Vista parcial de la mina El Cerrejón, Guajira-Colombia

Las minas de carbón están cerradas por orden Europea desde el 31 de diciembre de 2018, pero algunas centrales siguen operativas e importan el carbón para funcionar

El carbón que se consume en España, que produce aún un 14,1% de la electricidad, viene principalmente de Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica

Greenpeace denuncia que el carbón se extrae en estos países con un coste inasumible: para la salud de las comunidades locales, medioambiental, en derechos humanos y con amenazas y violencia contra la población

España viven una situación paradójica con el carbón. La UE ordenó que para el 31 de diciembre de 2018 las minas nacionales estuvieran cerradas. Y se cumplió. Pero las centrales siguen operativas –aunque está ya previsto el cierre de la inmensa mayoría de las centrales que quedan en España–, y por supuesto necesitan carbón para operar. De algún sitio tiene que salir.

En el caso de España, esos sitios son Colombia, Rusia, Indonesia y Sudáfrica, principalmente. Y, según Greenpeace, el coste que pagan las poblaciones locales por la extracción de cabrón para exportar es alto. "Tiene altos costes para la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes. La represión, la persecución, las amenazas y la violencia a las comunidades acompañan la extracción de carbón", asegura la ONG en su informe Heridas del Carbón, que ha hecho público este lunes.

En España, el 14,1% de la producción eléctrica procede de centrales térmicas, según Greenpeace. Para ello se importaron 16.435.474,33 toneladas de carbón en 2018. Esta actividad generó casi 40 millones de toneladas de CO2 el pasado año. 

El principal proveedor español en 2018 fue Indonesia, de donde importamos más de un cuarto del carbón que utilizamos (un 27,34%). Le siguieron Rusia (22,48%) y Colombia (21,17%). En los últimos años, a estos actores se sumaban Sudáfrica, Alemania, Países Bajos y Francia, que a su vez lo importaban de los mismos países que España.

Pagar un precio muy alto

Pero la extracción afecta gravemente a ciudadanos de estos países. "En lugares remotos de Indonesia, Rusia, Colombia y Sudáfrica hay personas que pagan un precio muy alto por la energía contaminante que se genera en centrales térmicas de carbón de España y Europa", asegura Greenpeace.

El problema añadido, continúa la organización, es que todo esto ocurre "con el apoyo de las autoridades, que se amparan en el mantra del desarrollo económico del país", pese a que el desarrollo "no se produce en las comunidades donde se instalan; allí las promesas de las mineras se convierten en problemas".

La vida de Yana Tannagasheva ejemplifica el problema en Rusia. Esta indígena, del pueblo shor, en la región de Kemerovo (Siberia), uno de los grupos étnicos minoritarios del país, con una vida muy pegada y dependiente de la tierra, ha visto cómo "con la llegada de las primeras compañías del carbón, el pescado comenzó a desaparecer. El agua se volvió inadecuada para beber, las minas devastaron los terrenos de caza", relata.

La situación se agrava por otras circunstancias, explica Greenpeace: por ejemplo, que las compañías extractoras explotan el carbón lo más cerca que pueden de los pueblos porque es más barato. "En muchos casos, la mina ha llegado hasta las localidades, obligando a la gente a ser reubicada o a quedarse escuchando las explosiones a lo largo del día", según explican activistas locales.

En la otra punta del planeta, en Colombia, la situación es muy parecida. "En general, las inversiones de minería se hacen sin el consentimiento de la gente y ese es el punto crítico: cómo se insertan estas actividades sin informar a la gente (...). Bajo el discurso del desarrollo económico del país, la gente local rara vez se beneficia", ilustra Alejandro Parellada, experto en Derechos Territoriales y Gobierno Indígenas Autónomos del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígencas (IWGIA).

El ejemplo más sangrante para Greenpeace está en La Guajira. "Está la mina abierta más grande del mundo. Allí está la comunidad Wuayú, que se está viendo exterminada por la mina de Cerrejón. Es una mina que gasta al día más de 30 millones de litros de agua mientras que la gente se está muriendo de sed", denuncia Diego Alejandro Rojas Fonseca, del colectivo Arbelaez. Expropiaciones de tierra, contaminación del aire o pérdida de suelo agrícola llegaron de la mano de la minería.

Una mina en el paraíso

En Indonesia, los Dayak Basap llevan siete generaciones viviendo en una granja de selva de 300 kilómetros. Hasta hace poco vivían de la caza de ciervos y jabalíes y de cultivar arroz y verduras en un fértil suelo. Todo es más difícil ahora.

En los últimos 15 años, la producción de carbón en el país ha aumentado exponencialmente favorecida por un crecimiento caótico, dice Greenpeace, de la concesión de licencias. Con esta expansión llegó la corrupción, la minería ilegal, la deforestación, reclamaciones por la tierra o la esterilidad del terreno.

"Las comunidades afectadas no sabían nada de la capacidad destructiva de las minas de carbón. Las empresas que se reunieron con las comunidades locales nunca les hablaron de los daños, solo de que les iban a dar trabajo y bienestar", explica Alwiya Shahbanu, un activista del país. Su ONG, Jatam, calcula que el 43% de la superficie de la zona de Kalimantan Oriental ha sido entregada a empresas mineras.

En Sudáfrica la minería no es cosa nueva. En parte es responsable de que sea el país más potente económicamente del continente. Allí las violaciones de derechos humanos se repiten, asegura Greenpeace. "Falta información a las comunidades locales, desplazamientos sin compensación, persecución y daños ambientales con afecciones directas en la salud de los habitantes", denuncia la ONG.

Las propuestas

Pero Greenpeace no solo denuncia y afea. La organización concluye su informe con una serie de recomendaciones dirigidas a todas las partes: desde las empresas y países de origen hasta las compañías y gobiernos de las naciones importadoras.

A los exportadores, la ONG les propone que establezcan un marco normativo "que incluya estándares  obligaciones en temas de transparencia y acceso a la información", uno de los principales escollos que se ha encontrado la organización a la hora de recabar información.

También les pide que protejan y promuevan el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades que sufren los impactos negativos del negocio del carbón y que se establezcan mecanismos efectivos de reparación de los abusos que se puedan cometer. Además, solicitan que se analicen sistemáticamente los niveles de contaminación ambiental y que se aceleren los procesos de rendición de cuentas. Y todo ello sin perder de vista el objetivo final de implementar un modelo energético 100% renovable y democrático.

Al Gobierno español, Greenpeace le pide que fije una fecha vinculante para acabar con la producción de electricidad con carbón, que cierre las centrales térmicas que no se han adaptado a la normativa europea para 2020 y que vigile que las que sigan operando cumplan con los límites de emisiones establecidos.

