Lunes, 15 Marzo 2021 06:05

Palestina: con el permiso de Dios

Palestina: con el permiso de Dios

La historia palestina es hoy la más triste del mundo. No que le falten competidores, las atrocidades marcan la historia humana reciente. Pero aquí convergen elementos particularmente dolorosos. No sólo el sufrimiento constante de niños que siguen vivos como pueden, mujeres de todas edades viudas o vejadas, poblados enteros que huyen despavoridos, olivares milenarios derribados por tractores. No sólo de heridos y muertos, gaseados, bombardeados, apaleados, torturados. No sólo porque metralla de última generación destruye escuelas, clínicas y vecindades. No sólo porque viven prisioneros en su propia tierra. Una de las cosas que más duelen es que el pueblo de Israel sea el verdugo.

Que le pregunten si no al poeta Eduardo Mosches, editor de Blanco Móvil. Es mexicano. Es argentino. Es judío. Luego de haber participado entre los constructores de la Nueva Israel, lleva años denunciando las atrocidades de su gente y defendiendo los derechos del pueblo palestino. Esta condición paradójica se expresa bien cuando da voz al "enemigo". Así puede leerse la entrega más reciente de Blanco Móvil (otoño-invierno de 2020-2021), "Palestina: palabras en tiempos oscuros", que reúne poesía, confesiones, relatos, cartas y publicaciones en redes sociales de autores palestinos.

No encontramos aquí la ira del miliciano ni la ceguera fundamentalista de esos "violentos" palestinos que son un arma inestimable para los invasores como justificación final de toda violencia ejercida. No, aquí se respira un humanismo triste y conmovedor. De manera inevitable, algunos autores son exiliados o nacieron en otro continente. Justo al revés de lo que ocurre con los colonos invasores, que de andar repartidos por Europa se dejaron venir a mediados del siglo XX y ocuparon por la fuerza los territorios de los palestinos, un pueblo y una nación negados entonces, y más atrás aún durante el colonialismo británico.

Los orígenes de la aberración moral que se comete hoy en Palestina, con la complicidad activa o muda de Occidente, hay que buscarlos en lo que Enzo Traverso describe en El final de la modernidad judía: historia de un giro conservador (FCE, 2015). El progresismo judío había alcanzado a finales del siglo XIX una compenetración profunda con las mejores causas y creaciones de Occidente. Las filosofías de avanzada, una gran literatura en la lengua alemana, el sicoanálisis, la música moderna, las ciencias, la idea de revolución. Venciendo la centenaria condición marginal del desprecio no judío, llegaron a ser la mejor versión intelectual de Europa.

Tuvo que llegar Hitler para regresarlos al pozo profundo de las víctimas. Antes de eso, la segregación y los pogromos no eran peores que los generalizados en las colonias europeas de América indiana y el África subsahariana. El Holocausto define su horror máximo en la frialdad racional con que fue planeado y ejecutado por los nazis, con cómplices en prácticamente en toda Europa, de Francia a Polonia y Hungría, de Italia a Suecia. Como resultado, el núcleo judío se desplazó a Estados Unidos e Israel. Si bien el pensamiento liberal y generoso de matriz judía se refugió en Nueva York y Buenos Aires, y siguió floreciendo a contracorriente en Moscú y Kiev, el "Pueblo de Dios" decidió que nunca más el gueto de Varsovia, y decidió invertir el método contra los palestinos que habitaban tierras que la mitología bíblica les tenía prometidas. A los israelíes no les gusta la comparación, pero mucho del impulso y las tácticas de sus exterminadores, incluyendo la propaganda, es herencia de sus verdugos. Intentemos llevar a Gaza La insurrección del gueto de Varsovia, de Michel Borwicz, o El pianista, de Roman Polanski.

