Más de 100 muertos en Myanmar durante las protestas contra el golpe

Es el saldo la represión de una manifestación este sábado en contra del golpe

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las manifestaciones. 

 

Más de 100 personas murieron este sábado en más de 40 localidades de Myanmar, en la jornada más letal y masiva de protestas contra el golpe de Estado y en la que el Ejército hizo una exhibición de su poder al celebrarse allí el día de las Fuerzas Armadas.

La cifra exacta de fallecidos en la ex Birmania es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones.

Un recuento emitido por un investigador independiente en Rangún, la ciudad más grande del país, habla de 107 muertos, mientras que el portal de noticias Myanmar Now menciona 114.

Estas cifras implican que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos desde el inicio de las protestas prodemocracia registrados ayer por la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos Políticos

El país asiático vive sumido en una profunda crisis desde que los militares depusieron al gobierno civil de Aung San Suu Kyi en un golpe el 1º de febrero,que desencadenó una gran revuelta para pedir el retorno de la democracia.

La violenta represión de las fuerzas de seguridad coincidió con el desfile militar que se organiza cada año con motivo del día de las Fuerzas Armadas. Miles de soldados, tanques, misiles y helicópteros se sucedieron en una gran explanada frente a los generales y sus escasos invitados, entre ellos las delegaciones rusa y china, países que no condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.

El líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, volvió a defender el golpe debido al presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que venció el partido de Aung San Suu Kyi, y prometió ceder el poder tras unas nuevas elecciones.

A pesar de esa exhibición de fuerza, a media jornada, la violencia había estallado en todo el país. En Rangún, columnas de humo se elevaban sobre la antigua capital del país, que se convirtió en foco de disturbios en las últimas semanas. Una concentración nocturna frente a una comisaría en el sur de la ciudad terminó con la muerte de al menos seis personas.

En la región central de Mandalay, se registraron al menos nueve muertos en las últimas horas. Un médico de la ciudad de Wundwin confirmó la muerte de dos manifestantes. Una manifestación allí también se convirtió en un caos cuando los soldados empezaron a disparar. Al menos uno de los manifestantes murió, un agente de policía de 21 años, Chit Lin Thu, que se había unido al movimiento contra el golpe. "Estoy muy triste por él, pero al mismo tiempo estoy orgulloso de mi hijo", afirmó a AFP Joseph, su padre.

En el estado de Shan, al norte, la policía y el ejército abrieron fuego contra una concentración de estudiantes universitarios, dijeron testigos. Estas muertes provocaron una nueva condena de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido.

"Este 76º Día de las Fuerzas Armadas se recordará como una jornada de terror y de deshonor", dijo la embajada de la Unión Europea en el país. La embajada de Estados Unidos así como el representante de Reino Unido también condenaron la violencia.

"Las fuerzas de seguridad están matando civiles desarmados, niños, la gente a la que juraron proteger", lamentó un comunicado de la sede diplomática estadounidense publicado en Facebook. La brutalidad de la represión provocó desde hace semanas condenas internacionales y sanciones contra militares poderosos, pero la presión diplomática tuvo un escaso efecto hasta el momento.

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Sábado, 27 Marzo 2021 08:33

Oracle vende represión en China

Oracle vende represión en China

Las presentaciones de Oracle sobre el aparato de seguridad de China suscitan una serie de graves cuestiones para la compañía, que se encuentra implicada en el sistema de defensa de EE UU.

 

La policía de la provincia china de Liaoning estaba saturada de montañas de datos recogidos a través de medios invasivos: registros financieros, información de viajes, registro de vehículos, redes sociales e imágenes de cámaras de vigilancia. Para que todo eso tuviera algún sentido, necesitaban tener un software sofisticado de análisis de datos. Aquí entra Oracle, el gigante informático norteamericano, cuyos productos pueden encontrar datos relevantes entre los disparatados registros del departamento de policía para relacionarlos con las investigaciones en marcha.

Así lo explicó un ingeniero de Oracle destinado a China en una conferencia de programadores celebrada en la sede central de la empresa en California en 2018. Las diapositivas de la presentación, subidas a la web de Oracle, comienzan con un “resumen de caso” que enumeraba cuatro “productos de Oracle usados por” la policía de Lianoing para hacer análisis y predicción de crímenes.

Una diapositiva muestra cómo el software de Oracle permite que la policía de Liaoning pueda crear diagramas de red basados en registros hoteleros para localizar a cualquiera que pueda ser relacionado con un determinado sospechoso. Otra muestra el uso del software para crear paneles policiales con “puntos calientes de seguridad”. Fotos de lo que es claramente el interfaz informático de la herramienta muestran una cara difuminada y varios nombres chinos. La presentación concluye que este software ayudó a la policía, cuyas bases de datos habían sido “incomprensibles”, a localizar más fácilmente a los “sujetos/objetos/eventos clave”, y a “identificar posibles sospechosos”, algo que en China a menudo quiere decir disidentes.

