Empleados en una oficina bancaria. E.P.

Un estudio sobre el "estado del poder" analiza la naturaleza cambiante de las corporaciones y pregunta cómo se podría enfrentar mejor su poder y construir alternativas.

Con el fin de minimizar su responsabilidad, 50 de las empresas con más ganancias en el mundo emplean únicamente a un 6% de los trabajadores de forma directa. A estas conclusiones ha llegado el informe State Of Power 2020, elaborado por The Transnational Institute (TNI). El estudio analiza cómo las corporaciones dominan la economía, distorsionan la política y remodelan la sociedad.

En esta línea, la investigación hace hincapié en cómo las empresas se han ayudado entre sí para construir una estructura legal internacional que actúe en su beneficio. Así, los estados han firmado 2.658 acuerdos de inversión internacional para proteger a las grandes empresas y estas han utilizado los derechos adquiridos mediante estos acuerdos para demandar a los estados hasta 942 veces.

En los diferentes ensayos se analizan también los cambios que se han dado en las grandes corporaciones. Por ejemplo, uno de los textos analiza cómo se han incorporado a los planes de empresa los compromisos de responsabilidad corporativa, en la línea de la sostenibilidad y de lo social. Ante este supuesto, el profesor Joe Bakan sostiene que la "nueva corporación" es "probablemente aún más peligrosa" que su predecesora.

El informe también analiza cómo las grandes empresas convierten los datos en capital. Dada esta situación, las autoras Anita Gurumurthy y Nandini Chami inciden en la necesidad de que los movimientos sociales comprendan el poder de "los datos en red" para cambiar de marcha en sus luchas. Además, siete de las empresas más valiosas del mundo son corporaciones tecnológicas y algunas de ellas son más grandes que algunos estados en lo que a términos económicos se refiere. 

Sobre la localización de estas, tradicionalmente ubicadas en Estados Unidos y Europa y la situación en cambio actual con el crecimiento del mercado chino, también habla el estudio. En concreto, el informe trata de explicar en qué se diferencia una transnacional china de una occidental y cuáles son las implicaciones para los movimientos a los que afectan sus movimientos.

Por último, el informe se detiene a analizar en qué manos se encuentran estas empresas y concluye en que las firmas privadas son propiedad de una pequeña élite de bancos e inversores: 147 compañías controlan el 40% del negocio global.

madrid

27/01/2020 17:57

público

Publicado enEconomía
Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

Publicado enInternacional
Los psicólogos James E. Mitchell (I) y John 'Bruce' Jessen (D) durante su declaración a puerta cerrada en la demanda interpuesta por tres detenidos acusados de terrorismo. ACLU

- James E. Mitchell y John 'Bruce' Jessen declaran como testigos en el juicio contra los cinco principales acusados de llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre

- Los psicólogos fueron fichados por la CIA por su experiencia en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EEUU, encargada de entrenar a soldados para resistir torturas en caso de caer presos

- Primero recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa de torturas y después formaron una empresa que recibió 81 millones de dólares de la CIA

 

La teoría de la "indefensión aprendida" sostiene que se puede romper la voluntad de una persona sometiéndola a acontecimientos incontrolables y adversos. En esta teoría se basaron los psicólogos James E. Mitchell y John 'Bruce' Jessen para diseñar el programa de torturas de EEUU. La CIA los fichó por su experiencia en el ejército de EEUU entrenando a militares a soportar todo tipo de abusos en caso de caer en manos enemigas.

18 años después de su trabajo para la CIA, Mitchell y Jessen han declarado este martes como testigos por primera vez en un juicio abierto. Se trata de las audiencias previas en el juicio de los atentados del 11-S contra los cinco principales detenidos en este caso.

Los dos psicólogos que diseñaron el programa de torturas de EEUU en el marco de la guerra contra el terrorismo han sido convocados por los abogados de la defensa, que quieren que se invaliden las declaraciones de sus clientes por considerar que se obtuvieron de forma ilegal.

"Es muy importante porque estos dos psicólogos nunca han testificado en un tribunal abierto antes y lo van a hacer en condiciones adversas e interrogados por los abogados de la defensa", señala Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en terrorismo.

Hall está siguiendo las sesiones desde 'la galería' del tribunal de Guantánamo, donde un triple cristal le separa de la sala principal y donde el sonido llega a través de un altavoz con 45 segundos de retraso para que en caso de que alguien revele información clasificada, las autoridades puedan activar una alarma y no escuchen secretos que no deben.

Psicólogos militares

Antes de trabajar para la CIA, Jessen y Mitchell trabajaban como psicólogos e instructores en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EEUU (SERE, por sus siglas en inglés). SERE se creó al final de la guerra de Corea con el fin de entrenar a sus soldados para soportar técnicas de abuso si caían prisioneros. Tras la guerra de Vietnam, el programa de entrenamiento extremo se expandió al resto del ejército.

En diciembre de 2001 escribieron un análisis sobre el conocido como 'Manual de Manchester' de Al Qaeda y lo enviaron a la cúpula de SERE. El manual enseña a los terroristas a mentir en los interrogatorios. El texto de los psicólogos circuló por las más altas esferas hasta que finalmente recibieron el encargo de la CIA de desarrollar un programa de 'técnicas de interrogatorio reforzado' para sacar información a los detenidos acusados de terrorismo.

Los psicólogos entonces invirtieron su dinámica de trabajo habitual: de entrenar a soldados para soportar torturas, a diseñar torturas que puedan hacer cantar a los soldados enemigos. "Mitchell se sentó al teclado y juntos escribimos nuestra lista", afirmó Jessen en un testimonio a puerta cerrada por una demanda civil interpuesta por tres personas que fueron torturadas.

Su trabajo se basó en la teoría de la "indefensión aprendida", la cual sostiene que se puede romper la voluntad de los detenidos hasta convertirlos en pasivos y depresivos con acontecimientos incontrolables y adversos. En esa infame lista se incluía el ahogamiento simulado, encerrar al detenido en pequeños cubículos, privación de sueño, golpear al detenido contra la pared, etc.

Aún así, tal y como señala el informe del Senado de 2014 sobre el programa de torturas, "ningún psicólogo tenía experiencia como interrogador ni conocimientos especializados en Al Qaeda, en antiterrorismo ni ninguna experiencia cultural o lingüística relevante". Aun así, los psicólogos adquirieron un enorme poder en el programa de interrogatorios que va mucho más allá de su simple planificación.

Mitchell y Jessen llegaron incluso a llevar a cabo personalmente algunos de esos interrogatorios sobre detenidos del más alto nivel. También analizaron si el estado psicológico de los detenidos permitía continuar aplicando su programa y evaluaron su efectividad.

Jessen y Mitchell recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa, cuatro veces más que los interrogadores que no podían usar las 'técnicas de interrogatorio reforzado', según señala el informe del Senado. En 2005, Jessen y Mitchell crearon la empresa 'Jessen, Mitchell y Asociados', constituida específicamente para continuar con el programa que ellos mismos habían diseñado y que la CIA había decidido subcontratar. El valor del contrato entre la empresa de los psicólogos y la CIA superaba los 180 millones de dólares. Cuando se anuló el contrato en 2009, los contratistas habían recibido 81 millones. El contrato incluía una cobertura de hasta cinco millones de dólares para hacer frente a costes legales que pudieran surgir de posibles demandas contra los psicólogos por su trabajo.

Desde entonces, Jessen ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones a medios de comunicación. Mitchell, sin embargo, se ha convertido en un asiduo comentarista de Fox News, ha dado entrevistas defendiendo su trabajo e incluso ha publicado un libro con sus memorias sobre todo el asunto (Interrogatorio reforzado: dentro de las mentes y las motivaciones de los terroristas islamistas que están intentando destruir América).

