La corrupción financiera desborda al papa Francisco

En el Vaticano se realizó la primera audiencia por el juicio al cardenal Angelo Becciu y otros nueve funcionarios de la Santa Sede. Los cargos van desde malversación de fondos y corrupción hasta extorsión. Es un juicio histórico, por ser la primera vez que se procesa a alguien de alto rango de la curia. Angelo Becciu, que fue uno de los hombres de confianza del papa Francisco, enfrenta acusaciones de abuso de poder y soborno, así como una extraña relación con una mujer también enjuiciada, Cecilia Marogna, a quien Becciu contrató en 2016 como consultora, llamada por la prensa italiana la Dama del Cardenal ( La jornada, 29/7/21). El escándalo se destapó desde 2019, cuando los medios italianos descubrieron que el Vaticano había suspendido a funcionarios tras detectar "graves indicios de corrupción".

La imputación se centra en la compra fraudulenta, por unos 350 millones de euros, de un edificio de Londres que no los vale. La operación se realizó en 2013 con fondos del Óbolo de San Pedro, destinado para financiar obras de caridad. La transacción se dio por un precio superior a su valor habitual. ¿Cómo entender este nuevo despropósito que cuestiona los principios y valores con que se maneja la curia romana? ¿Cómo es posible que los financieros de Dios, sustraigan fondos de las limosnas de los fieles que se destinarían a las obras de caridad?

El proceso es un golpe muy duro para el papa Francisco. Becciu fue sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los cargos más poderosos de la curia romana, fue un asesor muy cercano al papa. Lo defraudó. El proceso penal contraviene totalmente los señalamientos y críticas del Papa sobre la corrupción. Quebranta no sólo el discurso papal, sino que abusa la confianza que depositó en él. Por ello, en abril pasado el Papa decretó un motu proprio titulado: Por la que se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Son medidas internacionales de transparencia en el manejo de recursos financieros, declaración de patrimonios, prohibición para detentar bienes directos o de terceros e impedimentos para que altos jerarcas participaran como socios en empresas lucrativas. Este decreto se centra en altos funcionarios de la Santa Sede que incluye cardenales. Asimismo, en esta dirección, el 25 de julio, se transparentó públicamente el patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica. El valor atribuido a esos inmuebles es de 883 millones de euros, en gran parte compuesto por unas 5 mil propiedades. La mayoría están en Italia, pero también en Francia, Reino Unido y Suiza.

Sin embargo, las finanzas no se le dan a Francisco. Precisamente fue uno de los encargos más apremiantes del cónclave de 2013 que lo encumbró como pontífice, esto es, reformar la curia por sospechas de alta corrupción y poner orden en las finanzas del Vaticano. El mandato fue preciso, estabilizar el manejo financiero de la Santa Sede y evitar los recurrentes escándalos que tanto han perjudicado la credibilidad de la Iglesia.

Al menos desde los años 70, el Vaticano se ha visto involucrado en escándalos financieros. En ellos se le acusa recurrentemente de inversiones dudosas e ilegales, lavado de dinero y malversación de fondos.

Al Vaticano lo persigue la maldición de Marcinkus y Calvi, los banqueros de Dios. Fines de los 70 y principios de los 80, el escándalo fue mayúsculo. El arzobispo Paul Marcinkus responsable de las finanzas del Vaticano, nombrado por Paulo VI, se asoció con Roberto Calvi, propietario del Banco Ambrosiano, en actividades financieras delictivas. Así lo denunció, bajo presión penal, el banquero Michael Sindona ligado a la mafia y a la masonería. Lavado, paraísos fiscales, evasión, inversiones clandestinas, sobornos. El episodio termina con el drama del asesinato de Calvi en 1982, colgado de un puente en Londres pretendiendo aparentar un suicidio.

Bajo el pontificado de Benedicto XVI (2005-13) resurgen intrigas y acusaciones de corrupción financiera entre bandos opositores de la curia, episodio denominado Vatileaks. Francisco no ha podido sacudir el estigma de la malversación de los recursos de la Iglesia. Por el contrario, no ha tenido aciertos en nombrar a sus colaboradores. Está el caso del cardenal George Pell, número dos de la curia, envuelto en denuncias por abusos sexuales en Australia. En 2015, otro caso, el prelado español del Opus Dei, Lucio Ángel Vallejo Balda.

Las finanzas del Vaticano presentan números rojos. Perdió 48 millones de euros en ingresos en 2020 por la pandemia y prevé un déficit de 50 millones en 2021. Pero es lo menos grave, de seguir así, estará en quiebra financiera absoluta para 2024. Esta es la principal advertencia del libro Giudizio universale (Juicio universal), del periodista Gianluigi Nuzzi, un estudio minucioso de la economía de la Santa Sede. El libro establece que, debido a la crisis de credibilidad, por abusos sexuales y escándalos de poder, las donaciones enviadas al Vaticano se han reducido drásticamente. De sus propiedades, cerca de mil edificios están vacíos, mientras otros se ocupan sin cargo. La mala gestión de las propiedades, dice Nuzzi, agrega pérdida de 25 millones de euros anuales. Sume usted la estructura financiera vaticana minada por la corrupción. El Papa ha enfrentado la corrupción financiera, los privilegios y abusos de altos miembros de curia que sólo defienden sus intereses y son un polo de resistencia y confrontación contra el pontífice. Las finanzas y la corrupción interna son focos de vulnerabilidad para las reformas que anhela Francisco.

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Miércoles, 04 Agosto 2021 05:52

Líbano en caída libre

Líbano en caída libre

Cuando el 4 de agosto de 2020 explotaron 552 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de su capital, Líbano ya estaba atravesando una crisis política y económica debido a la pandemia y a la falta de legitimidad de su clase política, en jaque por la serie de manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. A los habituales cortes de electricidad y faltantes de bienes de primera necesidad se le sumaron el desplome de la moneda y un corralito que debilitó la actividad económica.

La explosión complicó aún más el escenario, llevándose la vida de más de 200 personas, hiriendo a miles y dejando sin hogar a cientos de miles y para muchos fue la evidencia del fracaso de todo el sistema político e institucional. El gobierno, paralizado hace 9 meses por la falta de acuerdos internos, pero sobre todo por la puja de intereses entre los líderes de las sectas que lo conforman, prometió una investigación que tendría sus primeros resultados a los 5 días, pero luego de un año aún no se dieron a conocer las responsabilidades del caso y hace pocos días la policía reprimió brutalmente a un grupo de familiares de víctimas que pedían justicia.

