Julian Assange, frente a la embajada de Ecuador en febrero de 2016.

El próximo 4 de enero la justicia británica decidirá sobre su extradición en un caso cuyas consecuencias pueden ir mucho más allá del destino particular del fundador de Wikileaks

 

¿Es Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un periodista? Algunos profesionales creen que sí: es un tipo que intenta conseguir información y la distribuye. Otros creen que no: los periodistas no deberían publicar información sin contrastarla y analizarla previamente y deben dar siempre la opción de defenderse a las personas aludidas, algo que Assange nunca ha hecho. El debate está servido desde hace una década, pero lo que le ocurra a este programador informático el próximo 4 de enero, cuando se decidirá su extradición a Estados Unidos, podría tener consecuencias en el ejercicio de la libertad de prensa en el futuro. 

Esta es la tesis que defiende el documental The War on Journalism: The Case of Julian Assange, estrenado este martes en Barcelona en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos con la presencia del padre de Assange y del relator de la ONU sobre torturas Nils Melzer. El certamen contará con más de 110 películas entre las que se encuentran trabajos de Ai Weiwei o del iraní Jafar Panahi, cuya película 3 Faces ganó el galardón de mejor guion en el Festival de Cannes. 

En 2010, Wikileaks obtuvo la mayor filtración de documentos secretos militares y diplomáticos de la historia. Las revelaciones permitieron demostrar todo tipo de crímenes de guerra llevados a cabo por Estados Unidos. Desde las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib hasta el asesinato en Bagdad de 11 civiles -entre ellos, dos reporteros de la agencia Reuters- por parte de militares estadounidenses que dispararon desde dos helicópteros. "No necesitas ser ningún especialista para ver que eso fueron crímenes de guerra", señala en el documental Nils Melzer, el relator de la ONU.

Ninguno de los autores de estos presuntos crímenes de guerra ha sido juzgado ni condenado. En cambio Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del Ejército estadounidense y la filtradora de todos los documentos a Assange, pasó varios años en la cárcel hasta que Barack Obama la indultó en 2017 poco antes de abandonar la Casa Blanca. Había sido condenada a 35 años entre rejas.

En el caso de ser extraditado, Assange (Townsville, Australia, 1971) se enfrentará a penas de 175 años de cárcel por 17 acusaciones bajo la ley de espionaje de Estados Unidos. La norma, aprobada en 1917 durante la primera guerra mundial, ha sido objeto de polémica e impugnada varias veces en los tribunales a lo largo del último siglo. No es la primera vez que el Gobierno estadounidense la intenta utilizar contra informaciones incómodas y uno de los ejemplos más ilustres fue el de los llamados papeles del Pentágono, publicados en 1971 por The New York Times en primer lugar y después por The Washington Post.

A Assange se le acusa de solicitar y recibir información clasificada, una práctica que supone la rutina para no pocos periodistas. "¡Pero si es lo que hago yo para ganarme la vida!", exclama en el documental Barton Gellman, periodista de investigación de la revista The Atlantic y ganador de un premio Pulitzer. 

Precisamente el debate que lleva una década instalado entre muchos periodistas -¿Es el fundador de Wikileaks uno de los nuestros?- es el mismo que se dirimirá si Assange es extraditado. En el caso de que fuese condenado por espionaje, algunos de los periodistas más prestigiosos del mundo consideran que podría ser la antesala de otras condenas a reporteros que publican material sensible.

La difícil relación de Assange con los medios

Cuando Wikileaks obtuvo los documentos confidenciales, Assange decidió trabajar con medios de distintos países para publicar el material que le había conseguido Manning. Acudió primero a The Guardian, que propuso compartir la filtración con The New York Times y Der Spiegel ante el gran volumen de información que debía manejarse. Para una posterior filtración Assange contó también con Le Monde y El País. La abogada del programador informático recuerda que, si al australiano se le procesa por recibir y publicar información clasificada, también estos medios deberían ser juzgados por los mismos hechos. "Recibir y publicar información no te convierte en un espía", opina la letrada en el documental.

Assange, sin embargo, no trabajaba igual que un periodista. Tanto The New York Times como The Guardian, los medios que más lo trataron, acabaron teniendo muy mala relación con el fundador de Wikileaks. Assange les reprochaba que dejaran buena parte de la información sin publicar para no poner vidas o operaciones de inteligencia en peligro. También le enfadaba que no quisieran enlazar sus informaciones a la web de Wikileaks, donde todos los documentos se publicaban prácticamente de manera íntegra.

Los medios, por su parte, acabaron hartos del afán de notoriedad de Assange así como de su difícil carácter. Normalmente una fuente de este tipo pide discreción, pero él buscaba protagonismo. Bill Keller, en ese momento director del Times, lo definió como "elusivo, arrogante, manipulador y volátil" en un largo artículo en el que describió la relación del periódico con él.

A pesar de las diferencias con Assange y de sus reservas a definirlo como un periodista, tanto Keller como Alan Rusbridger, otrora director de The Guardian, creen que juzgarle por espionaje en EE.UU. puede tener consecuencias nefastas para la libertad de prensa en todo el mundo. "Me sorprende que tanta gente no vea que este caso tiene implicaciones preocupantes para todos los periodistas", señaló Rusbridger el pasado agosto.

El documental también apunta a las pocas posibilidades de que Assange tenga un juicio justo tanto en la decisión de extraditarlo, que se tomará en el Reino Unido, como si acaba siendo trasladado a EE.UU. Según el film, la jueza británica que decidirá sobre su extradición tiene un cónyuge y un hijo con intereses en empresas de ciber inteligencia. Sobre el juicio en EE.UU, el tribunal donde se juzgará su caso se conoce como el "tribunal del espionaje" porque las personas que formarán el jurado o sus familiares tienen muchos números de estar relacionadas con agencias de seguridad estadounidenses. 

En pocos kilómetros a la redonda de donde se le juzgará están la sede de la CIA, la del FBI, la del Pentágono y la del Departamento de Seguridad estadounidense en un distrito en el que también se han asentado un gran número de empresas de seguridad que son contratistas de las mencionadas agencias gubernamentales. Uno de los asesores más prestigiosos del país a la hora de elegir a miembros del jurado rechazó formar parte de la defensa de Assange cuando se enteró del distrito en el que se celebraría el juicio. "No tienes nada que hacer", le dijo este especialista, que participó en juicios tan mediáticos como el de O.J Simpson entre 1994 y 1995.

La conexión española con la CIA

El documental también aborda la conexión española con el caso Assange, fruto de la participación de una compañía de Jerez en el espionaje al fundador de Wikileaks cuando estaba recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo encerrado durante casi ocho años tras pedir asilo al país sudamericano.

Esta empresa española, llamada U.C Global, fue contratada en un principio por la propia embajada para velar por la seguridad de Assange. La compañía, no obstante, fue presuntamente captada por la CIA para obtener información sobre las actividades del australiano dentro de la embajada. Así lo aseguraron tres extrabajadores de la empresa ante la Audiencia Nacional en calidad de testigos protegidos.

Según el documental, el director de esta empresa, David Morales, viajó en 2016 a una feria de seguridad en Las Vegas. Fue allí donde presuntamente conectó con la CIA y empezó a colaborar con la inteligencia estadounidense. Empleados de U.C Global sustituyeron entonces todas las cámaras de la embajada de Ecuador por equipos que también registraban el audio. Incluso se pusieron grabadoras dentro del lavabo, donde Assange celebraba reuniones ante las sospechas de que le espiaban. La intrusión llegó incluso hasta los encuentros de Assange con sus abogados en los que preparaba su defensa. 

"Soy un mercenario y voy a pecho descubierto", aseguró Morales a uno de los trabajadores de su empresa, que acabó denunciando los hechos cuando vio que el espionaje también alcanzaba a la mujer de Assange y a su hijo. Morales niega que trabajara para la CIA y asegura que fue el Gobierno de Ecuador quien le ordenó espiar al programador informático. Afirmó el pasado febrero ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que la persona que le hizo el encargo fue el exembajador ecuatoriano Carlos Abad. Casualmente Abad había fallecido unos meses antes.

