia, así como las principales ciudades de la civilización humana –Hong-Kong, Calcuta, Viena, Amsterdam, Sangai, Londres, Nueva York, Río- desaparecerán bajo el mar. ¿Hasta dónde podrá subir la temperatura? ¿A partir de qué temperatura estará amenazada la vida humana sobre este planeta? Nadie tiene respuesta a estas preguntas…

III. Estos son riesgos de catástrofe sin precedente en las historia humana. Sería preciso volver al Plioceno, hace algunos millones de años, para encontrar una condición climática análoga a la que podrá instaurarse en el futuro gracias al cambio climático. La mayor parte de los geólogos estiman que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno, en el que las condiciones del planeta se han modificado por la actividad humana. ¿Qué actividad? El cambio climático empezó con la Revolución Industrial del siglo XVIII, pero fue después de 1945, con la globalización neoliberal, cuando tuvo lugar un salto cualitativo. En otros términos, es la civilización industrial capitalista moderna quien es responsable de la acumulación de CO2 en la atmósfera y, con ello, del calentamiento global.

IV. La responsabilidad del sistema capitalista en la catástrofe inminente está ampliamente reconocida. El Papa Francisco, en la Encíclica Laudatio Si, sin pronunciar la palabra capitalismo, denunciaba un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso, exclusivamente basado en “el principio de maximización del beneficio” como responsable a la vez de la injusticia social y de la destrucción de nuestra Casa Común, la Naturaleza. Una consigna universalmente coreada en las manifestaciones ecologistas en todos los lugares del mundo es: “¡Cambiemos el sistema, no el clima!” La actitud de los principales representantes de este sistema, partidarios del business as usual – millonarios, banqueros, expertos, oligarcas, politicastros- puede ser resumida en la frase atribuida a Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”.

V. El carácter sistémico del problema se ilustra cruelmente con el comportamiento de todos los gobiernos (con rarísimas excepciones) al servicio de la acumulación de capital, de las multinacionales, de la oligarquía fósil, de la mercantilización general y del libre comercio. Algunos -Donald Trump, Jair Bolsonaro, Scott Morrison (Australia)- son abiertamente ecocidas y negacionistas climáticos. Los otros, los razonables, dan el tono en las reuniones anuales de la COP (¿Conferencias de los Partidos o Circos Organizados Periódicamente?) que se caracterizan por una vaga retórica verde y una completa inercia. La de más éxito fue la COP21, en París, que concluyó con solemnes promesas de reducciones de emisiones por todos los gobiernos participantes -no cumplidas, salvo por algunas islas del Pacífico-; ahora bien, si se hubieran cumplido, los científicos calculan que la temperatura podría sin embargo subir hasta 3,3 grados suplementarios.

VI. El capitalismo verde, los mercados de derechos de emisión, los mecanismos de compensación y otras manipulaciones de la pretendida economía de mercado sostenible se han revelado completamente ineficaces. Mientras que se enverdece a diestra y siniestra, las emisiones suben en flecha y la catástrofe se aproxima a grandes pasos. No hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo, un sistema enteramente volcado al productivismo, al consumismo, a la lucha feroz por las partes de mercado, a la acumulación del capital y a la maximización de los beneficios. Su lógica intrínsecamente perversa conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas.

VII. Las únicas alternativas efectivas, capaces de evitar la catástrofe, son las alternativas radicales. Radical quiere decir que ataca a las raíces del mal. Si la raíz es el sistema capitalista, son necesarias alternativas anti-sistémicas, es decir anticapitalistas, como el ecosocialismo, un socialismo ecológico a la altura de los desafíos del siglo XXI. Otras alternativas radicales como el ecofeminismo, la ecología social (Murray Bookchin), la ecología política de André Gorz o el decrecimiento anticapitalista, tienen mucho en común con el ecosocialismo: en los últimos años se han desarrollado las relaciones de influencia recíprocas.

