Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Reclusos del EPCAMS de San Isidro. Popayán, demandan alimentación adecuada

Señor teniente coronel Darío Antonio Balen Trujillo

Director Del Establecimiento Penitenciario “EPCAMS” de San Isidro. Popayán

Acudimos a usted con el derecho de petición basado en el artículo 23 de la C.N de la C.C.A. Nosotros los privados de la libertad de este penal nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle con mucho respeto, mediante el derecho de petición, nuestra inconformidad en cuanto a la vulneración y violación del suministro de nuestros alimentos.

Nosotros los reclusos: Luis Aníbal García Gómez, Leonardo Fabio Vásquez Ceballos, Carlos Mario Kerkelen, Yeiner Andrés Zapata Rueda, Luis Eduardo Higuita López, Cristian Camilo Higuita Giraldo, Luis Gerardo Flor, Hernán Darío Ardila Mora, Alejandro Ríos, actualmente recluidos en el pabellón 6 de este penal.

Le queremos informar que el día viernes 27 de septiembre del presente año nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la que nos rehusamos en recibir la alimentación que suministra el consorcio alimenticio encargado del penal, dicha protesta se hizo con el fin de exigir un buen trato en el ámbito alimenticio ya que en ocasiones no cumplen con la línea exigida en base a la alimentación.

Señor Kemer Ramírez Cárdenas

La presente es con el fin y el buen deseo que tenemos, que nos brinden una mejor atención en los alimentos y en una proporción adecuada.

Ya que la misma está estipulada en el cumplimiento de la ley tal como lo interpone la Corte Suprema en uno de los aspectos que contribuyen a la protección y garantía de los derechos de la vida, la salud y la integridad de los reclusos. Hacemos énfasis en el suministro de una alimentación sana, adecuada y suficiente, pues se observa el deterioro de víveres, cantidad, calidad y valor nutricional. El desperfecto y pasado de tiempo de los alimentos ha provocado la aparición de enfermedades en los internos debilitando en cada uno el sistema inmunológico y daños intestinales en el organismo e incluso en casos de ausencia total. Se podría considerar esto como una modalidad de tortura o maltrato en contra de lo previsto en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Además el estado tiene el deber constitucional de proporcionar a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente en mejores condiciones de higiene garantizando así la protección de los derechos y la integridad de los reclusos. Usted bajo su cargo condicional podrá también autorizar el suministro de una alimentación especial de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno.

Tenga en cuenta que por la mala alimentación ya tenemos en el pabellón penitenciario 17 personas enfermas entre el 26 al 28 de septiembre del presente año, sin contar con que también hayan enfermado en los demás pabellones, esto debido al suministro de un pollo descompuesto y en malas condiciones que suministro la señora Alicia Bejarano, encargada del Copast o Uspec.

Por este medio explicito queremos sugerir que no se viole más la integridad y la dignidad como seres humanos ,que se respeten los derechos fundamentales y constitucionales teniendo en cuenta que de una sana y buena alimentación balanceada depende mucho la salud de todo ser humano. No siendo más en el escrito ,agradecemos su mayor interés y disposición en el asunto ,porque aunque reconocemos que estamos pagando penas justificables merecemos un trato digno en el ámbito social .Esperamos de su parte una pronta y favorable respuesta..

Muchas gracias.

Atte. Reclusos del pabellón

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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	 Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Janet y Norka, activistas de Fuerza de Mujeres Wayúu, posan en un río seco cercano a una multinacional minera que actúa en La Guajira, al norte de Colombia. Pablo Tosco Oxfam

Oxfam entrega un informe en el que acusa al Gobierno de Iván Duque de aplicar “medidas cosméticas” que no detienen los ataques

 

Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo final entre las FARC y el Gobierno colombiano, hasta la fecha, 55 defensoras de la tierra y el medio ambiente han sido asesinadas. En el primer semestre de este año hubo un homicidio de una líder social cada dos semanas y los ataques contra ellas han aumentado un 97% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe Arriesgando la vida por la paz, de Oxfam, que se publica en varios países.

La confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales denuncia que estas agresiones son sistemáticas y convierten a Colombia en el segundo país más peligroso del mundo para defensoras del medio ambiente, después de Filipinas, de acuerdo con la clasificación de Global Witness. ¨La conclusión no da lugar a dudas: la violencia contra lideresas y líderes tiene una naturaleza repetitiva, invariable y continúa, y no responde a una casuística accidental o aleatoria. Las víctimas son selectivas (lo que se demuestra porque más del 50% de las personas fueron atacadas o asesinadas en sus casas), se busca aquellas víctimas con menor protección (todas ellas llevaban a cabo su labor a nivel territorial con poca visibilidad nacional) y la gran mayoría se caracteriza por ir en contra del poder hegemónico (grupos ilegales o grupos económicos con intereses en el territorio¨, afirman en el informe.

La organización hace fuertes críticas al Gobierno de Iván Duque por su respuesta ante estos crímenes. ¨Las que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir. Las medidas que ha tomado, como el Plan de Acción Oportuna (PAO), son más cosméticas que avances reales. No se aborda la necesidad de garantizar un entorno habilitante para que defensoras y defensores puedan actuar en sus comunidades¨.

En ese sentido, Oxfam, que está presente en Colombia desde 1982, le hace recomendaciones al Gobierno. Sugiere ¨convertir la seguridad de las defensoras en política de Estado y, propone marcarse como objetivo “semanas a cero”, es decir, semanas sin ninguna víctima ni ataques¨. También, retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN y apostar por el acuerdo de paz con las FARC, entre otras cosas.

El documento es parte de la campaña internacional Juntas Somos Victoria, con la que esta organización junto a la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, International Land Coalition y Somos Defensores, hacen un llamamiento a los distintos Gobiernos del mundo para salvaguardar la vida de las defensoras. Varias de ellas estarán de gira por Europa, Estados Unidos y en la sede de la ONU en Nueva York, para contar directamente los peligros a los que se enfrentan.

A la Unión Europea, por ejemplo, le recomiendan que se cree un grupo de trabajo sobre la situación de las defensoras en la comisión del Parlamento Europeo sobre Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM). Y que allí se expida una resolución de urgencia para establecer mecanismos de protección. A España, donde se presentará el informe, le piden que frene la ¨venta de armas a Colombia¨, que se da en el marco del Tratado de Comercio de Armas, que España ratificó, así como en la Ley de Comercio de Armas de 2007. Y, finalmente, que continúe con el liderazgo que ha mostrado en la Mesa Nacional de Garantías y lidere dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una agenda específica sobre las defensoras medioambientales de Colombia.

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Imagen de las protestas de esta semana en Irak. EFE

Las protestas comenzaron el martes en la capital y los ciudadanos exigen mejores servicios públicos, más oportunidades de trabajo y el fin de la corrupción

De momento, ningún partido o movimiento político de las varias facciones que dominan la escena política iraquí se ha puesto al frente de las movilizaciones

Según NetBlocks, una plataforma global que supervisa la censura en la red, el acceso a internet está bloqueado en el 75% de Irak

Al menos 27 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas en las protestas que sacuden desde el día 1 Bagdad y otros puntos de Irak, donde se ha decretado el estado de alerta con el toque de queda en la capital y otras tres provincias.

Con el acceso a internet bloqueado en el 75% del territorio nacional, los manifestantes volvieron a salir a las calles este jueves en varias zonas del país para exigir más servicios públicos de calidad, oportunidades de trabajo y el fin de la corrupción.

Un miembro del organismo gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Irak, Ali al Bayati, afirma que 27 personas han fallecido en estos tres días en los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía y otros 1.509 han resultado heridos.

Del total de víctimas mortales, dos son miembros de las fuerzas de seguridad y entre los heridos hay 400 uniformados, según Al Bayati.

Por su parte, Fatima al Halfi, también de la Comisión de Derechos Humanos, sostiene que la mayor parte de las víctimas mortales se han registrado en la provincia meridional de Di Qar, donde las protestas se tornaron violentas el miércoles, cuando se estableció el toque de queda.

También se ha impuesto el toque de queda en las provincias de Nayaf (centro) y Maysan (sureste), y en Bagdad donde, pese a todo, se han producido nuevas manifestaciones.

Este jueves, los manifestantes acudieron un día más a la plaza de Al Tayaran en Bagdad y han intentado repetidamente llegar a la plaza Tahrir, desde la cual podrían acceder al puente que lleva sobre el río Tigris a la fortificada zona verde.

