Pedro Arrojo

Pedro Arrojo habla con 'Público' después de emitir un comunicado en el que reclama a España y al resto de gobiernos del mundo a garantizar el derecho al agua y a un saneamiento digno. El experto de la ONU insiste en que sea una medida que se extienda más allá de la pandemia, ya que se trata de un derecho humano inquebrantable.

 

El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, ha hecho un llamamiento para que España y el resto de gobiernos del mundo prohíban los cortes de agua a las personas vulnerables. "Vivimos tiempos duros por la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón. Pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y saneamiento en el marco de una vivienda digna", expone el texto de la declaración a la que ha tenido acceso Público.

El llamamiento realizado por Arrojo –que cuenta con el respaldo de otros más de veinte relatores de la ONU especializados en otras áreas– llega en un contexto de pandemia clave y con una mirada velada hacia el Ejecutivo español, que permite los cortes de suministro de agua desde septiembre, momento en el que el denominado escudo social para la covid-19 finalizó y dejó sin posibilidad de acceso al agua potable y al saneamiento a cientos de familias, empobrecidas por las consecuencias económicas de la pandemia. 

En una conversación con este medio, Arrojo manifiesta que se trata de un llamamiento global, pero reconoce que España, país al que considera "líder junto con Alemania" en el acceso al agua, debe volver a levantar el escudo social para salvaguardar que todas las personas puedan tener garantizada unas condiciones de higiene dignas por la covid-19. "El Gobierno debería, por sus obligaciones internacionales y por ese prestigio que atesora como país al que representa, plantearse esa idea de hacer de la necesidad una virtud permanente", expone, en relación a regular el fin de los cortes por impagos entre la población más empobrecida.

"Ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familia en situación de vulnerabilidad nunca", agrega, para reclamar que se sienten las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano.

Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable –las cuales ya enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera reclamando que se permitieran aplicar cortes por impago durante la primera ola de la pandemia–, Arrojo argumenta que "obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano". No en vano, el experto, comenta a Público que "no entendería que ningún gobierno se dejase presionar" y cediera en términos de derechos humanos.

Tras recalcar que el llamamiento va dirigido "a todo el mundo, no sólo a España", el relator advierte que la prohibición de los cortes que se reclama desde la ONU no debe ser interpretada como un falso derecho a no pagar por el agua, ni tampoco debe dar pie a "picaresca". "El que puede pagar debe pagar", afirma. "En países como España hay una estructura capaz de identificar las situaciones particulares de los ciudadanos para saber quién está o no en situación de vulnerabilidad".

En relación a la pandemia que vive España, Arrojo pone como ejemplo las pésimas condiciones de vida de los temporeros, que han sufrido contagios masivos durante el verano en el Bajo Aragón, precisamente por la falta de acceso al agua y a una vivienda digna. También señala a los refugiados que continúan acampados en Moria (Grecia), de los que "apenas nos llegan noticias" sobre los casos de coronavirus, y quienes apenas tienen posibilidad de lavarse con agua a diario. "No podemos estar orgullosos de que esto ocurra en ámbitos europeos", denuncia, "deberíamos aprender una lección de todo este dolor". 

El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe de trascender a la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue, tampoco se produzcan cortes de suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala al futuro que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a "acelerar la gravedad de este problema", sobre todo en "zonas que ya están al límite de la habitabilidad como el Sahel". Sin embargo, que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años "no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico", ya que el consumo humano sólo representa, en cifras globales, el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. "Hay que dar prioridad para que nadie se quede sin ello".

663 millones de personas sin acceso a agua

El acceso al agua potable fue declarado como derecho humano en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de personas carezcan de este bien.  Según este organismo, se estima que 3.000 millones de personas no disponen de un lavabo en sus casas para poder lavarse las manos. Otros 4.500 millones no dispondrían de saneamiento digno en sus hogares, lo que incrementa la exposición a enfermedades por falta de higiene.

Según los datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), al menos hay 663 millones de personas en el planeta que no tienen ningún tipo de acceso a fuentes de agua potable mejorada. La mayor parte se encuentran en África Subsahariana, con 319 millones ciudadanos afectados por esta carencia. Le siguen Asia Meridional, con 134 millones de personas; Asia Oriental, con 65 millones; y Asia Sudoriental, con 61 millones.

Todo ello contribuye a que anualmente mueran 340.000 niños menores de cinco años por causa de enfermedades diarreicas que se relacionan con la falta de higiene en el acceso al agua y el saneamiento digno, según la OMS. Además, se estima que 161 millones de niños sufren algún tipo de retraso en el crecimiento o malnutrición crónica por esta misma causa.

 18/11/2020 22:46

alejandro tena

Publicado enSociedad
Sábado, 14 Noviembre 2020 05:52

Polonia. La revolución de las mujeres

Polonia. Cinco noches de protestas

El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia sentenció que la ley sobre el aborto vigente desde 1993 era parcialmente inconstitucional. Dicha ley autorizaba el aborto en función de tres causas: amenaza para la salud y la vida de la mujer, constatación de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible ¡y la sospecha de que el embarazo era fruto de un delito: es decir, violación o incesto. El Tribunal consideró que dos últimas causas contradicen las disposiciones constitucionales sobre la protección de la vida. De ese modo, una institución que teóricamente garantiza el orden jurídico atenta contra los derechos de las mujeres, incrementando su sufrimiento. Tanto de las mujeres que portan un organismo muerto o un feto con malformaciones o enfermedades irreversibles como de las que desean procrear en el futuro. En el primer caso, tener que parir una criatura que nace muerta o que se sabe de antemano que no sobrevivirá constituye todo un infierno para la madre.

Un régimen propio de la inquisición

Este tipo de heroísmo se inscribe en la visión de Jaroslaw Kaczyński, presidente del partido gubernamental PiS (Ley, Derecho y Justicia), quien declaró que merecía la pena parir un niño muerto, aunque no fuese más que para bautizarlo y enterrarlo. Sin embargo, el carácter bárbaro de este criterio no es nuevo en la política polaca. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es una de las luchas más encarnizadas en Polonia desde hace años. Una lucha que la derecha polaca, que depende del apoyo de la Iglesia católica, ha venido ganando hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

En Polonia no se puede decir que “nadie esperaba la Inquisición española”, pronunciada en el célebre sketch Flying Circus de los Monty Python. El fanatismo clerical forma parte de la vida cotidiana y no debería sorprender a nadie. Sin embargo, si puede resultar sorprendente la triple alianza que se ha materializado en torno a ese ataque vergonzoso contra las mujeres.

Si no hubiera existido la pandemia y los límites para el normal funcionamiento de la vida pública que ha conllevado, el tribunal encargado de ejecutar las órdenes del PiS se lo hubiera pensado dos veces antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los pocos derechos que gozan las mujeres en torno a sus derechos reproductivos.

A fin de cuentas, quienes detentan el poder no han olvidado el gran choque que supuso el lunes negro: la enorme resistencia social contra los intentos anti-abortistas que en 2016 puso en jaque la ofensiva ultraconservadora.

El número de casos provocados por la covid-19 en Polonia aumenta rápido. A la hora de escribir este artículo, Polonia se sitúa en el 8º lugar de la tristemente célebre lista de países con mayor incidencia cotidiana de infecciones. Igualmente, el número de muertes aumenta de forma alarmante y la capacidad de atención sanitaria está al borde del colapso. Todo el mundo se pregunta si los hospitales disponen de suficientes camas y equipos de respiración asistida. Las ambulancias se ven obligadas a largas esperas antes de depositar los pacientes en el hospital…

Por ello, se podía esperar que una sociedad aterrorizada por esta situación no respondiera a un ataque institucional contra los derechos de las mujeres. Pero, una vez más, las autoridades se equivocaron.

