Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

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326 colombianos en riesgo de morir por cuarentena en Perú

Cerca de 326 colombianos y colombianas están atrapados en Perú, y en alto riesgo de perder su vida. Sobreviviendo en dificiles circunstancias, no cuentan con óptimas condiciones para protegerse del Covid-19. Además, y como resultado de las medidas de control social ordenadas allí para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, y que eximen de responsabilidad penal a los militares que maten o hieran a quienes no cumplan con el encierro en casa.

“Yo tengo un trabajo regular en Colombia. Me dieron 3 meses de vacaciones y decidí viajar para alejarme de la cotidianidad. Tomé la motocicleta y empecé a viajar, destino: la Patagonía. No alcancé a llegar hasta mi destino y desde Chile empecé a retornar a Colombia. Subiendo por el Cusco, me sorprendió la medida de cuarentena y cierre de fronteras. Rápidamente, una noche, manejé durante 2 días en toque de queda y llegué a una población cerca a Cañete, por la costa peruana, porque el virus tiene una probabilidad de supervivencia menor en climas cálidos. Y además la costa me servía para estar alejado de la gente. Pero luego, cuando aumentaron la cuarentena en Perú, arranqué para Lima para mejorar el abastecimiento y poder contactarme con el consulado colombiano para cualquier oportunidad de repatriación, oportunidad que ya considero improbable”.

Así empezó el relato Esteban Jiménez, colombiano, atrapado a partir del 16 de marzo en Perú, cuando empezó la medida de cuarentena. Una noche alarmado, porque no podría estar con su madre de 68 años y su hija de 6 años, tuvo una crisis, y en la alcoba de su cuarto, su mente a mil buscando soluciones, pensó en coger la moto y manejar rumbo directo hacía Colombia rompiendo cualquier bloqueo fronterizo para poder ver a su familia. “Hay días de días” me cuenta Esteban, pero yo estoy bien, podré aguantar hasta el 13 de abril. Pero sé que hay otros colombianos que la están pasando muy mal, por ejemplo, los que están en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez en Lima, o los que estaban hospedados en hoteles en ciudades del sur, y como cerraron los hoteles: “pa’ fuera”, dice el viajero que nunca pensó que una cuarentena lo tomara por sorpresa en otro país.

Al llegar a Lima y lograr abastecerse de comida, Esteban empezó a contactarse con el consulado de Colombia en Lima, también con la embajada de Perú en Colombia, y con la Cancillería y Procuraduría colombiana pidiéndoles mecanismos de repatriación. Como eran tantos los connacionales haciendo lo mismo, decidieron hacer un censo por iniciativa propia. Y la suma dio alrededor de 326 colombianos en Perú, que no han recibido ningún apoyo estatal colombiano. Y son “alrededor” porque el mismo Esteban afirma que “[…] puede existir colombianos que por distintos motivos no estén en el censo, tal vez por no tener internet y por ello no poder ingresar al grupo de WhatsApp que tenemos todos acá, o contactarse con el consulado”.

¿Pero cómo así que el gobierno nacional no les ha ayudado?, le pregunto a Esteban quien me envía un audio por WhatsApp y dice lo siguiente con indignación: “Les estamos hablando de un vuelo que nos lleve de vuelta a Colombia. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que el gobierno nacional, a través de la Cancillería y el consulado respondan con su obligación, porque por eso mismo pagamos impuestos”.

¿Y qué les respondió oficialmente el consulado colombiano en Perú? “Las primeras respuestas, cuando no habían activado los protocolos de respuesta, fue que no tenían presupuesto ni plan de contingencia. Yo mismo tengo esa respuesta (ver comunicado del consulado), y después empezaron a diligenciar cuatro formularios diferentes para intentar hacer un censo, creo que eso solo lo han hecho para que pase el tiempo y se acabe la cuarentena en Colombia, y así no tener que tomar ninguna medida. Solo están dilatando el asunto”.

 

 

“Es que hombre –prosigue Esteban–, estamos en una situación muy difícil. De un momento a otro 326 colombianos, que estábamos en tránsito en Perú como turistas, haciendo negocios o en escalas, quedamos encerrados. Y ni el gobierno colombiano ni el peruano ofrecieron prórrogas para poder repatriarnos, en silencio nos cerraron las puertas. Y acá, ahora, hay colombianos a la intemperie, al sol y al agua por las calles de Perú, hay adultos mayores, menores de edad, personas enfermas, hay personas en hostales y hoteles, y otras personas en casas de peruanos que de buen corazón los han acogido. Y el problema es que esto no tiene un término definido, ¿y si la cuarentena la extienden?” –se pregunta con preocupación el colombiano que ha sido uno de los líderes en censar a todos los connacionales que quedaron atrapados en el Perú y que han sido abandonados por el estado colombiano–.

