Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

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 Martín Vizcarra, presidente de Perú, durante el anuncio de la disolución del Congreso, el lunes pasado, desde el Palacio de Gobierno, en Lima.Foto Ap/Oficina de prensa de la presidencia peruana

Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, de mayoría opositora, que en respuesta tomó protesta a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante interina.

El choque de trenes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un autogolpe de Estado y la noche del lunes el Congreso declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien renunció anoche.

Fuerza Popular es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y quien actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El clima de tensión se centró la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que ayer estaban fuertemente custodiados por la policía.

La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel en un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses como consecuencia de la inestabilidad que reina en el país que, al parecer, tiene dos jefes de Estado.

La organización de empresarios privados, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso de la petición del mandatario y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, por motivo de incapacidad temporal como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz, quien se distanció del mandatario.

Fue la tercera vez en menos de un año que el Congreso negó al Ejecutivo ejercer un voto de confianza. Vizcarra argumentó que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.

Estos mandatarios, acusados de recibir sobornos y apoyos de campaña ilícitos de dicha empresa son, además de Kuczynski: Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, Alejandro Toledo, mandatario de 2001 a 2006, y Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Este último se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio y dejó una carta en la que proclamaba su inocencia.

En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años.

Sostuvo que su iniciativa busca dar paso a una nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida a quién da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto, o si le da la razón al Ejecutivo, eligiendo una nueva mayoría.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, apremió al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, y aconsejó que la polarización política sea resuelta por el pueblo en las urnas.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios. El congresista Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos en el aeropuerto de Lima cuando presentó su pasaporte oficial, pues ahora debe tramitar uno ordinario.

Araoz, economista y ex ministra del difunto Alan García rindió protesta la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero anoche se informó de su dimisión.

Ayer, la política dijo que ha tenido conversaciones informales con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio detalles.

Indicó que le encantaría poder hablar con Vizcarra, pero que no ha podido pues el mandatario dio la instrucción de que no se le permita el ingreso al Palacio de Gobierno.

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.

La crisis política en Perú se gestó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones.

Aunque perdió la presidencia, el partido de Keiko Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción.

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Un choque de poderes causa la mayor crisis política de este siglo en Perú

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso para poner fin a la crisis que lo enfrenta con la oposición, dominada por el fujimorismo

Una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución: ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y ha suspendido a Vizcarra

El país celebrará elecciones legislativas el 26 de enero de 2020

Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ha estallado este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La larga, tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado muchas heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.

Elecciones en 2020

El gobierno del país ha anunciado este lunes, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, tras la disolución del Parlamento.

El decreto supremo cita el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que debe convocar elecciones legislativas a celebrarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

El actual Congreso fue elegido en los comicios del 2016 para un periodo que terminaba en 2021, quinquenio que debía cumplir el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el año pasado por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Crisis política

El decreto fue firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, quien ha jurado este lunes en reemplazo del saliente Salvador del Solar. Vizcarra ha anunciado la disolución "constitucional" del Congreso peruano con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.

Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso, tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento, en el punto más álgido del enfrentamiento político que mantuvo el Legislativo con el Gobierno, desde la elección del actual Ejecutivo en 2016.

Nombramiento de Aráoz

No obstante, una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución y ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, como "presidenta en funciones" del país, después de que ese grupo votara la suspensión del gobernante Martín Vizcarra por un periodo de 12 meses. La mayoría opositora en el Parlamento ha acusado al presidente de golpista.

Los máximos jefes de las fuerzas armadas de Perú han acudido al Palacio de Gobierno para dar su respaldo a Vizcarra tras el anuncio de la disolución del Congreso. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional "reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente", según informa la Presidencia de la República.

Manifestaciones ciudadanas

Miles de peruanos celebraron este lunes en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas con gritos como "sí, se pudo" o "Perú, te quiero, por eso te defiendo". Con carteles y banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, integrantes y simpatizantes de sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida Abancay "emocionados" por celebrar lo que para ellos "es lo mejor que le ha podido suceder al Perú".

Así lo señaló a Efe el ciudadano Miguel Márquez, de 60 años, que llegó "emocionado por los cambios que va a haber" tras la medida constitucional. "Ojalá que sea el comienzo del inicio de un Gobierno más decente para el país", señaló abrigado con una bandera peruana en la espalda y sobre una motocicleta con la que se adentró hasta las avenidas del centro histórico de Lima, custodiadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por EFE

01/10/2019 - 07:49h

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Viacarra acusó a la oposición de  utilizar el Parlamento “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Imagen: EFE

El presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le permitiría cerrarlo y llamar a elecciones legislativas.

