Michelle Bachelet condenó el aumento de la "horrenda violencia" en Colombia

Naciones Unidas registró 66 masacres y 255 muertos en el país durante 2020

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le exigió al gobierno de Iván Duque "medidas más sólidas y mucho más efectivas" para impedir que la violencia siga "normalizada".

 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet condenó el aumento de la violencia ejercida contra campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Bachelet convocó a las autoridades del país a tomar acciones concretas para cuidar a la población y lamentó que tras décadas de conflicto armado la "horrenda violencia" atribuida a "grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia" siga "normalizada" especialmente en las zonas rurales. Allí se concentra la mayor parte de las 66 masacres y 255 muertos registrados este año, de acuerdo a Naciones Unidas. 2020 será sin duda un año para el olvido si se considera lo poco que se avanzó en la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz firmado hace ya cuatro años.

"La señora Bachelet está llamando de manera urgente al gobierno colombiano a desarrollar iniciativas efectivas para frenar esta ola de masacres que tiene conmovida al mundo", planteó en diálogo con Página/12 Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En Colombia, el Indepaz define una masacre como "el homicidio colectivo intencional de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar".

"Violencia persistente" en Colombia

"En lo que va de este año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", aseguró Michelle Bachelet a través de un comunicado. "Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país", denunció la expresidenta chilena, que incluyó en la categoría de víctimas a "los que se quedaron" en el territorio pese a la violencia y que "permanecen casi completamente indefensos".

Bachelet reclamó "medidas más sólidas y mucho más efectivas" a las autoridades colombianas, teniendo en cuenta que el Estado debe considerar como un "deber" el simple hecho de "estar presente" en todo el país. "No se nota un plan de acción ni una política pública en el presidente Iván Duque y esto contribuye a que se reiteren los procesos de violencia, que la impunidad siga y que las comunidades indígenas sigan desprotegidas", agregó en ese sentido el presidente de Indepaz, Camilo González.

La última masacre registrada en Colombia tuvo lugar el domingo por la noche, cuando al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en la población de Cuturú, en el departamento de Antioquia. Indepaz señaló al poderoso Clan del Golfo como potencial responsable del ataque en el que "aproximadamente 50 hombres vestidos con uniformes de camuflado y armamento largo" bajaron de sus lanchas e irrumpieron con disparos en Cuturú. 

El gobierno salió rápidamente a responsabilizar por los hechos al narcotráfico y a los distintos grupos armados que operan en la región. Estos se disputan los negocios ilegales abandonados por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde Indepaz calificaron de "precipitado" el diagnóstico emitido por el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ya que al asumir "el papel de fiscal y juez" no solo "no queda bien", sino que también "puede simplificar el problema y desorientar a la opinión pública".

"Los funcionarios suelen llegar a a los lugares donde se cometieron las masacres a presidir consejos de seguridad hasta días después del hecho, ofrecen recompensas y se marchan sin proponer soluciones estructurales al fenómeno de violencia", manifestó en ese sentido Camilo González.

Cifras dispares 

"Los números que mencionamos de las masacres son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos", dijo desde Ginebra la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. Las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado. 

Ante la ausencia de cifras oficiales confiables, cada institución elabora su propia estadística. En ese sentido Indepaz va más allá de Naciones Unidas al registrar 84 masacres en Colombia en lo que va del año, una cifra comparable a los niveles de 2005. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 al 15 de diciembre de 2020, fueron asesinados 1.091 defensores y defensoras de derechos humanos. De ese total, 695 perdieron la vida durante el gobierno de Iván Duque.

"En el informe de Indepaz se muestra cómo a pesar de las oposiciones y fallas en la implementación, el proceso de paz sigue vigente y ha permitido evitar decenas de miles de víctimas", destacó González. Para el investigador, Colombia se encuentra en el "coletazo de la guerra" y en una "transición traumática" en la que, por un lado, crecen las movilizaciones por la paz, mientras en paralelo existen fuerzas que "quieren hacer trizas los acuerdos y llevar al país a nuevos ciclos de violencia".

Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. El reto que aún asoma lejano para que no se pierda lo alcanzado en la disminución de la violencia armada es la implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados el 26 de septiembre de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento alerta en un comunicado de los riesgos de esta práctica.

La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa, denuncia en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.

El especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía.

«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destaca Arrojo-Agudo.

Asimismo, el relator advierte que los futuros de este tipo también podrían atraer a los especuladores, repitiendo la burbuja del mercado de alimentos en 2008. «En este contexto, el riesgo radica en que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores», comenta.

Según Arrojo-Agudo, «el agua ya se encuentra bajo amenaza extrema por la población en crecimiento, la demanda creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático».

El agua es un recurso vital para la economía, pero su valor es «más que eso», subraya el relator. En este sentido, el especialista concluye que el hecho que el agua se vaya a comercializar en el mercado de futuros de Wall Street muestra que «su valor como derecho humano básico está amenazado».

«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

 

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Hombres y mujeres partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo esperaron durante horas fuera del Congreso argentino.Foto Afp

Avanza el aborto legal en Argentina con el aval de diputados; falta votación del Senado

Forenses piden cooperación para identificar a 600 víctimas de la dictadura

 

Buenos Aires., Después de un debate de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones el proyecto de ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la legalización del aborto en forma segura y gratuita, lo que hizo estallar en gritos y cánticos a la multitud que rodeaba como una marea verde el Congreso de la nación y que se mantuvo en una larga vigilia esperando este momento histórico.

Los pañuelos verdes levantados por la multitud, que se extendía por calles aledañas, dieron un extraño marco a esta celebración, con la esperanza de que finalmente la propuesta sea aprobada en el Senado en los próximos días para que se convierta definitivamente en ley.

Años llevó esta lucha, protagonizada por un fuerte movimiento feminista, que como modelo de nuevos tiempos tuvo el acompañamiento masivo de hombres. Entre los 164 oradores que se escucharon hubo discursos para no olvidar, y también los rastros de una negativa mediocre que va perdiendo fuerzas en el país.

No fue el único derecho recuperado ayer por las mujeres en lucha. La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto del denominado Plan de los Mil Días, que sanciona la protección integral a las embarazadas y los niños hasta los primeros tres años de vida.

Esta iniciativa se aprobó por 196 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones del bloque de la derechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio.

El proyecto de ley amplía los derechos de la madre y el niño, y dispone priorizar recursos destinados a lograr la máxima protección no sólo durante el embarazo, sino hasta tres años después. Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad tendrán todo el apoyo del Estado para llevar adelante la maternidad y dar continuidad a esta protección. Algo que, si bien ya existe, servirá para unificar y ampliar las políticas públicas del gobierno.

El Plan de los Mil Días se debatió después de la aprobación del proyecto para legalizar el aborto. Señala nuevas asignaciones: una para cuidado de salud integral; una universal por hijo una vez al año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años, y amplía la universal por embarazo, que aumentará de seis a nueve mensualidades para abarcar la totalidad de la gestación. Además, existen en el texto importantes asignaciones que amplían el pago por nacimiento y por adopción a las personas beneficiarias de la AUH, que hasta ahora están excluidas de este y otros beneficios.

Derechos humanos

En tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense recibió más de 70 llamados de varios lugares del país en respuesta a su convocatoria a fin de que familiares de desaparecidos aporten una muestra de sangre necesaria para identificar a 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, asesinados y enterrados en estos lugares durante la última dictadura cívico -militar.

