Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

Publicado enColombia
Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

Publicado enColombia
Miércoles, 03 Febrero 2021 05:52

La aberrante privatización del agua

La aberrante privatización del agua

Las cifras son alarmantes: de los 7 600 millones de habitantes en el mundo, 2 533 no tienen acceso al agua potable, más de 3 000 millones carecen de un saneamiento seguro y cerca de 680 millones defecan al aire libre.

Pero lo más vergonzoso en este mundo de capitalismo y neoliberalismo salvaje es que en tiempos de pandemia de covid 19, que se ha expandido por todos los continentes, sucede que ahora en la Bolsa de Valores de Wall Street el Grupo CME ha lanzado contratos para el comercio de futuros de agua en el orbe, con el pretexto de “ayudar a los usuarios a obtener el servicio del preciado líquido.

La operación comercial la realizó ese grupo el pasado 7 de diciembre lo que permitirá, según afirmó, que compradores y vendedores intercambien un precio fijo por la entrega de una cantidad de agua en fecha futura.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo denunció inmediatamente que «no se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. Ese líquido es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia y es un componente esencial para la salud pública».

El experto alertó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y de bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

Como manifestó Arrojo Agudo es muy preocupante que el agua se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street y atenta contra el derecho de todos los ciudadanos del orbe.

La ONU, principal organismo internacional (aunque algunos de los países poderosos se desentienden de sus decisiones) coordinó en julio de 2010 el acceso de todas las personas al agua. El acuerdo que se reafirmó finalmente durante la Agenda 2030 y cuyo objetivo es acabar con las desigualdades en ese sector no ha sido cumplido en muchos casos.

En las décadas de 1970 y 1980 nadie se cuestionaba si el agua era una mercancía o un derecho humano porque se comprendía que debía pertenecer por igual a todos los ciudadanos del planeta, pero esa concepción cambió a partir de los años 90 del pasado siglo cuando se impulsó el sistema capitalista neoliberal.

En esa inhumana acción han tenido parte fundamental varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los que han favorecido a ricos empresarios nacionales y a compañías transnacionales.  

Solo durante el año 2000, explica el investigador Gustavo Castro Soto, el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos: Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tome y Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen.

La estrategia ha sido presionar a los gobiernos con empréstitos con la consecuente acumulación de deudas que después son impagables, o mediante coacciones a diversos gobiernos para que abran esos recursos al sector privado.
La situación real es que ya las cuencas de agua están bajo amenaza extrema por el aumento de las poblaciones, las demandas cada vez mayores para la agricultura, la industria minera y el cambio climático.

Entre el 60 % y 90 % de la población mundial vive en países con escasez de agua dulce, mientras la actual pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto como quedan las personas más necesitadas del primordial líquido que las lleva a transitar por un camino más sombrío. 

A esa escasez se une la contaminación, pues muchas enfermedades se propagan por aguas infectadas, saneamientos deficientes o falta de higiene que causan cada año la muerte a más de 1,5 millones de niños, o sea, cada 15 segundos muere un menor por esos motivos que podrían ser resueltos con políticas económico sociales por parte de gobiernos e instituciones internacionales.

A las ya agotadas fuentes de abasto de agua y en muchos ríos y lagunas son vertidos diariamente 2 000 000 de toneladas de residuales y otros contaminantes.

Según estudios de organizaciones internacionales, ese desastre se agrava en los países en desarrollo donde se arrojan, casi siempre por compañías transnacionales, más del 90 % de los desechos sin procesar y el 70 % de los residuos industriales.  

Las privatizaciones del agua conducen a efectos desastrosos entre los pobladores pues los pagos por esos servicios se vuelven incosteables. El negocio consiste en controlar esos derechos en zonas abundantes y vendérselos a los ciudadanos mediante concesiones y contratos.

Entre las grandes compañías se encuentran las francesas Suez y Veolia, la estadounidense Bechtel, la alemana RWE-Thames, la española Aguas de Barcelona y otras.

Lo cierto es que con la nueva acción del CME Group en la Bolsa de Valores de Wall Street, los consorcios del agua ejercerán más influencia sobre el control y costo del preciado líquido, que solo podrá ser enfrentado y detenido por la unión de los gobiernos nacionalistas que defiendan a sus ciudadanos en los organismos internacionales ante la rapiña del capitalismo neoliberal.   

Por Hedelberto López Blanch | 03/02/2021

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano

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La trama detrás del golpe de Estado en Myanmar

Los militares detuvieron a todos los líderes del gobierno que Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Aludieron a un supuesto fraude electoral en noviembre. 

 

Las fuerzas armadas de Myanmar aludieron fraude en las elecciones de noviembre pasado y el domingo detuvieron a todos los líderes del gobierno que la Nobel de la Paz de 75 años Aung San Suu Kyi dirigía sin presidir. Consumado el golpe, los militares declararon el estado de emergencia durante un año y anunciaron que el exgeneral Myint Swe ejercerá la presidencia del país. 

En Myanmar, antes Birmania, en el medio de India, China, Tailandia y Bangladesh vive gente como Aung Tun. Mediana altura, 45 años, vende celulares en Yangon. En sus fotos de Facebook aparece con un pareo y sus dos hijos con la cara pintada, como todos los varones birmanos. Su foto de perfil está enmarcada por la de su líder y la frase: “estoy con Aung Sang Suu Kyi”. Ahora postea: “Queremos pedir a los líderes del mundo, a las Naciones Unidas, a los medios que ayuden a nuestro país, queremos desarrollarnos como nuestros vecinos”.