Ante la dolorosa literatura que contiene Blanco Móvil, podemos ver a contraluz la traición judía a sus mejores prendas. El número, presentado por Sandra Lorenzano, ofrece un registro de lo que Mosches postula: "Palestina es y será un Estado, la literatura lo comprueba". Con un dossier central del poeta mayor Mahmoud Darwish, leemos a Hussein Barghuthi, Liana Badr, Najwan Darwish (conocido en México por las ediciones de Valparaíso: Durmiendo en Gaza y Nada que perder) y otros. Tawfik Zayyad escribe: "Defenderé cada palmo de tierra de mi patria. Con los dientes. Y no aceptaré otro en su lugar. Aunque me dejen colgando de las venas de mis venas".

Mahmud Yawda desde Gaza publica en Facebook: "Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te dice que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa".

Así transcurre la vida cotidiana de una región que los europeos de religión judía, venidos también de Rusia y Norteamérica, han decidido despoblar, arrasar y apropiarse, al modo de Estados Unidos con los nativos americanos. Donde Dios da permiso, la crueldad, la avaricia y la traición están autorizadas.

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Foto de archivo (09/01/2018) de civiles y voluntarios de la Defensa Civil Siria mientras buscan supervivientes después de que varios ataques aéreos en Hamoria, al-Ghouta (Siria). — MOHAMMED BADRA / EFE

Se cumplen diez años del inicio de las primeras protestas que pronto dieron lugar a una terrible guerra civil. Una década después, el país está hundido y no parece posible la reconstrucción debido a las sanciones internacionales. Ni en el gobierno de Damasco ni en Occidente hay señales de que vayan a dar su brazo a torcer, lo que prolongará la miseria de millones de sirios.

 

Las protestas y revueltas que señalaron el inicio del conflicto sirio se iniciaron hace exactamente diez años en la ciudad sureña de Deraa, al calor de los sarpullidos primaverales que azotaron a varios países árabes. Las protestas enseguida dieron paso a la guerra más terrible que el mundo ha visto en muchos años, donde todos los agentes jugaron sucio.

Aunque la literatura publicada suele indicar que las protestas de Deraa fueron espontáneas, nada hay más lejos de la realidad. El último embajador de Estados Unidos en Damasco, Robert Ford, tenía la debilidad de recorrer el país incitando abiertamente a la rebelión, y las actividades encubiertas de distintos servicios secretos occidentales, con el británico a la cabeza, se empeñaron en desestabilizar el país, lo que sucedió de manera despiadada.

Fue necesario esperar varios años para tener la certeza de las injerencias occidentales, publicadas en medios del Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos, aunque estaba al alcance de cualquier observador comprender que los occidentales, sin olvidar a Israel, desde el principio se metieron en el conflicto hasta los corvejones.

Es difícil creer que todos los agentes occidentales implicados creyeran, como dijeron ampulosamente sus líderes, que lo que buscaban era la democracia. Así que cuando, poco después, como era previsible, los yihadistas asumieron el descontrol de la situación, ya todo era irreversible. Para más inri, los occidentales alimentaron generosamente los arsenales yihadistas de manera directa e indirecta.

No solo ocurrió desde las bases occidentales en Turquía, aunque fue desde ese país desde donde más se contribuyó a la desestabilización, sino también desde el sur, desde Jordania y sobre todo desde Israel. La filtración no deseada de un informe interno de los cascos azules desplegados en la línea que separa Israel de Siria, proporcionó abundantes datos sobre los continuos contactos y el apoyo directo, en armas y suministros, de Israel a los yihadistas.

Como donde las dan las toman, el caos sembrado pronto se volvió contra los occidentales con una interminable serie de atentados cometidos por parientes directos de los yihadistas que los occidentales habían engordado y armado hasta los dientes en Siria. Numerosas ciudades europeas vieron cómo corría a borbotones la sangre de sus ciudadanos, que era del mismo color que la que sus delicados mandatarios vertían en Siria.