Los cuerpos esqueletizados en todos los casos presentan lesiones traumáticas que corresponderían a golpes y torturas, y no han podido ser identificados por no tener el perfil genético de familiares para contrastarlos. Muchas familias, sobre todo del interior del país, no se habían presentado por estar aún aterrorizadas, sobre todo en poblaciones pequeñas, donde el temor aumenta.

Se espera la respuesta de más parientes, al extenderse la campaña, como ha sucedido en situaciones anteriores, mientras aún se buscan lugares de enterramientos utilizados por la dictadura, e incluso se está revisando en algunos lugares del delta del Paraná.

Por otra parte, el Servicio de Paz y Justicia, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entregó anoche un reconocimiento especial a las Brigadas Médicas Henry Reeves, de Cuba, por considerar su actividad como uno de los grandes aportes humanitarios en todo el mundo y ejemplo de dignidad de un país víctima del "crimen de lesa humanidad" que significa el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que en estos momentos impide la llegada de medicamentos y equipos y profundiza esas medidas que violan los derechos humanos y las leyes internacionales.

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Una de las zonas golpeadas por el huracán Iota en Providencia.FOTO: REUTERS | VIDEO: AFP

La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia que hay damnificados viviendo en carpas de mala calidad. El Gobierno de Iván Duque prometió una reconstrucción que aún no ha comenzado

Hace veinte días, cuando el huracán Iota destruyó el 98% de la isla colombiana de Providencia, el presidente, Iván Duque, se desplazó hasta allá, hizo su programa de televisión diario desde el Archipiélago de San Andrés, llevó a decenas de funcionarios y prometió que en menos de cien días Providencia estaría reconstruida. La realidad es, de momento, otra y, según denunció la Defensoría del Pueblo, “hay personas que no están en albergues y se encuentran a la intemperie debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos”. El Gobierno instaló carpas de campaña para el contingente de funcionarios que llegaron a la isla y entregó 2.000 tiendas de campaña para quienes se quedaron sin casa, pero las lluvias de los últimos días las inundaron y causaron más angustia entre los isleños.

“Se necesitan carpas más decentes para albergarse y tejas para aquellos que tienen parte de sus casas en pie, pero se están mojando igual. Aunque han hecho lo imposible con la limpieza, han fallado mucho en solucionar el tema del techo que es algo básico para pensar en lo que viene”, dijo Juanita Ángel, propietaria de Cabañas de Agua Dulce, una posada hotelera de Providencia.

La recolección de escombros, que fue otra de las promesas de Duque, también va muy lenta. A la fecha han retirado 3.000 toneladas. Si bien los residentes agradecen el trabajo de la fuerza pública, con 120 policías y 1.100 miembros de la Armada, se quejan de que el Gobierno no dimensionó la cantidad de escombros. “¿Por qué a la carretera la limpian una y otra vez mientras nuestros patios y el interior de nuestras casas, devastadas por el viento y la lluvia, consumen nuestras fuerzas en la lucha por ponerles un mínimo de orden y condiciones de habitabilidad?”, escribió en el diario El Isleño Germán Márquez, biólogo y fundador del la organización Sea Land & Culture Old Providence Foundation (Prosealand).

La Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia, Susana Correa, comenta a EL PAÍS que esperan 12.000 toneladas y admite que “será imposible tener lista la recolección para esta semana”. “No revisamos que había que bajar los escombros de las casas, ni pensábamos que iban a salir tantas toneladas, ya cambiamos la estrategia”, reconoció Correa, quien anunció que contrataron a 100 isleños para ayudar en la limpieza.

Después de la carta del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que urge al Gobierno “a apoyar a la comunidad en la recuperación de las viviendas” y agilizar la adaptación de los techos, Correa aseguró que este miércoles comenzarán a cubrir con tejas las casas que quedaron con afectaciones leves y llevarán plásticos. ¿Por qué no hubo previsión?. Susana Correa dice que “sí se previó, pero era muy difícil hacer algo sin antes tener una caracterización”. Hoy saben que el 45% de las viviendas de la isla colapsaron, el 38% perdió sus cubiertas y un 13% quedó con afectaciones leves. “De nada servía poner tejas y que la casa se cayera”, dice Correa.

Aunque han pasado veinte días, el censo de la población- de 6.650 habitantes- aún no ha terminado y el Gobierno tampoco sabe cuántos de los pobladores, que se fueron a San Andrés tras la emergencia, han retornado a la Isla. En medio de la emergencia, se han presentado 61 casos de la covid-19 y un fallecido por la enfermedad.

La reconstrucción se ve lejana

Por esos tropiezos es que los residentes ven lejana la reconstrucción anunciada para comenzar este 10 de diciembre. “Acá no se ha dado una solución de emergencia. Si no agotamos la etapa humanitaria no podemos enfrentar la de reconstrucción”, dijo Amparo Antón, habitante de la isla. No se entiende- dijo- cómo cuando llegaron venezolanos a Cúcuta se hicieron refugios en tiempo récord y en la isla la respuesta no ha sido igual de efectiva. Su reclamo tiene un subtexto: para muchos habitantes de Providencia, que tienen su propia lengua, hay un abandono histórico por parte de Colombia y una mirada centralista que no contempla su cultura. Para ellos esto se evidenció con la propuesta de instalarles casas prefabricadas.

Pero Correa aseguró que aún no está definido el diseño de las viviendas y que se decidirá en concertación con los habitantes. “Solo trajimos tres casas para presentar estilos diferentes, pero habrá reuniones con constructores de la isla en los próximos días”, dijo la Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia a este diario. Sin embargo, tampoco tienen una cifra de cuánto costará el proyecto porque cada ministerio debe presentar su presupuesto y aún no lo han consolidado.

En todo caso, según ella, “el pico” de reconstrucción de Providencia se hará entre enero y febrero, algo que para los isleños es una eternidad si es que continúan a la intemperie y con más lluvias como se ha denunciado.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 09 Dec 2020 - 23:23 CET

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Consecuencias de que el agua cotice en el mercado de futuros

El uso del agua en California ha pasado a cotizar desde el lunes en el mercado de futuros. Una vuelta de tuerca más en la financiarización y privatización del agua.

 

Se rumoreaba desde hace un par de meses y, esta semana, el momento llegó. Desde el lunes, el agua ya es un producto que cotiza y se comercia en los mercados de futuros. Los incendios desatados en California, uno de los estados norteamericanos con una mayor industria agrícola, y la escasez de agua que están provocando han servido de excusa perfecta para llevar este bien tan básico al mercado de futuros de materias primas y convertirlo en un producto especulativo.

Su valor, que en California se ha duplicado en el último año, se marcará en el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), que se basa en el precio de los derechos del agua en el mercado de futuros de varias zonas de California y que funciona desde 2018. La cotización actual del bien es de 486 dólares por acre pie, lo que equivale a unos 1,4 millones de litros. El mercado de futuros consiste en poder negociar el valor de un bien en una fecha futura, lo que, según los defensores de este tipo de mercados, ayuda a asegurar precios futuros, hacer más eficiente el mercado del agua y a que los agricultores o municipios no tengan problemas en el futuro para abastecerse de agua, protegiéndose así de los vaivenes de los mercados. 

