Rebota la economía en el 2021 y abre incógnitas a futuro

La reunión de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aportó nuevas proyecciones sobre la evolución de la economía mundial. Dice el organismo que el rebote será mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperación para el próximo año. Dice el informe de la reunión de los organismos:

“La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes estructuras y rigidices económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos comunes se están tornando más apremiantes.”[1]

El debate se centra en el rebote respecto de la caída global del 2020, en el mundo, la región y el país. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualización de las perspectivas económicas realizado por el FMI.[2]

Territorio

2020

2021

2022

Mundo

-3,3%

6%

4,4%

EEUU

-3,5%

6,4%

3,5%

China

2,3%

8%

5,6%

Europa

-6%,

4,4%

3,8%

América Latina y el Caribe

-7%

4,6%

3,1%

Resulta notoria la situación divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, aun cuando en nuestra tabla solo incluimos, además de los mencionados a Europa y a América Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la economía es desigual, con China y EEUU como motores de la economía mundial, según los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentización del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la economía en el ámbito mundial y en cualquier territorio.

La gran caída del 2020 operó sobre una ralentización de la economía global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendrá en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden económico y social.

Por casa cómo andamos

Para la Argentina las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una caída del 9,9% en el 2020.

La recuperación solo podría lograrse con la evolución económica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y económico de la “segunda ola” de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y pérdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayoría de la población.

Por eso hay que prestar atención a los datos de la realidad. La información sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribución del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situación global. En ese sentido hay que destacar:

  • ·         El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357
  • ·         Un 58,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306
  • ·         Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937
  • ·         En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246
  • ·         El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la línea de la pobreza, explicando el porqué del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 años sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la economía, pero como vemos, está muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribución progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacción de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la población.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de política económica que priorice la eliminación de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribución del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producción y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribución personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas según sus ingresos, desde el 10% más rico al 10% más pobre.

La distribución funcional es más difícil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribución del 60% para la minoría propietaria de medios de producción y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribución personal se destaca que el 10% más rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% más pobre de la población, recién se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversión de este cuadro de realidad, pero, además, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situación. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la política relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualización del mínimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habrá que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la política tributaria estadounidense de recuperación de la tributación a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposición corporativa del 35% al 21%, la actual gestión Biden pretende llevarla al 28%, y, además, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

«Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno».[4]

El tema es que EEUU se propone una inversión en infraestructura superior a los 2 billones de dólares para sostener la reactivación de la economía, para lo que se requiere incrementar la imposición sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como señala la Secretaria del Tesoro:

«Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global que pueda detener la carrera hacia el fondo».

Argentina tendrá que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el carácter inconstitucional de la imposición a las grandes fortunas o que solicitan una menor presión fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulación.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situación de países empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de interés para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisión de 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional “ajuste estructural”, promueve una política de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producción, distribución y aplicación de las vacunas aleje a la humanidad de la situación pandémica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuración de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de dólares. El FMI pretende operaciones a 10 años y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolverán el problema y tal como señala la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoria con participación popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el préstamo.[5]

Por Julio C. Gambina | 14/04/2021

 

Notas:

[1] FMI. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI, 8 de abril del 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

[2] FMI. La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Cuarto trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim20F7BE1641DE.pdf

[4] The Guardian. Janet Yellen pide una tasa impositiva corporativa mínima global, en: https://www.theguardian.com/business/2021/apr/05/janet-yellen-global-minimum-corporate-tax-rate

[5] https://www.facebook.com/autoconvocatoria.deuda/

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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Uno de los principales argumentos del presidente estadunidense para rescatar la abandonada infraestructura de su país es que es esencial para competir con China. Foto Afp

Jamie Dimon, mandamás del banco de inversiones JP Morgan, en su carta anual a sus accionistas, confiesa que "algo ha pasado terriblemente mal en EU" y China lo sabe perfectamente: "los líderes chinos creen que EU está en declive" y “desafortunadamente tienen gran parte de verdad (https://bit.ly/320L0IN)”.

A mi juicio, uno de los factores que han descarrilado a EU es la falta de inversión en su abandonada infraestructura.

Uno de los principales argumentos de Biden para financiar la abandonada infraestructura de EU por US$2.3 trillones –plan tildado de "socialista" por sus detractores– radica en ser "esencial para que EU compita con China" cuando "EU no es más el líder (¡megasic!) del mundo porque no está invirtiendo", en clara alusión a su rezago geoeconómico (https://bit.ly/325JuF3). Biden no oculta que el gasto federal del gobierno en infraestructura se desplomó a 0.7% de su PIB, en paralelo a su declive de inversión publica en I&D.

Cabe destacar que el gasto militar de EU asciende a 3.4% de su PIB (https://bit.ly/3215LEb), que en realidad es el doble (6.8%) debido a su dispersa inversión en otros centros de investigación militar. Dependiendo de cómo se calcule, el gasto militar de EU es entre 5 a 10 veces mayor que su inversión en infraestructura.

En contraste, China invirtió en 2019 más de 6% de su PIB en infraestructura (https://bit.ly/3g1D4zc)”. Ya en 2018 la inversión en infraestructura de China era diez veces mayor a la de EU, según la OCDE.