Según el documental, que se basa en las declaraciones de los extrabajadores ante el juez, quien conectó a Morales con la CIA fue otro viejo conocido de los medios españoles. El hombre que presuntamente hizo de intermediario fue Sheldon Adelson, el gran magnate del juego que en lo más profundo de la crisis aterrizó en España con un faraónico proyecto de casinos, llamado Eurovegas, que supuestamente iba a generar 250.000 puestos de trabajo. Catalunya y la Comunidad de Madrid se pelearon por esa inversión, que finalmente quedó en una mera declaración de intenciones.

Por Pol Pareja

1 de diciembre de 2020 22:41h

//twitter.com/@polpareja">@polpareja

Publicado enSociedad
Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

Publicado enInternacional
Un agente de policía con una pistola taser en una imagen de archivo. EP.

No existe un marco regulador común que fije requisitos a la hora de usar estas armas a pesar de que hay estudios que certifican su peligrosidad. Los sindicatos policiales las reclaman y asociaciones pro derechos humanos las critican. 

 

La utilización de las pistolas taser por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vuele a estar en el punto de mira. Este jueves se difundió un vídeo en el que un dispositivo de los Mossos d'Esquadra reducía con una de estas armas a una joven en la puerta de un hospital entre críticas por hacer un uso de la fuerza preocupante y desproporcionado.

Desde su llegada a España, el debate en torno al uso de este instrumento ha suscitado la polémica. Mientras que los sindicatos policiales defienden la incorporación de este tipo de armas, que consideran que generan una "lesividad mínima", organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos como Amnistía Internacional están preocupadas por los riesgos que entrañan para la vida de las personas. Por su parte, la ONU las considera un dispositivo de tortura que puede ocasionar la muerte.

Repasamos algunas de las claves sobre el uso de estos dispositivos en España.

¿Qué son y qué efectos tienen sobre quien recibe un disparo?

Las pistolas taser son unas armas diseñadas para incapacitar a una persona o a un animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo temporalmente. Taser es la marca y su nombre procede del acrónimo de Thomas A. Swift's Electric Rifle, la obra de Victor Appleton escrita en 1911 en la que su protagonista crea un rifle eléctrico.

Los riegos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas

Aunque los que promueven su uso aseguran que únicamente inmovilizan generando una incapacitación inmediata y transitoria de las persona mediante pulsos eléctricos y que en ningún caso hay consecuencias mayores, lo cierto es que los efectos sobre los ciudadanos que reciben los disparos sí que pueden ser graves. Amnistía Internacional señaló en 2015 que las lesiones secundarias que puede generar al afectado al desplomarse pueden ser incluso letales. Además, los riesgos de muerte se incrementan si hablamos de personas con dolencias cardíacas o mujeres embarazadas. 

La joven que recibió este jueves tres disparos con una de estas armas en Sabadell, Paula Parra, ha relatado en TV3 que con el primer tiro sintió un pinchazo en el pecho durante unos segundos y acto seguido notó una descarga eléctrica que la tiró al suelo. Después de este, recibió otros dos impactos en el brazo, ha explicado. 

Una investigación de Reuters asegura que en Estados Unidos, en unos 20 años, han muerto más de 1.000 personas que habían sufrido un "incidente" con una de estas pistolas. En 153 de estos casos las autoridades han confirmado  que las tasers fueron culpables directos o contribuyeron al fallecimiento.

¿Quién las usa?

En Catalunya, el Parlament autorizó en julio de 2016 que se dotara a la Policía catalana de estas armas. Los Mossos d'Esquadra utilizaron por primera vez una taser en septiembre de 2018 para reducir a un hombre que se comportaba de manera agresiva con su exmujer y su hija en un bar de Girona. En Euskadi, el Gobierno vasco dedicó en el año 2017 una partida de 50.000 euros para comprar este tipo de dispositivos a la Ertzaintza. 

También unos 200 cuerpos de policías locales de diferentes ayuntamientos las han incorporado ya. "La falta de regulación y de un marco normativo general genera un vacío legal", que permite que cada Administración decida por su cuenta si usarlas o no, señala el portavoz de la Fundación por los derechos humanos Irídia, Andrés García.

De los grandes consistorios, el de Madrid ha dotado a su Policía Local con más de 200 pistolas taser bajo el pretexto de que la utilización de las armas eléctricas respetará criterios garantistas para la seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona no las ha incorporado por el momento, pero sí que lo han hecho más de una cincuentena de municipios catalanes. Mientras, los sindicatos han solicitado que se incorpore como arma para el cuerpo de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Por su parte, la Policía Nacional recientemente ha comprado un lote de 1.000 de estos dispositivos. También está previsto que agentes de la Guardia Civil tengan acceso a ellas. 

¿Bajo qué protocolos?

El principio básico es que los cuerpos policiales solo deberían hacer uso de estas armas cuando la situación entrañe un riesgo grave para la integridad física. Ahora bien, no existe un marco normativo común que regule su uso.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos han reclamado tanto al Congreso como al Ministerio de Interior la necesidad de que se cree una instrucción de uso que cumpla con ciertos requisitos. En concreto, exigen que cada intervención con una taser quede grabada, cuestión que por el momento no es indispensable.

Para el ministerio de Grande-Marlaska "no es obligatorio ni necesario" que los agentes que porten las armas eléctricas registren sus intervenciones "con carácter general" a pesar de que el modelo adquirido por el Ejecutivo ofrece la posibilidad de realizar grabaciones. Mientras, para García es "absolutamente imprescindible porque es la única manera de garantizar que todas las actuaciones serán revisadas". 

¿Cuáles son las consecuencias?

El portavoz de Irídia señala que la implementación de las pistolas de electrochoque en los cuerpos de seguridad de Estado puede traducirse en un aumento de la violencia institucional.

Para Amnistía estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida

A Amnistía Internacional también le preocupa porque a su juicio, estas armas se prestan, por su naturaleza, a ser utilizadas de manera indebida: son fáciles de llevar, de usar y de causar un gran dolor sin dejar grandes marcas visibles. Además, y coincidiendo con la postura de la ONU, consideran que pueden convertirse en herramientas de tortura si se utilizan cuando la persona ya está reducida o bajo custodia policial.

García señala que existe el riesgo de que ciertas situaciones que se podrían resolver con otros métodos policiales, se acaban utilizando también estas armas: "Es una herramienta cómoda, fácil y segura para el agente, pero lesiva y que puede llegar a ser letal para la ciudadanía". 

27/11/2020 22:13 Actualizado: 27/11/2020 23:02

Por celia vasco

@CeliaVasco_

Publicado enSociedad
Un general del Ejército de Bolivia fue detenido por la masacre de Sacaba

El primer arrestado por la represión del régimen de Jeanine Áñez

 

El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército de Bolivia Alfredo Cuéllar, fue detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos once personas por impacto de bala.

Así lo comunicó su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuéllar frente a la Fiscalía, en la que expuso que él "solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación". Se trata del primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras el golpe de Estado contra Evo Morales a quien la oposición y las Fuerzas Armadas no reconocieron como ganador de los comicios presidenciales. 

Al menos once personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo.

Paredes presentó en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados "en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)".

Ese plan, continuó Paredes, "básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal". Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades "al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar", ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa 'La Razón'.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Senkata "hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Áñez".

Por su parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron este martes de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la documentación recopilada por los familiares de la masacre para ayudar a su investigación sobre los hechos.

El grupo de expertos del CIDH empezó su investigación sobre los acontecimientos este lunes, aunque en un informe preliminar calificó de "masacres" la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos.

