Fujimorismo: enfermedad infantil del fascismo

A unos días de la proclamación del nuevo presidente de Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas– hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar si no se quiere que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que más que 8 millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes– hayan votado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículo político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado a la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado al ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvamento de la economía, desastrosa en el quinquenio de Alan García, la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI luego de que la inflación rebasó 7000 por ciento, o sea los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo para enriquecer monstruosamente al dictador y a su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento– con fines ­clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a escala nacional 80 por ciento está en manos del Grupo El Comercio– puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras, donde han sido invertidas sumas enormes, producto de lavado de dinero sin algún control, ha fracasado por la tercera vez: la primera contra Ollanta Humala en 2011, la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo, minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado la heredera del otrora poderoso shogun, truncando sus aspiraciones ­presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado a Perú cinco años de parálisis política, un constante boicot al Ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de la mitad de la nación, si no fuera que la Señora K, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no– , los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada”y, last but not least, el gran capital, como se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella –a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel– lo han hecho "tapándose la nariz", considerándola un mal menor frente al candidato "con olor a pueblo", el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros patrones, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la "raza cobriza"de los niveles más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la "eterna perdedora", como ha sido rebautizada por sus desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. "¡Fujimori nunca más!" ha sido el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar "la generación del Bicentenario" y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, con gran disgusto de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar a los 8 millones de electores anti-Castillo para sacarlo de la presidencia en los próximos meses.

Publicado enInternacional
Lasso asumió la presidencia y reforzó el giro a la derecha en Ecuador

Prometió un "gobierno del encuentro" y proclamó el "fin de los caudillismos"

El exbanquero recibirá el país de su aliado, el saliente Lenín Moreno, en medio de una severa crisis económica que se extendió al nivel social y sanitario a causa del coronavirus. 

 

El exbanquero Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador en un acto celebrado en el Palacio Legislativo de Quito, con fuertes críticas al correísmo y proclamando el fin de la "era de los caudillos". Lasso recibirá el país de su aliado, el saliente Lenín Moreno, en medio de una severa crisis económica que se extendió al nivel social y sanitario a causa del coronavirus. Para su gestión de cuatro años promete un "gobierno del encuentro" y una promocionada "lucha contra la corrupción", premisas características de los gobiernos de derecha en la región. Sin embargo, el escenario no es muy esperanzador: Lasso ya rompió la principal alianza que lo llevó al poder, el Congreso está dividido y la deuda externa a pagar entre 2021 y 2025 supera los 40 mil millones de dólares.

La presencia de mandatarios en el acto de asunción fue bastante austera. Lasso juró ante la mirada de los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; República Dominicana, Luis Abinader; y Haití, Jovenel Moise. Lo acompañaron además el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y el rey de España, Felipe VI. En tanto, la delegación del gobierno de Estados Unidos estuvo liderada por su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Los presidentes de Colombia, Iván Duque; de Chile, Sebastián Piñera; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cancelaron a último momento sus viajes. El gobierno argentino estuvo representado por una comitiva encabezada por el canciller Felipe Solá. A la toma de posesión de Lasso también asistieron fieles exponentes de la derecha iberoamericana como los exmandatarios José María Aznar de España; Álvaro Uribe de Colombia; y el opositor venezolano Leopoldo López.

"Nuestros gobernantes nos han fallado, traicionaron a nuestros principios fundacionales", remarcó Lasso desde la sede de la Asamblea Nacional, vestido sobriamente con un traje oscuro y corbata azul claro. "Todo eso termina este 24 de mayo, termina la era de los caudillos", sostuvo el flamante presidente.

En su discurso de asunción, Lasso hizo referencia a un país "que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a la pandemia", en una inusual crítica al presidente saliente y aliado luego de traicionar al correísmo, Lenín Moreno.  "Gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie", prometió quien estuvo al frente del feriado bancario y el corralito previo a la dolarización de Ecuador en 1999.

"Los principales desafíos de Ecuador son los que todo país tiene o mejor dicho, a los que todo pueblo aspira: democracia, paz, desarrollo social y económico, trabajo. La pregunta es si este gobierno con un proyecto neoliberal puede satisfacer esas aspiraciones. Creo que se viene una situación más grave en términos de crisis social para el pueblo ecuatoriano, eso fue el gobierno de Lenín Moreno consolidado por Lasso, porque los dos gobernaron”, destacó en diálogo con PáginaI12 el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, Mario Ramos.

"El modelo empresarial-neoliberal que siguió Lenín Moreno, que revivió porque regía en los años 80 y 90 en Ecuador, agravó no solo las condiciones de vida y trabajo de una amplia población, sino la misma economía porque no se articuló un tipo de políticas que incluso permitan el fomento privado. Los dineros salieron fuera del país para esconderse en paraísos fiscales y no existieron inversiones en Ecuador", planteó en el mismo sentido el historiador Juan Paz y Miño. Para paliar las dificultades económicas del país, Moreno recurrió a un alto endeudamiento con organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasivo total escaló hasta el 63 por ciento del PBI en diciembre pasado (61.300 millones de dólares). En ese contexto Lasso nombró a Simón Cueva, economista y exrepresentante del FMI en Bolivia, como nuevo ministro de Economía y Finanzas. Toda una declaración de principios. "Cueva dijo días atrás que quien gane más de 500 dólares en el precario Ecuador de estos momentos es casi concebido como un millonario y que por lo tanto habría que explorar miradas tributarias e impositivas. Me parece que está reproduciendo la catástrofe de las manifestaciones colombianas", destacó en ese sentido Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador.

En su extenso discurso Lasso mencionó además que uno de los retos más importantes que tendrá en los primeros 100 días de su gobierno será el de vacunar contra la covid-19 a nueve millones de habitantes, aunque reconoció que ese esfuerzo demandará un gran esfuerzo logístico. "Vacunaremos sin descanso porque el virus no descansa", sostuvo el mandatario y destacó que "el país tiene que movilizarse" para cumplir el objetivo. A cargo de esa travesía quedará la flamante ministra de Salud, Ximena Garzón.

"¿Bajo qué política va a aplicar el gobierno del banquero Lasso el plan de vacunación: una política de castas privilegiada, como ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno con el caso de la vacunas vip, o una mirada social que cumpla con las expectativas de los grupos verdaderamente vulnerables frente a la pandemia?", se preguntó al respecto Paladines.