Pero esa defensa del mercado de futuros hace aguas por todas partes si vemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones con los productos básicos que se han postrado a los pies de los especuladores. Uno de los ejemplos más recientes y devastadores fue el incremento de los precios de alimentos básicos durante la crisis financiera de 2008. Cuando las bolsas se hundieron en los años posteriores a la caída de Lehman Brothers, los inversores que huían de los circuitos financieros e inmobiliarios buscaron productos seguros donde invertir sus capitales. El mercado de futuros de alimentos básicos, como el trigo o el maíz, atrajo enormes cantidades de dinero que compraban estos productos básicos en forma de futuros, lo que provocó que los precios pactados fueran cada vez más altos debida a la enorme demanda, lo cual a su vez provocó una subida generalizada de los precios de los alimentos en todo el planeta, causando hambrunas y millones de muertes en los países del sur global.

Uno de los ejemplos más claros es el del aceite de palma, según explica la periodista e investigadora Laura Villadiego, del proyecto Carro de Combate. “Se calcula que en la Bolsa de Malasia se intercambia cada tonelada de aceite de palma producida unas cinco veces antes de llegar a su comprador final y, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 98% de los contratos de futuros nunca llegan a materializarse, son puras herramientas de especulación”, lamenta Villadiego. Esos movimientos puramente especulativos tienen un impacto sobre los precios, “que se traslada después a los agricultores que producen aceite de palma”. Cuando los precios suben, explica, “se abren más plantaciones, unas veces a costa de bosque primario y, otras veces, a costa de otras materias primas, muchas veces cultivos para la alimentación básica de la población”, y cuando los precios caen, “todos arruinados”.

¿Qué supone la entrada del agua en el mercado de futuros?

Que el agua esté a la merced de los mercados, que se financiarice su valor y su comercio, lo convierte “en una inversión financiera potencial y se analice desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo”, explica a El Salto Luís Flores, especialista en mercados bursátiles e integrante de Ecologistas en Acción. Además, al ser un bien cada vez más escaso, “su precio en el medio-largo plazo solo puede subir”, lamenta, ya que desde el punto de vista del inversor es una apuesta clara y segura, como ya ocurrió con las tierras cultivables y otros alimentos básicos anteriormente. El impacto de que coticen ahora solo afectará a las zonas de California y a los derechos de aprovechamiento del agua a los que se refieren estos nuevos futuros pero, alerta Flores, “se marca una tendencia muy preocupante”. 

La especulación sobre el agua no en nueva esta semana, “solo hay que ver las fluctuaciones del precio del índice sobre el que se lanzan ahora estos futuros”, argumenta Flores. El NQH2O subió un 227% durante el primer semestre del año y caído un 31% en lo que llevamos del segundo semestre. “Probablemente, los futuros contribuyan a incrementar esa volatilidad”.

Coincidiendo con Villadiego, Flores defiende que la teoría de que los futuros pueden servir para mitigar los riesgos de los productos a los que están vinculados es muy distinta de lo que acaba ocurriendo en la mayoría de los casos. “La realidad demuestra exactamente todo lo contrario, los futuros se convierten en una herramienta especulativa donde el ‘músculo’ para hacer la apuesta más grande es capaz de mover el precio de los futuros en un sentido u otro. Y los futuros son precisamente los esteroides para ese músculo, ya que permiten hacer apuestas disponiendo de solo un porcentaje mínimo de los fondos que se quieren apostar”.

Mercados en busca de inversiones seguras

Al igual que ocurrió tras 2008 con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, en esta nueva crisis los bancos centrales han inundado de dinero a los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis del covid-19. Este exceso de capital y unos mercados bursátiles han llevado a los “valores refugio”, como el caso del oro, a máximos históricos. Los inversores desconfían de las bolsas pero tienen mucho capital que han conseguido a un interés muy bajo por parte de esos bancos centrales y necesitan encontrar un lugar seguro y que reporte beneficios.

La tendencia sobre el derecho del agua de California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir capitales y a la especulación con el bien básico

En ese contexto, la tendencia que marca la noticia sobre el derecho del agua en California, en caso de extenderse a otros países, convertiría al agua en uno de esos lugares seguros a los que redirigir esos capitales, que deberían servir para reconstruir la economía y salir de la crisis, a la especulación con el bien básico. “A partir de ahora, los futuros sobre agua son para estos grandes inversores una alternativa más en la que invertir y solo por ello, el precio de los futuros, del índice al que se ligan y por tanto del agua, debería subir”, argumenta Flores.

Un paso más para privatizar el agua

El caso California no arranca esta semana. La sequía que sufrió el estado entre 2012 y 2016 fue acompañado de cambios legislativos para privatizar el uso del agua. “Esto es solo una nueva vuelta de tuerca a ese proceso”, dice Liliana Pineda, miembro de Attac y la Plataforma Contra la Privatización del Agua. “Cuando se habla de derechos del agua, se habla de derechos privados, ya que el agua pública no es un bien titularizable”, argumenta Pineda, “y no debería serlo”, matiza. Según ella, lo que se intenta es que los municipios intercambien concesiones sobre agua por dinero en lo que tacha de un “chantaje a los ayuntamientos que necesitan ese dinero para meterlo en ladrillo o pagar deudas a que titularicen, y por lo tanto privaticen, el uso del agua”.

Esa nueva vuelta de tuerca a la que se refiere Pineda es la privatización de bienes y servicios públicos básicos que llevamos sufriendo las últimas décadas. “Es una vuelta de tuerca al proceso de financiarización de todo lo común”, dice la activista, “una tendencia a la privatización que, en caso de avanzar y extenderse a otros países, podría hacer el agua más susceptible por parte de las administraciones públicas”. Además, estos procesos de titularización y comercialización “afianzan los modelos de gestión privada y son un espaldarazo a la gestión pública del agua”.

“La ONU considera el agua un derecho humano, España todavía no ha traspuesto ese mandato”, lamenta Pineda, por lo que se debería paralizar todo proceso de convertirlo en un bien bursátil especulativo. Desde la Red de Agua Pública o la Plataforma contra la Privatización del Agua piden exactamente lo contrario a lo que ha sucedido esta semana en California: “Tiene que haber una mayor inversión pública y no por los cauces bursátiles”. “Cuando entra en el mercado de futuros no sabemos en manos de quién está el agua, puede estar en manos de un fondo buitre en un paraísos fiscal que no tiene ningún interés más que ganar dinero”, lamenta Pineda.

Por Eduardo Luzzatti / Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

10 dic 2020 06:00


 El agua ya cotiza en Wall Street, un paso más para que un derecho humano se convierta en mercancía

El agua de California se ha convertido en un elemento más para invertir dentro de los mercados a futuros bursátiles. La financiarización de este recurso hace saltar las alarmas a expertos, que ponen las crisis agroalimentarias de 2007 y 2008 como referencia de lo que pueda pasar en el futuro. 

madrid

09/12/2020 22:52

alejandro tena

En 1995, el exvicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin, afirmaba que las guerras que marcarán el futuro del siglo XXI girarán en torno a la disponibilidad del agua. Quizá la humanidad no se encuentre aún en ese escenario, pero los pasos hacia la mercantilización de este bien –considerado un derecho humano desde 2010 por la ONU– son cada vez mas grandes. Tanto, que esta semana el agua comenzó a cotizar en los mercados a futuro de Wall Street. Un hecho histórico que pone a esta materia prima, fundamental para la vida, al mismo nivel que el oro o el petróleo. 

