Jueves, 05 Diciembre 2019 06:21

El Gobierno Bolsonaro camina hacia el abismo

El Gobierno Bolsonaro camina hacia el abismo

Cada vez hay más preocupación en los círculos financieros internacionales por la suerte del presidente brasileño Jair Bolsonario y sus reformas debido a la conjunción de turbulencias políticas en la región y en su propio país.

La preocupación se relaciona con los llamados tiempos políticos. Se considera que el primer año de Gobierno es clave para emprender reformas, ya que luego las inercias y las trabas del propio sistema tienden a ser mayores, en particular cuando se avecinan tiempos electorales.

El influyente periódico británico Financial Times, se pregunta si a Jair Bolsonaro ya se les pasó la hora de hacer las reformas que Brasil necesita.

Según el diario inglés, la ventana de oportunidades se produjo entre enero de 2019, fecha en que Bolsonaro asumió la presidencia, y las elecciones municipales de 2020. El periódico se pregunta si el presidente "sucumbirá nuevamente a su habito perpetuo de decepcionar a los inversores".

Los mercados financieros globales recibieron con euforia al Gobierno de Bolsonaro, lo que se refleja en la impresionante subida de la bolsa (Bovespa), que durante su primer año trepó por encima de los 100.000 puntos, escalando un 30% este año.

Los mercados esperan mucho más de un alumno aventajado de la escuela neoliberal de Chicago. Restan por implementarse la reforma de la administración pública y sobre todo una simplificación del sistema tributario que los empresarios consideran una cuestión irrenunciable, ya que es muy riguroso y burocrático.

Los márgenes del Gobierno brasileño quedaron expuestos cuando el ministro de Economía Paulo Guedes, el más fervoroso defensor de las reformas, admitió la necesidad de frenarlas por temor a un contagio de la situación que vive la región.

En efecto, días atrás, Guedes declaró en Washington que nadie debería sorprenderse si en Brasil hubiera manifestaciones como las que suceden en Chile y su Gobierno reaccionara imponiendo un nuevo Acto Institucional-5. Se trata de un decreto de la dictadura militar que otorgó potestades a las Fuerzas Armadas para cerrar el Congreso y suprimir la oposición.

Uno de los más importantes opositores a esa medida es el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que implementó un riguroso programa neoliberal en la década de 1990 y es atentamente escuchado por el mercado financiero.

Más aún, ya surgen voces incluso dentro del sistema financiero que dudan de que Bolsonaro vaya a aprobar las reformas que prometió, ya que "como legislador nunca apoyó ese tipo de cambios". En ese sector se extiende el temor de que el pequeño crecimiento que se registra, de apenas el 1% del PIB, luego de años de retroceso, se vea afectado por una política sin rumbo como la que encara Bolsonaro.

En la mencionada rueda de prensa en Washington luego de reunirse con Donald Trump, Guedes admitió también que la oleada de protestas en la región llevó a su Gobierno a paralizar las reformas administrativa y tributaria.

Las luces rojas se encendieron en Brasilia cuando estalló la protesta en Chile, considerado el país modelo en la aplicación de medidas neoliberales en la región. Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, diputado federal, señaló antes incluso que el ministro de Economía la posibilidad de reflotar el decreto de la dictadura.

Es evidente que existen temores en el Gobierno. Bolsonaro envió al parlamento un proyecto de ley para garantizar la impunidad de los militares, policías federales y agentes de la fuerza nacional durante operaciones que se realicen en el marco de la legislación Garantía de Ley y Orden.

Esto en un país donde los agentes policiales matan impunemente desde hace ya mucho tiempo. Los estudios realizados en el estado de Río de Janeiro, destacan que más del 90% de las muertes provocadas por policías y militares no son investigadas y acaban archivadas por la justicia. Desde que asumió el gobernador bolsonarista Wilson Witzel (de enero a octubre), han sido muertas 1.546 personas, la cifra de letalidad policial más alta desde que existen registros, a partir de 1998.

La situación en Brasil se encamina hacia el fracaso del Gobierno de Bolsonaro, lo que se traduce en la necesidad de buscar o de crear un enemigo interno para culparlo de un seguro fracaso electoral. Pero hay algo más.

Lo primero, es que un Gobierno que frena su programa estrella de reformas por temor a un estallido social es necesariamente un Gobierno débil. Las razones de esta debilidad hay que buscarlas en la forma como llegó al poder: una avalancha de votos poco consolidados, arrastrados por promesas imposibles de cumplir en una situación de profunda crisis económica, social y política.

Todos los datos indican que el bolsonarismo va quedando reducido a su núcleo duro, alrededor del 30% del electorado. Una cifra muy importante que permite concluir que esa corriente no va a desaparecer, pero que tendrá enormes dificultades para repetir dentro de tres años. Es la debilidad intrínseca de las fuerzas que lidera Bolsonaro lo que provoca deslices como los señalados.

La segunda consiste en que tanto el sistema financiero como el político consideran que la situación regional es explosiva, que luego de lo sucedido en Chile puede suceder cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Si estalló la ciudadela neoliberal, el oasis, como dijo el presidente Sebastián Piñera, los países con situaciones más delicadas pueden preparase para lo peor.

El Brasil las huestes de Bolsonaro tienen perfecta conciencia de que son una camada de intrusos en el sistema político brasileño, que crecieron de forma geométrica y, sobre todo, que cualquier desliz puede devolverlos a una oposición de la que nunca creyeron salir. En suma, son oportunistas que medraron en una situación extremadamente crítica.