A pesar de estar prohibidas las reuniones de más de cinco personas, los últimos días de octubre Polonia conoció lo que puede ser la ola más grande de manifestaciones en la calle desde la restauración del capitalismo. Y lo que es más importante aún, las movilizaciones no solo se desarrollaron en las ciudades más importantes, sino también en las ciudades medias y en los pueblos. Incluso en aquellos que no hace mucho tiempo se hicieron famosos en el mundo entero por las terribles decisiones adoptadas por responsables locales estableciendo “zonas libres de ideología LGBT”. No se sabe con exactitud lo que significaba el establecimiento de dichas zonas, pero esas decisiones de las autoridades locales, aún cuando no iban más allá de la esfera simbólica, suponían un despiadado y repugnante ataque a las personas con identidades sexuales o de género fuera de la norma. En cualquier caso, algunos municipios revocaron estas escandalosas resoluciones. Lo que no sorprende, porque según leyendo los registros y las transcripciones de las reuniones de sus dirigentes se vio que quienes votaron a favor de esas zonas ni siquiera eran capaces de descifrar el acrónimo LGBT. Cuando se demostró que determinados responsables locales hablaban de zonas sin LPG, la mofa en las redes sociales fue monumental. El acrónimo LPG se refiere al término inglés “gas de petróleo licuado”. Seguro que ninguno de esos responsables políticos estaba por prohibir un carburante tan popular en Polonia…

Una revuelta popular…

Las ciudades pequeñas, incluso aquellas de las regiones que normalmente son bastiones del PiS, reaccionaron ante la decisión del Tribunal Constitucional de forma completamente diferente a la que probablemente imaginaron quienes conforman el gobierno en Varsovia. En lugar de callarse, miles de personas se pusieron a gritar en las calles y en las plazas, sin el menor recato, dos lemas bien claros y muy vulgares: wypierdalać (¡iros a la mierda!) y jebać PiS (¡que le den por el culo al PiS)

Las primeras protestas –populares y espontáneas- comenzaron en el momento en que Przyłębska1/, del Tribunal Constitucional, anunció la decisión. Cientos de personas estupefactas y aterrorizadas por la crudeza del veredicto salieron a la calle la noche del jueves 22 de octubre. Las masas comenzaron a concentrarse ante el edificio que alberga al Tribunal Constitucional y luego se trasladaron ante la sede central del PiS. Desde el principio, el movimiento social de base Ogólnopolski Strajk Kobie (Huelga General de mujeres), que emergió en 2016 al calor de los lunes negros, llamó a movilizarse. En 2016, una enorme movilización obligó al partido en el poder a retirar su apoyo a la ley que se estaba debatiendo en el parlamento para prohibir el aborto.

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), la organización feminista cuya militante más conocida es Marta Lempart2/, ha sido una fuerza determinante para la organización de la protesta en todo el país: gracias a los contactos con las y los militantes de base, fue posible organizar marchas y manifestaciones en los días posteriores al anuncio. En muchas ciudades y pueblos, las protestas estallaron espontáneamente, fundamentalmente, gracias al trabajo de grupos informales.

 El 23 de octubre, miles de manifestantes se concentraron ante la villa de Jaroslaw Kaczynski en el barrio Żoliborz de Varsovia, también la plaza de la Libertad de Poznan se llenó de manifestantes y en Lodz se alumbraron cientos de velas fúnebres frente a la sede de PiS.

Las primeras movilizaciones fueron relativamente tranquilas; había más mujeres atemorizadas y llorando que gritando consignas vulgares. A pesar de ello, el periodista de derechas Rafał Ziemkiewicz les llamó putas vulgares a través de Twitter y los media gubernamentales ocultaron de forma permanente el carácter masivo de las protestas, subestimando el número de participantes. El punto de inflexión a todo ello se dio en las misas dominicales en las iglesias.

… que no perdona a la Iglesia

El domingo 27, como parte de la liturgia dominical, las manifestantes interrumpieron las misas al grito de consignas pro-aborto (“Recemos por el derecho al aborto”), con aplausos estridentes en las catedrales, distribuyendo panfletos y con pintadas al respecto, así como haciendo público el número de teléfono del Abortion Dream Team, un colectivo que facilita el aborto en el extranjero para las mujeres polacas. A la noche, en Varsovia, hubo manifestaciones frente a la sede de la Curia, al mismo tiempo que en el resto del país las protestas frente a las iglesias se hacían cada vez más intensas.

Todo ello provocó la ira de los nacionalistas y de los editorialistas de los medios de comunicación próximos a ellos, que realizaron llamamientos fervientes a “defender los santuarios”. Ante la iglesia de la Santa-Cruz, (calle Nowy Świat en Varsovie) las manifestantes tuvieron que hacer frente a la Guardia Nacional, una organización paramilitar dirigida por Robert Bąkiewicz, uno de los organizadores de la Marcha anual por la independencia. Los nacionalistas Defensores de la Iglesia agredieron a una anciana y tiraron a una joven por las escaleras abajo, teniendo que ser hospitalizada. Estas agresiones se desarrollaron bajo la atenta mirada de la policía que se abstuvo de defender a las mujeres frente a la agresión de los nacionalistas.

La nueva generación se rebela

Las movilizaciones de Varsovia dieron aliento a la combatividad social. Fruto de ello, las protestas espontáneas tomaron otro cariz: bloqueo de calles en cientos de ciudades el lunes 28, con miles de personas en cada una de ellas; huelga de mujeres el miércoles, en la que las mujeres y los hombres que les apoyaban dejaron de trabajar; y enormes manifestaciones de estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria en todo el país.

Fue en ese momento que Jarosław Kaczyński llamó a hacer frente a las mujeres que no aceptaban someterse [a la decisión del Tribunal], siendo abiertamente criticado por haber incitado a la sociedad a la guerra civil. Su discurso se convirtió en una bomba incendiaria que radicalizó el discurso de las manifestantes.

Mientras grababa su discurso Kaczyński puso en la solapa de su chaqueta el pin de la Polonia combatiente que utilizaron los insurgentes de Varsovia en 1944. Cinco supervivientes de esa insurrección criticaron duramente la utilización de este símbolo, declarando al periódico Gazeta Wyborcza que Kaczyński no tenía derecho a utilizarlo y que su acto era inaceptable. Los veteranos de la insurrección también manifestaron su apoyo a las movilizaciones, calificándolas de justas y, a pesar de riesgo de la epidemia, participaron activamente en las marchas. La manifestación más grande se dio el 30 de octubre en Varsovia: entre 100.000 y 150.000 personas venidas de todo Polonia invadieron las calles de la capital. Según la policía, en el conjunto del país3/ se movilizó más de un millón de personas: la movilización más numerosa de estos últimos años en Polonia.

Entre quienes se manifestaron, el grupo más numeroso fue el de las mujeres jóvenes: estudiantes de universidad y secundaria y también las llamadas jóvenes adultas; personas de menos de 35 años que empiezan a tomas sus primeras decisiones vitales. La participación de este grupo de edad dio lugar a una ironía y un sarcasmo sin precedentes en las pancartas y en los lemas. Las más popular fue wypierdalać (¡iros a la mierda!), y la crítica mediática de la “exagerada vulgaridad de las protestas que solo perjudica su causa” llevó a modificarlas crativamente. En las pancartas se podía leer “Os invitamos a marcharos de inmediato”, “Os pedimos que vayáis a joder a otra parte”, “Por favor, iros”. El contraste entre la utilización de formas de expresión neutras y la enorme emoción que embargaba a miles de manifestaciones se hacía cómica.