Este tipo de inversiones a futuro no suponen la necesidad de suministro de agua, sino que son contratos financieros que vendrán determinados por el precio medio semanal de las principales cuencas de California. De esta forma, el índice NQH20 marcará el precio de esta nueva mercancía y servirá, según los expertos, de referencia mundial. Si bien, desde sectores económicos como Bloomberg o la compañía de mercados CME Group han vinculado esta decisión con una supuesta protección y flexibilidad del agua de cara al escenario de escasez y sequía –condicionada por la crisis climática–, otros sectores alertan de las posibles repercusiones que puede tener la entrada de este líquido en Wall Street.

Pedro Arrojo, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento, explica a Público que esta "mercantilización de las excedencias de los derechos concesionales del agua nos lleva al sanctasanctórum de los mercados especulativos". Se trata de los mismos mercados, dice el economista de la ONU, que "han trabajado con la alimentación y han producido hambrunas internacionales, quebrando economías nacionales por especulaciones a futuro con cuestiones básicas de la vida que afectan a los derechos humanos".

Sin embargo, la llegada de este recurso a los mercados no es una sorpresa, sino el resultado de una gestión hidrológica que se remonta a los inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, que vino condicionada por las sequías intensas de 1976 y 1977 en California. En estos momentos se implementaron los mercados de agua en el estado norteamericano del oeste. La escasez de recursos hídricos propició que los derechos de agua a corto plazo fueran traspasados a manos privadas. Incluso durante la segunda mitad de los años noventa, que estuvieron marcados por lluvias abundantes, estas prácticas fueron comunes. Fue a comienzos del siglo XXI cuando empezaron a crecer los acuerdos de derechos de agua a largo plazo, lo que podría ser el germen de los mercados a futuro que esta semana han irrumpido en Wall Street. En este momento, la Imperial Irrigation Distrit compró una gran cantidad de derechos de agua a las empresas concesionarias de Los Ángeles y San Diego, teniendo que llegar estas ciudades a pagar a esta compañía en momentos de sequía, para poder abastecer los mínimos requeridos para el consumo urbano. Es decir, en tres décadas los derechos de agua pasaron paulatinamente de lo público a lo privado.

"Esta clase de acuerdos puede convertir a las ciudades en cautivas de los proveedores privados, al mismo tiempo que los únicos beneficiarios son los aguatenientes que destrozan la industria auxiliar agrícola y a sus trabajadores. Por no hablar de los efectos negativos en los ecosistemas por los que dejan de pasar esas aguas", expone Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). "El sudeste de la península ibérica guarda muchas semejanzas con California y esto ha hecho que siempre se la observe como un referente. En este sentido hemos seguido algunas pautas mercantiles en nuestra legislación inspirados en este modelo", alerta, señalando que, por el momento, España se ubica en un sistema público con cierta participación privada.

Pero, ¿qué ocurrirá si el agua llega a los mercados financieros a nivel mundial? "Si se globaliza la especulación del agua como se ha hecho con el sistema agroalimentario, pasaremos de tener un bien común a tener una commodity (mercancía). Ahora, con la entrada en bolsa de California, se da un paso más en esa lógica que ya se venía gestando. Primero se pasa de estar en un ámbito público a un ámbito público-privado y, después, se da el salto a la especulación absoluta", opina Mirene Begiristain, profesora de Economía de la Universidad del País Vasco.

La cotización del agua en los mercados de futuro por el momento afecta sólo a las cuencas californianas, pero abre una vía de mercantilización nunca antes vista. Desde determinados sectores económicos favorables a esta iniciativa señalan que, al ser únicamente los excedentes de agua los que cotizarán en Wall Street, se fomentará un consumo eficiente y se hará frente a supuestos despilfarros. Sin embargo, se abre el riesgo de que la gran parte de los contratos a futuro sean comprados por inversores ajenos a sectores agrícolas, lo que fomentará que haya un juego de compraventa. Según el experto en transición ecológica, Luis González Reyes, sólo el 2% de los futuros que son bienes básicos terminan siendo entregados, el 98% se venden y revenden como activos financieros especulativos. En el caso del agua, las escasas infraestructuras para el transporte complican aún más que la compra de futuros se haga con la intención de poder hacer uso de ellos, tal y como advierte Babiano.

Las crisis alimentarias ya mostraron los efectos de la financiarización global de recursos básicos para la vida. Tanto es así que la especulación en los mercados a futuros tuvo un papel importante en la subida de precios de las crisis agroalimentarias de los años 2007 y 2008. Todo ello, se vio agravado por la coyuntura de cambio climático y su incidencia en determinados cultivos, así como la apuesta firme por los agrocombustibles que desplazaron la producción de alimentos hacia otras zonas, tal y como se recoge en una publicación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

Arrojo, como relator de la ONU, muestra su preocupación por el paso adelante que ha dado el estado californiano y, de hacerse global, asemeja los riesgos a los experimentados con la financiarización de los recursos alimentarios. "No es el debate que teníamos instalado", dice, en relación a la situación que se vive en zonas de Europa como España, donde las disputas giran todavía entre unos derechos del agua puramente públicos frente a los mixtos con concesiones privadas. "Si esto continúa, se acaba todo. No existirá el interés general, sino el interés del mercado, donde el león se come al cordero", reflexiona.

Babiano, por su parte, explica que la mercantilización de este derecho humano podría abrir la puerta a una "triple variable" que transforme el agua tal y como se conoce. Por un lado, la accesibilidad estará marcada por la rentabilidad económica. En segundo lugar, la asequibilidad quedará condicionada a las fluctuaciones de los mercados, lo que generaría, según el experto, un descontrol de precios a largo plazo. El tercer factor es la "concentración de poder" en los mercados y el desplazamiento de lo público y la idea de bien común como principio básico de toda gestión hídrica.

"Estas son las semillas de la mercantilización de los bienes esenciales. Ahora se anuncia en California, pero esto irá evolucionando poco a poco. En un principio se nos presenta la participación privada como un mecanismo de flexibilidad, luego se empieza a cuestionar la esencia de lo público, como ocurre ahora [en España], y se termina entrando en los mercados, que es lo máximo", detalla el gerente de Aeopas, quien reclama que España deje de mirar hacia el modelo californiano para reconvertir nuestro sistema: impulsar la gobernanza en la gestión del agua, eliminar cánones concesionales, considerar el agua un derecho humano y "volver al espíritu público de la ley aguas de 1985".

Un derecho humano que no se cumple

A pesar de que el acceso al agua es un derecho humano desde 2010, en el mundo hay alrededor de 700 millones de personas de 43 países que sufren escasez de este recurso. Los efectos de la emergencia climática son cruciales para entender este fenómeno que, según la ONU, aumentará en los próximos años. Se estima que dentro de cinco años habrá 1.800 personas viviendo en zonas del mundo afectadas por estrés hídrico, es decir, en lugares donde la demanda de agua sea superior a su disponibilidad. Esto podría desembocar en una crisis migratoria sin precedentes que afecte a cerca de 250 millones de personas residentes en países africanos.

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Los futuros del agua comenzarán a comercializarse en Wall Street a partir de esta semana en medio de temores de que el recurso natural pueda escasear

Los contratos serán lanzados por CME Group Inc, que asegura que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y alinear mejor la oferta y la demanda.

 

Los futuros del agua comenzarán a comercializarse en Wall Street a partir de esta semana en medio de crecientes temores de que este recurso natural pueda escasear en la mayor parte del mundo, según informó este lunes Bloomberg.

Esta semana, la empresa estadounidense CME Group Inc lanzará contratos vinculados al agua al contado de California, un mercado de 1.100 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y alinear mejor la oferta y la demanda.