Los resultados de esta intensa actividad fueron escandalosos. El número de muertos ha sido de 387.000, según el cómputo del opaco Observatorio Sirio de Derechos Humanos de Londres, aunque hay estimaciones superiores. Nadie se ha preocupado de establecer el número de heridos. El número de desplazados, incluidos los que abandonaron el país, es superior a la mitad de la población.

La economía ha naufragado. La libra se ha hundido exponencialmente. Las colas en las panaderías son multitudinarias. Los salarios no sirven para nada. Las infraestructuras están destrozadas y la reconstrucción no está a la vista por la sencilla razón de que los mandatarios occidentales prefieren continuar con las duras sanciones hasta que el país entre en una vía de "democratización".

Los tribunales internacionales tienen trabajo. Se acusa al presidente Bashar al Asad de haber usado armas químicas y de una serie de "crímenes de guerra". Estas acusaciones parecen calmar a los mismos mandatarios occidentales que incitaron y financiaron a los grupos opositores, es decir a yihadistas que rebanaban el cuello a quien se ponía por medio delante de cámaras de vídeo.

El cinismo imperante llega al punto de que los mismos mandatarios que entre lamentos se rasgan las vestiduras una y otra vez atribuyendo ataques químicos del régimen de Damasco, se olvidan de que son responsables de la muerte de un ingente número de sirios, por haber armado y financiado a los grupos opositores después de impulsar la guerra civil.

Está claro que esto no va a cambiar, que las sanciones continuarán vigentes, lo que impedirá la reconstrucción y permitirá que el hambre y la pobreza sigan castigando a toda la población. A los mandatarios occidentales no les importa un comino, porque lo que quieren es implantar una democracia liberal modélica sin contar con la realidad social y religiosa de Siria.

Los occidentales saben que Rusia e Irán, aliados del gobierno de Damasco, no pueden emprender la gigantesca tarea de reconstrucción necesaria por sí solos. Esto significa que los sirios van a continuar hundiéndose hasta convertirse en un país de pobreza extrema y con una sanidad insuficiente, un estadio en el que ya se encuentra pero que siempre podrá agravarse otro poquito más.

El relevo de administración en Washington debería significar un cambio también para Siria, pero el presidente Joe Biden no ha dado ninguna indicación en esa dirección. Washington mantiene unos cientos de tropas en el nordeste del país, justamente donde están los principales yacimientos de petróleo, lo que impide a Damasco acceder a esa riqueza.

Después de diez años de conflicto, el panorama no puede ser más dramático. Con pocas diferencias, los occidentales van a seguir metiendo presión al régimen, lo que va a pagar muy caro el conjunto de la población, mientras que el presidente Asad, salvo imprevistos que no parecen probables, va continuar al mando del país, ostentado el poder pero sin que eso repercuta en el bienestar de la población, algo que ya les va bien a los occidentales.

14/03/2021 08:32

Por Eugenio García Gascón

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Empeora represión en Myanmar; fuerzas de seguridad matan a 38 manifestantes

Rangún. Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron ayer a unas 38 personas en el peor día de represión desde que la líder Aung Sang Suu Kyi fue víctima de un golpe de Estado, el 1º de febrero, lo que llevó a la emisaria de la Organización de Naciones Unidas para esta nación asiática, Christine Schraner Burgener, a condenar el "continuo baño de sangre".

La diplomática suiza Christine Schraner Burgener aseveró que "la comunidad internacional, y aun actores regionales, debe unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas".

En un comunicado señaló que el Ejército de Myanmar desafía los llamados internacionales a la moderación, y agregó que sus contactos dentro del país le dieron "relatos desgarradores de asesinatos y maltratos contra manifestantes, así como tortura de prisioneros".

Al menos 22 manifestantes fueron abatidos por la policía en un suburbio pobre e industrial de Rangún, la principal ciudad de Myanmar, después de que se incendiaron fábricas financiadas por China, dijo un grupo de defensa.