Creo que tanto la izquierda como la oposición de centro-derecha brasileñas, están domesticando las aristas más filosas del bolsonarismo, cuando aún no ha cumplido su primer año. Lo que aún no sabemos es qué hará la calle. Sería una ironía de la vida que un movimiento que creció cuando millones ocuparon las calles desde el año 2013, impulsadas por la ultraderecha, cayera por la misma medicina que lo empinó al poder.

20:58 04.12.2019URL corto

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 El secretario general de la OEA Luis Almagro. En vídeo, sus declaraciones. Foto: AFP | Vídeo: EFE

 En una sesión urgente en la OEA, México, Uruguay y Nicaragua han denunciado un "grave quebrantamiento del orden constitucional" en el país andino

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha celebrado este martes con contundencia la renuncia de Evo Morales y el papel de las Fuerzas Armadas en la salida del líder boliviano. “En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, sostuvo Almagro en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organización de Estados Americanos que tuvo lugar este martes en Washington. “El Ejército debe actuar conforme a su mandato. Nadie ha excedido el poder hasta ahora”, agregó el diplomático uruguayo. En la sala no estuvo presente el embajador boliviano ante el organismo multilateral, José Alberto Gonzales, quien según AFP, presentó horas antes su “renuncia irrevocable” sin especificar las razones.

Las diferentes percepciones sobre lo ocurrido el pasado domingo en Bolivia resultaron palpables desde el primer momento en la sesión. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, fue uno de los primeros en tomar la palabra para calificar de “ridícula” la idea de que Morales fue víctima de un golpe de Estado, a lo que la delegación de México, el país que le ha dado asilo político al líder sudamericano, respondió de inmediato sosteniendo que la presión de las Fuerzas Armadas sí configuró un grave quebrantamiento al orden constitucional.

En la polarizada sesión, un bloque de 15 países firmaron una carta en la que evitaron calificar como golpe de Estado lo sucedido e hicieron un llamamiento para que se forme urgentemente “la presidencia provisional” conforme a la Constitución boliviana y se convoquen una nuevas elecciones. En el texto, firmado por EE UU, Argentina, Perú, la Venezuela de Juan Guaidó, Ecuador, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Chile, Canadá, Brasil y Guatemala, se rechazan los actos de violencia que atenten contra la estabilidad y la democracia. Trujillo sostuvo que “si hubo amenaza a la democracia en Bolivia, era la del Gobierno” de Morales.

El excanciller boliviano Diego Pary, quien presentó su renuncia este domingo, envió una carta al organismo multilateral en la que alertaba del riesgo a la integridad personal al que se enfrenta la cúpula de Morales. Además, solicitó a la OEA que actúe inmediatamente para contribuir a recuperar la paz social. "Invitamos a la comisión interamericana de los derechos humanos a Bolivia para que pueda verificar las graves violaciones a los derechos humanos", apuntó en el escrito leído por una portavoz de la delegación boliviana.

Almagro fue duramente criticado por México este lunes por su silencio frente a lo ocurrido el pasado domingo  en Bolivia. El organismo emitió horas después de la salida de Morales un breve comunicado en el que rechazaba “cualquier salida inconstitucional" a la crisis y hacía un llamamiento “a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho". “Frente a sucesos de esta magnitud, los pronunciamientos de esta organización deberían ser más oportunos y contundentes”, postuló la embajadora mexicana, Luz Elena Bañados Rivas.

Nicaragua apoyó a México en su postura crítica con el papel de la OEA. “Denunciamos al mundo las prácticas interventoras imperiales que han prevalecido y prevalecen en EE UU y sus organizaciones satélites”, añadió la delegación nicaragüense. El embajador de Uruguay, Hugo Cayrús, también condenó, en otro tono, lo ocurrido con Morales. “Que no queden dudas: esto fue, a todas luces, un golpe de Estado cívico, político y militar”.

La sesión urgente solicitada por Brasil con el apoyo de varios países arrancó con los detalles del informe preliminar de la OEA, en el que se detectaron “graves irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre que dieron por ganador a Morales. La falsificación de firmas, actas irregulares o un sistema de transmisión de votos viciado fueron algunos de los hallazgos de la auditoría electoral. Recomendaron repetir las elecciones con un nuevo tribunal electoral y bajo la observación de organismos internacionales. Evo Morales, cuando aún ocupaba el cargo de presidente, aceptó celebrar nuevos comicios, pero horas más tarde las Fuerzas Armadas le "sugirieron" que dimitiera y, asegurando ser víctima de un golpe de Estado, Morales renunció.

Por Antonia Laborde

Washington 13 NOV 2019 - 03:13 COT

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Lunes, 04 Noviembre 2019 06:25

Rojava: la guerra contra la utopía

Milicianas de las YPJ. Este grupo se creó en 2012 como rama femenina de las YPG. / Imagen de Kurdishstruggle.

La invasión turca del norte de Siria pone en peligro la experiencia más avanzada de democracia directa y convivencia pacífica en Oriente Próximo.