Los representantes de Oracle han comercializado el análisis de datos desarrollado por la empresa para su uso por parte de la policía y contratas de la industria de seguridad en toda China, según decenas de documentos de la compañía disponibles en su web. En al menos dos casos, estos documentos implican que los departamentos de policía regionales usaron este software en sus operaciones. Uno de ellos es la presentación sobre la provincia de Liaoning. El otro es un documento de Oracle que describe a la policía de la provincia de Shanxi como “cliente” necesitado de una plataforma de espionaje. Oracle también se jactaba de que sus servicios de análisis de datos para la seguridad fueron usados por otras entidades policiales chinas. Según estos documentos, esto incluía a la policía de Xinjiang, provincia donde se desarrolla el genocidio contra los musulmanes uigures y otros grupos étnicos.

En sus materiales promocionales, Oracle afirma que su software puede ayudar a la policía a sacar provecho de la información procedente de documentos online, registros policiales, registros hoteleros, matriculación de coches, bases de datos de ADN e imágenes para el reconocimiento facial. Las presentaciones de Oracle incluso sugerían que la policía podía usar sus productos para combinar la actividad en redes sociales con las completas bases de datos del Gobierno chino que hacen seguimiento de los consumidores de drogas y de personalidades del mundo del entretenimiento, un grupo que incluye a las trabajadoras sexuales. Los empleados de Oracle también han intentado vender tecnología de la empresa para la “policía en la nube” china, una gran plataforma de datos implementada como parte del Estado vigilante.

Varios de estos materiales de Oracle sugieren que la empresa ha ido bastante más allá de promocionar sus productos entre la policía china, que funciona como parte del Ministerio de Seguridad Pública del país: una presentación que detalla los productos de bases y análisis de datos de Oracle contiene una diapositiva titulada “Oracle y la industria de defensa nacional”. A ese título le sigue una lista de múltiples entidades militares chinas, incluido el Ejército Popular de Liberación, la Corporación Nacional China de energía nuclear, y la Corporación China de Ciencia Aerospacial y Tecnología. Las agencias de defensa también son el evidente objetivo de otras dos presentaciones de Oracle en idioma chino, de las cuales la más reciente está fechada en 2015, y de los eventos llamados “Foro Oracle de intercambio sobre programación en la nube para las Fuerzas Armadas de Policía del Pueblo” y el “Seminario Oracle de informatización para la Aviación de Xi’an y la Industria Nacional de Defensa”, ambos detallados en la web de Oracle. Se desconoce si cualquiera de las entidades militares chinas está usando software de Oracle o si la compañía tiene algún acuerdo con ellas.

Con todo, los documentos muestran una imagen inquietante de una empresa que sacrifica sus valores declarados para introducir sus productos de análisis de datos en China, donde el recolector de datos más impresionante es el Gobierno chino.

Las presentaciones de Oracle sobre el aparato de seguridad de China suscitan una serie de graves cuestiones para la compañía, que se encuentra implicada en el sistema de defensa de EE UU. Según declaró el año pasado, entre sus clientes se encuentran “las cinco ramas del Ejército de EE UU”, y tiene contratos recientes o en proceso de aprobación con la NASA, el Departamento de Comercio y la CIA. Oracle también ha trabajado estrechamente con diversos departamentos de policía estadounidenses.

Esta colaboración de Oracle con el Gobierno ayudó a éste y a Walmart a desplazar a sus rivales en la puja el año pasado por el control de la actividad en EE UU de TikTok, la red social china de vídeos, después de que el Gobierno de Trump ordenara a TikTok encontrar un comprador estadounidense para sus actividades en el país. La propuesta de acuerdo, pendiente de una decisión judicial, estaba impulsada por el temor de que la matriz pekinesa de TikTok pudiera proporcionar datos sensibles de los usuarios a las autoridades chinas. Pero en un extraño giro, los documentos muestran que Oracle ha promocionado el uso por parte de esas mismas autoridades de su software en un ejemplo extremo de anteponer los beneficios a los derechos humanos.

“Las empresas no deberían vender al Ministerio de Seguridad Pública ningún tipo de sistema de control policial de vigilancia predictiva”, asegura Maya Wang, una investigadora de Human Rights Watch en China, que se encontraba entre un grupo de expertos que comentó algunas de las presentaciones de Oracle para la web The Intercept. “No deberían de tener ningún tipo de negocios con el Ministerio de Seguridad Pública. Esto suscita preguntas sobre el papel que Occidente ha representado para inspirar y construir los sistemas de vigilancia de China”.

Además de la preocupación en lo relacionado con los derechos humanos, los documentos apuntan a profundas cuestiones de seguridad nacional. Una de las presentaciones de tema militar cita el trabajo de Oracle con la defensa estadounidense en un evidente esfuerzo de obtener contratos chinos de programación en la nube. “El hecho de que una empresa norteamericana de tecnología esté comercializando aplicaciones para incrementar el poder de combate del Ejército chino es claramente un mal criterio, especialmente dada la avidez con la que Oracle sigue buscando oportunidades de trabajo con el Departamento de Defensa”, afirma Elsa Kania, colaboradora del Center for a New American Security y experta en la estrategia militar de China, después de revisar los documentos más relevantes. “Esto nos dice algo sobre la búsqueda de beneficio y cuota de mercado por encima de cuestiones de ética o diligencia debida”. 