Además el peligro es doble para los colombianos y colombianas atrapadas en Perú. Le pregunto a Esteban, ¿Cómo está la situación de la cuarentena y los militares que están eximidos si matan a alguien que la incumpla? “Qué decirle, con zozobra y miedo; siempre el que tiene el arma tiene el poder, y además si esa persona tiene el aval del Estado cualquier cosa puede ocurrir. Acá, en el sector donde estoy, se escuchan sirenas en el día y en la noche donde el ejército peruano dice ‘si no se resguardan en sus casas vamos a tener que tomar medidas’, los militares no estaban diciendo “los que no tengan mercados en sus casas salgan para darles comida” no, estaban amenazando a la población…”, contó quien es uno de los cerca de 326 colombianos que están en peligro de perder su vida efecto de esta medida, como de un virus del que no tienen las condiciones requeridas para protegerse.

Conocedor de esta situación, el gobierno colombiano no ha hecho nada por salvar y rescatar los connacionales. “El consulado colombiano en Perú dijo que nos iba a dar 60 soles –comenta Esteban–, para que cada uno de nosotros pudiera sostenerse hasta el 13 de abril. Eso es un insulto, una bolsa de leche cuesta 5.5 soles, una libra de carne cuesta entre 18 y 26 soles –dependiendo de la carne–, media libra de tomate 6 soles, y un galón de gasolina cuesta unos 11 soles. Me da risa porque al final no lo resultaron haciendo, y es que eran 60 soles para 1 mes. ¡Con eso no se compra nada!

Entonces, Esteban, ¿qué alternativas proponen ustedes? “Nosotros –contesta de manera pausada–, los casi 326 colombianos, porque podemos ser más, proponemos:

1- En el caso de los peruanos que están varados en Colombia, que el gobierno los envíe en un vuelo hacia Perú, y en el de regreso nos devolvamos los colombianos varados acá.
2- Se habiliten mecanismos para envíos terrestres de los vehículos: carros y motos en un conteiner.
3- Podrían enviar un avión militar y haga el trayecto Colombia - Perú ida y regreso”.

Una demanda justa y necesaria de satisfacer, en tanto da cuenta de los derechos humanos así como de compromisos aceptados y refrendado por el Estado colombiano. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; Pactos en los que destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) “Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”. 

Un Pacto ahora violado y/o desconocido por el decreto 439 de 2020, ratificado por la cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”.

Ante la demanda de estos colombianos atrapados contra su voluntad en territorio distinto al de su país, y ante su demanda de regreso, la sociedad en pleno está ante el dilema, ¿silencio e indiferencia o demanda y presión al gobierno nacional para que cumpla con los deberes desprendidos de la Carta Nacional así como de los Pactos internacionales firmados por el Estado que representa.

Ver artículo –“Un vuelo de rescate” –:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39250-un-vuelo-de-rescate.html

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 Indígenas del pueblo nukak se adentran en la selva por temor a la COVID-19Kelly Peña

 

 

La falta de agua potable y la desnutrición hacen más vulnerables a casi dos millones de indígenas. Hay dos casos de Covid-19 en la frontera colombo-venezolana

 En 1988 el pueblo indígena nukak, del sudeste de Colombia, tuvo su primer contacto con foráneos y, como consecuencia, una gripe devastó al menos a la mitad de su población. Para esa época, los sobrevivientes de este pueblo de cazadores y recolectores fueron empujados por colonos y grupos armados que se adueñaron de su selva y los obligaron a huir y asentarse por años en la ciudad de San José del Guaviare. Las noticias de una pandemia inédita que avanzaba rápidamente les trajo reminiscencias de ese pasado trágico y antes de que las autoridades civiles de Colombia cerraran fronteras o decidieran la cuarentena, varios de ellos se adentraron de nuevo en la selva para aislarse temporalmente. “El 18 de marzo, en una decisión autónoma, reunieron a las autoridades del departamento, y notificaron la decisión. Pero no es un retorno a sus territorios ancestrales, sino un aislamiento en sus resguardos que es de unas 980.000 hectáreas”, explicó Sandra Pérez Gómez, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Guaviare, que ha acompañado a estas comunidades. Les dieron algunas herramientas y medicamentos y se adentraron en lo que les queda de bosque.

Esa ha sido solo una de las alternativas de los pueblos indígenas de Colombia ante el temor de contagiarse del coronavirus. Algo que, en palabras de las autoridades indígenas de Colombia, significaría su exterminio. “Nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”, diagnostica Armando Wooriyu Valenzuela, secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) calcula que el riesgo de la pandemia se cierne sobre 115.000 familias indígenas, cerca de 1.905.000 personas en todo Colombia.

Los riesgos varían dependiendo de la región pero llegan a todos. La primera alerta se dio en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, donde según el Ministerio de Salud hay dos indígenas de la etnia yukpa, que fueron confirmados con Covid-19. Según la autoridad nacional de salud, uno de ellos falleció, pero en la ciudad la información es confusa y se habla de un solo contagiado que sería un colono venezolano que vive entre los indígenas. Aunque la alcaldía se propone controlar la propagación, los yukpas tienen una cultura seminómada, lo que dificulta cualquier cuarentena. Los yukpas (colombianos y venezolanos) se encuentran en estado de indigencia hasta en 15 ciudades de Colombia, pero en el caso de los venezolanos además vienen y van. Y aunque el Gobierno colombiano cerró sus fronteras como parte de sus medidas para frenar la pandemia, abundan los cruces informales conocidos como trochas.

