El big data cambió la política (y el poder y la guerra) para siempre

A medida que ha evolucionado la globalización neoliberal en las últimas décadas, la industria de medios de comunicación se ha afianzado como un poder global tan preponderante (y a veces superior en su capacidad de influencia) como los Estados-nación.

Esta industria ya no actúa como un intermediario o interlocutor entre las distintas tendencias y fuerzas sociales que hacen vida en una sociedad determinada. Ni siquiera lo hace a nombre de los partidos políticos o instituciones clásicas de la democracia representativa contemporánea.

“Su poder, ahora mismo, reside en su capacidad para influir en el poder: el poder de los gobiernos, jueces y legisladores; el poder de la política; el poder de decisión de los ciudadanos”, resalta un artículo de Estefanía Avella y Omar Rincón en la revista Nueva Sociedad.

Ya en el siglo XVIII, los medios de comunicación eran catalogados como el “Cuarto Estado”, por su influencia cada vez más decisiva en los asuntos de gobierno en cierta condición de horizontalidad con los poderes clásicos de la democracia moderna: el poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Tres siglos después, esta descripción adquiere un mayor grado de realismo, toda vez que los medios de comunicación pasan a ser un factor central en tiempos electorales y en la definición de las inclinaciones políticas y culturales de la sociedad global.

La industria de medios, de igual forma, no escapa de la concentración y centralización que actualmente vive el sistema capitalista como tendencia general.

Según el brazo comunicacional del Foro Económico de Davos, sólo nueve corporaciones privadas (en su mayoría estadounidenses) controlan el panorama de medios globales televisivos y digitales. Entre las corporaciones más resaltantes se encuentran News Corporation, Time Warner, Disney, Comcast, entre otras, que han copado casi a totalidad el tablero mediático.

La conclusión política de este fenómeno es tan obvia como preocupante: la capacidad de influencia del cartel mediático estadounidense es parcialmente incontenible por parte de las instituciones clásicas del Estado-nación y de la democracia contemporánea, logrando un enorme poder de penetración sobre las expectativas, inclinaciones políticas, gustos y comportamientos culturales de la sociedad global en su conjunto.

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Pero sin lugar a dudas estamos en una nueva etapa de este fenómeno de mediatización de la vida política y social en general. Se le conoce como Big Data.

“Google es más poderoso de lo que la Iglesia nunca fue”, sentenció Julian Assange en alguna oportunidad. Quien hoy está sufriendo diversas torturas por las razones que todos sabemos, ampliaba esa hipótesis afirmando:

“¿Por qué es más poderoso (refiriéndose a Google)? Porque antaño no era tan fácil que el centro controlase a la periferia, puesto que en la Iglesia existía el Vaticano, pero también representantes locales. En Google todo está mediado por el centro de control, como si solo el Vaticano existiese, como si cada persona tuviese contacto directo con un solo confesionario”.

Las transformaciones científicas y tecnológicas en tiempos recientes que ha experimentado el capitalismo global, han hecho de la información un escenario de batalla estratégico donde se disputan desde intereses políticos locales, hasta grandes tendencias del tablero geopolítico actual.

Allí es donde entra el Big Data, la última gran tecnología de procesamiento de datos informáticos que está cambiando notablemente no sólo las capacidades para influir en el comportamiento político, sino en la filosofía (y aplicación) de la guerra moderna.

En una entrevista realizada por el medio The Clinic al experto en Big Data, Martín Hilbert, éste comentó sobre el uso de esta herramienta por parte de Donald Trump, a partir de la infraestructura de Facebook, Google y otras compañías.

Hilbert afirmó:

“Claro, esos son los datos que Trump usó. Teniendo entre 100 y 250 likes tuyos en Facebook, se puede predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad, si usas drogas, si tus papás son separados o no. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que tú mismo. Este estudio lo hizo Kosinski en Cambridge, luego un empresario que tomó esto creó Cambridge Analytica y Trump contrató a Cambridge Analytica para la elección”.

Hillbert complementó argumentando que “usaron esa base de datos y esa metodología para crear los perfiles de cada ciudadano que puede votar. Casi 250 millones de perfiles. Obama, que también manipuló mucho a la ciudadanía, en 2012 tenía 16 millones de perfiles, pero acá estaban todos. En promedio, tú tienes unos 5000 puntos de datos de cada estadounidense. Una vez que clasificaron a cada individuo según esos datos, lo empezaron a atacar. Por ejemplo, en el tercer debate con Clinton, Trump planteó un argumento, ya no recuerdo sobre qué asunto. La cosa es que los algoritmos crearon 175 mil versiones de este mensaje –con variaciones en el color, en la imagen, en el subtítulo, en la explicación, etc.– y lo mandaron de manera personalizada”.