Según una fuente del Ministerio de Interior, las fuerzas de seguridad les han impedido el paso con mangueras de agua y gases lacrimógenos, después de que ayer reforzaran el perímetro de esa zona donde se encuentran las sedes de las instituciones y de las embajadas extranjeras, que suele ser blanco de la ira de los manifestantes.

La fuente agrega que las protestas continuaron en una plaza ubicada a unos dos kilómetros del aeropuerto internacional de Bagdad, donde los participantes quemaron neumáticos y los efectivos de la Policía intentaron dispersarles con disparos al aire y gases lacrimógenos.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un comunicado el uso "letal" de la fuerza contra los manifestantes, asegurando que varios testigos han confirmado a la ONG que las fuerzas de seguridad han empleado "fuerza excesiva", incluido fuego real, para dispersar las protestas. Amnistía ha exigido a las autoridades iraquíes que levanten tanto el toque de queda "arbitrario" como el "bloqueo ilegal" a internet.

AI también ha mostrado su preocupación por las informaciones sobre arrestos arbitrarios de manifestantes y periodistas en varias regiones de Irak, como Basora (sur), Bagdad y Nayaf.

Según NetBlocks, una plataforma global que supervisa la censura en la red, el acceso a internet está bloqueado en el 75% de Irak, menos en la región autónoma del Kurdistán. Las líneas telefónicas tampoco funcionan con normalidad, tal y como ha confirmado Efe.

Las protestas dieron comienzo el martes en la capital y fueron convocadas en las redes sociales por los ciudadanos, que tanto en internet como en las calles exigen mejores servicios públicos, como agua y electricidad, más oportunidades de trabajo y el fin de la corrupción.

De momento, ningún partido o movimiento político de las varias facciones que dominan la escena política iraquí se ha puesto al frente de las movilizaciones, aunque algunos han expresado su solidaridad y respaldado a las demandas de los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

Estos también han dirigido su rabia contra el Gobierno del primer ministro Adel Abdelmahdi, formado hace un año con un perfil tecnócrata para hacer frente a los acuciantes problemas económicos que sufre Irak tras años de conflicto armado y mala gestión de los recursos naturales.

En los pasados meses ya se han registrado protestas similares, que se repiten de forma periódica en Irak, donde los ciudadanos achacan a la corrupción y a la negligencia de los políticos el hecho de que no puedan beneficiarse de su principal riqueza, el petróleo.

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Con 23 por ciento, los venezolanos se convierten en la primera comunidad inmigrante en Chile EFE

Carlos llevaba seis meses viviendo en Ecuador cuando decidió migrar definitivamente a Chile. El país trasandino, del que había escuchado buenas posibilidades laborales y donde reside su cuñada, fue su opción para establecerse definitivamente con su familia y dejar atrás los riesgos y dificultades que le tocó enfrentar en su país, Venezuela.

El joven treintañero, que accedió a dar su testimonio protegiendo su identidad real, salió de Quito y cruzó todo Perú hasta llegar a Tacna, una ciudad ubicada en el sur del país, a unos 50 kilómetros de la frontera chilena de Chacalluta. Lo que nunca imaginó Carlos, que viajaba con toda la documentación requerida al día, era que una vez en el confín, él y su familia quedarían retenidos allá durante varios días, a merced de los guardias custodios de la zona limítrofe.

"Nuestra intención era entrar como turistas y cambiar [la categoría migratoria] una vez en Chile, pero cuando solicitamos la visa de Turismo en la frontera nos la denegaron por falta de plata [dinero]", explica. Le pidieron que demostrara que disponía de 1.800 dólares para permanecer en Chile los 90 días que ese permiso autoriza.

"Ningún venezolano que sale del país tiene esta cantidad de dinero", afirma. Los miles de venezolanos que han llegado al país cordillerano en el último tiempo no lo han hecho cargados de ahorros. Al menos, no la mayoría. Pero Carlos y los suyos se toparon con las primeras señales del Gobierno de Sebastián Piñera para endurecer las condiciones de entrada a Chile de las personas procedentes de Venezuela.