En un comunicado dirigido a The Intercept, la portavoz de Oracle, Jessica Moore, dijo que los materiales mostraban “lo que nuestros productos pueden hacer si otros los desarrollan” y eran “ideas aspiracionales de desarrollo de negocio” que “no indican ninguna ejecución planificada o intencionada de ventas o soporte”. La compañía no está vendiendo software de análisis de datos “para ninguno de los objetivos finales sugeridos en los materiales”, señaló. “Dichas actividades serían incoherentes con los valores esenciales empresariales y ciudadanos de Oracle, incluyendo nuestra declaración sobre derechos humanos”.

También señaló que Oracle realiza “profundas evaluaciones” para asegurar que sus exportaciones cumplen con las restricciones comerciales, incluyendo cualquier acuerdo con el Ejército chino. Preguntada acerca de la evidente labor de comercialización de Oracle dirigida a entidades relacionadas con el ejército, escribió que “cualquier transacción de ese tipo debería cumplir totalmente con las leyes y regulaciones vigentes de EE UU en materia de control de exportaciones y sanciones económicas. Punto. Y más allá de nuestras obligaciones legales y reglamentarias, Oracle es muy prudente y precavida incluso en cómo enfocamos tales oportunidades”.

Moore definió la noticia del ingeniero sobre el uso del software de Oracle por parte de la policía de Liaoning como “una presentación comercial” de tipo “téorico” y señaló que no “representa ni demuestra la implementación de ninguna solución tecnológica concreta de Oracle”. La herramienta “requeriría de un trabajo extenso con la contraparte para ser desarrollada e implementada”.

Un antiguo directivo de Oracle, Xavier Lopez, señaló a The Intercept, que acciones de marketing como el ejemplo de la policía de Liaoning suelen presentarse en conferencias de tecnología para mostrar a los desarrolladores cómo pueden construir software personalizado para determinadas industrias o entidades gubernamentales a partir de plataformas genéricas de Oracle. López co-presentó un ejemplo similar de uso de datos con la policía china en la conferencia Oracle OpenWorld de 2017 en San Francisco, una conferencia anual de carácter masivo que atrae a cerca de 60.000 participantes. La presentación indicaba que un “departamento chino de policía” sin especificar había usado análisis de gráficos de Oracle para centrarse en sospechosos mediante el procesamiento de “documentos, redes sociales, contenido web, salas de chat, registro de vuelos, registro de estancias hoteleras y bases de datos abiertas públicamente [sic] disponibles”.

Lopez confirmó que “esa policía provincial de China usó el software para desarrollarlo”, en referencia al análisis de datos descrito en la diapositiva. “Simplemente compartieron con nosotros información genérica sobre cómo se había usado”. No recordaba qué provincia proporcionó la información.

Acerca de la presentación de Lopez, Moore declaró que “no tenemos ninguna implementación conocida con un ‘departamento chino de policía”, y que “la definición de ‘ejemplo de uso’ es muy diferente de un producto o servicio real e implementable, que Oracle no tiene”.

Lopez tenía claro, no obstante, que su presentación no era hipotética: “Los datos no venían de nosotros. Los datos vinieron de esa provincia. La provincia usa ese software, otorgan una licencia a ese software para su uso en diferentes cosas, para distintos tipos de uso. Y este era un ejemplo de cómo lo usaron para este ejemplo particular de uso”.

Team USA 

Oracle tuvo sus comienzos a finales de los ‘70 desarrollando bases de datos para la CIA y todavía alimenta su reputación de estar íntimamente aliada con el Gobierno de EE UU. Su cofundador y presidente del consejo, Larry Ellison, criticó los planes de Google de 2018 de desarrollar en China una máquina de búsqueda censurada declarando a Fox Business que estaba en marcha “una fuerte competición con China. Yo voy con el equipo de EE UU”. El hecho de que Google “vaya a China y facilite que el Gobierno chino vigile a su pueblo es bastante perturbador”, añadió.

Por otro lado, la ejecutiva de Oracle Safra Catz es delegada de la Comisión de Seguridad Nacional para la Inteligencia Artificial, una iniciativa apoyada por el Departamento de Defensa que pretende mantener el dominio de EE UU en ese campo. Una preocupación clave de la comisión ha sido la creciente pericia técnica de China y, en su papel como delegada, Catz ha recibido actualizaciones semanales en su mail por parte del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para China acerca del “comportamiento malicioso del Partido Comunista Chino”.

“La preocupación es que los ejecutivos de Oracle estén condicionando la política estadounidense de seguridad nacional y al mismo tiempo le pasen tecnología a la policía china para usos de espionaje”, señaló Jack Poulson, que dimitió de Google en 2018 después de que The Intercept desvelara los planes de la empresa sobre los buscadores en China, y ahora es director ejecutivo de la ONG Tech Inquiry, que monitoriza la discriminación, vulneraciones de derechos humanos y flujos financieros de las empresas de tecnología. “Esta no es la primera empresa que lo hace, pero puede ser uno de los ejemplos más indignantes”.