En ciudades capitales como Bogotá o Medellín, está el mayor peligro para los indígenas que viven en la indigencia. Desplazados por el conflicto armado, muchos mendigan o viven de la venta de artesanías. Pero sin clientes en las calles están pasando hambre y durmiendo apiñados en aceras. El miércoles, 500 familias de la comunidad embera fueron desalojados por dueños de hoteles al paso por no tener con qué pagar por una habitación. De acuerdo con la Onic, esto ocurre también en ciudades como Barranquilla o Cali y pueden convertirse en una bomba de tiempo. Las fronteras y la pobreza son otra de las preocupaciones. “Tenemos un caso dramático y es el de los indígenas pairobas en Puerto Carreño (Vichada), frontera con Venezuela, donde unas mil personas de esta comunidad indígena obtiene la comida de los basureros”, dice Wooriyu para señalar que la respuesta del Gobierno tiene que ser desde la seguridad alimentaria además del agua.

Hasta ahora, los indígenas se protegen con barricadas para evitar el ingreso de foráneos que puedan contagiarlos. Lo hace la Guardia Indígena del Cauca, en el suroeste del país, pero también la etnia wayú en La Guajira, norte de Colombia, donde también salen a las carreteras a protestar por la falta de agua potable. En esa región, que ha recibido el impacto de la migración, preocupa el estado de los hospitales. De acuerdo con Valenzuela, hay cinco para atender a toda la población de wayú que es de medio millón de personas, además de los migrantes.

Las peticiones al Gobierno de Iván Duque van desde la toma urgente de muestras de confirmación en comunidades que presentan altos índices de infecciones respiratorias, agua potable y alimentación hasta las labores de prevención en las lenguas de los indígenas. “El Ministerio de Defensa puso a disposición sus emisoras para que podamos dar información de prevención pero necesitamos que el presidente Iván Duque a través del Ministerio de Telecomunicaciones nos ayude a producir piezas en los 90 idiomas de las comunidades”, agregó Wooriyu, que habla en nombre de las más de 100.000 familias indígenas que temen al coronavirus.

Bogotá - 02 abr 2020 - 17:56 COT

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Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

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La emergencia por el coronavirus y el asesinato de los líderes y lideresas sociales

El anuncio de las primeras medidas de emergencia sanitaria en Colombia propuestas por el Gobierno de Iván Duque para contener la pandemia de COVID-19 ha coincidido de manera preocupante con una serie de agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales, que han suscitado temor y preocupación entre las organizaciones y redes que defienden los derechos humanos en el país.

El jueves 19 de marzo, un día antes que comenzaran a regir las medidas de confinamiento en varias ciudades y departamentos, y cuando toda la atención de la opinión estaba centrada en los cuidados y temores generados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, comenzaron unos días especialmente trágicos para las personas que defienden los derechos humanos.

Ese día fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo), el destacado líder nacional Marco Rivadeneira, quien fue retirado de una reunión por parte de 3 hombres vestidos de civil y armados y momentos después lo asesinaron, cuando dialogaba con la comunidad de la vereda Nueva Granda en busca de soluciones y alternativas para la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Marco Rivadeneira, vocero del Comité Operativo Nacional de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, líder histórico de las comunidades campesinas en Colombia y vocero regional del Proceso Nacional de Garantías, era el más reconocido líder agrario del departamento del Putumayo en los últimos años.

En la misma fecha fueron asesinados dos concejales en otras dos regiones del país: Ángel Ovidio Quintero, concejal del municipio de San Francisco (Antioquia) e Ivo Humberto Bracamonte, concejal del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander). La característica común de estos 3 asesinatos es el perfil destacado de cada uno de ellos. En el caso de Marco Rivadeneira, es la primera vez que las estructuras criminales que están detrás del plan de asesinatos sistemáticos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia, asesinan a un vocero y dirigente de la más importante y numerosa red de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

Esta situación ha suscitado el temor de que la atención por la emergencia en salud provocada por la pandemia, no solo invisibilice el exterminio de líderes y lideresas sociales, sino que facilite ataques contra dirigentes que hasta ahora no se habían atrevido a tocar, por el costo político que ello podría significar. La CCEEU se pronunció haciendo responsable de este asesinato “al Gobierno presidido por Iván Duque y la facción política hoy en el poder del Estado, y a la Ministra Alicia Arango, quien hace un mes y justo en la tierra de Marco, dijo que morían menos defensores de derechos humanos que por robo de celulares”. Este homicidio hace patente la inclemente racha de asesinatos emprendida por el paramilitarismo y las disidencias que el Gobierno permite y se niega a desmantelar, incrementada desde la firma del Acuerdo Final de Paz, lo cual muestra una clara sintonía con el propósito declarado de hacer trizas la paz y mientras el Gobierno simula su cumplimiento. Según la CCEEU, “este asesinato corrobora una vez más la falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno Colombiano para desmantelar las estructuras criminales y organizaciones paramilitares que vienen atentando contra los líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”[i].