"Es mucho más complicado que la narrativa que circula por ahí de que me presenté en la CIA, llamé a la puerta y dije: dejadme entrar, quiero torturar a gente y puedo enseñaros cómo", afirmó Mitchell en una entrevista con The Guardian para intentar desmentir las conclusiones de la investigación del Senado.

En la entrevista cuenta que aunque el informe destaca su falta de experiencia, ha pasado parte de su carrera estudiando la mentalidad de los terroristas cuando trabajaba como especialista en desactivación de bombas, después como negociador en secuestros y también en la escuela de supervivencia del ejército del aire. Mitchell señala que fue destinado al Mando de Operaciones Especiales del Ejército del Aire en Fort Bragg para "desarrollar un protocolo para evaluar perfiles de criminales de guerra y de gente que probablemente hiciera cosas con multitud de bajas".

Mitchell insiste en que el programa de 'interrogatorio reforzado' funcionó, aunque el Senado en sus conclusiones no opinaba lo mismo. "Estoy seguro que hay gente que piensa que si EEUU reconoce que la coerción funcionó, hay una probabilidad mayor de que la gente use la coerción contra nuestra gente. En el cuento de hadas en el que viven, todo lo que tienes que hacer es darle a alguien un té y una galleta y todo irá bien".

El caso Zubaydah

Abu Zubaydah fue el primer conejillo de indias sobre el que los psicólogos aplicaron su programa de torturas. El Gobierno afirmaba que era uno de los más importantes dirigentes de Al Qaeda, pero después reconoció que se había equivocado (era peligroso, pero no formaba parte de la cúpula de Al Qaeda). Zubaydah fue sometido 83 veces a ahogamientos simulados, sufrió privación de sueño, le pusieron música a todo volumen, le quitaron la ropa…

Aunque Zubaydah nunca dio la información para la cual se habían justificado las torturas, tal y como señala el informe del Senado, los dos psicólogos dijeron que había tenido éxito y que se debería utilizar como "modelo" sobre otros detenidos no porque las 'técnicas de interrogatorio reforzado' produjesen información útil, sino porque su uso confirmaba que Abu Zubaydah no tenía la información que la CIA pensaba que tenía.

"Nuestro objetivo era llegar a la fase en la que hubiésemos roto su voluntad o habilidad a resistirse o negarse a darnos información. Buscamos llevar al sujeto al punto en el que evaluamos con seguridad que no tiene información o inteligencia que pueda prevenir un ataque terrorista", afirmaron los psicólogos en un documento.

Prohibido citar libros

La declaración de los psicólogos en la audiencia de Guantánamo se rige por unas normas muy estrictas en las que ni siquiera la defensa tiene permitido citar libros en los que se hable del programa de torturas –aunque hayan pasado por el filtro de la CIA para su publicación–.

Uno de esos libros podría ser el del exagente del FBI Ali Soufan, que en el libro'The black banners' (Las banderas negras) relata un fuerte enfrentamiento con Mitchell (a quien se refiere con el pseudónimo Boris) en el interrogatorio a Zubaydah en una cárcel secreta de la CIA. Soufan dedica todo un capítulo a criticar su intromisión en los interrogatorios y sus tácticas. El exagente del FBI cuenta que Mitchell y sus hombres no consiguieron ninguna información adicional a la que había conseguido él previamente y Soufan acabó abandonando el interrogatorio y volviendo a EEUU tras su enfrentamiento con 'Boris'.

Lo siguiente es un diálogo entre Mitchell y Soufan tal y como lo describe el exagente en su libro:

— La gente como Abu Zubaydah está preparada para morir por su casa. Está preparada para volarse por los aires.

— Esto es ciencia.

— ¿Has interrogado antes a algún terrorista islamista?

— No.

— ¿Has hecho alguna vez un interrogatorio?

— No.

Mitchell le respondió en la entrevista con The Guardian: "Se te pide que creas que él estaba consiguiendo toda esta buena información y que la CIA dijo: 'Bueno, no importa. No nos interesa esa información. No nos interesa la verdad. Vamos a hacer esto otro'".

En un momento determinado, ambos psicólogos abogaron por dejar de practicar el ahogamiento simulado, pero la CIA no quiso. "Me decían constantemente que iba a explotar una bomba atómica en EEUU y como les dije que parasen, iba a ser mi culpa", afirmó Jessen. Mitchell confirmó lo sucedido y aseguró que les llamaron "maricones". "Va a haber otro ataque y tendréis las manos manchadas de sangre de civiles muertos", cuentan que les dijeron.

Los "equipos limpios"

Cuando Khalid Shaikh Mohammed (KSM) fue trasladado a Guantánamo en 2006 ya había hablado en interrogatorios de la CIA realizados durante sus tres años y medio de reclusión en una cárcel secreta y bajo torturas.

Esas declaraciones, por tanto, no se podían utilizar en el juicio. Entonces el Gobierno mando "equipos limpios" del FBI para interrogar de nuevo a KSM y el resto de acusados. El objetivo de la defensa al llamar a declarar a los dos psicólogos es desestimar también las declaraciones obtenidas por esos "equipos limpios". Los abogados de los acusados quieren demostrar que el FBI también estuvo implicado en las torturas y sostienen que las declaraciones obtenidas bajo tortura no se pueden separar de las que se obtuvieron sin ella.

En 2018, el juez prohibió el uso de los interrogatorios del FBI realizados en Guantánamo, los cuales la Fiscalía considera "la prueba más crítica en este caso". El nuevo juez del caso está estudiando ahora la reincorporación de esas pruebas. La actual sesión previa en la que participan Mitchell y Jessen se extenderá hasta el 1 de febrero, según afirma Amnistía Internacional.

 

Por Javier Biosca Azcoiti

21/01/2020 - 21:17h

Publicado enSociedad
El FBI , el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía local tienen licencias de la alpicación Clearview. EFE

'Clearview', es una aplicación de reconocimiento facial que hace posible recuperar, de forma inmediata, centenares de imágenes públicas de una persona junto a los enlaces de los sitios web en los que aparecieron. 

Más de 600 agencias y cuerpos del orden en Estados Unidos han comenzado a utilizar durante el pasado año una nueva aplicación de reconocimiento facial que permite identificar inmediatamente a casi cualquier persona, informó este sábado The New York Times.

La aplicación, Clearview, utiliza para ello una base de datos con más de 3.000 millones de imágenes recopiladas de Facebook, Instagram YouTube y multitud de webs. Gigantes de internet como Google han evitado hasta ahora ofrecer este tipo de tecnología por los enormes problemas de privacidad que plantea, según recuerda el Times. Mientras, sin despertar mucha atención y en medio de un gran secretismo, Clearview la ha desarrollado y ha comenzado a comercializarla, principalmente entre cuerpos de Policía, aunque también ha vendido licencias a algunas compañías para fines de seguridad. Entre otros, disponen de la aplicación el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y numerosas fuerzas de Policía locales, asegura el diario.

El sistema permite subir la foto de un individuo y ver de inmediato imágenes públicas de esa persona junto a enlaces a los sitios web en los que aparecieron. Así, además de la identidad, el usuario puede tener acceso a menudo a la ocupación, el lugar de residencia o los conocidos de esa persona. 

The New York Times analizó el código de la app y descubrió que incluye una opción para utilizarse junto a gafas de realidad aumentada, lo que potencialmente podría permitir a los usuarios identificar a cualquier persona que vean. 


Clearview fue fundada por el australiano Hoan Ton-That, responsable de varias aplicaciones poco exitosas para teléfonos móviles y por Richard Schwartz, un ayudante de Rudolph Giuliani durante su tiempo como alcalde de Nueva York. Además, cuenta con respaldo financiero por parte del magnate de Silicon Valley Peter Thiel, un inversor cercano a Donald Trump y que está involucrado en compañías como Facebook.

