Muerte y resistencia en la frontera entre Estados Unidos y México

A lo largo de la extensa frontera entre Estados Unidos y México, las temperaturas en verano alcanzan fácilmente los 40º C. El desierto de Sonora se extiende a ambos lados de la frontera y se erige como una barrera mortal para los miles de migrantes que buscan una vida mejor en el norte. Miles de personas anónimas han muerto en estos desiertos mientras seguían la ruta conocida como “el camino del diablo”. Nunca sabremos cuántos han muerto, ya que el desierto borra la evidencia de los que se desvanecen allí; los buitres, coyotes e insectos rápidamente se abalanzan sobre los cadáveres y dejan solo los huesos blanqueados. Se han hallado restos de más de 3.000 personas, pero los expertos estiman que más de 10.000 han muerto al intentar cruzar el desierto. Varios grupos de voluntarios han estado deambulando durante años por las arenas ardientes del Sonora, dejando comida, agua y medicamentos a lo largo de los senderos conocidos de los migrantes y haciendo todo lo posible para reducir la letalidad del desierto.

En enero de 2018, Scott Warren, del grupo de ayuda humanitaria No más muertes, fue arrestado y acusado de albergar a “extranjeros” y de conspiración, delitos federales por los que enfrentó la posibilidad de recibir una condena de 20 años en prisión. En el primer juicio, el jurado no pudo determinar un veredicto, que debe ser unánime, pero ocho de los 12 miembros votaron por la absolución. Los fiscales federales retiraron la acusación de conspiración y van a proceder con el nuevo juicio, programado para noviembre. Warren todavía enfrenta una posible sentencia de 10 años de prisión.

Recientemente participamos de una de las travesías para dejar agua y comida junto a Warren y otras dos voluntarias de No más muertes, Geena Jackson y Paige Corich-Kleim. Salimos de la nueva oficina de ayuda humanitaria que la organización comparte con grupos aliados en Ajo, Arizona, y viajamos por un rústico camino de ripio hasta el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Todavía era temprano en la mañana, pero la temperatura ya excedía los 38º C. La reserva se extiende desde las cercanías de Ajo hasta la frontera con México. Al oeste del monumento nacional se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, el mayor refugio de los 48 estados meridionales del país. Scott Warren nos explicó: “En este momento no puedo poner pie en el refugio debido a los cargos de delitos menores que enfrento por haber brindado ayuda humanitaria”.

El aumento de la militarización en ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, obliga a los inmigrantes a internarse en el desierto. En una parada frente a la base de operaciones avanzadas de la Patrulla Fronteriza en el desértico Growler Valley, Scott Warren nos dijo: “Los migrantes se han visto forzados a incursionar en estas áreas remotas y difíciles desde hace décadas, como resultado de la política de prevención mediante la disuasión”. Growler Valley es un vasto y desolado valle azotado por el sol y salpicado de cactus, que se extiende desde la frontera hacia el norte. Abarca Cabeza Prieta y Organ Pipe y más adelante el campo de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Barry Goldwater, que los migrantes deben cruzar para poder alcanzar la ruta Interestatal 8 y su esperada nueva vida más allá. En el campo de entrenamiento militar Goldwater se han descubierto en los últimos años varios restos óseos humanos.

El escritor Luis Alberto Urrea describió elocuentemente la muerte de 14 migrantes en este valle en su libro finalista del premio Pulitzer de 2004, “The Devil’s Highway” (“El camino del diablo”, en español). Urrea describe en seis etapas la cercanía de la muerte: “El aire del desierto, como tú, tiene sed. Te absorbe el sudor tan rápido como tú lo produces, tan rápido que ni siquiera te das cuenta de que estás sudando… el aire te toca los labios para quitarte el agua. Cada respiración te deja la nariz reseca, así como los senos paranasales, la boca, la garganta… La desolación primero te bebe de a pequeños sorbos, luego en tragos profundos”. Urrea agrega: “Si lloras, estarás haciendo una inversión infinitesimal a favor de tu propia muerte”.

Debido a sus juicios pendientes, Warren acompañó la expedición para dejar agua y comida, pero no participó en la actividad personalmente. Geena Jackson manifestó a Democracy Now! mientras ultimaba los preparativos para dejar en el desierto los bidones de agua: “La ayuda humanitaria nunca es un delito. Es un imperativo humanitario tratar de aliviar la muerte y el sufrimiento en esta área. A pesar del accionar de las agencias gubernamentales, que intentan criminalizar a los trabajadores de ayuda humanitaria, nosotras sostenemos que la ayuda humanitaria nunca es un delito”. Geena Jackson y Paige Corich-Kleim dejaron mensajes en cada uno de los bidones de agua que dejaron a la sombra de un árbol, junto a un sendero creado a lo largo de los años por las personas que realizan este peligroso viaje.