Publicado enInternacional
Pedro Arrojo

Pedro Arrojo habla con 'Público' después de emitir un comunicado en el que reclama a España y al resto de gobiernos del mundo a garantizar el derecho al agua y a un saneamiento digno. El experto de la ONU insiste en que sea una medida que se extienda más allá de la pandemia, ya que se trata de un derecho humano inquebrantable.

 

El relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano del Acceso al Agua y el Saneamiento, Pedro Arrojo, ha hecho un llamamiento para que España y el resto de gobiernos del mundo prohíban los cortes de agua a las personas vulnerables. "Vivimos tiempos duros por la pandemia de la covid-19 y sus graves consecuencias sobre la salud pública. Una de las pocas formas de prevenir el contagio consiste en practicar una adecuada higiene usando simplemente agua y jabón. Pero para ello es necesario disponer de adecuados servicios de agua y saneamiento en el marco de una vivienda digna", expone el texto de la declaración a la que ha tenido acceso Público.

El llamamiento realizado por Arrojo –que cuenta con el respaldo de otros más de veinte relatores de la ONU especializados en otras áreas– llega en un contexto de pandemia clave y con una mirada velada hacia el Ejecutivo español, que permite los cortes de suministro de agua desde septiembre, momento en el que el denominado escudo social para la covid-19 finalizó y dejó sin posibilidad de acceso al agua potable y al saneamiento a cientos de familias, empobrecidas por las consecuencias económicas de la pandemia. 

En una conversación con este medio, Arrojo manifiesta que se trata de un llamamiento global, pero reconoce que España, país al que considera "líder junto con Alemania" en el acceso al agua, debe volver a levantar el escudo social para salvaguardar que todas las personas puedan tener garantizada unas condiciones de higiene dignas por la covid-19. "El Gobierno debería, por sus obligaciones internacionales y por ese prestigio que atesora como país al que representa, plantearse esa idea de hacer de la necesidad una virtud permanente", expone, en relación a regular el fin de los cortes por impagos entre la población más empobrecida.

"Ahora se debe hacer por urgencia y con rapidez, pero se tiene que regular el asunto de manera definitiva, de modo que no se pueda cortar el agua a familia en situación de vulnerabilidad nunca", agrega, para reclamar que se sienten las bases de una nueva normativa estatal que, más allá de la pandemia, garantice este derecho humano.

Preguntado por las presiones de las empresas privadas que controlan los suministros de agua potable –las cuales ya enviaron una carta a la ministra Teresa Ribera reclamando que se permitieran aplicar cortes por impago durante la primera ola de la pandemia–, Arrojo argumenta que "obtener beneficios económicos no puede servir de pretexto para quebrantar un derecho humano". No en vano, el experto, comenta a Público que "no entendería que ningún gobierno se dejase presionar" y cediera en términos de derechos humanos.

Tras recalcar que el llamamiento va dirigido "a todo el mundo, no sólo a España", el relator advierte que la prohibición de los cortes que se reclama desde la ONU no debe ser interpretada como un falso derecho a no pagar por el agua, ni tampoco debe dar pie a "picaresca". "El que puede pagar debe pagar", afirma. "En países como España hay una estructura capaz de identificar las situaciones particulares de los ciudadanos para saber quién está o no en situación de vulnerabilidad".

En relación a la pandemia que vive España, Arrojo pone como ejemplo las pésimas condiciones de vida de los temporeros, que han sufrido contagios masivos durante el verano en el Bajo Aragón, precisamente por la falta de acceso al agua y a una vivienda digna. También señala a los refugiados que continúan acampados en Moria (Grecia), de los que "apenas nos llegan noticias" sobre los casos de coronavirus, y quienes apenas tienen posibilidad de lavarse con agua a diario. "No podemos estar orgullosos de que esto ocurra en ámbitos europeos", denuncia, "deberíamos aprender una lección de todo este dolor". 

El relator insiste en la idea de que el derecho humano al agua y al saneamiento digno debe de trascender a la pandemia, de modo que cuando la vacuna llegue, tampoco se produzcan cortes de suministro a las personas sin recursos. En ese sentido, señala al futuro que viene marcado por el cambio climático, un fenómeno que va a "acelerar la gravedad de este problema", sobre todo en "zonas que ya están al límite de la habitabilidad como el Sahel". Sin embargo, que la accesibilidad al agua se reduzca en los próximos años "no debe ser razón para que se quebrante un derecho básico", ya que el consumo humano sólo representa, en cifras globales, el 2% del total de los acuíferos y ríos con agua potable. "Hay que dar prioridad para que nadie se quede sin ello".

663 millones de personas sin acceso a agua

El acceso al agua potable fue declarado como derecho humano en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha impedido que miles de personas carezcan de este bien.  Según este organismo, se estima que 3.000 millones de personas no disponen de un lavabo en sus casas para poder lavarse las manos. Otros 4.500 millones no dispondrían de saneamiento digno en sus hogares, lo que incrementa la exposición a enfermedades por falta de higiene.

Según los datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), al menos hay 663 millones de personas en el planeta que no tienen ningún tipo de acceso a fuentes de agua potable mejorada. La mayor parte se encuentran en África Subsahariana, con 319 millones ciudadanos afectados por esta carencia. Le siguen Asia Meridional, con 134 millones de personas; Asia Oriental, con 65 millones; y Asia Sudoriental, con 61 millones.

Todo ello contribuye a que anualmente mueran 340.000 niños menores de cinco años por causa de enfermedades diarreicas que se relacionan con la falta de higiene en el acceso al agua y el saneamiento digno, según la OMS. Además, se estima que 161 millones de niños sufren algún tipo de retraso en el crecimiento o malnutrición crónica por esta misma causa.

 18/11/2020 22:46

alejandro tena

Publicado enSociedad
Sábado, 14 Noviembre 2020 05:52

Polonia. La revolución de las mujeres

Polonia. Cinco noches de protestas

El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia sentenció que la ley sobre el aborto vigente desde 1993 era parcialmente inconstitucional. Dicha ley autorizaba el aborto en función de tres causas: amenaza para la salud y la vida de la mujer, constatación de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible ¡y la sospecha de que el embarazo era fruto de un delito: es decir, violación o incesto. El Tribunal consideró que dos últimas causas contradicen las disposiciones constitucionales sobre la protección de la vida. De ese modo, una institución que teóricamente garantiza el orden jurídico atenta contra los derechos de las mujeres, incrementando su sufrimiento. Tanto de las mujeres que portan un organismo muerto o un feto con malformaciones o enfermedades irreversibles como de las que desean procrear en el futuro. En el primer caso, tener que parir una criatura que nace muerta o que se sabe de antemano que no sobrevivirá constituye todo un infierno para la madre.

Un régimen propio de la inquisición

Este tipo de heroísmo se inscribe en la visión de Jaroslaw Kaczyński, presidente del partido gubernamental PiS (Ley, Derecho y Justicia), quien declaró que merecía la pena parir un niño muerto, aunque no fuese más que para bautizarlo y enterrarlo. Sin embargo, el carácter bárbaro de este criterio no es nuevo en la política polaca. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es una de las luchas más encarnizadas en Polonia desde hace años. Una lucha que la derecha polaca, que depende del apoyo de la Iglesia católica, ha venido ganando hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

En Polonia no se puede decir que “nadie esperaba la Inquisición española”, pronunciada en el célebre sketch Flying Circus de los Monty Python. El fanatismo clerical forma parte de la vida cotidiana y no debería sorprender a nadie. Sin embargo, si puede resultar sorprendente la triple alianza que se ha materializado en torno a ese ataque vergonzoso contra las mujeres.

Si no hubiera existido la pandemia y los límites para el normal funcionamiento de la vida pública que ha conllevado, el tribunal encargado de ejecutar las órdenes del PiS se lo hubiera pensado dos veces antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los pocos derechos que gozan las mujeres en torno a sus derechos reproductivos.