Para las empresas importadoras de carbón hay cinco peticiones: que asuman públicamente el compromiso de respetar los derechos humanos y el medio ambiente; que implementen procesos de diligencia debida para prevenir y mitigar los efectos adversos provocados por sus actividades; que utilicen su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y contribuyan a una transición energética y que mejoren la transparencia e identificación de riesgos en la cadena de suministro del carbón.

Por Daniel Sánchez Caballero

09/12/2019 - 09:05h

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 08 Diciembre 2019 05:29

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile

 La policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La oposición criticó el proyecto de reforma de la comisión de expertos.

 

 Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile, la policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En Santiago, Valparaíso y Concepción se registraron saqueos e incendios en comercios y edificios públicosHubo nuevos manifestantes con heridas en los ojos pese a que la policía se había comprometido a dejar de usar balines y perdigones. Por otra parte, la oposición criticó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el viernes por la comisión de expertos convocada para este fin.

La ola de protestas parece no tener fin

Durante las marchas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado se registraron saqueos de comercios. También ataques a comisarías e incendios de micros del transporte público. El saldo a nivel nacional fueron 136 detenidos, según informó en la tarde del sábado la Subsecretaria del Interior. Uno de los hechos más relevantes fue el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Es la tercera vez desde el inicio de las protestas que este edificio es incendiado. Miles de personas se reunieron pacíficamente en la zona de la plaza. Pero alrededor de ella centenares de encapuchados se enfrentaron a la Policía. Hechos similares se replicaron en Valparaíso (centro) y Concepción (sur) dejando 63 heridos entre civiles y uniformados.

Los chilenos también marcharon para manifestarse en contra del cambio climático, en consonancia con la Cumbre del clima que se dió en España. El evento tenía como sede la ciudad de Santiago de Chile, pero ante las protestas tuvo que mudarse a Madrid.

En tanto, las lesiones oculares que sufrieron los manifestantes alcanzaron las 352 desde el inicio de la crisis, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos de ellas quedaron ciegas producto de balines y perdigones. La Policía se comprometió hace dos semanas a dejar de utilizar este tipo de armamento, pero los heridos en los ojos han seguido creciendo, según informaron organizaciones humanitarias. "Coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), hay conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", sostuvo Sergio Micco, director del INDH. "Estamos frente a una situación de denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos", agregó Micco. Estas críticas van en línea con las de Human Right Watch (HRW) y la CIDH que señalaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del estado.

Críticas al proyecto de Reforma Constitucional

El viernes se conoció el texto donde se propone la normativa para modificar la Carta Fundamental de Chile. El mismo fue redactado por una comisión técnica que surgió del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” firmado por un gran abanico de partidos políticos. Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición referidas a las trabas que pone a una participación amplia en el proceso de reforma. Siete partidos de oposición firmaron un documento donde se comprometen a asegurar que se incluya a sectores indígenas, de mujeres e independientes. “Reafirmamos nuestra voluntad de llevar adelante en Chile un proceso constituyente democrático y participativo donde la ciudadanía sea protagonista. En ese sentido, mantenemos nuestra convicción de garantizar la ejecución del acuerdo suscrito el 15 de noviembre pasado y lamentamos la falta de disposición del oficialismo para llegar a acuerdos que permitan mayor apertura del proceso“, señalaron mediante un comunicado. Los partidos firmante del mismo son Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical. “Consideramos imprescindible continuar avanzando hacia una serie de medidas que, en el marco de lo acordado, lo hagan más inclusivo, profundice su representatividad y garantice la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostienen los partidos de la oposición.

El comunicado especifica la forma en que estos sectores deberían formar parte de la reforma constitucional. “Los pueblos originarios por medio de escaños reservados; mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, informaron en el comunicado.

El documento presentado el viernes por la comisión de profesionales establece que el Presidente debe convocar al plebiscito nacional el día 26 de abril de 2020. En él se preguntará a los votantes si quieren o no una nueva Constitución, y qué organismo debe ser el encargado de realizarla. Las dos opciones entre las que podrán elegir son una “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. Este documento ahora será elevado al Congreso para su discusión. Los legisladores tienen hasta el 25 de junio para realizarle modificaciones.


Se cumplieron 50 días del estallido social

Sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile

Al menos 352 personas han sufrido heridas oculares en Chile por represión policial con balines de goma disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días de estallido social en el país y continúan las manifestaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó este viernes que en 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.

Ayer, la Policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país en décadas.

Desde hace semanas, los chilenos protestan por la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y contra una elite política integrada por un pequeño número de las familias más ricas del país, entre otras cuestiones.

La crisis es la peor en tres décadas de retorno a la democracia y ya ha dejado 26 muertos y más de 12 mil heridos, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además de 20.600 detenidos.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, informó la agencia de noticias EFE.

Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando "conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ordene "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se defendió de las acusaciones, con el argumento de que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".

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El malestar por la reforma de las pensiones desborda Francia

En torno a un millón de personas se manifiestan en la mayor movilización sindical en el mandato de Emmanuel Macron. Los transportes ferroviarios y de metro quedan prácticamente paralizados.

Vagones y estaciones de tren casi desiertas, mientras que las manifestaciones se llenaban de gente. La huelga del 5 de diciembre desbordó las calles en Francia. Después de años de impotencia ante la ofensiva neoliberal, los sindicatos franceses impulsaron este jueves la movilización social más importante tras el inicio del mandato de Emmanuel Macron. Un año después de la revuelta de los chalecos amarillos, la indignación por la reforma de las pensiones toma ahora el relevo del malestar.

Entre 1,5 millones de personas, según la CGT, uno de los principales sindicatos franceses, y 806.000, según el Ministerio del Interior, se manifestaron este jueves en las más de 250 acciones de protesta en Francia. Estas tuvieron un seguimiento más que notable en grandes ciudades como París, donde se congregaron entre 250.000 manifestantes, según los sindicatos, o 65.000, según la delegación del gobierno. Pero también hubo un seguimiento masivo en localidades medianas y pequeñas, como Perpiñán, Caen o Saint-Nazaire (noroeste), donde protestaron al menos 9.000 personas en cada una de ellas. En varias localidades alcanzaron cifras que no se habían registrado desde 2010 con las protestas contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy.

Además del elevado número de manifestantes, el éxito de la huelga quedó reflejado en que se paralizaron sectores claves de la economía y la sociedad, como los transportes ferroviarios y metropolitanos o las escuelas e institutos. Solo circularon uno de cada diez trenes en el conjunto de Francia. El tráfico en once líneas de metro en París quedó completamente interrumpido. A través de asambleas, los trabajadores de la compañía ferroviaria SNCF o de los transportes metropolitanos decidieron alargar la huelga hasta el lunes.