Las fuerzas del orden disponen en EE.UU. de acceso a sistemas de reconocimiento facial desde hace años, pero tradicionalmente limitados a buscar en fotografías en poder de las autoridades, como retratos de arrestados. Mientras tanto, algunas grandes ciudades han prohibido a sus agentes el uso de este tipo de tecnología por los problemas de privacidad que plantea.

nueva york

19/01/2020 13:06 Actualizado: 19/01/2020 13:20

Publicado enInternacional
Viernes, 17 Enero 2020 06:18

Las nuevas-viejas formas de dominación

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) fue creado en 1961 y fue desmantelado oficialmente en 1979; creada originalmente para vigilar a la población campesina; fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios contra la insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato

Los escuadrones de la muerte creados por las oligarquías en la década de 1960, claves para contener las insurrecciones populares, tenían funciones y modos casi idénticos a los actuales grupos paramilitares, al llamado narcotráfico y, en no pocas ocasiones, al accionar de las fuerzas estatales de represión.

Echemos un vistazo al pasado inmediato, digamos los años 60 y 70, en un país azotado por los escuadrones y los paramilitares, como El Salvador, cuyo caso puede aplicarse a toda América Latina.

El primer grupo paramilitar formal se llamó Organización Democrática Nacionalista (Orden) y fue creado por el director de la Guardia Nacional en 1964, en completo secreto, en el contexto del Programa de Seguridad de Estados Unidos en El Salvador, que un año antes había iniciado el entrenamiento de integrantes del cuerpo policial.

El objetivo de Orden era el control del campesinado en las áreas rurales, ya que en esos años la principal riqueza del país era la producción de café, caña y algodón para la exportación. Entre sus objetivos figuraba adoctrinar al campesino en favor de “la democracia representativa y el mundo libre”, en un país gobernado por militares que habían masacrado a 30 mil trabajadores rurales e indígenas en la revuelta de 1932, en la que participó Farabundo Martí.1

Los integrantes de Orden recibían entrenamiento militar y permiso para portar armas; a cambio debían delatar a sus vecinos en pueblos y cantones. También se beneficiaban con recomendaciones para obtener trabajo, servicios de salud, educación para sus hijos, diversos insumos agrícolas y, si era necesario, la destrucción de expedientes judiciales comprometedores.

Como la estructura económica no estaba en condiciones de proporcionar servicios a los campesinos, que habían perdido sus tierras por el avance de la mecanización en la agricultura de exportación, Orden suplía ese vacío a través de la prebenda personal, que “simulaba constituir a los habitantes en ciudadanos”, según la acertada frase de la investigadora Sara Gordon.

Como puede observarse, una misma organización paramilitar cumplía la doble función de control policial y de servicio social, lo cual le otorgaba un poder extraordinario.

Orden fue responsable, entre muchos otros y siempre en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, del asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977, como parte de la escalada represiva contra la Iglesia popular y las organizaciones campesinas y estudiantiles que desembocó, dos años más tarde, en el asesinato de monseñor Óscar Romero (por escuadrones mejor organizados y pertrechados) y el inicio de la guerra civil en la que murieron más de 70 mil personas.

Un integrante de Orden expresaba de este modo las “ventajas” que le daba pertenecer a la organización paramilitar: “podemos arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo ideas extrañas en la cabeza de la gente. Aquí en mi cantón, yo soy la ley”.

Vale reflexionar quiénes son, hoy en nuestra realidad cotidiana, los que tienen el poder suficiente para comportarse de ese modo. No hace falta indagar demasiado para concluir que se trata de esa peculiar amalgama entre aparatos represivos estatales, paramilitares y narcos. Ellos son la “ley”, los que tienen vía libre para detener, violar, desaparecer, torturar y asesinar a quienes quieran. Son los herederos de los escuadrones de la muerte.

Una “modernización” similar sucede con las formas clientelares que usaron las oligarquías para extender favores a sus incondicionales, para consolidar una base social que les permitiera seguir esquilmando a los campesinos. Esos modos, como la caridad de la Iglesia, fueron sistematizados por el Pentágono como “acción cívica”, aplicando en las guerras centroamericanas formas de contrainsurgencia aprendidas en Vietnam.

Modos que evolucionaron hasta lo que hoy denominamos políticas sociales, aplicadas tanto por gobiernos progresistas como conservadores, porque han mostrado cierta utilidad para contener la protesta y, sobre todo, para abrir fronteras a la acumulación capitalista.

Es cierto que han aparecido nuevas formas de control social a caballo de las nuevas tecnologías. Pero ellas no sustituyen el control parapolicial y paramilitar, sino que se superponen y complementan. Para la población que vive en la zona del no-ser, donde la vida no es respetada y la violencia es el modo de regular las relaciones sociales, las viejas formas de control contrainsurgente siguen vigentes.

Fernand Braudel, maestro del tiempo largo, nos enseñó a desconfiar de los cambios rápidos: “ni siquiera las revoluciones son rupturas totales”. La persistencia y la duración son más potentes que “los golpes de teatro”.

Por eso, no nos hagamos muchas ilusiones con los “cambios” desde arriba: la violencia, que fue la partera del capitalismo, lo seguirá sosteniendo hasta el final, pese a los discursos que maquillan la dominación.

1 Sara Gordon, Crisis política y guerra en El Salvador , Siglo XXI, p. 142

Publicado enSociedad
 La nueva caravana de migrantes hondureños con destino a Estados Unidos transitó ayer por la localidad guatemalteca de Esquipulas. Horas antes, más de un millar de indocumentados evadieron controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo de Agua Caliente. Las autoridades vigilan que los niños estén acompañados por algún familiar. Foto Afp

Decenas de migrantes centroamericanos llegaron entre miércoles y jueves a la frontera que divide a México de Guatemala, en espera de otros grupos con los cuales intentarán cruzar el río Suchiate y eventualmente llegar a Estados Unidos, informaron fuentes gubernamentales mexicanas.

Los indocumentados, quienes ayer se encontraban en la ciudad de Tecún Umán, Guatemala, limítrofe con México, arribaron en pequeños grupos o de manera individual.

En tanto, más de 3 mil migrantes hondureños de una nueva caravana que pretende llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia avanzaba ayer en Guatemala, en medio de controles de la policía local y la supervisión de funcionarios migratorios estadunidenses en zonas aledañas a los pasos fronterizos.

Antes, más de mil migrantes evadieron los controles y rompieron un cerco policial en el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente, observó un fotógrafo de la Afp.

Decenas de uniformados guatemaltecos fueron desplegados en zonas cercanas a las fronteras con el fin de verificar que los hondureños pasaran por el control migratorio, requisito para entrar al país, según acuerdos regionales.

También supervisan que los niños estén acompañados por alguno de sus padres o un tutor.

Debido a lo previsto en un acuerdo, el personal que controla la caravana recibe apoyo de Estados Unidos, que desplegó un “número limitado” de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó a la Afp un vocero de la embajada estadunidense en Guatemala.

El apoyo y la capacitación de agentes fronterizos de Guatemala es parte de un convenio surgido tras el paso de las primeras caravanas en 2018, con la finalidad de combatir el crimen y el tráfico de personas, detalló el vocero.

En México, autoridades del gobierno explicaron que, como medida preventiva, agentes de la Guardia Nacional recorrieron los distintos pasos informales ubicados en la ribera del Suchiate, por donde cruzan a territorio nacional personas sin documentos y mercancías.

Un uniformado aseguró que no se han emitido a corporaciones de seguridad instrucciones formales acerca de la contención de una eventual caravana de migrantes.

Centroamericanos manifestaron que policías guatemaltecos impiden el paso a niños y mujeres, “pero la gente se vuelve a venir” hacia la frontera con México.

Sonia Eloína Hernández, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas, localidad que colinda con Guatemala, señaló que si es necesario, se podrían habilitar dos albergues para atender a los migrantes que lleguen en los próximos días.