Por último, el experto comentó:

“Por ejemplo, si Trump dice estoy por el derecho a tener armas, algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa, porque es gente más miedosa, y otros que son más patriotas la reciben con la imagen de un tipo que va a cazar con su hijo. Es la misma frase de Trump y ahí tienes dos versiones, pero aquí crearon 175 mil. Claro, te lavan el cerebro. No tiene nada que ver con democracia (…) te dicen exactamente lo que quieres escuchar”.

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Por otro lado, esta tecnología también está cambiando las estructuras de la guerra moderna y su aplicación en el terreno. Como dato material tenemos el lanzamiento del proyecto Jedi (2018), con el cual el Ejército de los Estados Unidos plantea una nueva etapa de “guerra algorítmica”.

Este tipo de guerra consistiría en una sinergia entre datos informáticos en zonas de conflicto, inteligencia artificial militarizada y uso de drones y otros armamentos a distancia, para identificar objetivos y mejorar las operaciones terrestres y aéreas en países denominados “hostiles” a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos.

El uso de la tecnología de datos abre paso a nuevos métodos de guerra y combate militar, donde la superioridad en el manejo de la información y el procesamiento de la misma puede cambiar los equilibrios de poder en la guerra del futuro.

Contrario a los parámetros clásicos de la guerra moderna, los combates del siglo XXI sustituyen los enfrentamientos abiertos por los ataques quirúrgicos, la ventaja técnica del armamento por el manejo informativo de la situación, y los bombardeos a gran escala por la guerra cibernética o digital que pueda socavar la estabilidad y el apresto del Estado víctima.

El uso de la tecnología de datos ha logrado combinar, como en ninguna otra etapa de la historia humana, las fronteras entre espionaje, política y guerra. Sobre ello el exfuncionario de la CIA y la NSA, Edward Snowden, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos tiende a secuestrar y militarizar las innovaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, aprovechándose del deseo humano natural de comunicarse y explotándolo para conseguir poder ilimitado.

Concretamente, Snowden afirmó: “Tomaron nuestra capacidad nuclear y la transformaron en el arma más horrible que el mundo había presenciado”, argumentando que en el siglo XXI se está observando la misma tendencia, pero con las ciencias de la computación: “Su alcance es ilimitado… ¡pero las medidas de su salvaguardia no! (…) Es a través del uso de nuevas plataformas y algoritmos (…) que pueden cambiar nuestro comportamiento. En algunos casos, son capaces de predecir nuestras decisiones, y también pueden empujarlas hacia diferentes resultados”, declaró Snowden.

También afirmó que “tienen cientos y cientos de páginas de jerga legal que no estamos calificados para leer y evaluar y, sin embargo, se consideran vinculantes para nosotros. Y ahora estas instituciones, que son tanto comerciales como gubernamentales, (…) lo han estructurado y afianzado hasta convertirlo en el medio de control social más efectivo en la historia de nuestra especie”.

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La relación entre los gigantes tecnológicos de Google, Facebook y Amazon con el gobierno de los Estados Unidos es simbiótica desde sus orígenes. Las sanciones recientes contra la empresa de telecomunicaciones china Huawei, y el acompañamiento a la retórica antirrusa luego de las elecciones de 2016, en las que resultó electo Donald Trump, así lo confirman.

Estas corporaciones tecnológicas concentradas forman parte del poder geopolítico estadounidense y están siendo empleadas para sostener la hegemonía (en etapa de crisis frente al ascenso de China y Rusia) del Imperio estadounidense.

Las consecuencias materiales del poder de estas corporaciones no sólo concluye en las labores de espionaje e inteligencia abusiva de la privacidad de los propios ciudadanos estadounidenses, bajo la narrativa de mejorar la “lucha contra el terrorismo”. Va mucho más allá.

En términos geopolíticos, este poder tecnológico se ha instrumentado para bloquear, en el marco de una ofensiva global de censura, el funcionamiento de medios alternativos, propiedad de “Estados rivales” como Rusia e Irán.

Recientemente, las plataformas de Facebook y Youtube censuraron a la estatal rusa Russia Today y las iraníes Press TV e Hispan TV, con el objetivo de reducir su audiencia y contrarrestar las narrativas antihegemónicas que han venido surgiendo en los últimos años desde centros geopolíticos enfrentados a Washington.