Anthony Rowley considera que el plan de infraestructura de Biden "reconoce audazmente el papel del sector público" cuando “los impuestos a las trasnacionales de EU serán elevados para ayudar a financiar el mejoramiento de la infraestructura y el gasto de bienestar social (sic) que EU necesitará para alcanzar al puntero China (https://bit.ly/3a3xS9Y)”.

A juicio de Rowley el "plan Biden es un reconocimiento tácito de que los sistemas financieros en las economías de mercado (sic), como la de EU, no son las mejor adaptadas para financiar el gasto publico (sic)".

El proyectado gasto público de Biden por US$2.25 trillones (en anglosajón) –no confundir con el estímulo por la pandemia de otro tanto ni con el otro proyectado US$1 trillón para salud y educación– servirá para reparar la alicaída infraestructura de EU, de los cuales se estima que US$1.6 trillones provendrán de impuestos adicionales a las trasnacionales de EU escalonados en más de 15 años.

Rowley asienta que EU se encuentra detrás de la economía estatal china en los siguientes rubros: transporte doméstico (https://bit.ly/3uD07UU), energía y/o infraestructura digital de telecomunicaciones (https://bit.ly/3a0TSSU), y las "Rutas de la Seda" de China a escala global.

Al unísono de Jin Liqun, presidente del notable Banco AIIB (https://bit.ly/3dOMVpm), y de Naoyuki Yoshino, anterior decano del Asia Development Bank Institute, Rowley opina que la "pobre infraestructura es comúnmente acompañada por una baja productividad" cuando "las economías de mercado anglosajonas ostentan un prejuicio ideológico contra la inversión pública".

Rowley arguye que el paquete Biden, que puede alcanzar alrededor de US$3 trillones, "palidece con las decenas de trillones de dólares, por lo menos, que serán necesitados a escala global para la inversión en infraestructura en las décadas por venir".

En su libro Bases del futuro: la batalla global para la infraestructura (https://amzn.to/3d6L7sm), Rowley aduce que la mayoría de las economías más avanzadas del mundo han descuidado las inversiones en infraestructura básica con alto riesgo para su desarrollo social y económico.

Los parásitos financieristas que controlan los multimedia globalistas le hicieron una propagandista pésima fama a la inversión pública (sic) en infraestructura básica con tal de proseguir las egoístas ganancias individuales de la plutocrática bancocracia oligopólica de Wall Street, en detrimento de la aplastante mayoría de los ciudadanos, lo cual devela la congénita naturaleza antidemocrática del neoliberalismo global.

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Domingo, 11 Abril 2021 05:14

Perú fragmentado como nunca

Keiko Fujimori, con apenas once por ciento de intención de voto, casi seguro en la segunda vuelta.  ________________________________________ Imagen: AFP

La increíble dispersión del voto en las elecciones de este domingo

 

Este domingo, en medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus que en estos días alcanza su peor momento en el país, los peruanos van a las urnas. Elegirán un nuevo presidente entre dieciocho candidatos y un Congreso unicameral para los próximos cinco años. Son elecciones que cierran un convulsionado quinquenio, con cuatro presidentes que se sucedieron en el cargo y el Congreso disuelto. Todo indica que estas elecciones, con un voto muy dividido, prolongará la inestabilidad, con un futuro Ejecutivo sin mayoría parlamentaria y un Congreso atomizado en alrededor de una docena de pequeñas bancadas.

Con una población agobiada por la pandemia y el colapso del precario sistema de salud, y con una clase política muy desacreditada por sucesivos escándalos de corrupción, que alcanzan a seis expresidentes y varios candidatos, hay una fragmentación del voto nunca antes vista. Quienes pelean por el triunfo apenas bordean el diez por ciento.

“En la base de esta fragmentación del voto hay un problema de representación política. Ha habido un desinterés en la campaña por el desinterés que hay por la política y porque la gente está preocupada en cómo pasa el día a día, cómo sobrevive a esta pandemia”, señala Patricia Zárate, del Instituto de Estudios Peruanos.

Con este bajo respaldo a los candidatos, se da por seguro que habrá una segunda vuelta. Pero hay una gran incertidumbre de quiénes pasarían al ballottage. Hay hasta siete candidatos con opción de ocupar esos dos lugares que dan el pase a la instancia decisiva.

De acuerdo a dos sondeos conocidos el jueves, que no se pueden publicar en el país por una prohibición legal para difundir encuestas en la última semana de la campaña, entre el primero y el séptimo lugar hay menos de cuatro puntos de distancia, una diferencia que está dentro del margen de error de los sondeos.

Un simulacro de votación realizado por la encuestadora Ipsos pone en primer lugar a Keiko Fujimori, con 11 por ciento. Nunca antes un candidato había estado primero con tan poco respaldo. Segundo se ubica el dirigente docente Pedro Castillo, de la izquierda radical, con 10,8 por ciento. Es la sorpresa. Tercero está el excongresista Yonhy Lescano, un populista que se mueve entre la centroizquierda en lo económico y la derecha en lo social, con 10,3 por ciento. Luego vienen el veterano economista neoliberal Hernando de Soto, quien fuera asesor de la dictadura de Alberto Fujimori, con 9,7 por ciento; la exlegisladora Verónika Mendoza, una izquierdista moderada candidata de la coalición Juntos por el Perú, con 9 por ciento; el ultraderechista Rafael López Aliaga y el exfutbolista de centroderecha George Forsyth, ambos con 7,4 por ciento. Un 15 por ciento señala que votaría blanco o anulado.