A fin de cuentas, quienes detentan el poder no han olvidado el gran choque que supuso el lunes negro: la enorme resistencia social contra los intentos anti-abortistas que en 2016 puso en jaque la ofensiva ultraconservadora.

El número de casos provocados por la covid-19 en Polonia aumenta rápido. A la hora de escribir este artículo, Polonia se sitúa en el 8º lugar de la tristemente célebre lista de países con mayor incidencia cotidiana de infecciones. Igualmente, el número de muertes aumenta de forma alarmante y la capacidad de atención sanitaria está al borde del colapso. Todo el mundo se pregunta si los hospitales disponen de suficientes camas y equipos de respiración asistida. Las ambulancias se ven obligadas a largas esperas antes de depositar los pacientes en el hospital…

Por ello, se podía esperar que una sociedad aterrorizada por esta situación no respondiera a un ataque institucional contra los derechos de las mujeres. Pero, una vez más, las autoridades se equivocaron.

A pesar de estar prohibidas las reuniones de más de cinco personas, los últimos días de octubre Polonia conoció lo que puede ser la ola más grande de manifestaciones en la calle desde la restauración del capitalismo. Y lo que es más importante aún, las movilizaciones no solo se desarrollaron en las ciudades más importantes, sino también en las ciudades medias y en los pueblos. Incluso en aquellos que no hace mucho tiempo se hicieron famosos en el mundo entero por las terribles decisiones adoptadas por responsables locales estableciendo “zonas libres de ideología LGBT”. No se sabe con exactitud lo que significaba el establecimiento de dichas zonas, pero esas decisiones de las autoridades locales, aún cuando no iban más allá de la esfera simbólica, suponían un despiadado y repugnante ataque a las personas con identidades sexuales o de género fuera de la norma. En cualquier caso, algunos municipios revocaron estas escandalosas resoluciones. Lo que no sorprende, porque según leyendo los registros y las transcripciones de las reuniones de sus dirigentes se vio que quienes votaron a favor de esas zonas ni siquiera eran capaces de descifrar el acrónimo LGBT. Cuando se demostró que determinados responsables locales hablaban de zonas sin LPG, la mofa en las redes sociales fue monumental. El acrónimo LPG se refiere al término inglés “gas de petróleo licuado”. Seguro que ninguno de esos responsables políticos estaba por prohibir un carburante tan popular en Polonia…

Una revuelta popular…

Las ciudades pequeñas, incluso aquellas de las regiones que normalmente son bastiones del PiS, reaccionaron ante la decisión del Tribunal Constitucional de forma completamente diferente a la que probablemente imaginaron quienes conforman el gobierno en Varsovia. En lugar de callarse, miles de personas se pusieron a gritar en las calles y en las plazas, sin el menor recato, dos lemas bien claros y muy vulgares: wypierdalać (¡iros a la mierda!) y jebać PiS (¡que le den por el culo al PiS)

Las primeras protestas –populares y espontáneas- comenzaron en el momento en que Przyłębska1/, del Tribunal Constitucional, anunció la decisión. Cientos de personas estupefactas y aterrorizadas por la crudeza del veredicto salieron a la calle la noche del jueves 22 de octubre. Las masas comenzaron a concentrarse ante el edificio que alberga al Tribunal Constitucional y luego se trasladaron ante la sede central del PiS. Desde el principio, el movimiento social de base Ogólnopolski Strajk Kobie (Huelga General de mujeres), que emergió en 2016 al calor de los lunes negros, llamó a movilizarse. En 2016, una enorme movilización obligó al partido en el poder a retirar su apoyo a la ley que se estaba debatiendo en el parlamento para prohibir el aborto.

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), la organización feminista cuya militante más conocida es Marta Lempart2/, ha sido una fuerza determinante para la organización de la protesta en todo el país: gracias a los contactos con las y los militantes de base, fue posible organizar marchas y manifestaciones en los días posteriores al anuncio. En muchas ciudades y pueblos, las protestas estallaron espontáneamente, fundamentalmente, gracias al trabajo de grupos informales.

 El 23 de octubre, miles de manifestantes se concentraron ante la villa de Jaroslaw Kaczynski en el barrio Żoliborz de Varsovia, también la plaza de la Libertad de Poznan se llenó de manifestantes y en Lodz se alumbraron cientos de velas fúnebres frente a la sede de PiS.

Las primeras movilizaciones fueron relativamente tranquilas; había más mujeres atemorizadas y llorando que gritando consignas vulgares. A pesar de ello, el periodista de derechas Rafał Ziemkiewicz les llamó putas vulgares a través de Twitter y los media gubernamentales ocultaron de forma permanente el carácter masivo de las protestas, subestimando el número de participantes. El punto de inflexión a todo ello se dio en las misas dominicales en las iglesias.

… que no perdona a la Iglesia

El domingo 27, como parte de la liturgia dominical, las manifestantes interrumpieron las misas al grito de consignas pro-aborto (“Recemos por el derecho al aborto”), con aplausos estridentes en las catedrales, distribuyendo panfletos y con pintadas al respecto, así como haciendo público el número de teléfono del Abortion Dream Team, un colectivo que facilita el aborto en el extranjero para las mujeres polacas. A la noche, en Varsovia, hubo manifestaciones frente a la sede de la Curia, al mismo tiempo que en el resto del país las protestas frente a las iglesias se hacían cada vez más intensas.

Todo ello provocó la ira de los nacionalistas y de los editorialistas de los medios de comunicación próximos a ellos, que realizaron llamamientos fervientes a “defender los santuarios”. Ante la iglesia de la Santa-Cruz, (calle Nowy Świat en Varsovie) las manifestantes tuvieron que hacer frente a la Guardia Nacional, una organización paramilitar dirigida por Robert Bąkiewicz, uno de los organizadores de la Marcha anual por la independencia. Los nacionalistas Defensores de la Iglesia agredieron a una anciana y tiraron a una joven por las escaleras abajo, teniendo que ser hospitalizada. Estas agresiones se desarrollaron bajo la atenta mirada de la policía que se abstuvo de defender a las mujeres frente a la agresión de los nacionalistas.

La nueva generación se rebela

Las movilizaciones de Varsovia dieron aliento a la combatividad social. Fruto de ello, las protestas espontáneas tomaron otro cariz: bloqueo de calles en cientos de ciudades el lunes 28, con miles de personas en cada una de ellas; huelga de mujeres el miércoles, en la que las mujeres y los hombres que les apoyaban dejaron de trabajar; y enormes manifestaciones de estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria en todo el país.

Fue en ese momento que Jarosław Kaczyński llamó a hacer frente a las mujeres que no aceptaban someterse [a la decisión del Tribunal], siendo abiertamente criticado por haber incitado a la sociedad a la guerra civil. Su discurso se convirtió en una bomba incendiaria que radicalizó el discurso de las manifestantes.

Mientras grababa su discurso Kaczyński puso en la solapa de su chaqueta el pin de la Polonia combatiente que utilizaron los insurgentes de Varsovia en 1944. Cinco supervivientes de esa insurrección criticaron duramente la utilización de este símbolo, declarando al periódico Gazeta Wyborcza que Kaczyński no tenía derecho a utilizarlo y que su acto era inaceptable. Los veteranos de la insurrección también manifestaron su apoyo a las movilizaciones, calificándolas de justas y, a pesar de riesgo de la epidemia, participaron activamente en las marchas. La manifestación más grande se dio el 30 de octubre en Varsovia: entre 100.000 y 150.000 personas venidas de todo Polonia invadieron las calles de la capital. Según la policía, en el conjunto del país3/ se movilizó más de un millón de personas: la movilización más numerosa de estos últimos años en Polonia.