Hay controles de seguridad cada pocos cientos de metros en la carretera. Los puestos de control de los Aşayis —fuerzas de seguridad interna— revisan la documentación de los coches que pasan. Están alerta, sobre todo desde que decenas de miembros del Estado Islámico huyeron de las prisiones y campos de refugiados ayudados por los ataques de Turquía sobre la región. Las células durmientes del Estado Islámico nunca se desvanecieron, pero antes de la invasión del ejército turco estaban más controladas. Ahora casi cada día hay explosiones en Haseke, ciudad al sur de Rojava; y con las decenas de miles de desplazados que han llegado de las ciudades y pueblos colindantes con la frontera con Turquía, la ciudad es un hervidero de caras desconocidas.

Han pasado 16 días de la guerra que las potencias internacionales y regionales han orquestado contra la región conocida como Rojava (Kurdistán Oeste), oficialmente nombrada como la Autoadministración del Norte y Este de Siria. Las administraciones turca y estadounidense han decidido que la democracia surgida durante el conflicto de Siria en ese territorio de 750 km2 no es el sistema que les conviene para Oriente Próximo, y que la guerra debe continuar. El punto de partida es asegurar que sus intereses geoestratégicos y económicos queden consolidados. “Nosotros decidiremos qué hacer [con el petróleo] en el futuro”, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras anunciaba la permanencia de un contingente de 400 soldados estadounidenses en los pozos petrolíferos de Der Ez Zor y la estratégica zona de al-Tanf, al este y al sureste de Siria.

Miembros yihadistas, que antes combatían en los grupos de al-Nusra —antigua al-Qaeda en Siria— y el Estado Islámico, ahora lucen los uniformes facilitados por el ejército turco. Estos grupos graban en vídeo y difunden por internet cómo expolian a la población, destruyen las propiedades y asesinan cruelmente. La atroz tortura y homicidio cometido contra la copresidenta del Partido del Futuro, Hevrin Khalef, y la mutilación del cuerpo de la combatiente de las YPJ Amara Rênas han conmocionado al país. Son una muestra de la cultura del odio hacia las mujeres, que ya tuvo sus antecedentes en la guerra de Afrin.

A través de internet se difunden los crímenes cometidos por el ejército turco. Diversos medios de comunicación han publicado fotografías que muestran quemaduras anormales en cuerpos de jóvenes y niños. Los doctores de los hospitales de Qamishlo y Haseke confiesan que nunca habían visto nada parecido. La Autoadministración de Rojava afirma que se ha hecho uso de fósforo blanco como arma de guerra contra civiles y actualmente una comisión internacional está haciendo los análisis oportunos para confirmar dicha declaración. La copresidenta de la Autoadministración del Norte y Este de Siria, Ilham Ahmed, presentó las fotografías de los cuerpos abrasados en el Congreso estadounidense el pasado 23 de octubre. Calificó la operación del régimen de Tayyip Erdogan como una limpieza étnica y denunció la falacia del alto al fuego acordada entre Turquía y EE UU: “Los están matando, secuestrando, confiscando sus propiedades, quemando sus árboles”, dijo Ilham Ahmed.

En estas dos semanas, el ejército turco y sus aliados yihadistas —a los que parte de la prensa y la comunidad internacional se empeñan en seguir llamándolos Ejército Libre Sirio— han asesinado a más de 200 civiles y herido a más de 600. Al menos 300.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. 85.000 niños y niñas han sido forzados a detener sus estudios y más de 5.000 profesores se han quedado sin trabajo. En el caso de la ciudad de Haseke, 50 escuelas han sido puestas a disposición de los desplazados para darles refugio.

La estación de agua de Alok, que daba servicio a medio millón de personas, fue intencionadamente dañada. Abro el grifo y el agua sale con un tono verdoso. Miles de personas en la ciudad de Haseke están consumiendo agua no potable debido a la escasez. Hay cortes eléctricos de tanto en tanto, y a veces cierran la red de internet, y entonces nuestra conexión con el mundo termina.

De repente, la revolución

Rojava se extiende por el oeste hasta la región de Manbij y hacía el sur hasta el desierto de Der Ez Zor. En este territorio conviven desde hace cientos de años múltiples grupos religiosos y étnicos: árabes, kurdos, siriacos, asirios, turcomanos, ezidis, chechenos, circasianos y armenios. Bajo los diferentes imperios y regímenes no todos los pueblos y confesiones han tenido siempre el derecho de expresar su identidad libremente. El proyecto democrático, ecológico y de liberación de las mujeres nacido en estas comunidades a partir del año 2011 tiene como uno de sus pilares esenciales el respeto por la pluralidad nacional y el impulso para la expresión multicultural y religiosa.

En estos años, Rojava se ha convertido en un proyecto más democrático y respetuoso que muchos Estados europeos. Cada institución está presidida por una copresidencia. Esta debe estar forma obligatoriamente por un hombre y una mujer de diferente etnia. Cada organismo tiene una cuota de género del 50% y una cuota para minorías étnicas. Las mujeres están en el centro de la revolución. Lideran los espacios políticos y públicos. Ocupan las calles, las instituciones y los medios de comunicación. Tienen su propia fuerza militar autónoma, las conocidas YPJ. Para quien conozca Oriente Medio se percibe un gran contraste con otros países de la región. Las mujeres se organizan en un sistema paralelo autónomo, toman la palabra y aplican sus propias decisiones estratégicas en favor de las mujeres. La organización popular en las calles está controlada por ellas.

La organización democrática de Rojava se basa en las comunas, asambleas barriales y de pueblos, donde las personas se autoorganizan y deciden sobre sus propias vidas, tratando de hacer política desde la base.