He aquí algunos de los slogan más corrientes: “Quien vive en Polonia no se ríe en un circo”, “El gobierno no es un embarazo, se le puede expulsar”, “Si los niños del coro estuvieran embarazados, el aborto sería sacramento” y “Si el Estado no me protege, defenderé a mi hermana”. Muchos de ellos provienen de memos en Internet y de programas de entretenimiento populares: “Hoy vamos a cocinar un guiso de pato”4/ “El PiS hace té con el agua de raviolis” “Nos da miedo follar”, “Sólo podemos darnos por el culo”… son slogans que han aparecido en ciudades y pueblos. El breve clip realizado durante la manifestación estudiantil en Varsovia, que muestra a un grupo danzando la canción de Eric Preydz “Call on me” de 2004, se hizo muy popular. En lugar del estribillo de la versión original, la gente cantaba: “Me cago en el PiS”, el slogan más importante de las manifestaciones contra el gobierno tras la de “¡iros a la mierda!”. El clip se hizo viral y la canción Joder al PiS de Cypis5/ basada en ella se difundió mediante altavoces portátiles en las manifestaciones posteriores (en el momento de escribir esto, el video ya se había visionado 4,7 millones de veces en YouTube).

Ciudades y pueblos movilizados

El carácter fenomenal de las protestas tras el anuncio de la decisión del Tribunal por Julia Przyłębska6/ reside en su generalización, que no tiene precedentes. Las marchas se sucedieron de forma simultánea en miles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país; en particular, en los pueblos de unos pocos miles de habitantes. En determinadas ciudades, las manifestaciones de octubre han sido las primera de su historia. En Sztum, Trzebiatow, Sanok, Pruszkow o Myślibórz, ha salido a la calle gente que nunca antes se había manifestado. En los media se oye decir que se ha abierto una brecha en la reflexión sobre la resistencia social en Polonia y también que es el primer paso hacia una separación real entre la Iglesia y el Estado, que hasta el momento parecía imposible.

El comportamiento de las jóvenes de Szczecinek, una ciudad de 40.000 habitantes, tuvo un enorme impacto: el 25 de octubre hicieron frente a un cura que intentaba increpar a las huelguistas. Le rodearon, gritándole: “Enséñanos tu útero”, “Vuelve a tu iglesia”, “Vete a joder a otra parte”. Estas adolescentes recibieron el apoyo de la gente que se manifestaba en la región y los medios de comunicación locales publicaron vídeos de sus actividades. La cadena de TV de extrema derecha y la progubernamental TVP Info presentó la acción de estas jóvenes como un insulto escandaloso y vulgar a un hombre santo que distribuye el sacramento de la comunión. De hecho, este hombre santo no distribuye el sacramento de la comunión, está suspendido de sus funciones y durante las manifestaciones mostró la higa a los chóferes que apoyaban a las manifestantes.

Contra los patriarcas

Otra palabra que ser ha expandido mucho en poco tiempo en el espacio público es dziaders (que se puede traducir como la expresión vulgar de patriarca). Las pancartas anunciaban “el crepúsculo de estos patriarcas”, es decir, la caída inminente del patriarcado. El patriarca, protector del orden social conservador polaco es una figura muy corriente en Polonia: la puede ejercer un tío en una fiesta familiar, un profesor universitario que repite que las mujeres no deberían estudiar o uno de los ministros del actual gobierno del PiS (en la que solo hay una mujer: la ministra de la familia y de la política social). Las mujeres polacas, cansadas de haber sido marginalizadas durante muchos años en la vida política y haber sido sometidas al ethos del sacrificio por la familia, han dirigido sus protestas contra los hombres en el poder –tanto el poder laico como el eclesiástico- que les tratan de forma irrespetuosa, condescendiente y como objetos, imponiéndoles sus propias opiniones en nombre de la defensa de los valores y las tradiciones. El estruendoso ¡iros a la mierda! Gritado por las jóvenes de 15 años de Szczecinek puede acabar con el patriarcado que han preservado todas las opciones políticas durante los últimos decenios en Polonia.

Bajo el régimen del PiS, el Tribunal Constitucional ha perdido cualquier vestigio de su ya dudosa independencia política, Está compuesto por personas elegidas para ese puesto por el partido en el poder. Se trata, entre otras, de Krystyna Pawłowicz, conocida por su predilección a insultar de forma vulgar a los oponentes políticos, y del antiguo procurador comunista Stanislaw Piotrowicz, obediente miembro del Partido Obrero Unificado Polaco que pronunció las condenas de los militantes del sindicado Solidaridad y que posteriormente se recicló sin problemas a la democracia liberal, transformando su marxismo-leninismo versión estalinista en un ardiente catolicismo. Stanislaw Piotrowicz se hizo célebre en 2001 por defender a un cura acusado de pedofilia. Tras la llegada al poder del PiS en 2015, jugó un importante papel en el desmantelamiento del Tribunal Constitucional para llegar a ser miembro del mismo. Obtuvo ese puesto para resarcirse de no haber logrado ser elegido al parlamento en las legislativas de 2019. La presidenta del Tribunal, Julia Przyłębska, es una juez criticada en la comunidad jurídica por su falta de respeto a las normas jurídicas, por decirlo de forma delicada.

Por la legalización del aborto

La polémica sobre el derecho al aborto en Polonia viene de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relativa regulación de la interrupción del embarazo fue modificad varias veces, si bien el derecho a elegir introducido en 1956, en función de las difíciles condiciones de vida de la mujer, abría un amplio campo al respecto. En la práctica, abrió las puertas a la interrupción del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, la disponibilidad técnica y jurídica del aborto contrastaba con el fuerte tabú existente en la sociedad y la gran carga moral que suponía para las mujeres con embarazos no deseados.

El discurso basado en la protección de la vida frente a lo que los partidarios del gobierno actual denominan aborto eugénico triunfó en 1993 cuando se adoptó la ley sobre la Planificación Familiar. Ley que se aprobó unos meses antes del concordato entre el Vaticano y la República de Polonia.

En el periodo de las transformaciones sociales económicas post-1989, el fundamentalismo católico se fue haciendo fuerte y se instaló en la corriente política dominante. La Iglesia dejó de jugar el papel de apoyo abierto a un amplio abanico de círculos de oposición, no sólo cristianos, que luchaban contra el régimen autoritario dela República Popular de Polonia. En los años 1990 su influencia política alimentó discursos radicalmente conservadores que encontraban eco tanto entre las clases populares como en el seno de una parte de la clase media polaca en formación en las nuevas condiciones capitalistas. Y tras 1989 pocas organizaciones política verdaderamente significativas han intentado avanzar reivindicaciones anticlericales.

El hecho de negar a las mujeres el derecho al aborto legal se bautizó como acuerdo sobre el aborto. Sin el inmenso sufrimiento al que la ley de 1993 condujo a miles de mujeres, la utilización de la palabra acuerdo se podría interpretar como una especie de humor negro. Este acuerdo se realizó entre la jerarquía eclesiástica y la derecha política, pasando por encima de las mujeres polacas y de un tímida oposición de los principales partidos del centro y la izquierda.

Si bien en el Parlamento, estas fuerzas votaron contra la ley anti-aborto, en los años siguientes fueron abandonando la cuestión buscando situarse bien en relación a la Iglesia. El apoyo con que contaba el acuerdo se convirtió en una excusa para tomar distancias con el tema. Y a consecuencia de ello, el aborto clandestino ha sido el gran beneficiado de la situación creada.

Debido a estas decisiones políticas, desde los años 1990, Polonia se ha convertido en una fuente de mano de obra barata para el resto de Europa. Los bajos salarios, sobre todo fuera de las grandes ciudades, hace que sean pocas las mujeres que piensen abortar que puedan acceder a una clínica en Austria o Alemania o, incluso, a Eslovaquia, donde los precios son más asequibles. Algunas de ellas, atrapadas no solo por las privaciones materiales, sino también por la falta de apoyo de su parejas o de sus familiares, deciden recurrir desesperadamente a los servicios de entidades más o menos profesionales que ofrecen servicio en Polonia. La Federación de Mujeres y de Planificación Familiar estima que cada año se realizan más de 100.000 abortos ilegales. La cifra oficial recoge 1100 procedimientos de este tipo, de los cuales cerca de 1000 abortos en 2018 se practicaron debido a “enfermedades irreversibles del feto”. De hecho, la decisión del Tribunal Constitucional desplazó la realización del aborto de las clínicas públicas a los garajes de los ginecólogos.