Paige Corich-Kleim nos contó: “Generalmente escribo mensajes de tono religioso, como ‘Vayan con la fuerza de Dios’ o ‘Que Dios bendiga su camino’”. Esto es para que los viajeros sepan que el agua fue dejada por personas amistosas y que es seguro beberla. También dejan latas de frijoles para brindarles las calorías y sales necesarias para la subsistencia, que las personas van perdiendo a medida que se adentran en el abrasador calor del desierto.

Mientras observaba el trabajo de sus colegas, Warren expresó: “Estoy notando la energía de este momento y creo que es, tal vez, porque todos nosotros estamos aquí, y por escuchar a mis amigas describir los mensajes que están escribiendo en las botellas. Esto se volvió tan rutinario para nosotros que incluso yo olvido lo importante y lo hermoso y lo prácticamente sagrado que es”.

© 2019 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 23 Agosto 2019 06:37

Refugiados, capitalismo e ideología

Refugiados, capitalismo e ideología

¿Refugiados, migrantes, desplazados, inmigrantes ilegales (bit.ly/2z8ca1P), “ sin papeles”, aliens? ¿Cómo llamar las masas de centroamericanos, mexicanos y gente de otras nacionalidades desesperados para cruzar el río Bravo/Amarillo? Que tal simplemente "seres humanos". Si bien Hannah Arendt en su clásico ensayo sobre el tema ( We refugees, 1944) al final prefería la palabra "migrante" –su condición de por sí era muy particular− al final estas masas −"el proletariado nómada" (A. Badiou dixit)− sí están buscando refugio: de las guerras, de la violencia del narco coludido con el Estado, de la violencia estructural de un sistema económico altamente desregulado "arriba" y –dialécticamente− sobrerregulado "abajo" que busca apretarles la tuerca.

1. Sintomático que Trump en su recrudecimiento de las políticas migratorias –"la crueldad es el objetivo" (bit.ly/2yckRqV): más muertes en la frontera, más campos de concentración para los migrantes/refugiados− emplee las herramientas "sistémicas" para imponer sus objetivos. La "buena conducta" de México fue impuesta con un chantaje respecto a los aranceles; la de Guatemala con lo mismo respecto a un impuesto extra a las remesas (bit.ly/2ZfJdjk).

2. Anthony Loewenstein en Disaster Capitalism: making a killing out of catastrophe (Verso 2015) estudiando las consecuencias de las dos interconectadas crisis −financiera y migratoria− disecciona los mecanismos del "capitalismo del desastre" (N. Klein dixit) demostrando cómo las masas de los más desfavorecidos se vuelven hoy "la más preciada mercancía en el mundo". Emerge la imagen de un sistema que “incapaz de sostenerse ‘vendiendo sueños’, se alimenta de las pesadillas” (bit.ly/2NjEZAM), extrayendo las ganancias del “manejo de catástrofes, las guerras y en el encarcelamiento o "procesamiento" de los refugiados/migrantes en busca de asilo. Mediante los interconectados circuitos de la gran minería y la seguridad privada militarizada −una vez expulsada la población recluida luego en centros de detención a miles de kilómetros de su origen el blanco son sus recursos− se lucra de la miseria de otros (bit.ly/33IvBwd).

3. La violenta guerra en contra de migrantes/refugiados −a lo largo del mundo hay más de 2 mil campos de concentración para ellos y más de 70 muros fronterizos− es una gran oportunidad de negocios (véase: Loewenstein). En Estados Unidos toda una serie de incentivos para compañías privadas que manejan centros de detención o están encargadas de control y vigilancia, no sólo corren por los robustos "circuitos oficiales" del megasistema carcelario estadunidense (bit.ly/2XCNo8U), sino también alimentan el negocio multimillonario de grupos delictivos encargados del tráfico de personas.

4. Si ayer en la era del "capitalismo sólido" (Z. Bauman dixit) los campos a menudo se establecían en antiguas fábricas –Dachau, el primer campo de concentración nazi fue localizado en una antigua fábrica de municiones− hoy en la era "líquida" del capitalismo tardío, donde el consumo es la gran palanca de acumulación, este papel retoman centros comerciales (bit.ly/2NlY1Xi): en Brownswille, Texas un ex Walmart fue "acondicionado" como campo para menores migrantes (así no extraña tampoco que recientemente un supremacista blanco escogiese otro Walmart –en El Paso, Texas− como un "lugar de martirio" para los mexicanos que "invaden a su país").