VIII. ¿Qué es el socialismo? Para muchos marxistas es la transformación de las relaciones de producción –mediante la apropiación colectiva de los medios de producción- para permitir el libre desarrollo de las fuerzas productivas. El ecosocialismo se reclama de Marx pero rompe de forma explícita con ese modelo productivista. Ciertamente, la apropiación colectiva es indispensable, pero es también necesario transformar radicalmente las mismas fuerzas productivas: a) cambiando sus fuentes de energía (renovables en lugar de fósiles); b) reduciendo el consumo global de energía; c) reduciendo (decrecimiento) la producción de bienes y suprimiendo las actividades inútiles (publicidad) y las perjudiciales (pesticidas, armas de guerra); d) poniendo fin a la obsolescencia programada. El socialismo implica también la transformación de los modelos de consumo, de las formas de transporte, del urbanismo, del modo de vida. En resumen, es mucho más que una modificación de las formas de propiedad: se trata de un cambio civilizatorio, basado en los valores de solidaridad, igualdad y libertad y respeto de la naturaleza. La civilización ecosocialista rompe con el productivismo y el consumismo para privilegiar la reducción del tiempo de trabajo y, así, la extensión del tiempo libre dedicado a las actividades sociales, políticas, lúdicas, artísticas, eróticas, etc., etc. Marx designaba ese objetivo con el término Reino de la libertad.

IX. Para cumplir la transición hacia el ecosocialismo es necesaria una planificación democrática, orientada por dos criterios: la satisfacción de las verdaderas necesidades y el respeto de los equilibrios ecológicos del planeta. Es la misma población –una vez desembarazada del bombardeo publicitario y de la obsesión consumista fabricada por el mercado capitalista- quien decidirá, democráticamente, cuales son las verdaderas necesidades. El ecosocialismo es una apuesta por la racionalidad democrática de las clases populares.

X. Para llevar a cabo el proyecto ecosocialista no bastan las reformas parciales. Sería necesaria una verdadera revolución social. ¿Cómo definir esta revolución? Podríamos referirnos a una nota de Walter Benjamin, en un margen a sus tesis Sobre el concepto de historia (1940) : “Marx ha dicho que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Quizá las cosas se presentan de otra forma. Puede que las revoluciones sean el acto por el que la humanidad que viaje en el tren aprieta los frenos de urgencia”. Traducción en palabras del siglo XXI: todas y todos somos pasajeros de un tren suicida, que se llama Civilización Capitalista Industrial Moderna. Este tren se acerca, a una velocidad creciente, a un abismo catastrófico: el cambio climático. La acción revolucionaria tiene por objetivo detenerlo, antes de que sea demasiado tarde.

XI. El ecosocialismo es a la vez un proyecto de futuro y una estrategia para el combate aquí y ahora. No se trata de esperar a que las condiciones estén maduras: hay que promover la convergencia entre luchas sociales y luchas ecológicas y batirse contra las iniciativas más destructoras de los poderes al servicio del capital. Es lo que Naomi Klein llama Blockadia . Es en el interior de las movilizaciones de este tipo donde podrá emerger, en las luchas, la conciencia anticapitalista y el interés por el ecosocialismo. Las propuestas como el Green New Deal forman parte de ese combate, en sus formas radicales, que exigen el abandono efectivo de las energías fósiles pero no en las que se limitan a reciclar el capitalismo verde.

XII. ¿Cuál es el sujeto de este combate? El dogmatismo obrerista/industrialista del pasado ya no es actual. Las fuerzas que hoy se encuentran en primera línea del enfrentamiento son los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los campesinos. Las mujeres están muy presentes en el formidable levantamiento de la juventud lanzado por el llamamiento de Greta Thunberg, una de las grandes fuentes de esperanza para el futuro. Como nos explican las ecofeministas, esta participación masiva de las mujeres en las movilizaciones proviene del hecho de que ellas son las primeras víctimas de los daños ecológicos del sistema. Los sindicatos comienzan, aquí o allá, a comprometerse también. Eso es importante, ya que, en último análisis, no se podrá abatir al sistema sin la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras de las ciudades y de los campos, que constituyen la mayoría de la población. La primera condición es, en cada movimiento, asociar los objetivos ecológicos (cierre de la minas de carbón o de los pozos de petróleo, o de centrales térmicas, etc.) con la garantía del empleo de los y las trabajadores y trabajadoras afectados.