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Pero en lo que corresponde a operaciones políticas e informativas en tiempos electorales, estas grandes empresas también están transformando las herramientas de influencia, captación de votantes y penetración en el electorado, a los fines de solidificar determinadas inclinaciones políticas.

El caso más resaltante y actual de este nuevo fenómeno fue el uso de WhatsApp en la elección presidencial brasileña de 2018, que culminó con la victoria del derechista Jair Bolsonaro.

El signo de esta elección fue la desinformación, por un lado, y el uso del WhatsApp como una notable herramienta para remodelar el comportamiento político y electoral de la sociedad brasileña, por otro.

El medio The Conversation relató cómo funcionó la estrategia: “Usando WhatsApp, un servicio de mensajería propiedad de Facebook, los partidarios de Bolsonaro entregaron una avalancha de desinformación diaria directamente a los teléfonos de millones de brasileños”.

Esto fue desarrollado a tal punto que “incluían fotos ilustradas que retrataban a miembros del Partido de los Trabajadores que celebraban con el comunista Fidel Castro después de la Revolución Cubana, clips de audio manipulados para tergiversar las políticas de Haddad y verificaciones falsas que desacreditaban las auténticas noticias”.

“La estrategia de desinformación fue efectiva porque WhatsApp es una herramienta de comunicación esencial en Brasil, utilizada por 120 millones de sus 210 millones de ciudadanos. Dado que los mensajes de texto de WhatsApp son reenviados y reenviados por amigos y familiares, la información parece más creíble”, apuntó el medio.

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Sin embargo, el uso de estas nuevas estrategias no deben verse como hechos aislados. Corresponden al portafolio de operaciones políticas y de propaganda de nuevo tipo de la mediatizada derecha alternativa, capitaneada por el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon.

Un artículo del británico The Guardian sobre las estrategias de Bannon, recalcó el uso de plataformas de Big Data como Cambridge Analytica para mejorar la penetración de determinadas ofertas electorales, el empleo de la desinformación para abrumar al adversario y la instrumentación de políticas de identidades audaces, acompañadas de un discurso polémico, disruptivo y de impugnación al orden.

A escala política, son diversas las lecciones que deben extraerse de estos nuevos fenómenos sociales y el uso político que las fuerzas de extrema derecha le han dado en época reciente.

Los canales de comunicación han abandonado los espacios tradicionales (televisión, radio, prensa, etc.) para abrir paso a nuevas tecnologías que ahora se introducen en el consumo masivo de jóvenes.

Siendo así, la estrategia para una comunicación nacional-popular, de orientación crítica y movilizadora, debe hacer un uso creativo de estas herramientas para contrarrestar el vaciamiento político que se propone desde la derecha.

La desconfianza en los medios tradicionales debe asumirse como una realidad. Y ante eso, es prioritario buscar en las nuevas tendencias culturales de la juventud, en sus exigencias y aspiraciones colectivas, los insumos para disputar el sentido común y los contenidos socioculturales e informativos que le dan forma.

Dejar estos espacios vacíos es un error estratégico.

(Tomado de Misión Verdad)

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Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

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Gobernemos los algoritmos (para que no nos gobiernen ellos)

 

Desde 2018 el debate sobre los sesgos y efectos perversos de los algoritmos cobra cada día mayor importancia. Fue entonces cuando salió a la luz el caso de la empresa británica Cambridge Analytica, que utilizó datos privados obtenidos de Facebook para intentar influir en las elecciones. Esto nos hizo reflexionar sobre los riesgos de aplicar algoritmos personalizados que explotan las características psicológicas del individuo con fines políticos.

En palabras de Chris Wylie, el exempleado de la empresa que destapó el caso:

Esta experiencia, generalizada pero no compartida, es llamada filter bubble o echo chamber (burbuja de filtro o cámara de eco, en español). El término evidencia cómo las mismas tecnologías que nos conectan también nos aíslan en burbujas informativas que refuerzan determinadas opiniones y nos hacen cada vez más vulnerables a la manipulación.

El caso de Cambridge Analytica forma parte de un conjunto de intentos de manipulación masiva de la opinión pública a través de ingeniería social, que Facebook denomina Information Operation (Operación Información). Es decir, acciones emprendidas por actores organizados (gobiernos u organismos no estatales) para distorsionar los sentimientos políticos de la población, al fin de lograr algún resultado estratégico y geopolítico específico.