Contra el fundamentalismo católico

Cuando en octubre de 2020 la oposición al endurecimiento de la ley contra el aborto se comenzó a manifestar frente, y a veces en el interior, de las iglesias católicas, se hizo evidente que las autoridades eclesiásticas no podría continuar en una posición de confortable neutralidad. La corresponsabilidad del clero en la creación de las condiciones que permiten convertir en realidad las aspiraciones de los fanáticos pro-vida es ampliamente aceptada. La asociación de fundamentalistas católicos Ordo Iuris, un ejército de hábiles abogados, bien pagados por fanáticos sudamericanos, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la idea de proteger los niños en la fase prenatal de la vida (sic!). Actualmente Ordo Iuris constituye la mayor amenaza para los derechos humanos en Polonia. Sus miembros tratan de forma ferviente trasponer su fanática visión del mundo al derecho polaco. Como puede comprobarse, de forma bastante eficaz.

En el ala derecha de la barrica de los media sociales digitales, en los que periodistas intelectualmente miserables pero manifiestamente muy excitados, con toda su arrogancia, aparecen violentos insultos hacia las mujeres, la comunidad LGBT, los políticos de la oposición y prácticamente de todos quienes se arriesguen a oponerse al equipo progubernamental. Entre estos ladradores narcisistas, Rafal Ziemkiewicz se distingue por su particular rudeza, que tanto él como sus amigos la definen como insumisión.

Los envenenados ataques contra las mujeres que luchan por sus derechos se sazonan a veces con una pizca de teorías del complot. Por ejemplo, bajo la forma de argumentos pseudo-científicos sobre la nocividad de todo tipo de contraceptivos a excepción del método Ogino (que otros denominan, la ruleta del Vaticano) y de groseras manipulaciones sobre los motivos que llevan a las mujeres a abortar. Los partidarios del derecho a la vida (de los embriones) citan motivos eugenésicos bien conocidos. En particular, el problema de las personas con síndrome de Down. Tratan de convencernos que la decisión de interrumpir el embarazo se basan en convicciones extremadamente egoistas de las madres, perturbadas por influencias culturales del podrido Occidente: mujeres crueles que simplemente no quieren apiadarse de niños minusválidos y que niegan el valor de sus vidas. Semejantes opiniones no solo las transmiten los fanáticos religiosos que distribuyen a la entrada de las iglesias folletos advirtiendo de las conspiraciones judeo-comunistas-masónicas o dela ideología LGBT; forman parten de la política y del contenido propagado por la televisión pública financiada con nuestros impuestos.

En la interpretación derechista de la cultura polaca, los niños constituyen el principal valor; sin embargo, esto solo se aplica a los niños no natos (fetos) y a quienes aún no tienen su propia visión del mundo. En los discursos de la derecha conservadora polaca radicalizada, una adolescente que lucha por el derecho a su propia dignidad no puede ser más que una joven mimada o manipulada. Pero estos llamamientos al orden, patriarcales y condescendientes, de hombres políticos omniscientes y de los defensores de los valores tradicionales polacos pierden su influencia ante la convergencia de la oposición social actual.

Si bien la dinámica de las protestas callejeras viene perdiendo en intensidad, porque no se puede esperar que las masas de gente que salieron a la calle a finales de octubre continúe permanentemente en la calle- la unidad de numerosos grupos sociales frente a las autoridades constituye un hecho. Aunque pueda parecer totalmente increíble, en medio de la fuerte pandemia de la covid-10, hacemos frente a una situación en la que se puede decir sin exagerar que si bien no tiene un carácter revolucionario, no está muy lejos de ello.

Tras la buena sorpresa

La amplitud de esta movilización es tanto más sorprendente porque desde hace muchos años la sociedad polaca parecía haber sido pacificada cuando se trataba de articular luchas de clase de una envergadura de calado. La especificidad del desarrollo del capitalismo neoliberal en Polonia se sale de los límites de este artículo, pero es interesante señalar que las mismas masas que se manifiestan con vigor en estos días hasta no hace mucho aparecían como excepcionalmente apáticas y despolitizadas, incluso en relación a otros países del antiguo bloque del Este.

Cierto, no hay que echar las campanas al vuelo, porque las protestas actuales ya son fuente de vivas disputas entre diferentes sectores unidos por el rechazo de la decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, la inexistencia de un movimiento obrero de masas organizado (más allá de los debilitados sindicaos, algunos de los cuales dudan en adoptar una posición clara sobre el aborto y otros cooperan abiertamente con la extrema derecha, incluso la neofascista, como Solidaridad, que denigra vergonzosamente su herencia histórica), la izquierda no es muy audible.

De una parte, hay que señalar la enorme determinación y el mérito de los diputados de Lewica7/ y de los militantes de las innombrables organizaciones sociales y políticas que han participado en las manifestaciones. Pero, de otra parte, la creación de un organismo denominado Consejo consultivo para la Huelga nacional de mujeres ha generado enormes controversias.

Según sus impulsoras, este Consejo debe desempeñar un papel estrictamente consultivo al servicio del movimiento de masas. Sin embargo, sólo lo componen personas asociadas al medio de las ONG de Varsovia, a las instituciones universitarias y a las organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra un exministro desacreditado del gobierno del PO8/. Este Consejo no ha sido elegido mediante un proceso democrático, sino a iniciativa de los dirigentes del OSK y de sus asociados. El Consejo declara que, además de los derechos reproductivos, analizará las cuestiones planteadas en las manifestaciones en materia de derechos laborales, de política social, del sistema educativo o de la ecología. No esta claro cual será exactamente el trabajo y el objetivo de este organismo. Pero es claro que en su interior hay gente que tiene puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones fundamentales como los contratos basura9/. Por tanto, existe el riesgo de que un organismo elegido de forma no democrática y cuyos objetivos no están claros se divida antes incluso de dar a conocer los resultados de su trabajo.

Sin embargo, esta no es una razón para caer en el fatalismo. Este Consejo podría jugar un papel importante, por ejemplo, coordinando la defensa de las y los militantes que las autoridades ya han comenzado a reprimir. En teoría, quienes militan a favor de los derechos de las mujeres en ciudades pequeñas son más fáciles de reprimir, porque carecen de una gran base social y mediática. Y ya se encuentran amenazadas con penas que pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión, ser despedidas o relegadas al ostracismo. Pero también son personas con una gran fortaleza que en estas circunstancias excepcionales pueden contar con la solidaridad de un movimiento sin precedentes en todo Polonia. Parece que uno de los slogan más importantes de la revolución rampante polaca “Nunca estarás sola” encuentra aquí y ajora su confirmación práctica.

J.D. y Z.R., militantes de la izquierda radical polaca que trabajan en el sector público de la cultura. Para evitar que sean despedidos debido a la prohibición de “manifestar públicamente sus opiniones políticas”, hemos decidido no divulgar sus nombres. (Traducido del polaco por Jan Malewski, los intertítulos y las notas son de la redacción de Inprecor)

14 noviembre 2020

 

Notas:

 

1/ Julia Przyłębskl nació el 16 de noviembre de 1959. Jurista y diplomática, fue elegida al Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 por los diputados del PiS en el Parlamento. En diciembre de 2016 el presidente de la República, Andtzej Duda (PiS) le nombró presidenta del Tribunal. Según numerosos juristas, entre ellos expresidentes del propio Tribunal, su elección se realizó violando la ley.

