Daniel Ellsberg

Continúa el juicio de extradición contra el creador de Wikileaks

Durante la presidencia de Richard Nixon, Ellsberg filtró 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y al Washington Post. "Las publicaciones de WikiLeaks tienen una importancia comparable”, sostuvo el exmilitar.

 

Daniel Ellsberg, exanalista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que filtró en 1971 los “Papeles del Pentágono”, declaró en el juicio de extradición contra Julian Assange. Durante la presidencia de Richard Nixon, Ellsberg envió 7.000 páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y luego al Washington Post. Los documentos mostraron que el gobierno norteamericano había decidido continuar la guerra aun sabiendo que no la ganarían y que causaría miles de muertes en sus filas. Ahora, el fiscal James Lewis que representa a la Justicia estadounidense intentó mostrar que a diferencia de las filtraciones hechas por Ellsberg, Wikileaks puso en riesgo la vida de informantes secretos. Sin embargo el exmiembro de las FFAA rechazó ese contrapunto. “Estoy totalmente en desacuerdo con la teoría del 'buen Ellsberg / mal Assange'”, sostuvo el analista informático.

"No es un juicio justo"

El miércoles fue el día siete de esta segunda parte del juicio que había empezado en febrero pero fue suspendido tras la llegada de la pandemia. El jueves pasado la jueza Vanessa Baraitser había decido detener otra vez el proceso ya que algunos de los asistentes tuvieron síntomas de la covid-19. La justicia inglesa deberá decidir si acepta la extradición del creador de Wikileaks a Estados Unidos. El gobierno norteamericano lo acusa de espionaje y piratería informática tras haber publicado en 2010 más de 700.000 documentos clasificados. De avalarse su extradición, podría ser condenado a 175 años de cárcel. Assange se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra desde abril de 2019. Antes había pasado siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres.

Las revelaciones que hizo Wikileaks habían mostrado los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Iraq y Afganistán. A su vez el sitio también había publicado miles de cables diplomáticos del gobierno norteamericano, que dejaron al descubierto la influencia directa de la Casa Blanca sobre buena parte del mundo. Por ese motivo la Justicia estadounidense pidió la extradición del periodista australiano con la finalidad de juzgarlo puertas adentro.

Durante la audiencia del miércoles la defensa de Assange presentó a Ellsberg como uno de sus testigos. El analista de inteligencia de 89 años reconoció la importancia de las revelaciones hechas por Wikileaks. “A lo largo del tiempo reconocieron que mis acciones en relación con los ´Papeles del Pentágono´y las consecuencias de su publicación generaron un cambio de interpretación radical. Considero que las publicaciones de WikiLeaks de 2010 y 2011 tienen una importancia comparable”, sostuvo el exmilitar. A su vez también destacó la valentía de su colega Chelsea Manning quién filtró los archivos clasificados. “Me impresionó mucho que la fuente de estos documentos, Chelsea Manning, estuviera dispuesta a arriesgar su libertad e incluso su vida para hacer pública esta información. Fue la primera vez en 40 años que vi a otra persona haciendo eso, y sentí afinidad con ella ", dijo el analista.

Tras la publicación de los “Papeles del Pentágono” Ellsberg y su colaborador Anthony Russo fueron acusados por el gobierno norteamericano de robo, conspiración y violación a la Ley de Espionaje. El exmilitar criticó esta norma ya que imposibilita un proceso legal justo. “La Ley de espionaje no permite filtraciones. Así que no yo tuve un juicio justo, nadie desde que mi caso tuvo un juicio justo por estos cargos, y Julian Assange no puede ni remotamente obtener un juicio justo por esos cargos si fuera juzgado”, sostuvo el analista informático. Tras un largo proceso judicial Ellsberg y su colaborador fueron sobreseídos. El juicio había sido anulado al constatarse que la administración Nixon y la Fiscalía habían cometido toda clase de atropellos como prevaricación, supresión de pruebas, ocultación de testigos, obstrucción a la justicia, e incluso robo de información.

El efecto de las filtraciones

A la hora de interpelar a Ellsberg el fiscal Lewis intentó establecer una comparación entre su caso y el de Assange. Según el fiscal en 1971 el exmilitar no había publicado cuatro volúmenes de documentos para resguardar al gobierno norteamericano. Pero sí había entregado todos los archivos al Senado. Sin embargo, el analista aclaró que al momento de dar con los documentos secretos Estados Unidos y Vietnam estaban en negociaciones de paz. Ellsberg no quería que la publicación de los mismos se usara como pretexto para romper el diálogo, por lo que demoró su entrega a los medios. Respecto al argumento del fiscal de que Assange puso en riesgo la vida de informantes, el exmilitar dijo que él también había dado información sobre un agente clandestino de la CIA. Justificó esa decisión argumentando que no quería que el público pensara que los archivos habían sido editados o interferidos. Para demostrar que el gobierno estaba cometiendo atrocidades en Vietnam Ellsberg necesitó que esos documentos se mantuvieran impolutos y que nadie pudiera decir que con su intervención estaba encubriendo algo, sostuvo el exmilitar

Lewis también intentó que Ellsberg admitiera que los archivos de WikiLeaks eran más dañinos. Sin embargo el analista dijo que ya durante el juicio a Manning el Departamento de Defensa no había podido mostrar una sola muerte como resultado de esas filtraciones. El fiscal mencionó que algunos informantes habían tenido que huir de sus países. El exmilitar pidió comparar esos casos y el del periodista australiano. “Las personas que tienen que abandonar el país deben ubicarse en el contexto de Assange tratando de poner fin a una guerra que causó 37 millones de refugiados y más de un millón de muertes”, sostuvo Ellsberg.

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Aumentan los límites al reconocimiento facial en EEUU mientras Europa permanece en la autorregulación

La ciudad de Portland se une a la lista de las que prohiben esta tecnología y vetará su uso tanto en espacios públicos como privados, mientras en España el reconocimiento facial se extiende por estaciones, aeropuertos o establecimientos privados como Mercadona

 

Primero fueron las moratorias a su uso por parte de las fuerzas de seguridad. Después, los vetos en espacios e instituciones públicas. Ahora, la prohibición de su uso también por parte de empresas privadas. Poco a poco, el reconocimiento facial va perdiendo batallas en EEUU, donde la discriminación racial y sexista derivada de su uso está en la primera línea del debate político.

Portland, la principal ciudad del estado de Oregón (EEUU), no ha sido la primera en limitar el uso de reconocimiento facial, pero sí la que ha ido más lejos hasta ahora. En una nueva regulación aprobada esta semana por unanimidad, el gobierno de la ciudad ha ilegalizado que las empresas lo empleen para identificar clientes o empleados por ser "una tecnología con sesgos raciales y de género demostrados y que pone en peligro la privacidad personal", ha declarado el alcalde, Ted Wheeler.

Toda California –el estado más poblado del país, que engloba algunas de las ciudades más importantes de la costa oeste como Los Ángeles o San Francisco– ha prohibido el uso del reconocimiento facial por parte de la policía en todo su territorio hasta 2023. Seguía el ejemplo de la propia San Francisco, una de las primeras ciudades en tomar esta decisión en 2019. Antes de Portland, la última en sumarse al veto había sido Boston, capital de Massachussets, estado donde otras cinco ciudades menores ya habían limitado el reconocimiento facial.