Antes del paso de la nueva caravana, Guatemala y Estados Unidos realizaron operativos en carreteras con la finalidad de identificar a los migrantes, que incluye la asesoría para la detección de pandilleros.

La caravana salió la noche del martes de San Pedro Sula, 180 km al norte de Tegucigalpa, y el miércoles empezó a ingresar a Guatemala, donde se ha dispersado.

El instituto migratorio guatemalteco informó que, entre la noche del miércoles y este jueves, mil 612 hondureños pasaron con documentación reglamentaria por Agua Caliente y 662 por El Cinchado. En total, 2 mil 274 personas.

“Aquí vamos para adelante, al sueño americano”, dijo a la Afp Kelvin Ramos, quien espera encontrar empleo pintando casas en Estados Unidos donde, asegura, pagan bien.

Unos 200 migrantes se encontraban la tarde del jueves en el departamento de Petén, cerca de la frontera con México, indicó Diego González, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el área. Otros cien llegaron al paso de Tecún Umán, colindante con México.

Este nuevo grupo tiene la advertencia de que no se le permitirá entrar en México, reiteró ayer el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Publicado enInternacional
Griselda Domingo en una imagen tomada en 2019 OLIVER DE ROS

Griselda Domingo, mujer indígena mam de 22 años, enfrenta su tercera deportación a uno de los municipios de Guatemala con mayor número de retornados en 2017 y 2018

En San Juan Atitán, que ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica del país, el regreso forzado de EEUU es motivo de burla

Elsa Cabria/ Ximena Villagrán/ Oliver de Ros / Alberto Arce- El Intercambio

15/01/2020 - 21:39h

Estados Unidos vs. Griselda Domingo-Godínez

El abogado argumenta sin mucho éxito que su defendida ya aprendió la lección. Esgrime que lleva detenida cuatro meses. Un castigo demasiado largo por cruzar sin permiso una frontera. El magistrado interrumpe al abogado y pregunta:

—Señorita Domingo, con respecto a este caso, ¿desea decir algo? 

—Me puedes hacer el favor de que me permitas regresar con mi familia y que mi familia está sufriendo por mí, está preocupado por mí. Te lo prometo, ya no voy a volver otra vez a este país. —responde la acusada en español, aunque su idioma materno es el indígena mam.

Sirvió de poco. La ley es clara. El 13 de noviembre, en El Paso, Texas, y tras un juicio que duró dos minutos y 57 segundos, Griselda Domingo, una guatemalteca de 22 años, fue condenada a ocho meses de prisión por reingreso ilegal en Estados Unidos. Cuando salga, será deportada a su país. Por tercera vez.

En Estados Unidos, donde vivieron su padre y su tío y donde residen tres de sus seis hermanos, Griselda nunca ha vivido fuera de una prisión. Cuando la liberen, la enviarán a Guatemala. Y es probable que una vez allí, haga lo mismo que la última vez que la detuvieron y deportaron, en febrero de 2019. Llamará a Juana, su madre, pedirá dinero prestado y se subirá a un bus que tras siete horas de ruta la dejará en Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Allí la recogerá Marcos Domingo, su padre y, ya juntos, viajarán otra hora y media hasta su pueblo, San Juan Atitán, uno de los municipios con la tasa de retornados más alta de Guatemala.

Cuando un sanjuanero llega a Estados Unidos, la familia en el pueblo lo celebra con un almuerzo, sin el festejado presente. Cuando es deportado, nadie festeja nada. Cuando la persona deportada es mujer, joven, soltera y sin hijos y se trata, además, de su tercera deportación, un sistema entero comienza a resquebrajarse. Porque en San Juan Atitán la migración, el trabajo - la vida- es algo que deciden los hombres.

Detrás de la vocación migratoria

San Juan Atitán es sinónimo de vocación migratoria, según el gobierno de Guatemala. Fue uno de los 51 municipios elegidos en 2017 para intentar evitar la huida de guatemaltecos a Estados Unidos. El esfuerzo formaba parte del penúltimo plan para frenar la llegada de centroamericanos al norte diseñado por el gobierno de Estados Unidos con el nombre Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte (PAPTN). Fue un fracaso. No dio prosperidad a San Juan. El gobierno guatemalteco no aumentó su inversión en el municipio. Y aunque logró acertar en el diagnóstico, -la pobreza y la desnutrición crónica expulsan a la gente-, el Plan no hizo nada para cambiar la realidad de sus habitantes.

A 2.500 metros de altura, San Juan Atitán es un lugar de cuerpos fucsias y rojos, los colores de su traje tradicional. Y es un pueblo expulsor, sobre todo de hombres. Al calor de la mañana, un grupo de cinco deportados pasa las horas en la plaza del pueblo. Bajo sus sombreros de paja, tejen bolsas de lana, sentados en una banca. Es parte de su trabajo sin remuneración como guardabosques. Vigilan el pueblo y el bosque de pinos y encinos que abriga San Juan. Ante la presencia de mujeres se incomodan y callan.

Pasan las horas y al atardecer el paisaje humano de la plaza de pueblo es aún más masculino. En San Juan Atitán, las mujeres, silenciosas, caminan directas de un punto a otro. Salvo en día de compras y mercado, no se detienen en las calles. El movimiento masculino, demasiadas veces lleva sello. Es fácil ver a un hombre tambaleándose, o tirado en la calle en las cuestas de San Juan. Existe una relación causa-efecto entre desempleo, pobreza, migración, deportación y abuso de alcohol. "El factor alcoholismo es muy fuerte en San Juan, los hombres no aceptan que tienen problemas", explica Olga Morales, directora del centro de salud del municipio.

Pero el alcoholismo no es el único problema al que se enfrenta la doctora Morales. La falta de empleo local provoca que familias completas viajen al menos cinco meses para recolectar en las grandes fincas. Ganan poco. Cinco dólares por 100 kilos de café recogidos. Los niños no comen bien en las fincas y se enferman. San Juan ocupa el segundo puesto a nivel nacional en desnutrición crónica infantil. Y esa es la gran preocupación de la doctora Morales. Porque ni el dinero de las remesas hace que las familias mejoren su dieta. Y hay muchos niños.

En un pueblo de 16.365 habitantes, se registra una media de 650 nacimientos anuales, una de cada 15 mujeres del pueblo da a luz cada año. Aunque los métodos anticonceptivos son gratuitos en el centro de salud, para planificar, las mujeres tienen que preguntar a sus esposos. También para llevar a sus hijos al hospital de Huehuetenango, aunque sea una emergencia, tienen que localizar a sus parejas. Si ellos son inmigrantes en EEUU, los llaman por teléfono.

Es un pueblo de hombres comerciantes que venden en los mercados. De mujeres que son por tradición artesanas. Todas son costureras del traje tradicional sin salario, los cosen para sus padres o maridos. Hay poco empleo fijo: como maestro, en el banco, en la cooperativa de ahorro. Y en la Municipalidad, pero conseguirlo depende de la relación con el alcalde de turno. La educación formal brilla por su ausencia. La mayoría no pasa de sexto de primaria y las mujeres no suelen estudiar por decisión de sus padres. Sin trabajo remunerado, sin estudios, con niños a su cargo y parejas o padres deportados, cobra sentido que cada vez se vayan más mujeres al norte. No es posible calcular cuántas mujeres expulsa San Juan porque la mayoría de la gente migra sin avisar y sin pasar por un puesto fronterizo. Pero cada vez son más. Entre 2017 y 2018, la cantidad de mujeres deportadas a Huehuetenango - el departamento de San Juan Atitán - aumentó un 49%.

Las mujeres se van. Como se fue tres veces Griselda Domingo. Entenderlo no es fácil. El desconocimiento del idioma indígena mam es un impedimento para hablar con la gente. Sobre todo, con las mujeres del pueblo.