Estos temores se han venido acrecentando con las nuevas acciones criminales en contra de los líderes y lideresas sociales durante la crisis provocada por el coronavirus, tal y como denunciaron varios líderes sociales al periódico TheGuardian[ii]. En una nota publicada el pasado 23 de marzo, el periódico británico alertó que los líderes sociales en Colombia temen que la cuarentena nacional –que inició oficialmente este miércoles– los ponga en peligro, ya que “quedarse en un solo lugar los convierte en objetivos fáciles” para los grupos armados. Otros líderes y lideresas expresaron que durante el confinamiento “Están jugando con nuestras vidas porque saben que nuestros guardaespaldas, la Policía y el sistema de justicia serán aún menos efectivos de lo que suelen ser”[iii].

El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales. Así también lo denunciaron las organizaciones indígenas por el asesinato de dos de sus dirigentes en el departamento del Valle. El 24 de marzo fueron asesinados ÓmarGuasirumaNacabera y Samper Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera, quienes fueron sacados y asesinados en las afueras de su vivienda mientras estaban recluidos por la cuarentena obligatoria, mientras que otros dos indígenas resultaron heridos (José y Víctor Guasiruma)[iv].

En otro hecho que confirma estas preocupaciones, el 24 de marzo fue asesinada Carlota Salinas, lideresa social vinculada a la Organización Femenina Popular, histórica organización de derechos de las mujeres en la región del Magdalena Medio. Sicarios ingresaron a la vivienda de la lideresa en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y la asesinaron de varios disparos a la salida de la vivienda[v].

Por último, la noche del 25 de marzo, hombres armados intentaron asesinar a Jhon Restrepo, reconocido líder LGBTI de Medellín y director de la Corporación Casa Diversa de la Comuna 8. Durante varios años, Jhon lideró la Mesa LGBTI de la Comuna 8 de Medellín hasta 2011, cuando la Mesa se desintegró por los continuos ataques de grupos armados que rechazaban la visibilización de las personas LGBTI de la Comuna. Recientemente, el grupo fue reconocido como el primer sujeto LGBTI de reparación colectiva en el país y reanudó sus actividades como Corporación Casa Diversa. Sin embargo, comenzaron a recibir nuevas amenazas y la noche del 25 de marzo, después de que Jhon terminara de entregar mercados a vecinos del barrio para que tuvieran suministros básicos durante la cuarentena nacional, tres hombres armados llegaron a su casa y lo atacaron con arma blanca, apuñalándolo cinco veces[vi]. El caso del líder LGBTI de Medellín hace pensar que atacar a los líderes durante esta época afecta también a las comunidades porque ellos y las organizaciones están gestionando apoyos a las poblaciones más vulnerables durante la cuarentena.

El riesgo social agravado por la pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente a excombatientes firmantes del Acuerdo Final de Paz. Este es el caso de Albeiro Antonio Gallego Mesa en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de La Macarena, en el departamento del Meta[vii]. Tres días antes se había denunciado el asesinato de otros dos firmantes de la paz en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), los excombatientes Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal[viii].

Las preocupaciones que se evidencian de estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementen para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria originada por la expansión del COVID-19 y, que estas circunstancias sean utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Estos hechos son una alerta sobre la necesidad de que la opinión pública y la comunidad internacional eleven el nivel de exigencias a las autoridades colombianas para la contención de los planes de exterminio que desde el inicio del proceso de paz se han puesto en práctica en contra de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Las pautas de estos ataques registrados durante la aplicación de las medidas de aislamiento preventivo, al igual que de otros ataques perpetrados por los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, evidencian intensos seguimientos previos, en los que los líderes y lideresas son ubicados en sus viviendas, lugares de trabajo y redes sociales, actuaciones que, según diversas fuentes, estarían implicando a organismos de inteligencia estatal que se encargan de amenazar a los líderes[ix], en tanto los asesinatos ocurren casi siempre a manos “civiles armados”, “sujetos desconocidos”, “encapuchados” o “autores indeterminados”[x]. Esto podría agravarse durante la aplicación de la cuarentena nacional, debido al aislamiento de los líderes y lideresas en un mismo lugar durante varios días.

Por estos motivos, la CCEEU concluyó su comunicado frente al asesinato de su vocero Marco Rivadeneira haciendo “un llamado a la comunidad internacional a acompañar las demandas al Gobierno de Iván Duque para que cumpla sus obligaciones, contenidas en compromisos internacionales de derechos humanos y reforzadas en virtud del Acuerdo de Paz, de brindar garantías plenas para la labor de las personas que defienden los derechos humanos, e impida y contenga a las fuerzas enemigas de la paz para que la situación de emergencia en que hoy se encuentra el país y el mundo no sea aprovechada para continuar el exterminio de los liderazgos sociales en los territorios y de las personas y comunidades que reclaman y defienden los derechos humanos[xi].