La crisis libanesa no se debe sólo a factores internos. Por su propia ubicación geográfica y su composición demográfico-política, este pequeño país de Medio Oriente ha sido desde mediados del siglo XX el epicentro de las intrigas e intereses de diferentes sectores que llevaron al país a la guerra civil (1975-1990) y la creación de Hezbollah en 1982, convertida años más tarde en un partido político con ejército propio, con el apoyo de Irán y Siria. La guerra comenzada en este vecino país en 2011 complejizó aún más el escenario ya que mientras los milicianos de Hezbollah participan en apoyo a la dictadura de al-Assad, más de un millón de sirios que huyeron de la guerra se refugian actualmente en Líbano sumándose a los miles de palestinos, iraquíes y kurdos desplazados por otros conflictos en la región.

El crecimiento y la hegemonía de la agrupación -tanto territorial como política- hace que cualquier posible acuerdo político lo beneficie, y a ello se debe en gran parte la parálisis gubernamental por las presiones de otro actor que disputa la hegemonía en la región; Arabia Saudita, que apoya al sector sunnita. Otro actor interesado en mantener su presencia en el país es Francia, que hoy impulsa una nueva conferencia de donantes para recaudar fondos, la sexta del tipo en los últimos 20 años, la mayoría con condiciones de reformas que nunca se realizaron y a través de las cuales busca mantener su presencia colonial en el país y su rol como baluarte de la civilización occidental.

Si bien los interesados en mantener el statu quo en el país han forjado una clase política capaz de reinventarse y subsistir, el pueblo libanés también ha sabido hacerlo y, a pesar de las incontables dificultades, se ha organizado para sobrevivir a este nuevo trauma social. Aquel día de la explosión miles de personas de todos los puntos del país llegaron a Beirut para ayudar a quitar el vidrio y el polvo que había quedado desparramado por la ciudad, ofrecer viandas y cobijo a los damnificados. Esta red de contención fue fundamental a lo largo de este año y se articula con aquellos sectores que comenzaron en 2019 a pedir una apertura del sistema político que los incluya; estudiantes, trabajadores, organizaciones de derechos humanos y feministas, pueden fortalecerse en esta crisis para construir una alternativa política que salve al país del abismo.

Por Carolina Bracco

03/08/2021

Carolina Bracco es politóloga y doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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Martes, 03 Agosto 2021 06:15

México: el referéndum que no fue

México: el referéndum que no fue

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó a un referéndum para juzgar a los ex-presidentes. La escasa afluencia electoral evidenció que la consulta popular solo fue acompañada por el núcleo duro que acompaña al presidente. Se perdió, así, la oportunidad para la realización de un verdadero desagravio colectivo.

El 1 de agosto los mexicanos fueron convocados a las urnas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una consulta popular para enjuiciar a los ex-presidentes del país. Sin embargo, solo 6,5 millones de personas, menos de 8% del electorado, fueron a votar. Quienes concurrieron a las urnas se expresaron casi unánimemente a favor del juicio a los ex-mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que gobernaron durante las últimas tres décadas: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se trató de una votación masiva, pero que se encuentra muy por debajo del 40% necesario para que la consulta popular tenga carácter vinculante. Esto explica la razón por la que ha sido leída como una derrota del obradorismo, aun cuando los obradoristas la consideran un éxito. Pero si bien los millones que acudieron a las urnas mostraron que existe una sensibilidad respecto de la impunidad y la justicia y una disposición a la participación, está lejos de que se pueda considerar como un triunfo del gobierno. La baja asistencia electoral y las interferencias que viciaron el proceso de ejercicio democrático así lo indican.

La ambigüedad de la propuesta inicial se colocaba, desde el inicio, en una línea débil entre legitimidad y legalidad, ya que sugería la posibilidad de revertir la impunidad a través de un juicio político (una Comisión de la Verdad o un Tribunal Popular), pero también de abrir el camino a «liberar» acciones legales que, de tener sustento jurídico, debieran perseguirse de oficio, sin necesidad de un referéndum. Desde un inicio la consulta se podía leer, alternativamente, como una forma de «justicialismo» simbólico o como un intento de legitimar en las urnas el recurso a la legalidad. Ambas lecturas son reveladoras de la condición real y de las percepciones del Estado de derecho reinante en México.

Por otra parte, diversos poderes –institucionales y fácticos– obstaculizaron el proceso. La Corte Suprema difirió la fecha para que no coincidiera con las elecciones intermedias de junio pasado, a la vez que modificó la pregunta haciéndola más abstracta y confusa. La última redacción preguntaba: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) no fomentó la asistencia a las urnas, argumentando falta de recursos, al tiempo que frenó la campaña de los promotores. El partido mayoritario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó el cambio de fecha y de pregunta para no retrasar el proceso y, sin convicción, con el desgaste de la elección intermedia a cuestas, llamó a votar, pero sin saber ni querer movilizar más allá de las inercias propias de una maquinaria electoral de corte tradicional.

La consulta fue, a fin de cuentas, otra oportunidad fallida de Morena de lograr un protagonismo y no figurar como una simple emanación del carisma presidencial o una agencia de distribución de cuadros y funcionarios en los distintos ámbitos de representación o de la administración pública. Por su parte, el presidente López Obrador no quiso meterse en la contienda para resguardar su figura institucional (incluso no fue a votar), a pesar de que el tema del juicio a los ex-presidentes emana directamente de su caracterización del neoliberalismo como corrupción y despojo del sector público por parte de la que denomina «la mafia del poder». Por último, la arremetida de la prensa opositora y del ejército de opinólogos y «comentócratas» que son las voces –y hacen las veces– de una oposición partidaria desacreditada, sin proyecto, liderazgos ni bases organizadas, hizo lo propio descalificando el proceso y llamando a la abstención.

En estas condiciones adversas, la gran mayoría de la población no fue a votar por desidia o desinterés, por ser opositores a la Cuarta Transformación o por estar decepcionados por tres años de malabarismos progresistas-conservadores. Los casi siete millones que fueron a las urnas, descontando el décimo que votó en contra, corresponden a la base dura del obradorismo, tanto la ideológica como la clientelar, a la cual hay que sumar a aquellos sectores progresistas y de izquierda, activos y conscientes, más o menos (des)organizados, que no pertenecen orgánicamente al campo obradorista pero que fueron parte de las luchas antineoliberales de las décadas pasadas y de las que están en curso.

Sorprendente, en este sentido, ha sido el llamado a votar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otras organizaciones más o menos independientes del obradorismo, en particular las que fueron víctimas de represión o las que representan a sectores afectados por las decisiones políticas del gobierno. También ha sido manifiesta la participación espontánea de muchos ciudadanos que vivieron y padecieron los sexenios de los presidentes anteriores, sintiéndose agraviados en sus creencias y en sus condiciones de existencia.

Más allá de la pequeña política, dos sentidos profundos de la consulta permiten sopesar lo que quiso ser y lo que fue solo en parte, dejando la sensación de un ejercicio fallido. El de fondo es que se trataba de un necesario desagravio colectivo. El de forma implicaba la apertura de una instancia institucional de democracia participativa.