 

Capitalismo de vigilancia

 

La psicóloga social Shoshana Zuboff, en su libro The age of surveillance capitalism (La era del capitalismo de vigilancia), nos habla de forma más articulada de algo que ya intuíamos: que la manipulación de opiniones y comportamientos es parte integrante del capitalismo basado en la vigilancia digital.

En este contexto, el dato, sobre todo el de carácter personal, juega un papel clave por dos razones. La primera es que forma parte de la base de la economía digital, el modelo de desarrollo económico más prometedor que tenemos. La segunda, que su análisis permite orientar el comportamiento colectivo, cada vez a mayor escala y de forma más rápida.

Por desgracia, el requisito básico de cada sistema informático que sea capaz de escalar conlleva la amplificación exponencial del riesgo de un posible fallo. La matemática Cathy O’Neil hablaba en 2017 de armas matemáticas de destrucción masiva (Weapons of Math Destruction) para enfatizar la escala, el daño potencial y la opacidad de los sistemas de toma de decisión basados en algoritmos de aprendizaje automático (machine learning).

El profesor de Derecho y experto en inteligencia artificial Frank Pasquale habla del problema de introducir mecanismos de rendición de cuentas (que buscan la equidad y la identificación de responsabilidades) en los procesos automatizados, en lugar de tratar esos procesos como una caja negra. Así, se esconden tras los derechos propietarios de las empresas privadas que los han desarrollado.

Solon Barocas, que investiga las cuestiones éticas y políticas de las inteligencias artificiales, hablaba en 2013 de la “gobernanza de los algoritmos” y de la necesidad de cuestionar estos artefactos y analizar sus efectos desde una perspectiva legal y de políticas públicas.

El congreso FAT*, cuya tercera edición se celebrará en Barcelona en enero de 2020, se ha convertido en el encuentro de referencia para los que quieren abordar cuestiones de transparencia, justicia y rendición de cuentas de los sistemas automatizados.

 

Europa vs. EE UU

 

En Europa, el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) nos obliga a garantizar que haya supervisión humana y derecho de apelación de las decisiones tomadas por sistemas automáticos y de perfilado (profiling).

En EE UU, fallos como la incapacidad de algoritmos, entrenados con bases de datos con una sobrerrepresentación de fotos de personas blancas, para identificar a personas de color, también motivan la voluntad de abrir y auditar estos sistemas.

Estos casos, junto a otros más inquietantes en el ámbito jurídico y policial, han sido tomados como ejemplos de la falta de sensibilidad entre los programadores sobre las cuestiones raciales y de género. Así lo argumentan Sarah Myers West, Meredith Whittaker y Kate Crawford en el libro blanco Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI (Sistemas discriminatorios: género, raza y poder en las IA).

La publicación está en línea con otros autores como Andrew Selbst, que investiga los efectos legales de los cambios tecnológicos. Pretende llamar la atención sobre la necesidad de contextualizar cualquier discurso sobre desarrollo tecnológico y analizarlo como sistema tecnosocial, como ya hacen los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.

La automatización de procesos de decisión conlleva un gran desafío técnico, legal, de gestión corporativa y moral. Esto ocurre en todas las áreas, que van desde la detección de noticias falsas y fraudes hasta el diagnóstico médico y la encarcelación de sospechosos. Por ello, es necesaria la creación de un espacio de dialogo multidisciplinar.

Los sistemas de inteligencia artificial siempre serán producto de los sesgos, la heurística y los puntos ciegos de los programadores . Abrir un debate sobre qué valores queremos grabar en nuestros sistemas para que la humanidad florezca es responsabilidad de todos.

10/06/2019

Esa masacre detrás del actual pacto social chino

El giro de Deng Xiaoping, —una acumulación basada en el mercado para luego lanzar los cimientos del socialismo chino—, se había materializado desde principios de la década de 1980 con la cancelación de los 60.000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista y ya no igualitaria.

En la noche entre el 3 y el 4 de junio de 1989, el Ejército Popular Chino reprimió con la violencia de los tanques la protesta masiva que desde el 26 de abril y por iniciativa de los estudiantes que querían celebrar la muerte del ex secretario del Partido Comunista Hu Yaobang, se habían instalado y habían estado manifestándose durante semanas en la plaza de Tianannmen.