Oracle se encontraba cómoda con el Gobierno de Trump, un hecho que puede haber ayudado en su puja por TikTok. Catz fue miembro del equipo asesor de Trump durante el traspaso de poderes en 2016, y donó 130.600 dólares para la campaña de reelección de Trump el año pasado. Pero el destino del acuerdo de TikTok puede estar ahora en manos de Joe Biden. TikTok ha estado enfrentándose judicialmente a la orden ejecutiva de Trump, y la respuesta del Gobierno de EE UU a este desafío está prevista para hoy [posteriormente a la redacción de este artículo, Biden suspendió la orden de venta de activos de TikTok]. La semana pasada, el Wall Street Journal informó de que el Gobierno de Biden había paralizado de manera indefinida el acuerdo TikTok-Oracle-Walmart. No obstante, técnicamente Oracle todavía está en la carrera por adquirir una parte significativa de la actividad de TikTok en EE UU. Según los términos propuestos en el acuerdo, Oracle albergaría los datos de los usuario que fluyen por la aplicación de TikTok en EE UU como principal inversor de una empresa independiente llamada TikTok Global. También podrá tener acceso al código fuente de TikTok.

El interés de Oracle tanto por TikTok como por el control policial a través de los datos nace de su esfuerzo continuado por introducirse en el pujante mercado en la nube y su expansión relacionada de desarrollos de inteligencia artificial. Las raíces de la empresa se encuentran en el software de bases de datos, pero en la última década ha adquirido varias startups de búsqueda online y análisis de datos. Oracle también se ha convertido en uno de los principales vendedores de datos. Asegura vender datos de más de 300 millones de personas en todo el mundo, lo que llama “la mayor colección mundial de datos de terceras personas”.

Estos esfuerzos forman parte de la tendencia global que está llevando a las grandes tecnológicas a interesarse por la seguridad, un proceso en el que empresas más especializadas como Palantir y Predpol se están viendo desplazadas por las grandes empresas de plataforma como Amazon, IBM y Microsoft. Las aplicaciones y el software de Oracle han sido usadas por el departamento de policía de Chicago y la policía del Estado de Illinois, así como por varios gobiernos locales de EE UU.

Pero Oracle también ha vendido aplicaciones policiales de su software en países con antecedentes deplorables en materia de derechos humanos, incluyendo no sólo China sino también Brasil, México, Pakistán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, según documentos de la empresa y contratos policiales desvelados por The Intercept, así como evidentes presentaciones de empleados de Oracle subidas a Slideshare y otras páginas. Los documentos dejan claro que el software puede usarse para aumentar la vigilancia. Un folleto de marketing global de Oracle sacado de su página web señala que la policía “necesita juntar en una sola fuente el análisis del crimen y el análisis de redes sociales”. Otro sugiere que el software de Oracle puede ayudar a la policía a filtrar 700 millones de mensajes al día a partir de las principales aplicaciones de redes sociales –incluyendo WeChat y Weibo- así como salas de chat, foros, comentarios y medios informativos. Bajo el epígrafe “Obstáculos pendientes”, menciona la “protección a la privacidad”.

“Disponemos de muchas pruebas del potencial negativo de este tipo de tecnologías para las poblaciones negras y de las afueras” en las favelas y otros vecindarios pobres de Rio de Janeiro, señala Pablo Nunes, investigador del Centro de Estudios para la Seguridad y la Ciudadanía en Río de Janeiro. “También refuerza la criminalización de ciertos espacios de la ciudad”.

Algunos materiales de marketing de Oracle afirman que su tecnología puede ayudar a los agentes a prevenir o anticiparse al crimen. Se trata de una afirmación engañosa incluso en sociedades con una fuerte protección de las libertades civiles. En China, que carece de libertad de prensa y de otros medios para la rendición de cuentas a la ciudadanía, la policía puede usar el big data para justificar fundamentalmente cualquier decisión, y en el peor de los casos, la detención de uigures y otras minorías étnicas de Xinjiang. “Los sistemas democráticos normalmente tienen que enfrentarse a algo de resistencia y de respuesta por parte de la gente que sufre discriminación”, señala Wang, de Humans Rights Watch. “Pero en China la policía no tiene que responder ante ninguna presión. Así que el muy imperfecto diseño del sistema puede empeorar sin más”. El visto bueno de Oracle es parte de este deterioro.

Moore, la portavoz de Oracle, declara que los clientes globales de la empresa y los usos finales están “autorizados” y que los productos de la compañía no han sido específicamente diseñados para la vigilancia o la lucha contra el crimen. “Terceras partes o integradores de sistemas pueden desarrollar productos a partir de nuestra tecnología”, escribe, “y pueden ser configurados o implementados para esos usos, pero esto requeriría de un proceso profundo de consultoría y desarrollo de dicho sistema”.

Vigilancia integrada 

Los documentos de Oracle desvelados por The Intercept cubren el periodo entre 2010 y 2020. Describen ampliamente un enfoque llamado “vigilancia socialmente activada” o “vigilancia integrada”, que conlleva la fusión de las fuentes tradicionales de información para la policía con los datos procedentes de redes sociales. El objetivo, según un documento, es eliminar “barreras y cuellos de botella, facilitando una visión de 360 grados que comprenda el ciclo de vida de la víctima, el testigo, el sospechoso y el incidente”, de modo que se pueda vigilar “tanto el mundo físico como el digital”.