En una estrecha oficina de la Municipalidad, 20 hombres conversan en su idioma. Representan a las aldeas y caseríos de San Juan Atitán, son los alcaldes auxiliares. Discuten sobre quién hablará con nosotros sobre las consecuencias de ser deportado. Tras una hora, la autoridad indígena designa a un hombre orondo, de ojos redondos y rojizos que se quita el sombrero y saluda amable. Se llama Marcos Domingo. Es el padre de Griselda, pero tardaremos unas horas en descubrir a su hija. El padre nos invita a su comunidad, Sacchilaj.

En una ladera se asienta una pequeña casa de concreto que Marcos Domingo jamás pintó. La pagó con el dinero que reunió en los cinco años que logró trabajar como jardinero en Estados Unidos antes de ser deportado. Tiene tres dormitorios, una cocina en la que no entra, y una pequeña parcela para cultivar frijol. Debajo de la casa, está su antigua vivienda de madera. El recuerdo de una vida aún más pobre. Más pequeña. Llena de trastes. Cerrada. Siete de sus ocho hermanos viven en Estados Unidos.

Cuando vivía en Estados Unidos, Marcos pagó el viaje a sus tres hijos mayores. Hoy están casados, con residencia legal y han construido grandes casas en su aldea por si deciden regresar. Las muestra orgulloso. Ninguna está amueblada, pero revelan el poderío que un trabajo en San Juan nunca les habría permitido.

La de Rodrigo, su hijo mayor, marca el estilo de las demás. Tiene tres plantas, un lobo, una bandera estadounidense pintada en el exterior y una bañera. Rodrigo es, además, el artífice de los viajes de Griselda. Llegó a los diez años a Estados Unidos, trabaja como cocinero en un restaurante mexicano y Griselda lo considera su segundo padre. Los viajes de Griselda contaron también con el apoyo de un familiar cercano que es coyote y la llevó hasta México. Y el dinero y el apoyo moral de su padre.

La imprecisión de una pregunta cambia la respuesta. Cuando le preguntamos al papá si tiene hijos deportados, responde que no. Es la risueña Eluvia, la hija menor de 19 años, quien revela en la cocina que el matiz es el género de la pregunta. Deportado es distinto que deportada. Un hijo varón se dice x’in. Una hija se dice x’uj. Y en ese momento, entran por la puerta los ojos más tristes de la casa. Cafés, grandes, de lágrima fronteriza. En el marco de la puerta de la casa, Griselda sonríe un poco. Acaba de ser deportada por segunda vez. Apenas hace dos semanas. Tan reciente que su boca aún mantiene ángulo cóncavo.

Es Eluvia, la más pequeña de los hijos de Marcos Domingo, quien explica lo más importante de esta historia. Supone un cambio de paradigma. Es la actitud de una mujer llamada Griselda que se empoderó con la sola voluntad de moverse. "Ella lo decidió, quería trabajar, no quería casarse, porque los hombres acá son machistas, a ella no le gusta que alguien la engañe o la lastime, para que nadie le diga que es mantenida", dice la única persona de la familia con título de bachillerato.

—¿Qué te dijo tu mamá cuando regresaste acá [a San Juan]?

—Pues mi mamá me dijo: 'No llores'. Porque cuando yo llegué aquí estoy llorando y llorando y yo pienso para matarme. Sí, porque bastante es mi deuda, porque muchas gentes se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí, por eso pienso yo para matarme y mi mamá me dijo: 'No, no piense eso'.

En el pueblo de los deportados, regresar es soportar la costumbre de la burla colectiva. Una humillación extraña, vista desde fuera, porque en todas las familias hay migrantes y deportados. También sucede en pueblos cercanos. Y, probablemente, en muchos países cuyos gobiernos defienden que sus ciudadanos tienen vocación migrante. El éxito o el fracaso del viaje a Estados Unidos define cómo serán tratados a su regreso. Griselda lo intentó dos veces en 2018 y una en 2019. Por la última, está presa. Para cuando cumpla su condena, la vida de Griselda Domingo en Guatemala será una deuda con su padre. Y él tendrá otra deuda con un prestamista, por las tres veces que su hija no logró su propósito de no depender de un hombre.

La postal del hambre

El niño de dos años está tan desnutrido que ni llora. Parece un bebé porque no camina. Su madre está sentada en el suelo. Ante su casa de barro y madera, mira incómoda a su alrededor. El padre, callado, observa a la defensiva. Tiene los ojos rojos. Como muchos hombres entrevistados. Los otros tres niños se ponen a jugar. En esta casa todo el mundo está tenso. La visita les resulta violenta. Viven en la aldea Tuispichon, a una hora por camino de tierra del centro de San Juan. Es un paraíso natural y una postal del hambre.

Los visita una comitiva encabezada por la doctora Morales, para contar el trabajo contra la desnutrición del gobierno. Todos de pie, menos la familia. Las preguntas están preparadas. Las respuestas de la madre en idioma mam son preocupantes. Pero solo la doctora y una trabajadora municipal lo manifiestan fuera de cámara. Son tan pobres que ni frijol o maíz comen, solo hierbas. La doctora atiende al niño desde hace meses, pero no mejora.

La aguda desnutrición infantil de San Juan Atitán fue otra de las razones por las que el pueblo resultó seleccionado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Finanzas como uno de los municipios migrantes necesitados de políticas e inversiones dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, PAPTN.

No es posible verificar si el gobierno estadounidense aumentó fondos para sus muchos programas en la zona. Lo que es seguro es que aquí, en el lugar elegido por el gobierno para lanzar en 2012 el Pacto Hambre Cero con apoyo del Departamento de Estado de EE.UU, se registra el segundo mayor índice de desnutrición del país. 9 de cada 10 niños están desnutridos. Tienen su futuro hipotecado sin remisión. Eso no significó que su municipalidad recibiera fondos extra durante los tres años que duró el PAPTN. Aquí, el mayor orgullo de los funcionarios locales es haber bajado del primer al segundo puesto en el hambre infantil.

Las familias cultivan maíz criollo y comen el grano importado que compran en la frontera con México, porque la diferencia de precio les permite tener 3 dólares en efectivo. Para reducir el hambre, las dos empleadas que trabajan en la oficina del Ministerio de Agricultura (Maga) muestran a algunas vecinas una cartulina arrugada llena de fotos de un hongo. Se llama hongo ostra. Les explican que solo tienen que meter las semillas en los olotes (el centro sobrante del maíz) y que no necesitan tierra para hacerlo. Después de cincuenta días de espera aparece el producto.

El objetivo es que las familias tengan mayores ingresos y mejor alimentación. Pero el proyecto del hongo no termina de cuajar. Han capacitado a 21 grupos, en su mayoría de mujeres. Pero solo tres familias se han sumado al experimento. Ninguna de las dos funcionarias encargadas del proyecto es de San Juan. Dicen que las mujeres optan por quedarse calladas, pero no sienten que sea por machismo. Ellas lo niegan, pero el plan de desarrollo municipal, elaborado por el Concejo Municipal de Desarrollo y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), incluye el "dominio machista" como parte de la identidad y cultura del lugar.

En 2018, los maestros del pueblo llevaron por primera vez Incaparina, un suplemento alimenticio de harina de maíz y soya, a las aulas, con respaldo de varios ministerios. Ese mismo año, a mediados de noviembre llegó hasta San Juan Atitán Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Visitó al consejo indígena por ser un municipio parte del PAPTN. La visita la recuerda el alcalde, Lorenzo Martín, en su despacho de la alcaldía. Vestido con su traje indígena, dice que el embajador le preguntó por la desnutrición y por la migración. Él le explicó que hay tierras infértiles y que el agua no alcanza para la siembra. "Dijeron que van a trabajar más con la artesanía de las mujeres, en el mercado, para comercializar el traje típico", explica este regidor que, a diferencia de los tres concejales que le acompañan en la plática, nunca migró. Ni el PAPTN ni el desarrollo del sector textil llegaron. El plan del embajador de Estados Unidos en Guatemala falló.