El presidente electo anunció además que al frente del ministerio de Energía y Minería estará Roberto Salas, empresario de un conglomerado agroindustrial e inmobiliario privado sin experiencia en el sector petrolero. Las exportaciones de petróleo son una fuente clave de ingresos para un país con serios problemas de liquidez. Lasso anticipó que su administración apostará por duplicar la producción petrolera, impulsará la minería y ofrecerá a la iniciativa privada varias áreas estatales.

Lasso también anticipó este lunes que en el tiempo más corto posible Ecuador intentará formar parte de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional formada por Chile, Colombia, Perú y México. Además será importante la relación con su principal socio comercial, Estados Unidos. Con ese fin, el flamante presidente nombró como canciller al diplomático Mauricio Montalvo, quien estuvo al frente de la embajada ecuatoriana en Australia hasta el 10 de mayo.

"La política exterior del gobierno será completamente entreguista y anti-soberana. Su primer viaje al exterior, como es de conocimiento público, fue visitar a Iván Duque en Colombia. Asombró una declaración en la que justificó el bombardeo de Angostura, cuando los colombianos atacaron territorio ecuatoriano. Entonces, si un presidente no defiende la soberanía de un país, ¿qué podemos esperar de la política exterior de Lasso?", cuestionó Ramos.

Otros de los desafíos no menores que aguardan al mandatario de derecha será traducir sus proyectos de ley en acuerdos legislativos, dada su escasa representación parlamentaria de doce escaños de los 137 que componen la Asamblea Nacional, lo que le obligará a negociar permanentemente. Con las fuerzas dispersas y sin mayoría absoluta en el Congreso, su movimiento Creando Oportunidades (CREO) debió aliarse con distintos sectores para lograr un frente que asumió el control del Legislativo excluyendo al correísmo.

El sábado pasado, después de tres intentos fallidos para elegir al nuevo titular del Congreso y de romperse el acuerdo entre CREO y el Partido Social Cristiano (PSC), la alianza con la que Lasso ganó el ballottage presidencial hace solo un mes, la Asamblea Nacional eligió a la legisladora Guadalupe Llori, de Pachakutik (PK), como su nueva presidenta. "Lo que hizo Yaku Pérez en el encuentro que tuvo con Guillermo Lasso cuando se dio ese posible conteo de votos en pleno proceso electoral fue un acercamiento entre ambos que tiene que ver con agendas políticas claras. Pachakutik es un movimiento que con su silencio terminó apoyando a Lasso", planteó Paladines en ese sentido.

Habrá que ver además que ocurre con el correísmo, que a través de UNES es la mayor fuerza política de la Asamblea Nacional con 49 escaños. Aunque no alcanza la mayoría de votos, su lugar será decisivo en votaciones trascendentales. En ese punto Ramos fue categórico. "El correísmo debe oponerse al proyecto neoliberal, y a veces tengo dudas de que prioricen ese objetivo. Como movimiento político la Revolucion Ciudadana debe renovarse y reorganizarse para ir adquiriendo mayores capacidades políticas", aseguró el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos.

 

Por Guido Vassallo

24 de mayo de 2021

Publicado enInternacional
Guillermo Lasso y el laberinto de las izquierdas ecuatorianas

Con Guillermo Lasso, un banquero cercano al Opus Dei, la derecha ecuatoriana llega al gobierno tras su victoria electoral del 11 de abril. La izquierda y la centroizquierda tienen una clara mayoría en la Asamblea Nacional, pero sus fuerzas se encuentran enfrentadas y lejos de poder construir un bloque común.

 

Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el primer triunfo electoral a la derecha en más de dos décadas. Pese a que el de Lenín Moreno fue un gobierno escorado a la derecha, el hecho de que las fuerzas verdaderamente representativas de ese espectro ideológico –como el Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC)– hayan obtenido el triunfo electoral marca un hito en la política ecuatoriana y expresa un nuevo contexto histórico al que los espacios de izquierda y progresistas deben prestar atención.

En su tercer intento electoral, el banquero Guillermo Lasso logró imponerse por casi cinco puntos sobre el correísta Andrés Arauz. A pesar del escrutinio final, tanto los resultados presidenciales de primera vuelta como la composición de la Asamblea Nacional revelan que la configuración del tablero político es bastante más compleja que lo que indica la mera elección del binomio Lasso-Borrero. Esto da un peso significativo a las izquierdas en la oposición al futuro gobierno, de perfil neoliberal, tanto dentro como fuera de los juegos políticos partidarios.

Ecuador vive un contexto difícil: el aumento de la pobreza, el desempleo agudizado en medio de la crisis sanitaria y la muy deficiente gestión del gobierno saliente son las señas de este tiempo. Diversos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Ecuador como uno de los países en América donde más aumentó la pobreza extrema en medio de la pandemia. 

Los principales actores partidarios de la izquierda son hoy el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el ex-presidente Rafael Correa, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque ambos espacios sostienen coincidencias en su oposición al neoliberalismo, han sufrido históricos desencuentros que es necesario relevar para comprender la situación de la izquierda institucional ecuatoriana. Por fuera de ellos, sin embargo, también hay una importante vitalidad: la que otorgan los movimientos sociales. Estos serán, en el actual contexto, decisivos para el devenir de la izquierda. Su cercanía o no a estas dos organizaciones político-partidarias dependerá en buena medida de cómo se sigan decantando sus distancias o cercanías con el gobierno que hoy comienza sus funciones.

El triunfo de Moreno –como candidato del correísmo– en las elecciones presidenciales de 2017 por menos de tres puntos sobre Lasso supuso para la fuerza gobernante fundada por Rafael Correa la superación de una fase de declive. En aquel contexto, el triunfo dejaba en suspenso la necesaria autocrítica sobre el déficit de política en la gestión, en la medida en que su base de sustento se distanciaba cada vez más de organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, el triunfo fue de cortísimo aliento. Moreno optó por gobernar con un plan agresivamente neoliberal, acompañarse de actores empresariales, de la banca y las corporaciones mediáticas, y contar con el soporte de CREO y PSC en el Poder Legislativo, a la vez que generaba la implosión del movimiento político Alianza PAIS con el que había accedido a la Presidencia.

