La canciller alemana realizó la declaración tras su visita a zonas devastadas por las inundaciones en su país, a las que describió de "surrealistas y aterradoras", y que los expertos atribuyen al calentamiento global; prometió a los afectados una pronta ayuda financiera. De las 191 muertes reportadas en Europa por el reciente diluvio, 160 ocurrieron en Alemania y 31 en Bélgica. En la imagen, las agitadas aguas del río Eno chocan contra un dique en la ciudad de Braunau am Inn, en Austria. Foto Afp. Agencias

La canciller federal visita uno de los pueblos más afectados cerca de Bonn y anuncia paquete de ayuda

 Adenau. La canciller federal alemana, Angela Merkel, afirmó ayer que el mundo debe "apurarse" en la lucha contra el cambio climático, tras visitar zonas de su país devastadas por inundaciones que describió como "surrealistas y aterradoras" y que los expertos atribuyen al calentamiento global.

"Debemos ser más rápidos en la lucha contra el cambio climático", declaró Merkel a la prensa tras recorrer Schuld, pueblo ubicado en la zona oeste del país, afectado por las inundaciones. Desde ahí, la gobernante prometió una pronta ayuda financiera y un mayor interés político para frenar el cambio climático.

Las muertes en Europa por el reciente mal tiempo aumentaron a 191, pero se prevé que la cifra se incremente debido a que hay muchos desaparecidos.

La canciller, con botas de montaña, tardó casi una hora en recorrer Schuld, cerca de Bonn, donde la crecida del río Ahr destruyó parte de la localidad.

Mostrando su emoción en varias ocasiones, Merkel habló con los residentes que perdieron todo, en la que ya es la mayor catástrofe natural en la historia reciente de Alemania. "Casi diría que a la lengua alemana le cuesta encontrar palabras para describir la devastación", comentó.

De la mano de la líder regional Malu Dreyer, discapacitada por esclerosis múltiple, la canciller recorrió puentes derrumbados, casas destruidas y montañas de escombros llenas de lodo.

El miércoles se presentará al consejo de ministros un paquete de ayuda de emergencia de al menos 300 millones de euros (354 millones de dólares) y luego está previsto un programa de reconstrucción de varios millones.

Las reparaciones de edificios, carreteras, vías férreas y tuberías de agua y electricidad tardarán meses, si no años, admitió Armin Laschet, presidente de Renania del Norte-Westfalia, uno de los estados más afectados.

Renania-Palatinado, en el suroeste, lleva registrados 112 de los 160 muertos del país. En Bélgica fallecieron 31 personas.

El candidato del la Unión Cristiano Demócrata a la cancillería alemana y delfín de Merkel, Armin Laschet, se disculpó en redes sociales tras haber visitado el jueves Erftstadt, en Renania del Norte-Westfalia, donde fue sorprendido por las cámaras en un ambiente distendido y bromeando mientras el presidente Frank-Walter Steinmeier dirigía un mensaje solemne a la población.

El secretario general del Partido Socialdemócrata, Lars Klingbeil, criticó la actitud "lamentable y falta de decencia" de Laschet, mientras la cadena WDR destacó que "siempre hay momentos en que los candidatos se muestran como son. Éste es uno de ellos".

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Concluye visita de la CIDH a Colombia; recibe testimonios de víctimas y ONG

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió ayer su último día de visita oficial en Colombia, donde verificó las denuncias de abuso policial, violencia de género y desapariciones en el contexto de las protestas que iniciaron el 28 de abril contra las reformas del presidente Iván Duque, la desigualdad y el desempleo, y se convirtieron en un estallido social que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos.

La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, visitó en Bogotá la exposición fotográfica Vidas Robadas, que rinde homenaje a las víctimas de las protestas de 2019, 2020 y 2021, en su mayoría por la represión policial, y escuchó los relatos de algunos familiares.