Leyla tiene cinco hijas y un hijo. Su marido la abandonó para casarse por segunda vez con otra mujer. Ella ahora es responsable de la comuna de su barrio. Atiende seis días a la semana a todas las personas que se acercan al local de la comuna. Les ayuda a organizar las necesidades básicas de agua, gas y electricidad. Organiza reuniones para promover la democracia y autoorganización entre sus vecinas. Leyla y sus compañeras promueven visitas a vecinas enfermas, familias con mártires de la guerra o familias pobres. Trata de asegurarse que nadie quede olvidado. Que la solidaridad entre los residentes del barrio llegue a cada casa.

Leyla, como el resto de sus compañeras, no cobra nada por este trabajo. Ella subsiste con el salario de dos de sus hijos. Una hija que está en las fuerzas Aşayis y un hijo que es combatiente de las YPG. Leyla trabaja para su comunidad porque considera que la verdadera forma de organización de la sociedad es la cooperación, no el individualismo ni la competitividad.

La guerra contra el Estado Islámico se ha cobrado la vida de más de 11.000 combatientes. Una gran mayoría de ellos eran kurdos. Decenas de miles han quedado mutilados o son portadores de dolencias crónicas. Fawsya tiene dos hijos mártires en la guerra. Uno falleció en Raqqa, el otro en Afrin. La sala de estar de su casa es un mausoleo en recuerdo a sus dos hijos. Grandes pósteres con sus fotos decoran las paredes. En una esquina, cuelgan de tres árboles de plástico decenas de pequeños retratos de otros mártires, hombres y mujeres caídos en esta larga y penosa guerra.

Estos retratos se reparte durante los entierros. Fawsya los conserva todos. “No voy a permitir que ninguno de ellos quede en el olvido”, dice con determinación, “aunque tenga que llenar la sala de estos pequeños árboles”. Para muchos políticos los muertos son números, pero para las familias en Rojava, cada padre, hija, marido y compañera fallecida, es un dolor indescriptible que no puede ser superado nunca. Fawsya explica: “Te acostumbras al dolor. Te haces a él. Pero no se va. Este dolor nunca se supera”.

El tablero internacional

Los planes de las potencias internacionales para Siria vienen de lejos. En esta complicada guerra, los kurdos eran una carta que solo era conveniente mientras el Estado Islámico avanzaba sobre la región. Ya en 2018, cuando la operación conjunta de las Fuerzas Democráticas Sirias y el ejército estadounidense llegaba a su fin, Rusia dio luz verde a la invasión del ejército turco al cantón de Afrin, al oeste de Rojava. Aquella guerra, que duró tres meses, se cobró cientos de vidas y generó miles de refugiados.

En el barrio donde me encuentro hay muchos desplazados de Afrin. Lo han perdido todo y saben que mientras su tierra esté bajo el control turco no podrán volver a sus hogares. A día de hoy los secuestros y extorsiones a la población en Afrin continúan. Desde que se consolidó la ocupación, un grupo indeterminado de desplazados de Afrin ha huido por goteo, trasladándose a otras zonas de Siria o marchándose a Europa, por miedo a la represión.

Cuando comenzó la invasión, el pasado 9 de octubre, las familias hacían repetidamente dos preguntas: “¿Por qué la comunidad internacional nos ha abandonado de nuevo?” y “¿van a bombardearnos aquí también?”. Hay miedo entre la población, especialmente a los bombardeos aéreos. En todas parte se repite la misma frase: “No queremos nada, ni armas ni tropas, solo queremos que no puedan bombardearnos”. Y es que las fuerzas de defensa de las YPG e YPJ han demostrado ser efectivos combatientes sobre el terreno. Pero la desigualdad de fuerzas se hace visible cuando las tropas pelean con kalashnikov contra aviones de combate de la OTAN.

Por Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez


publicado

2019-11-04 06:25

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Domingo, 27 Octubre 2019 15:00

Contra el realismo político

Contra el realismo político

En este mes, en estas fechas, es inevitable hablar de elecciones. Un enorme aparato publicitario, estatal y privado, se ha encargado, casi desde el comienzo del año, de repetirnos la importancia del evento y quiénes son los candidatos y candidatas. Sí, los candidatos, aureolados con los logos de su partido o grupúsculo, ya que pocas personas se enteran del contenido de sus programas; a la gran mayoría les tienen sin cuidado.

Realidad criolla. No obstante, el hecho político más importante del mes es el levantamiento popular, principalmente indígena, en Ecuador. Y no es “en otro país”. Junto con Venezuela son los vecinos más influyentes en nuestra situación. No es posible ignorar las identificaciones culturales, el comercio fronterizo, el permanente trasiego de personas (hoy, obviamente, la catastrófica inmigración de venezolanos), y la vida en común a uno y otro lado de la línea artificial. Basta recordar que el departamento de Nariño es, hoy por hoy, uno de los más violentos y afectados por el narcotráfico, así como los de Norte de Santander y Arauca, particularmente la región del Catatumbo, en nuestra frontera oriental (Ver “La guerra no para en el Catatumbo”, página 9). Con el agravante de que hoy las relaciones oficiales, institucionales, se encuentran seriamente averiadas. Pero, claro, el pueblo colombiano está obligado a pensar en una puesta en escena donde lo que se juega no es el destino del país sino los destinitos fatales de los miles de candidatos y candidatas. El destino, como se sabe, ya viene escrito.