La primera expresión de oposición al gobierno de Moreno nacía de la fractura de su propia fuerza política. El bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana (30 de 74 asambleístas electos) se mantuvo en la línea del plan de gobierno votado en 2017 y constituyó una pieza fundamental de configuración de discurso y acción política contra el ajuste: votó orgánica y sostenidamente contra las iniciativas legislativas de apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incluso por fuera de los medios tradicionales, no dejó de batallar y argumentar para fortalecer a la oposición al gobierno de Moreno. No es posible hablar de la vigencia y resistencia del correísmo sin su acción. Esta fuerza (sin personería jurídica) se desempeñó en condiciones de constante persecución y proscripción, toda vez que sus varios intentos de formación de movimientos políticos fueron bloqueados con argumentos poco sólidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este marco, el bloque de legisladores de la Revolución Ciudadana ejerció oposición prácticamente en solitario hasta el último semestre de 2019.

El movimiento Pachakuitk ocupó, en cambio, un lugar diferente en la oposición a Moreno. Gracias a la dinámica de diálogo convocado por el gobierno y la coincidencia en el anticorreísmo, tanto la Conaie como Pachakutik se mantuvieron inicialmente cerca del gobierno. De hecho, una de las escenas inaugurales y altamente simbólicas de la ruptura entre Correa y Moreno sucedió cuando el presidente anunció en acto público que restituía el comodato del terreno de la sede de la Conaie, que Correa había suspendido en 2015, esta vez por 100 años. Correa calificó el anuncio como un desaire y un acto de deslealtad de Moreno, quien arrancaba un capítulo de diálogo con el movimiento indígena ecuatoriano. Integrantes de este movimiento ocuparían un cargo ministerial como la Secretaría del Agua y una consejería en una institución con altísima incidencia como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano que nombra a las principales autoridades de control.

La gestación de la ruptura entre Pachakutik y el gobierno de Moreno llegaría a mediados de 2019 con la movilización nacional que tuvo su combustible definitivo en el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta movilización, que fue masiva y diversa, fue reprimida ferozmente por el gobierno, con un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.230 detenidos (75% de ellos liberados por no cumplir los requisitos legales para ser apresados). A los diversos informes que exhibieron la violencia y las arbitrariedades, se sumaron los del movimiento indígena, el bloque de la Revolución Ciudadana y la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que reportaron judicializaciones, encarcelamientos ilegales, violaciones sexuales y exiliados.

En los diálogos televisados entre el gobierno nacional y los dirigentes indigenas quedó en evidencia su inconformidad por el incumplimiento de acuerdos en el marco del diálogo nacional, pero sobre todo quedó sentada la voluntad de defender no solamente sus intereses sino los de las grandes mayorías. Esto se pondría de manifiesto cuando el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, así como diversas organizaciones y colectivos sociales, elaboraron un plan de gobierno alternativo para Ecuador con el nombre «Minga por la vida». Los gestos y acciones hacían pensar en la posibilidad de amplias confluencias entre el movimiento indígena y el correísmo. Sin embargo, precisamente el momento posterior a octubre se constituyó en el primer aviso de que, incluso en el marco de la profundización del ajuste y de la vocación autoritaria gubernamental, las tensiones, desconfianzas y falta de reconocimiento mutuo entre el movimiento indígena, el correísmo y otras expresiones de izquierda seguirían siendo más fuertes que las coincidencias. La configuración de un bloque unido parecía imposible.

Por su parte, la derecha mostró una unidad más sólida, no solo blindando al gobierno en su guion para tratar a movilizados como el «enemigo interno», sino incluso exacerbando el tratamiento racista e invocando a ejércitos patrióticos de defensa de la propiedad y «la ciudad». Tanto el PSC como CREO mostraron su rostro de derecha radical durante y después de las jornadas de movilización. La pandemia les permitió incluso recuperar y profundizar aún más las medidas contra las que el pueblo había salido a las calles y sufrido semejante represión, como la liberalización del precio de los combustibles, la legislación en favor de la clase empresarial y el pago anticipado de deuda (en contraste con el recorte a lo largo de su gestión en el sector de la salud). El desprecio por la vida quedaría además demostrado en la gestión de la crisis sanitaria, provocando un exceso de mortalidad tal que ubica a Ecuador como el segundo a escala mundial en este indicador.

En consonancia con las dinámicas del ciclo político, las elecciones presidenciales vieron llegar una histórica alianza de derechas que llevaba a Lasso como candidato a presidente. Pachakutik y la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) se mostraban, por el contrario, distantes.

La selección del candidato de Pachakutik no estuvo exenta de tensiones. La decisión de que el candidato fuera finalmente Yaku Pérez no parecía consecuente con las dinámicas y liderazgos gestados en las movilizaciones de octubre. Entre ellos se destacaban dos actores: Leónidas Iza y Jaime Vargas. Ambos parecían capaces de representar los intereses populares y dar un giro al modelo de gobierno. De hecho, en las mediciones de intención de voto para la Presidencia de los primeros meses de 2020 los dos dirigentes se ubicaban casi a la par de Correa y Jaime Nebot (líder social cristiano). Los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y la Conaie denunciaron procesos poco democráticos en la designación de Pérez como candidato a la Presidencia. La dinámica del partido se imponía a la del movimiento. Según el criterio de un analista cercano a Pachakutik, se habría privilegiado el desempeño electoral en el territorio.

Las tensiones entre el movimiento y su brazo político fueron puestas entre paréntesis y el trabajo orgánico en el territorio quedó en evidencia con la histórica votación obtenida por Pérez en la primera vuelta (19,39%, el mejor resultado del partido en una elección presidencial), con apenas 32.000 votos menos que Lasso, y la obtención del segundo bloque en la Asamblea Nacional (26 legisladores). Su candidatura quedaba reforzada, además, por el apoyo de 80% de los votantes contra las actividades mineras en el páramo en el referéndum organizado en la ciudad de Cuenca.

El CNE tuvo un manejo poco prolijo tanto en la transmisión de resultados de conteo rápido el día de las elecciones como en el tratamiento de impugnaciones del resultado. Procuró un diálogo televisado entre Lasso y Pérez con el acompañamiento de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el debate, los dos candidatos coincidieron en su retórica anticorreísta y dejaron sentado que, por el bien de la democracia, llegaban a un acuerdo sobre las condiciones de revisión de actas. El acuerdo se rompió pocos días después, y la proclamación de resultados se hizo en medio de denuncias de fraude por parte del movimiento indígena y Pachakutik. 

El correísmo, articulado en UNES, vivió hasta último momento intentos de descalificación de su binomio. Con gran vocación de resistencia pero casi ninguna de ampliación hacia otros sectores, llegó con un candidato que, si bien era desconocido y no tenía mayor trayectoria política, procedía de la matriz de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz, un joven tecnócrata, llevó adelante una campaña afincada en la retórica de los años de gobierno anteriores y en la fuerza del líder. Los resultados de la primera vuelta dejaron ver a una fuerza electoral vigente, no solo por la ventaja de 13 puntos respecto al segundo, sino también por haber obtenido el primer bloque de legisladores (49 escaños). Pero para competir en la segunda vuelta, Arauz debía ampliar su base de apoyo y renovar su discurso.