Una figura prominente en la promoción de este concepto fue Hong-Eng Koh, un antiguo agente de policía de Singapur que trabajó en Oracle entre 2010 y 2016, al menos parcialmente desde Pekín. Koh es descrito en documentos de Oracle, en el registro de una conferencia de Oracle y en sus propias (y de sus colegas) entradas en redes sociales como “principal director” o “líder global” de Oracle para las áreas de justicia y seguridad ciudadana en ese periodo. Según los documentos, Koh supervisó un grupo de empleados que contactó con agencias gubernamentales de todo el mundo acerca de las aplicaciones policiales del software de Oracle. Moore, de Oracle, afirma que la empresa jamás tuvo un “grupo de Justicia y Seguridad Ciudadana, pero reconoce que había un grupo de empleados que trabajaban con Koh. Añade que Koh “desempeñaba un rol dentro del área de Soluciones Industriales Globales centrado en posicionar los productos de Oracle en varias industrias, incluyendo el sector público”.

Koh parece ser un fan entusiasta del trabajo policial. “¿En qué otro trabajo te dan una pistola propia?”, se lee en un post sobre sus primeros días como agente en Singapur, en lo que parece ser su cuenta de LinkedIn. “Durante algunos meses, me sentí tan ‘empoderado’ que estando fuera o dentro de servicio, llevaba la pistola y mis balas con entusiasmo allá donde fuera”. (Koh no respondió a múltiples correos electrónicos y mensajes en LinkedIn para comentar estos hechos).

En Oracle tenía otras poderosas herramientas a su disposición. En los documentos, Oracle lanza una serie de software de analíticas y de proyecto dirigida a usos policiales y llamada Oracle Business Intelligence, también en China. Dicho software tiene amplias aplicaciones y es muy utilizado por las empresas en su análisis de negocio. Lopez, el antiguo ejecutivo de Oracle, declara que aunque los ingenieros de Oracle no ajustan el software del tipo Business Intelligence pensando en un sector específico, Oracle sí lo comercializa para usos específicos. “Cuando comercializas algo, quieres que tu marketing ilustre como puede personalizarse o modificarse o tunearse un software genérico para resolver los problemas de tu sector”, señala. Añade que a menudo los ingenieros de Oracle pueden añadir características al software basándose en el intercambio con los gobiernos o las empresas. Un vídeo subido a la web de Oracle titulado “Transformando la Justicia y la Seguridad Ciudadana” propone una estrecha colaboración con la policía para integrar “datos almacenados en un solo núcleo de información”. “Podemos ayudarte a construir tu manera ideal de hacer las cosas”, dice.

Oracle es el principal proveedor mundial de software para bases de datos, y para los departamentos de policía que ya usan las bases de datos de la empresa, una ventaja de la oferta analítica de Oracle es que le pueden añadir más fácilmente otras capas de software.

Los documentos corporativos reseñados por The Intercept señalan que cada país tiene diferentes leyes sobre el uso de datos para la vigilancia policial, pero pasan por encima de cualquier consideración sobre las libertades civiles. “Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer”, dice el documento de Oracle sobre “vigilancia socialmente activada”, en el que Koh figura como coautor. “Si una persona no tiene problemas con publicar entradas en redes sociales públicamente, él o ella deben entender que cualquiera, incluyendo empresas de marketing, agencias gubernamentales e incluso criminales, pueden ver dichos contenidos sin su permiso”. “Internet tiene memoria”, continúa el documento.

Internet no ha olvidado a Koh. Una cuenta de Slideshare a su nombre contiene presentaciones que detallan el trabajo con departamentos de policía de todo el mundo, y su cuenta de LinkedIn contiene lo que parece ser una foto de Koh con los Pakistan Rangers, una organización policial paramilitar.

Big data y regímenes represores

Parece que Koh ha encontrado un público atento entre los regímenes represivos cuyas autoridades han atesorado una gran cantidad de información. Durante la última década, las autoridades chinas han tratado de usar el big data para prevenir cualquier incidente que amenace al Partido Comunista. El presidente chino, Xi Jinping, ha hablado de preservar la “estabilidad” mediante la vigilancia de eventos imprevistos. “La lógica es que ya no sirve con reaccionar a los eventos, porque entonces ya es demasiado tarde”, señala Edward Schwarck, un estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford que ha escrito sobre el origen de la vigilancia policial predictiva en China. “Lo que tienes que hacer es adelantarte a los acontecimientos”.

En los últimos 20 años China ha introducido los documentos de identidad electrónicos, el registro de identidad online, lectores automáticos de matrículas y puestos de control equipados con cámaras de vigilancia y sistemas de reconocimiento facial. “Todo el mundo usa móviles o WeChat, toda clase de dispositivos que pueden ser seguidos y generan muchas secuencias de datos”, señala Daniel Sprick, un experto en Derecho chino de la Universidad de Colonia que estudia la vigilancia policial predictiva en China. Algunos datos recogidos a través del emergente sistema de crédito social proveen información accesible también para la policía, añade. “De este modo la policía está en la posición de tener una exclusiva serie de datos sobre más o menos todo lo que quiera saber”.