Agentes ferroviarios, maestras, abogados, artistas, enfermeras, estudiantes, periodistas de Radio France (grupo estatal de radio)... Podríamos dedicar solo un párrafo para enumerar a todos los sectores implicados. En la manifestación de París, destacaban los perfiles diversos de manifestantes, que llevaban chalecos amarillos, chalecos rojos de la CGT, naranjas en el caso de los empleados de la SNCF o batas blancas en el personal sanitario. “Esta huelga expresa un malestar que va más allá de la reforma de las pensiones, se trata básicamente de la lucha de clases”, afirma el politólogo Thomas Guénolé, autor del libro Antisocial. Según este analista, comprometido en la lucha contra la austeridad, “como ya sucedió con los chalecos amarillos, esta movilización se caracteriza por haber sido impulsada desde abajo”.

 “Hace nueve meses que protestamos y no nos han hecho caso”, lamenta la enfermera Yasmina Kettal, del Colectivo inter-urgencias, la punta de lanza de las numerosas movilizaciones que se produjeron en los últimos meses en el sector sanitario francés. “Nos hemos implicado en este huelga porque queremos que coagulen los distintos movimientos”, añade Kettal, sobre la necesidad de que converjan las diversas oposiciones, sobre todo en sectores de la función pública, a las políticas de Macron. Una unión que se ha visto propiciada por la reforma de las pensiones, una medida clave en el proyecto neoliberal del macronismo.

La amenaza de una bajada de las pensiones

El joven dirigente quiere transformar el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos. Una medida revestida con un barniz de igualdad con la promesa de que “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. Sin embargo, con su entrada en vigor, prevista para 2025, los futuros pensionistas percibirán una jubilación entre un 15% y un 23% más baja que la de sus conciudadanos que se jubilen ahora a los 64 años con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados, según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones).

Si esta medida se ve culminada, las pensiones se calcularán a partir de los puntos obtenidos a lo largo de la carrera profesional. Es decir, dejará de hacerse en función de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los mejores 25 años en los asalariados del privado. Este proyecto de ley también se ve marcado por la voluntad del gobierno de mantener “el equilibrio presupuestario”. Lo que significa limitar en el 13,8% del PIB el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Una política, que unida al envejecimiento de la población, favorece una reducción de las pensiones.

Aunque el ejecutivo centrista empezó a negociar esta reforma con los sindicatos en el otoño de 2017, este proyecto de ley aún no ha sido ni presentado oficialmente. Sus directrices son, sin embargo, de sobras conocidas, tras las informaciones transmitidas por el ejecutivo, en concreto el informe publicado en verano por Jean-Paul Delevoye, el ministro encargado de esta medida. El primer ministro Édouard Philippe anunciará “a mediados de la semana que viene la arquitectura general de la reforma”, indicó este jueves la ministra de la Transición Ecológica, Elisabeth Borne. Unos anuncios que reflejarán si Macron se mantiene férreo o hace concesiones, como la posibilidad, comentada en la prensa francesa, de que la reforma solo se aplique para las generaciones nacidas después de 1975.

¿Una repetición de la huelga de 1995?

“Tras esta movilización tan fuerte, me parece que el gobierno tendrá que modificar su borrador”, se felicita Jean-François Pacton, de 74 años. Según este histórico militante sindical de la CGT, “hacía años que no veía tenta gente en una protesta en París. Sin duda, es la manifestación sindical más importante desde el inicio del mandato de Macron”. Como recuerda Pacton, “el actual sistema de pensiones francés por repartición —en el que las cotizaciones de los salarios medios y más altos contribuyen para que los más modestos dispongan de unas pensiones justas y decentes— es una de las conquistas sociales de la postguerra después de 1945”. Un escollo ante el que ha chocado ahora la ofensiva neoliberal de Macron.

“Los chalecos amarillos fueron el motor de la contestación y un año después ha llegado el momento de que el pueblo termine de despertar. Estas protestas representan un buen inicio”, presume Jerôme E., de 51 años, un cerrajero de París, que se presenta como militante sindical y de los chalecos amarillos. En medio de la manifestación en la capital francesa en la que resultaba difícil desplazarse por la abundante cantidad de gente, recordaba que “el año pasado no entendí el motivo por el que las direcciones sindicales se pusieron de perfil ante la revuelta de los chalecos amarillos, pero esta vez se han visto obligados por la fuerte movilización de las bases sindicales a convocar la huelga del 5 de diciembre”.

Según Guénolé, las protestas que empezaron este jueves “mantienen algunas similitudes con la huelga de diciembre de 1995”. Entonces, una sucesión de movilizaciones y bloqueos en sectores estratégicos de la economía forzaron al entonces primer ministro, el conservador Alain Juppé, a que renunciara a modificar el sistema de pensiones. ¿El mismo guión volverá a repetirse veinticuatro años después? “No nos encontramos en la misma situación que en 1995. Entonces, los sindicatos era mucho más fuertes y lograron sacar a dos millones de personas en la calle. Ahora la gente es mucho más individualista y prefiere ir a trabajar en patinete eléctrico”, lamenta Pacton.

Pese a las dos últimas décadas de hegemonía neoliberal, los malestares en Francia han convergido en una importante movilización sindical. Un despertar popular que pone contra las cuerdas la reforma de las pensiones.

 

05/12/2019 22:04 Actualizado: 05/12/2019 22:04

ENRIC BONET

 @EnricQuart

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Sábado, 07 Diciembre 2019 06:05

Chile. Condena de la CIDH

Chile. Condena de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el "uso excesivo de la fuerza" en el marco de las protestas en Chile, y llamó a las autoridades "a ordenar el cese inmediato" de las medidas de represión. La Comisión, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que la convulsión social en Chile ha dejado hasta ahora 26 muertos, unos 12.600 los heridos y más de 20.600 detenidos. El malestar, que estalló el 18 de octubre por el aumento del precio del metro de Santiago, derivó en violentas protestas en todo el país por numerosas demandas al gobierno de Sebastián Piñera. "La CIDH expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones", dijo en un comunicado. "La CIDH llama al cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado."

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El sueño de la razón está produciendo monstruos en Bolivia

En estos días se celebra en la prensa el significativo avance de Bolivia en el proceso de pacificación social. “El Congreso aprueba nuevas elecciones”. “Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos”; son las noticias que dominan los titulares en todo el mundo.

Sin embargo, esta es una mirada sesgada que deliberadamente pretende desubicar al lector a través de un relato abstracto, sin sujeto, deshumanizado, que ignora y desprecia el sufrimiento de miles de bolivianas y bolivianos y que los estigmatiza pretendiendo atacar al presidente Evo Morales a quien presentan como un tirano, causante de todos los males de Bolivia.