Un simulacro de votación de la encuestadora Datum pone primero a Lescano, con solamente 9,3 por ciento, y segunda a Keiko, con 9 por ciento. Los siguen, López Aliaga (8,9 por ciento), Castillo (8,6), De Soto (7,2), Mendoza (5,6) y Forsyth (5,5). Un 28 por ciento no elige a ningún candidato. Un amplio margen de indecisos que abona a la incertidumbre.

Alfredo Torres, director de Ipsos, asegura que estas elecciones “son las más fragmentadas de la historia”. “Nunca antes hemos llegado a la hora de la elección con tantos candidatos con opción de ganar. Hay siete candidatos en un virtual empate técnico, cualquiera de ellos puede pasar a la segunda vuelta”, dice Torres.

“Ha sido una campaña atípica por la pandemia, con electores que no han podido tener mucho contacto con los candidatos. Hay un elector muy descontento con las opciones que tiene. Todos los candidatos tienen un respaldo muy bajo. Lo que tenemos son mini candidatos”, afirma Urpi Torrado, directora de Datum.

Con las grandes manifestaciones prohibidas por las restricciones debido a la pandemia, esta vez no hubo mítines de cierre de campaña. Los candidatos optaron por hacer caravanas o encuentros sin grandes multitudes.

Verónika Mendoza cerró su campaña en la andina región de Cusco, donde nació. Hizo una ofrenda a la Pachamama y rindió homenaje a Túpac Amaru, líder de la gran revolución indígena contra el dominio español. “Este 11 de abril no solo se trata de elegir un nuevo gobierno, se trata de lograr un verdadero cambio para nuestro pueblo. Convocaré a todas las fuerzas democráticas, honestas, para salir juntos adelante”, fue su mensaje final.

Mendoza venía subiendo y estaba bien colocada para pasar a la segunda vuelta, pero el sorpresivo crecimiento en los últimos días de una candidatura que se ha colocado a su izquierda, la del profesor de escuela rural Pedro Castillo, le ha comenzado a quitar votos en el decisivo tramo final. Castillo viene ganando respaldo especialmente en las zonas andinas y rurales, bastión de la izquierda, lo que lo ha metido en posición expectante en la pelea por pasar a la segunda vuelta. Castillo, ligado a las rondas campesinas, cerró su campaña con un recorrido a caballo por las calles del centro de Lima. Dijo que si es elegido y el Congreso no lo respalda, cerraría el Parlamento. “Gobernaré con el pueblo”, señaló.

A pesar de su descrédito por denuncias de corrupción en su contra -está procesada por lavado de activos- y por la conducta obstruccionista que tuvo su mayoría parlamentaria, lo que originó una grave crisis política, Keiko Fujimori, que cerró su campaña en Lima con una caravana de automóviles, tiene, según las encuestadoras, buenas opciones de pasar a segunda vuelta. Los tropiezos en el tramo final de otros dos candidatos de la derecha que están en la pelea, Hernando de Soto y el extremista Rafael López Aliaga, la favorecen. Sería la tercera ocasión consecutiva que se meta al ballottage. En la dos anteriores, 2011 y 2016, perdió en esa instancia definitiva.

La hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, ha perdido mucho del apoyo que tuvo, pero con todos muy abajo esta vez no necesita un gran respaldo para pasar a la segunda vuelta. En esta campaña, Keiko ha reivindicado la figura de su padre, del que se había distanciado en la elección de 2016, y ha amenazado con un gobierno de mano dura y el indulto para su padre. En su última presentación pidió el voto para defender la Constitución heredada de la dictadura fujimorista.

“Como todos quieren enfrentarse a Keiko en segunda vuelta, porque según los sondeos perdería ante todos, ella no ha recibido muchas críticas y ha estado tranquila subiendo de a poco”, indica Torres.

Yonhy Lescano, que hasta hace poco parecía seguro en la segunda vuelta, pero ahora la tiene complicada, también cerró su campaña con una caravana en Lima. Anunció que de pasar al ballotage no haría alianzas con otras agrupaciones. El exarquero George Forsyth quedó fuera de la cancha en estos días decisivos al caer contagiado por el coronavirus el último domingo.

Llega a su fin la campaña más extraña, reñida e impredecible que se recuerde. Nadie se atreve a pronosticar un resultado.    

Por Carlos Noriega

Desde Lima

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Sábado, 10 Abril 2021 06:18

El teatro de los inocentes

El presidente Jair Bolsonaro junto a quien fuera comandante del Ejército, Edson Pujol, durante una ceremonia oficial en Brasilia, en 2019 AFP, SERGIO LIMA

¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro?

Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.

La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.

La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.

Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.

Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).

Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».

GOLPE… DE EFECTO

Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».

Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».

Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».

PASANDO REVISTA

Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».

Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».


Recuadro

Los de abajo

El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.

La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».

Marcelo Aguilardesde San Pablo 
9 abril, 2021

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O las grandes tecnológicas o la prensa libre

La captura de ingresos por publicidad digital de las grandes empresas de tecnología como Google y Amazon representa una amenaza seria para la libertad de prensa.