Los contratos, los primeros de su tipo en EE.UU., fueron anunciados en septiembre, cuando la costa oeste del país fue devastada por el calor y los incendios forestales. Según Bloomberg, están destinados a "servir como protección para los mayores consumidores de agua de California contra la subida de los precios y como indicador de escasez para los inversores de todo el mundo".

Los futuros se liquidarán financieramente, en lugar de requerir la entrega física real de agua, y se basarán en el Nasdaq Veles California Water (NQH2O), un índice de referencia establecido para los precios del agua en ese estado norteamericano. 

CME Group no identificó a los posibles participantes del mercado, pero señaló que la bolsa recibió noticias de  productores agrícolas de California, agencias públicas de agua y servicios públicos, así como de inversores institucionales como gestores de activos y fondos de cobertura.

"2.000 millones de personas viven ahora en naciones plagadas de problemas con el agua, y casi dos tercios del mundo podrían enfrentar escasez de agua en solo cuatro años", declaró el jefe global de índice de acciones y productos de inversión alternativos de CME Group, Tim McCourt. "La idea de gestionar los riesgos asociados al agua sin duda está cobrando mayor importancia", subrayó. 

Publicado: 7 dic 2020 03:13 GMT

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 05 Diciembre 2020 06:25

Colombia: honrar los compromisos de Estado

Colombia: honrar los compromisos de Estado

La plataforma civil Misión de Observación Electoral denunció que 280 activistas han sido asesinados durante 2020 en Colombia, y sólo en los primeros 10 meses del año se cometieron 411 actos de violencia en contra de líderes políticos, sociales y comunales. De acuerdo con la red de organizaciones, los ataques contra dirigentes políticos buscan controlar a los gobiernos locales, y con ello a sus vecinos, mientras que los perpetrados contra representantes sociales comienzan con apropiaciones territoriales y buscan silenciar las voces como primera opción. Esta intención se manifiesta en el hecho de que 63.5 por ciento de las agresiones contra líderes sociales resultan letales.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos y el territorio forman parte desde hace mucho de una macabra cotidianidad en esta nación caribeña, y en los últimos meses se han disparado a niveles más alarmantes. El miércoles, hombres armados secuestraron a Miguel Tapí Rito, gobernador indígena de la comunidad El Brazo, y lo degollaron en un terreno cercano. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sostiene que no se trata de un caso aislado, sino que representa un modus operandi que se repite cada semana en distintos puntos del país. Un día después, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, en el departamento del Meta.

En conjunto, las agresiones contra activistas reflejan la persistencia de un Estado conformado por y para las oligarquías, cuyos integrantes tienen nexos orgánicos con los latifundistas que históricamente han despojado de sus territorios a indígenas y pequeños campesinos, hasta hacer de Colombia la tercera nación con mayor concentración de la tierra en América Latina, con 96 por ciento de las tierras productivas en manos de grandes propietarios. Asimismo, son la muestra más trágica del empeño del presidente Iván Duque –pupilo político del genocida ex mandatario Álvaro Uribe– en ignorar y sabotear el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en 2016 puso fin al conflicto armado más longevo del continente. La tolerancia rayana en la complicidad del gobierno de Duque con los grupos paramilitares de la ultraderecha ha llevado a que hasta principios del pasado noviembre hayan sido asesinados 236 ex integrantes desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual no sólo es atroz en sí mismo, sino que disuade a los grupos guerrilleros restantes de transitar el camino hacia la paz.

Un tercer vector de los atropellos se halla en los poderosos intereses extractivistas, especialmente en los del sector minero. Como advirtieron voces ambientalistas desde antes de la firma del acuerdo de paz, en ausencia de una voluntad política real para cumplir con los compromisos signados por el Estado, el vacío que dejó la desmovilización de las FARC no fue colmado con un resurgimiento comunitario y el regreso de los desplazados a sus territorios, sino con la renovada voracidad de las compañías que lucran con la destrucción de los territorios y el medio ambiente.

Para salir de esta espiral de violencia, la sociedad colombiana deberá exigir al gobierno de Duque que honre las obligaciones adquiridas por el Estado en el Acuerdo Final, cuyo texto parte de un enfoque de género, diferencial y territorial para garantizar el acceso a derechos en los territorios, inclusión social, fortalecimiento de la institucionalidad, ampliación y fortalecimiento de la democracia, eliminación de las brechas entre el campo y la ciudad, así como reparación a las víctimas.

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El coronavirus ocasionó una pandemia de  hambre

Advertencia de Naciones Unidas por el aumento del precio de los alimentos en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas alertó que la situación generada por el coronavirus es "dramática" y provocará una "pandemia de hambre" en América Latina. El director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Miguel Barreto, sostuvo que la enfermedad "se está transformando en una pandemia de hambre, ya que uno de cada tres habitantes de la región no tiene acceso a alimentos nutritivos y suficientes".

Durante una conferencia de prensa en la que presentó el "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020", el funcionario advirtió que "de mantenerse esa tendencia, se aleja la posibilidad de cumplir la meta de hambre cero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Y predijo que "en 2030 habrá 67 millones de personas con hambre en la región, sin considerar el impacto del covid-19".

En un informe presentado en Chile, la FAO estimó que unas 47,7 millones de personas padecieron hambre durante 2019 en América Latina. Este deterioro implicó un incremento de más de 13 millones de personas en los últimos cinco años "que se agudizaría" este año por el coronavirus, agregó el organismo.Si bien el estudio no profundiza en las cifras de los últimos meses, el especialista indicó que entre marzo y agosto se pasó de 3,4 a 17 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria severa, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

En el caso de América Central, Barreto destacó que al coronavirus se sumaron los huracanes Eta y Iota, creando "una tormenta perfecta" que impacta sobre unos cuatro millones de personas.Por su parte, Julio Berdegué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, refirió que "hay niños y niñas en el continente que viven en condiciones propias de países como Burkina Faso, Congo, Zimbabwe y Haití", principalmente habitantes rurales, indígenas y afrodescendientes.

Agregó que 104 millones de personas en la región no pueden pagar una dieta saludable por la desigualdad económica, un problema que se ha profundizado a partir de la llegada de la pandemia. En este esquema, 84 millones de niños dependen de programas de alimentación escolar y diez millones tienen como única comida del día la que reciben en la escuela.

A su vez, el director regional adjunto para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Youssouf Abdel-Jelil, expresó su preocupación por los problemas de malnutrición que se registran en zonas rurales y urbanas pobres, donde conviven el bajo peso con la obesidad. En ese sentido, llamó a establecer políticas públicas que atiendan a las madres desde el embarazo, promoviendo la lactancia materna exclusiva y la incorporación de alimentos nutritivos en el momento adecuado.

Mientras tanto el director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Anselm Hennis, dijo que "2020 será recordado como el año de la pandemia, en el que más de 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado y más de un millón de personas han muerto; además ha aumentado el desempleo, la pobreza y reducido el acceso a los servicios de salud".

A nivel mundial, el hambre se agravó debido a las repercusiones de la pandemia de coronavirus, entre ellas un fuerte aumento del precio mundial promedio de los alimentos, advirtió el organismo de la ONU para la alimentación. "Las repercusiones de la pandemia de covid-19, en particular en lo que respecta a la pérdida de ingresos, son un factor importante para los niveles de inseguridad alimentaria mundial", subrayó la FAO en su informe trimestral."