XIII. ¿Tenemos posibilidades de ganar esta batalla antes de que sea demasiado tarde? Contrariamente a los pretendidos colapsólogos, que proclaman, a bombo y platillo, que la catástrofe es inevitable y que cualquier resistencia es inútil, creemos que el futuro sigue abierto. No hay ninguna garantía que ese futuro será ecosocialista: es el objeto de una apuesta en el sentido pascaliano, en la que se comprometen todas las fuerzas, en un trabajo por lo incierto. Pero, como decía, con una gran y simple prudencia, Bertold Brecht: “El que lucha puede perder. El que no lucha ha perdido ya”.

Por Michael Löwy

Mediapart

Mediapart.fr. Traducción: viento sur

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Los supermercados se abastecen de productos importados y cobran en dólares o su equivalente.

Dolarización informal para sectores altos y ayuda social para el resto de la población 

La transformación económica ha creado una estabilización de una franja social alta con viejos y nuevos integrantes, anaqueles llenos, y una desigualdad que la revolución había reducido.

El regreso de Juan Guaidó encendió titulares que pronto se apagaron. Su llegada no trajo anuncios sino promesas de próximas acciones sin fecha ni formato, las movilizaciones que debían darse no tuvieron lugar, y se regresó a un estado similar de cosas en la superficie del conflicto político.

La crisis de la oposición para movilizar a su base social tiene varios elementos, como la falta de credibilidad de los dirigentes, hojas de ruta casi idénticas sin resultados, y un hastío por las lógicas del conflicto. Ya no se cree, y se hace lo que les permite el nuevo escenario a los estratos acomodados: vivir las burbujas de vida y consumo en dólares que se han multiplicado en Caracas.

Se trata de una situación que se expandió y consolidó en el 2019 con un punto de quiebre en el apagón del mes de marzo, cuando emergieron los dólares ante la falta de medios de pago electrónicos y de bolívares en efectivo debido a la escasez de circulante. Los comerciantes comenzaron a cobrar y dar vuelto en dólares de forma abierta e informalmente autorizada.

El fenómeno se multiplicó desde una tienda de repuestos de motos en un barrio popular del oeste hasta en un centro comercial del este acomodado caraqueño. Precios marcados en dólares o al cambio en bolívares para ese día.

Las diferencias se edificaron alrededor de la tenencia de la moneda extranjera. La sociedad se compuso en tres sectores que, como tipos ideales, pueden sintetizarse en: quienes viven y piensan en dólares con cuentas generalmente en el extranjero, quienes trabajan para las franjas dolarizadas o reciben, por ejemplo, remesas, y quienes quedaron por fuera. Estos últimos son la mayoría.

Un sector de la base social opositora, históricamente de clases medias y altas, encontró su nuevo espacio de vida con nuevas comodidades: métodos de pago, como Zelle, entre cuentas en Estados Unidos para no tener que manejar efectivo en dólares, bodegones con productos importados como Nutella, Pringles y Kit Kat, nuevas tiendas de marcas de ropa extranjera.


Es la capital descrita por corresponsales extranjeros, el festejo del retorno al capitalismo promocionado por el portal Bloomberg o narrado con expectativa crítica -hablar de demasiada estabilidad sería darle crédito al gobierno- por el diario The New York Times.

Se trata del sector que protagonizó las convocatorias de la oposición en años anteriores. La combinación de burbujas dolarizadas junto con la crisis prolongada de resultados de la estrategia golpista generó una inmovilidad. Ni siquiera la fotografía con Donald Trump influyó una voluntad de protesta en quienes ven cómo, de a poco, regresa un antiguo orden de cosas donde tienen privilegios exclusivos sin sentirse amenazados.

Nicolás Maduro se refirió al fenómeno comúnmente llamado dolarización como una “autorregulación de una economía de resistencia” que, en los hechos, fue acompañada por medidas para favorecerla. ¿Por táctica? ¿Por estrategia? ¿Por necesidad? Existen diferentes valoraciones al respecto en el cuadro de un país sometido a un bloqueo económico y financiero.

La realidad es otra para la mayoría de la población que no se dolarizó o, en el caso de las zonas de frontera, no adoptó la moneda del país vecino. Es donde se encuentra el núcleo central del chavismo, estimado en alrededor de un 25 por cienbo, que se explica por factores como la identidad, la lealtad, la organización, el análisis, la no renuncia, y la naturaleza del antichavismo y su amenaza.