En Brasil, el Gobierno ha trabajado incansablemente para fusionar información y crear megabases de datos de sus ciudadanos. El Registro Base de Ciudadanos del país, por ejemplo, reúne más de 50 tipos distintos de información sobre los brasileños, incluyendo detalles de empleo, salud e información biométrica, como huellas digitales y fotos de rostros. Bajo la dirección del presidente Jair Bolsonaro, la policía federal brasileña también está creando un sistema de datos unificado que reúne datos biométricos y criminales de todos los Estados del país.

De manera similar, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos también se han apuntado a amasar datos de sus ciudadanos. En Dubai, la policía ha introducido un programa de vigilancia masiva llamado Oyoon, que significa literalmente ‘ojos’. El programa, que implica 5.000 cámaras de vigilancia, permite supuestamente a la policía seguir a la gente a lo largo de la ciudad subiendo la foto de su ficha policial a una base de datos.

Koh asegura en la cuenta de LinkedIn que su equipo ha “desarrollado con éxito múltiples soluciones tecnológicas” para la policía en cada uno de estos tres países.

Mara Hvistendahl

Traducido por Diego Sanz Paratcha.

27 MAR 2021 06:45

Viernes, 26 Marzo 2021 06:06

Defender el agua y la vida

Defender el agua y la vida

La crisis ecológica pone en cuestión la capacidad del capital para reproducirse. Y la reacción del capitalismo es buscar valores en los que refugiarse, bienes “seguros” porque son claves para la supervivencia, como lo es el agua.

 

Desde el pasado diciembre el agua es formalmente un activo más de la especulación capitalista a través del índice Nasdaq Veles California Water (NqH2O), que permite la cotización bursátil del derecho de uso. Concretamente, implica a la explotación del agua proveniente de las cuencas fluviales de California.

No es nuevo que el agua sea un bien escaso, a nivel global lleva siéndolo desde hace ya bastante tiempo. Según Naciones Unidas unos 2.000 millones de personas carecen de agua suficiente en calidad y cantidad para suplir necesidades básicas. Una situación que, conjuntamente con una fuerte presión social y política, favoreció que la Asamblea General de 2010 reconociera algo tan obvio como amenazado: el derecho humano al agua, cuyo día mundial estuvimos celebrando el 22 de marzo.

Su aparición en la bolsa, no solo nos muestra cómo el capitalismo vacía de contenido los derechos y los mercantiliza de forma imparable. Sino que al ser un bien escaso, su precio solamente puede ir al alza, como pasó con las tierras cultivables, favoreciendo procesos de acaparamiento y especulativos que, como ya vimos en 2008, estaban detrás de la crisis alimentaria.

Aunque de momento solo afecta a California, este hecho marca una tendencia preocupante: el agua como un “bien seguro” para la inversión de capitales. No se trata de un fenómeno puntual o un caso excepcional, al contrario, esto se une a la explotación privada del agua que ya realizaban grandes empresas transnacionales. Sin ir más lejos, el Grupo Suez, que tiene múltiples inversiones en diversos países latinoamericanos y africanos, como ha mostrado la investigación del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y en muchos países no sólo está privatizada la gestión, sino las fuentes, como lo hizo Chile durante la dictadura de Pinochet.

En Centroamérica la escasez del agua es una realidad y un recurso en disputa. La lucha por la defensa del agua está extendida por toda la región y junto a la resistencia antiminera y la defensa de la tierra y territorio, conforman ejes centrales de la movilización social y de luchas anti extractivas. Solo en Honduras en 2010 el COPINH presentó denuncia contra 51 proyectos que habían obtenido concesiones y licencias a través de redes de corrupción para la explotación de ríos.

Este caso, conocido como “Fraude sobre el Gualcarque”, es uno de los mayores ejemplos de explotación privativa del agua de la que se abastecen las comunidades indígenas de la zona. De hecho, el asesinato de Berta Cáceres se dio en medio de un proceso de resistencia popular contra la construcción de la represa hidroeléctrica, concesionada a DESA en la comunidad de Río Blanco y en defensa del río Gualcarque. Mientras, los ataques continúan a la población y la justicia hondureña se sirve de la red clientelar en la que se ha convertido el Estado hondureño a favor de los intereses privados.

La mercantilización del agua no sólo es un ejemplo más de la contradicción entre capital y vida sino que además desmonta la imagen del capitalismo verde como lavado de cara del sistema. Una transición “verde”, impulsada desde el Norte Global que necesita del expolio de los recursos de los países del Sur Global, exacerbando una economía extractivista en permanente ampliación del ámbito productivo y bajo los dictados de la voracidad de los mercados, que intensifican la emergencia ecológica existente.

Pero no solo nos encontramos ante un fenómeno de saqueo de recursos, sino que el capitalismo tardío también se esfuerza por aislar herméticamente los centros de la “humanidad superflua” que el sistema produce en su agonía. De modo que la protección de las relativas “islas del bienestar” que aún subsisten, constituye un elemento central de las políticas imperialistas, por ejemplo la política migratoria de la Europa Fortaleza o el propio Muro de Trump. El acaparamiento y mercantilización de recursos fundamentales para la vida como el agua responde también a esta estrategia de protección de las relativas “islas del bienestar”.