El laborioso trabajo de tejer los trajes de la comunidad es cosa de mujeres. Aunque el consejo indígena de alcaldes auxiliares no parece muy consciente del valor económico de ese trabajo. Mujeres de otros pueblos ya están llegando a San Juan a venderles hilo a un precio mayor y algunas sanjuaneras empezaron a hacer prendas tradicionales para que las vendan otras pequeñas empresarias de Santiago Chimaltenango, un municipio vecino. Mientras, como hacía Griselda Domingo cuando la conocimos en marzo de 2019, las mujeres de la familia Domingo continúan con la tradición gratuita de tejerle el traje al padre.

En teoría, Guatemala diseñó su parte del PAPTN para contentar al gobierno de Barack Obama (y luego de Donald Trump). Y fue más específico, sobre todo en comparación con Honduras. Pronacom definió un enfoque económico para detener la migración. Y organizó reuniones con líderes locales de los 51 municipios priorizados para entender las necesidades locales. Pero en la práctica, la inversión fue nula.

Gabriela Pérez, asesora del PAPTN para el Gobierno de Guatemala, confirmó que solo etiquetaron proyectos preexistentes en los presupuestos de gobierno, bajo las siglas del PAPTN. Al final de 2019, la idea de prosperidad quedó relegada, México aceptó convertirse en la frontera sur de EEUU y Guatemala pasó a ser país receptor de solicitantes de asilo. Aún cuando casi la mitad del país vive en pobreza y fue el país más migrante del norte de Centroamérica entre 2018 y 2019. Los años en los que Griselda se fue tres veces de San Juan Atitán.

Ahora hay un nuevo plan en diseño. Se llama 'América crece'. Otro plan más. Pero si algo crece en esta parte de América es la fijación con irse, cueste lo que cueste. La gente se va de la región porque no espera nada de sus gobiernos. Porque la población es muy consciente de que el quetzal vale menos que el dólar.

La madre de Griselda se llama Juana. De ella heredó su sonrisa tímida y su habilidad para tejer. Juana, la silenciosa mujer que vio partir a un marido y cuatro hijos en los últimos veinte años, no habla español. Aunque le pedimos que se siente con nosotros y su esposo a almorzar la comida que ella ha preparado, almuerza con sus hijas en la cocina. Pero para Griselda, Juana es una persona tan importante como lo es su hermano mayor, Rodrigo, el que vive en Estados Unidos.

A Juana le confía cómo se siente, qué le preocupa. Deuda, así se llama la obsesión actual de Griselda Domingo. Una fijación lógica si un banco jamás le va a prestar dinero para migrar. Si su padre empeñó tierras que compró con su trabajo en Estados Unidos, y debe dinero a un prestamista. La mujer que nunca ganó más de cuatro dólares diarios por cortar café en fincas, arruga el rostro redondo que heredó de su padre Marcos, mientras repite la palabra deuda dieciocho veces a lo largo de la conversación.

—¿Tu mamá prefiere que te quedes acá con ella?

—Mi mamá [rompe en llanto] está llorando y llorando cuando yo llegué aquí. 'Ya no vas a intentar otra vez', me dijo. Sí voy a intentar otra vez, le dije, que bastante es mi deuda. Y me dice mi mamá: 'Está bueno' [se le corta la voz] para pagar mi deuda.

Griselda habla de cien mil quetzales, de miles y miles, no concreta. Se agobia, se frustra. Tiene una deuda con su padre. Pero esta es la segunda vez. Se vuelve a ir un mes después. Para cuando regrese deportada la tercera, la ansiedad de Griselda será mayúscula. Aunque le cambiemos el tema de la conversación, le cuesta un mundo responder.

—¿Qué te gusta hacer para que el tiempo acá sea más agradable?

—Pues no sé… No sé porque aquí no hay un día siempre feliz, aquí no. Siempre estoy triste triste y, cada día, siempre estoy triste y triste. A veces, mi mamá está platicando, está escribiendo, pero yo no puedo reír. Siempre estoy triste triste, sí.

Griselda siempre está triste. Y la microeconomía de San Juan explica por qué. Además del comercio y la artesanía incipiente de ropa, hay dos profesiones comunes que ilustran la imposibilidad de quedarse sin padecer necesidades: la de prestamista y la de coyote.

No logramos conocer a una persona que preste dinero. Pero un coyote, familiar de los Domingo nos habla. No admite su profesión, dice que es agricultor deportado y que su reloj de oro es un regalo. Pero afuera de su casa tiene una camioneta roja nueva y deslumbrante, toda la familia nos confirma a qué se dedica, tiene un collar con una AK-47 y admite que ayudó a Griselda a llegar al norte de México. Solo elude la palabra explícita. Aunque en Guatemala existe una ley que criminaliza a los coyotes, esa profesión en San Juan es vista como un trabajo con buena intención, porque al final ayuda a mucha gente a llegar a Estados Unidos. Aunque sea por dinero.

No hay muchas alternativas para la independencia económica de las mujeres de San Juan Atitlán. Pero en la calle principal, trabaja la personificación de la autonomía. Zoyla Marina Martí es la dueña de uno de los comedores y de una sonrisa reluciente. Junto a su nuera, que atiende el otro comedor, es una de las escasas empresarias locales.

Zoyla es serena, de frases cortas, viuda. Vive hace 18 años en el pueblo, pero es oriunda de Santiago Chimaltenango, a 40 minutos de distancia. Los kilómetros suficientes para que su traje y peinado sean distintos a los de las sanjuaneras. Zoyla no habla español, pero traduce Carmen, su hija menor, que es bilingüe porque estudió en Ciudad de Guatemala. Para llegar a tener su negocio, la madre consiguió trabajo como cocinera en el comedor de un sobrino y luego pidió un préstamo a un familiar. "[Montar un negocio], no se le dificultó por ser mujer, porque ella siempre se dio su lugar", dice Carmen tras escuchar a su mamá. En el comedor, este día de principios de marzo, solo hay hombres. El color rojo de la trenza de Zoyla luce entre la paredes rosas del silencioso local. 

Carmen es muy parecida a su madre, pero con gafas. En la capital, gracias a que unas monjas la acogieron, pudo graduarse como maestra. Regresó a su pueblo hace un año, con su marido, para poner una tienda y ayudar a Zoyla. "Hay hombres que vienen [al comedor] y nos empiezan a molestar. Y nos dicen: si no quieres que te moleste, ¿por qué estás trabajando de esto?". Pero ambas advierten: no es solo San Juan. Dicen que en Santiago Chimaltenango, el pueblo vecino, se reproducen patrones: el del machismo, el del festejo para los que llegan a Estados Unidos y el de la burla a los deportados.

El juego de la verdad

Les proponemos un juego. Tienen que levantar la mano cada vez que su respuesta a nuestra pregunta sea sí. Es fácil. Los 28 alumnos de tercero básico de la escuela de San Juan Atitán se sientan en sus pupitres y escuchan atentos. Antes hemos hecho el mismo ejercicio en las otras dos clases de esta escuela rural, dividida en dos módulos, cuya vista desde lo alto del pueblo hacia la Sierra de los Cuchumatanes es privilegiada.

13 tienen a un familiar en EEUU. Diez tienen a su papá deportado. Cuatro tienen padres que, tras su deportación, volvieron a intentarlo. 14 tienen un hermano en EEUU. Ninguno tiene a su madre en EEUU. 16 creen que conseguirán trabajo en San Juan. 12 quieren irse a EEUU.

El 31 de diciembre de 2018, un alumno de segundo básico le dijo al director de la escuela: Ahí nos vemos. El director le pidió que terminara tercero básico al menos. No puedo, respondió el estudiante. Su padre estaba endeudado. Iba a irse con él porque -hasta el endurecimiento de la política migratoria de Trump- pasar con un menor de edad era más sencillo.