La CIDH recibió durante su visita más de un centenar de testimonios de víctimas de violencia y varios informes gubernamentales y de distintas ONG. Con la información recaudada emitirá una declaración con observaciones y recomendaciones.

El Comité Nacional del Paro, que analiza cambios en su estrategia de protestas, pidió a la CIDH que solicite al Ejecutivo la adopción del preacuerdo de garantías al cual llegaron el 24 de mayo con los delegados de Duque e intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial.

Desde el 28 abril decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, situación que a la fecha el gobierno no ha podido controlar.

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Policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y miembros del Ejercito patrullan este viernes la vía "Paso del Comercio", recientemente desbloqueada, en Cali. EFE.

Se produjeron durante la rebelión popular y son recogidas en el informe preliminar entregado a Naciones Unidas por la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos.

 

Desde el 28 de abril, cuando comenzó la rebelión popular o Paro Nacional, las imágenes de la represión estatal ordenada por el presidente derechista Iván Duque, recorrieron el mundo una y otra vez.

Ante las reiteradas denuncias sobre abusos por parte de las fuerzas represivas, la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos, formada por diversas organizaciones como Serpaj, Correpi o APDH, decidió destacar una delegación en Colombia a fin de recabar la mayor información posible y elevar la denuncia ante organismos internacionales e instituciones colombianas.

Arribaron al país el 25 de mayo y se dispersaron por varios puntos del país, Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, entre otras ciudades y pueblos, donde comenzaron a recabar testimonios entre manifestantes, la población en general y hasta concejales de Bogotá. Luego de varios días de trabajo, este 2 de junio presentaron su informe prelimiar a la Delegada en Colombia del Alto Comisionado para los DD. HH. de Naciones Unidas.

El informe, que también se presentó ante la Cámara de Senadores de Colombia, hace un detallado conteo de las víctimas de las brutales represiones así como de las posteriores persecuciones que incluyeron la violación de domicilios particulares.

Como era de esperarse, la Misión no recibió ninguna colaboración por parte del Gobierno, responsable directo de la represión y los abusos. No obstante, se lograron constatar: atropellos a manifestantes con tanquetas, disparos al rostro con balas de goma (lo que ha causado decenas de daños oculares -una práctica que fue recurrente durante la rebelión chilena de 2019), ataques con piedras arrojadas con las manos e incluso con honderas, detenciones arbitrarias y posteriores tormentos a manifestantes, muchas veces sexuales, así como ingresos ilegales a domicilios, entre otros atropellos.

Pero las violaciones a los DD. HH. no han sido solo contra las y los manifestantes, en especial de la primera línea, sino que incluyeron al personal de prensa, voluntarios de postas sanitarias que intentan evitar muertes y atender heridos, y hasta transeúntes que no participaban de las movilizaciones. También es de público conocimiento la utilización de personal de civil, parapoliciales, que disparan contra los bloqueos y manifestaciones. Una práctica totalmente ilegal que fue muy utilizada contra la Minga indígena en el Valle del Cauca.

La Misión, también comprobó y registró la deliberada irrupción violenta de escuadrones policiales, contra manifestaciones pacíficas. Cargas que se realizan sin ningún tipo de justificación ni aviso previo. Así mismo, queda plasmado el uso de infiltrados y provocaciones de la propia policía para generar disturbio como excusa para la represión.

También se denuncia la participación de empresarios privados que han puesto sus instalaciones para servir de centros de detención improvisados y/o base de operaciones de la Policía, como el supermercado Éxito en Cali. Un hecho aberrante que da cuenta del carácter de clase de la represión.

La desaparición de personas es uno de los mayores crímenes que viene cometiendo el Gobierno de Duque y sus fuerzas represivas. La Misión denuncia casos de personas que fueron detenidas por personal policial y trasladadas en sus vehículos, y luego sus cuerpos fueron encontrados sin vida y mutilados. Además recaba denuncias de cientos de personas, también detenidas por la Policía, que aún se encuentran desaparecidas.