En efecto, cuando este número del periódico esté en circulación, llegará el momento de los balances, en apariencia el más importante. Como diría Serrat: “Y con la resaca a cuestas/ vuelve el pobre a su pobreza/ vuelve el rico a su riqueza/ y el señor cura a sus misas”. Sí, por un día se olvidó que cada uno es cada cual. He ahí la trampa de las elecciones: individualiza e iguala a todos. Los números, sólo los números, nos dirán quién ganó y quién perdió. No importa cómo se consiguieron esos números. Y lo peor: nada nos garantiza que lo que gana sea una propuesta de política pública. Lo más probable es que sea una figura, sustentada en la maquinaria clientelista, en el poder del dinero, en el poder de la violencia abierta y brutal, o todos los anteriores; en el menos malo de los casos, sustentada en la “popularidad” que es el componente fundamental en las grandes ciudades. Popularidad que se obtiene en una mínima proporción con la biografía pero sobre todo con una costosa publicidad abierta o disfrazada. Si al final representa un cambio, será sólo fruto de una afortunada coincidencia. ¿Pero es que alguien estaba pensando en un cambio?

Así las cosas, lo que más sorprende es que todas las agrupaciones, grandes, pequeñas y minúsculas, de carácter nacional (unas pocas), regional o local, que se presentan como distintas y alternativas, algunas francamente de la “izquierda”, están de acuerdo en que “hacer política” es competir en las elecciones. Una idea equivocada que se ha impuesto como consenso. El error probablemente proviene de una creencia muy colombiana, que lleva más de medio siglo (o más todavía), según la cual la única alternativa a lo electoral sería la acción armada. Se desconoce aquello que, en Europa y Estados Unidos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, solía llamarse acción “extraparlamentaria”, o “social”, como sencillamente la denominaban los anarquistas.

Lo más inquietante, de todas maneras, es que no parece vislumbrarse aquí ninguna idea de cambio. –Como es lógico, ese sería el criterio de diferenciación frente al mundo político del establecimiento–. Cabría, para empezar, una pregunta: ¿creen estos grupos que, desde las posiciones, por ahora exiguas, en los cuerpos colegiados y en los ejecutivos municipales o departamentales (más escasos), se podría inducir algún cambio de rumbo en las políticas públicas? O, aceptando el terreno electoral en gracia de discusión: ¿No sería necesario conseguir, previamente, un cambio sociopolítico que permitiera otro tipo de condiciones para la competencia? La oronda respuesta de “nada va primero, lo uno ayuda a lo otro y viceversa” que es la habitual, francamente no convence.

Además, en unas campañas electorales como éstas, en las que no se ventilan asuntos de contenidos, no hay posibilidad de diferenciación. Los grupos a los que hemos estado haciendo referencia ni siquiera lo intentan. Todos compiten por hacerse un lugar en el “centro”; adobándose, según el público, con diferentes proporciones de temas “políticamente correctos” que no resultan suficientes para ganar una identidad. El recién nacido Partido de la Farc, por ejemplo, quiso debutar, haciendo honor a su calificativo de revolucionaria, exponiendo las ideas fuerza de su orgullosa tradición y de su épica –a la que, por lo demás, tenía legítimo derecho– y luego de la desaprobación y de innumerables rechazos, incluidos los de los amigos, terminó reduciendo su programa a la defensa del Acuerdo de Paz; últimamente, al mínimo, que es la reincorporación de los excombatientes a las actividades productivas en condiciones de posibilidad comercial y seguridad física.

No hay, pues, partidos, ni movimientos, ni siquiera grupos, con señas de identidad. Lo único que podemos identificar son personajes, con mayor o menor presencia en los medios. Para ello, probablemente, es para lo que más sirve detentar una curul o un cargo público. Todo, en medio del más absoluto vacío ideológico (Ver “Encuestas electorales…”, página 10). Pero no seríamos tan injustos de atribuirlo a defectos individuales o decisiones equivocadas. Seguramente es la atmósfera de los tiempos que corren. Cuando aludimos a la voluntad de “cambio” lo hicimos deliberadamente para señalar apenas el más elemental rasgo de diferenciación. Porque lo que ha quedado sepultado con el pasado siglo, y no sólo en Colombia, es la propia idea, no digamos ya de revolución, sino simplemente de transformación, y con ella el cultivo de las esperanzas. Ha desaparecido así el referente que antaño evocaba el vocablo “izquierda”. El tamaño de las ambiciones llega, si acaso, al de “lo menos malo”, cuando no a la filosofía de “peor es nada”.

En aquella confusión del mínimo común denominador no es posible identificar a la famosa izquierda, ni a los grupos que la componen, como no sea por lo que dicen de sí mismos o por lo que les atribuyen los otros. ¡La izquierda es un acto de fe! Votar por Holman Morris en Bogotá, por ejemplo, es votar por la izquierda. ¿Por qué? Al final es la “derecha”, la más cerrera y ultramontana, la que define quienes son de “izquierda”. La categoría, según las conveniencias, puede abarcar desde Jesús Santrich hasta Roy Barreras. Desde Orlando Fals Borda hasta Ernesto Samper, pasando por Antanas Mockus. Por eso es tan difícil llevar a la práctica la popular recomendación que ya es un cómodo lugar común: “¿por qué no se une toda la izquierda?” La respuesta es sencilla: porque no se sabe dónde ni cómo colocar la línea divisoria.