El héroe de la independencia birmana fue Aung Sang (padre de Aung Sang Suu Kyi), asesinado en 1947. El exilio llevó a Suu Kyi a estudiar en Delhi primero, Oxford después y quedarse en Inglaterra. En 1988 volvió. Le pidieron que hablara en un acto en el Shwedagon Pagoda, templo budista de 2500 años con una cúpula de oro que se ve desde todo Yangon. Medio millón de personas descubrió ahí a la líder de su revolución democrática. Suu Kiy arrasó en las elecciones de 1990 pero los militares no reconocieron el resultado y encarcelaron a todos los opositores. Un año después ella recibió el Nobel de la Paz, se negó a ser extraditada y aguantó 15 años de prisión domiciliaria. 

La dictadura flexibilizó libertades y convocó a elecciones parlamentarias en 2010 pero antes reformó la Constitución: retuvo el 25% de las bancas del parlamento, la atribución de nombrar ministros y de formar gobierno “en caso de emergencia”, el manejo de los recursos naturales y la prohibición de ser presidente para cualquiera con familia no birmana, justo como Suu Kii, cuyos hijos y difunto esposo nacieron en Inglaterra. En 2016 se convocaron elecciones presidenciales y la LND de Suu Kyi arrasó con Htin Hyaw como candidato. Suu Kii fue designada Consejera de Estado, una especie de presidenta ipso facto.

Hasta 2014 el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Myanmar fue el abogado argentino Tomás Ojea Quintana. “Para mí esto es un deja vú”, afirma a PáginaI12. En 2010, se encontró personalmente con Suu Kyi y le expresó la importancia de juzgar los crímenes cometidos por los militares en las últimas décadas, algo que nunca sucedió. Ojea Quintana está sorprendido por el golpe, cree que el detonante pudo haber sido la abrumadora nueva victoria de Suu Kyi en las elecciones de noviembre, fue un empujón de legitimidad: “con la continuidad del gobierno electo con ese nivel de apoyo, se debilitaría el poder que se guardaron los militares”.

La teoría birmana de los dos demonios

Para Myanmar son bengalíes, para Bangladesh son birmanos. Los rohingyas son apátridas. “Deben parar. Nunca vi una población tan discriminada en mi vida”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterrez. Los rohingyas son vulnerables como minoría étnica, como musulmanes y como descendientes del subcontinente indio. Según la ACNUR, al menos 723.000 rohingyas, una de las más de cien etnias que habitan Myanmar, tuvieron que escapar de las fuerzas oficiales birmanas hacia Bangladesh desde mediados de 2017. El 40% son menores de 12 años. En Bangladesh los retienen en un campo de refugiados de 13 kilómetros cuadrados.

La excusa es combatir al ARSA, un grupo insurgente de no más de 500 miembros a quienes los ultranacionalistas budistas comparan con ISIS. Después de décadas de aislamiento en telecomunicaciones, la irrupción de los celulares y de Internet fue una estampida. La campaña de fake news del movimiento budista Ma Ba Tha describiendo al millón de rohingyas como parte del ARSA caló hondo hasta en la base electoral budista de Suu Kii. En 2018, Facebook reconoció en un comunicado que “podría haber hecho más” para evitar que su plataforma sea usada para un genocidio. A fines de 2019, Aung Sang Suu Kyi fue a la Corte Internacional de Justicia a defender a las mismas Fuerzas Armadas que la habían llevado a prisión. Reconoció delitos de lesa humanidad pero los colocó en el marco de un conflicto que comenzó el ARSA.

Hasta llegar al poder, Occidente veía en Suu Kyi a una par de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero otro premio Nobel, Barack Obama, notó algo distinto. Cuando la visitó en 2012 conversaron sobre el dilema de pasar de ícono opositor a tener el poder. “Yo siempre fui una dirigente política”, le dijo Suu Kyi. Ben Rodes entonces asesor de Obama contó que saliendo, de regreso en la limusina, el ex presidente reflexionó: “Yo solía ser también el rostro de un poster, la imagen solo se desvanece".

Occidente y China

La devaluación de la imagen de Suu Kyi en Occidente la obligó a buscar apoyos en donde sea posible. Fue a ver al presidente de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, para hablar sobre “el crecimiento de la población musulmana”. China -que también es acusada de crímenes de lesa humanidad contra los islámicos Uyghur en la región de Xinjiang- vio una oportunidad.

Similar a lo que ocurre en otras regiones en las que Gran Bretaña trazó mapas mezclando pueblos, como Medio Oriente, Myanmar es un país sin una única nación consolidada. Frente a eso, China, desde hace una década, observa lo que pasa en su frontera sur y de vez en cuando mueve una ficha.

En 2017, China incorporó a la Constitución la Belt and Road Initiative, presentada poco antes por Xi Jin Pin como la Ruta de la seda del siglo XXI, un esquema en el que el premier chino invitó a los países a unirse a la mayor red logística global en que el país asiático es el gran dinamizador. Los tigres asiáticos saltan y también se agazapan. Los chinos no están lejos de consolidarse como los principales rule makers del sudeste asiático. Una de las piezas fundamentales del esquema es el puerto que Xi Jin Pin espera construir en Myanmar para acceder de manera directa al mar Índico, acompañado de un oleoducto que le ahorraría unos cuantos millones en la importación del crudo desde el Golfo Persa. El Corredor Económico China-Myanmar consolidaría esta política y, para ello, China puso a consideración del gobierno birmano 38 proyectos de infraestructura que Suu Kyi no desarrolló con la velocidad que los chinos pretendían.