La pandemia está agravando e intensificando las condiciones ya de por sí frágiles ocasionadas por conflictos, plagas y perturbaciones meteorológicas, como los recientes huracanes en América Central y las inundaciones en África", recalcó la entidad. La FAO, que elabora cada trimestre un índice de los precios de los alimentos y analiza los avances en la lucha contra el hambre, agregó que 45 países necesitan hoy ayuda alimentaria externa. Entre esos 45, 34 se encuentran en África, y en la lista figuran también Haití y Venezuela, dijo la FAO en su informe, titulado "Perspectivas de cosechas y situación alimentaria", informó la agencia de noticias AFP.

Según el informe presentado por la FAO en Roma, donde tiene su sede, el índice de los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente", alcanzando en noviembre su "nivel más alto en seis años".Los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente". "El aumento mensual fue el más pronunciado desde julio de 2012 y situó el índice en su nivel más elevado desde diciembre de 2014", dijeron expertos de la entidad que hacen un seguimiento de los precios de los alimentos más comercializados a escala mundial.

"Todos los subíndices aumentaron en noviembre", subrayaron, entre ellos los precios de los aceites vegetales, con un alza "impresionante" del 14 por ciento debido a la contracción de las existencias mundiales. Los cereales aumentaron del 2,5 por ciento, entre ellos trigo y maíz. El índice de precios del azúcar aumentó en un 3,3 respecto al mes pasado ante las crecientes expectativas de un déficit de producción mundial en la próxima campaña de comercialización. El precio de los productos lácteos se incrementó en un 0,9, "el nivel más elevado de los últimos 18 meses", así como el de la carne del 0,9 por ciento respecto a octubre.

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Viernes, 04 Diciembre 2020 05:26

El otro Estados Unidos

Un hombre sin hogar recibe un cubrebocas en Venice, California; en EU hay 66 millones de personas blancas en situación de pobreza. Foto Afp

 

Desde la elección presidencial, nuestro país ha oscilado entre el júbilo y la ira, la esperanza y el temor, en una era de polarización agudizada por las fuerzas del racismo, el nativismo y el odio. Sin embargo, la verdad sea dicha, aunque el tono divisivo de este momento parece estar en ascenso, la división en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo.

En las semanas pasadas, he retornado a las palabras del doctor Martin Luther King, Jr., quien en 1967, apenas un año antes de ser asesinado, pronunció un discurso titulado proféticamente El otro Estados Unidos, en el que hizo una vívida descripción de una realidad que se siente como la actual, más que como la de entonces:

“Existen, literalmente, dos Estados Unidos. Uno es hermoso… desbordante con la leche de la prosperidad y la miel de la oportunidad.

 “Pero, por desgracia y tragedia, existe otro Estados Unidos. Este otro país tiene una fealdad cotidiana que constantemente transforma el entusiasmo de la esperanza en la fatiga de la desesperación.”

En tiempos del doctor King, ese otro país quedó al descubierto ante toda la nación por los disturbios sociales masivos y el cambio político. Y sin embargo, pese a las significativas ganancias obtenidas entonces, en las muchas décadas transcurridas la desigualdad ha crecido a niveles inimaginables, mientras la pobreza continuó confinada y en gran medida ignorada.

Hoy, en el invierno temprano de una pandemia incontenible y la crisis económica que la acompaña, hay 140 millones de estadunidenses pobres o de bajos recursos, que en número desproporcionado son personas de color, pero abarcan todas las comunidades del país: 24 millones de negros, 38 millones de latinos, ocho millones de asiáticos, dos millones de personas nativas y 66 millones de blancos. Más de la tercera parte de la población nacional ha sido relegada a la pobreza y la precariedad. En el espejo distorsionado de las políticas públicas, esos 140 millones de personas han permanecido esencialmente invisibles.

Sin embargo, al igual que en la década de 1960 y en otras épocas de nuestra historia, los pobres ya no esperan reconocimiento de Washington. Empiezan a organizarse, adoptando acciones decisivas para alterar la balanza del poder político.

Durante años he viajado por el país, trabajando para construir un movimiento que ponga fin a la pobreza.

En el condado de Lowndes, Alabama, por ejemplo, organicé a gente que vivía día con día con aguas negras en sus patios y moho nocivo en sus hogares. En territorio apache en Oak Flats, Arizona, estuve al lado de líderes nativos que hacían frente a generaciones de pérdidas y despojos, las más recientes a manos de una minera trasnacional del cobre. En Gray’s Harbor, Washington, visité a millennials que viven en campamentos para personas sin hogar, bajo el asedio constante de grupos milicianos y la policía. Y la lista, tristemente, crece cada día.

Ahora que el futuro gobierno de Joe Biden y Kamala Harris se encamina a la Casa Blanca, todos vivimos en una tierra en la que existen dos Estados Unidos, uno de riqueza inimaginable, el otro de pobreza miserable; un país de buena vida prometida y otro de muerte prematura casi garantizada.

Desatar el poder de los votantes pobres y de bajos ingresos

Joe Biden atrajo más electores pobres y de bajos ingresos que el presidente Trump, tanto en el resultado global como en estados claves, como Michigan.

Setenta y dos por ciento de estadunidenses dijeron que preferían un plan de atención a la salud dirigido por el gobierno, y más de 70 por ciento apoyaron elevar el salario mínimo, entre ellos 62 por ciento de los republicanos. Un número asombroso de estadunidenses están atrapados en condiciones deplorables y deseosos de un acuerdo justo con el status quo. Por otro lado, la supresión rampante de votantes y el fraude electoral con tintes raciales de la década pasada sugiere que los extremistas de la parte acaudalada del país irán a los extremos para socavar el poder de quienes están en el fondo de la sociedad.

El mandato de los pobres hoy en día

Ya hay políticos que aconsejan prudencia y retorno a los días anteriores a Trump, como si esa fuera la causa, no la consecuencia, de una nación desesperadamente dividida. Eso sería un desastre, ni más ni menos. Las fisuras en nuestra democracia requieren reparación urgente, no con palabras bonitas, sino con un nuevo pacto de gobernabilidad con el pueblo estadunidense.

Los estados considerados campos de batalla, que ganaron la presidencia para Joe Biden, han sido también campos de batalla en la reciente guerra contra los pobres. En Michigan, estado al que la desindustrialización golpeó primero y con mayor dureza, millones han batallado con las fallas en el suministro de agua potable y una crisis de desempleo. En Wisconsin, donde los sindicatos han sido atacados durante años y la austeridad se volvió la norma, las legislaturas locales han recortado los presupuestos y las políticas de bienestar social.

En Pensilvania, los hospitales rurales han estado cerrando a un ritmo alarmante, incluso desde antes de la pandemia. En Georgia, 1.3 millones de inquilinos –45 por ciento de los hogares en ese estado– estaban este año en riesgo de ser desalojados. Y en Arizona, la crisis climática y la Covid-19 han devastado comunidades enteras, entre ellas las de naciones indígenas.

La gente demanda más que sólo el fin del trumpismo. Demanda que comience una nueva era de cambio para los pobres y los marginados.

La primera prioridad en esa esa debe ser, por supuesto, adoptar una iniciativa integral de asistencia para controlar la pandemia y apoyar a los millones de estadunidenses que enfrentan ahora un invierno frío y oscuro, lleno de privaciones. Los primeros 100 días del gobierno de Biden se deben enfocar, al menos en parte, en lanzar una inversión histórica para asegurar protecciones permanentes para los pobres, que incluyan derechos electorales ampliados, cobertura universal de servicios de salud, vivienda accesible, un salario suficiente para vivir y un ingreso anual garantizado, para no mencionar dejar de invertir en la economía de guerra y una rápida transición hacia una economía verde.