Porque la crisis ecológica pone en cuestión la capacidad del capital para reproducirse. Y la reacción del capitalismo es buscar valores en los que refugiarse, esos bienes “seguros” son elementos que pueden considerarse productivos pero que, al mismo tiempo, son claves para la supervivencia, y eso es precisamente lo que hace que sean seguros, que su rentabilidad está asociada a la necesidad de las mayorías. Se trata de una fórmula de redistribución de abajo hacia arriba, que extrae beneficios de las capas populares a base de desposeerlas de los bienes comunes que hacen viable la vida.

Decía Daniel Bensaïd que en el momento actual hay que elegir entre una lógica competitiva implacable (ese “aliento helado de la sociedad mercantil” del que escribía Benjamin) y el aliento cálido de las solidaridades y del bien público. Defender los bienes comunes implica “atreverse a incursiones enérgicas en el santuario de la propiedad privada” y recuperar para el bien común lo que una minoría peligrosa ha privatizado o pretende mercantilizar. Es el momento de atreverse a cuestionar el dogma de la privatización del mundo, nos va la vida en ello.

Por Eduardo Luzzatti

Miguel Urbán Crespo

Eurodiputado (GUE/NGL)

26 mar 2021 06:00

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La ONU denuncia la continua expansión de los asentamientos israelíes

La organización urge una vez más a las autoridades del país a detener inmediatamente estas actividades en territorios palestinos.

 

La ONU expresó este jueves su preocupación por la continuada expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y urgió una vez más a las autoridades del país a detener inmediatamente estas actividades.

"Reitero que los asentamientos no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de la legislación internacional", señaló el enviado de la organización para Oriente Medio, Tor Wennesland, en una intervención ante el Consejo de Seguridad.

Como todos los meses, el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas se reunió para repasar los últimos acontecimientos en el conflicto palestino-israelí, centrándose en esta ocasión en la implementación de la resolución 2334, que entre otras cosas exige a Israel que detenga la construcción de colonias.

La resolución fue aprobada a finales de 2016 gracias a la abstención de Estados Unidos, entonces bajo el Gobierno de Barack Obama, después de que durante años Washington protegiese a su aliado gracias a su derecho de veto.

La decisión fue muy criticada por el Ejecutivo de Donald Trump, que estaba a punto de asumir el poder y que reforzó la alianza estadounidense con Israel en la ONU.

Según Wennesland, durante los últimos meses las autoridades israelíes han seguido ignorando ese texto y han continuado con la expansión de los asentamientos y con las demoliciones y confiscaciones en tierras palestinas.

El enviado se declaró "profundamente preocupado" por la situación, en particular por la construcción de asentamientos en "áreas muy sensibles", que afianzan la "ocupación israelí" y erosionan la posibilidad de crear un Estado palestino contiguo y viable.

El diplomático se refirió también a la situación de la pandemia en Oriente Medio y aseguró que la covid-19 está teniendo un "efecto devastador" para los palestinos, tanto por la emergencia sanitaria como por su impacto económico.

 

25/03/2021 22:48 Actualizado: 25/03/2021 23:55

EFE

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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Intervención de Gareth Sella en el Congreso de la República 2021 en el marco del Seminario Internacional "Paz ¿Cuál paz?" sobre la brutalidad policial y lo sucedido el pasado 24 de Febrero

El joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, habló ante el Congreso de la República.

 

Gareth Steven Sella Forero, un joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, participó este viernes en el “Seminario Internacional, paz, ¿cuál paz?” en el Congreso de la República, donde presentó un fuerte discurso sobre la brutalidad policial y cómo se manejó su caso.

Gareth integraba ese día el grupo Escudos Azules, colectivo de jóvenes manifestantes que aseguran no utilizar la violencia sino combatir mediante sus ideas y resistencia. Pese a eso, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que Escudos Azules es un grupo radical de la capital infiltrado que genera violencia.

“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a punta de golpes a Javier Ordóñez, me quisieron tildar de terrorista los que entre el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre que cobró 13 víctimas y muchos heridos, con las balas que compraron con los impuestos de los colombianos”, aseguró el joven.

Sella recordó el día en que salió a protestar y recibió una grave herida en su ojo izquierda: “Mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el Esmad me disparó al ojo izquierdo afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana”.

Frente a los congresistas, Sella también habló de los detenidos que murieron quemados en una CAI de Soacha, y por el caso de Dilan Cruz: “Me llamaron cobarde los que mataron a Dilan Cruz por la espalda, los que también me dispararon a mí y se refugiaron debajo de las naguas de sus propios medios de comunicación, a esconderse detrás de los ministerios que ellos mismos han comprado”.

Sobre el cubrimiento que se le dio a la noticia sobre lo que pasó ese día en la protesta, señaló que así le esculquen toda su vida lo único que encontrarán es “al pelado que se graduó con honores, al mejor Ecaes de su generación de graduandos”.