Portland es la primera ciudad que eleva la prohibición a los negocios privados, un movimiento importante porque impide que la policía use las cámaras que disponen de esta tecnología instaladas en las fachadas de los comercios. La policía de San Francisco utilizó este truco para sortear su incapacidad de usar reconocimiento facial el pasado julio, con el objetivo de monitorizar las protestas del movimiento Black Lives Matter, tal y como documentó la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Han sido precisamente estas protestas raciales de EEUU las que han puesto en jaque una tecnología que ya venía siendo muy cuestionada por su mayor propensión al fallo en mujeres o en personas racializadas, como han demostrado varios estudios y experimentos (incluso los realizados por agencias oficiales del Gobierno). Acosados por las críticas, los principales proveedores de soluciones de reconocimiento facial, como Amazon, Microsoft o IBM, elevaron moratorias temporales al uso de sus propios productos por parte de las policías y agencias de seguridad del país, pidiendo una regulación federal que detalle cómo y dónde puede emplearse el reconocimiento facial.

Sin embargo, su actuación en este caso ha sido diferente. Amazon, por ejemplo, gastó 24.000 dólares en lobby para presionar al gobierno de Portland para que adoptara medidas menos restrictivas. En Washington, solo esta multinacional lleva invertidos más de 14 millones de dólares para intentar conseguir que el negocio del reconocimiento facial no caiga por completo debido a una ley nacional del estilo de la aprobada por Portland.

El debate está en auge porque más allá de sus sesgos discriminatorios, el reconocimiento puede ser muy propenso al error en determinados ámbitos. "Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", explicó a elDiario.es Gemma Galdón, consultora tecnológica.

Europa (y España) sigue sin normas específicas

Mientras EEUU avanza en las restricciones al reconocimiento facial, Europa sigue sin normas específicas en este campo. Las empresas que quieran implantar esta tecnología tienen que respetar el resto de leyes, especialmente la de protección de datos. Sin embargo, iniciativas como la de Mercadona, que está probando un sistema de reconocimiento facial para impedir la entrada en sus establecimientos de personas a las que la justicia haya impuesto órdenes de alejamiento contra sus tiendas o empleados, dejarían de ser posibles con una regulación asimilable a la adoptada por Portland esta semana.

La ciudad estadounidense tampoco permitirá el uso de reconocimiento facial en aeropuertos, por ejemplo, donde también está siendo probada en España. Aena tiene un proyecto piloto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para que los pasajeros que vuelen a Bruselas o Asturias se identifiquen mediante su cara en el proceso de embarque. Requiere instalar una app y está activo desde finales de 2019 para "embarcar más rápido".

De hecho, el reconocimiento facial lleva años avanzando de manera silenciosa en España, incluso en lugares públicos. Tan en silencio, que ni siquiera los dueños de los establecimientos interiores de la estación de autobuses Méndez Álvaro, en Madrid, sabían que esta dispone de un sistema de identificación de este tipo desde 2016. La organización alemana AlgorithmWatch realizó en agosto una investigación especial sobre las cámaras de reconocimiento presentes en esta infraestructura, revelando que tanto la Policía como la empresa privada adjudicataria de la seguridad tienen la capacidad de introducir una cara nueva en el sistema para que este detecte y siga a esa persona en cuanto entre en la estación, la más grande de España.

La Guardia Civil está investigando el potencial de esta tecnología de identificación para vigilar fiestas populares festivales y otros eventos multitudinarios, mientras que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pretendía poner en marcha un proyecto para probar el reconocimiento facial en el proceso de pago en autobuses públicos, pero ha tenido que detenerlo por el uso obligatorio de mascarillas.

Tanto en España como en la UE, el paradigma sigue siendo la autorregulación del sector bajo un modelo de "desarrollo ético". Por el momento, los intentos de ir más allá han fracasado: el pasado mes de febrero, voces diversas criticaron la decisión de Bruselas de dejar morir su proyecto de imponer una prohibición de cinco años al uso de reconocimiento artificial, dando manga ancha a su implantación en el continente. "Hay tecnología que no está suficientemente madura para poderla regular y es prudente definir períodos de moratoria, no eliminar la innovación alrededor de la IA", manifestó por su parte Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en una entrevista con elDiario.es. "El reconocimiento facial es una tecnología que está en fase de desarrollo inminente. Está claro que a nivel público hay que evitar su uso hasta que se pueda definir un marco normativo mucho más garantista", opinó.

Por Carlos del Castillo

13 de septiembre de 2020 21:34h

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n fotoperiodista cubre las protestas y disturbios raciales en Portlan, Oregón, EEUU.-REUTERS/Carlos Barria

La UNESCO alerta en su último informe de una preocupante tendencia de la que responsabiliza a dirigentes políticos, policía y fuerzas de seguridad. Señalamientos, agresiones, detenciones, secuestros y uso de munición real y no letal son los aspectos más preocupantes para la organización.

 

Desde 2015 hasta junio de 2020, 125 periodistas han sido atacados o arrestados cuando realizaban su trabajo cubriendo protestas en 65 países del mundo, y al menos diez profesionales fueron asesinados, según el último informe de la UNESCO titulado "Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios".

En el estudio, basado en documentación "confiable" de organismos asociados, informes de prensa y de las oficinas de la institución, se alerta de una "clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren protestas". Concretamente, 15 de estas detenciones o ataques ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020.

A tenor de los resultados en su investigación sobre la salud de la libertad de expresión, prensa e información, la organización  ha concluido que los líderes políticos y sociales de los Estados "deben evitar hacer declaraciones que puedan contribuir a generar un ambiente de hostilidad e intolerancia contra la prensa que pueda traducirse en ataques físicos de civiles a los periodistas", tal y como ya han advertido las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Policía y fuerzas de seguridad, principales responsables

El estudio concluye que "la mayoría de los ataques fueron realizados por la policía y las fuerzas de seguridad" al utilizar munición tanto letal como no letal. Desde balas de goma hasta balas de pimienta, que han provocado lesiones a decenas de reporteros, entre los que varios han perdido la visión de un ojo—; o nuevos proyectiles como flash balls (bolas de caucho o espuma condensada que impactan a gran velocidad) o butterfly bullets (balas expansivas, diseñadas para producir una pequeña descarga o desplegar una metralla tras el impacto), que causaron daño a un alto número de periodistas.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,vigilados y secuestrados en todo el mundo"

Otros trabajadores de la información resultaron heridos, algunos de gravedad, por disparos de munición real efectuados por la policía, que también arrestó, golpeó y, en algunos casos, humilló a los periodistas, obligándolos, por ejemplo, a quitarse la camisa y tirarse al suelo mientras les pegaban y les realizaban preguntas humillantes, destaca el informe. Al menos 15 periodistas sufrieron graves lesiones por el uso de munición viva o balas letales durante el período analizado.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,
vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos mientras intentaban cubrir protestas. Otros fueron incomunicados, humillados, asfixiados y recibieron disparos, tanto de munición no letal como de munición viva", especifica la UNESCO.