“Está en peligro la democracia”, señaló el presidente Martín Vizcarra en un breve mensaje al país dado ayer, refiriéndose así a las últimas decisiones del Congreso controlado por el fujimorismo. Ha sido una acusación directa a la mayoría parlamentaria formada por el fujimorismo y sus aliados, a los que acusó de utilizar el Parlamento para actuar en contra de la democracia “para buscar impunidad” frente a cargos de corrupción. Después de lanzar esa grave acusación, el presidente anunció que le pedirá a ese Congreso un voto de confianza, el cual si le es negado le abriría las puertas para cerrarlo constitucionalmente y llamar a nuevas elecciones legislativas. Pero congresistas de la mayoría pretenden negarle esa facultad. Conversaciones por chat entre legisladores fujimoristas filtradas a la prensa, revelan sus intrigar para dar un golpe parlamentario que destituya al presidente.

La reacción de Vizcarra contra el Congreso se dio un día después que la mayoría parlamentaria archivara en comisiones, sin siquiera debatir en el pleno, el proyecto presidencial para adelantar -de 2021 a 2020- las elecciones legislativas y presidenciales, y de la decisión del Congreso de elegir este lunes, en un procedimiento express marcado por serios cuestionamientos, a seis nuevos miembros de los siete magistrados que integran el estratégico Tribunal Constitucional (TC), una maniobra del fujimorismo denunciada como un intento de copar el TC, cuestionamiento al que se sumó Vizcarra. Pero en su mensaje, esperado desde el jueves cuando el Congreso rechazó su propuesta de adelantar las elecciones generales, el presidente no dijo una palabra de este tema, que todos suponían sería el asunto central de ese pronunciamiento. Un silencio sorpresivo, y revelador de la falta de respuesta del Ejecutivo frente al duro golpe que le encajó el Congreso en este tema, que el propio presidente había definido como crucial.

Vizcarra anunció que el pedido del voto de confianza al Congreso irá amarrado no a una insistencia para adelantar las elecciones, como muchos esperaban, sino a una propuesta para cambiar el mecanismo de elección en el Congreso de los magistrados del TC. Con esto pretende bloquear la cuestionada elección de sus nuevos miembros, programada para este lunes. Legisladores de la mayoría parlamentaria, con el apoyo de algunos constitucionalistas amigos, reaccionaron rápidamente desconociendo las facultades presidenciales para pedir un voto de confianza relacionado a este tema. Congresistas que no forman parte de esa mayoría y otros expertos han opinado en sentido contrario y han pedido que el Congreso suspenda el proceso de elección del Tribunal Constitucional. La mayoría asegura que no cederá en su intención de elegir un nuevo TC. Se abre un nuevo escenario de enfrentamiento y grave crisis política.

El TC está llamado a ser el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre asuntos constitucionales, como la legalidad o no del pedido de un voto presidencial de confianza respecto a determinado tema y por lo tanto sobre la procedencia o no de un eventual cierre del Congreso como resultado de la negativa de ese voto de confianza. Con un TC bajo su control, la mayoría parlamentaria se asegura para qué lado decidirá ese árbitro.

Pero este tribunal, última instancia jurídica, también es clave en la lucha contra la corrupción. En el TC está pendiente de resolverse un pedido de Keiko Fujimori -procesada por lavado de activos en relación al financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero de Odebrecht- para que se anule su prisión preventiva. Una actual magistrada del TC ha denunciado que le ofrecieron continuar en el Tribunal si votaba a favor de la libertad de la jefa del fujimorismo. Los fujimoristas presionan, pero no tienen la seguridad de ganar la libertad de Keiko en el actual TC. Si no lo consigue, podrían presentar una nueva solicitud en ese sentido para que resuelva el nuevo tribunal conformado a su medida. Y también se vendrían para ese nuevo TC pedidos para liberar a otros políticos procesados por corrupción e incluso una solicitud para liberar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

En medio de esta guerra de poderes, al presidente Vizcarra le ha faltado decisión y capacidad de reacción para defender su propuesta de adelanto de elecciones. Para el fujimorismo y sus aliados era clave bloquear el adelanto de elecciones porque eso habría significado perder un año antes de lo previsto su actual mayoría parlamentaria, desde la cual actúa para blindar a sus dirigentes acusados por corrupción. Eso ya lo consiguieron. Ahora van por más.

Como trasfondo de esta lucha de poderes está una ciudadanía indignada contra una clase política envuelta por los escándalos de corrupción. Una ciudadanía que exige “que se vayan todos” y que dirige su bronca principalmente contra el Congreso. Horas después de conocido el cajoneo del proyecto de adelanto de elecciones, manifestantes se movilizaron en rechazo a esa decisión del Congreso. Las encuestas revelan que el adelanto de elecciones tiene un respaldo mayoritario del 70 por ciento, mientras el Congreso que archivó esa posibilidad tiene una aceptación de apenas el ocho por ciento. Se anuncian nuevas marchas de protesta para el lunes, día clave en el que el fujimorismo pretende elegir un Tribunal Constitucional a su medida, un objetivo central para sus intereses de ganar poder e impunidad, y arrinconar al presidente Vizcarra.