Como señaló Pablo Bres, miembro de Serpaj e integrante de la Misión, al programa Alerta Spoiler, toda esta información será ampliada con los registros de audio, video y fotos, para publicar en los próximos días. Pero entre las conclusiones del informe preliminar ya se destacan los mencionados crímenes de lesa humanidad y las "prácticas impropias de un estado de derecho", a la vez que se exige la investigación de los mismos por organismos nacionales e internacionales

Por Diego Dalai

Sábado 5 de junio | 01:24

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José Miguel Vivanco y Marta Lucía Ramírez. / HWR

El director de esa organización para las Américas, José Miguel Vivanco, se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para hablar de la situación del país y abogó por una restructuración de la Policía.

La vigilancia por parte de ONG nacionales e internacionales no se ha detenido desde el inicio del paro nacional, el pasado 28 de abril. Es por eso que, Human Rights Watch acaba de sumar una preocupante cifra de fallecidos a sus llamados para que el Gobierno de Estados Unidos haga más exigentes los parámetros para prestarle ayuda y financiación a las fuerzas armadas colombianas.

De acuerdo con lo publicado por el director para las Américas de dicha organización, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, a la fecha “hemos recibido denuncias creíbles sobre 63 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas”. De estas, agregó, hay 26 de manifestantes o transeúntes y dos policías) tienen relación con las manifestaciones.

Las cifras son mucho mayores a las publicadas por otras entidades como el Ministerio de Defensa de Colombia, que en su último informe habla de 45 fallecimientos de civiles (17 relacionados con la protesta y 9 en proceso de verificación) y dos de miembros de la Policía; o Temblores ONG, que da cuenta de 43 casos de violencia homicida presuntamente por parte de esa institución (18 de estos en proceso de verificación”.

Dichas cifras, además, le dieron pie a HRW para elevar un llamado al Gobierno colombiano para que se haga una transformación completa, desde la institucionalidad, a la Policía. Así lo señaló el mismo Vivanco tras su reunión con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

“Le expuse nuestra preocupación por graves violaciones de DDHH, así como por el vandalismo. Insistí en necesidad de reforma policial y de permitir una visita pronta de CIDH. Se comprometió a garantizar visita de CIDH”, dijo el experto en derechos humanos.

Igualmente, señaló que su organización ya está trabajando en un reporte sobre la difícil situación que atraviesa el país en términos de violencia, abusos de autoridad y excesos de la fuerza. El mismo debería ser entregado en los próximos días y presentará los “fuertes reparos” que tiene la ONG hacia el accionar de la fuerza pública y principalmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En ese sentido, citó RCN Radio: “la situación es extraordinariamente tensa en el caso de Colombia. Nosotros lamentamos los abusos y la violencia y creemos que aquí hace falta iniciar un proceso de reforma, por parte de las autoridades de Gobierno, hacia la Policía, para que Colombia pueda contar con una Policía profesional, de alto rendimiento, cuyo desempeño no esté en cuestionamiento y que pueda satisfacer las necesidades del país, sin que esto se traduzca en violación a los Derechos Humanos”. Por ello, advirtió que esperan dar a conocer dicho informe a la opinión pública colombiana.

Vivanco también agregó sobre su reunión que “Le he reiterado a la Vicepresidenta nuestras objeciones a las actividades que no hacen parte de la protesta pacífica como son los bloqueos, el vandalismo, la destrucción de propiedad y los ataques a la propia Policía por parte de algunos que se manifiestan con violencia”.

Valga agregar, que de igual manera se refirió a las expresiones cuestionables de otros grupos que se han convertido en actores visibles del paro nacional, como aquellos que bloquean, reconociendo que dichas actividades “generan desabastecimiento y afectan la salud de la población. Son actividades ilícitas que deben ser judicializadas, pero no de cualquier manera, hay que tener mucho cuidado en cómo se logran liberar esas vías. Ojalá sobre la base de la persuasión y el diálogo y con el menor uso de fuerza pública posible”.