Lo que esta ocurriendo ahora en Bolivia no es ejemplo de una solución a una crisis constitucional, sino una perversión misma de la democracia, de sus normas, principios y valores fundamentales.

Ya no hace falta, como antaño, dar golpes de Estado con tanques y aviones que bombardean el palacio de gobierno. Ahora basta con sembrar la duda respecto del recuento rápido (preliminar) de votos en unas elecciones, regar de incertidumbre su resultado con interpretaciones parciales que no se basan en hechos contrastados, para generar un estallido social. Y para que policías y militares salgan a la calle, cuales garantes de la democracia, a reprimir severamente a tan sólo uno de los dos bandos y presionar al presidente para que renuncie, por el bien del país, a fin de evitar un derramamiento de sangre, que de todos modos se ha producido, provocado por ellos mismos, por cierto.

Ya son dos informes internacionales los que aseguran que en Bolivia no hubo fraude electoral. Uno es del profesor del Departamento de Ciencias Políticas y del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane . El otro es del Center for Economic and Policy Research (CEPR ). Ambos informes contrastan con la actitud precipitada y poco fundamentada del informe preliminar de los observadores de la OEA , que en todo caso sospecha del sistema de conteo rápido, pero no del recuento oficial efectuado por el Tribunal Supremo Electoral.

Pero, como bien ha apuntado Boaventura de Sousa : “Los hechos muestran que en Bolivia se activó desde hace tiempo un plan golpista, con diversos componentes bien sincronizados entre las elites locales y el imperialismo norteamericano”. Tanto es así que – sigue de Sousa – el fantasma del fraude fue “cimentado semanas antes de las elecciones” logrando que varios cabildos departamentales anunciaran el desconocimiento del resultado electoral si ganaba Evo.

NO HAY DEMOCRACIA

No hay democracia cuando se acusa de fraude electoral al presidente, como hace Mario Vargas Llosa explicitando su claro sectarismo anti Morales, arrinconando la verdad de lo sucedido, asumiendo las fake news, con un discurso supuestamente independiente, y tildando de racistas a quienes precisamente denuncian la discriminación racial y étnica en Bolivia.

No hay democracia cuando las fuerzas armadas fuerzan la renuncia del presidente y se le persigue sin dejarle otra alternativa que huir de su propio país para salvar su vida y para evitar una segura confrontación armada.

No hay democracia cuando la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclama presidenta interina, bloqueando el acceso al parlamento para que otros senadores con mejor derecho a ocupar dicho cargo, tuvieran siquiera posibilidad de ocuparlo o se debatiera la renuncia del presidente.

No hay democracia cuando la toma de posesión del cargo de presidenta interina se realiza con la Biblia en alto mientras despotrica en contra de las costumbres y creencias de una mayoría indígena, atentando contra el Estado de Derecho laico y aconfesional.

No hay democracia cuando el nuevo ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, apenas asumido en su cargo anuncia "la cacería de Juan Ramón Quintana", exministro de la Presidencia de Evo Morales.

No hay democracia cuando el nuevo y autoproclamado gobierno, tras el golpe de Estado, acusa de terrorista y sedicioso al propio Evo Morales con pruebas falsas o manipuladas, pervirtiendo la realidad, desinformando a la ciudadanía y generando con ello una clara persecución de los opositores políticos.

No hay democracia cuando mediante Decreto Supremo se garantizó la inmunidad y con ello la impunidad del Ejército, que salió a la calle a reprimir las protestas, sin contención, acusando después a los seguidores de Morales de estas acciones.

No hay democracia cuando se incumplen las convenciones internacionales sobre asilo, negando el salvoconducto a quienes están refugiados en la embajada de México para que puedan hacer abandono del país.

NADA QUE CELEBRAR

En fin, no puede ser considerada una victoria democrática la instalación de una mesa de diálogo que, por cierto, fue sugerida por el propio Evo Morales, para pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Que Evo haya renunciado a ser candidato en las nuevas elecciones, indica que ha antepuesto el interés del país al suyo propio y al de su partido.

Sólo gracias a ello la Asamblea Legislativa promulgó una ley que establece las condiciones para la realización de unas elecciones presidenciales y legislativas, conseguida a través de la mediación de representantes de organizaciones internacionales y de la iglesia católica y que sólo permite dos mandatos consecutivos con lo cual aquel queda excluido de la cita electoral.

Por ello, no hay nada que celebrar, porque la moneda de cambio para el eventual regreso a los cauces institucionales ha sido la limpieza política del adversario, la eliminación del escenario político de Evo Morales asilado en México, descabezando así al gobierno, al movimiento indígena y al legítimo titular que no fue derrotado en las urnas, haciendo añicos la dialéctica democrática.

Lo realmente grave, es que la situación de interinidad hasta la nueva convocatoria electoral, puede ser utilizada, al más puro estilo golpista, para destruir gran parte de los avances políticos y sociales logrados en los últimos años por el pueblo boliviano, minando la dignidad y el orgullo de ser indígena en un país mayoritariamente de población indígena.

Aunque Vargas Llosa afirme lo contrario, lo cierto es que, hasta antes de la llegada de Evo Morales al poder, Bolivia estuvo gobernada exclusivamente por castas blancas y blanco-mestizas, en una fiel reproducción criolla de la herencia supremacista colonial, plagada de discriminación, racismo, explotación y desprecio de lo amerindio y afroamericano.

TÓPICOS REACCIONARIOS

Basta con que se recorran varias de las poblaciones de este gran país, de sus barrios más pobres como los últimos anillos de Santa Cruz de la Sierra, los conurbados de La Paz, El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, Ouro y tantos otros, para comprobarlo. Quien niegue la realidad de esta matriz racista que divide al país, aunque afirme conocer Bolivia, demuestra no conocerlo lo suficiente, expresa el sectarismo que lleva dentro, así como la falacia de los argumentos, tópicos y típicos de los movimientos más extremos y reaccionarios de la derecha, que son los que ahora se han impuesto en el país andino, al menos provisionalmente.

En sintonía con el resto del continente, entre 1964 y 1982 Bolivia tuvo sus propios gobiernos militares, que junto con la racista y clasista burguesía local administraron el país en su propio beneficio, como si les perteneciera sólo a ellos, donde se fueron sucediendo unos militares y otros con pequeños intervalos de gobiernos civiles, pero todos igualmente serviles a los intereses extranjeros, principalmente de la América de Nixon y Kissinger.