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Sábado, 28 Septiembre 2019 05:05

Los fiscales piden excarcelar a Lula

Los fiscales piden excarcelar a Lula

La defensa hablará con el ex presidente el lunes para conocer su posición con respecto a la solicitud de la fiscalía. 

Los fiscales de la Operación Lava Jato en el estado de Paraná pidieron hoy a la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución penal de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, que el ex presidente brasileño pase a un régimen semiabierto. Según la petición, Lula ya habría cumplido una sexta parte de la sentencia que había recibido del Tribunal Supremo (STJ) y, en consecuencia, puede dejar el régimen cerrado, informó el portal uol.com.br. 

El pedido de los fiscales se hizo un día después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyera que el exjuez Sergio Moro, quien había condenado a Lula,  violó el derecho de defensa en decenas de condenas, al permitir que los arrepentidos ampliaran sus denuncias después de los alegatos finales de los imputados, lo cual llevaría a una revisión de todo lo actuado en el caso Lava Jato. El ex presidente ha estado encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde abril del año pasado. Tras la solicitud de los fiscales, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT)  dijeron que éste "tomará su decisión sobre el asunto." 

Según una nota firmada por el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, la defensa hablará con el ex presidente el próximo lunes 30 para conocer su posición con respecto a la solicitud de la Fiscalía Federal. 

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años y once meses de cárcel en un caso muy similar, con una finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo), que supuestamente fue entregada como coima, pero la sentencia fue dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda. El exgobernante tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.

El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una "persecución judicial" que busca evitar su regreso al poder. El lunes pasado Lula desistió  del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad.

"El expresidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena", señaló en un comunicado el abogado  Martins.

De acuerdo con el abogado defensor, Lula pretende "el reconocimiento de que fue víctima de procesos corrompidos por nulidades, como la sospecha de (parcialidad) del exjuez Sergio Moro", actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien condenó a Lula.

La semana pasada, un juez de Brasil rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

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Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa Lava Jato.

Fue hallado sin vida en su departamento en Río de Janeiro, Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales arrepentidos en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasileña en varios países de América y África. Las autoridades aún investigan las causas de su muerte. Había denunciado a Aécio Neves, contricante de Dilma en las elecciones de 2014.

El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en el sur de Río de Janeiro, pero la noticia de su fallecimiento no se difundió sino hasta última hora de ayer. La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su muerte. Se lo registró como un fallecimiento provocado por "causa indeterminada".

Valladares fue uno de los principales arrepentidos en la causa sobre los sobornos de la empresa Odebrecht: aceptó confesar sus delitos y señalar cómplices a cambio de una reducción en su condena y otros beneficios judiciales. Entre sus revelaciones, se destaca el supuesto pago de una donación de 12,5 millones de dólares a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014. También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao. El exvicepresidente de Odebrecht relató en su confesión que Lobao aprovechó una visita de cortesía que le hizo al hospital en el que estaba ingresado para exigirle un soborno a cambio de otorgarle a la empresa contratos para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

Asimismo, admitió haber pagado sobornos a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia. Se refería a las represas hidroeléctricas San Antonio y Jirau en Rondonia. Según Valladares, Odebretch acordó darle 5.000 reales mensuales al jefe de una tribu, depositados a la cuenta de su esposa, según precisó O Globo. También denunció la entrega de dinero ilegal a sindicalistas de la Central Única de Trabajadores (CUT) para que no se manifiesten contra sus obras por motivos ambientales en la misma zona. Odebretch todavía no se manifestó sobre la muerte de su ex ejecutivo.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios de la Justicia. Su muerte se suma a la del ex presidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo también como sospechoso del caso Odebrecht. En Colombia, el auditor de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Él también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña.

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Martes, 17 Septiembre 2019 09:29

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Martes, 17 Septiembre 2019 09:26

Corrupción y elecciones territoriales

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

“Durante las elecciones municipales, la mayoría de sus habitantes decide ejercer su derecho al voto de una manera inesperada […] A las diez de la noche el presidente de la república, dijo por televisión, el resultado de las elecciones de hoy es el siguiente: partido de la derecha, ocho por ciento; partido del medio, ocho por ciento; partido de la izquierda, uno por ciento; abstenciones, cero; votos nulos, cero; votos en blanco, ochenta y tres por ciento […] Le doy la palabra al ministro de defensa […] Este, un civil que no había prestado el servicio militar, dijo: aquí lo que necesitamos es un estado de sitio serio, de los auténticos, un estado en la más exacta acepción de la palabra, duro, sin fallas de ningún tipo, como una muralla en movimiento capaz de aislar la sedición para luego derrotarla con un fulminante contraataque” (1).