Bogotá, marzo 27 de 2020

 

[i] Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo Marco Rivadeneira.  En: https://coeuropa.org.co/lacoordinacioncolombiaeuropaestadosunidosrechazaelasesinatodesudirigenteenelputumayomarcorivadeneira/

[ii]Colombiandeathsquadsexploiting coronavirus lockdown to killactivists. En: TheGuardian. 24 march 2020. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/colombiangroupsexploitingcoronaviruslockdowntokillactivists

[iii]Grupos armados aprovechan cuarentena para asesinar a líderes sociales: TheGuardian. Pulzo. 24 de marzo de 2020. En: https://www.pulzo.com/mundo/gruposarmadosaprovechancuarentenaparamatarlideressocialestheguardianPP867787

[iv]“Asesinan a dos líderes indígenas cuando cumplían aislamiento por COVID-19”. En: Caracol Radio. 25 de marzo de 2020. https://noticias.caracoltv.com/coronaviruscovid19/asesinandoslideresindigenascuandocumplianaislamientoporcovid19ie214

[v]“Asesinan a la lideresa Carlota Salinas Pérez en Bolívar antes de la cuarentena”. En: El Heraldo. 25 marzo 2020. https://www.elheraldo.co/judicial/asesinanlalideresacarlotasalinasperezenbolivarantesdelacuarentena712263

[vi]Denuncia pública de la Corporación Casa Diversa, 26 de marzo de 2020.

[vii]“Asesinan a excombatiente de las Farc en Meta.” En Radio Nacional de Colombia. 22 de marzo de 2020.https://www.radionacional.co/noticias/asesinatoexcombatientemeta

[viii]Dos ex combatientes de las FARC fueron asesinados en Colombia. Notas. 19 de marzo de 2020. En: https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/03/19/dosexcombatientesfarcasesinadoscolombia/

[ix]«Las ‘Águilas Negras’ son una corporación por fuera de la ley, compuesta por funcionarios armados del Estado». Debate sobre el Paramilitarismo en el Senado de la República. 5 de junio de 2029. Senador Gustavo Petro. En: https://twitter.com/Alonrop/status/1136352534728237056

[x]CINEP. “Violencia Camuflada. La Base Social en Riesgo. Informe Anual de DD.HH en Colombia 2018”. 2019. En: https://www.business-humanrights.org/en/node/188302

[xi]CCEEU. Ibídem.

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Lunes, 23 Marzo 2020 10:08

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

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Lunes, 23 Marzo 2020 09:15

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

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Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados

La violencia del Estado colombiano no da respiro, tampoco la constante violación de los derechos humanos. Ahora el turno es para quienes están en presión.

No valieron los llamados elevados ante el gobierno de Iván Duque, ni las denuncias públicas por parte del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia* recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí viven, producto del Covid-19, las solicitudes para aplicar medidas de higiene al interior de estos establecimientos, a la par de la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria, dándole paso así a descongestionar los centros de reclusión, otorgando libertades humanitarias como parte de la misma. En contra de este proceder, humanitario y lógico en las circunstancias de pandemia que padece el mundo y Colombia como parte del mismo, la sociedad colombiana vio la luz del domingo 22 de marzo con la nefasta noticia de una masacre en la Cárcel Nacional Modelo –Bogotá–, así como el asesinato de otros dos presos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.

Desinterés y silencio gubernamental que llevó a los presos a elevar su presión, coordinando un cacerolazo para las horas nocturnas del 21 de marzo, por llevarse a cabo en más de una docena de cárceles y penitenciarias del país (La Picota, La Modelo, Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Cómbita, Palmira, Buen Pastor de Bogotá. El asesinato ya registrado fue la respuesta de un gobierno que está de espaldas a las mayorías sociales, tanto antes de la pandemia que tiene en casa a 50 millones de connacionales, como antes de la misma, de lo cual da testimonio el 21N y las jornadas de protesta que le siguieron.

Desde varios días atrás el Movimiento Nacional Carcelario denuncia las insuficientes medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión, insuficientes para prevenir un contagio generalizado con el Covid-19. Denuncia que los protocolos de seguridad son pésimos, el relevo de las guardias es el mismo que han implementado por años, sin usar protección como guantes o tapabocas. También perdura la falta de gel antibacterial en las cárceles.

Situación de riesgo que se suma a la realidad que en salud y enfermedad son cotidianas en estos centros de castigo, como es la existencia de enfermos, hombres y mujeres, de VIH, cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, más vulnerables, con un sistema inmunológico deficiente para un posible contagio masivo de la pandemia coronavirus, ancianos sin goce de políticas de atención especiales, entre algunas de las problemáticas que hacen el castigo más severo.

El sistema nacional penitenciario carga inmensas falencias, hasta el punto que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, junto con otras sentencias que han seguido a lo largo de una década, declaró la prevalencia de una violencia sistemática de derechos humanos hacia los presos, como: el hacinamiento, la falta de agua potable, alimentación de baja calidad, aéreas de sanidad que no se encuentran adecuadas, todo lo cual crea deficiencias en salubridad y genera unas condiciones de alto riesgo para la vida de los internos y el desconocimiento de los derechos humanos. Realidad que hoy día se traduce en un escenario propicio para el contagio del coronavirus, lo que tendrá unas consecuencias gravísimas para los presos en particular y la sociedad en general.