Bolivia tuvo que esperar hasta enero de 2006 para tener, por primera vez en su historia, un presidente indígena, aunque algunos quieran negarle esa condición. ¡Hasta este extremo ha llegado la indignidad! Desde entonces Evo Morales lideró, con aciertos y también con errores, la construcción de un Estado Plurinacional de Bolivia y recuperó el orgullo de ser indígena, lo que no agradó, ni agrada a las élites corporativas y políticas tradicionales. De su mano, Bolivia ha vivido la década de prosperidad económica, social y política más importante de su historia democrática. Dejó atrás el sistema autocrático imperante que marginaba a las dos terceras partes de la república, avanzando en el marco de una democracia participativa y no solo representativa. Obtuvo un fuerte y sostenido crecimiento económico, con una mejora significativa en la redistribución del ingreso, en buena medida gracias a las expropiaciones y nacionalizaciones de compañías estratégicas que explotan sobre todo las cuantiosas reservas mineras.

Prueba de estos logros políticos, económicos y sociales es el público reconocimiento efectuado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren en su última visita de trabajo en agosto 2018.

MARCHA ATRÁS

Todos estos progresos democráticos, sociales y culturales están dando marcha atrás. ¿Y en beneficio de quién? Ciertamente no de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas que siguen manifestando su dolor, indignación y desacuerdo por las calles de todo el país, mientras siguen siendo severamente reprimidos, una represión que se salda ya con 34 muertos, 800 heridos y 624 detenidos.

La CIDH ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, por la policía y las fuerzas armadas, la impunidad por estas acciones, la preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa, el odio racial contra los pueblos indígenas, “la necesidad de instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”, pero con cese previo de la violencia. En el mismo sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con países como España, exigen una comisión investigadora independiente, en especial para las muertes ocurridas en Cochabamba.

INTERESES ECONÓMICOS

Esto me hace pensar que hay otros intereses, una longa manu que está barajando las cartas a su favor. Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo, un mineral esencial para la elaboración de baterías, esas que usamos en los móviles y ordenadores portátiles, y esas mismas que cada vez más se usarán en los automóviles eléctricos. Se trata de un mineral que, en manos del pueblo y sus legítimos representantes, podría rápidamente convertir a Bolivia en un país rico, pero que en manos de los de siempre, se enriquecerán las élites político-empresariales de siempre, locales y extranjeras, en particular las del gigante país del norte.

Por ello, no me sorprende que el nuevo gobierno interino haya puesto entre sus prioridades la reconfiguración de sus relaciones internacionales, nombrando, antes que nada, un nuevo embajador en Estados Unidos, once años después de que ambos países expulsaran mutuamente a sus diplomáticos.

No, Bolivia no está regresando alegremente a la normalidad, sino todo lo contrario, se sigue desangrando. La escalada del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas militares y de seguridad bolivianas es extremamente preocupante, sobre todo si ya tienen previamente garantizada la impunidad por Decreto presidencial, aunque fruto de los acuerdos de la mesa de diálogo, ya se ha derogado el temido y aberrante Decreto Supremo Nº 4078 .

Por mi parte, concuerdo y me sumo a la declaración firmada por expertas y expertos en derecho internacional, y hago lo propio con el Grupo de Puebla, como parte del CLAJUD , en el que hemos pedido la adopción de medidas cautelares para miembros del Gobierno de Evo Morales, así como de otros organismos y organizaciones que instan tanto al gobierno como a las fuerzas de seguridad a respetar y cumplir con sus obligaciones legales internacionales de proteger la libertad de reunión y prohibir el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes civiles.

Si, como afirma Boaventura de Sousa , “la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales”, tenemos la obligación moral de colaborar con Bolivia para que el país regrese a la senda de progreso e igualdad iniciada por Evo Morales y que ha sido tan beneficiosa para la inmensa mayoría del pueblo

Debemos seguir vigilantes, denunciar los abusos y proponer caminos, porque en Bolivia, en América Latina, en España y en el mundo entero, cuando se duerme la razón afloran las peores pesadillas y regresan los fantasmas del pasado fascista que ya creíamos superado, o, como bien reza el cuadro de Goya, porque “el sueño de la razón produce monstruos”. 

Jurista. Miembro del Consejo Latinoamericano de Derecho y Democracia (CLAJUD)

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María Teresa Rivera abrazándose con su abogado tras conocer la decisión del juez que la dejaba libre

María Teresa Rivera, absuelta tras más de cuatro años encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo en el país centroamericano, es el primer caso conocido de asilo vinculado al derecho al aborto

Tras recibir protección junto a su hijo en 2017, se convirtió en activista por el derecho al aborto: "En El Salvador nos condenan por ser mujeres y pobres"

 

Cada vez que María Teresa Rivera subía las escaleras de la cárcel, se repetía que aquella iba a ser la última. Cada vez que dormía en el suelo, tocaba la puerta o volvían a darle de desayunar frijoles llenos de gusanos, el pensamiento era el mismo: este es mi último día aquí. "Me decían que estaba loca. Yo pensaba: 'Sí, pero esta loca se va a ir". Con esa idea, que se le pasó a diario por la cabeza durante los más de cuatro años que estuvo en prisión, guardó la camiseta de una mariposa que le regaló una compañera. "Yo decía: 'Un día voy a ser como esa mariposa libre. Un día voy a regresar a casa", recuerda en una entrevista con eldiario.es.

El 20 de mayo de 2016, Rivera desempolvó aquella camiseta para acudir al juzgado. El juez anuló la sentencia de 40 años por homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en El Salvador, uno de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo en todas las circunstancias. Aquel día, María Teresa Rivera recuperaba su libertad. "Solo levanté mis manos dándole las gracias a Dios". Pero la Fiscalía recurrió el caso y sus opciones, indica, eran dos: o arriesgarse a que volvieran a encarcelarla o buscar protección en el extranjero.

Eligió la segunda. Logró sacarse el pasaporte y en octubre, se subió por primera vez a un avión con su hijo Óscar, que entonces tenía 11 años. El destino: Suecia, un país que desconocía por completo. "Había pensado irme a Estados Unidos, hasta en irme caminando. Pero se me presentó la ocasión de ir a un seminario y me dije: 'Esta es mi oportunidad'. Hablé con las organizaciones y no fui al seminario: iba decidida a ir a Migración. Aterricé y al día siguiente, a primera hora, fui", relata la salvadoreña, de 36 años. "Tenía miedo, pero me atendió una persona muy amable y respetuosa. Por primera vez, me sentí escuchada. Me sentí protegida y apoyada. En El Salvador nunca tuve el apoyo de una autoridad". 

Solicitó protección internacional a las autoridades suecas y, cinco meses después, se lo concedieron. Rivera se convertía entonces en el primer caso público de asilo vinculado al derecho al aborto, por el riesgo de ser encarcelada por este motivo. "Me dijeron que una condena a 40 años por abortar es una tortura, porque el aborto es un derecho y en El Salvador las leyes son muy restrictivas. Lo más importante es que esta puerta esté abierta para otras compañeras. Por eso lucho. Si hay un precedente, hay oportunidades para otras".