5. La edificación de "un sistema global de fronteras" para controlar, vigilar, arrestar y detener a las masas desposeídas que están en movimiento a lo largo del planeta –un sistema en que Estados Unidos es el "centro" (véase: Todd Miller, Empire of borders. The expansión of US border around the world, Verso 2019)− viene de la necesidad de proteger a los de "arriba": la rica y privilegiada élite trasnacional. Los robber barons neoliberales para los que no existen fronteras y cuyos intereses −el extractivismo, etcétera− desplazaron a muchos en contra de los que hoy se edifican muros y para los que hoy se erigen campos.

6. Estados Unidos es hoy el centro de "la guerra contra los migrantes", y a la vez el centro de la resistencia, pero –como bien apunta William I. Robinson− ésta debe ir más allá de la "indignación moral" y tomar en cuenta las fuerzas estructurales detrás del problema: a) dada la crisis capitalista y la movilización fascista que la acompaña la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra el fascismo del siglo XXI"; b) dado que la división entre "ciudadanos" e "inmigrantes" −racialización, militarización de fronteras, etcétera− es el nuevo eje de la desigualdad y la super-explotación, la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial para la lucha de la clase trabajadora en su conjunto"; c) dado que los migrantes/refugiados son productos de la falla del capitalismo global, ponerlos en el centro expone raíces de la crisis en curso; d) defender los migrantes y refugiados "es defender los intereses de la mayoría de la humanidad"; e) dado que "acumulación militarizada o por represión" es hoy la principal herramienta del sistema para salir de la crisis de sobre acumulación y que la guerra "securocrática" es una importante fuente de ganancias (centros de detención, vallas, diferentes servicios, etcétera) la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra la perversa economía política global" (bit.ly/2MtNHwr).

Por Maciek Wisniewski, eriodista polaco

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Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

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Cientos de miles de manifestantes ─cerca de dos millones, según los organizadores─ marchan en una protesta que, a pesar de desbordar las previsiones de la Policía, transcurre sin incidentes.

De manera organizada y pacífica, cientos de miles de manifestantes ─cerca de dos millones, según los organizadores─ han marchado por la isla de Hong Kong, en una protesta que la policía había autorizado solo como concentración en Victoria Park, el parque más grande de la ciudad, pero que transcurrió sin incidentes.

La riada de manifestantes desfiló desde las 14.00 hora local (06.00 GMT) bajo sus paraguas para protegerse de la lluvia en la región administrativa especial e inundaron avenidas y calles adyacentes, sin un destino claro. En torno a las 18.00 (10.00 GMT), el cuerpo antidistrubios de la policía se fue desplegando en varios puntos de la ciudad, incluida la Oficina de Enlace del Gobierno de China, aunque a las 21.00 hora local (13.00 GMT) no había noticia alguna de enfrentamientos.

La manifestación, que culmina una semana turbulenta en Hong Kong (cancelaciones masivas de vuelos por las protestas en el propio aeropuerto y maniobras militares chinas al otro lado de la frontera), estaba especialmente bajo el foco, después de que circularan rumores de que habría chinos de la parte continental del país infiltrados con el objetivo de crear problemas. Asimismo, también existían miedos ante una posible respuesta policial violenta, y una televisión local informó de que dos vehículos con cañón de agua se habían desplazado a la zona de las protestas.

Precisamente la policía protagonizó el lema de la marcha, que buscaba "Erradicar el caos policial". Los manifestantes han criticado con dureza las acciones policiales de los últimos meses a la hora de disolver las concentraciones. Estas actuaciones antidisturbios han dejado cientos de heridos entre los civiles, mientras que, según la policía, en los enfrentamientos han resultado heridos casi 180 agentes.

Uno de los líderes del convocante Frente Civil de Derechos Humanos, Wong Yik-mo, criticó durante la manifestación las actuaciones policiales y su aparente posicionamiento en contra de quienes protestan para reclamar un mejor funcionamiento democrático en Hong Kong. "La Asociación de Jóvenes Oficiales de Policía y algún diputado pro-Pekín han llamado varias veces 'cucarachas' a los manifestantes. Eso trae al recuerdo dolorosas imágenes de genocidio", dijo.

Durante el genocidio ruandés (1994), en el que en tres meses murieron masacrados casi un millón de Tutsi y Hutu moderados, los Hutu más radicales llamaban a los Tutsi "cucarachas". "Poco a poco -agregó Wong-, la policía de Hong Kong está destruyendo la imagen internacional de un Hong Kong civilizado".  Horas antes, el Gobierno de Hong Kong envió un comunicado a los medios de comunicación en el que lamentaba que el lema de la manifestación tuviera como objetivo a la policía.

Ante el masivo desfile de gente, no autorizado por el cuerpo, la policía se vio obligada a cortar varias calles. Los manifestantes se han arriesgado así a enfrentarse a cargos de asamblea ilegal, que pueden comportar hasta 5 años de cárcel.