A fin de enero ocurrió un hecho que habría ofendido la mellada paciencia roja: Myanmar adquirió un millón y medio de vacunas para Covid-19 de India y firmó un contrato con el Serum Institute del mismo país para recibir 30 millones más.

Por ahora China no condenó oficialmente el derrocamiento del gobierno civil en Myanmar pero el ministro de relaciones exteriores Wang Wenbin explicó que “China y Myanmar son buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social”. Un evento curioso sucedió el 12 de enero pasado. Wang Yi, canciller chino, se reunió con Min Aung Hlaing, jefe de las fuerzas armadas en la capital birmana. Desde ayer a la madrugada, Min Aung Hlaing es quien firma los decretos de Myanmar.

Miles como Aung Tun dan la batalla en su Facebook, Suu Kyi vuelve a estar presa, los militares vuelven al lugar de donde nunca se fueron y el abogado argentino que los denunciaba hace una década, Tomás Ojea Quintana, aprovecha la jurisprudencia universal de los delitos de lesa humanidad. En Argentina, defiende a una organización de rohingyas que acaba de presentar en el juzgado de Servini de Cubria una denuncia por genocidio en la provincia birmana de Rakhine. 

Por Pablo Linietsky y Daniel Wizenberg

Publicado enInternacional
Sábado, 30 Enero 2021 05:34

¿Acabarán alguna vez?

¿Acabarán alguna vez?

Llega el 20º aniversario de la Guerra contra el Terrorismo.

 

“Este es un nuevo tipo de guerra, que llevaremos a cabo agresivamente y metódicamente para interrumpir y destruir la actividad terrorista”, anunció el presidente George W. Bush apenas dos semanas después de los ataques del 11-S. “Algunas victorias se conseguirán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas. Otras victorias quedarán claras para todos”.

 

Este año marcará el 20º aniversario de la guerra contra el terrorismo, incluyendo el conflicto sin declarar de EE UU en Afganistán. Después de que el apodo original de esa guerra, Operación Justicia Infinita, fuera rechazado por ofender sensibilidades musulmanas, el Pentágono la renombró como Operación Libertad Duradera. A pesar de no haber ni victoria clara ni la más ligera evidencia de que la libertad duradera se hubiera impuesto alguna vez en ese país, “las operaciones de combate de EE UU en Afganistán terminaron”, según el Departamento de Defensa, en 2014. En realidad, ese combate simplemente continuó bajo un nuevo nombre, Operación Centinela de la Libertad, y se prolonga hasta hoy.

Igual que la invasión de Iraq de 2003 —conocida como Operación Libertad Iraquí—, Libertad Duradera y Centinela de la Libertad, no consiguieron hacer justicia a sus nombres. Ninguno de los apodos aplicados a las guerras de EE UU post 11-S atrapó tampoco nunca la imaginación pública; los campos de batalla se extendieron desde Afganistán e Iraq hasta Yemen, Somalia, Filipinas, Libia, Siria, Níger, Burkina Faso y más allá, con un precio superior a 6,4 billones de dólares y un coste humano que incluye al menos 335.000 civiles asesinados y al menos 37 millones de personas desplazadas de sus hogares. Mientras tanto, las durante tanto tiempo claras victorias prometidas nunca se materializaron incluso mientras el número de grupos terroristas en el mundo proliferaba.

El mes pasado, el principal general de EE UU ofreció una evaluación de la guerra afgana que fue tan adecuada como sombría. “Creemos que, tras dos décadas de esfuerzo consistente, hemos logrado una pizca de éxito”, dijo Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. “También diría que durante los últimos cinco o siete años como mínimo hemos estado en una situación de tablas estratégicas”. Las declaraciones de Milley ofrecían apelaciones mucho más adecuadas que aquellas con las que el Pentágono había soñado durante años. Si el Departamento de Defensa hubiera abierto las guerras post 11-S con nombres como Operación Pizca de Éxito u Operación Tablas Estratégicas, al menos los estadounidenses habrían tenido una idea realista sobre qué esperar en las décadas siguientes mientras tres presidentes llevaban a cabo tres guerras no declaradas sin conseguir victorias en ningún lugar del Gran Oriente Medio o África.

Qué traerá el futuro en términos de los muchos conflictos armados de este país está más oscuro que nunca mientras el Gobierno de Trump ha perseguido una variedad de esfuerzos en el último momento interpretados como intentos de último minuto para hacer buenas las promesas de terminar las “interminables guerras” de este país o simplemente como intentos llenos de amargura para desestabilizar, minar y sabotear al “Estado profundo” (la CIA en concreto) a la vez que para dejar sin mano de obra a la próxima política exterior del Gobierno de Biden. En realidad, sin embargo, las tambaleantes tácticas finales del presidente Trump, aunque en absoluto terminan las guerras de EE UU, ofrecen al Gobierno de Biden una oportunidad única para poner esos conflictos en los libros de historia, si el presidente electo elige aprovecharse del involuntario regalo que le dio su predecesor.

El tercer presidente que no terminó la Guerra contra el Terrorismo

Durante cuatro años, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo una guerra en múltiples frentes, no solo en Afganistán, Iraq, Somalia, Siria y en otros lugares del planeta, sino también con el Pentágono. Donald Trump entró en la Casa Blanca prometiendo detener las incesantes intervenciones en el extranjero de EE UU y repetidamente flirteó con terminar esas “guerras interminables”. No lo hizo. En vez de eso, él y su gobierno siguió llevando a cabo los muchos conflictos de EE UU, aumentó las tropas en Afganistán y Siria, y amenazó con ataques nucleares contra enemigos y aliados por igual.