La angustia que viven los presos, producto de la pandemia en curso, no es gratuita ni inventada, es el producto de una crisis mal manejada, en donde la sociedad en general ha quedado expuesta a una sobrecarga de desinformaciones e insuficientes políticas sociales por parte del gobierno nacional, el cual se afanó en promulgar medidas para proteger al empresariado, al tiempo que dejó sin alternativas económicas y de protección social a las mayorías sociales, ahora obligadas al aislamiento social.

“El hacinamiento es tan grave que se trasladó a las Unidades de Reacción Inmediata (Uris), estaciones de policía. No dan abasto estos sitios. La única forma de generar deshacinamiento es por medio de generar domiciliarias o liberaciones humanitarias. Es importante tener en claro las reivindicaciones del Movimiento Nacional Carcelario”, aseguró en entrevista con desdeabajo, Gloria Silva, abogada y defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

Es una realidad incomprensible la que hoy constata la sociedad colombiana, pues mientras se llama al asilamiento general, y a procurar guardar distancia con vecinos, quienes están en prisión permanecen hacinados, conviviendo cuerpo a cuerpo, padeciendo de cortes de agua, teniendo que realizar todo lo concerniente al aseo personal sin garantías de desinfección de baños y sanitarios.

Una realidad que desconocen las autoridades del ramo. Tanto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, como el general Norberto Mujica Director del Inpec, en la mañana del 22 de marzo, en un informe entregado al país, tildaron los amotinamientos como plan criminal de fugas y aseguraron que no existen problemas sanitarios en las cárceles.

“No se conocen hasta ahora infectados de coronavirus en las cárceles a nivel nacional pero varios presos tienen síntomas como gripa. ¿Hasta dónde están funcionando los protocolos por parte del Gobierno?”, cuestionó la abogada Gloria Silva quien comentó que pronto saldrán comunicados de plataformas defensoras de derechos humanos ante lo ocurrido.

Es la realidad de hacinamiento y alto riesgo de contagio que viven quienes están en prisión, lo que motivó al equipo desdeabajo a proponer la urgente descongestión de los centros de reclusión, y para que así sea:

“1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”. (Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html). La masacre llevada a cabo en La Modelo hace más palpable la crisis humanitaria que viven quienes padecen el castigo carcelario y hace más urgente liberar a miles de quienes pasan sus días en espera de un incierto futuro.Link de la nota:

*https://web.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2796180223806973?__tn__=K-R

Testimonios

En cubrimiento de lo sucedido en La Modelo, desdeabajo conversó con familiares de quienes están presos, mujeres y hombres que a las afueras del penal aguardan con angustia alguna información que les indique si su familiar está entre los asesinados. En su rostro se refleja la intranquilidad, y en sus ropas la húmedad producto de los chorros de agua con que fueron reprimidos por parte del Esmad algunas horas antes.

Ellos nos narraron que desde días atrás, al momento de ingresar a visita, padecen el decomiso de alimentos y de los utensilios de aseo, ni uno ni otro pueden ingresarse una vez se conoció el avance de la pandemia.

A eso se agrega la medida, recién tomada, de impedir las visitas semanales. Es decir, los presos padecen doble aislamiento.

Pero además, aseguraron, los asesinados tienen que ser más de 23, tal vez 50, 70, o quienes sabe cuantos, pues en horas de la mañana del domingo 22 de marzo, salieron de la cárcel unos 6 furgones, que como es conocido tienen capacidad para cargar hasta 15 cuerpos.

Pese a que los equipos de seguridad del Estado no los dejan acercar al lugar de los hechos, ellos y ellas permanecen allí, con ojos abiertos y oídos atentos, aguardando la nefasta o la buena noticia que traiga alguna voz desde el interior del sitio de encierro.

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Agua, cambio climático, pobreza… y coronavirus

Este domingo, con permiso del coronavirus, celebraremos el Día Mundial del Agua, una conmemoración establecida en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 para que, cada 22 de marzo, los estados de todo el mundo concienciaran a ciudadanos y empresas sobre la importancia que tiene este recurso básico para la vida y el desarrollo.

El lema elegido por la ONU para este año es "No podemos permitirnos esperar", con el que se pretende subrayar la vinculación que tiene el agua con el cambio climático y cómo afecta al calentamiento de la Tierra. La ausencia de lluvias provoca sequía, pérdidas de cosechas, contaminación y aumento de la temperatura, mientras que por el contrario las lluvias torrenciales, inundaciones o danas causan destrozos y pérdidas que complican la vida, sobre todo, de las poblaciones con menos recursos.

Durante la última década, según el ‘Informe de Políticas de ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua’, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, y su frecuencia e intensidad parece que seguirán creciendo por el aumento de la temperatura.