No se nos oculta la objeción inmediata, de uso corriente en la politología. La argumentación presentada –se diría– corresponde a un andamiaje de “grandes relatos”, propio de una modernidad ya superada. Es completamente vano seguir en busca de la “izquierda perdida”. No hay diferenciaciones social o históricamente necesarias; las diferenciaciones son contingentes y transitorias, o mejor, coyunturales. Por ejemplo, en Colombia, tiene que ver con el cumplimiento y puesta en marcha del Acuerdo de Paz que es la materialización concreta de la oposición entre guerra y paz. Algunos de manera más callejera dirían: entre uribistas y no uribistas. El problema consiste en que un partido político e incluso una corriente política, están obligados a dar respuestas a un conjunto significativo de problemas de diferente orden; históricos, seguramente, pero también de coyuntura. Y ese conjunto de respuestas tiene que ser coherente para que conquiste credibilidad.

Desde luego, el punto que más se menciona como ejemplo es el de la lucha contra la corrupción. Y, ciertamente, es de innegable actualidad. Un problema que tiene, tan clara diferenciación, consiste en que, en el plano de las imágenes y las consignas, nadie se ubica en el lado de la corrupción. Corre por cuenta del debate que cada quien haga el señalamiento en los demás. Una puja moralista. Y no tiene nada de raro que termine ganando quien cuente con más poder mediático (y judicial). Una mancha –cierta o falsa– puede acabar con la reputación de todo un partido. El Polo jamás se levantará de la tragedia de haber postulado y respaldado a Samuel Moreno a quien siguen condenando a decenas de años de prisión, una y otra vez, con una sevicia que jamás destinarían a un tipo como el otro Moreno, el exfiscal. Además, se le aplica también la reflexión anterior. ¿Qué coherencia tiene, por ejemplo, una candidata que prometa incorruptibilidad a toda prueba y guerra implacable contra los corruptos si al mismo tiempo coincide con los adversarios en política económica y social?

Pero no es un problema solamente de los grupos y partidos a los que venimos aludiendo. Si así lo fuera, estaríamos, tal vez, perdiendo el tiempo. A la hora de los balances cada quien habla de la fiesta según como le haya ido en ella. Y en la discusión siempre va a triunfar el realismo político. Es posible que, en la pequeña dinámica que hemos señalado pueda faltar grandeza pero no deja de haber algunos dividendos y así puede continuarse indefinidamente. El verdadero problema toca con nuestro pueblo. Es poco lo que se le está ofreciendo que apunte a transformar sus condiciones de vida, no sólo materiales sino espirituales, pero también a los mecanismos, espacios y procesos por desatar para que desde sus intereses y fuerzas se desate una acción por el cambio. “Solo el pueblo salva al pueblo”, era común escuchar décadas atrás. Pero, ¿acaso se le está consultando? ¿Acaso se abren los canales para desde sus fuerzas se confronte abierta y de manera decida al establecimiento? Esto a pesar que desde algunos sectores de opinión se observa la queja y el temor acerca del avance de la “derecha”. Pues bien, aparte de lo que ya tenemos, no se sabe cuánto más podrá llegar.

En todo caso, semejante peligro solamente podrá ser conjurado cuando aparezca una corriente, que apoyada en espacios de participación social realmente convocantes y decididos por el liderazgo del ‘común’, que prometa un vuelco verdaderamente cautive y arrastre, despertando esperanzas, desatando energías comprimidas por décadas de negaciones y mala vida, y ofreciendo fuertes convicciones. Mientras la misma toma cuerpo, ninguna alternativa podrá provenir de esta retórica de las pequeñas cosas, del moralismo del cambio en el comportamiento individual y del “pensamiento positivo”. Si algún imperativo es hoy oportuno en Colombia es éste muy sencillo: ¡poner fin a esta filosofía de la resignación!

Publicado enEdición Nº262
Sábado, 26 Octubre 2019 06:13

Contra el realismo político

Contra el realismo político

En este mes, en estas fechas, es inevitable hablar de elecciones. Un enorme aparato publicitario, estatal y privado, se ha encargado, casi desde el comienzo del año, de repetirnos la importancia del evento y quiénes son los candidatos y candidatas. Sí, los candidatos, aureolados con los logos de su partido o grupúsculo, ya que pocas personas se enteran del contenido de sus programas; a la gran mayoría les tienen sin cuidado.

Realidad criolla. No obstante, el hecho político más importante del mes es el levantamiento popular, principalmente indígena, en Ecuador. Y no es “en otro país”. Junto con Venezuela son los vecinos más influyentes en nuestra situación. No es posible ignorar las identificaciones culturales, el comercio fronterizo, el permanente trasiego de personas (hoy, obviamente, la catastrófica inmigración de venezolanos), y la vida en común a uno y otro lado de la línea artificial. Basta recordar que el departamento de Nariño es, hoy por hoy, uno de los más violentos y afectados por el narcotráfico, así como los de Norte de Santander y Arauca, particularmente la región del Catatumbo, en nuestra frontera oriental (Ver “La guerra no para en el Catatumbo”, página 9). Con el agravante de que hoy las relaciones oficiales, institucionales, se encuentran seriamente averiadas. Pero, claro, el pueblo colombiano está obligado a pensar en una puesta en escena donde lo que se juega no es el destino del país sino los destinitos fatales de los miles de candidatos y candidatas. El destino, como se sabe, ya viene escrito.