Este fin de semana, el undécimo consecutivo de manifestaciones en Hong Kong, comenzó el viernes con un mitin para pedir apoyo internacional a los manifestantes, y el sábado registró varias protestas, una de ellas de apoyo a los Gobiernos de Pekín y Hong Kong que logró reunir a 476.000 personas, según los organizadores (108.000, según la policía).

Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus opositores, podría servir para que disidentes políticos y sectores críticos con el régimen comunista fueran llevados a China para ser juzgados sin garantías.

Bajo la fórmula "Un país, dos sistemas", Pekín se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y a respetar una serie de libertades de las que no gozan los ciudadanos de la China continental hasta 2047, tras recuperar la soberanía del territorio de manos británicas en 1997.

Las manifestaciones movilizaron a cientos de miles de personas a partir de junio y han estado acompañadas de represión policial para aplacar los intentos de los manifestantes de afectar el curso normal de la ciudad con huelgas y ocupaciones de edificios oficiales, comisarías, estaciones de metro o el aeropuerto.

A pesar de que la polémica propuesta de ley de extradición fue declarada "muerta" por las autoridades hongkonesas a principios de julio, los manifestantes han sumado una serie de demandas al Gobierno local para mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino. Pekín asegura que detrás de las protestas existe una "mano negra", y apunta con frecuencia a Estados Unidos como responsable.

 

18/08/2019 20:43 Actualizado: 18/08/2019 20:43

Por Shirley Lau (EFE)

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Crónicas rutinarias del paraíso paramilitar

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El martes 30 de julio de 2019en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
  • El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están   prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
  • El viernes 2 de Agosto de 2019en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
  • El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
  • El domingo 4 de agosto de 2019a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
  • El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
  • El miércoles 7 de Agosto de 2019nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
  • El jueves 8 de Agosto de 2019a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos  haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 16 de 2019

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El colonialismo se estrella con las mujeres mapuche

Dos décadas atrás Silvia Rivera Cusicanqui planteaba que el patriarcado es parte sustancial del colonialismo interno y que existe un paralelismo entre la dominación étnica y la de género. Siempre vivió su identidad femenina "desde el interior histórico y político del colonialismo interno", y desde ese lugar pudo comprender, muy pronto, cómo las tres opresiones, "indios, mujeres y clases subalternas"*, se entrelazan sustentando al sistema-mundo capitalista.

El alcalde de Temuco (sur de Chile), importante ciudad en la región ancestral del pueblo mapuche, está promoviendo una escalada represiva contra las mujeres vendedoras de hortalizas, que muestra, sin el matiz, la persistencia del colonialismo interno y hasta dónde puede llegar la colonialidad del poder.

En el centro de la ciudad pueden escucharse bocinas que advierten a la población: "¡Cuide su bolsillo! Si es sorprendido comprando al comercio ambulante ilegal dentro de la zona de exclusión, carabineros podrá cursarle una multa que puede costar 140 mil pesos (200 dólares)" (https://bit.ly/2OUWslz). "Megáfono nazi", lo califica la página mapuexpress.org, uno de los medios más seguidos en la región.

El alcalde Miguel Becker, perteneciente a una familia de colonos que hicieron su fortuna gracias al genocidio del pueblo mapuche en la "Pacificación de la Araucanía" (1860-1883), declaró la guerra a las vendedoras de hortalizas hace un año. Fracasó porque siguieron vendiendo y los pobladores de Temuco les siguieron comprando, como pude apreciar en diciembre pasado en el entorno del Mercado Pinto, donde se multiplican cientos de puestos de verduras, frutas, carnes, legumbres y artesanías.

Mientras el gobierno de Sebastián Piñera distribuye ayudas a los grandes empresarios agrícolas y les reduce los impuestos, en las regiones mapuche los campesinos son expulsados de los mercados, como destaca un documento de la Comunidad de Historia Mapuche. La historia colonial republicana explica esta brutal asimetría.

"La totalidad de ciudades ubicadas en el antiguo territorio mapuche fueron edificadas en la segunda mitad del siglo XIX. En tanto avanzaban las tropas chilenas que despojaron a la sociedad mapuche de su territorio, se iban fundando fuertes militares que posteriormente devinieron en las ciudades principales de la región" (https://bit.ly/2YP3rRg). La fundación de Temuco se hizo sobre los cadáveres de 400 mapuches que resistieron, creciendo sobre "un río de sangre mapuche".

La tradición de las vendedoras de hortalizas y frutas viene de la voluntad de sobrevivencia del pueblo mapuche, condenado a sobrevivir en pequeñas parcelas donde comenzaron a recuperarse de la invasión militar, hace apenas 140 años. Las ciudades actuales, herederas de los "fuertes militares" chilenos, pretenden seguir confinando a la población mapuche fuera de los muros, arrinconándolos en su propio territorio, aceptando en su interior sólo a los blancos.