2/ Marta Lempart, jurista de formación, una de las impulsoras de la organización polaca Ogólnopolski Strajk Kobiet (Huelga nacional de mujeres, OSK), que reivindica el derecho al aborto libre, fue una de las organizadoras de la protesta negra –protesta de las mujeres contra el intento de hacer pasar una ley que prohibiera totalmente el aborto en Polonia en septiembre-octubre de 2016- y del Lunes negro (3 de oct. de 2016), primera huelga de mujeres en Polonia. Dicha movilización forzó al gobierno del PiS a retirar el proyecto de ley. También tomó parte en la organización de las movilizaciones en defensa de la independencia de la justicia, contra la pedofilia eclesiástica en Polonia, en defensa de los LGBT+ y de las personas discapacitadas. Hizo pública su homosexualiad.

3/ En 2020 la población polaca se estima que asciende a 38 nillones de habitantes.

4/ Traducido literalmente, el apellido del presidente del PiS hace referencia al pato (kaczka).

5/ Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=FQq6Mwv_jpw

6/ El Tribunal Constitucional, que el gobierno del PiS reestructuró de arriba abajo en 2015 –reestructuración cuestionada por la Unión Europea- tiene poco que ver con una justicia independiente, incluso formalmente. Es ilegítimo, como su presidenta. De ahí que se sobre todo se le conozca como Tribunal de Przyłębska.

7/ Lewica (la Gauche) es el nombre de una alianza política constituida por SLD (Alianza de la izquierda democrática, cuyo origen está en el Partido Obrero Unificado Polaco en el poder de 1944 a 1989), Wiosna (la Primavera, un partido de centro-izquierda fundado en 2019 por Robert Biedron, militante LGBT y periodista), Lewica Razem (Izquierda Unida, un partido a la izquierda del SLD fundado en 2015), el PPS (Partido Socialista Polaco que reivindica la tradición socialdemócrata) y varias otras pequeñas organizaciones políticas entre las que se encuentra, Iniciativa Feminista, así como un sindicato campesino y un sindicato estudiantil. Lewica se situó en la tercera posición en las elecciones de octubre de 2019, obteniendo 49 escaños (24 SLD, 19 Wiosna y 6 Lewica Razem), así como dos escaños en el senado (1 Wiosna y 1 PPS).

8/ Platforma obywatelska (Plateforme civica) es el principal partido polaco fundado en 2011 a partir de sectores salidos de la Alianza electoral Solidaridad (AS) y de la Unión por la libertad (UW). PO fue el partido gubernamental de noviembre de 2007 a noviembre de 2015 y el presidencia de la república de 2010 a 2015, B. Kororowski, pertenecía al mismo. En las elecciones de 2019, la coalición entre el PO, iPL (Iniciativa polaca), el partido liberal Nowovzesna (Moderno) y el pequeño Partido Verde obtuvo 134 escaños en el parlamento (111 PO, 8 Nowoczesna, 4 iPL, 1 PV) y 40 en el senado. El PO forma parte del Partido Popular Europeo, presidido actualmente por su antiguo primer ministro Donald Tusk.

9/  Los contratos basura no son verdaderos contratos de trabajo; son contratos mercantiles en función de tareas concretas; es decir, falsos autónomos. En polonia son más de 1.200.000 personas las que se trabajan bajo esta modalidad.

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Eduardo Cifuentes

La revelación se conoció en una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”.

 

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró, este jueves 12 de noviembre, en un diálogo sobre la implementación de los acuerdos de paz, que se presentará una moción para que la Sala de Reconocimiento del Tribunal establezca como un macrocaso el desplazamiento forzado en el país.

En una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”, el recién posesionado presidente de la JEP anunció que un grupo especializado está preparando una moción para establecer este delito como un macrocaso en el Tribunal de Paz.

 “El desplazamiento será un macrocaso definitivamente en la JEP, es imposible que un crimen que da cuenta del 90% de las víctimas del conflicto armado en el país no lo sea”, aseguró Cifuentes en la intervención.

De igual forma, aseguró que ya se inició un examen minucioso con el apoyo de expertos y organizaciones de la sociedad civil con la intención de preparar y hacer esta moción, en el sentido que la Sala de Reconocimiento lo seleccione.

“Indefectiblemente la Jurisdicción Especial tiene que abrir ese macrocaso sobre el desplazamiento, eso es absolutamente claro”, indicó el presidente de la JEP.

De igual forma, Cifuentes mencionó que los macrocasos que lleva la Jurisdicción Especial ofrecen una “dosis de realismo” para determinar diferentes posibilidades de llegar a una verdad aceptad,a y que permita “convocar emociones” para lograr una conciliación.

Por último, mencionó en su intervención que lo más posible es que en el futuro se deban reorganizar los macrocasos, con la intención de unificarlos en relación a cada uno de los actores armados, para “capturar más verdad” y simplificar los procesos que pongan en marcha el tribunal.

En la conferencia participaron el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Hernando Torres Corredor.

El encuentro fue un espacio de diálogo y reflexión sobre la implementación de los acuerdos de paz, sus mayores retos desde las experiencias particulares de las entidades representadas y los objetivos planteados en proyección a los diferentes desafíos en su ejercicio durante este proceso.

“La Unidad de Búsqueda es uno de los organismos menos conocidos dentro del sistema integral y la búsqueda de los desaparecidos y los desaparecidos no son el tema que esté a la mano y presente en lo que ha sido el rastro y la huella del conflicto armado en Colombia”, afirmó en su intervención Luz Marina Monzón.

Monzón hizo un balance de la entidad encargada de uno de los delitos más comunes en el conflicto armado colombiano que se presentó en todas las regiones del país y que sigue afectando a los familiares de las víctimas, que buscan alivio con la entrega de los restos de sus seres queridos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, indicó que es fundamental, más allá de la verdad de la Justicia Transicional, la comprensión de lo que le había sucedido al país a través del sentir de las víctimas.

“No se esperen que nosotros vamos a dar una verdad final, afortunadamente no existe, y mucho menos una verdad estatal que sería la cosa más espantosa que se dijera, que es una verdad del Estado porque somos una institución del Estado”, dijo De Roux en su intervención.

12 de Noviembre de 2020

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Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

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La suspensión de las patentes, rechazada por la UE y EEUU, es la clave para conseguir una vacuna para todos

La UE y EE UU votaron en contra de una propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra la covid durante la pandemia. "Es hora de que los gobiernos antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", reclaman casi 400 organizaciones internacionales que piden medidas para garantizar la accesibilidad universal.

 

El investigador y virólogo estadounidense Jonas Salk rechazó patentar la vacuna contra la polio. En una entrevista en televisión le preguntaron por el motivo. "No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?", contestó el médico. Salk pudo haber obtenido beneficios multimillonarios, pero puso por delante la salud global. Hacer que su vacuna fuera accesible para todo el mundo. 70 años después de que comenzara a distribuirse esta vacuna, este dilema no está tan claro, y se corre el riesgo de que las vacunas contra la covid agranden las inequidades y desigualdades en todo el mundo.

Las últimas noticias sobre las vacunas contra la covid-19 son muy positivas, pero lo importante en esta pandemia no es solo tener vacuna: la accesibilidad, la equidad en la distribución, la logística y la concienciación ante la reticencia vacunal son claves que marcarán la estrategia, la campaña e incluso la efectividad. Aún nos quedan meses por delante sin que se empiece si quiera a distribuir la o las vacunas, pero el trabajo que hay detrás y la estrategia que se tiene que preparar ya suponen un reto descomunal. Y, ante todo, es fundamental que la esperanza de la vacuna no haga creer que hay que dejar atrás las medidas de prevención y seguridad que tenemos que llevar a cabo para prevenir el coronavirus durante toda la pandemia.