La cotidianeidad por esas calles es un enfrentarse a diario para conseguir transporte público, dinero en efectivo, los productos menos golpeados por la inflación. La política social del gobierno tiene su epicentro ahí, con alimentos subsidiados vía Comités Locales de Abastecimiento y Producción, bonos sectoriales, la política de viviendas o el beneficio general de la casi gratuidad de precios del agua, la luz, la electricidad y la gasolina.

Esa metamorfosis económica ha creado una estabilización de una franja social alta con viejos y nuevos integrantes, anaqueles llenos, una desigualdad que la revolución había reducido, en un país atravesado por desencantos políticos extendidos y trincheras de pasiones políticas.

La oposición, en ese contexto, atraviesa además una crisis de sus estructuras partidarias y una división entre dos bloques: aquel que se mantiene alineado a la estrategia norteamericana, con Guaidó como figura, y el que se alejó de esa apuesta.

Ese segundo sector ha crecido en volumen de actores políticos. Se opone al bloqueo económico y dialoga con el gobierno en el marco de las elecciones legislativas que tendrán lugar este año. De allí deberá nacer un nuevo Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a la contienda.

Esa elección, aún sin fecha, será el nuevo parteaguas político. El chavismo apuesta a ampliar la cantidad de factores que participen y ganar la mayoría: es la única fuerza que cuenta con una organización partidaria nacional, con presencia en los sectores populares a través de diferentes formas de organización y cuenta con la posición de fuerza que le da ser gobierno.

Estados Unidos ya ha dicho que no reconocerá esas elecciones. Eso, en términos del conflicto venezolano, significará, seguramente, un intento de operación violenta encubierta para buscar el derrocamiento o cambiar el curso de las tendencias y la correlación. Ante eso el gobierno desplegó este sábado el ejercicio militar llamado Escudo Bolivariano 2020.

Mientras esas tramas subterráneas se mueven, el país se reordena entre burbujas blindadas en dólares y batallas de cada día en bolívares.  

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EU inundado por sus deudas al consumo: deuda de los hogares rebasa los 14 millones de millones de dólares

Estados Unidos está inundado por sus estratosféricas "deudas al consumo": adeudos hipotecarios, deuda estudiantil (https://bit.ly/2wnyxSZ) y casi un millón de millones de dólares en tarjetas de crédito.

Las “deudas de los hogares (household debt)” representan mayormente "empréstitos para comprar casas o para refinanciar las hipotecas existentes", según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (https://nyfed.org/2St7BK2).

Mientras que la economía china se basa en el ahorro, la de EU exhibe una adicción al consumismo que representa alrededor de 80 por ciento de su PIB.

En forma ominosa, la "deuda de los hogares" alcanzó 14.15 millones de millones de dólares – ¡11.6 veces más que el PIB nominal de México!– al último trimestre de 2019 y es mucho mayor al anterior pico de 12.68 millones de millones de dólares del tercer trimestre del 2008: previo a la debacle financierista de Lehman Brothers.

¿Cuál será el límite de la deuda colosal de EU? El mayor componente de la "deuda del hogar" lo constituyen las hipotecas por 9.56 millones de millones de dólares (67.56 por ciento), y el restante está constituido por una variedad de adeudos: empréstitos de automóviles –que alcanzaron 1.33 millones de millones de dólares–, tarjetas de crédito y adeudos estudiantiles.

Wilbert Van Der Klaauw, vicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York comentó que los "orígenes hipotecarios que incluyen los refinanciamientos se incrementaron en forma significativa", así como los empréstitos para adquirir automóviles. Agregó que "desde 2016, notablemente entre los prestatarios más jóvenes", existe un fuerte número de "transacciones morosas" de los tarjetahabientes.

La morosidad –atraso de 90 o más días– de los millennials es casi el doble (9.36 por ciento) que el restante de los prestatarios (5.32 por ciento), lo cual exhibe un problema del sector de las tarjetas de crédito.

Wilbert Van Der Klaauw comentó que "los incrementos en la tasa de morosidad de las tarjetas de crédito" exhibe una de dos cosas: "a algunas partes de la población no les está yendo tan bien o es sólo el resultado de parámetros más relajados de los empréstitos".