Entre quienes se manifestaron, el grupo más numeroso fue el de las mujeres jóvenes: estudiantes de universidad y secundaria y también las llamadas jóvenes adultas; personas de menos de 35 años que empiezan a tomas sus primeras decisiones vitales. La participación de este grupo de edad dio lugar a una ironía y un sarcasmo sin precedentes en las pancartas y en los lemas. Las más popular fue wypierdalać (¡iros a la mierda!), y la crítica mediática de la “exagerada vulgaridad de las protestas que solo perjudica su causa” llevó a modificarlas crativamente. En las pancartas se podía leer “Os invitamos a marcharos de inmediato”, “Os pedimos que vayáis a joder a otra parte”, “Por favor, iros”. El contraste entre la utilización de formas de expresión neutras y la enorme emoción que embargaba a miles de manifestaciones se hacía cómica.

He aquí algunos de los slogan más corrientes: “Quien vive en Polonia no se ríe en un circo”, “El gobierno no es un embarazo, se le puede expulsar”, “Si los niños del coro estuvieran embarazados, el aborto sería sacramento” y “Si el Estado no me protege, defenderé a mi hermana”. Muchos de ellos provienen de memos en Internet y de programas de entretenimiento populares: “Hoy vamos a cocinar un guiso de pato”4/ “El PiS hace té con el agua de raviolis” “Nos da miedo follar”, “Sólo podemos darnos por el culo”… son slogans que han aparecido en ciudades y pueblos. El breve clip realizado durante la manifestación estudiantil en Varsovia, que muestra a un grupo danzando la canción de Eric Preydz “Call on me” de 2004, se hizo muy popular. En lugar del estribillo de la versión original, la gente cantaba: “Me cago en el PiS”, el slogan más importante de las manifestaciones contra el gobierno tras la de “¡iros a la mierda!”. El clip se hizo viral y la canción Joder al PiS de Cypis5/ basada en ella se difundió mediante altavoces portátiles en las manifestaciones posteriores (en el momento de escribir esto, el video ya se había visionado 4,7 millones de veces en YouTube).

Ciudades y pueblos movilizados

El carácter fenomenal de las protestas tras el anuncio de la decisión del Tribunal por Julia Przyłębska6/ reside en su generalización, que no tiene precedentes. Las marchas se sucedieron de forma simultánea en miles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país; en particular, en los pueblos de unos pocos miles de habitantes. En determinadas ciudades, las manifestaciones de octubre han sido las primera de su historia. En Sztum, Trzebiatow, Sanok, Pruszkow o Myślibórz, ha salido a la calle gente que nunca antes se había manifestado. En los media se oye decir que se ha abierto una brecha en la reflexión sobre la resistencia social en Polonia y también que es el primer paso hacia una separación real entre la Iglesia y el Estado, que hasta el momento parecía imposible.

El comportamiento de las jóvenes de Szczecinek, una ciudad de 40.000 habitantes, tuvo un enorme impacto: el 25 de octubre hicieron frente a un cura que intentaba increpar a las huelguistas. Le rodearon, gritándole: “Enséñanos tu útero”, “Vuelve a tu iglesia”, “Vete a joder a otra parte”. Estas adolescentes recibieron el apoyo de la gente que se manifestaba en la región y los medios de comunicación locales publicaron vídeos de sus actividades. La cadena de TV de extrema derecha y la progubernamental TVP Info presentó la acción de estas jóvenes como un insulto escandaloso y vulgar a un hombre santo que distribuye el sacramento de la comunión. De hecho, este hombre santo no distribuye el sacramento de la comunión, está suspendido de sus funciones y durante las manifestaciones mostró la higa a los chóferes que apoyaban a las manifestantes.

Contra los patriarcas

Otra palabra que ser ha expandido mucho en poco tiempo en el espacio público es dziaders (que se puede traducir como la expresión vulgar de patriarca). Las pancartas anunciaban “el crepúsculo de estos patriarcas”, es decir, la caída inminente del patriarcado. El patriarca, protector del orden social conservador polaco es una figura muy corriente en Polonia: la puede ejercer un tío en una fiesta familiar, un profesor universitario que repite que las mujeres no deberían estudiar o uno de los ministros del actual gobierno del PiS (en la que solo hay una mujer: la ministra de la familia y de la política social). Las mujeres polacas, cansadas de haber sido marginalizadas durante muchos años en la vida política y haber sido sometidas al ethos del sacrificio por la familia, han dirigido sus protestas contra los hombres en el poder –tanto el poder laico como el eclesiástico- que les tratan de forma irrespetuosa, condescendiente y como objetos, imponiéndoles sus propias opiniones en nombre de la defensa de los valores y las tradiciones. El estruendoso ¡iros a la mierda! Gritado por las jóvenes de 15 años de Szczecinek puede acabar con el patriarcado que han preservado todas las opciones políticas durante los últimos decenios en Polonia.

Bajo el régimen del PiS, el Tribunal Constitucional ha perdido cualquier vestigio de su ya dudosa independencia política, Está compuesto por personas elegidas para ese puesto por el partido en el poder. Se trata, entre otras, de Krystyna Pawłowicz, conocida por su predilección a insultar de forma vulgar a los oponentes políticos, y del antiguo procurador comunista Stanislaw Piotrowicz, obediente miembro del Partido Obrero Unificado Polaco que pronunció las condenas de los militantes del sindicado Solidaridad y que posteriormente se recicló sin problemas a la democracia liberal, transformando su marxismo-leninismo versión estalinista en un ardiente catolicismo. Stanislaw Piotrowicz se hizo célebre en 2001 por defender a un cura acusado de pedofilia. Tras la llegada al poder del PiS en 2015, jugó un importante papel en el desmantelamiento del Tribunal Constitucional para llegar a ser miembro del mismo. Obtuvo ese puesto para resarcirse de no haber logrado ser elegido al parlamento en las legislativas de 2019. La presidenta del Tribunal, Julia Przyłębska, es una juez criticada en la comunidad jurídica por su falta de respeto a las normas jurídicas, por decirlo de forma delicada.

Por la legalización del aborto

La polémica sobre el derecho al aborto en Polonia viene de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relativa regulación de la interrupción del embarazo fue modificad varias veces, si bien el derecho a elegir introducido en 1956, en función de las difíciles condiciones de vida de la mujer, abría un amplio campo al respecto. En la práctica, abrió las puertas a la interrupción del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, la disponibilidad técnica y jurídica del aborto contrastaba con el fuerte tabú existente en la sociedad y la gran carga moral que suponía para las mujeres con embarazos no deseados.

El discurso basado en la protección de la vida frente a lo que los partidarios del gobierno actual denominan aborto eugénico triunfó en 1993 cuando se adoptó la ley sobre la Planificación Familiar. Ley que se aprobó unos meses antes del concordato entre el Vaticano y la República de Polonia.

En el periodo de las transformaciones sociales económicas post-1989, el fundamentalismo católico se fue haciendo fuerte y se instaló en la corriente política dominante. La Iglesia dejó de jugar el papel de apoyo abierto a un amplio abanico de círculos de oposición, no sólo cristianos, que luchaban contra el régimen autoritario dela República Popular de Polonia. En los años 1990 su influencia política alimentó discursos radicalmente conservadores que encontraban eco tanto entre las clases populares como en el seno de una parte de la clase media polaca en formación en las nuevas condiciones capitalistas. Y tras 1989 pocas organizaciones política verdaderamente significativas han intentado avanzar reivindicaciones anticlericales.

El hecho de negar a las mujeres el derecho al aborto legal se bautizó como acuerdo sobre el aborto. Sin el inmenso sufrimiento al que la ley de 1993 condujo a miles de mujeres, la utilización de la palabra acuerdo se podría interpretar como una especie de humor negro. Este acuerdo se realizó entre la jerarquía eclesiástica y la derecha política, pasando por encima de las mujeres polacas y de un tímida oposición de los principales partidos del centro y la izquierda.

Si bien en el Parlamento, estas fuerzas votaron contra la ley anti-aborto, en los años siguientes fueron abandonando la cuestión buscando situarse bien en relación a la Iglesia. El apoyo con que contaba el acuerdo se convirtió en una excusa para tomar distancias con el tema. Y a consecuencia de ello, el aborto clandestino ha sido el gran beneficiado de la situación creada.