Amontonados en la frontera

El 22 de junio, casi de forma inesperada, entró en vigor un decreto que obliga a todo ciudadano del país caribeño que desee ingresar a Chile a contar con un visado consular de Turismo estampado en un pasaporte que se debe tramitar en los consulados chilenos del exterior. El nuevo requisito abrió un melón de dificultades para los migrantes que habían iniciado su viaje meses atrás y que llegaban a la frontera de Chacalluta preparados para responder a otro tipo de burocracia.

La mayoría de los venezolanos portaban solamente su documento de identidad –un pasaporte les cuesta unos 280 dólares y no está al alcance de todos–, y muchos tampoco disponían de ahorros para vivir durante varios meses ni de un billete de salida del país, condiciones que algunos funcionarios exigían para cumplir con la solicitud.

Desechada esta primera opción, existe la posibilidad de recurrir a la Visa de Responsabilidad Democrática, un documento que creó por decreto el presidente Piñera apenas asumió su cargo en 2018 en un gesto de impugnación al Gobierno de Nicolás Maduro. El mismo día en que comenzó a exigir este visado, el mandatario chileno apuntó en una entrevista con ABC que en Venezuela "hay una crisis humanitaria, literalmente muchas personas se están muriendo de hambre por falta de alimentos o por falta de medicamentos".

El permiso facilita la entrada de los venezolanos que huyen de la situación política y social de su país con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano chileno. El trámite, sin embargo, requiere no haber pasado más de tres meses en otro país y la presentación del certificado de antecedentes penales, que muchos de los venezolanos no llevaban consigo porque su plan inicial no pasaba por esa opción. 

Además de las nuevas exigencias de Chile, Perú también impuso días antes nuevos requisitos para la entrada de los venezolanos. Por eso, muchos que no los cumplían decidieron seguir su camino hasta Chile, sin imaginar los impedimentos que encontrarían también allí. "Quienes llegaban a Chacalluta no podían entrar y tampoco podían regresar a Perú porque el gobierno peruano había colocado una nueva visa. Eso provocó un aglutinamiento de centenares de personas en la frontera", explica Luis Zurita, dirigente de la Asociación de Venezolanos en Chile.

"Había mucha gente durmiendo en el suelo, mis hijos también tuvieron que hacerlo; la comida se nos acabó y los niños tenían mucho frío porque venían de un lugar muy caluroso y no estábamos bien preparados todavía con la ropa de abrigo", recuerda Carlos, que finalmente cruzó la frontera el 16 de julio porque un funcionario "bueno" le dejó pasar.

"Imponer estas visas aumenta la vulnerabilidad"

Según cifras entregadas por el Departamento de Extranjería y Migración, el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile se redujo en un 80% entre mayo y agosto, pasando de 39.000 a casi 9.000 personas. "La caída fue brutal, y por primera vez en muchos años el saldo de turistas venezolanos es negativo", declaró el director del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, al dar a conocer los datos. "Los flujos migratorios demuestran exactamente el objetivo que buscaba el Gobierno: que los ciudadanos venezolanos que quieran venir al país, sinceren sus razones y vengan ya con visa, facilitando justamente su inclusión en el país y que no entren como turistas con dificultades para obtener su información", añadió.

La situación en Chacalluta empezó a reconducirse en agosto cuando el Ejecutivo entregó salvoconductos para los venezolanos con familiares residentes en Chile y para "casos excepcionales y de especial complejidad", y limitó la entrega de visados exclusivamente al consulado de Lima. "Estuvimos en Tacna y pasamos por la frontera de Chacalluta hace dos semanas, donde ahora no hay un atochamiento [atasco] distinto de lo normal", confirma Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del Servicio Jesuita Migrante, una de las organizaciones más reconocidas en Chile por su trabajo con extranjeros.

Sin embargo, desde que se impusieron los nuevos requerimientos, varias voces han alertado sobre un eventual aumento de los ingresos por pasos no habilitados y de las redes de tráfico de personas. Según el Ministerio del Interior, en los 10 primeros días que empezó a regir el nuevo permiso, 110 personas fueron detenidas por este motivo.

"La imposición de estas visas consulares aumenta la vulnerabilidad de estas personas, sobre todo cuando necesitan migrar porque están escapando de conflictos políticos o militares o porque no tienen cómo sobrevivir en sus países", afirma Ramaciotti.