Las personas tienen el mismo derecho a solicitar asilo por persecución por motivos de género que quienes huyen de un conflicto armado. Entre ellas están quienes sufren violencia de género o sexual, ataques por su orientación sexual e identidad de género, quienes son objeto de matrimonio forzado, las que temen ser víctimas de mutilación genital, esterilización forzada o crímenes de honor o quienes han sido víctimas de trata. Muchas veces, recuerdan fuentes especializadas en asilo, varios abusos van de la mano, lo que hace que este tipo de persecución no obedezca a un único motivo. Además, suele tratarse de casos vulnerables cuyos detalles muchas veces no se dan a conocer por temor a que las refugiadas sean identificadas.

"Nos condenan por ser mujeres y pobres"

El caso de María Teresa Rivera se remonta a noviembre de 2011, al día en que se despertó esposada a una camilla de un hospital. El personal del centro la denunció y la acusó de haberse sometido a un aborto. "Los doctores y los policías me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo. '¿Qué hijo?', me preguntaba yo", señala. Lo único que recuerda, asegura, es que el día anterior había sentido necesidad de ir al baño. "Me bajó algo rápido. Cuando me levanté, estaba llena de sangre y me desmayé", sostiene. En todo momento, Rivera ha mantenido que desconocía estar embarazada. 

Una de las pruebas en las que se basaron para condenarla fue la declaración del jefe de la fábrica en la que trabajaba, que testificó en su contra, diciendo que le había comunicado que estaba embarazada en enero de 2011. "Yo le había dicho que tenía sospechas. Pero era enero, o sea que habría estado embarazada de 11 meses. Era ilógico. También les pedí que me hicieran una prueba para ver si me había tomado algo, pero no lo rechazaron. No tuve una defensa adecuada y fui condenada a 40 años sin prueba alguna", recalca. Aunque en un principio fue investigada por "aborto", castigado con hasta ocho años de cárcel, la Fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado, con una pena mucho mayor.

Rivera siguió peleando en los tribunales y con el apoyo de varias organizaciones, recurrió la sentencia. En 2016, la Justicia le dio la razón y concluyó que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra. "La Fiscalía me ponía como la peor asesina, insistió en que lo hice con alevosía. Pero un médico dijo que el bebé ya estaba muerto en mi vientre, que lo que hice fue expulsarlo. Ahí es cuando el juez me da mi libertad absoluta y que el Estado debe de pagarme por los daños y perjuicios. Pero el Estado no me pagó, volvió a perseguirme", apunta, en referencia a la decisión de la Fiscalía de apelar la decisión. 

Entre la condena y la absolución, cuatro largos años y seis meses en la cárcel. Pero cuando recuerda cómo era la vida entre esas cuatro paredes, pasa de puntillas por los días que pasó limpiando los lavabos o sacando la basura para ganarse algo de dinero. O los insultos, humillaciones y amenazas que recibió allí dentro: "Asesina", "comeniños", "mala madre".

Cuando piensa en la cárcel, Rivera se acuerda de otras mujeres: Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. A esta última, Evelyn Hernández, la conoció el día antes de salir. En agosto, esta joven de 21 años de edad acusada de homicidio agravado , fue también absuelta. "Cuando la conocí, pensé: 'Es una niña'. Hay muchas mujeres que están encarceladas por sufrir un aborto tras una violación y sus violadores están libres". En la cárcel, entró en contacto con el grupo de 'Las 17', como se conoce a las 17 mujeres que estaban encarceladas entonces como consecuencia de la penalización total del aborto en El Salvador. 

"Para nosotras no hay justicia de verdad", prosigue. Ese 'nosotras' se refiere a las mujeres que viven en condiciones de pobreza en El Salvador, aquellas por las que María Teresa Rivera ha pasado a convertirse en una activista por el derecho al aborto. "Somos las mujeres pobres las que vamos a parar a una cárcel por sufrir emergencias obstétricas, por sufrir un aborto independientemente de si es o no producto de una violación. En El Salvador se está condenando la pobreza. Nos están condenando por ser mujeres y pobres", reitera.

Pero esa conciencia feminista le viene de lejos, de las enseñanzas de su madre, a la que perdió con cinco años en la guerra civil. "Mi mamá siempre me dijo que nosotras no habíamos nacido para lavar la ropa al marido, decía que teníamos que estudiar, que podíamos ser diferentes".

Cuando piensa en la cárcel, lo que más le duele es haber pasado cuatro años separada de su hijo, fruto de una relación en la que sufrió violencia machista y que consiguió dejar atrás, siendo muy joven, gracias a esa fuerza que heredó de su madre. Asegura que durante el encierro solo pudo ver a Óscar dos veces. Mientras, se quedó con su suegra. "Por mucho dinero que te den, nadie va a llenar ese vacío. Me lo quitaron durante cuatro años. Hay un sentimiento de abandono. Mi hijo siempre me ha dicho que no tiene nada que perdonarme, que soy inocente, pero la huella está. Cuando estuve dentro de la cárcel pasó hambre, le humillaron, le pegaron. Los pandilleros lo llamaron para pasar cosas en la calle", agrega con la voz entrecortada. 

Una nueva vida en Suecia

Al salir de prisión, Rivera cuenta que se encontró "con todas las puertas cerradas" a la hora de buscar trabajo. "Estás marcada porque sos una asesina. Me resultó muy difícil encontrar trabajo. No me importaba empezar de cero, pero sufrí discriminación laboral". Además, las pandillas comenzaron a extorsionar con una "cuota mensual" por su pequeño negocio de comida. Unido a la decisión de la Fiscalía, estas dificultades para salir adelante fueron las que empujaron a Rivera a marcharse al país nórdico. 

Los comienzos no fueron fáciles en Suecia. "Los primeros meses fueron duros, nos costó mucho adaptarnos. Mi hijo no quería ir al colegio. 'No tengo con quien hablar, todos hablan en otro idioma, no sé qué hablan', me decía. 'Ya vas a aprender', le respondía yo". Ahora, Óscar tiene 14 años y habla sueco con soltura, presume orgullosa su madre. "Yo lo hablo, bueno... ¡no sé en que dialecto, pero lo hablo!", dice entre risas. 

Ahora viven en Fors, una localidad a dos horas de Estocolmo. "Es un pueblo que tiene naturaleza y en verano se pone muy bonito", asegura sonriente. Pagan el piso con la ayuda a la que tienen derecho por ser refugiados en el país. De momento, Rivera estudia Enfermería para poder encontrar trabajo. "Sin bachillerato sueco es difícil", prosigue. De momento, no se plantea regresar a El Salvador. "Me encantaría, pero no sé qué me puede pasar si vuelvo". 