El previsible impasse entre el próximo gobierno y la oposición republicana no se romperá con grandiosos discursos en la Cámara de Representantes o el Senado. Solo puede romperlo un vasto movimiento social, capaz de despertar la imaginación moral de la nación.

Es hora de ponerse a trabajar.

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Por Th eoharis,  teóloga, directora del Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice en el Union Theological Seminary en Nueva York y copresidenta de Poor People's Campaign: A National Call for Moral Revival, Es autora de Always With Us? What Jesus Really Said About the Poor.

Una versión de este artículo fue primero publicada en TomDispatch.

Traducción: Jorge Anaya

Publicado enInternacional
“La Renta Básica tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder”. Entrevista a Daniel Raventós

Desde España, en una entrevista exclusiva para Revista Mugica, el doctor en Ciencias Económicas y presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, brinda los principales fundamentos de lo que, considera, debe ser una propuesta progresista que tenga como eje la renta básica.

Un elemento central de la Renta Básica es su condición de universal en sentido fuerte, esto es, para todos los ciudadanos y de manera incondicionada. ¿Por qué este tipo de renta sería más justa que una renta dirigida a sectores socioeconómicos desaventajados? Se lo pregunto porque intuitivamente no parecería del todo justo que el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre.

La pregunta tiene una respuesta clara que voy a dar a continuación, pero antes es preciso decir que lo que a usted no le parece justo, en realidad nadie lo propone. Dice usted que no le parece justo que “el hombre más rico y el más pobre de un mismo país reciban la misma renta cuando evitando darle al más rico podría dársele el doble al más pobre”. No sería justo, efectivamente. En todo proyecto de financiación que en mi opinión valga la pena tener en cuenta, la RB debe financiarse mediante una reforma fiscal que suponga una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. La confusión puede residir en equiparar el hecho de que la RB la recibe toda la población con la idea (errónea) de que todo el mundo gana. La recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Vayamos ahora a responder propiamente a la pregunta.

Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su contraste con la RB son ilustrativos. Solamente voy a referirme a algunos: costos administrativos, trampa de la pobreza,  non-take-up y estigmatización.

Los costos administrativos. Los subsidios condicionados tienen unos costes de administración muy elevados. Esto es un viejo y conocido problema. Si se debe seleccionar quién “merece” y quién no un subsidio condicionado se debe controlar que las personas realmente encajen en el modelo condicionado. Costos inmensos en distintas vertientes, pero una es especialmente interesante: costos muy altos proporcionalmente a las pocas personas que perciben estos subsidios. La condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales y, no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles, decenas de miles, según la población y el lugar, de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios condicionados. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La RB no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población, incondicionalmente. Pero los costes no solamente son para la administración, son también para los solicitantes. Aunque no formen parte de los costes administrativos, los sufren las personas que solicitan subsidios. A menudo deben desplazarse e incluso realizar algún viaje para acceder a las oficinas de prestaciones, esperar, hacer colas, rellenar formularios difíciles para determinadas personas. Y esto son costes no solamente económicos sino de tiempo: otro monumento a la irracionalidad.

La trampa de la pobreza.Este problema es muy grave. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la RB funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RB con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. En 35 estados de EE.UU. la trampa de pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un trabajo con un salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa de la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero aunque puede mejorar algo determinadas situaciones, el problema de la trampa de la pobreza es intrínseco a la condicionalidad. La RB supera muy bien este grave problema de la trampa de la pobreza.

El non-take-up (NTU) o tasa de solicitud de prestaciones condicionadas: la fracción de las personas que no solicitan una prestación a pesar de cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho, por tanto, a ser perceptores. Las proporciones de las personas que no solicitan las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos casos llega al 60%. Las razones son de distinto tipo: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. Pero que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan los subsidios condicionados es un grave problema. Para una RB no es necesario apuntar que el fenómeno del NTUdesaparece.

Estigmatización. Esta lacra está asociada a los subsidios condicionados: la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse, en las ventanillas de la administración, como “pobres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpables” de ser unos “fracasados” o “extremamente” pobres. Los subsidios condicionados comportan a menudo preguntas intrusivas, incluso sobre las relaciones personales más íntimas de las personas solicitantes, que pueden ser complementadas con controles de visitas en el domicilio. A veces la administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, qué duda cabe, estigmatiza. La RB no estigmatiza por una razón muy evidente: la recibe toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza a colectivos sociales o personas determinadas, no se puede estigmatizar a toda la población. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una RB que se otorga a todos los miembros de la sociedad.

La Renta Básica no es necesariamente una propuesta de izquierda. De hecho hay sectores de derecha que son parte de una tradición que va desde Friedman hasta Murray y que encuentra en ella la posibilidad de acabar con el Estado de Bienestar. ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas de izquierda y de derecha respecto a la Renta Básica?

Las propuestas y apoyos de la RB provienen de posiciones políticas, académicas y sociales muy diversas. Algunos partidos de derechas y otros de izquierda han defendido en algún momento la RB en distintos lugares del mundo. Hay partidos que circunstancialmente coquetean con la RB y la defienden durante un tiempo. Una de las razones de la brevedad temporal de la defensa de la RB por parte de algunos partidos está en lo que podríamos establecer como “ley de la lejanía del poder” que puede ser anunciada así: la RB tiene más apoyos por parte de partidos políticos cuando más alejados están del poder. O también: la RB recibe menos apoyos cuando más cerca están los partidos del poder. A ello se refieren Van Parijs y Vanderborght cuando hablan del “apoyo barato” de algunos partidos a la RB cuando están muy lejos del poder. Y la falta de apoyo cuando están cerca.

Pero aún así, sigue siendo cierta la afirmación de que algunos partidos y académicos de derechas, así como otros de izquierda han defendido en el pasado o defienden en la actualidad la RB. Esta realidad ha comportado que algunas personas se hayan sentido perplejas ante lo que este “prodigio” supone: ¿derechas e izquierdas defienden algo tan especial como la RB de forma común? No, no hay tal prodigio. Las diferencias más importantes entre las propuestas de RB de derechas e izquierdas pueden agruparse en los siguientes ítems.

En cómo se financia la renta básica. O, lo que es lo mismo, qué parte de la población gana y qué parte pierde. Para las propuestas claras de izquierda, la financiación de la RB significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más ricas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto.

En las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la RB. La izquierda asume la defensa de la sanidad y la educación públicas, y en general, del Estado de bienestar. La derecha no. Los defensores de derechas pretenden desmantelar el Estado de bienestar (o lo que queda en algunos lugares del mismo) “a cambio” de la RB —sería el caso por ejemplo del que usted cita, Charles Murray (Milton Friedman no defendía una RB, defendía un impuesto negativo sobre la renta también a cambio de desmantelar el estado de bienestar), el economista que defiende la RB en las páginas del Wall Street Journal: el título de uno de sus libros, de 2006, es suficientemente explícito In Our Hands: A Plan to Replace Welfare State.—, persiguiendo sus clásicos objetivos de “adelgazamiento” del Estado —excepto la policía, el ejército y los tribunales de justicia, significativamente— y de reducción de la presión fiscal a los ricos. La izquierda no concibe la libertad de forma independiente de las condiciones materiales de existencia. Para la izquierda, una RB podría, y debería, ir acompañada de más y mejores servicios públicos. La Red Mundial de Renta Básica (BIEN por sus siglas en inglés) que fue fundada en 1986 y que ahora tiene secciones en todos los continentes, es clara en este aspecto, afirmando en una resolución aprobada en la Asamblea General de la BIEN en Seúl en 2016, que su versión de la RB es:

“[E]stable en cantidad y frecuencia y lo suficientemente alta como para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esa sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos.”