Debido a estas decisiones políticas, desde los años 1990, Polonia se ha convertido en una fuente de mano de obra barata para el resto de Europa. Los bajos salarios, sobre todo fuera de las grandes ciudades, hace que sean pocas las mujeres que piensen abortar que puedan acceder a una clínica en Austria o Alemania o, incluso, a Eslovaquia, donde los precios son más asequibles. Algunas de ellas, atrapadas no solo por las privaciones materiales, sino también por la falta de apoyo de su parejas o de sus familiares, deciden recurrir desesperadamente a los servicios de entidades más o menos profesionales que ofrecen servicio en Polonia. La Federación de Mujeres y de Planificación Familiar estima que cada año se realizan más de 100.000 abortos ilegales. La cifra oficial recoge 1100 procedimientos de este tipo, de los cuales cerca de 1000 abortos en 2018 se practicaron debido a “enfermedades irreversibles del feto”. De hecho, la decisión del Tribunal Constitucional desplazó la realización del aborto de las clínicas públicas a los garajes de los ginecólogos.

Contra el fundamentalismo católico

Cuando en octubre de 2020 la oposición al endurecimiento de la ley contra el aborto se comenzó a manifestar frente, y a veces en el interior, de las iglesias católicas, se hizo evidente que las autoridades eclesiásticas no podría continuar en una posición de confortable neutralidad. La corresponsabilidad del clero en la creación de las condiciones que permiten convertir en realidad las aspiraciones de los fanáticos pro-vida es ampliamente aceptada. La asociación de fundamentalistas católicos Ordo Iuris, un ejército de hábiles abogados, bien pagados por fanáticos sudamericanos, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la idea de proteger los niños en la fase prenatal de la vida (sic!). Actualmente Ordo Iuris constituye la mayor amenaza para los derechos humanos en Polonia. Sus miembros tratan de forma ferviente trasponer su fanática visión del mundo al derecho polaco. Como puede comprobarse, de forma bastante eficaz.

En el ala derecha de la barrica de los media sociales digitales, en los que periodistas intelectualmente miserables pero manifiestamente muy excitados, con toda su arrogancia, aparecen violentos insultos hacia las mujeres, la comunidad LGBT, los políticos de la oposición y prácticamente de todos quienes se arriesguen a oponerse al equipo progubernamental. Entre estos ladradores narcisistas, Rafal Ziemkiewicz se distingue por su particular rudeza, que tanto él como sus amigos la definen como insumisión.

Los envenenados ataques contra las mujeres que luchan por sus derechos se sazonan a veces con una pizca de teorías del complot. Por ejemplo, bajo la forma de argumentos pseudo-científicos sobre la nocividad de todo tipo de contraceptivos a excepción del método Ogino (que otros denominan, la ruleta del Vaticano) y de groseras manipulaciones sobre los motivos que llevan a las mujeres a abortar. Los partidarios del derecho a la vida (de los embriones) citan motivos eugenésicos bien conocidos. En particular, el problema de las personas con síndrome de Down. Tratan de convencernos que la decisión de interrumpir el embarazo se basan en convicciones extremadamente egoistas de las madres, perturbadas por influencias culturales del podrido Occidente: mujeres crueles que simplemente no quieren apiadarse de niños minusválidos y que niegan el valor de sus vidas. Semejantes opiniones no solo las transmiten los fanáticos religiosos que distribuyen a la entrada de las iglesias folletos advirtiendo de las conspiraciones judeo-comunistas-masónicas o dela ideología LGBT; forman parten de la política y del contenido propagado por la televisión pública financiada con nuestros impuestos.

En la interpretación derechista de la cultura polaca, los niños constituyen el principal valor; sin embargo, esto solo se aplica a los niños no natos (fetos) y a quienes aún no tienen su propia visión del mundo. En los discursos de la derecha conservadora polaca radicalizada, una adolescente que lucha por el derecho a su propia dignidad no puede ser más que una joven mimada o manipulada. Pero estos llamamientos al orden, patriarcales y condescendientes, de hombres políticos omniscientes y de los defensores de los valores tradicionales polacos pierden su influencia ante la convergencia de la oposición social actual.

Si bien la dinámica de las protestas callejeras viene perdiendo en intensidad, porque no se puede esperar que las masas de gente que salieron a la calle a finales de octubre continúe permanentemente en la calle- la unidad de numerosos grupos sociales frente a las autoridades constituye un hecho. Aunque pueda parecer totalmente increíble, en medio de la fuerte pandemia de la covid-10, hacemos frente a una situación en la que se puede decir sin exagerar que si bien no tiene un carácter revolucionario, no está muy lejos de ello.

Tras la buena sorpresa

La amplitud de esta movilización es tanto más sorprendente porque desde hace muchos años la sociedad polaca parecía haber sido pacificada cuando se trataba de articular luchas de clase de una envergadura de calado. La especificidad del desarrollo del capitalismo neoliberal en Polonia se sale de los límites de este artículo, pero es interesante señalar que las mismas masas que se manifiestan con vigor en estos días hasta no hace mucho aparecían como excepcionalmente apáticas y despolitizadas, incluso en relación a otros países del antiguo bloque del Este.

Cierto, no hay que echar las campanas al vuelo, porque las protestas actuales ya son fuente de vivas disputas entre diferentes sectores unidos por el rechazo de la decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, la inexistencia de un movimiento obrero de masas organizado (más allá de los debilitados sindicaos, algunos de los cuales dudan en adoptar una posición clara sobre el aborto y otros cooperan abiertamente con la extrema derecha, incluso la neofascista, como Solidaridad, que denigra vergonzosamente su herencia histórica), la izquierda no es muy audible.

De una parte, hay que señalar la enorme determinación y el mérito de los diputados de Lewica7/ y de los militantes de las innombrables organizaciones sociales y políticas que han participado en las manifestaciones. Pero, de otra parte, la creación de un organismo denominado Consejo consultivo para la Huelga nacional de mujeres ha generado enormes controversias.

Según sus impulsoras, este Consejo debe desempeñar un papel estrictamente consultivo al servicio del movimiento de masas. Sin embargo, sólo lo componen personas asociadas al medio de las ONG de Varsovia, a las instituciones universitarias y a las organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra un exministro desacreditado del gobierno del PO8/. Este Consejo no ha sido elegido mediante un proceso democrático, sino a iniciativa de los dirigentes del OSK y de sus asociados. El Consejo declara que, además de los derechos reproductivos, analizará las cuestiones planteadas en las manifestaciones en materia de derechos laborales, de política social, del sistema educativo o de la ecología. No esta claro cual será exactamente el trabajo y el objetivo de este organismo. Pero es claro que en su interior hay gente que tiene puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones fundamentales como los contratos basura9/. Por tanto, existe el riesgo de que un organismo elegido de forma no democrática y cuyos objetivos no están claros se divida antes incluso de dar a conocer los resultados de su trabajo.

Sin embargo, esta no es una razón para caer en el fatalismo. Este Consejo podría jugar un papel importante, por ejemplo, coordinando la defensa de las y los militantes que las autoridades ya han comenzado a reprimir. En teoría, quienes militan a favor de los derechos de las mujeres en ciudades pequeñas son más fáciles de reprimir, porque carecen de una gran base social y mediática. Y ya se encuentran amenazadas con penas que pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión, ser despedidas o relegadas al ostracismo. Pero también son personas con una gran fortaleza que en estas circunstancias excepcionales pueden contar con la solidaridad de un movimiento sin precedentes en todo Polonia. Parece que uno de los slogan más importantes de la revolución rampante polaca “Nunca estarás sola” encuentra aquí y ajora su confirmación práctica.