Fue un baño de sangre, el de los jóvenes estudiantes que habían comenzado la protesta, pero al final la mayoría de las víctimas fueron los trabajadores, las fuentes oficiales hablaron de 300 muertos, pero otras fuentes, tanto internas como externas, hablaron, de forma más veraz, de miles de muertos. Lo que realmente no podía soportar el nuevo liderazgo chino guiado por Deng Xiaoping, el modernizador pro-occidental que había regresado al poder a fines de la década de 1970 después de haber sido derrocado por el movimiento de la Revolución Cultural nacido contra la ocupación de parte del partido de toda la esfera política y contra la «vía capitalista de Deng», era la extensión de la protesta, ahora generalizada en todo el país y precedida, un mes antes, por la sangrienta revuelta de los trabajadores de Changsha.

Tianannmen será el catalizador, símbolo y detonador de esta protesta social. Desde ese momento, hasta el día de hoy, según las mismas fuentes oficiales chinas, las victimas han sido decenas y decenas de miles, como nuestra Angela Pascucci siempre ha recordado.

En 1989, la extensión y radicalidad de la movilización social cuestionó dos principios fundamentales del giro de Deng: por un lado, las modernizaciones (industria, agricultura, defensa, ciencia/tecnología) comenzaron con la expectativa de la innombrable «quinta» modernización, la de la democratización de la política y la sociedad sobre la que había insistido el movimiento del «Muro de la Democracia» ya en 1979, también aquel reprimido por Deng; y, por otro lado, la unidad del Partido Comunista Chino que cuestionó la gran movilización en curso. No se pudo imitar el cambio que Gorbachov, de visita en China justo a mediados mayo, representó en la URSS.

Los ojos de los medios de comunicación internacionales se limitaron a ver la representación en papel maché de la estatua de la libertad, la americana, erigida en Tianannmen por grupos de estudiantes y la pintura arrojada en un único retrato de Mao. Pero había algo más en la plaza. Además de las miles de imágenes de Mao y las banderas rojas, había trabajadores, campesinos inmigrantes, mujeres…, el ágora, la práctica de la democracia para los sujetos golpeados por las reformas de Dengh.

Esta era la total representación del descontento de la nueva China, devastada por un modelo distorsionado que desde principios de la década de 1980 Deng puso en marcha junto con la dirección del partido guiado entonces por Zhao Ziyang, que luego se opondría a la represión de la protesta.

El giro de Deng Xiaoping, una acumulación basada en el mercado para comenzar entonces las bases del socialismo chino, se había materializado desde principios de los años 80 con el cierre de los 60,000 municipios populares y el inicio de la distribución del trabajo en el campo sobre una base productivista que ya no era igualitaria; con el sistema de doble precio, con los mínimos bajo control estatal en lugar del control del mercado de materias primas (antesala de un vasto sistema de corrupción); con, la introducción de «zonas económicas especiales» abiertas a inversiones capitalistas extranjeras; el inicio de las migraciones masivas del orden de cientos de millones de personas a las ciudades «especiales» disponibles para la sobreexplotación de las multinacionales, con el empobrecimiento de la gran China del interior, distorsionando el equilibrio existente entre el campo y la ciudad; la construcción de una nueva clase de súper ricos con la reducción a cero del «tazón de arroz de hierro», el bienestar mínimo pero igual para todos.

Las transformaciones sociales y las contradicciones que se derivarán de ello se refieren a la China de hoy, que se ha convertido en el único país verdaderamente capitalista en la faz del mundo, con ganancias y un alto PIB (un espejismo para Occidente) reinvertido. El pacto social actual en China se basa en la violencia «oculta» ejercida en aquellos días de principios de junio de 1989 en Tianannmen.

Es cierto que el modelo chino de transformación del «socialismo real», que podríamos llamar capitalismo de partido centrado solo en el crecimiento económico, no ha fracasado como la iniciativa de Michail Gorbachov en la URSS con la perestroika, la glasnost y el Congreso de los Diputados del Pueblo que tuvo como objetivo cambiar sólo la esfera política; pero el alto PIB alcanzado, el hiperproductivismo y ahora la siempre importante «Ruta de la Seda», que no compensan al nuevo liderazgo «armonioso» de Xi Jinping de los desastres causados por la destrucción del medio ambiente en China, con el abismo de la desigualdad rampante. y con la búsqueda espasmódica y competitiva de materias primas por el mundo.

La realidad china actual muestra los términos de un desarrollo que para poder existir debe dividir a 1.400 millones de seres humanos de manera desigual y debe destruir y robar los recursos energéticos. Nosotros, a partir de la masacre de Tianannmen, podemos preguntarnos: ¿a qué precio?

09/06/2019

Tommaso de Francesco

veterano periodista romano, es codirector desde 2014, junto a Norma Rangeri, del diario “il manifesto”. Poeta epigramático y satírico, es también autor de novelas y cuentos y compilador de diversas antologías literarias.