El adeudo en tarjetas de crédito alcanzó 930 mil millones de dólares (https://on.wsj.com/2SKJoO8), mientras la proporción de "morosidad grave" se incrementó entre los millennials.

Los economistas de la FED juzgan que la "reclasificación de adeudos de algunas tarjetas de consumo de los almacenes como deudas de tarjetas de crédito, en lugar de una deuda de consumo sin tarjetas de crédito, explica parcialmente el incremento".

Yuka Hayashi de The Wall Street Journal –gran aliado de Trump– considera que ello se debe a que "los estadunidenses gastaron en forma agresiva (sic) en el contexto de una economía vigorosa y un robusto mercado laboral" cuando "el mes de enero agregó 225 mil empleos y la tasa de desempleo fue de 3.6 por ciento", mientras que los salarios se incrementaron 3.1 por ciento.

Hayashi exulta y exculpa que "el incremento en los balances de las tarjetas de crédito forma parte de la expansión continua del crédito al consumo visto en años recientes, que inició con el crecimiento de la deuda estudiantil y de los automóviles y que luego se trasladó a la deuda de hipotecas y de las tarjetas de crédito" cuando "la economía se encuentra en su onceavo año de expansión y el desempleo se encuentra casi a sus niveles más bajos de hace 50 años".

Sin duda, todo ello abona para un escenario de relección de Trump, de 73 años, quien espera la nominación de su contrincante del Partido Demócrata cuando el establishment ha empezado a mover la carta del multimillonario israelí-estadunidense Mike Bloomberg, de 78 años y con una fortuna de casi 62 mil millones de dólares (https://bit.ly/2SufOgN) quien pudiera ser acompañado por Hillary Clinton como candidata a la vicepresidencia (https://bit.ly/3bHQLhW).

¿Comprará Bloomberg la nominación con el fin de impedir el ascenso irresistible de Bernie Sanders (https://bit.ly/2HshbGB), admirable judío progresista de 78 años al que veneran los millennials y cuyo "socialismo" perturba a la omnipotente triada de Wall Street/Silicon Valley/Pentágono?

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Publicado enEconomía
Sábado, 08 Febrero 2020 06:32

“Curva de elefante” y clase media

“Curva de elefante” y clase media

Thomas Piketyy en su más reciente libro, Capital e ideología, retoma una gráfica de Milanovic para representar las desigualdades en el mundo en las últimas décadas. Lo notable de esa curva que mide los ingresos de la población es que toma la forma de una “curva de elefante”. Los primeros deciles, que abarcan a las personas del planeta más pobres han experimentado un crecimiento porcentual notable de su capacidad adquisitiva. Los deciles intermedios, es decir los “sectores medios“ han tenido un aumento, pero moderado, en tanto que el decil superior, especialmente el uno por ciento más rico ha experimentado un crecimiento exponencial de sus ingresos, tomando la forma de una pronunciada trompa.

Salvando las diferencias numéricas es posible también representar la distribución de los ingresos en Bolivia desde el año 2006 al 2018 como una “curva de elefante” moderada.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2006 y 2018, el 33 por ciento de los bolivianos anteriormente pobres alcanzaron ingresos medios (entre 5 y 50 dólares/día), pasando de 3.3 a 7 millones. El salario mínimo del país, que reciben la mayoría de los asalariados, subió de 440 bolivianos a 2 mil 122 (de 55 a 303 dólares, es decir, 550 por ciento). Como señala el Banco Mundial, Bolivia fue la nación que más favoreció en la pasada década –con distintas políticas redistributivas– los ingresos de 40 por ciento de la población vulnerable, en promedio 11 por ciento anual; por lo que está claro que la primera parte de la curva de Piketty está verificada.