La consulta popular sobre el juicio a los ex-presidentes quería y podía ser el acto de apertura de un proceso de desagravio. En efecto, la memoria colectiva registra tres décadas de historia nacional marcadas por un serie interminable de agravios que un connotado intelectual obradorista, Pedro Miguel, trató de enlistar en un artículo en La Jornada. Todo aquellos que fueron (fuimos) parte de esta historia de abusos de poder y de despojo de lo público, y de las resistencias y las luchas que le correspondieron, se sintieron interpelados por una consulta que pretendía revertir la impunidad de los responsables y sufrieron las interferencias que finalmente la hicieron descarrillar.

En un país presidencialista en el que la concentración real y simbólica del poder en una figura unipersonal sexenal es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio hacia los ex-presidentes es parte de sentimientos políticos difusos y persistentes. Esto no deja de distorsionar la percepción de la real conformación del poder político, el andamiaje tecnocrático y partidario, el entramado con los poderes fácticos. Valga la ironía de la historia de que, en el discurso obradorista que acompañó la consulta, Salinas era acusado del fraude de 1988 por el que resultó electo, sin contemplar que, en su realización, jugó un papel protagónico el secretario de gobernación de aquel entonces, Manuel Bartlett, hoy aliado de López Obrador e integrante de su gobierno.

En todo caso, el resultado de la consulta, más allá del triunfalismo de López Obrador –para quien todo siempre es un éxito– trunca el camino institucional de un posible desagravio colectivo al restarle legitimidad al camino propiamente judicial que apuntaba a desmantelar las ataduras que garantizan la impunidad de los ex-presidentes. Al mismo tiempo, es evidente que los millones que fueron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento difuso y de una voluntad política que serían más que suficientes para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y de juicio político.

Por otro lado, la consulta popular representaba la inauguración de una forma de democracia participativa que había tenido sus antecedentes más relevantes en algunas convocatorias masivas de corte antineoliberal en la segunda mitad de la década de 1990, promovidas y realizadas por movimientos sociales y partidos opositores: el zapatismo, que hizo de este formato una práctica recurrente y distintiva, pero también el movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000 y el mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, en contra de la deuda contraída por el gobierno de Zedillo, en una consulta en la que votaron tres millones de personas.

Por otra parte, hay que señalar que, en la retórica obradorista actual, parece confundirse la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de la consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, el presupuesto participativo (reducido actualmente a microprácticas hiperburocratizadas en la Ciudad de México), la democratización de los espacios laborales y educativos, la participación asamblearia comunitaria o territorial y el reconocimiento de dinámicas autónomas de organización como formas de participación y democracia directa. Así que, como respuesta inmediata a la decepción respecto de los resultados de la consulta, el obradorismo, después del ritual triunfalista, se proyectó hacia delante. López Obrador declaró que, en ocasión de la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022, la participación será masiva, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no, por ejemplo, modificar la ley actual de consulta que fue elaborada durante el sexenio de Peña Nieto. Amén de la apertura de otras formas de democracia participativa, la próxima convocatoria, ligada a la continuidad de la figura unipersonal del presidente de turno, teñirá inevitablemente de una lógica plebiscitaria el uso incipiente de la forma referéndum.

En conclusión, una consulta que podía ser un importante acto político, una señal de un viraje significativo, aun limitado y relativo, respecto del historial de agravios e impunidad de las últimas tres décadas y de apertura de nuevas formas de participación política, resultó, por una serie de factores y de responsabilidades que incluyen a los mismos promotores, en un ejercicio fallido que corre el riesgo de asentar un antecedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares que no sean de carácter estrictamente plebiscitario. 

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Seguidores de Ebrahim Raisi celebran su victoria en las elecciones presidenciales de Irán, en Teherán. — Majid Asgaripour/WANA / REUTERS

La asunción de la presidencia por Ebrahim Raisi esta semana coincide con uno de los momentos más delicados de Irán, tanto en el interior como en sus relaciones con EEUU y en las negociaciones para la vuelta al acuerdo nuclear. Raisi tiene que adoptar inmediatamente decisiones difíciles en un país sacudido por las protestas, acosado por Israel y con una economía necesitada con urgencia de oxígeno.

 

La concurrencia de elementos cargados de violencia ha conducido a Irán a una tensión sin precedentes justo cuando esta semana se produce el cambio en la presidencia del país con la entrada del conservador Ebrahim Raisi, quien deberá hacer frente a una de las situaciones más complejas de los últimos años.

Las recientes protestas en la provincia de Juzestán, que se iniciaron el 15 de julio y luego se extendieron a otras regiones, incluida Teherán, han sido reprimidas por las autoridades con resolución y con un balance de muertos significativo. Juzestán se encuentra en el golfo Pérsico, justo al lado de Irak, y está habitado por una población de lengua árabe que en parte tiene ambiciones secesionistas.

La espita de las protestas es la escasez de agua debido a una sequía sin precedentes, pero los manifestantes exigen un cambio de régimen con consignas contra el líder supremo Ali Jamenei y el gobierno. Lógicamente, las protestas se alientan desde el extranjero, especialmente desde Israel, y no es casual que la seguridad iraní haya anunciado la detención de un grupo de agentes del Mosad que pretendían desestabilizar el país, algo que no es la primera vez que ocurre.

Pocos días después, el jueves por la noche, un petrolero japonés operado por una compañía israelí fue atacado en el golfo de Omán en otro incidente de este tipo, aunque, a diferencia de los anteriores, en esta ocasión murieron dos tripulantes, uno británico y otro rumano, lo que ha incrementado la tensión.

Israel acusó inmediatamente a Teherán y lo mismo han hecho Washington y Londres. Es evidente que Israel pondrá toda la carne en el asador para perjudicar a Irán, a ser posible con nuevas sanciones internacionales. Se da la circunstancia de que Israel ha atacado a "decenas" de barcos iraníes, principalmente en el Mediterráneo, según indicaron hace apenas unos meses fuentes oficiales a The New York Times.

La enorme capacidad desestabilizadora que Israel inyecta en Oriente Próximo tiene su punto de apogeo en Irán, un enfrentamiento que reporta grandes beneficios al estado judío, tanto en sus relaciones con otros países árabes como a la hora de apartar la atención de la ocupación y anexión de los territorios palestinos y sirios.

Irán tiene innumerables motivos para responder a los ataques directos o interpuestos de Israel, ataques que se dan con tanta frecuencia que si Teherán no responde de una manera u otra, podrían incrementarse.

Este probablemente es el motivo del ataque con drones contra el petrolero operado por la compañía israelí, es decir enseñar los dientes a un enemigo que continuamente le hostiga, bien directamente o bien a través de grupos iraníes teledirigidos desde Tel Aviv.

Todavía es pronto para determinar si este contexto de violencia continuada, que nada indica que vaya a detenerse pronto, incidirá en las negociaciones que conducen Irán y la administración de Joe Biden sobre el programa nuclear iraní.