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Lunes, 10 Junio 2019 05:43

Corrupción, protesta y represión

Corrupción, protesta y represión

Miles de haitianos se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario fue recientemente acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. La policía reprimió las protestas (foto), en las que un manifestante fue muerto de un tiro.

Antes de la violencia desatada, varios miles de manifestantes marcharon por una de las calles principales de la capital, convocados por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Pero luego todo se desvirtuó. “No podemos ser pacíficos. Mirá: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años. 

La semana pasada, el Tribunal Superior de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción. Los jueces descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de rutas, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico. Antes de su llegada al poder, en 2017, Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 700.000 de dólares para ese proyecto.

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Jueves, 06 Junio 2019 08:42

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

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El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles

Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

 

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuraduría (organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.


Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.


El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.


El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.


“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.


"Sin sanciones ni impedimentos"


Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos públicos".


El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.


Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.


Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en 2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”.


Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia


La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014

Francesco Manetto
Bogotá 4 JUN 2019 - 18:51 COT


El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.


Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.


Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.


Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos


 José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

El País
Bogotá 5 JUN 2019 - 03:01 COT

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si rafifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

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La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque

“Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia” fue la respuesta amenazante del comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times (NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su ‘Plantemiento de Objetivos 2019' [1]. 

El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, se basa en testimonios de altos mandos militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el número de acciones militares y de bajas, con la visión de “no exigir perfección”, lanzar operaciones contando apenas con el “60 o 70 por ciento” de credibilidad o exactitud, y “hacer lo que sea, incluyendo alianzas con grupos criminales armados” [2], evidencia una vez más, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.


Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de “subversivos dados de baja en combate”. Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.


Sigue el margen de error para asesinar civiles


La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las “Cincuenta Órdenes de Comando”, con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para conducir las operaciones militares donde “no exigir la perfección” [5] dejan un margen de error de 40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el manto de ser daños colaterales.


Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.


¿Seguridad y Defensa para quién?


No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” [7], puesto que la visión de seguridad del Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los pobladores y sus comunidades.


Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del incremento de rutas y carteles del narcotráfico.


Régimen de impunidad


La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en temas que son de su competencia como la “Defensa Nacional y la Fuerza Pública” [8], por el contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa Humanidad.


Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].


Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre los que “existen evidencias creíbles” que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados de la década de los 2000 [10].


Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del “Body Count” aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.


¡Sí es posible el cambio!


Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de “hacer lo que sea” para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.


Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.
La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes Comunes y los derechos de los colombianos.

 

Notas
[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf
[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf
[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[6] https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad-%E2%80%93-PDS.pdf
[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976
[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda
[9] https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-con-los-asesinatos-de-civiles/617129
[10] https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

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Domingo, 02 Junio 2019 14:51

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enEdición Nº257
Domingo, 02 Junio 2019 06:02

Recordatorio para periodistas

Los abogados de Chelsea Manning presentaron ayer un documento en el que piden a un juez federal que reconsidere la decisión de enviarla a la cárcel de Alexandria por negarse a declarar sobre el caso Wikileaks.Foto Ap

Ya me estoy cansando de la Ley de Estados Unidos contra el Espionaje. Para el caso, desde hace mucho tiempo me cansé de la saga de Julian Assange y Chelsea Manning. Nadie quiere hablar de sus personalidades porque nadie parece simpatizar mucho con ellos, ni siquiera quienes se han beneficiado periodísticamente de sus revelaciones. Desde el principio me ha preocupado el efecto de Wikileaks, no sobre los brutales gobiernos de Occidente cuyas actividades ha revelado en estremecedor detalle (en especial en Medio Oriente), sino sobre la práctica del periodismo. Cuando a nosotros los escribas nos sirvieron este potaje de Wikileaks, saltamos a él, nadamos en él y salpicamos los muros de la información con nuestros aullidos de horror. Y olvidamos que el verdadero periodismo de investigación se refiere a la persistente búsqueda de la verdad a través de nuestras propias fuentes, en vez de volcar un frasco de secretos enfrente de los lectores, secretos que Assange y compañía –más que nosotros– habían decidido hacer públicos.

¿Por qué, recuerdo haberme preguntado hace casi 10 años, pudimos leer las indiscreciones de tantos árabes y estadunidenses, pero de tan pocos israelíes? ¿Exactamente quién estaba preparando la sopa que nos querían hacer comer? ¿Qué pudo haber quedado fuera del caldo? Sin embargo, los días recientes me han convencido de que existe algo mucho más obvio con respecto al encarcelamiento de Assange y la nueva detención de Manning. Y no tiene nada que ver con traición o con cualquier supuesto daño catastrófico a nuestra seguridad.