Su directora general, Audrey Azoulay, recuerda que "la tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones", y pide a la comunidad internacional a todas las autoridades
competentes que "garanticen el respeto de estos derechos fundamentales".

Periodistas detenidos y factores de género

Las detenciones policiales se produjeron en países de Asia, África Subsahariana, América del Norte, Europa, América Latina, África septentrional y Oriente Medio. "Algunos de estos arrestos fueron temporales y, o bien no se presentaron cargos, o fueron desestimados por las autoridades", afirma el informe, mientras que en algunas ocasiones los periodistas sufrieron arrestos individuales o en grupo.

En EEUU, Europa y Oriente Medio, algunos reporteros han sido acusados ante la justicia penal por cubrir protestas presuntamente ilegales o contra el gobierno de turno por corrupción o la aprobación de medidas económicas leoninas o contra abusos policiales.

El documento destacada además la irrupción de factores de género, ya que en los últimos años se han registrado varios casos de mujeres periodistas víctimas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad o de los manifestantes. En los peores casos, afirma la UNESCO, las profesionales "fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género".

Destaca el caso de una periodista francesa cuyo coche fue rodeado por los manifestantes, que amenazaron con violarla, durante una protesta de los chalecos Amarillos. En otra ocasión documentada por la UNESCO, dos mujeres periodistas y un colega fueron arrestados por las fuerzas de seguridad, pese a exhibir sus credenciales, "con la excusa de que habían violado una orden de toque de queda" y, una vez detenidas, "las mujeres habrían sido obligadas a desnudarse y fueron humilladas por los oficiales", quienes hoy enfrentan una denuncia por violencia sexual. Otro caso destacable es el de una periodista que fue agredida por manifestantes, llegando a arrancarle la ropa.

Al mismo tiempo, la ola de protestas raciales en EEUU bajo el lema Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd por la policía, "han puesto de manifiesto la carga que pesa sobre de los periodistas negros y de color" y la "discriminación" que padecen en el ejercicio de su profesión. Un ejemplo que subraya la UNESCO es la detención de un reportero de la CNN de origen afrolatino mientras realizaba una conexión en directo, mientras que sus colegas blancos pudieron seguir informando.

El 'doxxing': señalar a periodistas y dar información personal

La UNESCO también pone en su diana la peligrosa práctica conocida como doxxing, que vincula con funcionarios de gobiernos locales. Consiste en obtener y hacer pública información privada e identificable de los periodistas, "llegando incluso a compartir sus direcciones y los nombres de sus hijos", al tiempo que critican su cobertura de las protestas.

"Algunas autoridades de gobierno censuraron o clausuraron medios de comunicación impresos, de radiodifusión o bloquearon sitios web en Internet, así como los SMS o los mensajes de texto que se envían a través de los teléfonos", lamenta el estudio, que también destaca acciones censurables por parte de los manifestantes.

"Clausuraron de forma temporal algunos medios de comunicación al ocupar las instalaciones para utilizar sus antenas para realizar radiotransmisiones y sacarlos del aire", precisa. En otras ocasiones, algunas autoridades ordenaron la "colocación de dispositivos de rastreo en las computadoras de los periodistas, otras sometieron a los periodistas a vigilancia física, electrónica o ambas", denuncia.

En la mayoría de estos casos, prosigue la UNESCO, "sin importar quién o qué grupo pueda ser responsable, la impunidad ha seguido siendo la norma en los últimos años en lo que respecta a los ataques a los periodistas que cubren protestas".

Los diez periodistas asesinados durante protestas

*Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO

 

Ferzat Jarban,camarógrafo independiente, fue arrestado después de filmar protestas contra el gobierno en al-Qasir en 2016. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo gravemente mutilado. Fue el primer periodista reportado como asesinado en un período de ocho meses de medidas severas contra las protestas a favor de la democracia en la República Árabe de Siria.

Elidio Ramos Zárate, periodista el diario El Sur, fue abatido de un disparo en 2016 en la ciudad de Juchitan de Zaragoza (estado de Oaxaca, México), mientras cubría protestas y enfrentamientos.

Yaser Murtaja fue herido de muerte por un disparo cuando cubría protestas palestinas en la frontera con Israel en 2018.

Ángel Eduardo Gahona, le dispararon durante la transmisión en directo para su programa de noticias de la televisión local, El Meridiano, en abril de 2018, en la ciudad de Bluefields, al este de Nicaragua.

Lyra McKee, escritora y periodista de investigación independiente, de 29 años, que trabajaba para los sitios web Mediagazer y BuzzFeed News, fue asesinada a tiros en 2019, mientras cubría enfrentamientos en Creggan, un suburbio de Londonderry (Derry), en Irlanda del Norte, Reino Unido.

Precious Owolabi fue asesinado a tiros en 2019 mientras cubría unas manifestaciones para Channels Television, en Nigeria, que terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Al periodista Ahmed Abdul Samad y al camarógrafo Safaa Ghali, les dispararon en 2020 mientras escapaban de las protestas en la ciudad de Basra, al sur de Iraq, que habían estado cubriendo para el canal iraquí de televisión por satélite Dijlah TV.

Alex Ogbu, reportero gráfico y de sitios web para el Regent Africa Times, le dispararon en 2020 cuando la policía dispersaba una manifestación del Movimiento Islámico de Nigeria en Abuya (Nigeria).

Ahmed Muhana Al-Lami, era un fotógrafo de noticias iraquí que trabajaba de manera independiente. El 6 de diciembre de 2019, mientras cubría una manifestación en una plaza pública de Bagdad recibió un disparo de bala y murió al poco rato en el hospital.

14/09/2020 10:30

Por JAIRO VARGAS

 

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Los periodistas han allanado el camino de Assange al Gulag de EE.UU.

La muerte del periodismo

 

Esta semana han comenzado las audiencias en un tribunal británico para dictaminar sobre la extradición de Julian Assange. Las vicisitudes de más de una década que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos deberían horrorizar a todo aquel preocupado por la creciente fragilidad de nuestras libertades.

Un periodista y editor ha sido privado de libertad durante diez años. Según los expertos de Naciones Unidas, Assange ha sido arbitrariamente detenido y torturado la mayor parte de ese tiempo mediante un estricto confinamiento físico y una presión psicológica continuada.  La CIA ha pinchado sus comunicaciones y le ha espiado cuando estaba bajo asilo político, en la embajada de Ecuador en Londres, vulnerando sus derechos legales más fundamentales. La jueza que ha supervisado las vistas tiene un grave conflicto de intereses (su familia está muy relacionada con los servicios de seguridad británicos) que no ha declarado y que debería haberla impedido hacerse cargo del caso.

Todo indica que Assange será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio amañado frente a un gran jurado dispuesto a enviarle a una prisión de máxima seguridad para cumplir una sentencia de hasta 175 años de prisión.

Todo esto no está pasando en una dictadura de pacotilla del Tercer Mundo. Está teniendo lugar bajo nuestras narices, en una gran capital occidental y en un Estado que dice proteger los derechos de la prensa libre. Está ocurriendo no en un abrir y cerrar de ojos, sino a cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.