Las últimas revelaciones señalan que las negociaciones están bloqueadas por dos cuestiones. La primera es la desconfianza de Teherán respecto a los americanos. Los iraníes exigen un mecanismo que garantice que EEUU no abandonará unilateralmente el acuerdo nuclear cuando le apetezca, como ocurrió con Donald Trump en 2017. Aparentemente, la administración Biden no parece estar en condiciones de ofrecer esas garantías y blindar el acuerdo.

Por su parte, Washington condiciona la firma del acuerdo a que Teherán se comprometa a abrir una segunda negociación sobre sus programas balísticos al margen del programa nuclear. Los iraníes consideran que ese es un terreno tabú y que tienen derecho a desarrollar la industria armamentista no nuclear sin cortapisas de ningún tipo.

Un analista de la página Informed Comment, especializada en Oriente Próximo, sugería este lunes que quizá sería beneficioso un Irán nuclear puesto que daría más estabilidad a la región. Desde luego, un Irán nuclear adquiriría una capacidad de disuasión que obligaría a Israel a pensárselo dos veces antes de ejecutar sus continuos planes de desestabilización.

El analista presentaba otros casos de nuclearización que inicialmente parecían problemáticos pero que se han revelado positivos, como cuando China obtuvo la bomba en los años sesenta. Poco después la India hizo lo mismo, y poco después Paquistán hizo lo propio. En todos estos casos la capacidad nuclear no significó el fin del mundo sino que probablemente trajo mayor estabilidad.

Aunque algo parecido podría ocurrir con un Irán nuclear, Israel no está dispuesto a tolerarlo por dos motivos. En primer lugar porque quiere mantener su supremacía nuclear exclusiva y en segundo lugar porque el programa nuclear iraní le permite a Israel mantener en vilo a toda la región y apartar la atención de la ocupación de los territorios palestinos y sirios.

Este es el panorama con que se encuentra el nuevo presidente Ebrahim Raisi, quien por un lado tiene seguir negociando con EEUU el programa nuclear y por otro debe buscar medios para disuadir a Israel de la hostilidad permanente contra la república islámica, como acaba de ocurrir en el golfo de Omán, todo sin olvidar la agitación interna derivada principalmente de las sanciones económicas impuestas por las potencias occidentales.

03/08/2021 10:07

Eugenio García Gascón

Continúan las protestas en Guatemala contra el presidente y la fiscal general

Las rutas de Guatemala continúan bloqueadas por segundo día consecutivo para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, presuntamente implicado en casos de corrupción,  y de la fiscal general, Consuelo Porras, cuya decisión de destituir al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fue ampliamente rechazada por la sociedad guatemalteca.

"Este Gobierno está lleno de incompetentes, ladrones, corruptos, asesinos. Renuncien ya", expresó uno de los ciudadanos que participó en el bloqueo de una ruta principal en el municipio de Chisec, del departamento norteño de Alta Verapaz, citado por el diario Prensa Libre. Este viernes se registraron manifestaciones en los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez (sur), Quiché (noroeste) y Alta Verapaz (norte), informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Según consgina el matutino Prensa Libre, pobladores de 20 comunidades se concentraron sobre el puente Carlos Castillo Armas, en el kilómetro 178.5, Santa Cruz Muluá. “Seguimos con nuestra lucha, estamos conscientes que afectamos a una parte de la población, pero es necesario ya no callar más y hacernos escuchar”, expresó uno de los líderes comunitarios al matutino guatemalteco. “La cosecha de este año fue mala, perdimos la mayor parte de nuestros cultivos y seguimos esperando el subsidio que ofrece el gobierno, nos hemos endeudado, pagamos nuestros impuestos, nuestras comunidades han sido olvidadas”, añadió.

Los pobladores luego liberaron el paso del puente y se movilizaron en una multitudinaria caminata. “El pueblo está en las calles exigiendo la renuncia del presidente de la República y de la fiscal general Consuelo Porras, exigimos que sean devueltos los millones que han robado, nos hemos cansado de tanta corrupción”, afirmaron desde el Consejo de Líderes Comunitarios.

En las manifestaciones exigen la renuncia de Giammattei por su presunta implicación en casos de corrupción y por una gestión deficiente para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en Guatemala. En Centroamérica es el país que registra el mayor número de muertes por coronavirus con más de 10 mil fallecidos. Hasta el momento el país sólo ha recibido 550 mil dosis de la vacuna.

Mientras que la decisión de la fiscal Porras de destituir a Sandoval también fue rechazada por la población guatemalteca. El exfiscal de la FECI había tenido un papel importante por su trabajo junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó al desmantelamiento de más de 60 estructuras de corrupción del Estado entre 2014 y 2018, incluyendo la captura del expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Durante su gestión al frente de la FECI imputó a más de 200 personas entre diputados, ministros, funcionarios, miembros de la élite empresarial y presidentes y expresidentes.

Sandoval, que tras su destitución abandonó el país por temor a su integridad física, aseguró en un rueda de prensa antes de dejar el país, que la fiscal general, Consuelo Porras detuvo y atrasó investigaciones en casos de corrupción que involucran a Giammattei y su gobierno.

Este viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admitió tramitar un amparo presentado por diputados de varias bancadas tras la decisión de Porras de destituir a Sandoval. Los diputados informaron que la CSJ otorgó un plazo de 48 horas al miniserio Público de Porras para que rinda un informe sobre el despido de Sandoval.

Mientras que la repercusión internacional por la destitución de Sandoval suma voces. A través de un comunicado conjunto las embajadas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Suecia y Suiza acreditadas en Guatemala, y miembros del Grupo de Países Donantes G13, exigieron al gobierno retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Lamentamos las acciones de la fiscal general en la reciente destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad. Este hecho se percibe como parte de un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta el estado de derecho en Guatemala”, afirmaron en el texto.

 “Aquellos que trabajan contra la impunidad y la corrupción tales como la Procuraduría de Derechos Humanos, los fiscales y los jueces independientes, deben gozar del más fuerte apoyo y de todas las garantías y protecciones posibles para poder llevar a cabo su trabajo de forma independiente y eficaz”, agregaron.

Sandoval viajó a Washington tras su destitución y exilio de Guatemala. Este viernes, el abogado se reunió con la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien remarcó la importancia de fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción.

Este jueves la titular del ministerio Público, Consuelo Porras, envío una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en la que justificó la destitución del  jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Según Porras la decisión de remover a Sandoval de su cargo fue debido a sus reiterados desacatos a las órdenes que se le giraban.  El Departamento de Estado había criticado la decisión de la fiscal general, afirmando que Sandoval era reconocido como campeón anticorrupción

30/07/2021

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Jornada de paro nacional en Guatemala pide la renuncia del presidente Giammatei

Organizaciones sociales, indígenas, campesinas y estudiantiles de Guatemala se movilizaron y pidieron la renuncia del presidente Giammatei, entre otras cosas, por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó la directora de Aministía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.