"Cada persona busca dónde sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me siento mejor acá", dice Francisco Carrillo, director y profesor de la escuela. Él, como el actual alcalde, nunca intentó irse a EEUU, nunca quiso irse. Cuando los alumnos terminan tercero es cuando se nota el nivel de abandono escolar. "Qué quieren ser", dice que les pregunta a los escolares. "Quieren ser médicos, abogados, profesores, pero en Guatemala no hay fuente de trabajo", se responde sentado en un aula de cómputo cuyas computadoras, cubiertas por una tela típica, fueron una donación.

—Griselda, no pasaste de sexto de primaria, ¿por qué no te gustaba estudiar?

—Pues no sé, porque mi papá no tenía mucho dinero para pagar estudio y por eso yo pienso para ir con mi hermano a los Estados. Y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pase y después fui a intentar otra vez, la segunda vez, y no pase.

Griselda no piensa volver a estudiar. Fue deportada por segunda vez en febrero de 2019 y volvió a irse a mediados de mayo. Los dos meses que pasó en San Juan fueron un compás de espera, en la urgencia silenciosa de la deuda. La deuda que será más grande cuando regrese. Esta es la historia de una reconstrucción a lo largo de 2019, un año de la vida de una mujer que no logró cumplir su aspiración.

Es marzo y hoy acompaña a su vecina Carmen Mendoza, de 29 años, a Huehuetenango. Salen a las seis de la mañana de su aldea Sacchilaj y llegan dos horas después a la cabecera del departamento. En lo que los guatemaltecos -y muchos latinoamericanos- llaman el interior del país (todo lo que no es la capital), no es fácil moverse. Va con ella al banco. La acompaña por dos razones: Carmen no habla español y nunca antes recibió una remesa. Su marido se fue en diciembre con su hijo de 14 años y los 25 dólares en moneda local que lleva Carmen en su bolso son el primer envío que le hace desde Atlantis, Florida. Para que compre azúcar, sal y maíz.

Toman un chocolate caliente y una porción de pastel en una cafetería del centro. Griselda traduce y revela que el presente-futuro de Carmen es el de muchas mujeres de San Juan; tras trabajar de octubre a diciembre en la cosecha del café, se despidió de su marido.

Si su marido logra recaudar los 7.000 dólares (6.270 euros) que pidió prestados para el viaje que hizo con su hijo, ella espera estar en Florida en un año. Hace un mes empezó a comprar hilos para vender huipiles (blusas tradicionales) a una mujer de Colotenango, el pueblo vecino en el que algunas mujeres ya no sólo tejen para sus maridos. Carmen no gana más de 30 dólares al mes por tejer un huipil. Pero el valor de su nuevo trabajo no está en el dinero sino en la autonomía que vislumbra. Es su primer salario como artesana.

Con el dinero de su primera remesa, Carmen camina entre los carros que transitan por el mercado callejero de Huehuetenango. Busca y encuentra plátanos más baratos que en la aldea Sacchilaj. Griselda solo se detiene cuando ve un puesto de fundas de móviles en una esquina del parque central. Compra una funda rosa con el dinero que le da su papá. Le gusta el rosa en la ropa, aunque su casa soñada en Estados Unidos, la que estaría cerca de casa de su hermano Rodrigo, sería amarilla y anaranjada.

A Griselda, la mujer que aún no sabe que pasará casi todo 2019 presa en una cárcel de El Paso, le gusta tomarse infinidad de fotos. No parece vanidad. Parece una millennial pendiente de su imagen. Aunque todo vaya en contra, quiere proyectar que sonríe todo el tiempo.

Las tres veces que Griselda se fue a Estados Unidos le dejó su móvil a Eluvia, su parlanchina hermana pequeña, la única que pudo estudiar bachillerato y que tampoco tiene empleo. El 9 de diciembre de 2019, Eluvia se puso como foto de perfil una imagen de una cárcel con un emoticono que llora. Se lee: "Recuerden, no todos están en casa hoy, pero sí en el corazón".

Durante los meses que Griselda está presa, es su hermano mayor, Rodrigo, el que la llama. Triste, es lo más que alcanza a explicar Eluvia sobre cómo está su hermana, durante los meses que le escribimos tras caer de nuevo presa. Es la pequeña de la familia, con voz secretosa, la que advierte que la humillación a la que teme Griselda Domingo por regresar deportada va a cobrarse un precio que su hermana no tiene cómo pagar.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera entrega: Las tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduras

Publicado enInternacional
Sábado, 11 Enero 2020 06:47

"El modelo es de abuso y de desigualdad"

La explosión popular en Chile originó una violenta represión y una apertura posible.  Imagen: AFP

Entrevista a Víctor Osorio Reyes académico y periodista chileno

El debate por la nueva constitución, la primera escrita y votada en democracia, es también por el modelo de Chile, más igualdad y más derechos.

 

Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

Publicado enInternacional
La protesta contra la reforma de las pensiones en Francia da síntomas de erosión

Nueva jornada de manifestaciones en Francia mientras el Gobierno negocia con los sindicatos moderados

La oposición frontal a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron se erosiona levemente, aunque resiste y está lejos de plegar velas. Tras la cuarta jornada de manifestaciones nacionales en poco más de un mes, ayer, se prepara la quinta para mañana. El Gobierno francés confía en que la pérdida paulatina de apoyos a la protesta, la división de los sindicatos, la concesiones en la negociación y la política de los hechos consumados le permitan imponer una reforma central en el programa del presidente de la República.

Las más de 200 manifestaciones convocadas ayer en toda Francia sirvieron para medir la capacidad de resistencia de un movimiento que, pese a la erosión del tiempo y a su carácter numéricamente minoritario, goza aún de una amplia simpatía popular. También mantiene la capacidad para perturbar la vida cotidiana de los franceses que viven en áreas metropolitanas como la de París y dependen del metro o el tren de cercanías para desplazarse al trabajo.

Las cifras oficiales reflejan un descenso de participantes en la manifestación de ayer respecto de la anterior, el 17 de diciembre. Ese día salieron a la calle, en todo Francia, 615.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. En la jornada de ayer fueron 452.000. Las cifras que da el sindicato CGT suelen multiplicar por dos o por tres la oficial, pero es significativo que, respecto a la marcha en París, la cifra oficial coincida —incluso es superior— a la del centro independiente Occurrence: 56.000 el primero; 44.000 el segundo.

Más allá de la batalla de cifras, la tendencia señala una bajada lenta del poder de convocatoria sindical, pero insuficiente en todo caso para desinflar el movimiento. Al mismo tiempo, la tendencia descendente indica las dificultades de la protesta para sumar nuevos apoyos y transformarse en un movimiento masivo. Macron y su primer ministro, Édouard Philippe, creen que esto les concede una ventaja clara respecto a las huelgas de 1995, que acabaron forzando al Gobierno a una retirada de una reforma similar.

Un 47% de franceses tiene una opinión positiva del movimiento antirreforma y un 35%, negativa, según un sondeo del instituto Ifop. El apoyo es considerable, pero inferior al de otras movilizaciones similares del pasado, como la de 1995 o la de 2010.

Los sindicatos están divididos. En las manifestaciones no participó el reformista CFDT, el primero de Francia. Al contrario que la CGT, principal organización contraria a la reforma, la CFDT no pide la retirada completa de la reforma. Apoya la idea básica —fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones actuales e instaurar un nuevo sistema de cálculo— pero discrepa de otro punto clave: los 64 años como edad para cobrar la jubilación plena (la edad legal de retiro es ahora de 62 años).