 

Todos los estudios de corrupción en Colombia indican que durante el siglo xx hubo cuatro grandes sistemas de defraudación a la sociedad: la contratación estatal, la conciliación entre el Estado y los particulares, las campañas electorales y la expedición de la ley por encargo. A estos cuatro mecanismos de corrupción, hay que agregar muchos otros en el siglo xxi. La venta de las decisiones judiciales, la contratación interinstitucional en los entes territoriales, y la múltiples modalidades de corrupción en los distintos organismos del Estado: fuerza pública, ministerios, sistema de salud, Dian, cárceles, etcétera. En este artículo el énfasis estará centrado en la corrupción electoral.


Corrupción: realidad y ficción


Aparte de la mención al Nobel de literatura 1998, José Saramago, que es un ícono de la anticorrupción, con la venia de los lectores, como introito a esta nota, cito La vida ejemplar de Constantina (2). Constantina, una mujer de origen campesino, muy ambiciosa, empieza una carrera de ascenso en la administración pública que la llevará desde un modesto cargo en la alcaldía de Carrizal del Viento, su pueblo, hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz de los Cerros, capital del país. Logra ese ascenso gracias a su inteligencia, a sus encantos personales, a su disposición sexual con los poderosos y a su falta de escrúpulos para corromper y corromperse. En su trayectoria pública y privada, Constantina mostrará que vive en un país proclive a la corrupción en todas las instancias del poder y del Estado, incluida la presidencia y el propio presidente de la república. Una de las escenas de La vida ejemplar de Constantina, es el desempate por la curul número nueve del cabildo de Carrizal del Viento, entre el partido de la seguridad y el orden, pso, y el partido de las libertades públicas, plp, al que pertenecía el tío de Constantina, alfarero de profesión, y suplente de la mujer del panadero del municipio.


«Terminado el reconteo de votos de la mesa siete, sin que se hubiera detectado ningún voto de trashumancia electoral, se pasó a la mesa ocho con los mismos resultados de transparencia. No sucedió lo mismo con la mesa nueve, porque en la dinámica electoral, así sea en las comunidades locales más pequeñas, es imposible controlar hasta el último desliz. Efectivamente, la esposa del panadero había convencido a dos antiguas compañeras de colegio que vivían en la capital de otra región, para que vinieran a darle su voto, previa la inscripción de su documento de identidad, y aunque no eran tan jóvenes como Constantina, les correspondió sufragar en la mesa nueve, destinada a las generaciones de relevo. Esos fueron los únicos dos votos que correspondían a trashumancia electoral en las tres mesas que habían sido impugnadas. Sin embargo, ninguna de las autoridades, ni los testigos pudieron descifrar ese secreto, pues la esposa del panadero había obrado de la manera más subrepticia.


«Terminada la diligencia, firmada el acta, no faltaba sino la resolución de la directora municipal de asuntos electorales que decidiera el desempate y ordenara la expedición de la credencial de cabildantes a la mujer del panadero, como principal, y al alfarero como suplente, en representación del plp. La funcionaria electoral agradeció a todo el personal de la diligencia la colaboración prestada y anunció que en acto público a las dos de la tarde de ese mismo día, tendría el fallo, y como era un asunto público, podían asistir, además de los cuatro interesados, todas las personas que quisieran. La decisión, con todo rigor, se cumplió a la hora anunciada.


«Con múltiples acuerdos a sus espaldas, el alfarero podría abrirle el camino a Constantina, para que ella diera el primer paso en una exitosa carrera como empleada pública, pero tendría que vencer muchos otros escollos. En la fecha de instalación del cabildo municipal, la mujer del panadero tomó posesión del cargo, y de inmediato solicitó una licencia para que entrara el alfarero en la forma convenida. La primera actuación del cabildante alfarero fue presentarle al alcalde la solicitud de un cargo, aclarándole que se trataba de una sobrina. Hace bien, dijo el alcalde, en hablarme con sinceridad, aunque no hay ninguna vacante, miraremos qué se puede hacer, pero en todo caso no podrá estar adscrita al personal auxiliar del cabildo, sino a mi despacho, porque no pueden trabajar tío y sobrina en la misma corporación, ya que estaríamos en presencia de un descarado caso de nepotismo municipal. Pero, antes de seguir adelante en esta conversación, ¿qué estudios tiene Constantina, su sobrina? Si usted no lo sabe, le aclaro que se necesita haber cursado y aprobado, al menos hasta tercer año de estudios secundarios, concluyó el alcalde.