Hoy, ellos (la Policía) son cómplices de un gobierno al que le declaramos los días contados. La gente ha despertado, y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado.

Tras el impacto recibido, Sella Forero, dedicado a la realización de cine y televisión, en principio fue trasladado a la Fundación Santa Fe y posteriormente fue llevado al Hospital Universitario San Ignacio para que pudieran intervenirlo quirúrgicamente y eventualmente salvar al menos el 10 % de la visión de su ojo izquierdo.

En el momento del impacto, sus amigos en la manifestación e incluso el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, coincidieron en que Sella estaba intentando alejar a algunas personas para que los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad no causaran afectaciones a los protestantes.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseveró horas después de lo ocurrido, que no permitiría la estigmatización por la forma de vestir del joven Gareth Steven Sella. La mandataria de la ciudad se refería a unos videos entregados por la Policía nacional a Noticias Caracol en los que se ve al realizador de cine retirándose un casco, una capucha y un overol que habría utilizado durante la movilización.

19 de Marzo de 2021

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Miércoles, 17 Marzo 2021 05:52

Coto a los gobiernos que espían

Coto a los gobiernos que espían

El CyberPeace Institute (Instituto de Paz Cibernética) ha denunciado la creciente actividad y los escasos controles de empresas que comercializan software espía, a los que llega a calificar de "mercenarios". Desde este organismo critican duramente que, pese a las excusas por parte de estas compañías de que únicamente venden estas aplicaciones a gobiernos para ayudarles a combatir el crimen y el terrorismo, el número de casos en los que se viola indiscriminadamente la privacidad y se vulneran Derechos Humanos (DDHH) se dispara.

Pegasus, uno de los software espía más extendidos que desarrolla la empresa israelí NSO Group Technologies, tiene en su haber incontables violaciones de DDHH, habiendo sido utilizado por diferentes gobiernos contra periodistas, activistas y cualquier otra persona que, sin suponer una amenaza para la ley, sí eran voces contrarias a esos Ejecutivos.

Tal y como señala el CyberPeace Institute, estas malas prácticas son las que llevaron a WhatsApp a demandar en 2019 a NSO Group, tras asegurar que al menos 1.400 de sus usuarios fueron atacados con Pegasus. Basta una llamada telefónica a través de WhatsApp, incluso sin que ésta sea atendida, para instalar el software malicioso. A partir de ahí, Pegasus se haría con el control completo del teléfono móvil, pudiendo acceder a todo su contenido, geolocalizarlo, utilizar la cámara y el micrófono, etc.

Este es el motivo por el que la presidenta del CyberPeace Institute, Marietje Schaake,  demanda una legislación más restrictiva en el uso de este software espía. Compañías como Microsoft, Google, Cisco y LinkedIn, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Access Now se han sumado a la demanda de WhatsApp.

NSO Group es la punta del iceberg de un mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año; a la israelí se suman otras compañías que desarrollan este tipo de software, como Gamma Group (Reino Unido-Alemania); Memento Labs, conocida previamente como Hacking Team (Italia); Dark Matter (Emiratos Árabes Unidos) o Intellexa (Chipre), entre otras.

La opacidad con operan este tipo de compañías es absoluta, con la connivencia de los diferentes Gobiernos, pues no debe perderse de vista que para que sea posible un negocio mil millonario han de existir compradores. Para ocultar su rastro, las desarrolladoras de software espía acostumbran a operar con redes de empresas ficticias.

Se cargan las tintas contra gobiernos como el de Vietnam –Amnistía Internacional acaba de iniciar una campaña-, Bahrein, Marruecos o Arabia Saudí (con el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi como ejemplo), pero también están en cuestión el uso del software espía que realizan gobiernos considerados más democráticos. De hecho, el Citizen Lab canadiense, elaboró una investigación en 2018, llegando a detectar el software espía hasta en 45 países:

Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Grecia, India, Irak, Israel, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, México, Marruecos, Países Bajos, Omán, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

Más recientemente y en respuesta a un requerimiento de la ONU, el Citizen Lab revelaba como hasta 25 países serían clientes sólo de NSO Group a través de sus numerosas empresas pantalla, utilizando el software espía para vulnerar la privacidad de periodistas, rivales políticos o activistas de DDHH, dentro y fuera de sus fronteras. El organismo canadiense es claro al afirmar que "los gobiernos, incluidos los Estados que generalmente se consideran respetuosos de los derechos y con un Estado de Derecho adecuado, también pueden implementar estas tecnologías en ausencia de transparencia pública y marcos legales apropiados calibrados a la naturaleza intrusiva de estas tecnologías".

España no escapa de la mancha del uso de software espía sin transparencia ni control. En 2015 y después de que fuera hackeado el hackeador, se reveló que tanto el CNI como la Policía Nacional fueron clientes de la italiana Hacking Team, precisamente, en tiempos de las cloacas del Estado con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior, hechos que aún están investigándose en sede judicial.

 Por, David Bollero

17 marzo, 2021

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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Piñera endurece represión contra la protesta social, a fin de acabar su gestión en un año

Su gran error, abordar problemas políticos como si fueran de orden público: académico

 

Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

"El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

"La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: "este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada".

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social".

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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