En efecto, cuando este número del periódico esté en circulación, llegará el momento de los balances, en apariencia el más importante. Como diría Serrat: “Y con la resaca a cuestas/ vuelve el pobre a su pobreza/ vuelve el rico a su riqueza/ y el señor cura a sus misas”. Sí, por un día se olvidó que cada uno es cada cual. He ahí la trampa de las elecciones: individualiza e iguala a todos. Los números, sólo los números, nos dirán quién ganó y quién perdió. No importa cómo se consiguieron esos números. Y lo peor: nada nos garantiza que lo que gana sea una propuesta de política pública. Lo más probable es que sea una figura, sustentada en la maquinaria clientelista, en el poder del dinero, en el poder de la violencia abierta y brutal, o todos los anteriores; en el menos malo de los casos, sustentada en la “popularidad” que es el componente fundamental en las grandes ciudades. Popularidad que se obtiene en una mínima proporción con la biografía pero sobre todo con una costosa publicidad abierta o disfrazada. Si al final representa un cambio, será sólo fruto de una afortunada coincidencia. ¿Pero es que alguien estaba pensando en un cambio?

Así las cosas, lo que más sorprende es que todas las agrupaciones, grandes, pequeñas y minúsculas, de carácter nacional (unas pocas), regional o local, que se presentan como distintas y alternativas, algunas francamente de la “izquierda”, están de acuerdo en que “hacer política” es competir en las elecciones. Una idea equivocada que se ha impuesto como consenso. El error probablemente proviene de una creencia muy colombiana, que lleva más de medio siglo (o más todavía), según la cual la única alternativa a lo electoral sería la acción armada. Se desconoce aquello que, en Europa y Estados Unidos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, solía llamarse acción “extraparlamentaria”, o “social”, como sencillamente la denominaban los anarquistas.

Lo más inquietante, de todas maneras, es que no parece vislumbrarse aquí ninguna idea de cambio. –Como es lógico, ese sería el criterio de diferenciación frente al mundo político del establecimiento–. Cabría, para empezar, una pregunta: ¿creen estos grupos que, desde las posiciones, por ahora exiguas, en los cuerpos colegiados y en los ejecutivos municipales o departamentales (más escasos), se podría inducir algún cambio de rumbo en las políticas públicas? O, aceptando el terreno electoral en gracia de discusión: ¿No sería necesario conseguir, previamente, un cambio sociopolítico que permitiera otro tipo de condiciones para la competencia? La oronda respuesta de “nada va primero, lo uno ayuda a lo otro y viceversa” que es la habitual, francamente no convence.

Además, en unas campañas electorales como éstas, en las que no se ventilan asuntos de contenidos, no hay posibilidad de diferenciación. Los grupos a los que hemos estado haciendo referencia ni siquiera lo intentan. Todos compiten por hacerse un lugar en el “centro”; adobándose, según el público, con diferentes proporciones de temas “políticamente correctos” que no resultan suficientes para ganar una identidad. El recién nacido Partido de la Farc, por ejemplo, quiso debutar, haciendo honor a su calificativo de revolucionaria, exponiendo las ideas fuerza de su orgullosa tradición y de su épica –a la que, por lo demás, tenía legítimo derecho– y luego de la desaprobación y de innumerables rechazos, incluidos los de los amigos, terminó reduciendo su programa a la defensa del Acuerdo de Paz; últimamente, al mínimo, que es la reincorporación de los excombatientes a las actividades productivas en condiciones de posibilidad comercial y seguridad física.

No hay, pues, partidos, ni movimientos, ni siquiera grupos, con señas de identidad. Lo único que podemos identificar son personajes, con mayor o menor presencia en los medios. Para ello, probablemente, es para lo que más sirve detentar una curul o un cargo público. Todo, en medio del más absoluto vacío ideológico (Ver “Encuestas electorales…”, página 10). Pero no seríamos tan injustos de atribuirlo a defectos individuales o decisiones equivocadas. Seguramente es la atmósfera de los tiempos que corren. Cuando aludimos a la voluntad de “cambio” lo hicimos deliberadamente para señalar apenas el más elemental rasgo de diferenciación. Porque lo que ha quedado sepultado con el pasado siglo, y no sólo en Colombia, es la propia idea, no digamos ya de revolución, sino simplemente de transformación, y con ella el cultivo de las esperanzas. Ha desaparecido así el referente que antaño evocaba el vocablo “izquierda”. El tamaño de las ambiciones llega, si acaso, al de “lo menos malo”, cuando no a la filosofía de “peor es nada”.

En aquella confusión del mínimo común denominador no es posible identificar a la famosa izquierda, ni a los grupos que la componen, como no sea por lo que dicen de sí mismos o por lo que les atribuyen los otros. ¡La izquierda es un acto de fe! Votar por Holman Morris en Bogotá, por ejemplo, es votar por la izquierda. ¿Por qué? Al final es la “derecha”, la más cerrera y ultramontana, la que define quienes son de “izquierda”. La categoría, según las conveniencias, puede abarcar desde Jesús Santrich hasta Roy Barreras. Desde Orlando Fals Borda hasta Ernesto Samper, pasando por Antanas Mockus. Por eso es tan difícil llevar a la práctica la popular recomendación que ya es un cómodo lugar común: “¿por qué no se une toda la izquierda?” La respuesta es sencilla: porque no se sabe dónde ni cómo colocar la línea divisoria.