La única justificación para este ataque implacable a la libertad de prensa –dejando de lado la sofisticada campaña de ataque que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación sumisos han llevado a cabo  contra la personalidad de Assange– es que un hombre de 49 años publicó documentos que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. Esa es la razón –la única razón– por la que Estados Unidos pretende su extradición y por la que Assange ha estado languideciendo en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante la pandemia del covid-19. La solicitud de libertad bajo fianza promovida por sus abogados fue rechazada.

Una cabeza en una pica

Mientras toda la prensa le abandonaba hace una década, y se hacía eco de los comentarios oficiales que lo ridiculizaban por su higiene personal y el tratamiento a su gato, Assange se encuentra actualmente en la situación que predijo en su día que estaría si los gobiernos occidentales se salían con la suya. Está a la espera de su entrega a Estados Unidos para ser encerrado el resto de sus días.

Dos son los objetivos que Estados Unidos y Reino Unido querían lograr mediante la evidente persecución, reclusión y tortura de Assange.

En primer lugar, la inhabilitación de el propio Assange y de Wikileks, la organización de transparencia que fundó con otros colaboradores. El uso de Wikileaks tenía que ser demasiado arriesgado para potenciales denunciantes de conciencia. Esa es la razón por la que Chelsea Manning (la soldado estadounidense que filtró los documentos sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán por los que Assange se enfrenta a la extradición) también fue sometida a una rigurosa reclusión. Posteriormente sufrió repetidos castigos en la prisión para forzarla a testificar contra Assange.

El propósito era desacreditar a Wikileaks y organizaciones similares y evitar que publicaran nuevos documentos reveladores, del tipo de los que muestran que los gobiernos occidentales no son los “chicos buenos” que manejan los asuntos del mundo en beneficio de la humanidad, sino matones globales muy militarizados que promueven las mismas políticas coloniales de guerra, destrucción y pillaje que siempre han aplicado.

Y, en segundo lugar, había que sentar ejemplo. Assange tenía que sufrir horriblemente y a la vista de todos para disuadir a otros periodistas de seguir sus pasos. Sería el equivalente moderno de colocar la cabeza del enemigo en una pica a las puertas de la ciudad.

El hecho evidente –confirmado por la cobertura mediática del caso– es que esa estrategia promovida principalmente por EE.UU. y Reino Unido (con Suecia jugando un papel secundario) ha tenido un enorme éxito. La mayor parte de los periodistas de los grandes medios siguen vilipendiando con entusiasmo a Assange, ahora al ignorar su terrible situación.

 Una historia oculta a vista de todos

Cuando Assange se apresuró a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en 2012, los periodistas de todos los medios convencionales ridiculizaron su afirmación (ahora claramente justificada) de que intentaba evadir la iniciativa de EE.UU. para extraditarle y encerrarle de por vida. Los medios continuaron con su burla incluso cuando se acumularon pruebas de que un gran jurado se había reunido en secreto para redactar acusaciones de espionaje contra él, y que dicho jurado actuaba desde el distrito oriental de Virginia, sede central de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense. Cualquier jurado de la zona está dominado por el personal de seguridad y sus familiares. No tenía ninguna esperanza de lograr un juicio justo.

Llevamos ocho años soportando que los grandes medios eludan el fondo del caso y  se dediquen complacientes a atacar su personalidad, lo que ha allanado el camino para la actual indiferencia del público ante la extradición de Assange y ha permitido la ignorancia general de sus horrendas implicaciones.

Los periodistas mercenarios han aceptado, al pie de la letra, una serie de razonamientos que justifican el encierro indefinido de Assange en interés de la justicia –antes incluso que su extradición– y que se pisotearan sus derechos legales más básicos. El otro lado de la historia –el de Assange, la historia oculta a vista de todos– ha permanecido invariablemente fuera de la cobertura mediática, ya sea de la CNN, o del New York Times, la BBC o el Guardian.

Desde Suecia hasta Clinton

Al principio se dijo que Assange había huido para no responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas en Suecia, a pesar de que fueron las autoridades suecas las que le permitieron salir del país; a pesar de que la fiscal original del caso, Eva Finne, descartara la investigación contra él por “no existir sospecha alguna de cualquier delito”, antes de que otra fiscal tomara el caso por razones políticas apenas ocultas; y a pesar de que Assange posteriormente invitara a la fiscalía sueca a interrogarle en el lugar donde se encontraba (en la embajada), una opción que normalmente no supone ningún problema en otros casos pero fue absolutamente rechazada en este.

 No se trata solo de que los grandes medios no proporcionaran a sus lectores el contexto de la versión de Suecia. Ni de que se ignoraran muchos otros factores a favor de Assange, como la prueba falsificada en el caso de una de las dos mujeres que alegaron agresión sexual y la negación por parte de la otra a firmar la acusación de violación que la policía había preparado para ella.

Se mentía burda y repetidamente al decir que se trataba de una “denuncia de violación”, cuando Assange simplemente era requerido para un interrogatorio. Nunca se levantaron cargos de violación contra él porque la segunda fiscal sueca, Marianne Ny –y sus homónimos británicos, entre otros Sir Keir Starmer, entonces fiscal jefe del caso y ahora líder del Partido Laborista– aparentemente intentaban evitar la poca credibilidad de las alegaciones interrogando a Assange. Era mucho mejor para sus propósitos dejar que Julian se pudriera en un pequeño cuarto de la embajada.

Cuando el caso sueco se vino abajo –cuando resultó evidente que la fiscal original tenía razón al concluir que no existía prueba alguna que justificara nuevos interrogatorios, por no decir acusaciones firmes– la clase política y los medios de comunicación cambiaron de táctica.

De repente la reclusión de Assange estaba implícitamente justificada por razones completamente diferentes, razones políticas –porque supuestamente había contribuido a la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump publicando correos electrónicos, presuntamente “hackeados” por Rusia de los servidores del partido Demócrata. El contenido de esos correos, ocultos por los medios en aquel entonces y muy olvidados en la actualidad, desvelaban la corrupción en la campaña de Clinton y las iniciativas llevadas a cabo para sabotear las primarias del partido y debilitar a su rival para la nominación presidencial, Bernie Sanders.

The Guardian fabrica una mentira

A la derecha autoritaria no le ha preocupado mucho el prolongado confinamiento de Assange en la embajada y su posterior encarcelamiento en Belmarsh por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de EE.UU., por tanto la prensa no ha invertido ningún esfuerzo en unirla para la causa. La campaña de demonización contra Assange se ha centrado en temas a los tradicionalmente son más sensibles los liberales y la izquierda, que de otro modo tendrían escrúpulos en tirar por la borda la Primera Enmienda y encerrar a la gente por hacer periodismo.

Al igual que las alegaciones de Suecia, a pesar de que no concluyeran en ninguna investigación, se aprovecharon de lo peor de las impulsivas políticas identitarias de la izquierda, la historia de los correos “hackeados” fue diseñada para distanciar a la base del partido Demócrata. Por extraordinario que parezca, la idea de que Rusia penetró en los ordenadores del partido Demócrata persiste a pesar de que pasados los años –y tras una ardua investigación del “Rusiagate” a cargo de Robert Mueller– todavía no se puede sostener con pruebas reales. De hecho, algunas de las personas más cercanas a la materia, como el antiguo embajador británico Craig Murray, han insistido todo el tiempo en que los correos no fueron hackeados por Rusia, sino filtrados por un miembro desengañado del partido Demócrata desde el interior.