La Comunidad de Historia Mapuche reflexiona lo que está sucediendo ahora: “Pero allí estamos, nos hemos filtrado, como verduleras, hortalizeras, pero también como profesoras, periodistas, obreros, médicos, en fin, hoy los mapuche estamos en Temuco y en otras urbes, y tenemos "derecho a la ciudad", tenemos derecho a utilizarlas, e incluso a gobernarlas”.

Creo que este párrafo lo dice todo. Luego de la invasión militar y la ocupación de nuestro territorio, nos hemos recuperado, estamos de pie y ahora miramos más allá, hacia el autogobierno, hacia la reconstrucción de nuestra nación.

Por eso dicen los historiadores: "traemos malas noticias" para los poderosos, "porque a pesar del colonialismo y el despojo, la sociedad mapuche sigue de pie, resistiendo en el cotidiano para sobrevivir y organizándose para proyectar".

Es esa proyección hacia delante, lo que inquieta a la clase dominante blanca que apela, en su intento por contener a todo un pueblo, a los crudos métodos del colonialismo. En esa misma región, a pocos kilómetros de Temuco, fue asesinado Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, provocando una maciza reacción mapuche y un inédito apoyo de la población chilena con movilizaciones en 30 ciudades (https://bit.ly/33yzQdA).

Parece importante destacar que la reacción colonial/patriarcal del poder blanco ataca directamente a las mujeres, quizá porque creen que son el sector más débil del movimiento y porque son el sostén de la economía comunitaria. Pero se encontraron con que ellas son el espigón donde se estrellan las oleadas represivas.

Los de abajo debemos entender que el pueblo mapuche no está pidiendo nada, no suplica, ni siquiera levanta demandas. Está en otra etapa, como nos lo enseña el "Manifiesto de Temucuicui" de diciembre pasado, que reunió a todas las corrientes del movimiento. Su objetivo ahora consiste en "fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial" (goo.gl/8dN3gg). Territorio y autogobierno.

*"Mujeres y estructuras de poder en los Andes", Controversia, La Paz, 1997.

El Salto

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Disturbios en Hong Kong. Andrés Velazquez

En la ‘niebla de la guerra’ resulta difícil hacerse una idea clara de lo que ocurre durante un conflicto, no sólo militar, sino también político. Algo así ocurre con las protestas que suceden estos días en Hong Kong, de las que la ley de extradición “es sólo el detonante”, según Carl Zha, creador de un podcast de importancia creciente en la península.

 

El 31 de marzo comenzaron las primeras manifestaciones en Hong Kong contra la aprobación de ley de extradición, en junio comenzaron a ser multitudinarias y este mes de agosto se han convertido en acciones de bloqueo y ocupaciones. Tratándose de un país como China, las protestas han venido acompañadas de los habituales sesgos y distorsiones informativas. Para formarse una imagen más ajustada de lo que ocurre estos días en Hong Kong, hablamos con Carl Zha, el creador de Silk and Steel, un podcast sobre China cuya popularidad va en aumento.
“La ley es sólo el detonante”, explica Zha a El Salto, “la causa de fondo es el profundo descontento de muchos ciudadanos de Hong Kong hacia la China continental y el gobierno chino”.

Las raíces de la protesta son “más profundas”: “El descontento de la juventud de Hong Kong no es muy diferente al experimentado por los jóvenes occidentales”, aclara. “Después de un rápido crecimiento de 1949 al año 2000, la juventud de Hong Kong se enfrenta a menos oportunidades laborales, un aumento del precio de la vivienda y un futuro económico incierto”, y, “a diferencia de la generación de sus padres y de sus abuelos”, la de hoy “se enfrenta a una perspectiva de declive económico y de sus estándares de calidad de vida”.

Un poco de historia

Para comprender la situación, conviene detenerse un momento y tener en cuenta la historia. “En 1949, cuando los comunistas ganaron la guerra civil china, muchos capitalistas huyeron a Shanghái, llevándose la capital” y “oleadas de refugiados entraron en Hong Kong, primero huyendo de la toma de poder de los comunistas en 1949, y más tarde de la gran hambruna de 1959-1963, proporcionando una ingente mano de obra barata.” Debido al bloqueo al que Occidente sometió a China durante décadas, Hong Kong se convirtió de ese modo “en la única ventana a China”. “Uno de los motivos por los que los comunistas no entraron en Hong Kong es porque necesitaban esta ventana para comerciar con el mundo exterior”, aclara Carl Zha. Esta combinación de factores, continúa, “hizo que Hong Kong despegase” y “se convirtiese en un centro mundial del comercio y las finanzas”.  