Los defensores de izquierdas de la RB también entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores. Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen legalmente a ambas partes como “iguales”, no es complicado ver cómo una RB mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse. El aumento del poder de negociación de los trabajadores y de las mujeres que supondría la RB, según defiende la izquierda, no es admitido como bueno o deseable por la derecha. Adicionalmente, la derecha prefiere cantidades pequeñas de RB por debajo del umbral de la pobreza para “incentivar” el trabajo remunerado. Sobre el cada vez más desarrollado porcentaje de “trabajos de mierda”, como los catalogaba el recientemente fallecido David Graeber, la derecha es insensible a la cuestión puesto que justifica que siempre se han tenido que desarrollar trabajos desagradables y poco interesantes para hacer posible el crecimiento.

En la neutralidad del Estado. Para la derecha la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda  significa que debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a los Estados, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Con una defensa de una renta máxima, por ejemplo. Un Estado republicano debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida”. Republicanamente, se presupone que el Estado deba ser equidistante entre las distintas concepciones de la buena vida, pero, cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad republicana significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte.

En las medidas que deberían acompañar a una RB. La RB sería una medida propia de la esfera de la política económica, pero no es una “política económica” por sí sola, como ya se ha explicado. La diferencia entre las propuestas de izquierdas y de derechas también se hace evidente por la cantidad y tipo de medidas adicionales que éstas implican en el campo de la política económica. Por ejemplo, gravar con impuestos a los ricos para que éstos de hecho paguen la RB del resto de la población es inadmisible para la derecha. Para la izquierda republicana gravar de forma severa a las grandes fortunas sería una medida muy necesaria. El hecho de que tres personas en los Estados Unidos –Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett– poseían en 2017 más riqueza que la que tenía en conjunto la mitad más pobre del país es tout court inadmisible republicanamente.

¿Cómo se podría financiar un programa de Renta Básica? ¿Están pensando en algún tipo de impuesto progresivo en particular? ¿Acaso un impuesto sobre las grandes fortunas? 

Junto con Jordi Arcarons y Lluís Torrens llevamos años exponiendo con detalle algún modelo de financiación de una RB para el conjunto de la población del reino de España. Explicarlo aquí con detalle sería muy largo. Puede verse por ejemplo aquí: https://www.sinpermiso.info/textos/nuevos-modelos-para-financiar-una-renta-basica-incondicional-y-universal Lo que sí puedo es resumir los resultados. Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en el reino de España de 7.500 euros al año (cantidad que puede sufrir pequeñas modificaciones al alza o a la baja en el resultado final que estamos elaborando, pero que serían insignificantes) y del 20% a los menores de edad.

Para la financiación de esta RB, además de lo recaudado hasta ahora, es decir, sin tocar ni un euro de ninguna otra partida actual (sanidad y educación públicas no se tocarían, por si alguien tiene alguna duda) excepto las prestaciones monetarias que fueran redundantes con la RB, el dinero saldría de: una reforma del IRPF.

La gran mayoría de la población declarante actual en el IRPF y no declarante saldría ganando respecto a la situación actual. Solamente las decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Un porcentaje cercano al 80% de la población situada en los niveles inferiores de renta por debajo del 20% más rico saldría ganando con la reforma. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.500 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años.

El índice de Gini pasaría de ser uno de los más desigualitarios de Europa a convertirse en uno de los más igualitarios del mundo.

Más allá de que la estructura y la presión impositiva varían en cada país, ¿han calculado cuánto más deberían aportar los sectores más aventajados para que el modelo sea sustentable?

En los modelos de financiación de una RB que anteriormente he resumido sus resultados, no se incluye una carga impositiva específica a las grandes fortunas. Si se implantase un impuesto del 10% a la decila de mayor riqueza de la población del reino de España (sin contar su vivienda de residencia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96.000 millones de euros. Exactamente sería aplicar un recargo al cruce de la decila de mayor patrimonio (riqueza) y de la decila de mayor renta, que según la Encuesta Financiera de las Familias del año 2014 acumula las nada despreciables cifras de más de 0,085 billones de euros de renta y de 0,96 billones de euros de patrimonio (descontando la vivienda habitual). La cantidad de 96.000 millones supone mucho más dinero que todas las pensiones de jubilación. Y solamente se trataría del 10%. Un 20% al 10% más rico patrimonialmente recaudaría claro está el doble, es decir, 192.000 millones. Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rico en patrimonio, sin lugar a dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su último libro Capital e ideología: a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un tipo del 10%; a quien lo tenga de 1.000 veces, del 60%; a quien lo tenga de 10.000 veces, del 90%.

Hay otros recursos, claro está. Como por ejemplo los vergonzosos 11.000 millones que anualmente el Estado español, formal que no realmente laico, aporta a la iglesia católica. En fin, posibilidades hay más de una, por supuesto.

En general, las perspectivas liberales afirman que las rentas o subsidios brindados por el Estado, sean universales o a través de una discriminación positiva, quitan incentivos y promueven valores poco encomiables para la vida en sociedad. Si la renta básica es ambiciosa y pretende garantizar vivienda, comida y ocio en el marco de un Estado de Bienestar que paralelamente garantiza salud, seguridad y educación, ¿qué tipo de incentivos de mayor productividad encontrarían los beneficiarios? 

Esta crítica es habitual. Con una RB la gente no trabajaría, acostumbran a decir algunos de sus críticos. Los experimentos realizados en distintos lugares del mundo a lo largo de los últimos años (en Namibia, India, Barcelona, Finlandia…) muestran que esta crítica no se basa en hechos sino en perjuicios. En cualquier caso, acostumbra a preocupar a algunos críticos de la RB que los pobres puedan “perder los incentivos” para buscar otras fuentes de renta, en cambio los ricos, por mucho dinero que tengan, parece que nunca pierden estos incentivos. O  bien los ricos son más virtuosos, o bien tienen un amor al trabajo superior al resto, o bien los pobres son unos viciosos, o bien unos vagos casi genéticos… pero lo que sirve para unos no sirve para otros, parece ser. Sabemos que precisamente en los experimentos mencionados las personas, liberadas de la angustia vital para encontrar un trabajo aunque sea de mierda, por utilizar una muy buena y académica expresión del ya mencionado David Graeber, trabajo que en ocasiones no se llegará a lograr, se consideran capaces de emprender actividades que sin la RB no se veían capacitados o con ánimos de emprenderlas. Curioso: las evidencias no corroboran que con una RB las personas sean menos activas laboral y económicamente. En realidad, tienden a serlo más. Pero para algunos críticos de la RB si la realidad les lleva la contraria, peor para la realidad. Manera poco científica de evaluar la realidad.

24/11/2020

Daniel Raventós 

es editor de Sin Permiso. En enero, la editorial Catarata publicará su libro "Renta Básica: ¿Por qué y para qué?”, con prólogo de Guy Standing y epílogo de María Julia Bertomeu.

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