En el balotaje, sin embargo, se recreó el distanciamiento con otras fuerzas políticas y el anticorreísmo se convirtió en la razón para que actores progresistas no se sumaran ni pidieran el voto por el binomio Arauz-Rabascall. UNES logró el apoyo de algunas organizaciones sociales, de dirigencias de nacionalidades amazónicas e incluso de Jaime Vargas, presidente de la Conaie. Sin embargo, este apoyo llegó en un momento de fuertes fricciones internas y no supuso, en estricto rigor, el apoyo de la organización.

Para la segunda vuelta, Pachakutik y la Conaie llamaron al «voto nulo ideológico» con la consigna «Ni Lasso, ni Nebot, ni Correa», tal como reza el cierre del plan de gobierno alternativo «Minga por la vida». El 11 de abril, 16% de la población votó por esta consigna. Se trata del porcentaje más abultado de voto nulo registrado en elecciones presidenciales de segunda vuelta. Un resultado que, según algunos análisis, habría favorecido el triunfo de Lasso.

Luego de los resultados finales, Arauz manifestó –como ya lo había hecho en varios momentos de la campaña previa a la segunda vuelta– la necesidad de construir una «nueva mayoría», un «bloque histórico» con el «progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia». Aludía no solamente a Pachakutik, sino también a Izquierda Democrática (ID), un partido de larga data que ocupó la Presidencia a finales de la década de 1980 y que reapareció en escena con un candidato outsider –el empresario Xavier Hervas–, un discurso con énfasis en la economía del emprendimiento y guiños a las demandas de derechos de las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBTI. Con 18 asambleístas, tras lograr el cuarto lugar en las presidenciales (16% de votación), ID se convirtió en un actor a tomar en cuenta, aunque sus propuestas y su discurso no dejan señales muy nítidas de que se trate de una fuerza con la cual la izquierda pueda sumar.

El discurso de cierre de Arauz contrastó fuertemente con el de Correa, quien expresó la necesidad de «dar gobernabilidad» al presidente entrante y, sobre todo, promovió un acuerdo (del que se empiezan a conocer detalles en estos días) con el bloque de derecha –CREO y PSC– para la elección de principales autoridades de la Asamblea Nacional. Además de la necesidad de darle salida a la crisis del país, se habría dejado sobre la mesa el pedido de conformación de una «comisión de la verdad» para revisar los procesos judiciales que han afectado a varios cuadros políticos de la Revolución Ciudadana. La decisión y conducción de tales acuerdos bajo el liderazgo del ex-presidente Correa dejaría entrever claramente un lugar de segundo orden del candidato y hasta ahora presidente del movimiento Arauz, así como de sus líneas de discurso respecto al comienzo de la reconstrucción del poder popular, la autocrítica o la renovación de la política.

De parte de Pachakutik, se envió una oferta similar, «de gobernabilidad democrática» al nuevo gobierno. Con ello, las dos fuerzas más importantes de la izquierda, lejos de constituir un bloque común, optaron por posicionar discursos y acciones políticas ofreciendo, en competencia, gobernabilidad a Lasso. De esta forma, los actores que cogobernaron con Moreno para la implementación de políticas combatidas en octubre de 2019, aquellos que lo legitimaran y acompañaron su discurso de signar a las dirigencias del movimiento indígena y la Revolución Ciudadana como incendiarios y golpistas, se volvieron ahora apetecidos socios.

El primer intento de lograr la Presidencia de la Asamblea veía confluir a PSC, CREO y el correísmo, pero el partido gobernante a última hora falló a su palabra. La elección la ganaría, así, Guadalupe Llori, de Pachakutik, con los votos de CREO e ID. Se trata de una mujer amazónica que sufrió la prisión durante el gobierno   , bajo acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Fruto de este resultado y acuerdo del que quedarían fuera, tanto Nebot como Correa han afirmado que el de Lasso es un mal inicio y, sobre todo, lo han acusado de no tener palabra. Antes del inicio del gobierno ya se ha roto también la alianza entre PSC y CREO. Está claro que el presidente tendrá que lidiar con la dura retórica de ambos líderes nacionales. Pero el juego político fundamental ahora no está en ello. Pachakutik, además de la Presidencia de la Asamblea, tiene tal capacidad de incidencia que cuenta –junto con ID– con mayoría en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano fundamental, pues tiene como funciones y atribuciones la planificación de las actividades de la Asamblea, la tramitación de reformas constitucionales, la calificación de los proyectos de ley y las solicitudes de indulto y amnistía. Además, el partido indígena preside la Comisión de Régimen Económico que tiene la atribución de tramitar reformas tributarias que resultarán necesarias para la gestión de las finanzas del gobierno en el marco del acuerdo con el FMI. Pachakutik es un actor con suficiente poder para resistir el ajuste, si esa es su voluntad política.

La configuración de este escenario y el del protagonismo de los movimientos sociales en la potencial oposición al gobierno a escala nacional tendrá un elemento fundamental en las próximas elecciones en la Conaie, donde entrará nuevamente en cuestión el protagonismo de Leónidas Iza. Yaku Pérez, quien según se anticipaba desde antes de las elecciones de abril podría disputar también la presidencia de la organización, se ha separado de Pachakutik por los acuerdos de este con el partido de Lasso, advirtiendo que hubo fraude en la primera vuelta, reivindicando ser una «tercera vía» y aclarando que no se retira de las organizaciones del movimiento (Conaie y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), pero sí de la política electoral. Su discurso en esta renuncia, ya fuera de la contienda, tuvo líneas más claras de oposición a la «derecha neoliberal» que las esbozadas en su campaña.

Si frente al gobierno de Moreno fueron fundamentales el correísmo en el Legislativo y el movimiento indígena en las movilizaciones, se abre entonces el interrogante sobre cuál será la capacidad de incidencia de la Revolución Ciudadana en el juego legislativo, con escasa presencia en la directiva y en las presidencias de comisiones claves, y cuál será el lugar de la Conaie para irradiar línea discursiva, ahora que su brazo político ha acordado con CREO para hacerse del poder en la Asamblea y tener los espacios más relevantes en ella.