En 1978, “cuando China se embarcó en la política de aperturas y reformas, Hong Kong se benefició de su posición única como ventana al mundo, canalizando la inversión hacia la China continental”. “En aquellos tiempos”, observa Zha, “la China continental era desesperadamente pobre tras la Revolución cultural de 1966-1976” y, por ejemplo, “era habitual que un taxista de Hong Kong se permitiese tener varias amantes al otro lado de la frontera”. El boom de Hong Kong “continuó a lo largo de los ochenta y noventa”, en lo que Zha describe como “la era dorada” de la antigua colonia. “Yo crecí en China en los ochenta, Hong Kong era vista entonces como un lugar rico y mágico”, recuerda mientras cita “las películas y series de televisión” que se producían y que llegaban hasta la China continental, Taiwán o las comunidades chinas en la diáspora.

“Pero a medida que la China continental comenzó a desarrollarse económicamente y a recuperarse de décadas de turbulencias políticas y desastrosas políticas económicas, la importancia relativa de Hong Kong comenzó a declinar”, comenta. Y cita como prueba el PIB de Hong Kong, “que en 1993 era el 23% de toda China y hoy sólo representa el 2,9%”. “El mayor contraste puede verse al otro lado de la frontera, en Shenzhen, que era una pequeña aldea de pescadores en 1978, antes de que China la designase como zona especial económica, aprovechando su proximidad con Hong Kong”, dice Zha. Entonces, “Hong Kong comenzó a desplazar su producción al otro lado de la frontera para aprovechar la mano de obra increíblemente barata de China” y la antigua colonia comenzó una transición hacia “una economía orientada al sector servicios, centrada sobre todo en el sector financiero, sirviendo como centro offshore para el capital extranjero que buscaba invertir en China”. Pero más importante aún, “la propiedad inmobiliaria se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos”.

“Hay mucho suelo disponible en Hong Kong, pero el gobierno restringió artificialmente el suelo disponible para la vivienda, obteniendo buena parte de sus ingresos de la venta a promotores inmobiliarios” lo que lógicamente “incrementó el precio del suelo y de la vivienda, haciendo que Hong Kong se convirtiese en una de las ciudades más caras del mundo.” Este acuerdo “benefició a los magnates inmobiliarios y al gobierno a expensas de sus ciudadanos, que se enfrentaban a precios cada vez más imposibles de asumir”. 

Falsa nostalgia colonial

Le pregunto a Carl Zha por la chocante presencia de la bandera colonial británica en algunas de las manifestaciones. Los manifestantes, responde, “son más bien jóvenes” que “nacieron o crecieron después de la entrega a China en 1997, así que nunca experimentaron el dominio colonial de primera mano”. Llegados a este punto, advierte, conviene tener en cuenta el sistema político de Hong Kong. “Los británicos dominaron Hong Kong a través de sus gobernadores coloniales hasta que firmaron un acuerdo con China en 1984 para devolver su gobierno en 1997, entonces los británicos trataron de introducir una democracia limitada con un consejo legislativo elegido indirectamente”, explica. La consecuencia fue que “los británicos establecieron a una élite gobernante vinculada a la oligarquía local, y muchos magnates inmobiliarios se aprovecharon de su proximidad con el gobierno”.

La República Popular China “aceptó este acuerdo” por varios motivos. Para empezar, para “calmar a la élite y a la población de Hong Kong, garantizándoles que el gobierno central no interferiría en sus asuntos”, así como para “asegurar la estabilidad y prevenir la fuga de capitales”. Buscando “estabilidad y nuevas oportunidades”, la élite de Hong Kong prometió fidelidad a Beijing. “Pero el dominio oligárquico de Hong Kong no benefició a los ciudadanos” y “el precio de la vivienda seguía siendo demasiado alto”. “Después de 1997, en vez de las 20 mil viviendas anuales prometidas, solo se crearon dos mil”, destaca. Además, la región “perdió el tren a la diversificación de su economía después de que la industria se desplazase a la China continental” y Shenzhen, al otro de la frontera, “pasó de ser un centro industrial offshore a uno de los centros de alta tecnología de China” al mismo tiempo que otras ciudades, como Shanghái, también se convertían en “centros financieros”. Este éxito no pasó desapercibido en Hong Kong, pero comenzó a ser percibido de manera negativa. Muchos de los habitantes de Hong Kong culpaban a sus vecinos de la subida de los precios “e incluso los esfuerzos de la Universidad de Hong Kong por atraer estudiantes de China continental fueron vistos como un intento de privar a los locales de acceso a la institución”.  