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Reportan fosas comunes, «casas de pique» y sitios de detención clandestinos para manifestantes en Colombia

 Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos comunicaron las denuncias que han recibido desde el pasado 13 de mayo sobre los sitios de detención clandestinos y posibles fosas comunes a donde llevan a las personas y a los cuerpos de los manifestantes del Paro Nacional de Colombia.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz informaron sobre los relatos que han recibido acerca de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yombo a donde se llevan los cuerpos de jóvenes caleños manifestantes; además del uso del CAM como centro de operaciones encubiertas a donde llevan a los jóvenes para después transportarlos en camionetas polarizadas.

Las organizaciones compartieron también información sobre la movilidad de camiones que hacen parte de los medios que usa la policía colombiana para llevar a los manifestantes al sector de Mulaló, a 30 minutos de Cali, donde también descargan cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en la movilización y se encuentran desaparecidos.

Reportaron que los jóvenes son detenidos, reportados como desaparecidos y “ajusticiados” en lugares alejados de Cali por grupos de civiles armados protegidos por la policía. Denunciaron que las “dinámicas de represión se han ido sofisticando con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y criminal”.

Las organizaciones señalaron que estas operaciones violentas clandestinas demuestran la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes, víctimas y blancos directos de planes criminales.

Instaron a los entes de investigación y protección del Estado y particularmente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas a tomar en cuenta la información reportada y actuar conforme a ella. Con base en la garantía y los derechos a la verdad, exigieron a las autoridades que adopten medidas eficaces e investiguen junto con expertos forenses y observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.

Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Publicado enColombia
Un grupo de trabajadores ayudan a excavar durante una jornada de exhumación en el cementerio del municipio de Dabeiba el 11 de marzo de 2021, departamento de Antioquia (Colombia). — Luis Eduardo Noriega A. / EFE

Vecinos de Dabeiba se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz en ese cementerio convertido en una enorme fosa común.

Con una pala, Jaime de Jesús Arango remueve más que tierra en el cementerio Las Mercedes. Cuando levanta pequeñas cantidades de material agita uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, mientras trata de encontrar parte de la verdad sobre los "falsos positivos".

Sus labores como sepulturero en este camposanto del municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en estas ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

"Es un trabajo diferente; acá no hay un familiar y no se sabe dónde quedó el doliente (difunto)", dice a Efe Arango, durante la cuarta jornada de exhumaciones y búsqueda de "falsos positivos", jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Un cementerio convertido en fosa común

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Así lo muestran los escalofriantes hallazgos: 80 cuerpos han sido recuperados hasta el momento.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

"La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa", comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Intervención "casi arqueológica"

Un Cristo resucitado, ángeles y una cruz dan la bienvenida a los visitantes de este pueblo. Una capilla en la mitad, pequeñas cruces esparcidas, pálidas lápidas y otras coloridas, flores... Todos elementos comunes de un camposanto hasta que aparecen cintas amarillas y personal vestido de blanco moviéndose por áreas delimitadas con pinzas, brochas y otras herramientas.

En esa escena lúgubre sobresalen al fondo casas que cuelgan de una ladera pronunciada. Desde allí vigilan algunos vecinos y suena música vallenata a todo volumen como si fuera un sabotaje a las rigurosas labores judiciales.

La misma banda sonora que acompañó la entrega de los restos, en febrero del 2020, de la primera víctima identificada: Edison Alexander Lezcano Hurtado, un campesino y padre de tres hijos que tenía 23 años en 2002 cuando fue asesinado por el Ejército.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de Medicina Legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un "contexto funerario normal", mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia. No hay mortaja, restos de ataúd.

Identifican patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible "falso positivo", que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

"Se repiten los patrones", detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba. Abrió una "Caja de Pandora".

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de "falsos positivos", concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008. "Hay un fenómeno macrocriminal inaceptable", afirma el togado.

