El Bloque Tolima disparó  al corazón y a la mente

El amor es el antídoto del miedo. 

Pero el sujeto debe autoafirmarse primero.

Emilio Mira y López

 

El instrumento paramilitar del Estado colombiano ha tenido diferentes efectos en su aplicabilidad. Es decir, en todos los ámbitos humanos como estrategia contra-insurgente y anti-popular que abre paso en los territorios a la invasión del capital privado-multinacional. El norte del Tolima, fue un territorio de incursión paramilitar del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde la comunidad fue víctima de las múltiples acciones terroristas utilizadas por este grupo armado para-estatal.

 

De los años 2002 al 2005 se vivió la guerra entre el Bloque Tolima, la insurgencia y comunidad. Desde su llegada en todo el departamento del Tolima, los asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones hicieron parte de la caja de herramientas para ocupar el territorio, desarticular el tejido social y sacar a la insurgencia del mismo. Esto con el ánimo de imponer el miedo y la desconfianza entre las personas. En el norte del Tolima, se tiene registrado los asesinatos de 3 personas en la vereda La Trina (Líbano) el 11 de septiembre del 2003. El asesinato del líder campesino y comunal Ángel María Rodríguez el 3 de marzo del 2004, en la vereda La Esmeralda, Villahermosa. Además, la estigmatización al corregimiento de Santa Tereza, Líbano, como zona insurgente convirtiendo a sus habitantes en objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Ahora bien, también se registran daños emocionales y sicológicos debido al control social en la rutina diaria de la comunidad. Siguiendo con Santa Teresa, se restringió la movilidad de las personas después de las 6:00 pm; el asesinato de un joven en el parque principal en horas del día; la instalación de bases militares en fincas y cementerio del corregimiento; los grafitis en algunas casas y locales con las siglas de las AUC, se encaminaron a sembrar miedo y desconfianza, a transformar el carácter público y de encuentro de los espacios públicos al tiempo que se suspendieron los eventos comunitarios como campeonatos de fútbol, celebraciones del día de la madre, fiestas patronales, ferias, la cancelación de clases desarticulando por completo la convivencia en la comunidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Esta pequeña radiografía en el norte del Tolima, es una muestra a nivel local de la invasión paramilitar al resto de la región en donde se vieron afectados también pueblos indígenas, sindicalistas, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. En ese sentido, es necesario realizar el análisis desde el campo de la sicología de guerra de este caso para comprender los efectos en la siquis comunitaria e individual de las acciones paramilitares, con el fin de ganar una guerra contra-insurgente.

 

La guerra sicológica del Bloque Tolima de las AUC

 

Al evidenciar el asesinato político, la tortura, las amenazas, violaciones y demás acciones paramilitares contra la comunidad, puede comprenderse que son recursos centrales en la estrategia contra-insurgente, los mismos que traen consigo la deshumanización tanto de victimarios y víctimas. La deshumanización se traduce en la perdida de atributos humanos como la esperanza, sensibilidad ante el sufrimiento y el sentido de la solidaridad (Baró, 1990).

 

Ahora bien, el paramilitarismo cuando aparece en la prolongación de la guerra y azote de territorios como el norte del Tolima, produce: relaciones sociales deshumanizantes, desprecio por la vida, perdida de la identidad personal y grupal, lo que se complementa con la parálisis política cuyos efectos se prolongan después de la desintegración o reducción al mínimo nivel de la organización social, blanco del paramilitarismo.

 

Como eje central de todos estos estragos, se encuentra el miedo sembrado en la comunidad el cual, en el contexto del Norte del Tolima, tiene dos niveles: la prudencia/retraimiento y la concentración/cautela sembrados en los habitantes de este territorio. A decir, la prudencia/retraimiento impone un límite a los fines y ambiciones, como la renuncia a los placeres que contengan riesgo, así mismo busca evitar las situaciones que se aproximan. Por el otro lado, la concentración/cautela se traduce en asegurar el básico e inmediato propósito de tener una situación de seguridad y por la cual se emplean todas las facultades. La preocupación es una constante acompañada de pesimismo, que hace ver al sujeto reservado desde la perspectiva externa (Mira, 1944).