«Esa exigencia académica, que era un principio de buena administración pública, se convertía en un choque emocional para Constantina, en una crisis, en la ira violenta, tal como lo había demostrado en el momento en que se produjo el empate por la novena curul del cabildo municipal entre los partidos plp y pso, en que había estado en juego su tío. Ella nunca admitía como algo natural. Por el contrario, consideraba que las normas legales habían sido escritas en contra de ella. Siempre se hacía las mismas preguntas: ¿Por qué me sucede esto precisamente a mí?, ¿por qué me persiguen?, ¿por qué me atropellan?, ¿por qué se confabulan todos contra mí? Y esa terquedad y esos estados emocionales borrascosos ya se los había insuflado a su tío el alfarero, así que ya no era una sino dos personas que se trenzaban en una lucha por lograr a toda costa lo que querían, así fuese contra la ley o contra el sentido común.


«¿Qué había que hacer?, se preguntaban tío y sobrina. Proveerse de un certificado en que se hiciera constar que Constantina había cursado y aprobado tercer año de estudios secundarios, era la solución. ¿Quién nos puede conseguir ese certificado?, era la segunda pregunta. El presidente del directorio regional del plp, fue la respuesta de Constantina. Todo salió como ella lo había imaginado: el certificado fue expedido por el colegio oficial de la capital de la región.


«A primera hora del miércoles de esa misma semana, el alfarero estaba en la oficina del alcalde con la partida de nacimiento de Constantina, su hoja de vida, fotocopia del documento de identidad y el certificado de estudios. El alcalde los recibió, los revisó y le dijo al cabildante lo importante que era mantenerse muy integrado a la coalición del gobierno municipal, advirtiéndole que en el momento en que quebrantara ese principio, concluía la vinculación laboral de Constantina, pues así como era de libre para hacer su nombramiento, lo sería para realizar su remoción. Cumplida esa ritualidad, se produjo el nombramiento de Constantina, y su posesión coincidió con la presentación del proyecto de presupuesto municipal por el alcalde al cabildo, en cuyo proceso de asignación de recursos, ella jugaría su primer gran papel» (3).


Algo de historia legislativa


En Colombia, buena parte de las guerras civiles del siglo xix, incluyendo la de los Mil Días, así como las controversias políticas del siglo xx tuvieron como causas el corrupto régimen electoral: censos poblacionales amañados, falsificación de cédulas, votación de los muertos, injusto constreñimiento a los liberales para que se voltearan y eligieran a los conservadores, manipulación de escrutinios, falta de recursos tecnológicos, en fin. Por esas causas, fueron tantas las normas que sobre el proceso electoral se expidieron, que bien podría decirse que la historia del control judicial de la administración pública durante el silo xx es la historia de los sistemas y de los procesos electorales.


En 1916 se expidió la ley 85, que era un verdadero código electoral. Muchos eran los temas que abordaba, pero, en cuanto tenía que ver con las atribuciones de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la ley establecía los Consejos Electorales y el Gran Consejo Electoral, cuyas actas eran anulables.


De acuerdo con lo prescrito por esta ley, era función de los Consejos Electorales hacer el escrutinio parcial de los votos emitidos para presidente de la república en todos los municipios de la circunscripción electoral, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los jurados electorales. Y correspondía al Gran Consejo Electoral hacer el escrutinio general de los votos emitidos en las circunscripciones electorales, tomando como base las actas o los registros válidos de acuerdo con los escrutinios parciales verificados por los Consejos Electorales, así como declarar y comunicar la elección respectiva.
La declaratoria de nulidad del escrutinio o de la elección de senadores o representantes hecha por las corporaciones electorales era revisable, conforme a las causales establecidas en la propia ley 85 de 1916, por el tribunal de lo contencioso-administrativo, con apelación ante el Consejo de Estado en pleno, a petición del agente del ministerio público o de los particulares (4).


Mediante sentencia del 18 de enero de 1921 el Consejo de Estado reforma un fallo del Tribunal Administrativo Seccional de Cartagena, a propósito de la elección de concejales del municipio de Chimá, departamento de Bolívar. En su providencia el Consejo de Estado le llama la atención al tribunal por haber hecho declaraciones para las cuales no tenía competencia: “Porque a los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo y al Consejo de Estado en esta clase de juicios, solo les corresponde resolver si es nulo o no el acto acusado, pero sin entrar en declaraciones como lo hizo el tribunal a quo (5).


La ley 85 de 1916 fue reformada por la ley 70 de 1917 en todo lo relacionado con los procesos electorales, cuya competencia correspondía a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. También prescribía que de las demandas sobre nulidad, tanto de las elecciones como de los escrutinios y registros verificados por los jurados de votación y los jurados electorales en la elección de presidente de la república, conocerían los mismos funcionarios que conocían de las demandas de la misma naturaleza en la elección para representantes a la Cámara, siguiendo los mismos trámites (6).