Comienzo de una verdad

"La Puerta de Urabá", como es llamada Dabeiba, es uno de los territorios donde la guerra no tuvo piedad con ninguno de sus protagonistas. "Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba", asegura Ramelli.

Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un "pueblo pacífico que no busca venganzas", pero "quiere saber la verdad".

Mientras la JEP busca respuestas en Las Mercedes, los niños juegan en sus bicicletas en el parque principal de un territorio donde conviven actualmente exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, población afro e indígenas, pero en especial, víctimas.

"Nosotros perdonamos, pero es muy difícil olvidar", dice a Efe el alcalde, y relata que la guerrilla no solo lo tiroteó años atrás, sino que además asesinó a su hermano y a la madre de sus hijos.

A su vez, el padre Carlos Arturo Sánchez, nombrado recientemente párroco de la iglesia encargada de la administración del cementerio, califica a las intervenciones de la JEP como una "obra grande y admirable" que una vez termine permitirá iniciar un "proceso de perdón y reconciliación" entre una comunidad que "permanece unida", pese a la violencia

DABEIBA

18/03/2021 19:58

Jeimmy Paola Sierra / EFE

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Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

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Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

Escándalo recurrente

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

Nuevo capítulo

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Como parte de este proceso, ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

"Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", señaló la JEP, que dijo que "hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas", cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El tribunal explicó que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca "encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas" como parte del "Caso 03" de la JEP, relacionado con "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares "donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado" en Colombia.

En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango.

Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Operacion macabra 

Los "falsos positivos", condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).

Este caso se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.

Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

 

Por DANIEL SUÁREZ ZARTA (EFE)

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Viernes, 04 Octubre 2019 06:00

Se hizo justicia

Se hizo justicia

Análisis del fallo de la Corte Suprema en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.

 


El 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se ratificó la condena al general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata de una sentencia muy importante que todos las y los ciudadanos deberíamos leer y conocer.
Desaparición forzada | Palacio de Justicia | Abusos del Ejército | Bogotá D. C. |


Las y los desaparecidos


La desaparición forzada se estructura, según la Corte, cuando “un agente del Estado priva a una persona de su libertad, cualquiera sea la forma en que lo hace, seguida de su ocultamiento y negativa a reconocer dicho acto dicho acto o de dar información sobre su paradero”.


Para los jueces de la Corte Suprema, sin lugar a duda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis y Luz Mary Portela León, al igual que la guerrillera Irma Franco Pineda, salieron vivos del Palacio de Justicia bajo la custodia del Ejército Nacional y fueron entregados al B-2 de inteligencia de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco, la Corte reitera que sí fue detenida viva, que se dipuso que hombres la custodiaran y que ella se identificó por su nombre y pidió poder comunicarse con su familia, antes de ser llevada al segundo piso de la Casa del Florero, en donde se interrogaba a los sospechosos, según el testimonio del soldado bachiller Edgar Alfonso Moreno Figueroa.


Hasta ahora no sabemos el paradero del administrador de cafetería Carlos Rodríguez e Irma Franco. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueron vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas,” dice la Corte.


El Ejército pensó que con el incendio de la edificación la noche del 6 de noviembre no quedarían sobrevivientes, pero ¡ah sorpresa! los seis guerrilleros y los sesenta rehenes que permanecían en el baño del costado norte estaban vivos y se convirtieron en un problema para los militares. Se siguió la directriz dada el día anterior por el general Arias Cabrales “todos a la Casa del Florero”. Las personas pasaron a disposición de la sección de inteligencia del Comando de la Brigada XIII, la cual se encargaba de los sobrevivientes, sospechosos o especiales “para interrogarlos; para investigar si participaron directamente en la operación criminal, o si apoyaron en su condición de empleados de Palacio la ejecución de la acción terrorista”.


El acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo evidencia la secuencia con las grabaciones de dos radioaficionados, estaba prevista desde el comienzo de la operación. La desaparición forzada, consecuencia del operativo de “rescate” no fue un acto individual, sino un conjunto de acciones. El control de los militares era absoluto, hasta con los heridos ya que el general Arias Cabrales le dijo al coronel Edilberto Sánchez Rubiano que debía verificar a todas las personas que habían sido evacuadas heridas a centros asistenciales.


Que se mantuvo el control militar sobre todos los escenarios, todo el tiempo, es un punto clave en la sentencia pues se llegó a la “irracionalidad” de decir, ante la posible identificación de un guerrillero, que “si aparece la manga no aparezca el chaleco”. Anotó la decisión que “Desde este punto de vista es evidente que Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparecimiento de la guerrillera Irma Franco Pineda” y agregó que:


“Desde ese día, cuando ella fue entregada a miembros de la Brigada, nadie más supo de su destino. Desapareció; fue desaparecida. Con que fuera ella sola, únicamente, el grave delito se estructura objetivamente. No importa que fuera una persona por fuera o al margen de la ley (…). No importó su individualidad, como tampoco las de los otros desaparecidos. Bastó etiquetarlos como guerrilleros o sospechosos para perderla. En estos casos pesan más las categorías que los derechos, que la dimensión ética del ser humano”.


Y más exactamente sobre la naturaleza de la actuación del general Arias Cabrales, agrega la Corte que sus órdenes:


“realizaban a la perfección la directriz del general Rafael Samudio Molina, su superior Comandante de las Fuerzas Militares cuando señaló en relación con el tratamiento de los detenidos: ´El individuo capturado en el campo de combate debía ser rápidamente interrogado y evacuado a los organismos superiores´ Una clara manifestación, en palabras de la Corte, “de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregadas al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.


El contexto histórico y político


La Corte juzgó al general Arias Cabrales, debido al comportamiento en los hechos de retoma del Palacio y los posteriores que califica como “los más aterradores y dolorosos del conflicto armado” los cuales no pueden “sustraerse del entorno histórico y político en que ocurrió”.


El 6 y 7 de noviembre de 1985 el país se encontraba en estado de sitio (decreto 1038 de 1984) que le dio facultades extraordinarias al presidente Belisario Betancur Cuartas. Entre ellas estaban mantener la competencia de la jurisdicción militar para investigar a civiles y crear el Tribunal Especial para coordinar la actividad de los Juzgados de Instrucción Criminal asignados para investigar lo ocurrido, que culminó en un informe publicado el 17 de junio de 1986.


Desde 1983 estaba vigente el “Plan Tricolor” diseñado para enfrentar una guerra exterior o una insurrección general, parcial o total en el territorio nacional. El objetivo principal del plan consistió en destruir al comando del M-19 que realizó la acción del Palacio y proteger a las tropas que participaron en el operativo de retoma del fuego amigo.


El rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para los militares, como lo confirmó el general Rafael Samudio Molina al afirmar que ello sólo sería posible “hasta donde las circunstancias lo permitieran”. Para cumplir el objetivo no se podían conceder treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones, las cuales debían caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza, a fin de conseguir resultados decisivos, como ocurrió durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los guerrilleros del M-19.


El “Plan Tricolor” fue activado inmediatamente por los altos mandos militares, lo cual explica la rapidez de la llegada de las tropas y los vehículos blindados al Palacio. Estaba orientado el plan por la filosofía del “enemigo interno” incrustado en la Doctrina de Seguridad Nacional en boga en países del Cono Sur. En esa doctrina “se mantuvo la tensión histórica entre la razón de Estado y los derechos humanos, que en ese entonces se resolvía en favor de aquel”. Una serie de derechos incompletos consagrados en el papel sin poder exigir su cumplimiento. O sea, en palabras de la Corte “un sistema en el que políticamente la razón de Estado primaba sobre los principios de la democracia y los derechos humanos”.