"Ordenar la casa"

El Gobierno de Sebastián Piñera se ha caracterizado por promover políticas migratorias a base de mano dura. Popularizó la expresión "ordenar la casa" para referirse a una serie de normativas y decretos que impulsó para frenar la llegada de extranjeros. Primero lo hizo con los haitianos, cuyo crecimiento en el país fue exponencial en la última década, pero que se redujo drásticamente con las nuevas obligaciones que el presidente les impuso desde 2018. Ahora les tocó a los venezolanos, después de que sus flujos de entrada se multiplicaran gracias a una serie de medidas que el mismo mandatario se encargó de implementar.

"Hace falta una solución conjunta de los distintos gobiernos de la región para hacerse cargo de la crisis humanitaria que genera la migración masiva de personas venezolanas", afirma Juan Pablo Ramaciotti. El experto apunta que Brasil y Argentina han recibido una entrada menor que Colombia, Ecuador, Perú y Chile; y que los tres últimos han levantado nuevas exigencias para facilitar la entrada de venezolanos a sus respectivos países.

"Tienen que tomar decisiones conjuntas sobre cómo distribuir ciertas cuotas proporcionales de acuerdo a nivel de población, características económicas, etc.", añade. Según él, al igual que lo que ocurre en Europa con los refugiados, "mientras no se resuelva la situación interna en Venezuela, la solución es que los países se pongan de acuerdo porque las personas no van a dejar de migrar".

27/09/2019 - 21:32h

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Viernes, 27 Septiembre 2019 05:52

Cambio climático mental

Cambio climático mental

Nietzsche lanza un desafío pretendiendo cambiar el valor del movimiento partiendo del niño que juega a orillas del mar, imagen del niño como representante de la regresión, del retorno al origen, emergencia de la concepción de ‘‘un después”, un porvenir, una plenitud por alcanzar; giros que se ‘‘redimen” y el olvido como regalo de la memoria.

El niño que ‘‘juega” con el mundo, dice Rovatti, tiene un aspecto ultrahumano, cada uno de nosotros puede rememorar de sí mismo un tramo, detener la imagen, percibir en ella un cierto valor de permanencia que pertenece al acervo de las cosas sencillas, aquellas sencillas maravillas que acontecen cotidianamente como el brillo del sol, el murmullo del mar, la lluvia que cae, y yo agregaría la voz de un cande andaluz que dice: ‘‘como el rayo de luna, yo sólo quiero caminar, como corre la lluvia en el cristal, como el río corre hacia el mar”. Eso que hemos perdido y trato de rescatar mentalmente.

Y así entre la lluvia y el mar, la memoria y el olvido evoco las palabras de Nietzsche: ‘‘Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí sola, un primer movimiento, un sagrado decir de sí que sí” (Así hablaba Zaratustra, ‘‘De las tres metamorfosis”).

Pero al mismo tiempo en todos nosotros se ocultan muchos falsos niños. Más el niño de ‘‘verdad” no se avergüenza de su llanto y lo torna risa, porque sus ojos son capaces de adivinar, y sonreír por ello, al distinguir y presentir las nuevas conchillas que la próxima ola le obsequiará. Ese niño de ‘‘verdad” me parece a mí el niño aquel del poema de Federico García Lorca:

‘‘El niño busca su voz. (La tenía el rey de los grillos). En una gota de agua / buscaba su voz el niño”. Y así como dice Guillén, haciendo alusión a la obra de García Lorca:

El niño que existe en el poeta –y los dos son uno– dispone las palabras en combinaciones caprichosas, como si estuviese jugando en una playa con piedras y conchas. Así jugaba Federico, entre su imaginación y sus manos, con el mundo.

¿Existirá la posibilidad del cambio climático y que nuestros descendientes jueguen a la orilla del mar en este juego de los países compitiendo a ver quién llega primero al infierno?

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Yehuda Shaul

Yehuda Shaul es cofundador de Breaking The Silence, organización formada por antiguos militares israelíes que critican la ocupación

"El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio por ello", señala Shaul, "están dormidos"

"La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí"

Yehuda Shaul habla tranquilo, con tono grave y en su perfecto inglés, desde una cafetería en Madrid. "El sentimiento de una persona promedio en Tel Aviv es que la ocupación no es un problema. No pagan un precio diplomático, político, mediático, apenas de seguridad…", señala este activista israelí. "Están dormidos", denuncia.