Pero todavía es un argumento de mayor peso el hecho de que una organización de transparencia como Wikileaks no tenía más opción que exponer los abusos del partido Demócrata, una vez que obraron en su poder dichos documentos, fuera cual fuera la fuente.

Una vez más, la razón por la que Assange y Wikileaks acabaron mezclados con el fiasco del Rusiagate –que desgastó la energía de los simpatizantes demócratas en una campaña contra Trump que lejos de debilitarle le fortaleció– es la cobertura crédula que realizaron prácticamente todos los grandes medios del caso. Periódicos liberales como el Guardian fueron aún más lejos y fabricaron descaradamente una historia –en la que falsamente informaban de que el asistente de Trump, Paul Manafort, y unos “rusos” sin nombre visitaron en secreto a Assange en la embajada– sin que ello les trajera repercusiones ni llegaran a retractarse en ningún momento.

Se ignora la tortura de Assange

Todo ha posibilitado lo ocurrido posteriormente. Una vez que el caso de la fiscalía sueca se desvaneció y no existían motivos razonables para impedir que Assange saliera en libertad de la embajada, los medios de comunicación decidieron en comandita que el quebrantamiento técnico de la libertad vigilada era motivo suficiente para su reclusión continuada en la embajada o, mejor aún, para su detención y encarcelamiento. Dicho quebrantamiento se basada, desde luego, en la decisión de Assange de buscar asilo en la embajada motivada por el justificada creencia en que Estados Unidos planeaba pedir su extradición y encarcelamiento.

Ninguno de estos periodistas bien pagados pareció recordar que, según el derecho británico, está permitido no cumplir las condiciones de la fianza si existe una “causa razonable”, y huir de la persecución política entra evidentemente dentro de las causas razonables.

Los medios de comunicación también ignoraron deliberadamente las conclusiones del informe de Nils Melzer, académico suizo de derecho internacional y experto de Naciones Unidas en la tortura, según las cuales Reino Unido, EE.UU. y Suecia  no solo habían negado a Assange sus derechos legales básicos sino que se habían confabulado para someterle a años de tortura psicológica –una forma de tortura, según señalaba Melzer, perfeccionada por los nazis por ser más cruel y más efectiva que la tortura física.

Como resultado, Assange ha sufrido un importante deterioro en su salud  física y cognitiva y ha perdido mucho peso. Nada de ello ha merecido más allá de una simple mención por parte de los grandes medios –especialmente cuando su mala salud le ha impedido asistir a alguna audiencia. Las repetidas advertencias de Melzer sobre el maltrato a Assange y sus efectos han caído en oídos sordos. Los medios de comunicación simplemente han ignorado las conclusiones de Melzer, como si nunca hubieran sido publicadas, en el sentido de que Assange ha sido, y está siendo, torturado. Solo tenemos que detenernos a pensar la cobertura que habría recibido el informe de Melzer si hubiera sido motivado por el tratamiento a un disidente de un Estado oficialmente enemigo como Rusia o China.

La sumisión de los medios de comunicación ante el poder

El año pasado la policía británica –en coordinación con un Ecuador presidido por Lenin Moreno, ansioso por estrechar sus lazos con Washington– irrumpió en la embajada para sacar a la fuerza a Assange y encerrarle en la prisión de Belmarsh. Los periodistas volvieron a mirar hacia otro lado en la cobertura de este suceso.

Llevaban cinco años manifestando la necesidad de “creer a las mujeres” en el caso de Assange, aunque eso supusiera ignorar las evidencias, y luego proclamando la santidad de las condiciones de la fianza, aunque se usaran como un simple pretexto para la persecución política. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. De repente, los nueve años de reclusión de Assange basados en la investigación de una agresión sexual inexistente y una infracción menor de la fianza fueron sustituidos por la acusación por un caso de espionaje. Y la prensa volvió a unirse contra él.

Hace unos pocos años la idea de que Assange pudiera ser extraditado a EE.UU. y encerrado de por vida, al considerar “espionaje” su práctica del periodismo, era objeto de mofa por su inverosimilitud. Era algo tan ofensivamente ilegal que ningún periodista “establecido” podía admitir que fuera la verdadera razón para su solicitud de asilo en la embajada. La idea fue ridiculizada como un producto de la imaginación paranoide de Assange y sus seguidores y una excusa fabricada para rehuir la investigación de la fiscalía sueca.

Pero cuando la policía británica invadió la embajada en abril del pasado año y le detuvo para facilitar su extradición a Estados Unidos, precisamente acusándole de espionaje, lo que confirmaba las sospechas de Assange, los periodistas informaron de ello como si desconocieran el trasfondo de la historia. Los medios olvidaron deliberadamente el contexto porque les habría obligado a aceptar que son unos ingenuos ante la propaganda estadounidense, unos apologistas del excepcionalismo de Estados Unidos y de su ilegalidad, y porque habría demostrado que Assange, una vez más, tenía razón. Habría demostrado que él es el verdadero periodista, y no ellos y su periodismo corporativo apaciguado, complaciente y sumiso.

La muerte del periodismo

En estos momentos todos los periodistas del mundo deberían rebelarse y protestar ante los abusos que ha sufrido y está sufriendo Assange, un fatídico destino que se prolongará si se aprueba su extradición. Deberían estar publicando en las primeras páginas y manifestando en los programas informativos de televisión su protesta por los abusos interminables y descarados del proceso contra Assange en los tribunales británicos, entre otros el flagrante conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que supervisa el caso.

Deberían armar un escándalo por la vigilancia ilegal de la CIA  a la que fue sometido Assange mientras se hallaba recluido en las instalaciones de la embajada ecuatoriana, e invalidar la falsa acusación contra él por haber violado las relaciones entre abogado y cliente. Deberían mostrarse indignados ante las maniobras de Washington, a las que los tribunales británicos aplicaron una fina capa del barniz del procedimiento reglamentario, diseñado para extraditarle bajo la acusación de espionaje por realizar un trabajo  que está en el mismo núcleo de lo que se supone es el periodismo: pedir cuentas al poder.

Los periodistas no tienen por qué preocuparse por Assange ni este tiene por qué caerles bien. Tienen que manifestar su protesta porque la aprobación de su extradición marcará la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista del mundo que desentierre verdades embarazosas sobre Estados Unidos, que descubra sus secretos más oscuros, tendrá que guardar silencio o se arriesgará a pudrirse en una cárcel el resto de su vida.

Esa perspectiva debería horrorizar a cualquier periodista. Pero no ha ocurrido así.

Carreras y estatus, no la verdad

Claro está que la inmensa mayoría de periodistas occidentales no llegan a desvelar un secreto importante de los centros de poder en toda su carrera profesional, ni siquiera aquellos que aparentemente se dedican a monitorizar esos centros de poder. Dichos periodistas reescriben los comunicados de prensa y los informes de los grupos de presión, sonsacan a fuentes internas del gobierno que los utilizan para llegar a las grandes audiencias y transmiten los chismes y maledicencias de los pasillos del poder.