La orden presidencial


El expresidente Belisario Betancur Cuartas y los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, insistieron durante el transcurso de las investigaciones judiciales -contra toda evidencia probatoria- que se trató de una operación de rescate de rehenes, en la que, según el expresidente de la República, “la regla de oro” era garantizar en todo momento la vida de los funcionarios judiciales, empleados y visitantes, inermes ante la acción del grupo asaltante. Pero esto no fue cierto.


Por el contrario, como se refleja en la decisión judicial, “está plenamente establecido que las armas del Estado se emplearon en contra los ciudadanos, empleados, visitantes, magistrados y guerrilleros, con el desabrido pretexto de “defender la democracia” (palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega) sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes y con el uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948. “ P. 185 CSJ.


Tanto el Ejército como la Policía Nacional, bajo el mando unificado del general Jesús Armando Arias Cabrales, tenían la clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance. Para ello, contó con “la temerosa actitud del presidente de la República de no intervenir”, según las propias palabras de la Corte y añadió que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.


El fallo ratificó que el director supremo de la operación retoma fue el general Arias Cabrales. Él sabía del procedimiento a seguir en el caso de los capturados. Dispuso que las personas que salieran con vida debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas como él afirmó, sino para identificarlas, interrogarlas y establecer la identidad de los integrantes del grupo enemigo. Como lo dijo la Corte, fue el artífice de la “solución final” que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su acción, su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron.


Dice la sentencia que la gravedad de la conducta del general Arias Cabrales y de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron del criminal operativo de retoma “es propia de un grave atentado a los Derechos Humanos, imponen en este caso que el derecho a la verdad y a la no impunidad, que es en lo que consiste la justicia material desde este ámbito, primen sobre la formalidad de la orden judicial previa, mas aún si se asume que con esa actuación no se creó un estado de indefensión para el procesado Arias Cabrales, en cuanto pudo objetar su contenido en el proceso, sin hacerlo”.


La Casa del Florero


Con la sentencia de la Corte en el caso del General Arias Cabrales, se comprobó que no eran ciertas sus afirmaciones de que en la Casa del Florero no se instaló el puesto de mando adelantado, o que fue utilizada para prestar primeros auxilios a los rescatados e identificarlos, luego de lo cual se les facilitaba el rápido retorno a sus hogares. Tampoco que muchas personas salieron por la puerta vehicular de la carrera 8ª y que otras fueron llevadas a centros asistenciales sin pasar por la Casa del Florero. También riñe con la verdad procesal lo afirmado por Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la Brigada XIII a cargo de la Casa del Florero, que solo brindó asistencia a las personas rescatadas y que allí reinó un caos y que no tenía mando sobre la Policía y el DAS.


Por el contrario, no hubo tal salida masiva porque la conducta de las personas al interior del Palacio era la de esconderse y salir sólo cuando fueron evacuado por el Ejército a la Casa del Florero. Los centros asistenciales estaban controlados por el ejército y algunos heridos pasaron por la Casa del Florero, que no era un lugar de primeros auxilios, sino que sirvió para identificar a los sospechosos o especiales e interrogarlos. Tampoco reinó el caos porque estuvo bajo el control absoluto del coronel Sánchez y tanto la Policía como el DAS estaban subordinados a él por el principio de la unidad de mando.


Esperamos con esta decisión de la Corte que no solo se abra el camino de verdad judicial, sino que el pacto del silencio e impunidad que ha caracterizado el caso de los desaparecidos del holocausto y demás víctimas, empiece a resquebrajarse. Veremos si los militares que se han sometido y quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le van a contar la verdad histórica de lo sucedido y también si acudirán a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y a la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos para evitar un pacto del olvido que no seremos.

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Saeb Erekal

Durante mi visita a Chile en 2015, un buen amigo me llevó a recorrer el monumento a los detenidos de-saparecidos durante la dictadura de Pinochet. Fue un momento de mucha solemnidad. Como palestino, yo también sé muy bien lo que significa tener hermanos y hermanas cuyos cuerpos no han sido devueltos. La emoción poco a poco se transformó en un mayor entendimiento de Latinoamérica y su respeto al derecho internacional y, particularmente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es una forma de decir "nunca más". ¿Para qué podría existir el derecho, sino para dar garantías de igualdad a todos, incluidos los más débiles?