 

A fines de febrero en 2021 se produjeron dos acontecimientos notables. En primer lugar, Facebook y Google intentaron intimidar a Australia debido a una nueva ley que exige que las plataformas de las grandes tecnologías (big tech) compartan con las empresas de medios de comunicación australianas los ingresos por publicidad digital. Segundo, la cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G-20 resultó en un giro drástico respecto de las normas impositivas globales.

En un anuncio que casi no tuvo publicidad, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a sus pares del G-20 que el gobierno de Joe Biden iba a desestimar el reclamo del gobierno de Donald Trump de que las compañías estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook, pudieran optar voluntariamente por quedar fuera del propuesto acuerdo impositivo digital global. Esta disposición, conocida como «safe harbor» (puerto seguro), era enfáticamente resistida por la Unión Europea y durante muchos años bloqueó las negociaciones para que las compañías de tecnología paguen una porción mayor de sus impuestos en los países donde operan.

Por años, Facebook, Google, Amazon, Apple y otras empresas buscaron paraísos fiscales, instalando centros de operaciones básicas en países de baja tributación y registrando la totalidad de sus ventas a través de esos países. Con la administración Biden dando muestras de una nueva apertura estadounidense a un impuesto digital común, así como a un impuesto corporativo mínimo global, las big tech pronto podrían encontrarse ante un frente transatlántico unificado.

Parte de ese frente es impulsado por una pelea por la supervivencia entre las empresas de medios tradicionales, no solo en Australia sino en todo el mundo. Además de transmitir torrentes de desinformación electoral y sobre el covid-19, otro de los impactos peligrosos de la actividad de Google y Facebook ha sido el debilitamiento de la estabilidad económica de los medios de comunicación, desde Australia hasta la Unión Europea, pasando por el estado norteamericano de Maryland.

Las big tech debilitan a la prensa

¿Cómo amenazan Google y Facebook el bienestar económico de la prensa libre? Solo estas dos firmas absorben un increíble 60% de toda la publicidad online en el mundo (fuera de China). Con otro 9% que toma Amazon, solo resta un magro 30% de ingresos por publicidad digital global para distribuir entre los miles de medios de comunicación, muchos de los cuales son publicaciones locales. Dado que los avisos digitales online representan en la actualidad más de la mitad del gasto total por publicidad (y se proyecta un crecimiento aún mayor), esto ha contribuido enormemente a la desfinanciación y el fracaso de empresas de noticias en un país tras otro.

La situación de Australia es típica. Su comisión de competencia determinó que, por cada 100 dólares australianos gastados por anunciantes online en Australia, 47 van a Google y 24 a Facebook, aun si la publicidad tradicional ha caído. Varios estudios establecieron que la mayoría de la gente que se informa mediante la web no consulta la fuente original de las noticias, sino que accede a ellas a través de las plataformas de Facebook y Google, que están hábilmente diseñadas para mantener la atención de los usuarios. Muchos de estos jamás hacen clic en los enlaces, y en cambio absorben el meollo de las noticias desde los titulares y las vistas preliminares de las plataformas.

En efecto, los medios digitales han convertido a miles de editoriales y emisoras en poco más que escritores fantasma no remunerados de los contenidos de su plataforma. Hay que tener en cuenta que Facebook y Google podrían modificar su diseño y sus algoritmos para dirigir intencionalmente a los usuarios a los sitios web de las fuentes de noticias. Sin embargo, no lo hacen. Prefieren reempaquetar y monetizar el producto del productor original sin pagar por eso. En otras industrias, eso se llama robo.

Por lo tanto, Australia decidió luchar contra este duopolio estableciendo algunas reglas propias. Una nueva ley exige que las empresas de medios digitales compensen a las empresas australianas de medios en forma justa por reempaquetar y monetizar sus contenidos de noticias registrados. Los medios de comunicación de todo el mundo están atentos para ver cómo resulta esto.

El poder puro y desnudo de la plataforma

Ante la propuesta, Google lanzó inicialmente amenazas, pero luego negoció acuerdos con las empresas de noticias para pagarles alguna compensación. En cambio, Facebook hizo exhibición de sus fuerzas sacando completamente a Australia de su plataforma por varios días. Esto impidió que tanto las empresas de noticias australianas como los usuarios, entre ellos importantes organismos gubernamentales como los servicios de salud, de prevención y combate de incendios y de crisis, pudieran publicar, ver o compartir contenidos de noticias.

El resultado fue impactante, el proverbial «disparo que se escuchó ‘en todo el mundo’». Facebook censuró a los usuarios australianos con más eficacia que la que alguna vez haya podido ejercer el gobierno comunista chino, lo cual promovió acusaciones de «autoritarismo big tech». Facebook finalmente cedió a los requerimientos de Australia a cambio de algunas concesiones poco claras e inciertas. Pero el mensaje del poder puro y desnudo de la plataforma fue inequívocamente claro.

En la actualidad se libra una batalla similar en el estado de Maryland. Durante los últimos 10 años, el ingreso por publicidad de los periódicos estadounidenses cayó 62 y sin ese financiamiento, el empleo en las redacciones se redujo casi a la mitad. Esa caída coincidió con un incremento enorme>span class="MsoHyperlink"### en el uso de medio digitales. Presionado por estas cifras de la economía, Maryland aprobó el primer impuesto estadounidense sobre los ingresos por publicidad digital (percibidos dentro de los límites de ese estado), dirigido a empresas como Facebook, Google y Amazon. Se proyecta que la medida genere un ingreso fiscal de hasta 250 millones de dólares en el primer año, que se destinará a las escuelas. Los gigantes tecnológicos amenazan con acciones legales contra Maryland, al tiempo que legisladores de los estados de Connecticut e Indiana han introducido medidas similares.