Otros 16 manifestantes murieron en otros lugares, señaló la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), así como un policía.

La embajada china refirió que muchos empleados chinos resultaron heridos y quedaron atrapados en ataques incendiarios por asaltantes no identificados en fábricas de ropa en Hlaingthaya y señaló que pidió a Myanmar que proteja las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar. El régimen golpista impuso la ley marcial en Hlaingthaya y otro distrito de Rangún, polo comercial de Myanmar y la antigua capital, anunciaron los medios estatales.

Myawadday, la cadena de televisión dirigida por el Ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que se incendiaran cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes, y unas 2 mil personas impidieron que los camiones de bomberos los alcanzaran. Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas solicitando comentarios.

El doctor Sasa, representante de los legisladores electos de la asamblea que fue derrocada por el Ejército, expresó solidaridad con el pueblo de Hlaingthaya. "Los atacantes, enemigos del pueblo de Myanmar, el malvado SAC (Consejo Administrativo del Estado), serán responsables de cada gota de sangre que se derrame", dijo en un mensaje.

Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, estableció la AAPP. Precisó que más de 2 mil 150 personas habían sido detenidas hasta el sábado.

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Jueves, 11 Marzo 2021 06:09

Las luchas por la dignidad humana

Las luchas por la dignidad humana

Lo conseguido por las clases explotadas está precedido del sacrificio consciente de miles de vidas. No importa si ha sido bajo las balas, en campos de concentración, cárceles o la tortura. La dignidad ha sido el referente. Valentía, integridad, defensa del bien común y esfuerzo. Peter Bieri, en su ensayo La dignidad humana, subraya: "No carece de dignidad aquel que fracasa en la autonomía porque le falta la visión de conjunto del pensamiento y tropieza. Uno puede equivocar el camino y perderse; puede estar demasiado exigido. Esto no entierra la dignidad. Se pierde solo cuando se pierde de vista la autonomía como criterio, o falta desde el principio. No es indigno el esfuerzo fracasado, sino el esfuerzo ausente".

Muchas han sido las batallas por la dig­ni­dad. Pocos recuerdan que el derecho de huelga y mejora en las condiciones de trabajo viene precedido de represión, matanzas, despidos y muertes. Su práctica, no ha sido concesión de los empresarios, quienes ejercen la violencia para criminalizar su ejercicio. Sirva de ejemplo la huelga en el Egipto faraónico mientras gobernaba Ramsés III; corría el año 1152 antes de nuestra era. Los artesanos empleados en el Valle de los Reyes denunciaron corrupción, castigos e impago de salarios. Eran escultores, pintores, escribas y albañiles. Así se manifestaron: "tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, hemos venido aquí empujados por el hambre y la sed; no tenemos vestidos, ni grasas, ni pescado, ni legumbres". Ocuparon templos, hicieron sentadas, construyeron una plataforma reivindicativa y triunfaron. Igualmente, la lucha de los esclavos por su libertad, está llena de heroísmo y dignidad. Una en particular ha pasado a la historia, la de Espartaco, quien juró nunca volver a servir a Roma. Huyó con menos de 200 compañeros y forjó un ejército de 60 mil combatientes. Ganó batallas como Vesubio; luego vino la derrota. Sin embargo, el miedo de la plutocracia obligó a mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Su cadáver nunca fue hallado. La historia fue relatada por Howard Fast, quien en 1951 editó su novela con fondos propios. En Haití, la rebelión de los esclavos fue el inicio del movimiento emancipador en América Latina (AL). Toussaint Louverture o Jean Jaques Dessalines fueron sus líderes. Las luchas por los derechos civiles de la población afroestadunidense o contra el apartheid en Sudáfrica están asociadas a Martin Luther King y Mandela. En Nicaragua, el "general de hombres libres" Augusto César Sandino se enfrentó a la invasión estadunidense. Sin olvidar las luchas feministas en AL que recuerdan a Micaela Bastidas, en Perú, estratega de la rebelión de Túpac Amaru; Juana Azurduy, hoy reconocida como generala de los ejércitos libertadores; la mexicana Elena Arizmendi, presidenta de la primera Liga Internacional de Mujeres latinoamericanas en 1920, y qué decir de la ecuatoriana Matilde Hidalgo, quien luchó por el derecho al voto de las mujeres. En el siglo XX, la chilena Gabriela Mistral, la cubana Haydée Santamaría, las madres de la Plaza de Mayo, la comandanta Ramona del EZLN y la literata chilena Mónica Echeverría, cuya lucha contra la dictadura es digna de ser reseñada.