El Gobierno ha hecho varias concesiones que permitirán a algunos sectores profesionales largos periodos de transición hacia el nuevo sistema, pero el punto donde todo encalla son los 64 años. A iniciativa de la CFDT, el Gobierno ha convocado para hoy una reunión con vistas a la celebración de una conferencia sobre la financiación de las pensiones. Esto permitiría desgajar, como desea la CFDT, las dos patas de la reforma. Por un lado, el cambio sistémico de 42 regímenes a uno. Por el otro, la búsqueda del equilibrio financiero que obligaría a prolongar la edad de jubilación, a aumentar las cotizaciones o a rebajar las pensiones.

Un acuerdo del primer ministro Philippe, con el líder de la CFDT, Laurent Berger, dejaría sin responder a la exigencia de la CGT y los sindicatos que quieren la retirada del proyecto, pero permitía desatascar el pulso. El Consejo de Ministros prevé examinar la ley el 24 de enero y presentarla a la Asamblea Nacional a partir del 17 de febrero para que se apruebe definitivamente antes del verano.

Por MARC BASSETS

París 9 ENE 2020 - 14:42 COT

Publicado enInternacional
Fotografía: Luis Gutiérrez, "Que pensar"

 

 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Un porcentaje mayoritario de análisis y evaluación del primer año del gobierno de Iván Duque lo rajan. En materia de derechos humanos no es distinto: asesinatos, desplazamientos, amenazas, prácticas atemorizantes por parte de actores oficiales, incumplimiento de lo acordado con la insurgencia. El país parece regresar por escenarios vividos y no deseados.

 

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc desde el año 2012, y de diálogos con el Eln, tuvo efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo, de la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para el desarrollo de los Acuerdos de Paz con las Farc. 

Los logros de estos procesos de diálogo, dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción persistente en la tasa de homicidios, que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación (El Espectador, 21 de enero de 2018). En el primer semestre de 2018, el país tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53 por ciento (El Tiempo, 27 mayo 2018), en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100 por ciento y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación al nivel en que se encontraba en el año 2010 (Portafolio, 2 mayo 2018).

 

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra

 

Ha bastado un solo año del gobierno de Duque para que estos logros comiencen a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos”, a pesar de los esfuerzos por concretarlos desde el Gobierno, sectores del Congreso, el empeño del exfiscal general de la Nación N.H. Martínez, y los sectores de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido llevar, como ha sido su propósito, a descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país. 

Sin embargo, ante las presiones sociales, de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional, el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos Acuerdos por los que no se esmera en obstaculizar y a los que el grupo político que representa pugna por llevar a la involución para retrotraer al país a la guerra, escenario en el que mejor pueden desarrollarse proyectos autoritarios de desarrollado basados en economías extractivas, connivencia no siempre bien disimulada con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, convivencia con el paramilitarismo y un vasto proyecto de control militar de los territorios basado en las denominadas Zonas Estratégicas Integrales de Intervención –Zeii–, las cuales al ser repudiadas masivamente como una burda reedición de las denominadas Zonas de Consolidación y Rehabilitación impuestas por Uribe en el 2002 y declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en virtud de las facultades excesivas a las fuerzas militares y restricción de libertades a los civiles, han pasado ahora a ser rebautizadas como “Zonas Futuro”1

Estas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto, y que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, como aquellos donde se llevarían las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución Pnis. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión, todo lo contrario a los programas de transformación de los territorios acordados en los Pdet, los Pnis y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

 

La militarización y los abusos sin control 

 

La militarización intensa de los territorios se ha llevado a cabo principalmente a través de la activación de diferentes Fuerzas de Tarea Conjunta y el despliegue de las nuevas Fudras (Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido), como la creada recientemente en el Catatumbo. Las intenciones del Gobierno Duque de reinstalar prácticas represivas cuestionadas en el pasada, se previeron a partir de sus decisiones de postular para ascensos a mandos militares implicadas de manera directa o indirecta con casos de ejecuciones extrajudiciales en el pasado, y lo mismo cuando decidió conformar la nueva cúpula militar con otros 9 mandos cuestionados por este tipo de prácticas, hechos denunciados por algunas bancadas en el congreso y ONG nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Las consecuencias no se hicieron esperar. El asesinato del desmovilizado y líder social Dimar Torres en Convención (Catatumbo) por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano el 22 de abril, puso de presente la reiteración de prácticas de “falsos positivos” y de desaparición forzada aun persistentes en las fuerzas militares. Después de ser objeto de seguimiento por varios días, detenido y torturado, lo asesinaron, pretendiendo desaparecer su cadáver, pues solo fue posible descubrirlo cuando la comunidad de la vereda Carrizal reunió a todos sus miembros para ingresar a la fuerza a una área militar donde les impedían el acceso, después de negarles que lo habían detenido, descubriendo que su cadáver recién asesinado estaba junto a una fosa en tierra en donde iba a ser enterrado y desaparecido. 

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las tropas en el Bajo Cauca, Tame o Tumaco han puesto de presente la continuidad de estos delitos. Las revelaciones de directivas secretas por parte del New York Times, en las que promueven bajas en operaciones militares, logradas a cualquier costo, incluso mediante alianzas con grupos paramilitares y con relajamiento de los niveles de certeza sobre si los civiles pueden ser los blancos de las operaciones militares, llevaron al Gobierno a negar la existencia de este tipo de órdenes y de prácticas, creando para ello una “Comisión de Excelencia Militar”, que se encargó de certificar, contra toda evidencia, que no ha habido bajo el nuevo gobierno nuevos casos de falsos positivos y que todas las normas sobre operaciones militares respetan plenamente los derechos humanos.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el Eln, las llamadas disidencias de Farc y principalmente los grupos paramilitares. En estas regiones, quienes luchan por la implementación de los Acuerdos de Paz, y las salidas negociadas al conflicto armado, están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar, a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, compromiso que denota el principal y notorio incumplimiento del Gobierno al Acuerdo de Paz. 

 

Crisis humanitaria 

 

La crisis humanitaria, y la intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en distintas regiones del país, mientras el Gobierno Duque volvió a la tesis básica de la “política de seguridad democrática” de la negación del conflicto armado e imposición de una nueva narrativa de la memoria según la cual un solo actor, la guerrilla, ha vulnerado derechos en el pasado y, es el único actor que lo sigue haciendo hoy. 

 

En medio de esta crisis, durante el primer año de este gobierno se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país2, cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el Gobierno mienta sobre que ha reducido los asesinatos en un 35 por ciento3, o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60 por ciento de los casos4. El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las Farc en el cual, según cifras de Indepaz, 55 de ellos han sido asesinados en el primer año de gobierno Duque, con lo cual ya son 140 los asesinados, más 11 desaparecidos, 17 tentativas de asesinato y 34 familiares asesinados, mientras el Gobierno se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las Farc que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes5 bajo el gobierno de la “paz con legalidad”.

 

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla, debería haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o el sometimiento forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria. 

 

Mientras tanto, la situación de derechos humanos sigue deteriorándose al punto que la tasa de homicidios vuelve a incrementarse: el año pasado, después de 7 años continuos de descensos, las desapariciones forzadas alcanzaron una cifra de una víctima cada 4 días; comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses, sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, el Comité Internacional de la Cruz Roja –en su último informe– denuncia la grave crisis humanitaria y la expansión de 5 nuevos tipos de conflicto armado; el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90 por ciento6, y en cada vez más regiones de nuevo la gente siente miedo7

 

1El Espectador (8 agosto 2018). Gobierno lanza programa Zonas Futuro en las regiones más afectadas por la violencia. En: https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-programa-zonas-futuro-en-las-regiones-mas-afectadas-por-la-violencia-articulo-875161

2Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

3Uprimny, R. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

4 Colombia 2020. (27 julio 2019). “La Fiscalía manipula cifras de crímenes contra líderes”: directora Asociación Minga. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

5ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

6 CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721

7 Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR. En: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-gente-vuelve-a-tener-miedo-y-el-conflicto-aumenta-informe-del-cicr-2844992

*Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos

 

Publicado enColombia
Página 1 de 68