Pero la historia también está marcada por sectores que no consideran el derecho como un valor, tampoco la igualdad, sino que ambos se transforman para ellos en una amenaza. Son quienes consideran que el poderoso puede constantemente humillar al débil, y es algo que se da en varios aspectos de la vida, desde las diferencias económicas a las diferencias sociales. Si la política exterior de cada país es una extensión de su política local, entonces no debe sorprender la decisión del presidente hondureño de, en violación flagrante de sus obligaciones bajo el derecho internacional y particularmente de la resolución 478 del Consejo de Seguridad, reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Son las consecuencias de la era Trump, donde el presidente estadunidense ha levantado a un puñado de populistas de derechas a nivel mundial quienes, de forma consciente o inconsciente, contribuyen a desbancar el sistema internacional. Eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos a través no sólo de sus ataques contra importantes tratados y organizaciones internacionales, como el protocolo medioambiental de París, la Unesco y el Consejo de Derechos Humanos, sino también en contra de principios básicos del derecho internacional. En efecto, reconocer a Jerusalén como capital de Israel –tal como el reconocimiento de las Alturas del Golán, pertenecientes a Siria, como parte de Israel– es un intento de normalizar la adquisición de territorio por la vía armada, una violación flagrante a uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario.

Los objetivos cortoplacistas de aquellos populistas se oponen al interés de avanzar en la seguridad y paz mundial, de la misma forma que contribuyen a sentar precedentes tremendamente negativos para el futuro de la humanidad. En Palestina hemos sido víctimas de la falta de implementación de las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, pero eso no quiere decir que el problema sea el derecho, sino la voluntad política para implementar sus principios. Esa misma falta de voluntad que permitió que el Apartheid en Sudáfrica se mantuviese por décadas.

La decisión de Honduras, quien junto con Guatemala se ha querido transformar en paladín de Estados Unidos en Centroamérica reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, a pesar de que ambos países han sido llamados shithole countries o "países de porquería" por el presidente Trump, refleja una triste y peligrosa realidad en política internacional: quienes no dan valor al derecho simplemente no dan valor al principio básico que debe guiar las relaciones entre los países: el respeto.

La mentalidad clientelista de quienes justifican al presidente hondureño señalando que a cambio Honduras va a recibir "cooperación" por parte de Israel, no sólo se olvidan de la clase de "cooperación" entregada por Israel a las dictaduras latinoamericanas, sino que simplemente entregan el mensaje de que su política exterior está a la venta. Claramente la política exterior está basada en intereses, pero también en balances. Los intereses, tanto comerciales como de cooperación y políticos, y los principios básicos del derecho internacional, deben ir aliados de forma tal que las relaciones internacionales se transformen en un vehículo que propague la paz y no –como en este caso– un instrumento de un líder populista para acercarse irresponsablemente a esos mismos poderosos que, en el pasado, ya han mostrado el poco valor que asignan a sus relaciones bilaterales.

Latinoamérica sigue representando para Palestina un bloque natural de apoyo. Sus identidades y experiencias entienden la importancia del derecho internacional, particularmente del derecho a la autodeterminación. Al mismo tiempo que, en conjunto con nuestros aliados y particularmente con los miembros de la Liga Árabe, revaluaremos las relaciones como bloque con Honduras, también impulsaremos nuestras relaciones con el resto de la región. La causa de Palestina sigue siendo una causa universal por el respeto de la libertad y la justicia, algo que sin importar lo que haga Trump y sus amigos populistas, no cambiará la identidad de Latinoamérica en defensa de esos mismos valores, ni tampoco la realidad de Jerusalén como ciudad ocupada, ni el derecho de Palestina a existir libre y soberana.

* Secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina y jefe negociador palestino.

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