J.D. y Z.R., militantes de la izquierda radical polaca que trabajan en el sector público de la cultura. Para evitar que sean despedidos debido a la prohibición de “manifestar públicamente sus opiniones políticas”, hemos decidido no divulgar sus nombres. (Traducido del polaco por Jan Malewski, los intertítulos y las notas son de la redacción de Inprecor)

14 noviembre 2020

 

Notas:

 

1/ Julia Przyłębskl nació el 16 de noviembre de 1959. Jurista y diplomática, fue elegida al Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 por los diputados del PiS en el Parlamento. En diciembre de 2016 el presidente de la República, Andtzej Duda (PiS) le nombró presidenta del Tribunal. Según numerosos juristas, entre ellos expresidentes del propio Tribunal, su elección se realizó violando la ley.

2/ Marta Lempart, jurista de formación, una de las impulsoras de la organización polaca Ogólnopolski Strajk Kobiet (Huelga nacional de mujeres, OSK), que reivindica el derecho al aborto libre, fue una de las organizadoras de la protesta negra –protesta de las mujeres contra el intento de hacer pasar una ley que prohibiera totalmente el aborto en Polonia en septiembre-octubre de 2016- y del Lunes negro (3 de oct. de 2016), primera huelga de mujeres en Polonia. Dicha movilización forzó al gobierno del PiS a retirar el proyecto de ley. También tomó parte en la organización de las movilizaciones en defensa de la independencia de la justicia, contra la pedofilia eclesiástica en Polonia, en defensa de los LGBT+ y de las personas discapacitadas. Hizo pública su homosexualiad.

3/ En 2020 la población polaca se estima que asciende a 38 nillones de habitantes.

4/ Traducido literalmente, el apellido del presidente del PiS hace referencia al pato (kaczka).

5/ Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=FQq6Mwv_jpw

6/ El Tribunal Constitucional, que el gobierno del PiS reestructuró de arriba abajo en 2015 –reestructuración cuestionada por la Unión Europea- tiene poco que ver con una justicia independiente, incluso formalmente. Es ilegítimo, como su presidenta. De ahí que se sobre todo se le conozca como Tribunal de Przyłębska.

7/ Lewica (la Gauche) es el nombre de una alianza política constituida por SLD (Alianza de la izquierda democrática, cuyo origen está en el Partido Obrero Unificado Polaco en el poder de 1944 a 1989), Wiosna (la Primavera, un partido de centro-izquierda fundado en 2019 por Robert Biedron, militante LGBT y periodista), Lewica Razem (Izquierda Unida, un partido a la izquierda del SLD fundado en 2015), el PPS (Partido Socialista Polaco que reivindica la tradición socialdemócrata) y varias otras pequeñas organizaciones políticas entre las que se encuentra, Iniciativa Feminista, así como un sindicato campesino y un sindicato estudiantil. Lewica se situó en la tercera posición en las elecciones de octubre de 2019, obteniendo 49 escaños (24 SLD, 19 Wiosna y 6 Lewica Razem), así como dos escaños en el senado (1 Wiosna y 1 PPS).

8/ Platforma obywatelska (Plateforme civica) es el principal partido polaco fundado en 2011 a partir de sectores salidos de la Alianza electoral Solidaridad (AS) y de la Unión por la libertad (UW). PO fue el partido gubernamental de noviembre de 2007 a noviembre de 2015 y el presidencia de la república de 2010 a 2015, B. Kororowski, pertenecía al mismo. En las elecciones de 2019, la coalición entre el PO, iPL (Iniciativa polaca), el partido liberal Nowovzesna (Moderno) y el pequeño Partido Verde obtuvo 134 escaños en el parlamento (111 PO, 8 Nowoczesna, 4 iPL, 1 PV) y 40 en el senado. El PO forma parte del Partido Popular Europeo, presidido actualmente por su antiguo primer ministro Donald Tusk.

9/  Los contratos basura no son verdaderos contratos de trabajo; son contratos mercantiles en función de tareas concretas; es decir, falsos autónomos. En polonia son más de 1.200.000 personas las que se trabajan bajo esta modalidad.

Publicado enInternacional
Eduardo Cifuentes

La revelación se conoció en una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”.

 

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró, este jueves 12 de noviembre, en un diálogo sobre la implementación de los acuerdos de paz, que se presentará una moción para que la Sala de Reconocimiento del Tribunal establezca como un macrocaso el desplazamiento forzado en el país.

En una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”, el recién posesionado presidente de la JEP anunció que un grupo especializado está preparando una moción para establecer este delito como un macrocaso en el Tribunal de Paz.

 “El desplazamiento será un macrocaso definitivamente en la JEP, es imposible que un crimen que da cuenta del 90% de las víctimas del conflicto armado en el país no lo sea”, aseguró Cifuentes en la intervención.

De igual forma, aseguró que ya se inició un examen minucioso con el apoyo de expertos y organizaciones de la sociedad civil con la intención de preparar y hacer esta moción, en el sentido que la Sala de Reconocimiento lo seleccione.

“Indefectiblemente la Jurisdicción Especial tiene que abrir ese macrocaso sobre el desplazamiento, eso es absolutamente claro”, indicó el presidente de la JEP.

De igual forma, Cifuentes mencionó que los macrocasos que lleva la Jurisdicción Especial ofrecen una “dosis de realismo” para determinar diferentes posibilidades de llegar a una verdad aceptad,a y que permita “convocar emociones” para lograr una conciliación.

Por último, mencionó en su intervención que lo más posible es que en el futuro se deban reorganizar los macrocasos, con la intención de unificarlos en relación a cada uno de los actores armados, para “capturar más verdad” y simplificar los procesos que pongan en marcha el tribunal.

En la conferencia participaron el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Hernando Torres Corredor.

El encuentro fue un espacio de diálogo y reflexión sobre la implementación de los acuerdos de paz, sus mayores retos desde las experiencias particulares de las entidades representadas y los objetivos planteados en proyección a los diferentes desafíos en su ejercicio durante este proceso.

“La Unidad de Búsqueda es uno de los organismos menos conocidos dentro del sistema integral y la búsqueda de los desaparecidos y los desaparecidos no son el tema que esté a la mano y presente en lo que ha sido el rastro y la huella del conflicto armado en Colombia”, afirmó en su intervención Luz Marina Monzón.

Monzón hizo un balance de la entidad encargada de uno de los delitos más comunes en el conflicto armado colombiano que se presentó en todas las regiones del país y que sigue afectando a los familiares de las víctimas, que buscan alivio con la entrega de los restos de sus seres queridos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, indicó que es fundamental, más allá de la verdad de la Justicia Transicional, la comprensión de lo que le había sucedido al país a través del sentir de las víctimas.

“No se esperen que nosotros vamos a dar una verdad final, afortunadamente no existe, y mucho menos una verdad estatal que sería la cosa más espantosa que se dijera, que es una verdad del Estado porque somos una institución del Estado”, dijo De Roux en su intervención.

12 de Noviembre de 2020

Publicado enColombia
Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

Publicado enColombia
La suspensión de las patentes, rechazada por la UE y EEUU, es la clave para conseguir una vacuna para todos

La UE y EE UU votaron en contra de una propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra la covid durante la pandemia. "Es hora de que los gobiernos antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", reclaman casi 400 organizaciones internacionales que piden medidas para garantizar la accesibilidad universal.

 

El investigador y virólogo estadounidense Jonas Salk rechazó patentar la vacuna contra la polio. En una entrevista en televisión le preguntaron por el motivo. "No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?", contestó el médico. Salk pudo haber obtenido beneficios multimillonarios, pero puso por delante la salud global. Hacer que su vacuna fuera accesible para todo el mundo. 70 años después de que comenzara a distribuirse esta vacuna, este dilema no está tan claro, y se corre el riesgo de que las vacunas contra la covid agranden las inequidades y desigualdades en todo el mundo.