En el Washington Post esta semana, hemos leído a Marc Theissen, el ex redactor de discursos de la Casa Blanca que defendió la tortura en la CIA como legal y moralmente justa, decirnos que Assange “no es periodista. Es un espía… Realizó espionaje contra Estados Unidos. Y no se arrepiente del daño que ha causado.” Olvídense entonces de que la locura de Trump ya ha convertido la tortura y las relaciones secretas con los enemigos de su país en un pasatiempo.


No, no creo que esto tenga nada que ver con el uso de la Ley contra el Espionaje, por graves que sean sus implicaciones para los periodistas convencionales o para las organizaciones respetables de noticias, como Thiessen nos ha llamado empalagosamente. Tampoco tiene mucho que ver con los peligros que esas revelaciones plantearon para los agentes que Estados Unidos reclutó en Medio Oriente. Recuerdo bien con cuánta frecuencia los intérpretes iraquíes de las fuerzas armadas estadunidenses nos decían que habían rogado que les dieran visas para ellos y sus familias cuando se vieron bajo amenaza en Irak… y cómo a la mayoría les dijeron que se fueran al diablo. Los británicos tratamos a muchos de nuestros propios traductores iraquíes con similar indiferencia.


Así pues, olvidemos sólo por un momento la matanza de civiles, la crueldad letal de los mercenarios estadunidenses (algunos implicados en tráfico de infantes), el asesinato de personal de Reuters por fuerzas de Estados Unidos en Bagdad, el ejército de inocentes detenidos en Guantánamo, la tortura, las mentiras oficiales, las cifras falsas de bajas, las mentiras de las embajadas, el adiestramiento estadunidense de torturadores en Egipto y todos los demás crímenes revelados por las actividades de Assange y Manning.


Supongamos que lo que revelaron hubiera sido bueno y no malo, que los documentos diplomáticos y militares hubieran ofrecido un ejemplo resplandeciente de un país grandioso y moral, y hubiesen demostrado esos ideales nobles y refulgentes que la tierra de los libres siempre ha postulado. Imaginemos que las fuerzas estadunidenses en Irak hubiesen dado repetidas veces la vida para proteger a civiles, que hubieran denunciado las torturas cometidas por sus aliados, que hubieran tratado a los prisioneros de Abu Ghraib (muchos de ellos completamente inocentes), no con crueldad sexual, sino con respeto y gentileza; que hubieran destruido el poder de los mercenarios y los hubieran enviado encadenados a prisiones estadunidenses; que hubieran reconocido, ofreciendo excusas, los cementerios de hombres, mujeres y niños a los que enviaron prematuramente a la tumba en la guerra de Irak. Incluso fantaseemos por un momento con que los tripulantes de un helicóptero estadunidense que abatieron a 12 civiles en una calle de Bagdad no dispusieron de ellos con sus armas, y que la voz en la radio del helicóptero gritó: ¡Esperen, creo que estos tipos son civiles, y que esa arma tal vez es una cámara de televisión! ¡No disparen!


Como todos sabemos, eso es escapismo. Porque lo que esos cientos de miles de documentos representaron fue la vergüenza de Estados Unidos, de sus políticos, sus soldados, sus torturadores, sus diplomáticos. Incluso hubo un elemento de farsa que, sospecho, enfureció a los Thiessens de este mundo mucho más incluso que la más terrible de las revelaciones. Siempre he recordado la indignación expresada por Hillary Clinton cuando se reveló que había enviado sus esbirros a espiar en Naciones Unidas; sus esclavos del Departamento de Estado tuvieron que estudiar los detalles encriptados de los delegados, sus transacciones con tarjetas de crédito, incluso sus tarjetas de viajero frecuente. Pero ¿quién en este mundo querría desperdiciar su tiempo estudiando las tonterías que surgían de los incompetentes funcionarios de la ONU? ¿O, para el caso, quién en la CIA querría perder el tiempo escuchando las conversaciones privadas de Angela Merkel con Ban Ki Moon?