Compagina los estudios con el activismo. Sabe lo importante que es no sentirse sola en una cárcel. A raíz de una campaña de Amnistía Internacional –que la ha invitado a España para presentar su último informe sobre ataques contra defensoras– y el apoyo de otras organizaciones locales como la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, comenzó a llegarle un aluvión de cartas al centro penitenciario. "De España, de Suecia, de todo el mundo... yo solo pensaba: 'Cuánta gente apoyándome y trabajando para que pueda salir de aquí'. Mi familia me borró del mapa, para ellos no existía, pero para otra gente sí. Y eso me dio fuerzas para no rendirme". 

Recuerda a sus compañeras. Mayra, Beatriz, Alba, Lorena, Manuela, Guadalupe, Evelyn. Las 17 y más. "No puedo apoyarlas económicamente, pero tengo voz y fuerza para hablar para que no queden en el olvido y que se conozca cada una de sus historia, porque no son solo un número". Quiere que las que continúan presas también escuchen de la boca de un juez que son inocentes. "Cuando me absolvieron me sentí libre, pero no totalmente libre porque ninguna mujer va a ser libre cuando a se están violando los derechos de otras mujeres, cuando hay otras mujeres que están todavía en la cárcel, ¿verdad?". Las quiere libres, como aquella mariposa.

Por Icíar Gutiérrez 

01/12/2019 - 21:14h

María Teresa Rivera. AMNISTÍA INTERNACIONAL

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:28

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Los Carabineros disparan a la cara para aterrorizar a los manifestantes.

 

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

 

Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.

 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.

Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.

Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.

Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

 “Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última. 

Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Por Andrea Guzmán

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:18

Para la CIDH no hay garantías en Bolivia

Eguiguren denunció "dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”.  ________________________________________ Imagen: CIDH

Un relator del organismo dijo que pedirá una visita inmediata de la comisión para analizar las masacres de Senkata y el Alto.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia no hay garantías para investigar de manera imparcial los hechos ocurridos luego de la renuncia de Evo Morales. Por esa razón el Relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, manifestó la necesidad de formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos. A su vez calificó como masacres las muertes de 14 personas durante la represión policial en El Alto y Sacaba. El relator de la CIDH dijo que pedirá una visita inmediata de su organismo para analizar los hechos.

El relator de la CIDH manifestó su preocupación por la realidad que se vive en Bolivia. “Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista con la cadena CNN. Eguiguren sostuvo que esos elementos vuelven necesaria una investigación externa sobre los hechos de violencia. “La Comisión va a plantear que debe constituirse un grupo interdisciplinario e internacional de expertos que pueda constituirse en el país e investigue a profundidad los sucesos ocurridos luego de la renuncia del presidente Evo Morales y la anulación electoral, que han causado por lo menos dos masacres claramente verificadas, una en El Alto y otra en Cochabamba”, anunció el miembro del CIDH.

Luego de la renuncia de Evo Morales hubo dos grandes hechos represivos en Bolivia. Uno el 15 de noviembre en El Alto donde perdieron la vida por impacto de bala ocho cocaleros. Luego el 19 de noviembre en Senkata frente a la planta de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos la represión policial causó la muerte de seis personas. También todas por impacto de bala. Eguiguren calificó ambos hechos represivos como masacres. “A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió el relator de la CIDH. También anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.

Eguiguren también fue crítico con el derogado decreto de la Presidenta autoproclamada Áñez que quitaba responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad. “Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó Eguiguren.

Las declaraciones de Eguiguren llegan cuatro días después de que una delegación de la CIDH encabezada por su presidente, Pablo Abrao, se trasladara a El Alto para recabar testimonios de las llamadas masacres de Senkata y de El Alto. “Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, declaró Ixalta Aliva, una de las testigos, el lunes pasado.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:12

Malas noticias

Malas noticias

El Kremlin intenta contrarrestar las malas noticias sobre su gestión con una nueva ley represiva que, según reconocen los autores de la iniciativa, tendrá una aplicación selectiva.

Aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, esta ley –que es un instrumento para entorpecer la labor y castigar a quién decidan las autoridades y cuándo quieran– aún debe ser promulgada por el presidente Vladimir Putin, mientras decenas de intelectuales y activistas de los derechos humanos le piden, en carta abierta, no hacerlo por ser un documento que, a su juicio, viola la Constitución.

Por la deliberada ambigüedad del texto, quienes ostentan el poder se arrogan el derecho de obligar a cualquier ciudadano ruso que publique o transmita una información que no sea de su agrado, a colgarse el denigrante sambenito de “agente extranjero”, con la extensa lista de limitaciones que ello implica, en caso de recibir dinero (honorarios, donaciones, becas, premios) desde otro país.

La medida establece sanciones y dificulta el trabajo de quienes critican al Kremlin, que además tienen cerradas las puertas en los medios financiados por el Estado, pero no podrá impedir que salgan a la luz informaciones que, en su opinión, afectan su imagen, como los recientes sondeos del Centro Levada, que cuando se cansó de hacer encuestas a modo de inmediato quedó marcado con el estigma de “agente extranjero”.

En este momento, según revela un estudio de opinión del Centro Levada, 72 por ciento de los encuestados considera que no coinciden los intereses del Kremlin y de la sociedad, y la mayoría de éstos (53 por ciento) está convencida de que ello se debe a que “las autoridades viven a costa de la población y poco les importa qué pasa con la gente”.

El sondeo se llevó a cabo los días en que las autoridades nada hicieron frente a devastadores incendios e inundaciones, y muchos rusos cuestionaron que Rusia haya condonado la deuda de 20 mil millones de dólares de países de África, al tiempo que el gobierno dijo no poder indexar las jubilaciones de los mayores que se ven obligados a seguir laborando, cuando para ello se requiere una suma cinco veces inferior.

En ese contexto, más de la mitad de los jóvenes entre 19 y 24 años no ven su futuro en Rusia y expresaron el deseo de emigrar. Esta sí que es una mala noticia.

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De Argelia a Iraq, los pueblos del mundo árabes vuelven a revelarse abiertamente

 Estamos asistiendo a la segunda oleada de protestas y rebeliones en el mundo árabe. La primera comenzó en diciembre de 2010 y provocó la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. También provocó disturbios en Bahrein y Siria, por no hablar de numerosos movimientos de protesta en Marruecos, Argelia, Iraq y Sudán. Luego vino la contrarrevolución, cristalizada dramáticamente en Egipto con en el golpe de julio de 2013 financiado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Combinación de represión con inyección de capital fresco –de los países del Golfo o de los ingresos del petróleo– y algunas concesiones más o menos formales, pareció confirmar que el viejo orden se mantenía utilizando la amenaza de guerra civil como elemento disuasorio frente a los manifestantes de todos los sectores.