"Varias protestas pacíficas en el Paro Nacional 29J en Guatemala. El pueblo guatemalteco levanta su voz demandando rendición de cuentas, fin de la corrupción y la impunidad, y ejercicio de DDHH. Exigimos a Alejandro Giammattei respetar el derecho de protesta y atender las demandas", tuiteó Guevara-Rosas.

Los guatemaltecos también reclaman que el Estado disponga de políticas públicas para enfrentar a la pandemia de COVID-19, que hasta el momento ha provocado el contagio de 358.798 personas y la muerte de otras 10.224.

Parte de la columna de manifestantes se dirigió al Ministerio Público, donde exigieron la dimisión de la titular, la fiscal general Consuelo Porras.

La ciudad de Guatemala fue el epicentro de las protestas enmarcadas en la jornada de paro nacional, pero también se registraron caminatas, mítines y otras actividades en los 22 departamentos del país.

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Viernes, 30 Julio 2021 05:56

Biles ha ganado

Biles ha ganado

Quién no se ha roto alguna vez. Máxime si soportas una presión y cargas profesionales no aptas para seres humanos. La historia de Simone Biles no es solo la historia de una de las mejores deportistas de la historia, sometida a una disciplina y perfección propias de otro mundo. La historia de Biles es la historia del abuso sexual, de la ausencia de sus padres, de la pobreza. No hablar de todas las complicaciones vitales que ha tenido, es negar gran parte de las razones  de su retirada en estos Juegos Olímpicos.

Simone Biles ha dado un golpe en la mesa, ha bajado de las alturas y nos ha puesto en nuestro sitio. Mientras nosotros observábamos sus múltiples e imposibles piruetas, y mirábamos hacia donde no es, ella bajaba para regalarnos su salto mortal más difícil. Hay que ser muy valiente para ser Biles. Rozar la medalla de oro, una vez más, y dejarla a un lado para centrarse en lo importante, en ella misma, en el autocuidado. ¿Hay algo más feminista que esa decisión?

Nadia Comanetchi también lo hizo cuando en la noche del 27 de noviembre de 1989 acabó escapando de Rumanía, justo después de cumplir 28 años, cruzando a pie, guiada por un pastor de ovejas, la frontera con Hungría, desde donde viajó a Austria y de ahí a EE.UU. Nadia había aguantado años de opresión en los que se le obligaba a entrenar lesionada, se le prohibía comer por períodos de hasta tres días para que pudiera competir con el peso que se esperaba de ella. La primera 10 de la historia fue sometida a todo tipo de vejaciones, controles y vigilancia, hasta que decidió escapar y apostar por sí misma.

Hace unos meses, la tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y número dos del mundo, tomó la decisión de retirarse del Abierto de Francia por la misma razón que Simone Biles. Osaka sintió por un momento el peso del mundo sobre sus espaldas y la pérdida más dura, pero al mismo tiempo empoderante. Ahora, tras la derrota en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos, las críticas de sus compatriotas sobre la salud mental han sido durísimas y nada comprensivas. "Se ‘deprimió’  convenientemente, se curó convenientemente y se le dio el honor de ser la última portadora de la antorcha", escribió un comentarista en Twitter.

Ahora, Simone Biles ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de salud mental y la necesidad de tratarlos y de acabar con un estigma aún férreo. De haberse tratado de una lesión física, el mundo lo habría comprendido y a otra cosa. Al ser un tema que aún no se quiere comprender ni interiorizar ni hacerse cargo es mucho más fácil tacharla de débil, como ha insinuado el jefe de opinión de uno de los medios de comunicación de este país, a quien no citaré por no dar publicidad gratuita.

Ese tipo de comentarios ante la retirada de la gimnasta no hablan de lo difícil y valiente de su decisión, sino de las carencias emocionales y empáticas de quienes los profieren. Señoros que se dedican a opinar sobre el parón de una super heroína cuando no son capaces ni de correr 100 metros a la redonda. Estos mensajes de señores acomplejados dedicados únicamente a hablar sobre las mujeres y sus cuerpos no son más que mensajes caducos machistas de otro tiempo. Biles, y otras como ella, marcan el nuevo mundo. Allá cada uno en la decisión de a cuál de los dos mundos quiere pertenecer.

Simone Biles ha ganado y ha hecho historia. Nos ha regalado un mensaje claro y ha tocado la fibra sensible de muchos. Se espera de nosotros que seamos máquinas irrompibles en un sistema competitivo y perfeccionista, y la realidad es que no somos más que personas que tratamos de salir adelante en un mundo que espera demasiado de nosotros. Muchas de estas gimnastas sufrieron abusos, ¿quién no se rompe después de algo así? Biles nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha dicho, eh, que soy humana y tengo derecho a descansar. Gracias, Simone, por tanto.

 

30/07/2021

Publicado enSociedad
El 11 de julio en Cuba: una reflexión tentativa

A dos semanas de las protestas, el gobierno cubano viene realizando operaciones de control de daños que si bien van más allá de la reacción inicial, principalmente represiva, no han abandonado esa vía. En cualquier caso, es difícil superar la prueba de fuego de la actual dirección cubana sin prestar oídos a los reclamos legítimos de la población.

 

Guste o no, le pese a quién le pese, el 11 de julio del 2021 quedará grabado de manera indeleble en el imaginario nacional. Para la mayoría de los cubanos, fue un día triste que preferirían no tener que recordar, pero ahí está. La información sobre lo que pasó está aún demasiado dispersa y teñida por el ambiente de noticias falsas y contra réplicas del gobierno cubano como para hacer algo más que lo que me propongo: una reflexión tentativa. Por lo que se sabe hasta ahora, ese domingo ocurrieron a lo largo y ancho del territorio nacional manifestaciones masivas contra el gobierno, algunas de ellas devenidas violentos disturbios, un hecho sin precedentes en Cuba que tomó a muchos observadores y hasta a las propias autoridades por sorpresa. Quedó así una imagen de ingobernabilidad y violencia que objetivamente perjudica al gobierno cubano y que será difícil de borrar aún en un escenario favorable que no aparece en el horizonte.

Pero si a alguien no debieron tomarle por sorpresa estos hechos fue precisamente a ese liderazgo que desde hace meses viene denunciando que se estaba gestando un «golpe blando» o una «revolución de colores» diseñada por el sempiterno enemigo estadounidense. Quizás a causa de la sorpresa, la reacción gubernamental inicial estuvo signada por una perniciosa tendencia a responder preferentemente con herramientas represivas y con la repetición ad infinitum de una estrategia comunicativa cuya inoperancia parece cada vez más evidente.