Las clases altas por su parte, después de la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad agua y telecomunicaciones, han tenido también un notable crecimiento de sus ingresos. La rentabilidad anual de la banca ha saltado de 21 a 208 millones anuales. Los productores mineros privados y la agroindustria han pasado de exportar 794 y 160 millones de dólares en 2006 a 4,001 y 434 en 2018. Por su parte, el monto global de la ganancia registrada del sector empresarial ha pasado de 6 mil 700 en 2005 a 29 mil 800 millones de bolivianos en 2018, 440 por ciento más. Lo que verifica la trompa de la curva; con una diferencia respecto a lo que sucedió escala mundial: una reducción drástica de la desigualdad entre el 10 por ciento más rico con respecto al 10 por ciento más pobre que se redujo de 128 veces a 36, fruto de las cargas impositivas a las empresas ( government take gasífero de 80 por ciento, bancario de 50 por ciento y minero de entre 35 y 40 por ciento); por lo que debemos hablar de una trompa de elefante recortada o moderada.

Lo que falta ahora es saber que pasó con el sector medio de la sociedad.

Las clases medias tradicionales

Se trata de un sector social muy diverso en oficios y propiedad formado después de la revolución de 1952 con los retazos de la vieja oligarquía derrotada, pero cohesionada en torno al reciclado sentido común de un mundo racializado en su orden y lógica de funcionamiento. Son profesionales de segunda generación, oficinistas, oficiales uniformados, intermediarios comerciales del Estado, pequeños empresarios ocasionales, ex latifundistas, propietarios de inmuebles alquilados, políticos de oficio, etcétera.

A primera vista han tenido un incremento de sus ingresos y del valor de sus bienes inmuebles. La tasa de crecimiento de la economía en 14 años, en promedio 5 por ciento anual, ha favorecido en general a toda la sociedad. Pero mientras las clases plebeyas tuvieron un incremento de sus ingresos de al menos 11 por ciento cada año y los asalariados más pobres 500 por ciento en 13 años. En el caso de los salarios altos, el presidente Evo Morales fijó como remuneración máxima el salario presidencial, que se redujo de 26 mil bolivianos a 15 mil; y en 13 años sólo subió a 22 mil, es decir, 46 por ciento, lo que llevó a que los ingresos de los profesionales con cargos más altos tengan que apretarse como acordeón por debajo del techo presidencial. Así, mientras la economía nominalmente pasaba de 9 mil 500 a 41 mil millones de dólares, un aumento de 430 por ciento, las clases medias profesionales sólo tuvieron un incremento menor a 95 por ciento por ciento de su salario promedio. Para las nuevas clases medias populares ascendentes era una gran conquista de igualdad, pero para las tradicionales, posiblemente un agravio.

Los propietarios de bienes inmuebles no sufrieron una depreciación de sus propiedades ni mucho menos una expropiación, pero el riguroso control de la inflación que ejerció el gobierno (alrededor de 5.4 por ciento en promedio en los pasados 13 años) y la gigantesca política de fomento a la construcción de viviendas, ya sea mediante cientos de miles viviendas estatales donadas y la obligatoriedad de crédito bancario a la construcción de vivienda a una tasa de interés de 6 por ciento, llevó a una amplia oferta que atempero el aumento de los precios de las viviendas en un tope no mayor a 80 por ciento en toda una década.

De esta manera las clases medias tradicionales tuvieron un incremento moderado de sus ingresos, porcentualmente mucho menor que el de las clases populares y las clases altas, lo que completa la parte baja de la “curva de elefante” de las desigualdades nacionales.

Si a ello sumamos que en este mismo tiempo a los 3 millones de personas de “ingresos medios” que ya existían en 2005 se sumaran otros 3.7 millones, resulta que para un puesto laboral donde habían tres ofertantes, ahora habrán seis; llevando a una devaluación de facto de 50 por ciento de las oportunidades de la clase media tradicional.

Esta “devaluación” de la condición social de la clase media se vuelve tanto más visible si ampliamos la forma de medir los bienes de las clases sociales a otros componentes más allá de los ingresos monetarios y el patrimonio, como el capital social, cultural y simbólico.

Toda sociedad moderna tiene mecanismos formales e informales de regulación de influencias sociales sobre las decisiones estatales. Ya sea para debatir leyes, defender intereses sectoriales, ampliación de derechos, acceso a información relevante, puestos laborales, contratación de obras, créditos, etcétera, los partidos, pero también los lobbys profesionales, los bufetes de abogados y las redes familiares funcionan como herramientas de incidencia sobre acciones estatales. En el caso de Bolivia hasta hace 14 años, los “apellidos notables”, los vínculos familiares, los círculos de promoción estudiantil, las fraternidades, las amistades de residencia gatillaban una economía de favores en el aparato estatal.