El panorama más amplio: lo que está en juego

Uno de los debates más importantes y no zanjados de la era de internet es si las plataformas de medios digitales como Facebook, Google/YouTube y Twitter son la nueva «plaza pública», es decir, una especie de ágora de la libertad de expresión global, o simplemente la más moderna versión tecnológica de las antiguas empresas editoriales y de difusión radial y televisiva. O, quizás, un híbrido entre ambos.

Antes incluso de los acontecimientos seminales de este año –el ataque al Capitolio y la decisión de Facebook, Google y Twitter de discontinuar las publicaciones del presidente de Estados Unidos–, las empresas de big tech actuaron como editoras al poner en manos de sus algoritmos de «participación» decisiones cruciales sobre qué contenido se presenta al tope de los flujos de noticias de los usuarios y cuál se promociona y amplifica. Sus sofisticadas máquinas editoriales de «cola larga» utilizan sistemas precisos de direccionamiento de contenidos a nichos de usuarios, para mostrar diferentes contenidos a diferentes personas, incluso publicidad política.

No se trata aquí de tableros de chat online pasivos, ni las plataformas de las big tech son meras administradoras de una plaza pública digital. Son «editoriales robot» en las que los algoritmos llevan a cabo las tareas esenciales de un editor. Desde un punto de vista legal o de rendición de cuentas, debería importar poco si lo que está detrás de la cortina es una súper computadora o un ser humano. De hecho, estas empresas tienen más en común con el New York Times, Bild y Rupert Murdoch que con un wikiboard en línea o una esquina para la libre expresión en el Hyde Park de Londres.

Sin embargo, la ley vigente no trata a estas empresas como a editoriales o difusoras de radio o televisión, en particular en lo que a responsabilidad o rendición de cuentas se refiere. Las plataformas de medios digitales prefieren escudarse tras el hecho de que tienen miles de millones de usuarios que generan contenido, lo que asimilaría su rol al de un «transportista general» estilo AT&T o al de una plaza pública. Pero eso no debería opacar la centralidad de su función editorial.

¿Una amenaza a la internet abierta?

Quienes critican el enfoque de Maryland y Australia sostienen que amenaza el principio de una internet abierta. En esencia, exigen que las fuentes de noticias tradicionales soporten la carga financiera de continuar produciendo noticias de calidad sin recibir una compensación justa, así como demandaron que se le permitiera a Napster distribuir música registrada en forma gratuita sin compensar a los músicos y las discográficas.

Pero el principio de «internet abierta» debe equilibrarse con el «principio del derecho de autor», que se estableció años antes de que existiera internet. La ley de derecho de autor establece que ningún individuo u organización puede echar mano al contenido de otro y monetizarlo sin pagar por eso. Hay algo básico y justo en que los gigantes de medios digitales paguen por el contenido de noticias original que utilizan para llevar tráfico a sus sitios propios.

El principio de internet abierta contribuye a la inestabilidad financiera de los medios de comunicación de todo el mundo, y si se lo lleva a su conclusión lógica, canibalizará lo que queda de los medios noticiosos. Sin fuentes creíbles de noticias en las que apoyarse, Facebook, Google y Twitter estarían aún más teñidas por la desinformación por la que se han hecho famosas estas plataformas. De esa forma van camino a la autodestrucción.

Las democracias deben detener esta destrucción del ecosistema de los medios digitales antes de que estas empresas destruyan nuestras democracias. Francia y Austria han aprobado leyes similares a las de Australia; Canadá anuncia que adoptará ese enfoque y posiblemente la India también lo haga.

Hay mucho en juego en esta batalla por la participación en la publicidad digital, y la Unión Europea y Estados Unidos deberían señalar el rumbo tanto para asegurar que los medios big tech respeten la inviolabilidad de la ley de derecho de autor como para detener el debilitamiento de los medios de comunicación y de las empresas de noticias en todo el mundo. Desafortunadamente, el gobierno de Biden se ha mantenido notablemente callado en relación con este tema, algo quizá comprensible teniendo en cuenta que tiene mucho que atender en sus primeros meses de gestión.

También es lamentable que la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor, una regulación que ya tiene dos años, no haya sido aún implementada por la mayoría de los Estados miembros. Esta norma, sin embargo, es significativamente más débil que la nueva ley de Australia, ya que no obliga a las empresas tecnológicas a someterse a un arbitraje vinculante con las empresas de noticias cuando no logran llegar un acuerdo. Martin Kretschmer, profesor de Derecho en la Universidad de Glasgow, afirma que «la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor es ya una ley anticuada».

Pero un frente unificado transatlántico en el G-20 respecto a normas impositivas globales ofrece una oportunidad para que la Unión Europea y Estados Unidos negocien con otras naciones líderes para establecer un nuevo estándar que permita controlar los muchos aspectos tóxicos de los monopolios de las big tech. Es hora de que los Estados a ambas márgenes del Atlántico mejoren su juego.