En buenas cuentas, lo que sí es asombroso, dadas las penurias a que ha sido sometida la población cubana, sobre todo desde el inicio de la pandemia, es que estos disturbios no se hubieran producido antes. Pero sucedieron, han tenido repercusiones muy negativas y el relativamente nuevo liderazgo cubano está en crisis apenas a tres meses de haber celebrado el VIII Congreso del Partido Comunista Cuba, y a dos años de haberse aprobado una nueva Constitución. No deja de ser recordatorio de situaciones previas a los colapsos anteriores en los países socialistas de Europa Oriental. 

Pero este caso es diferente. Cuba es un país del Tercer Mundo y en él hubo una revolución nacional liberadora después de años de opresión neocolonial. Esa revolución se radicalizó en un agudo enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, al que pudo resistir en una serie de enfrentamientos. En ese proceso adoptó un modelo socialista que ofreció amplios beneficios populares al menos en sus primeras tres décadas gracias a su alianza con la Unión Soviética.

Si estos disturbios no se produjeron antes, ello se debe a los logros sociales en sus años iniciales y a la trayectoria internacional del país, que lo llevó no solo a sobrevivir el enfrentamiento con Estados Unidos sino a jugar un papel excepcional en la política internacional, y particularmente en el hemisferio occidental, durante la Guerra Fría y después. Todo ello le dio al gobierno actual un sustancial capital político y margen de maniobra, basado en su consigna «Somos Continuidad», que evocaban el increíble liderazgo de Fidel Castro durante 47 años. 

Sin duda, estos logros y éxitos están en la base de la resiliencia del régimen cubano y en la tolerancia estoica de los ciudadanos ante las dificultades excepcionales que sufren, que objetivamente están provocadas en gran parte por el bloqueo estadounidense, aunque también por insuficiencias y errores en las políticas gubernamentales. Un elemento adicional, que no ha sido objeto de mucho análisis por observadores del drama cubano, es que no han salido a la luz informaciones que nos permitan valorar la participación o papel de los distintos sectores de oposición en Cuba, algunos de ellos, pero no todos, vinculados a la realmente existente política de subversión fomentada oficial y extraoficialmente desde Estados Unidos. 

Algo sí aparenta ser evidente: si bien al parecer hubo algunas participaciones visibles de líderes de los conocidos movimientos Movimiento San Isidro y 27N prácticamente fue nula la de los activistas más promovidos desde territorio estadounidense, y ninguno parece haber estado en posición de capitalizar las manifestaciones. Quizás haya que buscar la explicación de este fenómeno en recientes investigaciones sobre revoluciones sociales y durabilidad autoritaria, como la de Jean Lachapelle, Steven Levistky, Lucan A. Way, y Adam E. Casey, publicada recientemente en la revista World Politics, en las que se intenta explicar la estabilidad de regímenes como el cubano.

A pesar de lo anterior, no cabe duda de que los disturbios fueron azuzados en redes sociales, particularmente por operadores e influencers que no viven en Cuba, muchos de ellos residentes en Miami, donde el anticastrismo sigue siendo una industria local importante, financiada tanto por fondos federales como privados. No dejan de tener razón los que argumentan que las redes sociales se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional pues se gastan millones de dólares en lanzar campañas desestabilizadoras de noticias falsas. 

Aunque el «empujón externo» pudo haber sido el factor detonante, también es cierto que no habría sido efectivo si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores endógenos, resultado de errores y cálculos erróneos del gobierno cubano:

  1. Deterioro de la situación social en barrios empobrecidos; 
  2. Enormes dificultades para conseguir alimentos; 
  3. Reciente deterioro de la situación sanitaria después de varios meses de una política muy exitosa contra la pandemia de covid-19; 
  4. Tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
  5. Ineficiente estrategia comunicativa que tiende a ocultar errores e insuficiencias propias mediante el argumento de que «la culpa la tiene el bloqueo»;

El gobierno ha subestimado y sigue subestimando hasta que punto sus propias acciones o falencias, estas últimas percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano, pues se ha enfocado en que el estímulo exógeno a un estallido social es el único o al menos el principal causante. 

No cabe duda de que la política de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, que ya llevan casi 60 años en vigor, son una suerte de «guerra económica» contra una «plaza sitiada», como argumentara Peter Beinart en el New York Times del 15 de febrero en una columna titulada «La otra guerra permanente de Estados Unidos». Beinart critica las políticas de sanciones económicas argumentando que Washington usa ese tipo de estrategia contra países como Cuba y es equivalente a hacer la guerra por otros medios, con muy pocas posibilidades de éxito en el objetivo propuesto: el «cambio de régimen».

Por supuesto, el gobierno estadounidense ha rechazado las acusaciones cubanas, pero lo cierto es que la administración de Joe Biden mantuvo las sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump entre 2017 y 2021, 247 en total, incluso en plena pandemia. Se trata de una política de presión máxima que empobrece al pueblo cubano mientras acosa a su gobierno y no logra su objetivo confeso de derrocar al régimen. Lo ha hecho a pesar de prometer exactamente lo contrario durante la campaña electoral. 

Es evidente que se estaba creando una tormenta perfecta a 90 millas de las costas norteamericanas. Es interesante que apenas una semana después de que el presidente Biden calificara a Cuba como un «Estado fallido», la Casa Blanca anunció dos medidas que, de materializarse, aliviarían parcialmente las tensiones en Cuba: el restablecimiento del envío de remesas y la reapertura de los servicios consulares en La Habana. Ambas medidas fueron parte del acoso de Trump. Si estas propuestas logran atravesar el «campo minado» del proceso de toma decisiones sobre Cuba en Washington y una difícil negociación con el gobierno cubano, esto puede significar que el gobierno de Biden reconoce tácitamente que continuar las sanciones exacerba la crisis cubana y podría provocar un estallido social incontrolable, lo que no está en el interés nacional de Estados Unidos porque, entre otras, podría estimular la peligrosa idea de intervenir militarmente.

En todo caso, Biden ha mostrado que no es Barack Obama en lo que a Cuba respecta. Pero eso es un síntoma de debilidad de su liderazgo, lo que puede tener repercusiones en América Latina y el Caribe, región en la que Cuba y las izquierdas que la apoyan siguen teniendo importancia, como lo han mostrado los recientes procesos políticos en México, Argentina y Bolivia e incluso en Ecuador. 

Durante seis meses, el gobierno de Estados Unidos estuvo posponiendo el cumplimiento de las promesas de campaña y quedó atrapado en el estrecho marco de la variante trumpista de la política republicana hacia Cuba, que está basada en una ilusión: que mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales extremas se logrará acabar con el régimen surgido en 1959. Los acontecimientos en el terreno y las decisiones y propuestas de otros actores la han puesto en una posición imposible. El resultado neto es que muy probablemente durante los próximos tres años se mantendrán sanciones contra Cuba que empobrecerán aún más al pueblo cubano y acosarán a su gobierno, que tendrá que convencerse de que solo una política económica eficaz que fomente el desarrollo de las fuerzas productivas podrá sacar al país de su actual crisis.