No se nos oculta la objeción inmediata, de uso corriente en la politología. La argumentación presentada –se diría– corresponde a un andamiaje de “grandes relatos”, propio de una modernidad ya superada. Es completamente vano seguir en busca de la “izquierda perdida”. No hay diferenciaciones social o históricamente necesarias; las diferenciaciones son contingentes y transitorias, o mejor, coyunturales. Por ejemplo, en Colombia, tiene que ver con el cumplimiento y puesta en marcha del Acuerdo de Paz que es la materialización concreta de la oposición entre guerra y paz. Algunos de manera más callejera dirían: entre uribistas y no uribistas. El problema consiste en que un partido político e incluso una corriente política, están obligados a dar respuestas a un conjunto significativo de problemas de diferente orden; históricos, seguramente, pero también de coyuntura. Y ese conjunto de respuestas tiene que ser coherente para que conquiste credibilidad.

Desde luego, el punto que más se menciona como ejemplo es el de la lucha contra la corrupción. Y, ciertamente, es de innegable actualidad. Un problema que tiene, tan clara diferenciación, consiste en que, en el plano de las imágenes y las consignas, nadie se ubica en el lado de la corrupción. Corre por cuenta del debate que cada quien haga el señalamiento en los demás. Una puja moralista. Y no tiene nada de raro que termine ganando quien cuente con más poder mediático (y judicial). Una mancha –cierta o falsa– puede acabar con la reputación de todo un partido. El Polo jamás se levantará de la tragedia de haber postulado y respaldado a Samuel Moreno a quien siguen condenando a decenas de años de prisión, una y otra vez, con una sevicia que jamás destinarían a un tipo como el otro Moreno, el exfiscal. Además, se le aplica también la reflexión anterior. ¿Qué coherencia tiene, por ejemplo, una candidata que prometa incorruptibilidad a toda prueba y guerra implacable contra los corruptos si al mismo tiempo coincide con los adversarios en política económica y social?

Pero no es un problema solamente de los grupos y partidos a los que venimos aludiendo. Si así lo fuera, estaríamos, tal vez, perdiendo el tiempo. A la hora de los balances cada quien habla de la fiesta según como le haya ido en ella. Y en la discusión siempre va a triunfar el realismo político. Es posible que, en la pequeña dinámica que hemos señalado pueda faltar grandeza pero no deja de haber algunos dividendos y así puede continuarse indefinidamente. El verdadero problema toca con nuestro pueblo. Es poco lo que se le está ofreciendo que apunte a transformar sus condiciones de vida, no sólo materiales sino espirituales, pero también a los mecanismos, espacios y procesos por desatar para que desde sus intereses y fuerzas se desate una acción por el cambio. “Solo el pueblo salva al pueblo”, era común escuchar décadas atrás. Pero, ¿acaso se le está consultando? ¿Acaso se abren los canales para desde sus fuerzas se confronte abierta y de manera decida al establecimiento? Esto a pesar que desde algunos sectores de opinión se observa la queja y el temor acerca del avance de la “derecha”. Pues bien, aparte de lo que ya tenemos, no se sabe cuánto más podrá llegar.

En todo caso, semejante peligro solamente podrá ser conjurado cuando aparezca una corriente, que apoyada en espacios de participación social realmente convocantes y decididos por el liderazgo del ‘común’, que prometa un vuelco verdaderamente cautive y arrastre, despertando esperanzas, desatando energías comprimidas por décadas de negaciones y mala vida, y ofreciendo fuertes convicciones. Mientras la misma toma cuerpo, ninguna alternativa podrá provenir de esta retórica de las pequeñas cosas, del moralismo del cambio en el comportamiento individual y del “pensamiento positivo”. Si algún imperativo es hoy oportuno en Colombia es éste muy sencillo: ¡poner fin a esta filosofía de la resignación!

Publicado enColombia
Lunes, 21 Octubre 2019 16:39

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Adriana Gómez, Zona de riesgo, técnica mixta sobre lienzo, 120 x 120 cm, 2015

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

 

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.


Estas elecciones se desarrollan en medio de un “estado” de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces vista. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan “Impopulares pero eficientes”.


En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los 4 candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.


Claudia López candidata verdeamarilla


Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Teresa Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.


López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque se oyen voces que consideran que sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.


No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer, entre otras el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad (optando por la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso) afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos “renovadores”, es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro. En contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha.


Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.


La Oposición de Hollman Morris


La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.


La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.


El delfín Miguel Uribe


El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que en las urnas ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.


En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.


El repunte de Galán


En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. O viceversa. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos, a última hora.


Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Propone soluciones cercanas a las que plantea Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.


Ambiente frío


Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de los sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.


Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. Contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás, son parte de la realidad que la afectan y de la agenda por abordar en el debate sobre el gobierno que debe regir en la misma. Como parte de ello también es fundamental el qué y como hacer para recuperar quebradas y ríos, así como humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Otro aspecto por abordar y resolver, mucho más cuando corresponde a una agenda electoral, es la movilidad, la cual le consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en su salud física y mental. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.


Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.


Todo está por pasar


Faltando tres semanas y unos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.


A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

 

*Consultor en Ciudades Inteligentes.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019

 

Elecciones/territorios. Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Publicado enColombia
Sábado, 19 Octubre 2019 11:05

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

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