Fuente: IPS

Traducción: María Alejandra Cucchi

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El FMI propone una 'tasa covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis

La institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de la covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.

"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe Monitor Fiscal.

En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).

Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.

"En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza", ha explicado. 

De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. "Hay muchas opciones disponibles", ha añadido.

En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería "una contribución para la recuperación de la covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad". 

MADRID

07/04/2021 16:29

Europa Press

Publicado enEconomía
El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la "Movilización Nacional", que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

 

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la "reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares". Algo con "malas intenciones", sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). "Una coincidencia muy grande". Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente "poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria".

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. "Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo", alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. "Tiene apariencia de golpe, huele a golpe". Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, "un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo".

El cambio de piezas más inquietante en los últimos movimientos presidenciales ha sido la sustitución en el ministerio de Defensa: el general Fernando Azevedo e Silva, cesado fulmimantemente, sin explicaciones previas, deja paso a otro general, Walter Souza Braga Netto. Azevedo e Silva había demostrado en numerosas ocasiones que entiende las Fuerzas Armadas como entes fieles al pueblo, autónomas y neutrales, y no aparatos de un Gobierno en particular. Los comandantes del Ejército (Edson Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antonio Carlos Moretti) cerraban filas con él. En una nota oficial conjunta publicada en noviembre recordaban que la Constitución hace hincapié en "la característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria"

Braga Netto, ministro de Defensa: matanza y tortura

El general Braga Netto, por su parte, es mucho más expeditivo. Su acumulación de poder está siendo fulgurante en el último lustro. Pasó de ser el comandante del Comando Militar del Este a ser nombrado por el presidente Michel Temer interventor federal de Río de Janeiro, cuando el sucesor de Dilma Rousseff decidió militarizar la seguridad pública de uno de los estados más agitados de Brasil. Una vez acabada esa misión, y ya con Bolsonaro en el poder, Braga Netto asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo que se confirmaba su transición a la reserva, en febrero de 2020, el presidente le reclamó para el Gobierno, liderando el ministerio de la Casa Civil, donde ha permanecido poco más de un año antes de pasar a dirigir la cartera de Defensa.

En la etapa del general Braga Netto como comandante del Comando Militar del Este uno de sus destacamentos estuvo involucrado en lo que se conoció como la "Matanza de Salgueiro", en el Complexo de favelas de Salgueiro (municipio de São Gonçalo, Río de Janeiro). En su periodo como interventor federal en Río de Janeiro estalló el caso de la Sala Roja de la tortura, que Público desarrolló en dos reportajes: el mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño. Braga Netto logró bloquear las investigaciones en ambos episodios.

Para entender los sucesivos requiebros de Bolsonaro al frente del Ejecutivo hay que centrar la mirada en el porcentaje de fieles estimado –en torno a un 15%– que se agrupan entre los ciudadanos que aún consideran positiva su administración –cerca de un 30%, con pocas variaciones a lo largo del tiempo–. Uno de los principales objetivos del presidente, de cara a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022, es conservar esta franja más radical de su electorado. No todos los candidatos pueden presumir de esa fidelidad de antemano de cara a unos comicios. Volverá a ser, para Bolsonaro, el perfecto punto de partida. Sus reacciones revelan autoridad, ante las dudas aparecidas sobre su capacidad para dirigir el país –ha subido el rechazo a su gestión también, sobre todo tras el fin del auxilio emergencial, que ahora vuelve pero a menos escala–, y esa autoridad de momento satisface a sus seguidores más acérrimos.

La posición de la Fuerzas Armandas

Lo que nunca ha conseguido atar al cien por cien Bolsonaro es algo que sellaría más si cabe su base de apoyo social: el apoyo sin fisuras de la mayoría de los militares. En el seno de las Fuerzas Armadas el pensamiento más extendido es que la imagen de las corporaciones está saliendo perjudicada formando parte del gobierno Bolsonaro, y eso es el principal capital de la institución. Las Fuerzas Armadas cerraron el régimen militar (1964-1985) casi sin despeinarse, sin un solo rasguño, protegidas por una ley de amnistía que evitó cualquier indagación judicia sobre la barbarie de la dictadura. Los militares presumen, encuesta tras encuesta, de ser la institución mejor valorada por los brasileños. La sensación de desprestigio se agudizó con la figura del general Eduardo Pazuello, sin ningún conocimiento del sistema público de salud, encabezando el ministerio de sanidad. Su especialidad, anunciaron desde las altas esferas, era la logística. Pazuello, ya exministro –tercer exministro–, va camino de ser imputado por la falta de suministro de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas a principios de enero.

"La mayoría de los altos mandos dieron el aval al gobierno Bolsonaro", recalca el diputado Ivan Valente. "Sucede que se ha demostrado que el Gobierno es desastroso, por lo cual ahora gran parte de ellos no quiere ser una guardia pretoriana del presidente y su familia. Bolsonaro quiere que estén a su servicio". Valente cree que aún es posible confiar en las Fuerzas Armadas, y, contextualizando cada época, hay bastantes diferencias entre 2021 y 1964, año del último golpe militar, que Bolsonaro conmemora cada 31 de marzo: "Actualmente no hay espacio nacional ni internacional para que Brasil sea Myanmar".