Las patentes de las vacunas son la clave para garantizar la accesibilidad universal. Hay muchas iniciativas internacionales que van dirigidas hacia la suspensión de las patentes durante la pandemia, pero los grandes gobiernos no han mostrado su disposición a esto. "Hay dos escenarios: vacuna para todos o el sálvese quien pueda. Tal y como se ha planteado hasta ahora, vamos hacia el sálvese quien pueda. Los países ricos siguen la estrategia que ha marcado la industria farmacéutica", lamenta Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha.

La accesibilidad universal de las vacunas es un asunto que está preocupando tanto a expertos y a organizaciones como Salud Por Derecho. Irene Bernal, investigadora de esta fundación, explica que hay iniciativas a nivel internacional surgidas desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para que la propiedad intelectual se comparta por y entre instituciones públicas y privadas para transferir el conocimiento y garantizar la producción. "La OMS lo ha intentado, otra cosa es que los gobiernos, o todos los gobiernos, estén por la labor de dar este paso", comenta a Público.

Lamata considera que hay dos claves para entender que tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EE UU), instituciones fundamentales para propiciar un cambio de estrategia, ahora están favoreciendo el 'sálvese quien pueda'. En primer lugar, porque los 'países ricos' siguen la estrategia de compra anticipada "por si te quedas el último y te quedas sin vacuna al haber monopolio". "Tanto EE UU como la UE tienen varios acuerdos de reservas mientras que los países pobres no han podido hacerlas", desarrolla. En efecto, España está dentro de estos acuerdos comerciales que impulsa la UE. Por ejemplo, a nuestro país le tocarían 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a 10 millones de personas desde finales de año o principios de 2021 de manera gratuita, según las últimas negociaciones.

La otra clave es que en la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada entre el 15 y el 16 de octubre, India y Sudáfrica, propusieron que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En la práctica, supondría que se liberen las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dura la pandemia y se  habría facilitado el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.

"La mayoría de países ricos votaron que no. Es una mala noticia porque conseguir que todos tengan derecho a esta vacuna es una cuestión de justicia", insiste Lamata. En efecto, varios países de África y Latinoamérica votaron a favor o se mostraron favorables aunque pidieron más aclaraciones sobre la propuesta, pero los gobiernos de la UE, EEUU, Australia o Japón fueron algunos de los que las rechazaron. En realidad, la división de votos se puede ver entre países de ingresos bajos y medios e ingresos altos. Aunque no todo está perdido. Hay otra reunión que se celebrará antes de que acabe el año y la propuesta volverá a llevarse. Habrá un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC donde se volverá a debatir. Una oportunidad que Lamata insiste en que no se puede perder.

En efecto, la pandemia ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos y a las vacunas. Una barrera directa contra el derecho a la salud. 379 organizaciones internacionales ya lo han puesto de manifiesto mediante una carta en la que piden al Consejo de los ADPIC que se apoye la adopción de la exención en la próxima reunión. "Es una solución mundial para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro. Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", subrayan las organizaciones en la carta.

Si esto no se consigue, como señala el médico de familia comunitaria Javier Padilla, iremos hacia un escenario en el que no habrá distribución equitativa: "No paramos de decir que nadie está a salvo si nadie está a salvo, pero nos enfrentamos a un riesgo de estratificación en dos partes: primero países de rentas medias y altas y luego los demás. Esto sería una fuente de grandes inequidades". Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, apunta que habría problemas adicionales para los países con menos recursos. Esta vacuna necesita una cadena de frío de -80ºC. Eso no es fácil ni en España donde habría ya complicaciones en los centros de salud, los lugares en los que habitualmente se llevan a cabo las campañas de vacunación, pero aún más en los países con menos recursos. La  mundial sería fundamental. 

Los expertos consultados coinciden en la importancia de la voluntad política de trabajar para garantizar la accesibilidad universal y que las vacunas tengan un precio justo. "La suspensión de la patente permite compartir la investigación, producirla de forma masiva, que más investigadores garanticen que la vacuna es segura e incluso poner un precio justo", insiste Lamata.

Bernal destaca que el precio de la vacuna es otro de los asuntos que más les preocupa. "Con la pandemia no se puede hacer negocio. Un precio justo supone que sepamos los costes de investigación, desarrollo y producción, y asumir un margen de beneficio razonable. El problema es que no hay transparencia. Si no sabemos cuanto ha costado el desarrollo de la vacuna, no se puede establecer", insiste la investigadora. 

Los expertos apuntan, además, que los proyectos han estado financiados con dinero público por las compras anticipadas de las vacunas que completan la fase de desarrollo. Pero, además, se ha invertido para que se pueda realizar la investigación. Un informe de Salud Por Derecho, La inversión pública en I+D en Covid, muestra cómo la financiación pública está jugando "un papel crucial" para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la covid.

Pese a todas las razones y la importancia de poner por delante la salud de todos, aún hay muchas dudas e incógnitas que despejar para saber si esto se hará. Las organizaciones civiles como Salud Por Derecho insisten en que seguirán luchando para ello.

10/11/2020 22:13 Actualizado: 11/11/2020 09:31

beatriz asuar

@beaasuargallego

Educación en América Latina Casi tres millones de niños están en riesgo de no volver al colegio en América Latina

Según un informe de Unicef, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad mientras en 18 de los 36 países  de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia.

 

Casi tres millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe están en riesgo de no regresar nunca a la escuela, una de los muchos efectos negativos del cierre de los colegios por la pandemia de la covid-19, alertó este lunes un informe de Unicef.

El estudio "Educación en pausa" da cuenta de que están a punto de cumplirse casi ocho meses de pausa prolongada para 137 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos, un tiempo cuatro veces más alto que la media global, que pueden abocar a una "catástrofe generacional".

El informe constata que la covid-19 ha ampliado las brechas sociales también en la educación. En la región, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad, mientras que en las escuelas privadas esa cifra sube al 75 %, estimó Unicef.

La desigualdad es más acuciante en grupos vulnerables con niños con discapacidad, migrantes indígenas o en zonas rurales donde la educación a distancia no llega, resaltó la entidad de las Naciones Unidas (ONU).

También se advierte de que el porcentaje de niños que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4% al 18% en los últimos meses.

Impacto prolongado

"Si no hay realmente procesos de nivelación adecuados, esos niños van a tener un vacío durante toda su vida", afirmó Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe. Y esa pérdida terminará reflejándose en unos "peores salarios".

El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida "de una cantidad enorme de servicios, como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección" para la infancia, añadió la especialista.

Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.

Los niños, niñas y adolescentes también están más desprotegidos ante la violencia en el hogar.

Reabrir las escuelas debería ser la prioridad

Mientras muchas escuelas en África, Asia y Europa están reabriendo gradualmente, en 18 de los 36 países y territorios de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia de la covid-19, que suma 11 millones de casos en América Latina.

Si bien una de cada seis escuelas no tienen acceso al agua, Unicef instó a los gobiernos a acelerar la apertura segura de las escuelas mediante mejoras en el sistema.

Ante la suspensión masiva de los servicios educativos, Unicef ha brindado apoyo contribuyendo a que 42 millones de estudiantes en la región reciban aprendizaje a distancia y en el hogar a través de la radio, la televisión, Internet y otras plataformas. 

09/11/2020 16:45 Actualizado: 09/11/2020 19:33

EFE

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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, junto a la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda este jueves en La Haya.ICC-CPI / EFE

La segunda fase del examen preliminar para considerar la apertura de un juicio se determinó que hay “fundamentos” para que el tribunal analice el caso

 

La demanda contra Nicolás Maduro interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha recorrido un nuevo trecho. La fiscal Fatou Bensouda, a cargo del análisis preliminar de las acusaciones de violaciones al Estatuto de Roma, declaró este jueves que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”. Es decir, crímenes de lesa humanidad. La declaración es trascendente y se suma a la cascada de señalamientos sobre violaciones de derechos humanos que se han hecho sobre el Gobierno bolivariano, incluido el demoledor informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre.