En 1920 se expidió la ley 96, que también era reformatoria de la ley 85 de 1916. Esta norma, en primer lugar, se refería a los procesos administrativos que se tramitaran ante las autoridades electorales: pruebas sobre censos de población con capacidad de votar, fijación de jurados de votación, exclusión de personas de las listas de candidatos por no reunir los requisitos constitucionales y legales, reclamaciones durante el proceso de escrutinio, causales de nulidad de los registros electorales y la obligación que tenían todas las corporaciones electorales de expedir hasta cinco copias de las actas de escrutinios que realizaran a los ciudadanos que así lo hubieran solicitado. Estas copias se admitían como pruebas en los juicios de nulidad que se instauraran. En segundo lugar, la ley se refería a los procesos electorales ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Las demandas podían presentarse ante un juez ordinario, autoridad que inmediatamente debía remitirlas al respectivo tribunal seccional (7).


La ley 25 de 1928 también sumó más reglamentación, pues determinó que de los juicios de nulidad a que se refería la ley 85 de 1916 tendría conocimiento el superior, bien por apelación o por consulta, en virtud de expresa disposición legal. Los juicios de nulidad en la elección de diputados a las asambleas departamentales tendrían segunda instancia, por apelación o por consulta, ante la sala plena del Consejo de Estado (8).
Como eran tantas las irregularidades del corrupto sistema electoral, durante los decenios veinte y treinta del siglo xx, los procesos electorales fueron aumentando de manera tan acelerada que el legislador se vio obligado a crear en el Consejo de Estado una sala dedicada exclusivamente a tramitar esos asuntos. Lo hizo mediante la ley 7ª de 1932, la cual contenía dos temas: la estructura del régimen electoral y la creación de la nueva unidad especializada.


En el transcurso del debate del proyecto, que luego se convertiría en la ley 7ª, la comisión de la Cámara de Representantes, para sustentar su contenido, dijo que la propuesta de creación de la Sala de Asuntos Electorales en el Consejo de Estado y todo aquello que el mismo proyecto contemplaba para los tribunales seccionales de lo contencioso-administrativo no era sino el complemento de las normas anteriores. Aclaró la comisión que, después del largo estudio y de discusiones prolongadas y amistosas, se había llegado a decantar las diferencias que en principio existían entre sus miembros: “De ningún modo buscamos –decía el informe– la ventaja sino la buena fe; no quisimos el predominio partidista sino el imperio de la equidad, sin el cual las admoniciones patrióticas son propósitos inútiles”.


En la parte final, el informe pretendía dejar atrás las huellas de los conflictos partidistas por causas electorales: “Como pensamos que sobre las formas adoptadas para estas materias no haya dificultad alguna, nos limitamos a consignar aquí el móvil a que obedecieron y el significado de pacificación que ella representa”. La conclusión del informe, no era más que el testimonio vivo de sus autores, que no desconocían el contexto social y político donde actuaban (9).


De esta ley 7ª, en lo que respecta al régimen electoral, llaman la atención dos cosas: las reglas para elegir los miembros de las corporaciones públicas y la estructura del organismo administrativo que debía desempeñar la función. En relación con la estructura del régimen electoral, la ley decía: “Para el desempeño de las funciones oficiales del ramo electoral, se crean las siguientes corporaciones”. Y a continuación establecía, en la capital de la república, el Gran Consejo Electoral, en la capital de cada departamento, un Consejo Electoral; en cada municipio, un Jurado Electoral y en cada localidad municipal, un jurado de votación. Sobre el segundo tema decía que la Sala de Negocios electorales del Consejo de Estado estaría formada por cuatro magistrados, elegidos por la misma corporación, dos por cada partido, sugeridos por la respectiva agrupación política (10).


Paramilitarismo y corrupción política


A partir del 7 de agosto de 1946, todos los vicios del régimen electoral colombiano se envilecieron con la creación de las bandas paramilitares. En efecto, poco tiempo después de posesionado el nuevo gobierno se crearon las primeras agrupaciones paramilitares, que recibieron el nombre de pájaros y chulavitas: fue esta la primera versión paramilitar. Tres lustros más tarde, en 1961, Álvaro Gómez Hurtado, en varios debates en el Senado contra la Reforma Agraria, instigó la creación de la segunda versión paramilitar, al señalar que los colectivos de producción campesina eran “repúblicas independientes”. Esta segunda fase paramilitar contó con el apoyo y la asesoría militar de Estados Unidos, en cabeza del general William Yarborough, quien estuvo durante dos semanas en cuatro de las ocho brigadas del ejército explicando los procedimientos para crear cuerpos mixtos de población civil y unidades militares. Dos años después vino a operación Marquetalia. La tercera versión paramilitar ocurrió veinte años después de la segunda. Su fecha inaugural fue un 3 de diciembre de 1981, y los socios de esa empresa criminal fueron las mafias del narcotráfico, los caballistas, los ganaderos, los políticos y los organismos del Estado. En esa fecha, una avioneta sobrevoló Cali y lanzó miles de panfletos que anunciaban que con una tropa de dos mil trescientas cuarenta y cinco unidades se conformaba el ejército denominado Muerte a Secuestradores (Mas).