Al momento de escribir estas líneas, a dos semanas escasas de las protestas, se observa al gobierno cubano realizando operaciones de control de daños que trascienden la reacción inicial, principalmente represiva, aunque no parece haberla abandonado. Para continuar controlando el daño es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social, y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender autocríticamente los internos. Se debe acometer con urgencia las reformas prometidas, especialmente en lo que se refiere al suministro de alimentos. 

Un problema adicional que le complica la situación es cómo enfrentar a actores violentos que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión desmedida contra manifestantes pacíficos. Hay reportes de que se están produciendo juicios sumarios sin las adecuadas garantías procesales. Las sanciones impuestas en estos juicios oscilan entre diez meses y un año. Muchos de los condenados no parecen haber cometido actos violentos. Seguir por este camino alienará aún más a aquellos sectores todavía identificados con la Revolución pero que se oponen a la represión desmedida. Dentro de la sociedad cubana, la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.

En cuanto a la estrategia de comunicación, esta debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perderlos aún más. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento de que todo se debe al bloqueo, más allá de que este sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en sus errores conduce al gobierno a una pérdida aún mayor de credibilidad. Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes: el primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos; el segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del Estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019. 

Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de «centrista», que se intenta convertir en sinónimo de contrarrevolución. 

Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo 11 de julio demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todos los que se sumaron a las protestas, calificándolos de «anexionistas», criminales o «confundidos». Es claro que notados quienes participaron caben en esas descripciones. Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado. 

A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus condenas. Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También existe la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión. 

A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas generaron disturbios, ni cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodríguez, muy respetado en círculos gubernamentales.

Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de erosionar el liderazgo cubano. No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es legítima y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que «la calle pertenece a los revolucionarios». Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el Estado socialista de derecho. 

En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno estadounidense, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.

Esto es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no solo por la pandemia. Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos. Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.

Julio 2021

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El FMI advirtió que la recuperación económica mundial no está asegurada

El Fondo actualizó sus proyecciones de crecimiento mundial, espera una mejora del 6 % para 2021 aunque alertó que la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros países.

 

El FMI señaló que el acceso a las vacunas se convirtió en la principal brecha para la recuperación mundial que se puede dividir en dos bloques: la mayoría de los países centrales, que podrían esperar una mayor normalización de la actividad a fin de año y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y una suba del número de víctimas de covid. El organismo advirtió que “la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros países”.

El Fondo actualizó sus proyecciones de crecimiento y estimó un crecimiento global del 6 %, sin cambios desde su última proyección en abril, y 4,9 % en 2022, según publicó en sus Perspectivas económicas este martes. Pero alertó que las perspectivas son inciertas por las nuevas variantes de coronavirus como la variante Delta.

En tanto, el FMI recortó 0,4 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento para las “economías emergentes” y “en desarrollo” este año, al 6,3 %. Las perspectivas de crecimiento para India se revisaron a la baja tras la segunda ola de Covid y la lenta recuperación.

Por su parte, el Fondo mejoró su proyección para las llamadas economías avanzadas este año en 0,5 puntos porcentuales hasta el 5,6 %, con mejoras para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia. Francia y Alemania se mantuvieron sin cambios, mientras que las expectativas de crecimiento para España y Japón se rebajaron.

Para América Latina, el organismo proyectó un crecimiento este año de 5,8 %, una mejora de 1,2 puntos porcentuales con respecto a la estimación de abril. El alza de las previsiones para América Latina y el Caribe se debe principalmente a las mejoras esperadas en Brasil y México. La Cepal calcula una mejora similar aunque advierte sobre los problemas estructurales de desigualdad, pobreza y empleo en la región.

La economista en jefe del FMI, Gita Gopinath, señaló al diario Financial Times que "todavía estamos en una situación en la que la pandemia está creando muchos estragos en todo el mundo".

Sobre la inflación, el Fondo prevé que regresará a los rangos que se registraban antes de la pandemia en la mayoría de los países en 2022, pero agregó “persiste una gran incertidumbre”. También advirtió que la inflación será elevada en algunas “economías emergentes” por el “alto nivel de los precios de los alimentos”.

Sobre el empleo, el FMI señaló que si bien el empleo dejó atrás los mínimos que tocó en el segundo y tercer trimestre de 2020, aún “en general se mantiene por debajo de las tasas previas a la pandemia”. Además, el informe agregó que “su recuperación es sumamente desigual, ya que los jóvenes y los trabajadores poco calificados de todas las economías y las mujeres de las economías de mercados emergentes y en desarrollo siguen constituyendo los segmentos más golpeados”.

“Nacionalismo de vacunas”

El Fondo detalló que “para fines de junio de 2021, se habían administrado aproximadamente 3.000 millones de dosis a nivel mundial, casi 75 % de ellas en economías avanzadas y en China. En los países de bajo ingreso, menos del 1 % de la población había recibido una dosis”. El documento reconoció que “la mayoría de los países de bajo ingreso depende primordialmente de los vehículos de adquisición colectiva de vacunas COVAX y el Fideicomiso Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT, por sus siglas en inglés), que habían entregado menos de 100 millones de dosis a unos 90 países para fines de junio de 2021”.

El informe del FMI sostuvo que “la acción multilateral es esencial para reducir las divergencias y fortalecer las perspectivas mundiales. La prioridad inmediata es distribuir las vacunas equitativamente en todo el mundo”. Según el organismo su propuesta costaría U$S 50.000 millones, “avalada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, establece metas claras y medidas pragmáticas a un costo asequible para poner fin a la pandemia”.

En un reciente post del FMI firmado por su titular Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Ruchir Agarwal añaden a su propuesta los beneficios de lograr la distribución de vacunas de manera equitativa entre todos los países, y ,además, de “salvar vidas” dicen las autoras, “un final anticipado de la pandemia también podría inyectar el equivalente a U$S 9 billones en la economía mundial para 2025 gracias a la reanudación acelerada de la actividad económica”, es decir cómo hacer para mejorar la rentabilidad es lo que importa. "Salvar vidas" mucho no les importó, no hay que olvidarse de los recortes de los presupuestos de salud que hicieron varios países antes de la pandemia, herencia de décadas de neoliberalismo y privatizaciones, que terminó en el colapso del sistema de salud, o del ajuste que suele recomendar el organismo a los países que contrajeron deuda a pesar de la pandemia.

Desde que empezó la vacunación fueron las grandes potencias quienes acapararon la mayoría de las vacunas, a pesar de que muchos de los países con menos recursos son productores de las mismas, como ocurre en La India o en Argentina con la vacuna AstraZeneca. Apareció lo que se conoce como “nacionalismo de vacunas” de los países centrales, como Estados Unidos o Reino Unido en donde éstos pueden sobreabastecerse a partir de acuerdos con laboratorios privados, dejando al resto de los países, por lo general los atrasados y dependientes, sin vacunas. Mientras los laboratorios se apropian del conocimiento que en muchos casos fue financiado por los Estados. Por eso la importancia que liberen las patentes, y también se debería declarar de interés público los laboratorios para poder producir las vacunas.