Venezuela fue denunciada en la CPI en 2018 por los cancilleres de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Canadá, quienes señalaron a Nicolás Maduro como responsable de asesinatos, detenciones de arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el Gobierno de 2014 y 2017. Es la primera vez que un grupo de Estados que se adhieren a ese organismo acusa al jefe de otro país par ante este tribunal. De abrirse un juicio, también sería la primera vez que se dirima en ese terreno un caso contra un presidente latinoamericano.

El proceso de examen ha llegado ahora a la tercera fase de cuatro, en la que la institución debe evaluar si el Estado venezolano ha investigado y juzgado debidamente a los responsables de los delitos. “Una vez que se declara que hay crímenes de lesa humanidad no basta con que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a autores materiales. Debe hacerse responsables a quienes toman las decisiones y a quienes implementan las políticas para cometer esos delitos. Eso es algo que no ha ocurrido en Venezuela, no hay ni siquiera funcionarios de mediano rango juzgados”, explica el abogado Alí Daniels, de la organización Acceso a la Justicia. En la cuarta fase se evaluaría si es de interés de la justicia internacional sancionar estos crímenes. “Obviamente que es de interés no solo por la gravedad de los hechos, sino porque siguen ocurriendo. No estamos hablando del pasado, sino del presente venezolano”, agrega el activista.

El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, rechazada por el Gobierno, señaló directamente a Maduro y 48 funcionarios de no solo tener conocimiento sino de también ordenar y planificar los crímenes por los que los señalan. La fiscal Bentouda comunicó su dictamen al propio fiscal Tarek William Saab —designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo de Maduro— que estuvo en La Haya en un discreto viaje del que ha quedado constancia en la fotografía que acompaña la declaración de la funcionaria. Días atrás hubo rumores de que Saab había tenido problemas para abordar un vuelo comercial en una parada en México durante su viaje a Europa. Diputados opositores criticaron que Saab viajara pese a las sanciones internacionales que le impuso Washington en enero de 2018.

Saab, por su parte, habló este jueves sobre los alcances del encuentro e insistió en que el examen preliminar no ha concluido. “En nuestra exposición señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los tribunales competentes, a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos”, manifestó a través de su cuenta en Twitter.

La CPI también analiza una inusual contra demanda que presentó en febrero de este año el Gobierno de Maduro contra Estados Unidos por las sanciones económicas que ha impuesto, bajo el argumento de que son responsables de la grave crisis humanitaria que vive el país desde hace cinco años. Sobre este asunto la fiscal no dio mayores detalles. Dijo que continuaba la evaluación del caso para saber si hay base para considerar esa denuncia como competencia de la corte.

Por Florantonia Singer

Caracas - 06 nov 2020 - 3:22 COT

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Muchos estudiantes quedaron rezagados y necesitan atención. Foto: Misiones Online

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alertó en un informe sobre la profundización de las brechas educativas en Latinoamérica y el Caribe, por causa de la pandemia de la COVID-19.

En el informe "Todos y todas sin excepción" se pide no olvidar a los desfavorecidos en el actual contexto de la crisis sanitaria, en una región que antes de la irrupción del nuevo coronavirus era ya la más desigual del planeta en el ámbito educativo.

De acuerdo con la Unesco, si bien merecen reconocimiento los esfuerzos de países latinoamericanos y caribeños para continuar el proceso de enseñanza mediante las modalidades a distancia, muchos estudiantes quedaron rezagados y necesitan atención.

En ese sentido, advierte que para evitar un desastre generacional derivado de la emergencia educativa creada por la COVID-19, deben adoptarse respuestas a este desafío en los planes de recuperación.

Según el reporte, antes de la pandemia, los alumnos de hogares de mayores ingresos en 21 naciones tenían cinco veces más probabilidades de terminar la enseñanza secundaria superior que en los de hogares pobres.

Brasil, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay están entre los países incluidos en el estudio producido por el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, la Oficina Regional de Educación y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe-SUMMA.

La investigación señala las dificultades existentes para alcanzar un dominio mínimo de competencias lectoras, las habilidades matemáticas básicas y la asistencia a clases, agravadas durante la crisis sanitaria, sobre todo entre los desfavorecidos, como los indígenas, los afrodescendientes y los afectados por discapacidades.

Para el director de SUMMA, Javier González, "los sistemas educativos de la región no sólo se caracterizan por su baja calidad, sino también por sus altos niveles de desigualdad y exclusión social. Este problema se ha visto exacerbado con la pandemia".

Por esta razón, debemos invertir y reformar urgentemente nuestros sistemas educativos para desarrollar su capacidad de adaptación a las necesidades particulares de sus estudiantes y territorios, reconociendo, valorando y construyendo sobre la diversidad, como elemento esencial y constitutivo de la calidad educativa, subrayó.

El reporte incluye un conjunto de recomendaciones para la siguiente década, destinadas a ayudar a los países latinoamericanos y caribeños en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y la reducción de las desigualdades en el sector.

5 noviembre 2020

(Con información de Prensa Latina

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No hay ambiente en el Congreso para ratificar Tratado de Escazú

Pese al esfuerzo de congresistas de la Alianza Verde, MAIS y el Polo Democrático, el contrapeso de la bancada oficialista y los gremios lograrían su cometido de no ratificar el documento que necesita del consenso regional para su implementación.

 

Pese a que el gobierno del Presidente Iván Duque tramitó mensaje de emergencia, con lo que mostró un respaldo decidido al Tratado de Escazú en medio de las manifestaciones de la Minga Indígena, el proyecto no contaría con los votos suficientes para ser aprobado en las sesiones virtuales del Congreso de la República. De hecho, la percepción que se tiene de él en las comisiones segunda tanto de Senado como de Cámara es de poca acogida a este tratado medio-ambiental que necesita la ratificación de 11 de los 24 países firmantes para que sea implementado en la región.

El documento final acordado en Escazú, ciudad de Costa Rica, al parecer estaría enfrentando uno de sus momentos más críticos en torno al consenso de las naciones firmantes, que se retractan o dilatan las discusiones necesarias para su aprobación.

Por ejemplo, Chile, uno de sus impulsores, no lo ha firmado por su presidente, y Perú no lo ratificó. En Colombia, las dilatadas agendas para convocar audiencias públicas, son percibidas como maniobras de la bancada oficialista para enfriar la urgencia de un tema que, desde 2019, y gracias a las marchas sociales de ese año, se volvió prioridad para el gobierno. Ambas comisiones citaron sus respectivas audiencias y han pospuesto al menos cuatro veces los inicios de las discusiones formales para tramitar el articulado.

Todo esto mientras desde Presidencia se envían señales de urgencia que no tienen eco entre los congresistas. Al mismo tiempo, los gremios que han acudido a las audiencias han mostrado su desacuerdo, lo que se traduce en presión para dejar que el Tratado se hunda en medio de la indiferencia calculada de las bancadas de gobierno.

El Tratado de Escazú es una de las herramientas más importantes para la preservación del medioambiente en la región, cuyo objetivo es impulsar el acceso a la información ambiental, la participación pública en toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Su carácter vinculante, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), lo vuelve un instrumento pionero que logró en su momento el consenso regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además de lo anterior, es único dado que contiene disposiciones específicas que atañen a la protección de la vida para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Pese a su importancia, su trámite está empantanado. Figuras como Antonio Sanguino, del Partido Verde, llamó la atención de las mesas directivas sobre la lentitud con la que se gestionan las agendas acerca del Tratado. Invocando el Estatuto de la Oposición, demanda “no dilatar más la presentación del proyecto de ley que llegó al Congreso con mensaje de urgencia y que ha sido respaldado por más de 130 organizaciones ambientales, activistas y defensores ambientales”.