Si todo lo transitado y actuado hasta ahora por los actores partidarios de izquierda ha sido para procurar gobernabilidad en nombre de las profundas crisis que vive el país, ¿cuáles serán los repertorios y qué peso tendrá el clivaje correísmo/anticorreísmo a la hora de confluir para defender y profundizar la democracia, que ha sido gravemente lesionada durante el gobierno que termina?

Publicado enInternacional
Miércoles, 05 Mayo 2021 06:37

Frankenstein revisitado

Frankenstein revisitado

 Con angustia, el paciente expresa: "Busco a la mujer ideal". Acuciosa, la terapeuta inquiere: "¿La real le da miedo?"

Ahora bien. ¿Cambiaría la pregunta si el paciente angustiado dijera que anda buscando la "sociedad ideal"? De mi lado, creo que si el paciente fuese mujer, ambas inquietudes hubieran tenido otra formulación. Porque de lo que llevo aprendido, los devaneos masculinos raramente han sido de su interés. Moraleja (tentativa): la mujer, el hombre y la sociedad "ideales", nunca existieron.

Obviamente, sería pueril concluir que luchar por ideales es un error. A no ser, claro, que los anhelos de cambiar la realidad naufraguen en meras declaraciones ideológicas.

La noción moderna de ideología empezó a tomar forma durante la Gran Revolución (1789-99). Desde entonces, con disímiles connotaciones, gravita en la política, la economía, la sociedad y la cultura, usándose para señalar emociones, conciencia, intereses, proyectos, ilusiones, programas políticos… siga usted.

Implícita y sugestivamente, el vocablo ideología aparece con los primeros indicios de una sicología social: “Todo lo síquico tiene su origen en la sensio (sensibilidad, percepción)”, apunta el filósofo inglés Thomas Hobbes en Sobre el hombre (1658). Una sicología social que los protagonistas de la Gran Revolución encendieron al rojo vivo.

Con ligereza binaria, se ha dicho que los términos izquierda y derecha provienen de la ubicación de los asambleístas franceses con respecto al centro del presídium. A la izquierda, "los de abajo" (jacobinos); a la derecha, "los de arriba" (girondinos).

No obstante, en su biografía Fouché, el genio tenebroso (1929), Stefan Zweig señala que en las bancas de arriba estaban "los de abajo" (o jacobinos: Danton, Marat, Robespierre), y en las de abajo "los de arriba" (o girondinos: Brissot, Condorcet, Roland).

Mientras que "afuera", faltaba más, estaban los sans coulottes (sin calzones). Es decir, la plebe que tomó La Bastilla y derrocó a la monarquía, para luego ser tropa en los ejércitos de la revolución y, con Napoleón, eficaces verdugos de los pueblos de Europa.

La Gran Revolución quedó consagrada en los magníficos óleos "ideales" de David. Y en los "reales" de Goya, o en la novela Los dioses tienen sed (Anatole France, 1912), devorando a sus hijos. O hijas. Entre ellas, Olympia de Gougés (1748-93), autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), quien para escándalo de "los de abajo" y "de arriba" decía que el matrimonio era "la tumba de la confianza y el amor".

Vertientes ideológicas de la cultura y la filosofía política occidental, que con Lord Byron y el Che alcanzaron cotas máximas de expresión. El poeta tenía una goleta llamada Bolívar, admiraba al general José Antonio Páez (1790-1873) y estuvo a punto de enrolarse en la guerra de independencia de Venezuela. Bueno, murió en la de Grecia, aunque de sepsis (1824). Y en México, el Che se incorporó a la lucha victoriosa de Cuba, peleó sin suerte en el Congo colonial y murió asesinado por la CIA, tras ser abandonado por los comunistas bolivianos (1967).

¿A partir de cuándo buena parte de los pensadores y luchadores sociales de América Latina le dieron las espaldas a nuestra historia, y emulando liberales y conservadores empezaron a razonar con matrices ideológicas eurocéntricas que se pretenden universales?

Pero ahí siguen y ahí están: pendientes del pensador de moda europeo, y remachando sus ideas bajo las formas del colonialismo ideológico y la dependencia intelectual.

Junto con Manuela Sáenz y Eva Perón (a las que ya dediqué breves ensayos), siempre regreso con Mary Shelley. Una mujer que recurrió a la imaginación, para dar cuenta de la realidad. ¿Acaso Frankenstein (1818) no es una metáfora del delirio masculino cuando se olvida que "ciencia sin conciencia es ruina del alma"?

La Gran Revolución abrió de par en par las puertas del romanticismo y el idealismo modernos. Y con Frankenstein, Mary Shelley dio cuenta de los errores y horrores de las ideologías que subestiman (o de plano pierden) la brújula política.

El invaluable legado de la Gran Revolución, mujeres como Olympia de Gougés y personajes como el poeta Lord Byron y el Che, muestran con claridad que ideología y política son dedo y uña, o están predestinadas a naufragar cuando se aventuran en el mar de los sargazos.

Publicado enSociedad
Miércoles, 31 Marzo 2021 05:20

¿Arrancó la "Internacional Bolsonarista"?

¿Arrancó la "Internacional Bolsonarista"?

La vida del activista estadunidense "Jake Angeli" (alias de Jacob Anthony Angeli Chensley) corre peligro: el servicio gastronómico de la cárcel donde fue recluido después de su participación en el asalto al Capitolio no incluye "comida orgánica".

Conocido en las redes como QAnnon Shaman o Yellowstone Wolf, Jake vivió sus horas de gloria cuando en el "templo de la democracia" el mundo lo visualizó portando una lanza con el torso desnudo, gorro sioux de piel de búfalo, tatuajes celtas y cuernos de vikingo.

Sin embargo, nada trascendió acerca del manojo de documentos que Jake habría tomado de los despachos de republicanos y demócratas, saqueados por los revoltosos e incautados por la FBI.

Entre los documentos, un misterioso borrador o minuta titulada La Internacional bolsonarista, que nos hizo llegar un periodista de Washington DC que pidió reservar su nombre.

La minuta da cuenta de la reunión clandestina que, luego del triunfo de Joe Biden, habría sostenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con siete cancilleres sudamericanos.

Al aquelarre habrían asistido el brasileño Ernesto Araujo (canciller del presidente Jair Bolsonaro); el uruguayo Francisco Bustillo (íd., Luis Lacalle Pou); el paraguayo Federico González (íd. Mario Abdo Benítez): la colombiana Claudia Blum Capurro (íd, Iván Duque); el ecuatoriano Luis Gallegos Chiriboga (íd. Lenin Moreno); el chileno Andrés Allamand (íd. Sebatián Piñera), y el peruano Mario López Chávarri (íd. Martín Vizcarra).