En este siglo las luchas por la dignidad persisten. Las justas, aquellas inevitables que tienen en el horizonte los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, denunciar el machismo y el patriarcado. Todas, sin excepción, beben de quienes han regado el camino de la dignidad, parafraseando el poema de Violeta Parra dedicado al militante comunista español Julián Grimau, fusilado por el franquismo en 1963.

La dignidad entendida como decisión de actuar. La dignidad como manera de entender la vida. ¿Acaso no es este el mensaje del EZLN? “Hablamos con nosotros mismos, miramos hacia dentro y miramos nuestra historia […] vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hace vivir, lo que hacía que nuestro paso se levantara sobre plantas y animales…, y vimos hermanos, que era dignidad todo lo que teníamos y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la dignidad, para que los hombres fueran otra vez hombres.” Lo poco y nada que se ha ganado, que en perspectiva es mucho, está sembrado de dignidad, de la cual carecen las plutocracias, indignas y cobardes. Matan y asesinan.

Asistimos a las batallas contra los megaproyectos, contra el neoliberalismo. Son luchas por la dignidad. Hoy se cobra la vida de dirigentes sindicales, como Berta Cáceres, en Honduras, el militante zapatista José Luis Solís López, Galeano, en Chiapas, Camilo Catrilanca o Matías Catrileo Quezada, miembros del pueblo mapuche. Periodistas que destapan la corrupción son acribillados a balazos, maestros, campesinos, estudiantes, jóvenes de nuestra América, riegan con su esfuerzo, valentía y sangre, el camino de la dignidad. Mientras, las trasnacionales y los gobiernos cipayos crean y financian la acción de grupos paramilitares, militarizan y mandan a las fuerzas armadas que disciplinadas asesinan en nombre del poder y del dinero. Sin embargo, no han logrado su objetivo: humillar, denigrar y destruir la lucha por la dignidad y una vida plena

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Una misión de la ONU alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales en Venezuela

10-03-21.-Una misión de la ONU, que denunció el año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alertó este miércoles (10.03.2021) sobre nuevas "detenciones arbitrarias", ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.


La "represión continúa (...) contra las personas percibidas como 'enemigos internos' u opositores al gobierno" de Nicolás Maduro, advirtió Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, quien presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

Asesinatos perpetrados por la policía y violencia sexual y de género


Asimismo, señaló "36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias".

Valiñas dijo además que su equipo investigará "denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas".

También señaló que han "identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año", la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, que ya fue calificada como escuadrón de exterminio y se pidió su disolución. "También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales", agregó.

Periodistas "acosados"

Por otro lado, Valias denunció el duro trabajo de los periodistas en Venezuela, quienes "han sido acosados", suspendidos de sus trabajos y "sus oficinas allanadas y equipos confiscados".

"Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas", sentenció.

Esta misión de la ONU, constituida en 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

Por: Agencias | Miércoles, 10/03/2021 03:01 PM

*Con información de Afp y Efe

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Las elites también mataron a Berta Cáceres

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas, así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la poderosa familia Atala.

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida por los Atala.

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América– afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas «señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y pueden incidir en los procesos electorales.

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel.

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza. En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información. El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y sus familias. El recurso de la información también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business [Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún tipo de apalancamiento económico.