El trauma de ver a las Fuerzas Armadas en el poder es "muy grande", comenta Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) para este reportaje. "Una parte de las Fuerzas Armadas se equivocó al entrar en el gobierno Bolsonaro, que ha militarizado el Ejecutivo de manera desproporcionada". A la hora de la verdad, para tranquilidad de Santa Cruz, de la OAB y de buena parte de la población, "los comandantes han tenido buen comportamiento" en los momentos de máxima tensión.

Por si no hubiera suficiente presión para Bolsonaro, el Efecto Lula sigue su curso, tras el regreso al tablero político del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo. El bloque parlamentario del Centrão –grupo de partidos de derecha y centroderecha–, necesario como base de apoyo para cualquier Ejecutivo, se vende ahora mucho más caro que antes del resurgimiento del expresidente Lula da Silva, a dieciocho meses de las elecciones presidenciales. Lula conoce bien al Centrão y suele gestionar bien su influencia –eso a Dilma Rousseff se le escapó en 2016–. De aquí surge la decisión más arriesgada para Bolsonaro en la reforma ministerial de esta semana: ceder uno de los ministerios "de palacio" –los que comparten sede con el presidente de la República– al Partido Liberal, miembro del Centrão. La diputada federal Flávia Arruda ocupará el cargo de ministra de la Secretaría del Gobierno.

Entre los últimos movimientos presidenciales lo único que se veía venir era el derrumbe del canciller Ernesto Araújo. Las críticas del Congreso Nacional eran ya insufribles para el Gobierno. Araújo, falto de diplomacia y sobrado de arrebatos ideológicos, consiguió en su etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores encrespar a Alemania, Israel y la comunidad judía mundial al afirmar que el nazismo y el fascismo son "movimientos de izquierda", y ha logrado también enfurecer a China, el mayor socio económico de Brasil, asegurando, entre otras cosas, que "el coronavirus hace despertar nuevamente la pesadilla comunista". Derecha, centro e izquierda coinciden en que su presencia ha perjudicado al país en unos meses en que urgía la negociación por vacunas. Su sustituto, Carlos Alberto Franco França, encargado de lavar –o al menos tratar de corregir– la imagen internacional de Brasil, no ha liderado ni una sola misión diplomática en el exterior, exactamente igual que Araújo.

Río de janeiro

01/04/2021 16:56 Actualizado: 01/04/2021 17:45

Víctor David López

Publicado enInternacional
Brasil: fracasa el autogolpe de Bolsonaro

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

Las cosas van tan mal para el presidente, que hasta el Capitán Augusto, José Augusto Rosa, un policía militar diputado por el estado de San Pablo, pasó de ser un fervoroso bolsonarista a decir que Brasil está peor que con Lula. Capitán Augusto representa el sentir de la Policía Militar, el sector uniformado más afín al presidente.

El Capitán Augusto preside el Frente Parlamentario de Seguridad, la llamada "bancada de la bala" que defiende la liberación de la tenencia de armas para combatir la delincuencia.

"Después de los gobiernos del PT que no nos gustaban, creíamos que había llegado nuestro turno. En realidad, acabamos perdiendo más en estos dos años que en los últimos diez", dijo esta semana.

La crisis comenzó con la renuncia del canciller Araújo. Se trata del más ultra de sus ministros, alineado con Donald Trump, opuesto a la globalización, enemigo de China y Rusia, que denomina al coronavirus como comunoviros. Según los medios, Araújo es el mayor responsable por el hecho de que el país "no haya conseguido comprar dosis suficientes para una vacunación en masa que permita vislumbrar un horizonte para una recuperación económica".

Con el relevamiento de seis ministros y la renuncia de la cúpula militar en protesta por la destitución del ministro de Defensa, Jair Bolsonaro enfrenta la peor crisis en sus poco más de dos años de mandato, lo que coloca a su gobierno al borde del precipicio político.

Entre el lunes 29 y el martes 30 de marzo, confluyeron por lo menos tres crisis: la internacional que se relaciona con las malas relaciones con China, lo que le costó el cargo al canciller ultraderechista Ernesto Araújo; la conformación de un frente empresarial y político contra Bolsonaro y el fracaso a la hora de alinear a los militares tras su errático gobierno.

El segundo frente que se desbordó contra Bolsonaro es el empresarial. El 21 de marzo se difundió una carta firmada por más de 1500 economistas, empresarios y banqueros, que está en contra de separar la economía de la salud porque no pueden maginar un crecimiento del país con la pandemia fuera de control.

La carta exige una adecuada gestión gubernamental, sugiere un cierre de la actividad (a lo que Bolsonaro se niega radicalmente) y pide un manejo racional y adecuado para "poner fin al deterioro que está experimentando el país está experimentando el país".

En efecto, mientras la pandemia está en una fase explosiva, el gobierno naufraga cambiando sus ministros de Salud (ya cayó el cuarto en un año) con la dimisión del general de división Eduardo Pazuello, porque Bolsonaro "por primera vez en dos años teme perder las elecciones de 2022”, según la revista Veja.

Este es el punto central de la crisis del Gobierno Bolsonaro, que explica además su quiebre con los militares. A principios de marzo el poder judicial decidió anular las causas que pesan sobre Lula, con lo cual el expresidente puede presentarse a las elecciones de octubre de 2022, con grandes posibilidades de retornar al Palacio de Planalto.