A modo de petit-comité y sentados alrededor de una mesa redonda en un sótano de la OEA (blindado para evitar cámaras y grabaciones), Almagro dio la bienvenida a los convocados y fue al grano:

“Queridos amigos: no todo está perdido. Nuestro jefe y guía de Occidente perdió las elecciones, pero consiguió 74 millones de votos. Por ello, decidí formar un comité internacional de emergencia que, desde ya, será conocido como "la Internacional Bolsonarista" (IB).

Almagro explicó que la IB se proponía reforzar "nuestras democracias" contra los avances del populismo en México, Argentina y Bolivia, "el respaldo de Cuba al necio de Maduro" y que, de no haber objeciones, así quedaría constituido:

Presidente ad honorem: Jair Bolsonaro.

Comisario político: Mario Vargas Llosa.

Y "para no burocratizar las cosas", agregó el jefe de la OEA, tres ­secretarías:

Etica y transparencia, a cargo del ex presidente de Argentina Mauricio Macri;

Derechos humanos, a cargo de los ex presidentes de México Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto;

Asuntos constitucionales, a cargo del "presidente de Venezuela" Juan Guaidó.

A los efectos prácticos, la IB contaría con cinco secretarías de apoyo:

Capacitación: para aspirantes latinoamericanos a ser reconocidos como embajadores de Washington en sus países, a cargo de Enrique Krauze.

Operaciones especiales (logística, explosivos, contratación de expertos en "daños colaterales"), a cargo del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, y el cubano Carlos Alberto Montaner.

Prensa y difusión: Andrés Oppenheimer, Jorge Ramos, y el "comunicólogo" ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Consultores: Mario Quiroga y Andrés Pastrana, ex presidentes de Bolivia y Colombia.

Jefe de meseros y acopio de bebidas varias: Jorge Castañeda, ex canciller de México.

En la minuta se apunta que ­paralizados de ideológica emoción, los siete cancilleres se miraron entre sí y luego, con crecientes golpeteos de aprobación sobre la mesa, terminaron eufóricos y gritando "¡sí-se-pue-de!", "¡sí-se-­pue-de!"

Con una cucharita, Almagro hizo sonar un copa para calmar a sus invitados, y delegó la palabra al único orador, el canciller Araujo, quien cerró el aquelarre negando la influencia humana en el cambio climático, considerándolo un "dogma" que apunta en particular a "aumentar el poder de China".

El discípulo de Bolsonaro agregó: “Nuestra lucha es contra el populismo y el ‘marxismo cultural’, la heterosexualidad, las carnes rojas y el petróleo”. Y en cuanto a la epidemia que ha convertido a su país en una bomba de contagio global, usó la insólita expresión "sadismo abortivo": “Vamos bien. Dios ha decidido que a mediados de 2021, tendremos medio millón de muertos. ¡Pero en Brasil viven 220 millones! Entonces, el aborto es más preocupante que el coronavirus. Quieren una sociedad donde nadie nazca, ningún bebé y menos el niño Jesús. Incluso, pregunto: ¿el ‘sadismo abortista’ de la izquierda no se deriva de una afirmación nihilista de estar matando a Cristo antes que nazca cada bebé?”

Sin comentarios, Almagro levantó la sesión y, rápidamente, los cancilleres retornaron a sus países para comunicar la buena nueva.

Publicado enInternacional
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

 

Publicado enEdición Nº276
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

Publicado enColombia
Lunes, 25 Enero 2021 06:00

Nosotros

Nosotros

Es correcto, como han argumentado varios en la izquierda en México y otros países latinoamericanos, que Joe Biden no es un político progresista, y también que su llegada a la Casa Blanca no modificará los objetivos básicos de la política imperial de Estados Unidos. Todo progresista crítico (o sea, no liberal) en Estados Unidos está de acuerdo. Pero ese no es el punto.

Es desafortunado que algunas partes importantes (con excepciones notables) de las fuerzas de izquierda o progresistas en México y otros países latinoamericanos simplemente no han reconocido y felicitado la lucha de sus contrapartes en Estados Unidos. Aún peor, en algunos casos, han declarado que a fin de cuentas lo ocurrido políticamente en el norte "da igual" visto desde el sur. (Advertencia: aquí se repiten puntos de la columna de la semana pasada para argumentar algo muy sencillo: la lucha de los pueblos por la justicia, la dignidad y la autodeterminación en la coyuntura binacional e hemisférica requiere de la solidaridad en su sentido más amplio).

Lo que acaba de ocurrir política y socialmente en Estados Unidos no se puede entender sin poner al centro la lucha contra el proyecto neoliberal durante cuatro décadas (igual que en México y todo el hemisferio) y en particular el proyecto neofascista encabezado por Trump y sus cómplices durante los últimos cuatro años. El triunfo que se logró no se llama Biden sino la derrota de un proyecto neofascista, y con ello se abre otra etapa más de la lucha contra el neoliberalismo. Para las fuerzas progresistas estadunidenses el triunfo electoral es sólo un paso necesario con el fin de continuar la lucha para la democratización fundamental de esta superpotencia que viene de muy atrás y que aún tiene largo camino por delante.

Este triunfo se debe, en gran medida, a un mosaico de movimientos sociales progresistas en su esencia antifascistas y anti-neoliberales, incluyendo el de "vidas negras" –el movimiento de protesta social más grande de la historia del país–, diversas organizaciones latinas y de migrantes, ambientalistas, sindicalistas progresistas y toda una gama de otras expresiones, sobre todo las de nuevas generaciones. La derrota de Trump en Georgia, Arizona, Nevada y otros estados claves es fruto de estas alianzas, y son la vanguardia en la batalla contra el proyecto neoliberal. Por lo tanto, son los aliados objetivos de toda lucha contra la derecha neoliberal en cualquier parte del mundo. O sea, son más bien nosotros.

Más aún, una parte dinámica de ese movimiento está encabezado por mexicanos, centroamericanos, puertorriqueños y otros caribeños y sudamericanos, entre otros inmigrantes (como siempre a lo largo de la historia de este país). O sea, de esta manera, literalmente son nosotros.