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]… está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas «puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia y garantizarse impunidad.

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos. Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.

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Lunes, 08 Marzo 2021 06:16

La no utopía feminista

La no utopía feminista

Hoy pocos creen en las utopías. Se han devaluado las mesiánico-proféticas y las civiles. Campanella y Moro están buenos como referencia a lo que no se cumplió. Ni los marxistas recalcitrantes piensan ya viable un paraíso proletario. "No hay tal lugar", diría Quevedo. Somos menos inocentes. Los problemas se han incrementado. El futuro se contrae aprisa. Hay pronósticos discretos, si no catastrofistas. Mas contra viento y marea perviven las luchas de liberación. El futuro será lo que sea, pero si no es libre, de poco servirá en un planeta que se calienta enfriándose, se inunda y seca, telúrico y contaminado, donde los humanos cada día valemos menos.

Las revoluciones ya sólo pueden venir de dentro, desde lo tan cercano que no lo vemos (en nuestro barrio, nuestro hogar, nosotros mismos). Y son emprendidas, como enseñaron los zapatistas de Chiapas, por personas libres. Se liberaron primero, perdieron el miedo, y entonces se rebelaron para hacer su libertad liberadora.

La llamada emancipación femenina, en su etapa actual tan irritante para el estado de cosas y su orden, saca a la calle con estruendo una humillación larvada en la casa, la escuela, el trabajo o la calle misma. Desde sus grandes desarrollos en el siglo XX, el feminismo confronta a las familias, las iglesias y las escuelas, pero nunca antes las mujeres movilizadas se mostraron dispuestas a morder la mano que se acerque.

Los proyectos de lucha feminista serán pedagógicos de ida y vuelta, o no serán. El proceso de las mujeres modernas para acceder a la vida profesional, la educación intensiva, la autodeterminación en las afinidades electivas, el derecho al placer sexual o las opciones en artes y deportes, implica reducar a las sociedades, las familias, las comunidades. Y esto se logrará también en la medida de su agilidad intelectual para adaptarse a lo que no ha sucedido.

El patriarcado reinó demasiado tiempo, presa de su propio juego. La crisis de la masculinidad alcanza ya al magnate, al jefe religioso, al mando armado, al señor de medio pelo y al de a tiro pobre. El varón siempre llevó una ventaja extra, situación tan arraigada que apenas ahora vemos su absurdo. Para generaciones de hombres fue impensable otra manera.

Hasta el Siglo de las Luces, las Floras Tristán eran pocas. Más acá, después de la habitación propia de Virginia Woolf y el sufragio para todas, la apropiación femenina de su vida ha presionado a los Estados para legalizar los derechos específicos del cuerpo, la concepción, la seguridad personal y el acceso igualitario a todo lo que los hombres pueden. Y van por más. Antes avergonzadas de serlo, cada día más mujeres se asumen como violadas, aun las que en sentido estricto no lo sean. Establecieron una radical solidaridad selectiva: el anticlub de Toby.

Hacen el esfuerzo de rescribir la Historia, desenterrar artistas, científicas y heroínas del panteón humano. Pero entre más atrás nos vamos del siglo XX se torna más difícil encontrar mujeres de trascendencia realizada. Sor Juana era excepcional dentro de lo excepcional. La historia de Artemisia confirma que las oportunidades corresponden al varón. Pocas llegaban a reinas, ninguna a presidenta (Isabel Primera y Catalina La Grande mandaban como hombres). Hasta hace poco, podían dirigir un monasterio, pero no un instituto de sicoanálisis o genética.

En menos de un siglo esto ha cambiado. Lo "impensable" comienza a ocurrir y acelera su frecuencia. No lo suficiente, y nuevos obstáculos se suman a los tradicionales, siendo el mayor de todos la violencia específica contra ellas: sicológica, sexual, laboral o criminal. Feminicidas y agresores van en sentido contrario: entre más se revaloran las mujeres, menos las consideran siquiera humanas.