El impacto que el agua tiene en cambio climático es directo, como quedó demostrado de nuevo en la pasada Cumbre del Clima de Madrid (COP25), en la que todos esperábamos un compromiso mayor de los países para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono y evitar que la temperatura suba más de 1,5º respecto a la era preindustrial.

No será por falta de información y de estudios científicos:

  • El Informe Especial ‘La Tierra y el Cambio Climático’ (agosto 2019) del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) nos recordaba que el clima está afectando a la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de los alimentos, lo que pondrá en riesgo el acceso al agua y la alimentación del planeta. En la actualidad, 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la desertificación.
  • El IPCC también publicó el pasado año Informe Especial ‘El océano y la criósfera en un clima cambiante’ (septiembre 2019), en el que urgía a los 195 gobiernos miembros que conforman ese órgano a que tomaran medidas urgentes para minimizar el cambio climático. Los océanos se han calentado, su acidez ha aumentado y su productividad ha menguado, la fusión de los glaciares y los mantos de hielo provocan la subida del nivel del mar, y los fenómenos extremos costeros son cada vez más violentos. En la actualidad, un total de 670 millones de personas que viven en regiones de alta montaña y 680 millones de personas que habitan en zonas costeras de baja altitud dependen directamente de esos sistemas.
  • El 25% de la población mundial está afectada por el estrés hídrico extremo, con un consumo por encima del 80% de la disponibilidad de agua, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, sus siglas en inglés). Los más afectados son 17 países que se encuentran en la zona del Golfo Pérsico, África o India. Otros 26 países, entre ellos, España, viven ya con un riesgo alto y otros 23 con un riesgo medio.
  • Seis de los principales riesgos para la humanidad, según el Global Risk 2020 del World Economic Forum, están vinculados con el cambio climático: los fenómenos meteorológicos extremos, el fracaso de la acción climática, la pérdida de biodiversidad, los desastres naturales o las crisis hídricas.

La  mayor de las pobrezas

En AUARA siempre decimos que luchamos contra la mayor de las pobrezas: la falta de acceso al agua potable, porque sin este recurso no hay posibilidad de desarrollo. Por desgracia, la pandemia del COVID-19 nos lo ha recordado de nuevo: 3.000 millones de personas, el 40% de la población mundial, según UNICEF, no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos, una medida fundamental para frenar el coronavirus. Además, el 47% de las escuelas carecen de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón, lo que incide directamente en 900 millones de niños en edad escolar.

La Agenda 2030 cuenta con el ODS6 ‘Agua Limpia y Saneamiento’ para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, pero las cifras necesitan revertirse. Tres de cada diez personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, y seis de cada diez no cuentan con acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura, según la ONU. La falta de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado inciden directamente en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la educación, sobre todo de las niñas, que junto a sus madres, en las zonas más pobres del mundo son las encargadas de ir cada día en busca de agua para abastecer a sus familias recoger agua, empleando entre 4 y 6 horas diarias.

La pandemia que hoy nos amenaza está sirviendo para recordar a la sociedad española, europea y mundial la importancia que tiene lavarse las manos (una acción que no todos pueden permitirse) para nuestra salud, para protegernos de enfermedades como el coronavirus, pero también de otras como diarreas, cólicos, cólera, difteria o disentería.

Cambio climático y salud se han unido en este Día Mundial del Agua para que no olvidemos la importancia de tener acceso a un saneamiento seguro. Trabajemos durante los próximos años para garantizar el acceso a agua potable, y que el agua se convierta en una prioridad en los planes de acción climática.

Feliz Día Mundial del Agua, a pesar del coronavirus.

Por Pablo Urbano

Cofundador y COO de la empresa social AUARA

22/03/2020

 

Publicado enMedio Ambiente
La Unad y el Covid-19 (o el modelo de virtualización de la educación que debemos evitar)

Es bien sabido que una de las primeras medidas para enfrentar la crisis sanitaria despertada por la pandemia del COVID-19 ha sido la posibilidad de implementar, tanto en colegios como universidades y otras instituciones educativas, formas de teletrabajo y enseñanza virtual. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD es la institución de educación superior con la mayor trayectoria a ese respecto, tanto a nivel de pregrado y posgrado, pese a ser una gran desconocida en el país. Se trata de una megauniversidad que cubre prácticamente todo el territorio nacional y cuyas actividades están casi virtualizadas por completo. Sin embargo, aunque pueda pensarse lo contrario, su modelo tiene problemas profundos y, como la misma universidad, desconocidos, que avanzan silenciosamente y empiezan a ser calcados por otras universidades.

Precisamente la actual crisis sanitaria pone de relieve dichas falencias y constituye una alerta temprana frente al rumbo que han empezado, o podrían empezar a tomar, diversas instituciones educativas, incluso hasta convertirlo en el modelo imperante. Se sabe, por ejemplo, que otra de las universidades con mayor cobertura en Colombia, la Uniminuto, también ha iniciado un proceso acelerado de virtualización de cursos, al tiempo que presenta graves problemas estructurales similares a los de la UNAD. Para los docentes unadistas resulta absolutamente incomprensible que, a diferencia de las demás universidades del país, y sobre todo de las más prestigiosas, como la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional, los horarios de trabajo presencial se mantengan con casi total normalidad. Podría pensarse que, tratándose de una universidad a distancia, con programas virtualizados, los docentes están acostumbrados al teletrabajo, a laborar desde la comodidad de sus hogares, pero no es así.