Quizá porque muy pocos saben a qué se dedican sus soldados cuando nadie les ve. Contra esa duermevela creó Shaul la ONG Breaking the Silence, dedicada a recopilar los abusos del Ejército en boca de sus propios soldados: asaltos a viviendas y arrestos aleatorios en barrios palestinos, castigos e intimidaciones a ancianos y niños…

Shaul creó la ONG poco después de terminar el servicio militar obligatorio de tres años en las Fuerzas de Defensa Israelíes en la ciudad ocupada de Hebrón en 2004, coincidiendo con el pico de violencia de la Segunda Intifada. Criado en la derecha israelí y con varios familiares colonos, fue al instituto en la Cisjordania ocupada y no fue hasta que dejó los fusiles y las ropas de camuflaje, cuando aquello que había estado haciendo durante tres años le hizo reflexionar.

Buscó refugio en sus "camaradas", y fue a través de conversaciones en los cuarteles cómo algunos de los soldados y exmilitares israelíes de una de las Fuerzas Armadas más temidas del mundo comenzaron a romper su silencio y a reconocer sus dudas sobre si lo que habían hecho estaba bien o no.

Empezaron su activismo con una exposición. Fotos del día a día en el Ejército. Tanques, civiles palestinos golpeados o arrestados con los ojos vendados, niños desde el visor de un francotirador… El objetivo era contar qué pasaba en las zonas ocupadas y qué estaban haciendo aquellos que se habían acostumbrado a la violencia. "La gente que venía estaba en shock, mientras que para nosotros aquello era como estar en casa", recuerda. Años después publicaron 'El libro negro de la ocupación', que recogía más de un centenar de testimonios sobre la intimidación y el día a día en Gaza y Cisjordania.

Y así pasaron quince años. Y, con ellos, el viraje al conservadurismo de la mano del partido del primer ministro conservador Benjamin Netanyahu, el Likud. De aquella exposición fotográfica que presentaron en el Parlamento israelí han pasado a tener su propia ley en contra, la 'Ley Breaking The Silence', que prohíbe dar charlas en los colegios a las voces disonantes. El objetivo, según Shaul, es callar la disidencia y matar el pensamiento crítico para que así el paso a un apartheid legal se haga de la forma más natural y "menos abrupta" posible.

Las elecciones refuerzan la ocupación

Los resultados de las recientes elecciones confirman el apoyo y la continuación de la ocupación. El actual primer ministro conservador, Benjamin Netanyahu, que se jugaba su impunidad jurídica y la radicalización de su proyecto político ha empatado con el otro favorito, Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y también defensor de la ocupación. "La idea de que Israel logrará la estabilidad y la paz aplastando a millones de Palestinos es una locura. Nunca ha funcionado en la historia y no hay razones para pensar que esta vez sí", señala el activista.

La repetición electoral, según Shaul, ha puesto sobre la mesa dos cuestiones fundamentales, explica mientras se bebe una Coca Cola. La primera es el anuncio prometido por Netanyahu como guiño a los colonos y sectores más ortodoxos de anexionar los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Imponer la soberanía, aplicar la ley israelí y… "formalizar un régimen de apartheid".

El segundo aspecto, denuncia Shaul, es la destrucción de los pilares de lo que él considera los valores fundacionales e instituciones liberales de Israel: "Una educación y unos medios de comunicación críticos, una sociedad civil vibrante, un poder Judicial independiente..."

Sumada a esta delicada coyuntura interna, el activista añade un contexto internacional "trumpiano" y el llamado Acuerdo del Siglo o Plan Trump —Shaul hace un juego de palabras y lo llama 'Sham Trump' (el Engaño de Trump)—, cuyos detalles todavía se mantienen en secreto. "Lo que están intentando hacer es terminar con el paradigma de los dos Estados, la ley internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en el mejor de los casos, legitimar la ocupación permanente. En el peor, la anexión sin igualdad de derechos", denuncia.