Esa es la realidad del 99 por ciento de lo que llamamos periodismo político.

No obstante, el abandono de Assange por parte de los periodistas  –la completa falta de solidaridad ante la persecución flagrante de uno de ellos, similar a la de los disidentes que tiempo atrás eran enviados a un gulag– debería deprimirnos. No significa solo que los periodistas han abandonado la pretensión de hacer auténtico periodismo, sino también que han renunciado a la aspiración de que cualquier otro lo haga.

Significa que los periodistas de los grandes medios, los medios corporativos, están dispuestos a ser considerados por sus audiencias con mayor desdén de lo que ya lo son. Porque, a través de su complicidad y su silencio, se han puesto del lado de los gobiernos para que cualquiera que pida cuentas al poder, como Assange, termine entre rejas. Su propia libertad les encasilla como una élite cautiva; la prueba irrefutable de que sirven al poder es que no lo confrontan.

La única conclusión posible es que a los periodistas de los grandes medios les importa menos la verdad que su carrera profesional, su salario, su estatus y su acceso a los ricos y poderosos. Como Ed Herman y Noam Chomsky explicaron hace tiempo en su libro Los guardianes de la libertad, los periodistas alcanzan la clase media tras un largo proceso diseñado para deshacerse de aquellos que no están claramente en sintonía con los intereses ideológicos de sus editores.

Una ofrenda sacrificial

En resumen, Assange desafió a todos los periodistas al renunciar a su “acceso” (a dios) y a su modus operandi: revelar destellos ocasionales de verdades muy parciales obtenidas de sus fuentes “amigables” (e invariablemente anónimas) que utilizan los medios de comunicación para marcar puntos a sus rivales de los centros de poder.

En vez de eso, a través de denunciantes de conciencia, Assange desenterró la verdad cruda, sin adornos, plena, cuya exposición a la luz pública no ayudaba a ningún poderoso, solo a nosotros, al público, cuando tratábamos de entender lo que se estaba haciendo y se había hecho en nuestro nombre. Por primera vez pudimos ser testigos del comportamiento peligroso y a menudo criminal de nuestros dirigentes.

Assange no solo puso en evidencia a la clase política, también a los medios de comunicación, por su debilidad, su hipocresía, su dependencia de poder, su incapacidad para criticar el sistema corporativo en el que están inmersos.

Pocos de ellos pueden perdonarle ese delito. Y esa es la razón por la que estarán ahí, alentando su extradición, aunque solo sea mediante su silencio. Unos pocos escritores liberales esperarán hasta que sea demasiado tarde para Assange, hasta que haya sido empaquetado para su entrega, y expresarán en columnas dolientes, con poco entusiasmo y de forma evasiva, que por muy desagradable que se supone que sea Assange no se merecía el tratamiento que Estados Unidos le había reservado.

Pero eso será demasiado poco y demasiado tarde. Assange necesitaba hace tiempo la solidaridad de los periodistas y de las asociaciones de prensa, así como la denuncia a pleno pulmón de sus opresores. Él y Wikileaks estaban a la vanguardia de un combate para reformular el periodismo, para reconstruirlo como el verdadero control del poder desbocado de nuestros gobiernos. Los periodistas tenían la oportunidad de unirse a él en esa lucha. En vez de eso huyeron del campo de batalla, dejándole como una oferta sacrificial ante sus amos corporativos.

Más información sobre la persecución a Assange (vídeo en inglés): The War on Journalism: The Case of Julian Assange (38’)

Por Jonathan Cook | 09/09/2020 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/04/journalists-have-paved-assanges-path-to-a-us-gulag/

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Martes, 08 Septiembre 2020 05:43

Una serie para Netflix: Etica y economía

Reacción del jugador Erica Cantona, jugando en el Manchester United, ante el insulto xenófobo de un barrabrava

La patada a un hooligan de Eric Cantona y un "experimento" del Banco Mundial

Una investigación financiada por el Banco Mundial, en la cual participó un miembro del equipo de Economía durante el gobierno de Macri, Sebastián Galiani, consistió en testear la reacción de los pobladores de un barrio vulnerable de Nairobi (Kenia) ante el corte por falta de pago del servicio de agua. El objetivo era verificar diferentes estrategias para reducir el nivel de morosidad.

 

 Eric Cantona fue una de las máximas figuras de la Premier League en la década del noventa. Los hinchas del Manchester United lo apodaban “The King”. El jugador francés se destacaba por su talento, carácter irascible e incursión en el mundo de la actuación.

Es muy recordada su inhabilitación por nueve meses, decidida por la Asociación de Fútbol inglesa en 1995, por propinar una patada voladora a un hooligan del Crystal Palace. “Vete a tu país bastardo de mierda, vuélvete a Francia”, le había dicho ese “hincha” que -luego se supo- militaba en el grupo fascista inglés Nacional Front.

Muchos años más tarde, el francés fue invitado al famoso programa de televisión Football Focus. El periodista le preguntó cuál había sido el mejor momento de su carrera. “Fue cuando le di una patada de kung fu a un hooligan…creo que es un sueño para algunos dar una patada a ese tipo de gente…saltear y patear un fascista, no es algo que se saboree todos los días”, contestó Cantona. Cuando colgó los botines, el francés se reinventó como actor y productor de numerosas películas.

Este año fue protagonista estelar de una comentada serie de Netflix. En "Recursos Inhumanos", Cantona representa a un ex ejecutivo desempleado que es reclutado por una consultora para participar en una ficticia toma de rehenes. El objetivo principal es testear la fidelidad de cuatro ejecutivos de una megaempresa constructora de aviones

La crueldad de esa “prueba” corporativa no está muy alejada de la realidad. La “financiarización de la economía” impuso infames reglas de juego globales. El divorcio entre economía y ética es cada vez más acentuado.

En “Los crímenes contra la humanidad de Wall Street”, la socióloga Shoshana Zuboff traza un paralelismo entre el concepto de la banalidad del mal (acuñado por la filósofa alemana Hannah Arendt) y el funcionamiento del sistema económico

En ese marco, la profesora de la Harvard Business School explica cómo los agentes financieros se desligan de las gravísimas consecuencias sociales de sus acciones. “Lo que asombra a Zuboff es la 'normalidad' con la que no sólo el 'sistema' sino los agentes financieros desarticulan las condiciones de vida de millones de personas y economías enteras sin que ninguna alarma moral ni sistémica llame la atención sobre tales consecuencias”, detalla Claudio Casparrino en "Acumulación y Banalidad del Mal", publicado en El Cohete a la Luna.

Lo cierto es que los límites éticos están cada vez más bajos como lo muestra un reciente trabajo del Banco Mundial. Esa investigación consistió en testear la reacción de los pobladores de un barrio vulnerable de Nairobi (Kenia) ante el corte por falta de pago del servicio de agua. El objetivo perseguido era verificar diferentes estrategias para reducir el nivel de morosidad.

El “experimento” utilizó los ensayos aleatorios controlados (RCT, por sus siglas en inglés) propios de las ciencias naturales. Esa metodología se basa en elegir un grupo sobre el que se actúa (en este caso, se interrumpe el suministro de agua) y otro grupo de control (se avisa que cortarán el servicio, pero no se concreta la amenaza). 