La tercera versión paramilitar dio origen a la parapolítica. Más de cien legisladores y cuatrocientos treinta alcaldes y gobernadores, fueron juzgados, por apoyar o hacer parte de esas bandas criminales. Más de veinte ministros, altos funcionarios y generales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fueron condenados. La parapolítica fue la culminación de la crisis de los dos partidos políticos históricos –el liberal y el conservador–, iniciada con la creación del Frente Nacional (1958-1974), pues las controversias de los años cuarenta y cincuenta, permitía que el partido de oposición hiciera control político al que gobernaba. Pactada esa coalición –que el pueblo llama “maguala” (11) –, al desaparecer las rivalidades políticas, los partidos perdieron identidad y dejaron de hacer control a los gobiernos de ese período de dieciséis años.


En consecuencia, la corrupción política tenía el camino despejado, y era aceptada por un segmento de la población, a tal punto que Julio Cesar Turbay Ayala, siendo candidato a la presidencia de la República (1978-1982), propuso como tema central de su programa de gobierno –como un asunto normal–, “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Insuflado el fenómeno dentro de los organismos del Estado, se extendió por todo el país, bajo la influencia del narcotráfico y del paramilitarismo, a cuyos pies se postraron las débiles colectividades políticas. En efecto, los partidos, agotados en su identidad programática y estructural, salieron en procura de las organizaciones paramilitares, para que estas les dieran el dinero y la protección militar para las campañas electorales. Así, se consolidó la parapolítica durante la última década del silo xx. Y, entre 2002-2010 se institucionalizó, echó raíces profundas, y hoy es el poder real en muchos departamentos y municipios.


Mi propia experiencia contra la corrupción


No sustento esta nota en la simple especulación, sino en mi propia experiencia. Es tan azaroso el régimen electoral, que en uno de esos ejercicio que a manera de testimonio he realizado a lo largo de mi vida, en una ocasión me gané la curul al concejo de Ubaté en un carisellazo. No recurro a una figura literaria, sino de la realidad. Peleando voto a voto en las calles y en las veredas, empaté con una señora de la aristocracia de ese municipio, porque en los pueblos también hay aristocracia. A la señora le di la ventaja de que pidiera: pidió sello y perdió. Años más tarde, en condición de candidato a la Asamblea de Cundinamarca gané mi curul de diputado el día de las elecciones. Estaba muy feliz el domingo en la noche, pero tres días después la había perdido. Sin embargo, me instalé en la Registraduría durante las dos semanas siguientes y la recuperé.


El mensaje socrático de Camilo Torres, es irrefutable: “Cuando vamos a la base de nuestro pueblo es mucho más para aprender que para enseñar”. Todas las elecciones en las que participé como candidato, antes de 2015, fueron un posgrado de ciencia política aplicada. La campaña a la gobernación de Cundinamarca en las elecciones de 2015, fue un curso doctoral. Siendo un ejercicio departamental, tuve una visión fresca y real de los problemas de Colombia. Además de lo mucho que me enseñaron los simpatizantes, la redacción del programa, los debates en televisión, los problemas de cada provincia y municipio, su relación con el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos naturales, las regalías y los páramos me impusieron la obligación de estudiar y de volver a revisar temas que ya había dejado de lado.


A pesar de lo mucho que había investigado, estudiado y escrito con sumo cuidado sobre la corrupción, antes de las elecciones territoriales de 2015, aquello había sido un juego de niños (12). Corrupción a lo grande fue la que trajo el neoliberalismo, corruptor por excelencia, porque al potenciar el vaciamiento de lo público, estimula su robo en todas las instancias, con los métodos que encuentre a su paso. Durante los últimos años, la corrupción se salió de madre y todo lo contaminó. La privatización de los servicios públicos y la locomotora extractiva le ha generado al Estado una voluminosa liquidez. Como consecuencia del crecimiento de las cifras, la burocracia oficial “se enloqueció al ver tanta plata junta” (13), y se le abrió el apetito de robar. Mucho alcaldes de La Sabana de Bogotá están investigados porque siguieron el ejemplo del de Mosquera: cambiar el uso del suelo para enriquecer a los hijos de Álvaro Uribe Vélez.


De las enseñanzas de la campaña de 2015, en materia de corrupción, puedo sacar varias conclusiones. Solo quien tenga dinero y medios gana. Hoy la política, la plata y los medios hacen de la democracia un aviso: un aviso tras el cual se esconde la tiranía del dinero y de las comunicaciones. El aparato electoral es inepto, obsoleto y corrupto en su principal expresión: las elecciones. El régimen electoral colombiano ha degradado y empequeñecido tanto al ciudadano del común, que lo ha convertido en un pordiosero, que espera como una bendición que llegue el día de las elecciones para encontrar algo tangible y concreto: desde un tamal, una lata de zinc, un bulto de cemento, hasta una suma de dinero por su voto. Pero están también los medianos y grandes empresarios de los votos, que no se benefician de pequeñas prebendas sino de gruesas sumas de dinero. En Colombia, salvo contadas excepciones, solo votan las personas que de algún modo reciben favores personales del Estado: la burocracia, los contratistas y los ciudadanos que venden su voto a esas burocracias y contratistas. Semana sintetizó muy bien esa realidad, en dos líneas: “Esas victorias se basaron en uno que otro aval cuestionable y algunas transacciones poco éticas. Pero en el mundo de la política las cosas funcionan así” (14).