Los docentes unadistas, salvo en casos excepcionales, están obligados a acudir a los diversos centros y a cumplir de manera estricta un horario. Los centros tienen oficinas donde cada docente se sienta en un computador de manera aleatoria y muy cerca los unos de los otros, como si se tratara de un call center. Es evidente que, sobre todo en las actuales condiciones de salubridad, el contacto con los equipos y con las demás personas debe ser evitado, además del contacto que implica tomar los respectivos medios hacinados de transporte para llegar a laborar. La intransigencia de las directivas ha sido descomunal. Nadie se explica por qué una universidad que puede extender el teletrabajo a prácticamente todo su personal, y que posee las condiciones para hacerlo, sigue obligando a sus empleados, de forma absolutamente innecesaria, a acudir a las instalaciones que, por demás, muchas veces no cuentan ni si quiera con jabón ni papel higiénico en sus baños.

La cuestión es tan escandalosa que incluso en un comunicado oficial se invitaba a los docentes con síntomas de gripa a laborar presencialmente “con las debidas medidas de precaución” (lavado de manos, tapabocas, etc.). En el último comunicado, gracias a la organización de algunos profesores y profesoras, se le da libertad a cada centro para autorizar permisos puntuales, pero la intransigencia generalizada continúa. Ahora bien, lo que actualmente acontece es solo una prolongación de un modelo de universidad virtual que le ha apostado a la proletarización total de sus maestros y a la masificación de la educación a costa de la calidad y del cultivo real del pensamiento.

Siendo una institución de educación superior de carácter público, la UNAD se autofinancia en un 80%, lo cual la convierte, en la práctica, en una institución privada. Los contratos de sus profesores son, en su gran mayoría, de cuatro meses, con demoras constantes en la entrega de liquidaciones e incertidumbre laboral permanente. Un docente unadista es consciente de que siempre que termina un contrato debe tener en la cabeza una alternativa laboral, pues no se garantiza nunca la continuidad. Dicha precarización es, a su vez, un instrumento de control altamente efectivo, que limita la posibilidad de organización de los maestros y la consecución de mejoras laborales, como sucedió ya con la perseguida y criminalizada ASPU-UNAD. Al tiempo, tratándose de educación virtual, los docentes ven difuminadas las fronteras entre su tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Hay quienes, a altas horas de la noche, siguen atendiendo estudiantes por Skype, correo electrónico, Whatsapp, etc. Adicionalmente, los docentes, que la universidad llama “tutores”, ven vulnerada su libertad de cátedra, pues se limitan a implementar guías previamente construidas por otros docentes y a calificar actividades de manera cuasimecánica con grupos de estudiantes de una cantidad exorbitante.

Como si no fuera suficiente lo anterior, los docentes deben desempeñar actividades administrativas y aceptar con la cabeza baja su papel de “toderos”. Si un estudiante necesita una homologación, información sobre un programa, o casi cualquier otro asunto administrativo, cualquier docente debe estar presto a atenderlo. La atención telefónica, que en la mayoría de los casos está asociada a temas administrativos,es responsabilidad de los “tutores”. Pero la explotación laboral se vende como horizontalidad y los llamados al autocontrol son constantes (por ejemplo, en el manejo del tiempo), cuando en realidad las condiciones estructurales de la misma universidad refuerzan la heteronomía. El control llega a unos niveles tan elevados que, en algunos centros,no solo hay que “marcar tarjeta” (entrada y salida) a través de un registro biométrico facial y con huella, sino que ciertos funcionarios se acercan a las oficinas a tomar fotos y obligan a los profesores a autorreportarse a través de Whatsapp, fuera de las cámaras dispuestas en diferentes puntos de las instalaciones.

El control es ciertamente exacerbado, pero la calidad académica de cada curso pasa desapercibida: lo importante es que el docente aplique las guías y suba notas masivamente a la plataforma y, eso sí, que se asegure de que no repruebe tanta gente. La UNAD, esa gran desconocida, podría estar prediciendo el futuro de la enseñanza en el país, por lo que, si sigue pasando inadvertida, al igual que las investigaciones por corrupción que tiene su rector y su clientelismo endémico, estaremos perdiendo una gran oportunidad para cambiar de rumbo. En este contexto, es totalmente coherente que se obligue a los trabajadores a asistir a los centros, una medida sintonizada con las condiciones de maltrato estructural a las que están sometidos. Si algún docente o trabajador (o alguno de sus familiares)resultara gravemente enfermo o, no lo quisiéramos, muriera, la responsabilidad sería de la UNAD y de su incapacidad para tomar decisiones tendientes a garantizar el bienestar común.  

Una Docente Unadista

Bogotá D.C., marzo 18 de 2020

Publicado enColombia
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