Cuando finalmente el presidente empezó a hacer gestos hacia reducir los conflictos interminables del país e intentó retirar tropas en varias zonas bélicas, el Pentágono y el Departamento de Estado empezaron a dilatar y obstaculizar a su comandante en jefe, engañándole, por ejemplo, cuando se trató de algo tan básico como el número real de tropas estadounidenses en Siria. Incluso tras llegar a un acuerdo con los talibanes para finalizar la guerra afgana y ordenar significativas retiradas de tropas de ese país y otros a medida que se convertía en un presidente incapaz, no consiguió detener una sola intervención armada que hubiera heredado.

Lejos de terminar con las interminables guerras, el presidente Trump intensificó las más interminables de todas: los conflictos en Afganistán y Somalia, donde Estados Unidos ha estado involucrado de forma intermitente desde los años 70 y 90, respectivamente. Los ataques aéreos en Somalia, por ejemplo, se han disparado bajo el Gobierno de Trump. De 2007 a 2017, el Ejército de EE UU llevó a cabo 42 ataques aéreos declarados en ese país. Bajo el presidente Trump, se ejecutaron 37 ataques en 2017, 48 en 2018, y 63 en 2019. El año pasado, el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) reconoció 53 ataques aéreos en Somalia, más que durante los 16 años de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

Los motivos de ese aumento siguen envueltos en el secreto. En marzo de 2017, sin embargo, el presidente Trump supuestamente designó partes de Somalia como “áreas de hostilidades activas”, mientras eliminaba las reglas de la era de Obama que requerían que hubiera seguridad de que los ataques aéreos no hirieran o mataran no combatientes. Aunque la Casa Blanca rechaza confirmar o negar explícitamente que esto ocurriera alguna vez, el general de brigada retirado Donald Bolduc, que encabezaba el Mando África de Operaciones Especiales en ese momento, dijo a The Intercept que “la carga de la prueba respecto a qué se podía considerar objetivo y por qué motivo cambió dramáticamente”. Ese cambio, apuntó, llevó a AFRICOM a llevar a cabo ataques que previamente no habrían tenido lugar.

El aumento en los ataques aéreos ha sido desastroso para los civiles. Mientras el Mando África reconoció recientemente cinco muertes de no combatientes en Somalia por estos ataques aéreos, una investigación de Amnistía Internacional descubrió que, en solo nueve de ellos, murieron 21 civiles y otros 11 fueron heridos. Según el grupo de seguimiento del Reino Unido Airwars, la evidencia sugiere que hasta 13 civiles somalíes han sido asesinados por ataques aéreos estadounidenses solo en 2020, y la reciente decisión de Trump de retirar las fuerzas estadounidenses de allí no terminará con esos ataques aéreos, y mucho menos la guerra de EE UU, según el Pentágono. “Aunque es un cambio en el despliegue, esta acción no es un cambio en la política de EE UU”, se lee en una declaración del Departamento de Defensa que siguió a la orden de retirada de Trump. “EE UU retendrá la capacidad de llevar a cabo operaciones de contraterrorismo focalizadas en Somalia y de recoger advertencias e indicadores tempranos respecto a amenazas contra la patria”.

La guerra en Afganistán ha seguido una trayectoria similar bajo el presidente Trump. Lejos de rebajar la intensidad del conflicto mientras negociaba un acuerdo de paz con los talibanes y buscaba retiradas de tropas, la administración intensificó la guerra en múltiples frentes, desplegando inicialmente más tropas aumentando su uso de poder aéreo estadounidense. Como en Somalia, los civiles sufrieron enormemente, según un informe reciente de Neta Crawford, del proyecto Costes de la Guerra de la Brown University.

Durante su primer año en el cargo, el Gobierno de Trump relajó las normas de combate e intensificó la guerra aérea en un esfuerzo por conseguir una mejor posición en la mesa de negociaciones. “Desde 2017 hasta 2019, las muertes civiles debidas a los ataques aéreos de EE UU y fuerzas aliadas en Afganistán aumentaron dramáticamente”, escribió Crawford. “En 2019, los ataques aéreos mataron a 700 civiles, más que en ningún otro año desde el comienzo de la guerra en 2001 y 2002”. Después de que EE UU y los talibanes alcanzaran un acuerdo de paz provisional el pasado febrero, los ataques aéreos estadounidenses disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Tan recientemente como el mes pasado, EE UU supuestamente llevó a cabo uno en Afganistán que dio lugar a víctimas civiles.

A medida que esas muertes civiles por la fuerza aérea estaban disparándose, una unidad paramilitar afgana de elite formada por la CIA, conocida como 01, en alianza con fuerzas de Operaciones Especiales de EE UU, estuvo involucrada en lo que Andrew Quilty, escribiendo en The Intercept, denominó como “una campaña de terror contra civiles”, incluyendo “una serie de masacres, ejecuciones, mutilación, desapariciones forzosas, ataques sobre instalaciones médicas, y ataques aéreos con el objetivo de estructuras conocidas por albergar civiles”. En total, la unidad mató al menos 51 civiles en la provincia afgana de Wardak entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Como Akhtar Mohammad Tahiri, el jefe del consejo provincial de Wardak, dijo a Quilty, los estadounidenses “pisan todas las reglas de la guerra, derechos humanos, todas las cosas que dijeron que traerían a Afganistán”. Están, dijo, “comportándose como terroristas. Muestran terror y violencia y piensan que traerán control de esta forma”.