La difusión del trabajo tuvo repercusión en Argentina porque uno de los autores es el ex vicemistro de Economia macrista Sebastián Galiani

El economista investigador del Conicet, Nicolás Dvoskin, plantea que “sacarle el agua a los pobres de Kenia es una violación a un derecho básico como el acceso al agua. Hacerlo por el bien de la ciencia es una perversidad atroz. Hacerlo desde el Banco Mundial y como programa de desarrollo es directamente una atrocidad”. 

Villanos que cortan el agua de pobres africanos da para una serie de Netflix.

* Director Regional AFIP Santa Fe.

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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Dos operarios ponen una cámara de videovigilancia en la calle Ferran de Barcelona (Kim Manresa)

La mascarilla no protege (de la videovigilancia)

 

Un conglomerado formado por seis empresas tecnológicas, tres universidades y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), asesorado y supervisado por el Ministerio del Interior, trabaja desde 2018 en un proyecto único en Europa de control policial con reconocimiento facial que roza la ciencia ficción: agentes dotados de gafas con hardware de realidad aumentada (AR) y de inteligencia artificial podrán distinguir entre una multitud tanto a delincuentes como objetos sospechosos.

El programa, denominado AI MARS (Artificial Intelligence system for Monitoring, Alert and Response for Security in events), permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones.

Las cámaras policiales barrerán el público y, en un cotejo prácticamente inmediato en los centros de control, podrán detectar sospechosos y alertar a los agentes sobre el terreno, que los verán marcados en sus propias gafas.

La latencia entre el barrido de caras en una muchedumbre y la alarma que recibirá en su pantalla interna el agente podrá ser cercana a cero. Décimas de segundo. Será posible gracias a las redes 5G, que están en pleno desarrollo. Esta conectividad es la que hace único el proyecto a nivel europeo.

Inmediatez

El uso de redes 5G permitirá latencia casi 0 en la detección de eventuales riesgos

Y no, la mascarilla contra el coronavirus –hoy obligatoria en el espacio público– no evitará que el sospechoso sea detectado por las fuerzas policiales.

Las empresas que desarrollan los algoritmos de reconocimiento facial han superado en los últimos meses ese handicap, y el reconocimiento del tercio superior de la cara ofrece ya fiabilidades del 99% en la identificación, según datos de dos empresas del sector. En los últimos años, las tecnologías de reconocimiento facial han superado problemas como la iluminación escasa, la inclinación del rostro, el uso de gafas, maquillaje, tatuajes o barbas.

AI Mars busca “una solución innovadora para la seguridad en estos entornos de gran afluencia de usuarios frente a ataques terroristas o de otro tipo de incidentes”, explica una fuente del consorcio, “buscando la detección de alarmas de forma predictiva y evitar el ataque o bien en caso de haberse producido la incidencia poder facilitar la investigación posterior”.

En este sistema, el centro de control “contará con técnicas de realidad virtual y aumentada para enviar la información a las patrullas y para que los mandos puedan gestionar las operaciones de forma remota”, explican dichas fuentes.

Sello catalán

Una ‘spin-off’ de la UPC creada en el 2010 desarrolla el algoritmo de detección facial

Porque el proyecto permitirá el procesado de información biométrica, con el reconocimiento facial, pero también la detección de vehículos y objetos (armas, por ejemplo), de comportamientos anómalos (tumultos, peleas...) y la vigilancia de dispositivos sospechosos de radiofrecuencia, como móviles o tabletas; esta última opción está en fase de desarrollo, por lo que el consorcio no puede dar más detalles.

Y va un poco más allá, porque la tecnología permitirá hacer un seguimiento según la vestimenta. Si se sospecha que un delincuente viste por ejemplo pantalón azul y camisa blanca, el sistema urbano de videovigilancia podrá localizar todas las personas con esa ropa que pasen ante las cámaras, de cara a su seguimiento y eventual detención.

Otra opción en desarrollo es la creación de un sistema de avisos masivo a la ciudadanía, en caso de emergencia de seguridad.

“Queremos dar una respuesta integrada a las necesidades de seguridad que acompañan a escenarios con gran concentración de personas. Actualmente en Europa no existe una solución que integre todas las necesidades en este ámbito”, explica el consorcio. La solución, explica el consorcio AI Mars, “tiene una finalidad de seguridad pero la plataforma es fácilmente adaptable a otro tipo de objetivos como puede ser la gestión del comportamiento de multitudes, conteo de personas, control de aforos, etcétera”, sin la identificación unívoca de personas.

Seguimiento

La red de cámaras permitirá seguir a un sospechoso en función de su vestimenta

“El objetivo de este proyecto –añaden– no es la monitorización de las personas sino permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y cuerpos de emergencia localizar a personas en situaciones concretas que así lo requieran”. “Como tal, el proyecto cumplirá el marco legal aplicable en cada país en el que se implante en su momento. El consorcio está en contacto permanente con las fuerzas de seguridad ente otras cosas, para asegurar este punto”.

El novedoso proyecto AI Mars de I+D+i tiene un presupuesto de 5.260.389 euros, apoyado y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y está liderado por Cellnex. Éste es uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Otros socios del proyecto son Herta Security, Sngular, Emergya, SHS y Televés, las universidades de Granada, la Politécnica de Madrid, Carlos III y el mencionado ITCL.

Fuentes del proyecto detallan que en este 2020 se prevé realizar pruebas de laboratorio, en 2021 sobre el terreno y lanzarlo en 2022, aunque en las fases preliminares ya se han hecho algunas catas.

En un campo de fútbol de la Liga Española, sin ir más lejos. “Nuestro primer objetivo son los grupos ultras. Lo hemos probado con cámaras de la UCO, se está estudiando y se han hecho pruebas, porque puede ser un buen apoyo para mayor seguridad en los estadios”, admite una fuente de la Liga de Fútbol Profesional. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dedicada a la investigación policial.

En pruebas

Cámaras tuteladas por la Guardia Civil han hecho pruebas en un estadio de La Liga

“El ministerio ha dado un apoyo por carta a este proyecto, y ha habido un ofrecimiento por parte de la Guardia Civil para poder asesorar y probar la fase piloto del proyecto, aunque dependería de la firma de un protocolo de colaboración más firme”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La mascarilla, en todo caso, no va ser un obstáculo.

Herta Security, una de las socias del consorcio, es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, nacida en el año 2010; además de AI MARS, ofrece su tecnología a muchos otros clientes. En enero, intuyendo que la crisis sanitaria se extendería, aceleraron sus investigaciones para tener un hardware que permitiera el reconocimiento facial incluso con mascarilla. Estaba en marcha porque su uso en Asia se ha ido extendiendo en los últimos años, por la polución. Cuando estalló la crisis, lanzaron un programa beta, esto es, en fase de laboratorio, y funcionaba. “El reto era la nariz, sin la nariz a la vista perdíamos eficacia”, explica Laura Blanc, responsable de marketing de Herta.