Y sin embargo, quienes una vez más, particularmente en Occidente, albergaban la esperanza de que la “estabilidad” volvía han tenido que cambiar de opinión. En 2019 se ha reavivado la llama revolucionaria: en Sudán un levantamiento popular derrocó la dictadura de Omar Al Bashir, casi treinta años en el poder; en Argelia, una enorme oleada de protestas frustró la candidatura para un quinto mandato de un presidente decrépito y ha seguido exigiendo el fin de un “sistema” que ha desangrado al país; el pueblo iraquí se está levantando para denunciar el sistema impuesto por Estados Unidos en 2003 sostenido por Irán y apuntalado en el confesionalismo y la corrupción. Y finalmente los libaneses, hartos de los mismos males, han salido a las calles exigiendo “que se vayan todos”. Incluso los egipcios, controlados y aplastados por un aparato represivo sin parangón en la historia del país, salieron a la calle a protestar en septiembre en manifestaciones modestas pero extendidas al Cairo, Suez, Alejandría y Mahalah Al Kubra.

El Estado por encima de la ciudadanía

Esta segunda ola se nutre de las mismas razones que la primera: estructuras de poder autoritarias que abusan del pueblo deteniendo a la gente arbitrariamente y no sólo por razones políticas, encarcelando, brutalizando, y torturando; situaciones sociales insoportables marcadas por un desempleo generalizado, sobre todo entre los jóvenes, y enormes disparidades que se agravan cada día. Oriente Próximo es la región más desigual del mundo. La injusticia social está en el centro del movimiento, más incluso que en 2011.

Estos hirak [ movimientos], como se denomina a todos estas revueltas, han aprendido las lecciones del pasado: rechazan la lucha armada a pesar de la brutalidad de la represión –como en Iraq y Sudán–, impiden los intentos de dividir a los manifestantes por sesgos confesionales, y desacreditan el fantasma de las “conspiraciones extranjeras”. Asimismo han tomado conciencia de que la verdadera confrontación no está entre supuestos sectores laicos y supuestos islamistas. Pero se enfrentan a una gran dificultad, un obstáculo que sortearon en 2011-2012: imaginar un nuevo orden económico y social.

Cuando el mundo árabe cambió

Para comprender la dificultad de esta tarea debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, a los años de la descolonización y a las luchas por una verdadera independencia política aunada a la exigencia de eliminar las bases militares y la influencia occidentales. Las antiguas colonias o “protectorados” también se comprometieron a recuperar sus recursos naturales, construir un poderoso sector público y aplicar la reforma agraria. Este proyecto se materializó de Egipto a Iraq y de Argelia a Siria. El desarrollo de los sistemas de educación y salud mejoró considerablemente las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población. A estas opciones se sumó una política exterior independiente dirigida a la no alineación. A pesar del alto precio a pagar –un aparato policial omnipresente y la drástica reducción de las libertades civiles– la mayoría de fuerzas políticas hicieron suyo ese programa en los años sesenta y setenta, tanto si estaban en el poder como en la oposición.

Sin embargo, la derrota de los países árabes en junio de 1967 en su guerra contra Israel, la muerte del presidente Gamal Abdel Naser en 1970 y del presidente argelino Huari Bumedian en 1978, así como la intensificación de la crisis del “sistema socialista” representado por la URSS, marcaron un punto de inflexión. Y con la llamada crisis del petróleo de 1973, las monarquías del Golfo aumentaron su influencia en la región.

A escala internacional, la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo hicieron que el “consenso de Washington” [1] se impusiera al resto del mundo, y los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en la única vía hacia el desarrollo. “No hay alternativa”, proclamó Margaret Thatcher. Los planes elaborados por el FMI, aprobados por el Banco Mundial y la Unión Europea, se aplicaron sin tener en cuenta las consecuencias sociales.

Con su política de infitah [apertura económica], el presidente egipcio Anwar El Sadat comprometió a su país en una dirección que pronto siguieron otros. El sector público paralizó su actividad, a veces simplemente se vendió a intereses privados. A partir de entonces, las élites miraron a Washington y dieron la espalda a las “viejas” reclamaciones nacionalistas y a su apoyo al pueblo palestino. Las libertades civiles retrocedieron porque los diversos cuerpos policiales seguían dominando toda la actividad política.

Los políticos se mantienen unidos

Este modelo neoliberal basado en el libre comercio ha resultado desastroso para la gente común. En lugar de asumir las tareas del sector público, el sector privado ha invertido todos los beneficios de su saqueo en paraísos fiscales. Millones de jóvenes bien formados no han encontrado buenos trabajos en sus países y muchos han emigrado en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. La caída del mercado en 2008 confirmó que la naturaleza de la crisis no se limitaba al mundo árabe, como demostró Grecia o Chile. Y mientras tanto, la amenaza del calentamiento global probablemente volverá a esta región en inhabitable.

Estrecha es la puerta

Hoy empieza a surgir una nueva cultura política democrática que requiere programas económicos que no pueden reducirse a “paga tus deudas y abre tus mercados”. Sin embargo, ya no hay ningún otro modelo disponible, excepto el capitalismo de estado a la manera china, lo que implica trampas inhumanas como la subcontratación y la explotación feroz de mano de obra local, un modelo que ya no se puede poner en práctica fácilmente hoy en día porque la subcontratación está pasada de moda, los mercados se están cerrando y la emigración es cada vez más peligrosa para quien la emprende.

¿Qué hacer? Contrariamente a lo que muchos dirigentes occidentales imaginan, la estabilidad no puede restaurarse sin transformaciones políticas profundas. Mantener a las élites actuales en el poder significa agravar el caos que afecta directamente a organizaciones radicales como Al Qaeda, ISIS o algún otro movimiento que aún no ha nacido. El otro camino, estrecho, escarpado y lleno de obstáculos, es el de la nueva cultura pluralista emergente y el desarrollo de economías nacionales basadas en la satisfacción de las necesidades reales de las personas. Y esto requiere una ruptura con la lógica neoliberal y el libre comercio desenfrenado.

Por lo tanto, se plantea la cuestión, tanto para Francia como para la UE, de si vamos a acompañar estas opciones o nos vamos a aferrar a un dogma anticuado que sólo puede empeorar una inestabilidad por la que también nosotros tendremos que pagar un alto precio.

Nota:

  1. Nota del editor: “El Consenso de Washington” se refiere a un acuerdo tácito entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apoyado por el Tesoro de Estados Unidos, para proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo en dificultades sólo a condición de que adopten principios de estricta disciplina presupuestaria, reorientando el gasto público hacia sectores que garanticen un rendimiento positivo de la inversión, reformando sus leyes tributarias, desregulando sus mercados y garantizando la estabilidad monetaria.

Por Alain Gresh y Jean Pierrer Sereni

Orient XXI

Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

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