Hoy se exhibe a los acosadores de la élite y aunque no paguen cárcel, multa o castigo corporal (pues la sociedad sigue siendo cómplice) ocasionalmente se les condena a la vergüenza pública, al modo de las comunidades indígenas. Pero esta será una etapa. Una permanente revancha llevaría el conflicto de género a un callejón sin salida, como en las guerras. Pocas mujeres piden o quieren un mundo sin padres, parejas, hijos, nietos, maestros y alumnos varones. Demandan que los abusos de los hombres sean punibles, y que se reduquen más mujeres. No olvidemos, las feministas de cualquier generación han sido y son personas previamente liberadas. Las esclavas no marchan.

La razón del poder masculino está en bancarrota. Eso es nuevo. Pero no es cuestión de "derrota" de género, sino de cambio de mentalidad. Como ante la esclavitud, considerada natural durante siglos. Para abolirla hubo que verla con vergüenza.

Quizás se deploren el sectarismo feminista, su ideologización del lenguaje, la insolencia pequeñoburguesa, la imposición mecánica de cuotas de género. Pero hoy denuncian y son escuchadas. El sueño feminista será molesto, agresivo o pesadilla hasta que las sociedades sean horizontales y les quepan todas las libertades, sin faltar ninguna.

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 Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

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La Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en los territorios palestinos

Pone bajo la lupa delitos cometidos desde junio de 2014 

Mientras el premier israelí Benjamin Netanyahu lanzó fuertes críticas hacia la decisión del tribunal con sede en La Haya, la Autoridad Nacional Palestina saludó la "medida largamente esperada".

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció hoy que abrió una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel o por grupos armados palestinos en los territorios bajo ocupación israelí.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó en un comunicado que la investigación iniciada por su oficina abarcará los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en el texto. En 2019 Bensouda afirmó que había fundamentos razonables para abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y en la colonización israelí de Cisjordania.

A inicios del pasado febrero un fallo de la CPI dictaminó que el organismo cuenta con la autoridad para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. La decisión suscitó fuertes críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que en ese momento calificó al CPI de “tribunal político”.

"El tribunal creado para evitar que vuelvan a suceder atrocidades como las perpetradas por los nazis contra el pueblo judío ahora se pone en contra del Estado del pueblo judío", afirmó Netanyahu sobre la decisión de abrir una investigación. Sumándose a las críticas, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi también calificó la decisión como “política” y aseguró que Israel tomará las medidas necesarias para proteger a sus civiles y soldados.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) saludó la decisión de la fiscal Bensouda, que dejará su cargo en junio próximo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también celebraron la investigación de la CPI. “Esta medida largamente esperada sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz", informó el ministerio en un comunicado. La ANP suscribió a la CPI en 2015 y desde entonces busca que se investigue las acciones de Israel en territorio palestino.

La ANP pidió específicamente que se investiguen las acciones israelíes durante un ataque militar ocurrido en Gaza en 2014 y que tenía como objetivo al movimiento islamista palestino Hamas. También pidió la investigación sobre la creciente colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén. Bensouda afirmó que también investigarán a Hamas por lanzar cohetes de forma indiscriminada hacia territorio israelí durante la ofensiva de 2014.

Desde Hamas también saludaron la la decisión de la fiscal Bensouda. "Damos la bienvenida a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra de la ocupación israelí contra nuestro pueblo. Es un paso adelante en la senda hacia la paz", dijo el vocero de Hamas en Gaza, Hazem Qassem."Nuestras acciones (de resistencia) son legítimas", agregó.

La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) se mostró a favor de la decisión de la corte internacional. "Los países miembros de la CPI deben estar listos para proteger fuertemente el trabajo del tribunal de cualquier presión política", dijo en un comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de HRW.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos. El organismo comenzó a funcionar en 2002 y es el único tribunal internacional que juzga a responsables de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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