Uno de los cables que Assange reveló se refiere a la revolución iraní de 1979 y a la afirmación del agregado estadunidense Bruce Laingen de que la psique persa es de un egoísmo abrumador. Interesante, pero estudiantes iraníes se habían tomado el extenuante trabajo de pegar todos los jirones de documentos de la embajada estadunidense en Teherán en los años posteriores a 1979 y ya habían publicado las palabras de Laingen décadas antes de que Wikileaks nos las entregara. Tan vasta fue esa primera remesa de 250 mil documentos –que Hillary denunció como un ataque a la comunidad internacional, sin dejar de decir que eran presuntos documentos (como si pudieran ser falsos)–, que pocos pudieron descubrir qué era nuevo y qué viejo. Por eso el New York Times destacó la cita de Laingen como si fuera un hallazgo extraordinario.


Parte del material no había sido tan obvio antes –la sugerencia de que Siria había permitido que insurgentes antiestadunidenses cruzaran su territorio desde Líbano, por ejemplo, era absolutamente correcta–, pero la evidencia de la fabricación iraní de bombas en el sur de Irak era mucho más dudosa. Esta historia ya había sido alegremente filtrada al New York Times por funcionarios del Pentágono en febrero de 2007, y recalentada en años recientes, pero en su mayor parte era mentira. Desde la guerra Irán-Irak de 1980-88 había equipo militar iraní desperdigado por todo el territorio iraquí y la mayoría de los fabricantes de bombas que lo usaron eran musulmanes sunitas iraquíes.


¿Por qué esperar otros 10 años hasta que el próximo Assange nos envíe otro camión de basura lleno de secretos de Estado?


Pero esto es buscarle tres pies al gato entre el tiradero de papeles. Semejantes paparruchas son insignificantes en comparación con las monstruosas revelaciones de crueldad estadunidense: el relato, por ejemplo, de cómo soldados estadunidenses mataron a casi 700 civiles, entre ellos mujeres embarazadas y enfermos mentales, por acercarse demasiado a sus retenes. Y la instrucción dada a las fuerzas de Estados Unidos –trozo de historia revelado por Chelsea Manning– de no investigar cuando sus aliados militares iraquíes flagelaban a prisioneros con cables pesados, los colgaban de ganchos colocados en el techo, les perforaban las piernas con taladros eléctricos y los asaltaban sexualmente. En la evaluación secreta estadunidense de 119 mil muertos en Irak y Afganistán (que en sí está muy por debajo de la realidad), 66 mil 81 fueron clasificados como no combatientes. ¿Cuál habría sido, me pregunto, la reacción estadunidense al asesinato de 66 mil ciudadanos estadunidenses, 20 veces más que los muertos del 11-S?


Por supuesto, se suponía que no deberíamos saber nada de esto. Y podemos ver por qué no. Lo peor de este material no era secreto porque casualmente se hubiese deslizado hacia una carpeta de la administración militar marcada como confidencial o solo para usted, sino porque representa el encubrimiento de crímenes de Estado a escala masiva.


Los responsables de esas atrocidades deben ser sometidos a juicio, extraditados de dondequiera que se escondan y encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Pero no… vamos a castigar a los que filtraron la información, por lastimeros que nos parezcan sus motivos.


Claro, nosotros los periodistas, los que trabajamos para respetables organizaciones de noticias, podemos preocuparnos por las implicaciones de todo esto para nuestra profesión. Pero sería mucho mejor lanzarnos a la caza de otras verdades, igualmente espantosas para las autoridades. ¿Por qué no averiguar, por ejemplo, lo que Mike Pompeo le dijo en privado a Mohammed bin Salman? ¿Qué promesas tóxicas pudo haber hecho Donald Trump a Netanyahu? ¿Qué relaciones mantiene aún Estados Unidos en secreto con Irán, por qué ha mantenido contacto importante –esporádico, silencioso y encubierto– con elementos del régimen sirio?


Pero aquí la acostumbrada luz preventiva: lo que encontremos mediante el viejo periodismo convencional de pedalear duro, de obtener historias por medio de gargantas profundas o contactos confiables, nos va a revelar –si hacemos nuestro trabajo– exactamente la misma vil mendacidad de nuestros amos que condujo al clamor de odio hacia Assange y Manning y, de hecho, hacia Edward Snowden. No seremos procesados porque la persecución de esos tres sentó un peligroso precedente legal, pero seremos perseguidos por las mismas razones: porque lo que vayamos a revelar demostrará sin remedio que nuestros gobiernos y los de nuestros aliados cometen crímenes de guerra, y los responsables de esas iniquidades intentarán hacernos pagar con una vida tras barrotes por tal indiscreción.


La vergüenza, y el temor de ser llamados a cuentas por lo que nuestras autoridades de seguridad han hecho, no la violación de leyes cometida por los filtradores de información, es de lo que se trata todo esto.


Traducción: Jorge Anaya

 

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