La decisión del presidente Biden

“No somos un pueblo de guerra perpetua, es la antítesis de todo lo que defendemos y de todo por lo que lucharon nuestros ancestros”, escribió el secretario de Defensa en funciones como parte de un informe de dos páginas a los empleados del Departamento de Defensa el pasado noviembre, añadiendo: “Todas las guerras deben terminar”. Su predecesor, Mark Esper, aparentemente fue despedido, al menos en parte, por resistirse a los esfuerzos del presidente Trump de retirar tropas de Afganistán. Pero ni Miller ni Trump resultaron estar comprometidos con acabar de verdad con las guerras de Estados Unidos.

Tras perder la reelección en noviembre, el presidente dictó una serie de órdenes retirando algunas tropas de Afganistán, Iraq y Siria. Virtualmente todo el personal militar va a ser retirado de Somalia. Allí, sin embargo, según el Pentágono, algunas o todas esas fuerzas serán simplemente “reposicionadas desde Somalia a países vecinos para permitir operaciones transfronterizas”, por no hablar de las continuas “operaciones focalizadas de contraterrorismo” en ese país. Esto sugiere que la prolongada guerra aérea seguirá ininterrumpida.

Lo mismo ocurre con otras zonas bélicas donde está previsto que las tropas estadounidenses permanezcan y no se ha anunciado ningún cese de los ataques aéreos. “Todavía vas a tener la capacidad de hacer las misiones que hemos estado haciendo”, dijo el mes pasado un veterano cargo del Pentágono respecto a Afganistán. Miller se hizo eco de esto durante un reciente viaje a ese país cuando dijo: “Especialmente quiero ver y oír el plan para nuestro continuado papel de apoyo aéreo”. Irónicamente, el informe ‘todas-las-guerras-deben-terminar’ del documento de noviembre de Miller en realidad defendía una actitud de guerra eterna insistiendo en la necesidad de “acabar con la guerra que Al-Qaeda trajo a nuestras orillas en 2001”.

En la clásica forma de ‘EE UU-finalmente-ha-dado-el-paso-definitivo’, Miller afirmó que Estados Unidos está “a punto de vencer a Al-Qaeda y sus socios” y “debe evitar nuestro pasado error estratégico de no librar la batalla hasta el final”. Para cualquiera que pueda haber pensado que estaba señalando que la guerra contra el terrorismo estaba acercándose al final, Miller ofreció un mensaje que no podía haber sido más sucinto: “Esta guerra no ha terminado”.

Al mismo tiempo, Miller y varios otros nombrados por Trump tras las elecciones, incluidos su jefe de personal Kash Patel y el vicesecretario de Defensa para Inteligencia en funciones, Ezra Cohen-Watnick, han buscado hacer importantes cambios de política de último minuto en el Pentágono, molestando a miembros de la elite de la seguridad nacional. El mes pasado, por ejemplo, responsables del Gobierno de Trump entregaron al Estado Mayor Conjunto una propuesta para desvincular la Agencia de Seguridad Nacional y el Cibercomando de EE UU. Miller también envió una carta a la directora de la CIA Gina Haspel informándola de que está en peligro un antiguo acuerdo en el que el Pentágono ofrecía apoyo a la agencia.

Informes de prensa indicaron que el Departamento de Defensa está revisando su apoyo a la CIA. El motivo, contaron a Defense One antiguos y actuales responsables gubernamentales y militares, era determinar si fuerzas de Operaciones Especiales deberían ser redirigidas desde las operaciones de contraterrorismo de la agencia hacia misiones “relacionadas con la competencia con Rusia y China”. The New York Times sugirió, sin embargo, que el verdadero propósito sería “hacer difícil” que la CIA llevara a cabo operaciones en Afganistán.

Las retiradas de tropas y los cambios de última hora en la política han sido desechados por expertos y defensores de la elite de la seguridad nacional como los despreciables actos finales de un presidente fracasado. Sea lo que sean, también representan una genuina oportunidad para un presidente electo que ha defendido un giro en la política de seguridad nacional. “Biden acabará con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio, que nos han costado incalculable sangre y riqueza”, se lee en el plan para “Liderar al Mundo Democrático” en JoeBiden.com. Allí, también, en la letra pequeña, acecha una serie de lagunas sobre luchar-hasta-el-final como la de Miller, como sugieren las palabras en cursiva en esta frase: “Biden traerá a casa la inmensa mayoría de nuestras tropas de Afganistán y centrará nuestro enfoque en Al-Qaeda e ISIS”.

Bajo un acuerdo que el Gobierno de Trump alcanzó con los negociadores talibanes el año pasado, Estados Unidos promovió retirar todas las tropas que quedan en Afganistán para el 1 de mayo de 2021, si ese grupo cumple sus compromisos. Si el equipo de Biden quisiera aprovecharse tanto del pacto de retirada del Gobierno de Trump como de su desesperado esfuerzo para maniatar a la CIA, una parte importante de la guerra estadounidense simplemente expiraría esta primavera. Aunque esto sin duda suscitaría aullidos de angustia por parte de los defensores de esa guerra fallida, el presidente Biden se podría remitir a los poderes de guerra asignados constitucionalmente al Congreso, dejando al poder legislativo la decisión de declarar la guerra en ese país tras todos estos años o simplemente permitir que el conflicto termine.