Un apellido siempre ha sido un certificado de “honorabilidad” y, a falta de ello, el paso por determinados colegios, universidades privadas, lugares de esparcimiento o pertenencia a una logia desempeñaban el resorte de parcial blanqueamiento social.

Ya sea en gobiernos militares o neoliberales siempre había una lógica implícita de los privilegios estatales y de los lugares preestablecidos, social y geográficamente, que las personas debían ocupar.

Por eso cuando el “proceso de cambio” introduce otros mecanismos de intermediación eficiente hacia el Estado, las certezas seculares del mundo de la clase media tradicional se conmocionan y escandalizan. La alcurnia, la blanquitud y la logia, incluidas su retórica y su estética, son expulsadas por el vínculo sindical y colectivo. Las grandes decisiones de inversión, las medidas públicas importantes, las leyes relevantes ya no se resuelven en el tenis club con gente de suéteres blancos, sino en atestadas sedes sindicales frente a manojos de hojas de coca. La liturgia colectiva sustituye la ilusión del mérito: 80 por ciento de los alcaldes han sido elegidos por los sindicatos; 55 por ciento de los asambleístas nacionales y 85 por ciento de los departamentales provienen de alguna organización social. Los puestos laborales en la administración pública, las contrataciones de obras pequeñas, la propia atención ministerial requiere el aval de algún sindicato urbano o rural. Hasta la “servidumbre doméstica”, vieja herencia colonial del sometimiento de las mujeres indígenas, ahora impone derechos laborales y de trato digno. Los “indios están alzados”, y la indianitud anteriormente arrojada como estigma o veto al reconocimiento, ahora es un plus que se exhibe para decir quien tiene el poder. En todo ello hay una inversión de la polaridad del capital étnico: del indio discriminado se pasa al indio empoderado.

La plebe, anteriormente arrinconada a las villas y anillos periféricos, invade los barrios de las “clases bien” comprando y alquilando domicilios vecinos rompiendo las tradicionales geografías de clase. Las universidades se llenan de hijos de obreros y campesinos. Los exclusivos shoppings se vulgarizan con familias populares que traen sus costumbres de cargar su comida en aguayo y meterse a los jardines de los prados. Y las oficinas antes llenas de traje, corbata y falda tubo, ahora están atravesados por ponchos, chamarras y polleras.

Para la clase media es el declive del individuo frene al colectivo, del “buen gusto” frente al cholaje que lo envuelve todo y en todas partes. Hasta las clases altas más hábiles en entender el nuevo relato social se agrupan también como gremio y se vuelven diestras en las puestas en escena corporativas.

Pero la clase media tradicional no. La simulación siempre ha sido un estilo de su clase, pero que ahora no le da réditos. Otras apariencias más cobrizas, otros hábitos e incluso otros lenguajes ahora desplazan lo que siempre consideró un derecho hereditario. Y antes que racionalizar el hecho histórico, prefiere ahogarse en las emociones de una decadencia social inconsulta. El resultado será un estado de resentimiento de clase contra la igualdad que lo irradiará hasta sus hijos y nietos. Por eso su consigna preferida es “resistencia”. Se trata de resistir la caída del viejo mundo estamental. Y para ello el fascismo es su modo de encostrarse.

Así, más que una querella por los bienes no adquiridos la rebelión de la clase media tradicional es un rencor encolerizado por lo que considera un desorden moral del mundo, de los lugares que la gente debiera ocupar y de la distribución de reconocimientos que por tradición les debiera llegar.

Por eso el odio es el lenguaje de una clase envilecida que no duda en calificar de “salvajes” al cholaje que la está desplazando. Y es que al final no se puede ganar impunemente la lucha contra la desigualdad. Siempre tendrá un costo social y moral para los menos, pero lo cobrarán.

Esta es también una de las preocupaciones de Piketty en su libro, pues está dando lugar a un surgimiento de un tipo de populismo de derechas y de fascismo alentado por la insatisfacción de estos sectores medios con nulo o bajo crecimiento de sus ingresos. Y en el caso de Bolivia a un tipo de neofascismo con envoltura religiosa.

* Ex vicepresidente de Bolivia en el exilio

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