El “descontento por la pérdida de oportunidades económicas” es “real” y debe ser tenido en cuenta, pero también que ha degenerado en un “localismo contra lo que era visto como una invasión por parte de los continentales”. “Hasta los intentos de integrar Hong Kong en las ciudades del Río de las Perlas o conectar Hong Kong con la China continental a través de un ferrocarril de alta velocidad se enfrentan a resistencias por parte de la población local”, lamenta Zha. El sentimiento dominante es que los hongkoneses “están perdiendo su estatus especial” y “Hong Kong se convertirá en ‘otra ciudad china’”. Así, “el uso de la Union Jack puede ser visto como una muestra de nostalgia por la época dorada de Hong Kong, cuando ellos eran ricos y sus vecinos de China continental, pobres”. De todos modos, “el partido político que busca la independencia se compone en realidad de un pequeño grupo de personas”, muy capaces, eso sí, de atraer una “desproporcionada atención de la prensa” con sus acciones, presentándose en las manifestaciones con banderas británicas o estadounidenses. “La mayoría de los manifestantes en Hong Kong no se sienten cómodos con el futuro bajo la República Popular China, pero el apoyo a la independencia sigue siendo minoritario”, precisa.

¿Qué puede decirse del independentista Partido Nacional de Hong Kong (HKNP)? “Lo fundó Andy Chan Ho-tin –recientemente detenido– tras la revolución de los paraguas de 2014”, responde Zha. Su objetivo, prosigue, “es la independencia de Hong Kong de China, lo que va contra la Ley Básica de Hong Kong.” El partido “se formó oficialmente en 2016 para participar en las elecciones al consejo legislativo, al que se les impidió entrar en el último momento.” El gobierno de Hong Kong terminó prohibiendo el partido en 2018 utilizando “irónicamente la misma ley que durante el colonialismo utilizaron los británicos para prohibir los partidos pro-chinos en nombre de la seguridad nacional”.

Si la formación de Ho-tin recibe tanta cobertura por parte de los medios occidentales es “por dos motivos”: el primero, porque a Beijing “le gusta destacar las acciones del HKNP para presentar a los manifestantes como traidores a la patria”, y el segundo, “porque a la prensa occidental le excita filmarlos agitando las banderas coloniales con la Union Jack y gritando eslóganes a favor de la independencia de Hong Kong.” En opinión de Zha, el gobierno de Hong Kong no ha gestionado bien la aprobación de la ley y, aunque ya la ha retirado, “en este momento la protesta ya nada tiene que ver con ese proyecto de ley: son gente de Hong Kong librando una lucha en la retaguardia en defensa de sus privilegios”.

Por Àngel Ferrero

2019-08-16 07:15

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Jueves, 15 Agosto 2019 10:56

“Cuelguen a esos h.p."

Rafael Barrios Mendivil

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

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Marcha internacional de trabajadoras rurales en Brasilia

Río de Janeiro. Miles de trabajadoras rurales de Brasil y de otros países salieron ayer a las calles de la capital para protestar y exigir mejores condiciones laborales en el campo. También manifestaron su desaprobación al desempeño del presidente neofascista Jair Bolsonaro.

Las trabajadoras y líderes sindicales se congregaron en Brasilia, con carteles de repudio al gobernante y gritando consignas sobre varios temas importantes de su agenda, desde una reforma agraria hasta una mejor representación en la sociedad y en la política, así como derechos para las mujeres.

"Queremos que el gobierno tenga piedad y haga la reforma agraria original, para la clase trabajadora que quiere un pedazo de tierra en el cual trabajar, y criar a sus hijos y nietos", manifestó Maria da Graca Correira, quien viajó desde el estado norteño de Pará para asistir a la marcha Margaridas.

Maria Lucineide Barbosa, también del estado de Pará, alegó que las mujeres del campo deberían de recibir más por su duro y, a veces, peligroso trabajo. "Trabajamos de sol a sol, de lluvia a lluvia, sólo para poder llevar comida a la mesa", señaló.

El movimiento comenzó en 2000 y organizan las movilizaciones cada cierto tiempo. Toma su nombre, Margaridas, de la lideresa de un sindicato de trabajadoras rurales que fue asesinada a mediados de la década de los 80 por su activismo en defensa de los derechos de los trabajadores del campo brasileños.

Algunos líderes que asistieron a la marcha de ayer eran de Centroamérica, África y Europa, comentaron los organizadores.

Muchos de los manifestantes expresaron su desacuerdo con Bolsonaro, quien durante años ha sido criticado por hacer comentarios sexistas y racistas, además de expresar nostalgia por la dictadura militar.

En otro orden, ocho cadáveres fueron encontrados en lo que parece ser una fosa clandestina en los suburbios de Río de Janeiro, informaron ayer las autoridades. Bolsonaro se ha comprometido a combatir la epidemia de la violencia.