También podría utilizar el intimidante púlpito de la presidencia para llamar a la expiración de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés) de 2001, una resolución de 60 palabras aprobada por el Congreso tres días después de los ataques del 11 de septiembre, que se ha utilizado para justificar 20 años de guerra contra grupos como el Estado Islámico que ni siquiera existían el 11-S. Podría hacer lo mismo con la Autorización en Iraq para el Uso de la Fuerza Militar de 2002, que autorizó la guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Iraq, pero fue sin embargo citada el año pasado en la justificación del Gobierno de Trump para el asesinato con drones del general iraní Qasem Suleimani.

Tras dos décadas después de que el presidente George W. Bush lanzara “un tipo diferente de guerra”; más de una década después de que el presidente Barack Obama entrara en la Casa Blanca prometiendo evitar las “guerras estúpidas” (aunque prometiendo ganar la “guerra correcta” en Afganistán); seis meses después de que el presidente Trump se comprometiera a “acabar con la era de las guerras interminables”, el presidente electo Biden entra en la Casa Blanca con una oportunidad para empezar a hacer buena su propia promesa de “acabar con las guerras interminables en Afganistán y Oriente Medio”.

Como el presidente Bush señaló en 2001: “Algunas victorias se ganarán fuera de la vista pública, en tragedias evitadas y amenazas eliminadas”. Las guerras de Estados Unidos en el siglo XXI han sido, en vez de eso, tragedias para millones y han llevado a una proliferación de amenazas que dañaron a Estados Unidos de forma importante. El presidente electo Biden ha reconocido esto, apuntando que “quedarse atrapado en conflictos imposibles de ganar solo consume nuestra capacidad de liderar en otros asuntos que requieren nuestra atención, y nos impide reconstruir los demás instrumentos del poder estadounidense”.

Las guerras fallidas sin fin son, sin embargo, también un legado de Joe Biden. Como senador, votó a favor del AUMF de 2001, el AUMF de 2002, y después secundó a un presidente que expandió las intervenciones en el extranjero de EE UU, y nada en su historia personal sugiere que tomará las valientes acciones necesarias para lograr poner un fin a los conflictos internacionales de Estados Unidos. “Ya es hora de que terminemos con las guerras infinitas”, anunció en 2019. En realidad, al entrar en el Despacho Oval se encuentra ante una decisión formidable: ser el primer presidente de EE UU de este siglo que no redoble la apuesta en conflictos internacionales malditos o el cuarto que descubra el fracaso en guerras que nunca se pueden ganar.

Por Nick Turse

30 ene 2021 04:49

tomdispatch.com

Artículo publicado originalmente por Tomdispatch.com y traducido para EL Salto por Eduardo Pérez

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En China, un ex banquero fue ejecutado por "corrupción y bigamia"

Acusado de haber recibido sobornos por más de 200 millones de dólares 

El banquero chino Lai Xiaomin, expresidente del denominado "banco malo" estatal chino Huarong, fue ejecutado este viernes, tres semana después de haber sido condenado a muerte por los cargos de corrupción y bigamia. Xiaomin es el protagonista, según la prensa china, del "mayor caso de corrupción financiera" de la historia del país en una trama de sobornos cuando ocupó un alto cargo en la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC). 

La sentencia del tribunal, que lo condenó a muerte el 5 de enero, dio por probado que Lai solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que "puso en peligro la seguridad y estabilidad de las finanzas nacionales y tuvo un impacto social extremadamente negativo".

El antiguo banquero --que fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) en 2018-- aceptó sobornos por más de 1.788 millones de yuanes (277 millones de dólares, 225 millones de euros) entre 2008 y 2018, período en el que también había sido uno de los principales dirigentes de la Comisión Reguladora de la Banca de China (CBRC).

Las condenas a muerte son cada vez menos frecuentes en este tipo de casos de corrupción en China, y habitualmente vienen acompañadas de la denominada "prórroga de dos años", que supone que no se ejecuta al condenado a menos que reincida en sus delitos en los dos años siguientes a la sentencia y habitualmente se reduce a cadena perpetua.

Sin embargo, en el caso de Lai jugó en su contra su condición de alto cargo de varios organismos públicos y la "extrema gravedad", según el tribunal, de sus delitos. Lai, detenido desde 2018, fue declarado culpable de participar en el desfalco de otros 25 millones de yuanes (3,9 millones de dólares, 3,2 millones de euros) de las cuentas de la sociedad estatal de gestión de activos financieros que presidía.

Entre sus pertenencias figuraba un alto número de inmuebles, relojes de lujo, automóviles, oro y colecciones de arte. Por el momento, y pese a que la Justicia ha ordenado la confiscación de todos sus activos, se siguen sin recuperar 104 millones de yuanes (16,1 millones de dólares, 13,1 millones de euros) obtenidos ilegalmente por Lai.

Huarong es uno de los cuatro "bancos malos" de ese país. Fue fundado en 1999, tras la crisis financiera asiática, con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino. La entidad, tras la llegada de Lai, comenzó a invertir en activos de alto riesgo, según un documental emitido a principios del año pasado por la televisión estatal CCTV.

En ese programa, Lai confesó que prefería los pagos en metálico y que conducía con el maletero lleno de dinero hasta un apartamento al que denominaba "el supermercado", en el que las autoridades encontraron más de 200 millones de yuanes (30,9 millones de dólares, 25,2 millones de euros) en efectivo.