El mismo Sanguino ha llamado la atención de cómo posiblemente sea el gobierno quien esté detrás de las cancelaciones de 4 audiencias y la demora en trabajar sobre el articulado.

En declaraciones para El Espectador, afirma que “paradójicamente la oposición respalda al Gobierno y la oposición viene de su bancada. No sabemos si el Gobierno se está lavando las manos”.

Mientras los senadores acuden al Estatuto de Oposición para consolidar una audiencia en la primera semana de noviembre, María Fernanda Cabal, Senadora por el Centro Democrático, promueve un video de 21 minutos en el que critica al Tratado como una muestra de “pérdida de la soberanía" e impulsa el #NoAEscazú entre sus seguidores de Twitter, con lo que promueve una corriente de opinión que rechaza de plano este acuerdo, esencial para el medioambiente colombiano.

29 de Octubre de 2020

Publicado enColombia
Manifestación en el interior de la catedral de Poznan contra el fallo del Tribunal Constitucional polaco que impuso la prohibición casi total del aborto en el país, en Poznan, Polonia, el 25 de octubre de 2020. Piotr Skornicki/Agencja Gazeta vía REUTERS

 La prohibición del aborto, introducida en 1993 por el Parlamento polaco y fijada como ley por el Tribunal Constitucional en 1997, fue uno de los hitos de la transición de Polonia del comunismo de estado al capitalismo neoliberal.

La ley establecida en 1997 permitía el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo era consecuencia de una violación, cuando la vida o la salud de la mujer corría grave peligro o cuando el feto tenía riesgo de enfermedad grave o muerte. El viernes pasado, una sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la interrupción del embarazo también en esta tercera situación.

Dado que la mayoría de los abortos legales realizados en Polonia se realizan por esta tercera razón, el fallo significa que casi no habrá abortos en Polonia, es decir, oficialmente. Extraoficialmente, según una de las principales organizaciones feministas del país, la Federación para la Mujer y la Planificación Familiar, en Polonia se realizan anualmente unos cien mil abortos.

Varias organizaciones en Polonia y en el extranjero ayudan a las mujeres polacas a obtener píldoras abortivas o interrumpir el embarazo. La ley actual no castiga a las mujeres por interrumpir el embarazo, pero, al imponer hasta tres años de prisión por ayudar a las mujeres a hacerlo, pone en peligro tanto al personal sanitario como a quienes prestan asistencia farmacológica.

La decisión del viernes pasado fue tomada bajo el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) de Polonia. Pero todas las opciones políticas han traicionado de alguna manera a las mujeres. Los socialdemócratas, que en 2004 tenían la mayoría necesaria en el Parlamento para cambiar la drástica ley antiaborto, pero optaron por no hacerlo porque necesitaban el apoyo de la Iglesia para la adhesión de Polonia a la Unión Europea. O los liberales, que afirman que la ley establecida en 1997 fue un “compromiso”.

Después de haber mantenido a Polonia en un estado de ansiedad constante por el aborto desde al menos 2016, los conservadores ahora decidieron ir aún más allá, nuevamente utilizando el Tribunal Constitucional. Jarosław Kaczyński, el líder del gobernante PiS, dijo en 2016 que las mujeres deben llevar adelante sus embarazos de riesgo y dar a luz pase lo que pase, incluso si el feto muere.

Pagando el precio

Como ocurre con todas las cosas, el aborto también tiene su dimensión de clase, que básicamente divide a la sociedad polaca en quienes pueden pagarlo y quienes no. Obviamente, importa si se vive en un área metropolitana o en regiones donde todos los médicos se niegan a interrumpir embarazos debido a su conciencia. Uno de los lemas feministas más populares hoy en día dice: “¡Queremos médicos sin conciencia!”

En los últimos años, la narrativa liberal de elección ha sido reemplazada por la de necesidad. No para negar el derecho de las mujeres a elegir, sino para enfatizar que la mayoría de las mujeres no tienen otra opción cuando se trata del aborto.

Tanto si deciden abortar en Polonia o en el extranjero, cuesta entre el 50 y el 100 por ciento de un salario mensual, dependiendo de la ciudad, el tipo de aborto y su accesibilidad general. En la práctica, todos los periódicos de Polonia anuncian el aborto, aunque con el nombre de “inducir la menstruación” o “regular el ciclo menstrual”. Muchos médicos que se niegan a realizar abortos en hospitales públicos, aceptan realizarlos en clínicas privadas. Todo es una cuestión de dinero y de conexiones.

En las últimas décadas, el estado de excepción ha sido generalmente discutido como una forma de expresar la condición excepcional de los refugiados y migrantes indocumentados: el hecho de estar al margen de la ley. La necropolítica, término acuñado por Achille Mbembe, muestra cómo la biopolítica neoliberal y globalizada gobierna el mundo contemporáneo al permitir descuidadamente la exposición de grupos y poblaciones enteras a la muerte. Creo que hoy las mujeres en Polonia son un grupo así, expuestas al riesgo de morir por quienes afirman continuar la herencia cristiana en las instituciones estatales polacas y la Iglesia católica. La perpetuación del pacto neoliberal de valores conservadores y mercado liberal toma la forma de la opresión de las mujeres en nombre de los valores tradicionalistas.

Resistencia

Pero dondequiera que haya control, siempre habrá resistencia. Y las mujeres polacas disputaron, socavaron y lucharon contra la prohibición del aborto desde el primer día.

En 1997 se recogieron aproximadamente un millón de firmas para un referéndum sobre el aborto. En abril de 2016, ante los primeros esfuerzos por restringir aún más el acceso al aborto, 100.000 mujeres se unieron inmediatamente a grupos feministas en línea creados ad hoc. Unas 150.000 marcharon en diferentes ciudades y pueblos de Polonia en lo que pronto se conoció como las protestas negras, que llevaron a la huelga de mujeres y, finalmente, a la huelga internacional de mujeres.

Esta resistencia vuelve a ser evidente hoy. El lunes 26 de octubre, una treintena de ciudades y pueblos de Polonia fueron bloqueados por automóviles, bicicletas y personas a pie en protestas espontáneas en apoyo de los derechos de las mujeres. El día anterior, los agricultores utilizaron sus vehículos para bloquear calles en varios pueblos pequeños para protestar por la prohibición del aborto recientemente establecida.

Tras las primeras manifestaciones del viernes 23 de octubre, el día del fallo, las protestas se han extendido desde las grandes ciudades a todo el país. Un recuento aproximado sugiere que las protestas tuvieron lugar al menos en setenta lugares de Polonia, así como en una veintena de pueblos y ciudades en el extranjero. Se ha convocado una huelga general para el miércoles [28 de octubre] y muchos lugares de trabajo ya han comenzado a declarar su apoyo a la causa de las mujeres.

Un elemento nuevo y muy popular de la protesta es que las feministas visitan las iglesias para defender el derecho al aborto y los derechos de la mujer. Las activistas entran a las iglesias y sostienen pancartas y distribuyen folletos. Esto suele suceder de forma pacífica, sin enfrentamientos violentos.

Las protestas actuales parecen tener un ambiente ligeramente diferente a las celebradas anteriormente; ahora estamos rabiosas, no solo disgustadas, y el eslogan principal es una palabrota, ¡wypierdalać!, Que se puede traducir como: “lárgate de aquí!”

Si el espantoso Kaczyński y sus colegas conservadores se largaran podrían tener problemas para encontrar otro lugar adonde ir. Pero las feministas de Polonia tienen problemas más serios de los que ocuparse.

Por Ewa Majewska

28 OCTUBRE 2020 |

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