"Todo va a depender de cómo responda Europa", afirma. "Si vuestros líderes no comprenden que Europa tiene que defender con contundencia el derecho y lo acordado en los tratados internacionales", no solo sentará precedente para disputas similares futuras, sino que "Israel perderá la oportunidad de, en un futuro lejano y progresista, dar marcha atrás y rectificar" .

El papel de los agentes internacionales es determinante porque la sociedad israelí, continúa Shaul, no tiene capacidad para oponerse al apartheid, término que utiliza casi como sinónimo de ocupación. "La mayoría de los israelíes y palestinos han nacido en esto, esta es la única realidad que conocemos, una en la que nosotros les controlamos", sentencia.

Por Marta Maroto

21/09/2019 - 20:58h

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De la esperanza a la rabia: Ecuador rechaza por cinco votos despenalizar el aborto en casos de violación

 El proyecto para legalizar el aborto en caso de violación necesitaba este martes 70 votos a favor en el Parlamento, pero solo logró 65

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada

 

Si hubiera que elegir una palabra para describir el sentir de las organizaciones feministas en Ecuador sería, sin duda, indignación. El Parlamento ha rechazado este martes despenalizar el aborto en todos los casos de violación y malformación del feto. Los colectivos lamentan que el Estado continúe así "criminalizando" a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las que disponen de escasos recursos económicos.

Un total de 65 parlamentarios votaron a favor de la reforma del Código Penal que proponía ampliar los casos en los que se habilita el aborto, mientras que 59 se opusieron y seis se abstuvieron. Tan solo cinco votos más habrían bastado para aprobar la reforma legislativa.

"Es indignante; tanto los asambleístas que votaron en contra como los que se abstuvieron o decidieron no estar en la Asamblea no nos representan. Tuvieron un momento histórico para el avance de los derechos de las mujeres y, sin embargo, no les interesó. Lamentablemente retrocedimos diez años en los derechos de las mujeres", cuenta a eldiario.es la psicóloga Cristina Cachaguay, presidenta de la organización ecuatoriana Mujeres por el Cambio.

El rechazo de esos diputados a la despenalización del aborto en determinados casos responde, según la activista, a "un cálculo político" de cara a las elecciones presidenciales de 2021, ya que si hubieran votado a favor de esa reforma "no serían reelectos en los próximos comicios", afirma.

Tampoco hay que olvidar que Ecuador es un país conservador, con un 80% de población católica, y, al igual que en otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, "también aquí ha habido un fortalecimiento de una ultraderecha a la que no interesan los temas relativos a los derechos", añade Cachaguay.

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Se trata de una legislación vigente desde 1938 y establece penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que deciden abortar.

Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, un total de 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019 en el país. Este mismo colectivo cifra en 20.632 los abortos registrados a lo largo de 2016 en adolescentes de 15 a 19 años, o dicho de otra manera: 56 adolescentes interrumpen su embarazo cada día poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras. Asimismo, Surkuna sostiene que en 2016 hubo 1.102 abortos en niñas de 10 a 14 años, si bien la ley ecuatoriana considera violación toda relación íntima con menores de 14.

"La decisión que tomó el martes la Asamblea Nacional fue lamentable, una medida que contribuye al retroceso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura, un trato cruel y degradante", indica a eldiario.es Mayra Tirira, abogada de este colectivo encargado de defender a mujeres que han sido criminalizadas por abortar en el país latinoamericano.

Desde las organizaciones feministas también recuerdan que la mayor parte de las mujeres que en Ecuador "son ultrajadas y violentadas" provienen de los sectores más populares. "El Estado sigue criminalizando la pobreza. Las mujeres ricas abortan fuera del país, mientras que las pobres lo hacen de forma clandestina y mueren", sostiene Cachaguay.

Aunque el proyecto para legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto haya fracasado esta vez –y otra más en 2013–, los colectivos de mujeres en Ecuador ya han advertido de que "esto recién empieza" y de que continuarán "posicionando el tema en la agenda" con el objetivo de poder decidir sobre sus propios cuerpos.

América Latina es una de las regiones del mundo con leyes más restrictivas en cuanto al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. El aborto en la región solo está despenalizado en Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México, lugares donde las mujeres siguen enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a estos servicios.

por María García Arenales

19/09/2019 - 21:52h

Publicado enSociedad
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