Las últimas noticias sobre las vacunas contra la covid-19 son muy positivas, pero lo importante en esta pandemia no es solo tener vacuna: la accesibilidad, la equidad en la distribución, la logística y la concienciación ante la reticencia vacunal son claves que marcarán la estrategia, la campaña e incluso la efectividad. Aún nos quedan meses por delante sin que se empiece si quiera a distribuir la o las vacunas, pero el trabajo que hay detrás y la estrategia que se tiene que preparar ya suponen un reto descomunal. Y, ante todo, es fundamental que la esperanza de la vacuna no haga creer que hay que dejar atrás las medidas de prevención y seguridad que tenemos que llevar a cabo para prevenir el coronavirus durante toda la pandemia.

Las patentes de las vacunas son la clave para garantizar la accesibilidad universal. Hay muchas iniciativas internacionales que van dirigidas hacia la suspensión de las patentes durante la pandemia, pero los grandes gobiernos no han mostrado su disposición a esto. "Hay dos escenarios: vacuna para todos o el sálvese quien pueda. Tal y como se ha planteado hasta ahora, vamos hacia el sálvese quien pueda. Los países ricos siguen la estrategia que ha marcado la industria farmacéutica", lamenta Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha.

La accesibilidad universal de las vacunas es un asunto que está preocupando tanto a expertos y a organizaciones como Salud Por Derecho. Irene Bernal, investigadora de esta fundación, explica que hay iniciativas a nivel internacional surgidas desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para que la propiedad intelectual se comparta por y entre instituciones públicas y privadas para transferir el conocimiento y garantizar la producción. "La OMS lo ha intentado, otra cosa es que los gobiernos, o todos los gobiernos, estén por la labor de dar este paso", comenta a Público.

Lamata considera que hay dos claves para entender que tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EE UU), instituciones fundamentales para propiciar un cambio de estrategia, ahora están favoreciendo el 'sálvese quien pueda'. En primer lugar, porque los 'países ricos' siguen la estrategia de compra anticipada "por si te quedas el último y te quedas sin vacuna al haber monopolio". "Tanto EE UU como la UE tienen varios acuerdos de reservas mientras que los países pobres no han podido hacerlas", desarrolla. En efecto, España está dentro de estos acuerdos comerciales que impulsa la UE. Por ejemplo, a nuestro país le tocarían 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a 10 millones de personas desde finales de año o principios de 2021 de manera gratuita, según las últimas negociaciones.

La otra clave es que en la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada entre el 15 y el 16 de octubre, India y Sudáfrica, propusieron que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En la práctica, supondría que se liberen las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dura la pandemia y se  habría facilitado el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.

"La mayoría de países ricos votaron que no. Es una mala noticia porque conseguir que todos tengan derecho a esta vacuna es una cuestión de justicia", insiste Lamata. En efecto, varios países de África y Latinoamérica votaron a favor o se mostraron favorables aunque pidieron más aclaraciones sobre la propuesta, pero los gobiernos de la UE, EEUU, Australia o Japón fueron algunos de los que las rechazaron. En realidad, la división de votos se puede ver entre países de ingresos bajos y medios e ingresos altos. Aunque no todo está perdido. Hay otra reunión que se celebrará antes de que acabe el año y la propuesta volverá a llevarse. Habrá un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC donde se volverá a debatir. Una oportunidad que Lamata insiste en que no se puede perder.

En efecto, la pandemia ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos y a las vacunas. Una barrera directa contra el derecho a la salud. 379 organizaciones internacionales ya lo han puesto de manifiesto mediante una carta en la que piden al Consejo de los ADPIC que se apoye la adopción de la exención en la próxima reunión. "Es una solución mundial para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro. Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", subrayan las organizaciones en la carta.

Si esto no se consigue, como señala el médico de familia comunitaria Javier Padilla, iremos hacia un escenario en el que no habrá distribución equitativa: "No paramos de decir que nadie está a salvo si nadie está a salvo, pero nos enfrentamos a un riesgo de estratificación en dos partes: primero países de rentas medias y altas y luego los demás. Esto sería una fuente de grandes inequidades". Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, apunta que habría problemas adicionales para los países con menos recursos. Esta vacuna necesita una cadena de frío de -80ºC. Eso no es fácil ni en España donde habría ya complicaciones en los centros de salud, los lugares en los que habitualmente se llevan a cabo las campañas de vacunación, pero aún más en los países con menos recursos. La  mundial sería fundamental. 

Los expertos consultados coinciden en la importancia de la voluntad política de trabajar para garantizar la accesibilidad universal y que las vacunas tengan un precio justo. "La suspensión de la patente permite compartir la investigación, producirla de forma masiva, que más investigadores garanticen que la vacuna es segura e incluso poner un precio justo", insiste Lamata.

Bernal destaca que el precio de la vacuna es otro de los asuntos que más les preocupa. "Con la pandemia no se puede hacer negocio. Un precio justo supone que sepamos los costes de investigación, desarrollo y producción, y asumir un margen de beneficio razonable. El problema es que no hay transparencia. Si no sabemos cuanto ha costado el desarrollo de la vacuna, no se puede establecer", insiste la investigadora. 

Los expertos apuntan, además, que los proyectos han estado financiados con dinero público por las compras anticipadas de las vacunas que completan la fase de desarrollo. Pero, además, se ha invertido para que se pueda realizar la investigación. Un informe de Salud Por Derecho, La inversión pública en I+D en Covid, muestra cómo la financiación pública está jugando "un papel crucial" para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la covid.

Pese a todas las razones y la importancia de poner por delante la salud de todos, aún hay muchas dudas e incógnitas que despejar para saber si esto se hará. Las organizaciones civiles como Salud Por Derecho insisten en que seguirán luchando para ello.

10/11/2020 22:13 Actualizado: 11/11/2020 09:31

beatriz asuar

@beaasuargallego

Educación en América Latina Casi tres millones de niños están en riesgo de no volver al colegio en América Latina

Según un informe de Unicef, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad mientras en 18 de los 36 países  de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia.

 

Casi tres millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe están en riesgo de no regresar nunca a la escuela, una de los muchos efectos negativos del cierre de los colegios por la pandemia de la covid-19, alertó este lunes un informe de Unicef.

El estudio "Educación en pausa" da cuenta de que están a punto de cumplirse casi ocho meses de pausa prolongada para 137 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos, un tiempo cuatro veces más alto que la media global, que pueden abocar a una "catástrofe generacional".

El informe constata que la covid-19 ha ampliado las brechas sociales también en la educación. En la región, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad, mientras que en las escuelas privadas esa cifra sube al 75 %, estimó Unicef.

La desigualdad es más acuciante en grupos vulnerables con niños con discapacidad, migrantes indígenas o en zonas rurales donde la educación a distancia no llega, resaltó la entidad de las Naciones Unidas (ONU).

También se advierte de que el porcentaje de niños que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4% al 18% en los últimos meses.

Impacto prolongado

"Si no hay realmente procesos de nivelación adecuados, esos niños van a tener un vacío durante toda su vida", afirmó Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe. Y esa pérdida terminará reflejándose en unos "peores salarios".

El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida "de una cantidad enorme de servicios, como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección" para la infancia, añadió la especialista.

Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.

Los niños, niñas y adolescentes también están más desprotegidos ante la violencia en el hogar.

Reabrir las escuelas debería ser la prioridad

Mientras muchas escuelas en África, Asia y Europa están reabriendo gradualmente, en 18 de los 36 países y territorios de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas por la pandemia de la covid-19, que suma 11 millones de casos en América Latina.

Si bien una de cada seis escuelas no tienen acceso al agua, Unicef instó a los gobiernos a acelerar la apertura segura de las escuelas mediante mejoras en el sistema.

Ante la suspensión masiva de los servicios educativos, Unicef ha brindado apoyo contribuyendo a que 42 millones de estudiantes en la región reciban aprendizaje a distancia y en el hogar a través de la radio, la televisión, Internet y otras plataformas. 

09/11/2020 16:45 Actualizado: 09/11/2020 19:33

EFE

Publicado enCultura