Esta decisión no sólo cambio el escenario político sino que fue un verdadero terremoto, inesperado para la derecha brasileña, incluyendo a militares y empresarios, que coloca a la defensiva todo el proyecto que llevó a Bolsonaro al gobierno, incluyendo sobre todo las privatizaciones de las grandes empresas, como Petrobras, cuestión que ha avanzado mucho menos de lo esperado.

Todo indica que la crisis con los militares se produjo a raíz del pedido del presidente al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, para que exigiera al comandante del ejército, Edson Pujol, que se pronunciara contra la decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula.

Bolsonaro pretendía que el alto mando actuara de la misma forma que en 2018, cuando el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas difundió un tuit rechazando la impunidad que, según su interpretación, el Supremo Tribunal podía otorgarle a Lula al aceptar un pedido de habeas corpus presentando por su defensa. Pero ahora el ministro de negó en redondo y fue dimitido.

Los comandantes de las tres armas presentaron su dimisión, en un claro posicionamiento contra un gobierno muy desgastado del que necesitan tomar distancia.

Una de las voces más claras en este sentido proviene de los cuarteles. El general Carlos Alberto dos Santos Cruz fue ministro jefe de la Secretaría de Gobierno de Bolsonaro y renunció a los cinco meses por disputas con los hijos del presidente que capitanean el ala ideológica del gobierno junto al astrólogo Olavo de Carvalho, que vive en Estados Unidos.

El aislamiento llevó a Bolsonaro a radicalizarse, amenazando con un estado de sitio permanente y con revertir decisiones de la justicia que tiene pendiente actuar contra sus hijos, vinculados a actividades ilegales, a grupos paramilitares que pueden haber cometido crímenes como el asesinato de Marielle Franco, concejala de Rio de Janeiro y defensora de los derechos humanos.

"No hay clima para un golpe de Estado", dijo Santos Cruz estos días, lo que revela que la posibilidad existió. "Las fuerzas armadas tienen una postura institucional muy fuerte y no se embarcan en esa onda", agregó.

En momentos de delirio mesiánico, Bolsonaro acostumbraba decir "mi Ejército", exagerando tanto su pertenencia al arma con el apoyo que recibía. Una frase que, de ahora en más, le será difícil pronunciar. Huérfano de apoyo militar, el presidente queda a expensas del Congreso, algunos de cuyos miembros ya proponen la destitución.

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"Ganar la competencia global con China": Biden propone un plan de infraestructura de 2 billones de dólares

La medida va a revertir la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump, que redujo el impuesto de sociedades hasta el 21 %.

Joe Biden ha propuesto este miércoles un plan para destinar 2,25 billones de dólares a la renovación de la infraestructura de Estados Unidos, un paso que se da "una sola vez en una generación" y representa "la mayor inversión en los puestos de trabajo en EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial".

La suma necesaria para financiar el ambicioso plan se invertiría durante ocho años y procedería del aumento del impuesto de sociedades. El presidente estadounidense planea elevarlo hasta el 28 %, revirtiendo de esta manera la reforma fiscal de su antecesor Donald Trump, que redujo las tasas del impuesto de sociedades hasta el 21 % en 2017.

"Ahora mismo, una pareja de clase media —un bombero y una maestra con dos hijos— tiene un salario combinado de, digamos, 110.000 o 120.000 dólares al año, y paga 22 centavos por cada dólar adicional que gana en el impuesto federal sobre la renta. Pero una corporación multinacional que construye una planta en el extranjero —la trae a casa y luego la vende— no paga nada en absoluto", resumió Biden al explicar la situación actual en materia de impuestos.

"Vamos a subir el impuesto de sociedades. Fue del 35 %, demasiado alto. Hace cinco años todos acordamos que debería bajar al 28 %, pero lo redujeron al 21 %. Vamos a subirlo de nuevo al 28 %", señaló el presidente estadounidense, aseverando que "nadie debería quejarse sobre eso", ya que aun así "es más bajo que la tasa que había entre la Segunda Guerra Mundial y 2017". Además, la medida permitirá generar "un billón de dólares de ingresos adicionales en 15 años", agregó.

"¿Amazon pagando cero en impuestos federales?"

Biden señaló que "91 compañías de la lista Fortune 500 —las empresas más grandes del mundo, incluida Amazon— usaron varias lagunas jurídicas para no pagar ni un solo centavo de impuesto federal sobre la renta". "No las quiero castigar, pero está mal. Simplemente está mal. ¿Un bombero y una maestra pagando un 22 %? ¿Amazon y otras 90 corporaciones grandes pagando cero en impuestos federales?", preguntó.

Los fondos del plan de dos billones de dólares se destinarían para realizar mejoras en diversas áreas, desde la renovación de la infraestructura del transporte —incluyendo carreteras, puentes, redes de transporte público, vehículos eléctricos, puertos y aeropuertos— hasta la modernización de las escuelas, la red eléctrica, sistemas de aguas, desarrollo de la energía verde, acceso a banda ancha y atención a personas mayores y discapacitados.

Según Biden, el plan "creará millones de empleos, empleos bien remunerados" y "hará crecer la economía". "Nos hará más competitivos en el mundo, promoverá nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrá en posición de ganar la competencia global con China en los próximos años", afirmó el mandatario.

Publicado: 1 abr 2021 06:12 GMT

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