La versión electoral de 2019


En el punto 2 del Acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, las partes pactaron una “apertura democrática para construir la paz”, y dentro de este marco, una “reforma del régimen de la organización electoral”, y otro conjunto de mecanismos que garantizaran una verdadera democracia (15). Sin embargo, los Acuerdos se convirtieron en letra muerta, porque el gobierno Duque ha torpedeado todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, suscrito por Juan Manuel Santos. Por lo tanto, las elecciones a realizarse el 27 de octubre será un ejercicio antidemocrático, en medio de los vicios y la corrupción de más de un siglo. ¡Cómo se atreven a hacer esos señalamientos, dirán las voces oficiales, si la izquierda obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018, y gobernó durante tres períodos la capital del país!


A pesar del régimen electoral corrupto, no obstante el sartal de mentiras y las toneladas de dinero que se mueve en la compra de votos, y por encima de los contratos pactados durante el proceso electoral, los sectores alternativos han tenido un gran respaldo en Bogotá y en otras ciudades y regiones del país. Pero este respaldo no obedece a la transparencia del régimen electoral, sino a la lucha obstinada de la izquierda contra esos vicios inocultables. Dar una mirada panorámica a los hechos de corrupción que se mueven en estos meses de campaña, exigiría muchas páginas. Cito tan solo dos ejemplos: la Procuraduría ha identificado 694 candidatos que estaban inhabilitados, pero los partidos les dieron el aval y la Registraduría les aceptó la inscripción. Muchos partidos y movimientos, que se reclaman alternativos y guiados por principios éticos, han hecho coaliciones con agrupaciones políticas cuestionadas. Pese al horizonte nublado, “así como el año pasado se vio una participación electoral esperanzadora, lo mismo debería repetirse” (16), el próximo domingo 27 de octubre.

 

1. Saramago, José, Ensayo sobre la lucidez, Bogotá, Alfaguara, 2004, pp. 45-51. (Cualquier parecido con la realidad de Colombia, octubre de 2019, es pura coincidencia).
2. Novela de la cual soy autor.
3. Ballén, Rafael, La vida ejemplar de Constantina. Bogotá, Aurora, 2017, pp. 271-275.
4. Congreso de la República, “Ley 85 de 1916”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1916, pp. 191-262.
5. Consejo de Estado de Colombia, “Sentencia por la cual se reforma una dictada por el Tribunal Seccional de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, sobre elecciones para Concejeros Municipales”, en Anales del Consejo de Estado, Bogotá, 1921, t. 11, pp. 136-151.
6. Congreso de la República de Colombia, “Ley 70 de 1917”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1917, pp. 134-137.
7. Congreso de la República de Colombia, “Ley 96 de 1920”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1920, pp. 149- 155.
8. Congreso de la República de Colombia, “Ley 25 de 1928”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1928, pp. 112-119.
9. Gómez Naranjo, Pedro A. El Consejo de Estado. Estudio sobre su organización en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1934, pp. 80-81.
10. Congreso de la República de Colombia, “Ley 7ª. de 1931”, en Leyes de Colombia, Bogotá, 1932, pp. 12-16.
11. Palabra aceptada por el Diccionario de colombianismos.
12. Ballén, Rafael, Corrupción. Los otros bandidos, Bogotá, Ibáñez, 2ª. ed., 2003.
13. Caballero A., Carlos, “De la corrupción mundial… y la nacional”, en El Tiempo, Bogotá, sábado 16 de abril de 2016, p.25.
14. “Germán es el man”, en Semana, Bogotá. Número 1748, 1-6 de noviembre de 2015, p. 26.
15. Acuerdo Final, Gobierno de Colombia-Farc-Ep. Bogotá, Ediciones desde abajo, 2016, pp. 61-94.
16. “¿Qué tan madura está nuestra democracia?”, El Espectador, Bogotá, domingo 24 de julio de 2019.

 

*Profesor investigador y escritor. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza. Autor —en no ficción— de más de dos docenas de libros y numerosos artículos científicos y de divulgación sobre ciencia política, sociología jurídica y filosofía. En ficción autor de las novelas Cenizas, La vida ejemplar de Constantina y de una trilogía sobre el conflicto armado colombiano, en proceso de publicación. Exmagistrado, Exprocurador Delegado para Fuerzas Militares e investigador de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral.

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