Las confesiones televisadas son cada vez más habituales en China en casos de alto perfil, y la campaña anticorrupción es uno de los programas estrellas del presidente, Xi Jinping.

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Alberto Fujimori, a un paso de ser juzgado por esterilizaciones forzadas

El 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad.

 

El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanosEl 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.

La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exdictador de 82 años.

El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos años después será vista por un juez.

“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien después de esa investigación definirá si se pasa o no a juicio oral. Esta investigación, por ser un caso complejo, con más de mil víctimas que viven en zonas alejadas del país, podría tomar entre dos y tres años. Recién entonces comenzaría el juicio oral, eso si el juez decide en ese sentido, que es lo que esperamos ocurra, porque también podría archivar el caso. El juicio oral podría tomar otros cinco o seis años, recién entonces tendríamos una sentencia. Las penas contra Fujimori y los otros acusados podrían ser de ocho a diez años”, le señaló a Página/12 el abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa legal (IDL), que defiende a un grupo de víctimas.

La acusación de la Fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con engaños, sin informarles adecuadamente. Y establece que esa fue una política del gobierno de entonces. La defensa de los acusados señala que las esterilizaciones fueron autorizadas por las víctimas, pero los testimonios de esas víctimas y los documentos que se han podido rescatar desmienten este argumento.

“La información que se tiene indica que las esterilizaciones fueron forzadas. Existen los testimonios de las víctimas que señalan que fueron esterilizadas contra su voluntad. Y en los casos que se tienen las historias clínicas -la mayoría ha desaparecido, lo que es un ocultamiento de pruebas- o no existe un documento en el que se autorice la esterilización o hay una autorización firmada por la víctima pero que está escrita en español cuando las víctimas son quechuahablantes y no hablan español. Las hicieron firmar con engaños”, indica el abogado Florián.

“Enfermeras vinieron a buscarme a mi casa, me llevaron, en un cuarto me amarraron las manos y me ligaron”, le relató Norma Mori, una de las miles de mujeres esterilizadas, al diario La República. “Yo les dije que no, siempre les decía que no, pero me obligaron”, es el testimonio de otra víctima, Victoria Ccoya.

Este caso también ha sido llevado, por las víctimas y la organización Justicia y Reparación, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Para que Fujimori pueda ser juzgado por las esterilizaciones forzadas se deberá solicitar una ampliación de la extradición otorgada por Chile, país donde fue detenido y del que fue extraditado en 2007, ya que la extradición para que sea juzgado en el Perú no incluyó este caso. El camino todavía es largo, pero ya se comienza a desmontar la larga impunidad por las masivas esterilizaciones forzadas. 

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Policías detienen a un manifestante en Rotterdam por violar el toque de queda.  ________________________________________ Imagen: AFP

Al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.

Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primer vez en el Reino Unido. El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21:00 y 4:30 horas las personas deberán permanecer en sus casas, de lo contrario deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el nueve de febrero.

Asimismo, el ministro de Finanzas neerlandés Wopke Hoekstra confirmó que a pesar de las manifestaciones el gobierno no suspenderá el toque de queda establecido desde el sábado. "No se capitula ante las personas que rompen los frentes de las tiendas” dijo Hoekstra en referencia a los disturbios. En las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a un grupo de personas saqueando un comercio en la ciudad de Bolduque y a un reportero gráfico golpeado con un ladrillo en la cabeza por varios manifestantes que lo perseguían en Haarlem, un suburbio de Ámsterdam.

En Hertogenbosch, una localidad unos 100 kilómetros al sur de la capital, hubo saqueos en tiendas, supermercados, también hubo daños a vehículos. El alcalde de Hertogenbosch, Jack Mikkers calificó los incidentes como un “inimaginable rastro de destrucción”. En Rotterdam, otra de las ciudades más afectadas, el intendente Ahmed Aboutaleb emitió un decreto para ampliar los poderes de arresto de la policía. “Se llevaron a cabo arrestos por parte de la policía antidisturbios”, reportó la alcaldía en Twitter e instó a la población a “abandonar la zona” de la protesta. 

Por su parte, el intendente de Haarlem, Jos Wienen describió las manifestaciones como un “disturbio serio del orden público” y agregó que “todos queremos se libres de movernos. Pero eso no le da el derecho a nadie de incendiar o cometer vandalismo”. Las principales ciudades de los Países Bajos empezarán a tomar medidas de emergencia para prevenir más disturbios.

Además, el jefe de la Policía de Rotterdam, Fred Westerbeke, denunció que los participantes en los disturbios evitaron en un primer momento que los bomberos actuaran para atender a varias personas que necesitaban ayuda, incluidas una niña con discapacidad y un anciano. 

El Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anti-cuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. “Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas, esto es violencia criminal”, afirmó Rutte.  "Debemos ganar juntos la batalla contra el virus, porque sólo entonces podremos recuperar nuestra libertad", agregó.

 Henk Ferwerda, especialista en criminología, dijo que la manifestación fue "secuestrada" por violentos. "Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos", añadió.

Según informó el diario británico The Guardian, el pasado fin de semana la policía detuvo unas 300 personas luego de que jóvenes lanzaron piedras -y en un caso cuchillos- a los oficiales, atacaron un hospital. El domingo en la ciudad de Urk, ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Ámsterdam, un grupo de jóvenes incendió una estación de testeo de Covid-19. Al menos unas 5,700 multas fueron emitidas por incumplir el toque de queda.