Las advertencias del FMI dan cuenta que la recuperación económica mundial es desigual y frágil en el marco de una situación que acumula contradicciones desde la crisis del 2008, y seguirá atravesada por el desarrollo de la pandemia cuyas consecuencias recaen sobre la clase trabajadora. No es casual que el informe del Fondo advirtió también sobre el malestar social. La lucha de clases puede volver a irrumpir como ya ocurrió en varios países.

Redacción

Martes 27 de julio | 19:55

Publicado enEconomía
El pase sanitario en Francia genera resistencia en medio de la cuarta ola

La variante Delta avanza al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura

Existe una heterogeneidad de manifestantes: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticuarentena. El gobierno apuesta a la dinámica ascendente de la vacunación.  

 

Un narrador perverso parece estar escribiendo sobre la piel de la realidad la novela del virus covid-19. Estimuladas por la pandemia, las situaciones son un brasero de contradicciones. Al cabo de cuatro días y cuatro noches de debates a menudo encarnizados, el Parlamento adoptó esta madrugada la extensión del pase sanitario (vacunación completa -las dos dosis-, prueba PCR negativa, o certificado de restablecimiento) necesario para ingresar en los lugares públicos con capacidad para más de 50 personas y que impone, además, la vacunación obligatoria para el personal de los hospitales y el aislamiento de las personas positivas. 

Tensiones por el pase sanitario

El pase debería entrar en vigor a principios de agosto, pero el trabajoso camino que tuvo que atravesar para ser aprobado traduce perfectamente las tensiones que genera tanto en la sociedad como en la clase política. El fin de semana pasado decenas de miles de personas volvieron a manifestar en toda Francia contra el pase sanitario y lo que muchos consideran como la “dictadura perfecta” porque, como lo expresa Anne, una mujer de 40 años empleada de banco, ”con eso del pase y la excusa de que nos van a curar o proteger, lo que va a ocurrir es que terminaremos todos en un fichero, vigilados, retratados, radiografiados y controlados”. Sin embargo, pese a la oposición y a la repetida destrucción de los centros de vacunación, Francia sobrepasó este martes el umbral del 50% de la población con un “esquema de vacuna completo”, es decir, las dos dosis de las vacunas disponibles (Moderna, AstraZeneca o Pfizer) o una de Janssen. Según la Dirección General de la Salud, 40.719.515 personas recibieron una dosis (60,4 % de la población) y 34.026.476 las dos (50,5 % de la población).

Los Jóvenes no vacunados

Aun se está lejos del porcentaje requerido para llegar a la inmunidad colectiva (90%) y el gobierno apuesta a que se mantenga la dinámica ascendente para completar el esquema lo más pronto posible en un momento crucial: con cada semana que transcurre la variante Delta del virus multiplica por dos los contagios. Aunque tiene perfiles distintos a las precedentes, hoy se admite que la “cuarta ola” ya se está desplegando en el país. En las ultimas 24 horas se registraron casi 23.000 nuevos casos contra poco más de 10 mil hace una semana. Esas infecciones recientes afectan, sobre todo, a los jóvenes que no se han vacunado. Todo parece ir en ascenso, de forma contradictoria: en la semana del 19 de julio se vacunaron 4,7 millones de personas en lo que fue, según el Ministerio de Salud, ”la mejor semana desde el principio de la campaña de vacunación en diciembre de 2020”. Sin embargo, la ola del virus crece al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura. 

Movilizados 

La contestación federa a decenas de miles de personas movidas por razones distintas: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticonfinamiento, cuyas reivindicaciones suelen ser un extraño cóctel de ideas proteiformes (complotistas, sospechas sobre la existencia de “un ente superior que controla a los gobierno”, certezas extraídas de los libros que difunden la idea de un colapso generalizado (el mundo se acaba). A sus 47 años y con un pasar confortable como agente inmobiliario, Etienne está muy convencido de que “las personas que se han vacunado morirán dentro de dos años. Es la lógica imparable de la humanidad. Los recursos se acaban, no alcanzan para todos. Hay que renovar la humanidad, una guerra a escala global no es posible y el virus y la vacuna han sido la coartada perfecta. Primero mataron a los viejos y ahora a los jóvenes rebeldes que no aceptan la vacunación”. 

Las expresiones que más se escuchan en las manifestaciones son “Libertad”, ”abajo la tiranía”. Dominique, un panadero de París, denuncia ante PáginaI12 “la transferencia de las lógicas de dominación: se recurrió a la lógica sanitaria para frenar el virus y, desde hace un par de semanas, con el anuncio de los rigores del pase sanitario, pasamos a la lógica de la seguridad”. 

Hay grupúsculos dentro de los anti vacunas que pusieron el pie más allá de la retórica y pasaron a la acción violenta: golpean y persiguen a los periodistas o destruyen o incendian los centros de vacunación (más de 15). Al frente de los anti se coló un oportunista oriundo del partido de extrema derecha dirigido por Marine Le Pen. Se trata de Florian Philippot, ex número dos de la ultraderecha y fundador del movimiento Patriotas. Philippot se autodefine como el “impulsor”, el “creador” del movimiento de los antivacunas. Es el quien grita en los megáfonos o los micrófonos “abajo la dictadura sanitaria, viva la libertad”, ”abajo el apartheid" (entre vacunados y no vacunados). Y en esa masa de ideas dispares y causas comunes están los resistentes, los tiernos, los que aceptan “el destino que se les impone, el destino de ser parias de la vacuna, excluidos de la sociedad”. 

Monique recopila con una inaudita paciencia creativa todo lo que va a hacer para que no la obliguen a vacunarse. La mujer de 57 años, con una carrera sólida en un centro comercial y dos hijos, dice: "a mi no me pondrán de rodillas. Ya pedí la jubilación. ¡ No pasarán !. Por las dudas, también compré un aparato para hacer el pan en mi casa, al cine no me hace falta ir porque para eso está Netflix, la comida se la pido a Uber Eats o la encargo por internet al supermercado y nadie me va a prohibir pasear por la calle. Jamás seré una cobaya de esta gente. Elijo con plena lucidez vivir de otra manera para que mi sistema inmunitario permanezca intacto”.

Los anti se han organizado con astucia. Ya existe un anuario de Francia con la lista de comercios, restaurantes, empresas y servicios que no exigen el pase sanitario y todo un dispositivo de ayuda mutua destinado a las personas que no “seguirán al rebaño de los vacunados”. Hay dos luchas instaladas: la del gobierno ante la urgencia de evitar que la extensión del virus vuelva a contaminar a los más frágiles, y la de los antivax, empeñados en que sus cuerpos “sociales y genéticos” (Monique) no sean contaminados por la vacuna.

27/07/2021

Desde París

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