“Los algoritmos de reconocimiento facial han evolucionado muchísimo en cinco años, a partir de los puntos fiduciarios de las caras, esto es, los que no varían, como la forma y distancia entre comisura de los labios, los ojos... Antes los algoritmos eran precisos pero muy lentos. Con el tiempo hemos solventado problemas como la iluminación, la no frontalidad, la falta de enfoque, oclusiones como las de las mascarillas… Hoy, identifican con hasta el 60 o 70 % del rostro tapado”, explica Carles Hernàndez, CTO (por chief technology officer ) de Herta. “Desde luego este es un sector en crecimiento, han nacido muchas empresas que venden imágenes a tanto el kilo, algunas te ofrecen 10.000 imágenes al mes”.

“Salvo contadísimas excepciones, la tecnología funciona muy bien”, promete Javier Mira, CEO de Facephi, potente compañía alicantina especializada en la identificación facial de cliente bancario. “La tecnología contactless ya era tendencia, pero con el coronavirus, muchísimo más”.

Por Ignacio Orovio, Barcelona

06/09/2020 01:02 | Actualizado a 06/09/2020 11:43

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En América usan pandemia para “criminalizar” libertad de expresión: informe

Washington. La pandemia de covid-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para "criminalizar" la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos, según un informe del Diálogo Interamericano.

El reporte también señala que hay una "estigmatización" de la prensa por su cobertura de la emergencia sanitaria, señalando especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y contabiliza que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha realizado 32 ataques verbales contra la prensa.

"El informe plantea la fragilidad de las libertades de expresión y el acceso a la información, en general, en la región", explicó este martes a la Afp Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el reporte, publicado el lunes, hay gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.

Los autores también señalan que "algunos líderes políticos han engañado deliberadamente a sus ciudadanos acerca del virus y han estigmatizado a los periodistas o expertos en salud que los contradijeron".

Los expertos denunciaron que los jefes de Estado de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua han "estigmatizado" a la prensa por sus informes de la pandemia.

En tanto Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por la cobertura de su manejo de la crisis, declarando además que los periodistas dañan al país, recordaron los expertos.

Esto según los autores contribuyó a la "infodemia" de desinformación online y puso más presión sobre las plataformas de internet que deben mantener un balance entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.

Países con "regímenes autoritarios"

"Se agravó la situación en los países en los que ya había regímenes autoritarios, y que buscan la persecución de periodistas y de disidentes", explicó lanza a la AFP citando el caso de Venezuela y de Nicaragua.

En el caso de Venezuela el informe denunció que "el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan la respuesta" oficial.

Como ejemplo citó el caso del periodista Darvinson Rojas que fue detenido el 21 de marzo por la unidad de policía FAES (Fuerza de Acciones Especiales) debido a su trabajo sobre el coronavirus y quien, pese a que fue liberado, enfrenta cargos de "promoción del odio", según los investigadores.

Esta represión también afectó a Julio Molino, líder de un sindicato médico de Venezuela, luego de que criticara la carestía de equipamiento médico en hospitales, reportaron los expertos.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el supuesto ocultamiento de las cifras de covid-19 por parte del gobierno, caracterizando esos reportes como "terrorismo desinformativo".

Sobre Cuba, el informe señaló que "las autoridades han usado el Decreto Ley 370 'sobre la informatización de la sociedad cubana' para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar su equipo de trabajo" por su cobertura de la pandemia.

Una excusa para cerrar el cerco

Pero también en otros países con gobiernos democráticos el estado de emergencia por la covid-19 fue usado como una suerte de excusa o justificación para tratar de cerrar el cerco, impedir el acceso a fuentes de información.

En Brasil, Bolsonaro realizó 32 ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo, cuando el virus ya estaba en el país, y seguidores del presidente han cometido actos de hostigamiento contra periodistas fuera del Palácio da Alvorada en Brasilia.

El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala declaró en tanto el 21 de marzo que "desearía poner a la prensa en cuarentena", a raíz de la cobertura negativa de su manejo de la pandemia.

"No hay una justificación en relación con la pandemia para restringir la libertad de expresión", concluyó Lanza.

Afp | martes, 01 sep 2020

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Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

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La abogada Ebru Timtik antes de su encarcelamiento (EP)

Fue condenada a 13 años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”

 

En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores.

El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista” .

Su hermana mayor, Barkin, recibió una pena todavía más abultada, en tanto que “fundadora”, junto a otros quince miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del despacho Ley del Pueblo. Los magistrados, en línea con Ankara, los considera parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo (DHKP-C).

El bufete de las hermanas Timtik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización, considerada terrorista por la UE. Aunque también defendían otras causas políticamente sensibles.

Timtik, de 42 años, se apagó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella, habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yorum, la vocalista Helin Bölek y el bajista Ibrahim Gökçek. Este último, dos días después de desconvocar la huelga, en protesta por la prohibición de sus conciertos.

Todos ellos pertenecen a la misma matriz de izquierda revolucionaria, marginal pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que nutre sus filas desde los años Setenta, en abierta oposición, tanto a los islamodemócratas de Recep Tayyip Erdogan como antes a los herederos del golpismo.

La abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el cemevi o centro de culto de los alevíes, en el barrio estambulí de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada, entre encontronazos con la policía.

Los alevíes –uno de cada cinco turcos– no pisan las mezquitas, ni rezan cinco veces al día, ni ayunan en Ramadán, ni dan precedencia al Corán. Como en el caso de los chiíes y los alauíes de Siria, el yerno del profeta, Alí, está en el centro de su devoción. En ella, hombres y mujeres se mezclan y hasta bailan en el principal día de culto, que es el jueves.

Tres de cada cuatro alevíes votan por el CHP, en la oposición, mientras que es suní en un 99% el electorado de la actual coalición gobernante, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los ultranacionalistas del MHP, muy dados a levantar mezquitas.

Cabe decir que el DHKP-C era un dinosaurio político que resucitó extrañamente al calor de la guerra de Siria. En enero del 2013 la Fiscalía ya lanzó una primera redada contra decenas de supuestos miembros, entre ellos varios abogados de la asociación ahora en la picota. El cabecilla del partido estaba entonces en Beirut, rumbo a Damasco, donde también reside bajo la protección de El Asad el fundador de su predecesor THKP-C, un turco-árabe alauí que propugna la reintegración a Siria de Antioquía.

El bufet de Timtik defendía a una víctima adolescente de la represión de Gezi Park, en 2013. Para exigir justicia para este quinceañero aleví, un comando del DHKP-C secuestró y mató de un tiro en la sien, en pleno Palacio de Justicia, al fiscal del caso. Luego, el mismo bufet representó a los acusados por el atentado. Uno de ellos, Mustafa Koçak, condenado por “colaboración” tras la confesión de un arrepentido, ha muerto en el 2020 en huelga de hambre.

Aquel mismo 2013, el DHKP-C perpetró un atentado suicida contra la legación de EE.UU. en Ankara y dos años después lo hizo contra la de Estambul.

Un colega de Timtik, Aytaç Ünsal, sigue en huelga de hambre. Mientras, el gremio de abogados de Estambul siente “vergüenza” y, décadas después de El expreso de medianoche , la UE denunciaba ayer “las graves deficiencias del poder judicial en Turquía”.

Por Jordi Joan Baños | Estambul, Corresponsal en Turquía

30/08/2020 02:20| Actualizado a 30/08/2020 09:49

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