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 La policía rocía con gas pimienta a los manifestantes del aeropuerto de Hong Kong. En vídeo, el aeropuerto de Hong Kong, este lunes durante la protesta. REUTERS / EPV

Las protestas elevan el desafío al Gobierno chino ante el enfado de los pasajeros

Agentes de la policía han cargado ya bien entrada la noche del martes contra los manifestantes que bloqueaban por segundo día consecutivo el aeropuerto de Hong Kong. La tensión se ha disparado cuando un grupo de médicos trataba de sacar fuera del edificio a una persona herida y los agentes han comenzado a lanzar gas pimienta. En el exterior, varios vehículos policiales fueron bloqueados por los asistentes a la protesta, a lo que agentes antidisturbios respondieron con empujones. Los aviones apenas llevaban unas pocas horas aterrizando y despegando por la mañana cuando los manifestantes volvieron a entrar en el aeropuerto, uno de las más transitados del mundo. Una multitud tomó el interior del edificio e impidió el acceso a los pasajeros. A media tarde, las autoridades cerraron el tráfico aéreo de salida. 

Con este gesto, los manifestantes reafirman su decisión de plantar cara pese a la brutalidad con la que las fuerzas de seguridad se han empleado en los últimos días y a las amenazas de Pekín, que el lunes calificó las protestas de “terrorismo”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el Ejército chino se está desplegando "en la frontera con Hong Kong", según le ha informado el servicio de inteligencia estadounidense, y ha hecho un llamamiento a la "calma". A lo largo del martes se han publicado imágenes que indican que las tropas están concentrándose en Shenzhen, la ciudad al otro lado de la frontera, a apenas 40 kilómetros por carretera del centro de Hong Kong.

Tras acceder al aeropuerto, el octavo del mundo por número de pasajeros y el primero por mercancías, los manifestantes han levantado una empalizada de carros frente a la zona de embarque, impidiendo así el acceso a los pasajeros, lo que ha ocasionado varios enfrentamientos. Muchos de los viajeros se han quejado y algunos han llegado incluso a forcejear para intentar abrirse paso. Pavol Caravaca, turista eslovaco, intentó razonar con ellos planteándoles una pertinente pregunta: “¿Acaso está bien quitarle la libertad a una persona mientras vosotros lucháis por la vuestra?”, según recogió el South China Morning Post.

“Están volviendo a la opinión pública contra ellos”, aseguraba el visitante tras ver frustrada su tentativa. Esta nueva campaña amenaza con dañar la simpatía popular de la que gozan las protestas, como ya sucedió durante la revolución de los paraguas en 2014, en la que los jóvenes acamparon durante meses en el centro de la ciudad hasta provocar el hastío de los ciudadanos.

Uno de los momentos de mayor tensión se ha vivido cuando un grupo de exaltados ha rodeado un joven de nacionalidad china, al que han acusado de ser un policía encubierto. En el interior de su mochila han encontrado dos palos de bambú, y tras rastrear su nombre en Internet han hallado indicios de que podría pertenecer al cuerpo de seguridad pública de Shenzhen. Los manifestantes han atado las manos del joven y le han retenido durante varias horas, en las que ha perdido el conocimiento en dos ocasiones, mientras decidían qué hacer con él. Más tarde han obstaculizado el acceso de los paramédicos, que al final han logrado brindarle atención pero no evacuarle.

Con este martes se cumplen cinco días consecutivos de protestas en el aeropuerto y dos de bloqueo, después de la multitudinaria sentada en la que miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a la violencia policial en la represión de las protestas del domingo. 45 personas resultaron heridas ese día, una de ellas una chica que recibió un impacto de una pelota de goma en el rostro, a consecuencia del cual ha perdido la visión de un ojo.

A este respecto se ha expresado este martes Naciones Unidas. La organización internacional ha emitido un comunicado en el que urge al Gobierno de Hong Kong a actuar con contención y a investigar la actuación de sus fuerzas de seguridad, que este domingo se enfrentaron a las protestas “de un modo contrario a la legislación internacional”. Según ha denunciado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado, “las fuerzas de seguridad han disparado en múltiples ocasiones botes de gas contra los manifestantes en zonas cerradas y directamente hacia individuos concretos, lo que ha creado considerables riesgos de muerte y de heridas serias”.

Estas palabras suponen una crítica sin precedentes para el que durante muchos años fue considerado el mejor cuerpo policial de Asia, una reputación que se ha desplomado a causa de su gestión de las protestas. Imágenes compartidas en redes sociales en los últimos días muestran a los antidisturbios disparando pelotas de goma a menos de dos metros de distancia de los manifestantes y apuntando a la cabeza; así como sometiendo a los detenidos pese a no mostrar resistencia.

Por Jaime Santirso

Pekín 14 AGO 2019 - 02:04 COT

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