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Líderes indígenas demandan a Bolsonaro ante La Haya por "crímenes contra la humanidad"

Los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad", aseguran los demandantes.

 

Dos importantes líderes indígenas brasileños han pedido a la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) que investigue por "crímenes contra la humanidad" al presidente de país, Jair Bolsonaro, al que responsabilizan de los daños ambientales, asesinatos y persecución que se registran en la Amazonia.

Raoni Metuktire, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonia, y Almir Narayamoga Surui, otro emblemático jefe indígena, presentaron este viernes la demanda ante el organismo. 

En su denuncia, de la que se hizo eco este sábado el diario francés Le Monde, los dos líderes nativos alegan que desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019 "la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida".

En particular, destacan que la deforestación se ha disparado "en un 34,5 % en un año, el asesinato de líderes indígenas está en su punto más alto en 11 años y las agencias ambientales han colapsado o han hecho frente a amenazas", recoge AFP

"Peligro directo para toda la humanidad"

"Esta situación, la más dramática de los últimos 10 años, es resultado directo de las políticas de Jair Bolsonaro", quien quiere "levantar todas las barreras para saquear las riquezas de la Amazonia", sostienen los demandantes, que consideran que los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La destrucción de la selva amazónica es un "peligro directo", no solo para los brasileños, "sino para toda la humanidad", alertan los líderes indígenas.

El Gobierno de Bolsonaro ha propuesto una legislación que relajaría las restricciones en las regiones amazónicas para la minería comercial, la extracción de petróleo y gas y la agricultura a gran escala.

La demanda, de unas 50 páginas, es la segunda presentada contra el mandatario brasileño ante este organismo desde el pasado mes de julio, cuando el personal sanitario de Brasil pidió al tribunal una investigación contra Bolsonaro por "crímenes contra la humanidad" por su gestión de la pandemia del coronavirus.

Publicado: 23 ene 2021 22:27 GMT

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Parlamento de Honduras aprueba ley que prohíbe el aborto

El proyecto, aprobado este jueves, prohíbe de forma absoluta el aborto en Honduras. En medio de la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina y el resto de Latinoamérica, los antiderechos y conservadores no se han hecho esperar, e impulsan ataques y trabas prohibiendo la legalidad del aborto, no así su clandestinidad.

 

En Honduras, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años. Este dato consolida al país en los primeros puestos de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina. Aun así, el pasado jueves fue aprobado por el Parlamento el proyecto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto. Este proyecto introduce a Honduras dentro del grupo conformado por El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Suriman, como los países de la región que prohíben en todas sus formas el aborto.

Este proyecto viene a fortalecer el artículo 67 de la Constitución de Honduras, que instituye que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”.

Dicho proyecto fue presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, quien es diputado del partido en el gobierno. Además, fue discutido solamente en dos debates virtuales, a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres por el derecho a decidir y contra la criminalización del aborto, como Somos Muchas, de que fuese discutido en tres debates.

El movimiento de mujeres en Honduras afirma que este proyecto es un “acto condenable”, y que “la cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional”. Además, catalogan este proyecto como un retroceso, pues está “bloqueando el acceso a abortos seguros”. Sin embargo, existen varias iniciativas que pretenden la despenalización del aborto en tres casos: riesgo de vida de la mujer o persona gestante, inviabilidad fetal y violación.

Este proyecto es un ataque más contra el derecho a decidir, ya que, en Honduras, el aborto es penalizado en todas sus formas desde 1997, lo que ha conllevado al encarcelamiento de mujeres. Además de la penalización del aborto, la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales, así como la prohibición de venta, uso, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia y su penalización con cárcel, son factores que contribuyen a la alta cantidad de embarazos forzados, dentro de los que se destacan los embarazos en adolescentes. En este ataque al derecho al aborto han tenido gran influencia los grupos religiosos, injerencia que las organizaciones de mujeres catalogan como “perjudicial en cuestiones de salud pública”.

Organizarnos para exigir y hacer posibles nuestras demandas

La legalización del aborto en Argentina, dio un empuje a las demandas del movimiento de mujeres en varios países de Latinoamérica. La marea verde en Argentina se ha extendido en la región, siendo un ejemplo de que, si nos organizamos, podemos ganar. Tanto en México como en Chile, el movimiento de mujeres ha retomado con fuerza sus demandas por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, pese a la negativa de sus gobiernos.

La otra cara de la moneda es que, ante la fuerza del movimiento de mujeres internacional, los grupos conservadores y antiderechos han dado respuesta; es decir, estos grupos se encuentran activos y empujan ataques contra nuestro derecho a decidir. Tal es el caso del proyecto de ley aprobado en Honduras. En Costa Rica, los grupos antiderechos, avalados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, impulsan el proyecto de ley de adopción anticipada y el derecho de la persona no nacida.

Como movimiento de mujeres internacional, es necesario sacar la conclusión de que es la movilización en la calle lo que podrá garantizar nuestras demandas. En su lugar, hay que organizarnos para ganar, como movimiento de mujeres es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito y avanzar junto con la clase trabajadora para luchar contra toda forma de opresión y explotación.

Solamente dando la pelea en las calles, como movimiento de mujeres, junto con nuestros compañeros de clase, es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Además, es necesario dar en conjunto la pelea por la separación real de la(s) Iglesia(s) y el Estado. Hay que garantizar que la marea verde barra con los dinosaurios y quienes negocian con nuestras vidas y nuestros derechos.

Por Fernanda Quirós

Viernes 22 de enero | 15:13

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