Los que han insistido en que "da igual", ¿le han preguntado a un inmigrante mexicano o latinoamericano si "da igual" –entre el que los estaba cazando y el otro que está proponiendo legalizar a casi todos– o a los que han sido enfrentados por neonazis y otros supremacistas con bendición del gobierno anterior, o los trabajadores que fueron aplastados por la ofensiva en su contra? Obvio que Biden no es la respuesta o solución, pero no "es igual". Hitler, Franco, Pinochet y toda la lista de fascistas no eran iguales a otros políticos que colaboran en sistemas capitalistas.

Biden representa algo diferente a Trump en múltiples dimensiones, pero en torno al tema de migración, medio ambiente, justicia racial y derechos de los trabajadores es diferente no porque es buena onda, sino porque los movimientos lo están obligado a proponer y promover esos cambios en política como parte de la lucha desde abajo por la democratización a fondo del país.

La historia de Estados Unidos, incluyendo la de su relación con México y América Latina, no se escribe sólo en las cúpulas, sino por los que luchan en diferentes realidades por los mismos principios de justicia, libertad y dignidad. Eso lo entendía Ricardo Flores Magón junto con incontables más; existe una larga historia de esa solidaridad, del "nosotros" aquí y allá. ¿Cómo se nos olvidó?

Playing for Change. The Times They Are a C h anging : https://www.youtube.com/watch?v=F2NuOVgQWt8 &feature=emb_logo

Publicado enPolítica
Domingo, 20 Diciembre 2020 05:46

Trump termina, arranca el trumpismo

Trump termina, arranca el trumpismo

Un arsenal político de 200 millones de dólares y 25 millones de votantes 

 

Donald Trump finalmente perdió las elecciones, pero sigue invulnerable en su discurso de que se las robaron, de que hubo fraude. Esta mentira no es casual ni boba, es un manifiesto a futuro que varias encuestas indican convence a por lo menos un tercio de sus electores, algo así como 25 millones de personas. Trump deja el gobierno como una víctima de poderes ocultos, del "estado profundo", de las elites eternas. Este relato lo deja como un ángel caído que se sacrificó por su pueblo y puede ser más que suficiente para fundar algo inesperado en el paisaje anómico de la política de Estados Unidos, un movimiento con base popular. Trump se acabó y ahora puede arrancar el trumpismo.

Allá al norte y en inglés se puede encontrar casi todo en el menú político. Hay maoístas, hay situacionistas, hay yippies, hay nazis de toda laya y socialistas que sueñan con Suecia o la vieja URSS. También hay partidos con nombres como El Alquiler es Muy Caro o el Partido de las Familias Trabajadoras, con plataformas y militancias muy atinadas y comunitarias. Pero todo esto termina siendo ínfimo frente al eterno bipartidismo de Republicanos y Demócratas, dueños del 99 por ciento de la imaginación política del país.

Estos dos partidotes tienen una raíz moderada, comparten una negativa absoluta a cambiar el sistema y generan liderazgos francamente anodinos. Joe Biden no es ni remotamente tan anodino como Mike Pence, que parece un astronauta que nunca voló al espacio, pero está en esa frecuencia. Kamala Harris mueve el amperímetro por ser mujer y minoría étnica, pero sus ideas políticas la dejarían muy cómoda en el Senado de Raúl Alfonsín. Sólo Bernie Sanders propuso algo nuevo y hasta dijo la palabra maldita, "socialismo", y perdió la interna de su propio partido, que eligió por mucho a Biden.

Los demócratas siguen hablando de Franklin Delano Roosevelt porque fue el último líder carismático que tuvieron. Los republicanos siguen hablando de Ronald Reagan por lo mismo. Pero ni siquiera estos dos, que dejan en la sombra a figuras como Eisenhower, Johnson, Clinton, Nixon, Ford, todos los Bush y hasta a Obama, que tuvo la chance de trascender, se arriman a Trump en el nivel de magia. Trump es amado de un modo irracional y odiado con furia. Trump miente diciendo exactamente lo que sus amantes quieren oir, y no importa que sea mentira. Es porque Trump dice una verdad meridiana, que la mayoría de los norteamericanos no cuentan excepto como mercado consumidor. Sobre esta base le ganó al establishment republicano y ganó en 2016. Su frase de que podía balear a alguien en medio de la calle y no iba a perder ni un voto es exacta. Con esa impunidad desarmó todo lo que pudo del estado y se puso a hacer cosas como un muro con México.

Al día siguiente de las elecciones, Trump empezó a recaudar para pagar abogados. Juntó doscientos millones de dólares en cosa de días pese a que los grandes donantes del partido se hicieron los distraídos. Millones de donantes le mandaron lo que podían y aunque Rudy Giuliani haya cobrado mucho como abogado, esa plata alcanza para una campaña. También se arregló para poner como presidente del Comité Nacional Republicano a Ronna Romney McDaniel, la hija de Mitt Romney, el ultraconservador senador por Utah que perdió la interna con él. Ronna es un cuadro de la derecha más conservadora y está al frente de una institución muy útil a la hora de las primarias, las internas partidarias que determinan quién es candidato.

Y acá viene la herramienta fundacional del trumpismo, la de sacarse del medio a los diputados y senadores nacionales o estaduales, a los gobernadores y concejales, que sean "blandos", que no estén con Trump. Con 25 millones de seguidores hasta en el llano, con doscientos millones para hacer política, con gente que le debe favores en todo el aparato partidario, Trump tiene su propio Tea Party listo para 2022. El Tea Party fue el que inventó esto de correr por derecha a los moderados. Terminó desapareciendo porque le faltó un liderazgo carismático.

Que es exactamente lo que hay ahora.

Publicado enInternacional
Jair Bolsonaro durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, el 19 de octubre.

Elecciones municipales en Brasil

Los postulantes, alineados en su gran mayoría con la agenda conservadora, siguen el ejemplo de la victoria de Bolsonaro y del “bloque de la bala” en el Congreso

 

Las elecciones municipales de este año en Brasil serán un examen de fuego para los representantes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, que este año se han volcado a las papeletas: las candidaturas que provienen del área de seguridad han aumentado un 21% respecto de los comicios de 2016. Alineados con la agenda conservadora, policías, militares, bomberos (también una fuerza militarizada) y guardias civiles intentan, en su mayoría, pegarse a la imagen del presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, para conquistar los cargos de alcalde y concejal. Este año hay 8.730 candidatos a los ejecutivos municipales y los legislativos locales en 5.569 municipios. Cuatro años atrás, 6.897 dejaron los cuarteles y las comisarías para disputar elecciones. Los datos constan en la base de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese grupo también hay policías identificados con ideas progresistas, opositores al presidente y excapitán del Ejército. Algunos, sin embargo, no siempre están dispuestos a levantar la bandera de opositor, temiendo perder votos de los cuarteles. “Es mi primera elección, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que defiende Bolsonaro, pero si digo algo que le desagrade a él o a sus electores, puedo perder votos entre los policías que represento”, dijo un oficial de la PM (policía militar) que es candidato a concejal en una capital y afiliado al Partido Democrático Laborista, fundado por un histórico líder de la izquierda brasileña, Leonel Brizola.

El número de candidaturas se disparó debido al éxito electoral obtenido por el presidente, pero también por los congresistas victoriosos en 2018. Ese año, hubo un salto de 36 a 102 diputados federales y senadores electos como miembros del Frente Parlamentario de la Seguridad Pública, una agrupación formada por legisladores de diferentes partidos en el Congreso y conocida como “bloque de la bala”. La diseminación de candidaturas es tan grande que en 14 de las 26 capitales hay candidatos a las alcaldías que son o fueron policías, bomberos o militares de la Marina, el Ejército o la Aeronáutica. “Es un intento de reforzar el discurso de la ley y el orden, que se hizo fuerte en la población. Dejan de lado los debates sobre educación y sanidad, por ejemplo, para discutir la seguridad, como si esta no dependiera de otros factores”, dice el politólogo David Fleischer, profesor de la Universidad de Brasilia (UnB).

Los correligionarios del “bloque de la bala”, desparramados por todo el país, también tienen en la mira un enorme contingente de votos. Datos del Anuario Brasileño de la Seguridad Pública, lanzado esta semana, muestran que policías y miembros de las Fuerzas Armadas suman 5,6 millones de personas, el 3,8% del electorado nacional. Si se tiene en cuenta el tamaño promedio de las familias brasileñas, de 3,3 personas, estamos hablando de 18,5 millones de habitantes, lo que significa un 9% de la población que está directamente ligada a policías y militares. “Tengo la misma línea de pensamiento del presidente, que defiende a la familia y la seguridad pública”, dice uno de los candidatos bolsonaristas, el coronel Alírio Villasanti, que compite para concejal en Campo Grande (en el Estado de Mato Grosso do Sul) por el Partido Social Liberal (partido de ultraderecha por el que Bolsonaro fue candidato en 2018, aunque luego se desafilió).

Según los datos del TSE, los partidos que más policías y militares lanzaron como candidatos son el citado PSL (618) y cinco siglas de su base de apoyo, y el llamado “Centrão”: Republicanos (417), PSD (413), MDB (395), PP (379) y PL (375). En la otra punta están los izquierdistas PCdoB (45), Rede (38), PSOL (25) y PSTU (1). El único intruso entre los que tienen menos candidatos de ese tipo es el derechista NOVO (5).

En el Nordeste, la región donde la oposición a Bolsonaro fue mayor en las últimas elecciones y en la que ningún gobernador es fiel aliado del presidente, hay miembros de las fuerzas de seguridad en las disputas de ocho de las nueve capitales. Solamente São Luís, capital del Maranhão, no tiene un candidato policía o militar. Y apenas en Salvador, capital de Bahia, hay una candidata uniformada de izquierda, la mayor de la PM Denice Santiago, del Partido de los Trabajadores (PT). En la región, por ahora, los candidatos no quieren vincularse directamente a Bolsonaro.

Sin afiliación partidaria desde que dejó el PSL, el presidente solo declaró su apoyo a cinco candidatos a alcalde en todo Brasil, uno de ellos es el diputado federal y capitán Wagner Sousa Gomes, del PROS, que lidera las encuestas en Fortaleza, capital de Ceará. Sin mencionar el nombre de su apadrinado, el presidente dijo en una transmisión en vivo por sus redes sociales que en Fortaleza apoyaba a un capitán. Wagner, que comenzó su carrera política luego de liderar una huelga ilegal de policías en Ceará, evita el rótulo de “alcalde de Bolsonaro” porque 64% de los electores de su ciudad rechazarían a un candidato apoyado por el presidente, de acuerdo con la encuesta publicada por el diario local O Povo.

La tentativa de la izquierda de lanzarse a conquistar un segmento tan identificado con el bolsonarismo se ha debilitado año tras año. De acuerdo con un estudio realizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública para su anuario, el 87,7% de estos candidatos a concejal y alcalde se identifica con partidos de derecha o centroderecha, y solo 12,4% con partidos de izquierda o centroizquierda. En 2016, la proporción era de 80,4% contra 19,7% y, en 2012, de 74,4% contra 25,6%. Las informaciones fueron obtenidas cruzando datos de la agencia tributaria, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) y del TSE.

Desde el punto de vista de quien milita políticamente en el área de seguridad, este aumento de candidaturas de derecha ocurrió porque la izquierda no supo aproximarse a policías y militares. “La derecha se favorece porque la izquierda siempre vio al policía como una especie de enemigo, no como un aliado, un trabajador”, dice el comisario Orlando Zaccone, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de Policías Antifascismo.

Candidato a concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en Recife, el agente de policía Áureo Cisneros dice que el gran desafío es demostrar el que el policía es un “garante de derechos y vidas”. “Nosotros no somos exterminadores de vidas, no somos el brazo armado del Estado”, dice. Otro que sigue la misma línea es el policía militar retirado Martel Del Colle, que disputa un escaño en la Cámara Municipal de Curitiba, estado de Paraná, por el PDT. “Queremos formar el bloque ‘antibala’, preservando los derechos humanos en vez de invertir en la violencia”, dice.

Para Fleischer, la tendencia es que 2020 sea un año marcado por el avance de los representantes de la seguridad en las cámaras municipales. “Es un momento en el que las personas aprovechan la angustia del electorado para explotar el mediático tema de la seguridad pública”. El politólogo resalta además que las disputas en las dos mayores ciudades del país, Río y São Paulo, pueden servir de ejemplo para las demás. En la capital paulista no hay un candidato del área de la seguridad, pero al menos dos tienen discursos semejantes a los de los policías: Celso Russomanno (Republicanos) y Márcio França (PSB). Mientras que en Río, tercera en las encuestas, la exjefa de la Policía Civil Martha Rocha (PDT) es vista como una de las candidatas capaces de romper la polarización entre el actual alcalde, Marcelo Crivella (Republicanos), y su antecesor, Eduardo Paes (DEM).

Por Afonso Benites

Brasilia - 31 oct 2020 - 22:00 COT

Publicado enInternacional
Página 1 de 16