 

Con los casos de las víctimas de las AUC arriba descritos, se presentó también el otro rasgo que hace cosechar el miedo colectivo, es el peligro impredecible, debido al cambio de lugar y la irregularidad en la apariencia o desaparición de los estímulos fobígenos que aumentan su carácter sorpresivo (Mira, 1944). La comunidad del Líbano y Villahermosa, eran conscientes de la presencia de paramilitares en su corregimiento o vereda, pero no sabían cuándo ni dónde actuarían contra ellos estos sujetos armados.

 

Junto al miedo, caminaron la angustia y el terror por los caminos y trochas del norte del Tolima con el fin de asfixiar los procesos organizativos y movilizadores que apuntaban a las transformaciones sociales, ¿por qué? Porque según Baró (1990) hay tres acciones en la guerra sicológica: la persuasiva (consciente), sugestiva (subconsciente) y compulsiva (inconsciente) y esta tercera tuvo mayor preponderancia en el territorio abordado, pues continuando con el autor la acción compulsiva por medio de la implementación del miedo, el terror y la angustia produce que la comunidad solo piense en conservar la vida, dejando en un segundo plano las reflexiones y acciones sobre la complejidad social y política que la rodea (Baró, 1990).

 

El fin, entonces, de esta estrategia tuvo dos caras, la inmediata y la de largo plazo. La primera estuvo cargada de los hechos denunciados y sistematizados que desarticularon el tejido social, minó la fuerza política de las organizaciones campesinas y, por supuesto, buscó la desaparición de la insurgencia. La segunda cara de la estrategia tiene sus efectos en la actitud colectiva que incide con desconfianza, miedo, frustración y desesperanza en la visión de la vida en el territorio, instalando una barrera invisible a las iniciativas organizativas que busquen transformaciones sociales.

 

Para que el amor sea realmente eficaz

 

Comprender el campo de la sicología de las relaciones humanas en un contexto de guerra, es obligatorio para incluir otro escenario de reflexión en las causas de las conductas de la comunidad y poder establecer rutas que permitan superar las heridas sufridas por el paramilitarismo sin desprenderse de la realidad social que sigue dinamizada por los conflictos sociales.

 

Así mismo, para las organizaciones sociales es inherente a su quehacer el abordar la salud mental de sus miembros y de las comunidades que se articulan a los planes de vida digna ya que por años una de las malas tradiciones de la izquierda ha sido despotricar el aspecto sicológico de los sujetos. Hoy en día, es imperioso aprehender del amor para que sea realmente eficaz.

 

* Coordinador Nacional Agrario – Congreso de los Pueblos.

 

Bibliografía

Baró, Ignacio Martín (1990), Sicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA, San Salvador, El Salvador.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe Nº 1”, Cnmh, Bogotá.
Mira y López, Emilio (1944), Siquiatría en la guerra. Editorial Médico-quirúrgica, Buenos Aires.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

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Sábado, 28 Abril 2018 06:18

Denuncian y se abre el diálogo

Denuncian y se abre el diálogo

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua informó el jueves que al menos 63 personas murieron y otras 15 están desaparecidas, en lo que definió como “una masacre contra el pueblo”. La CPDH, creada en 1977 en plena dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue clave en sus derrocamiento con sus denuncias a las persecusiones de campesinos que recorrieron el mundo, y desde entonces es la principal fuente de consulta sobre violaciones a los DD.HH. en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales y centros académicos especializados.


En tanto, aún no se sabe cuándo se iniciará el diálogo propuesto por el gobierno, aceptado con condiciones por los estudiantes, que siguen atrincherados en una universidad, y con la mediación de la Iglesia, principal aliado del gobierno, que a su vez convocó a una marcha en Managua para el próximo sábado.


La cifra de muertos difundida por la CPDH, que el miércoles estimaba que los desaparecidos eran 60, sextuplica el número de fallecidos informados por el gobierno de Nicaragua, y casi duplica las estimaciones de gente abatida a tiros, la mayoría de ellos jóvenes, difundida por ONGs y otros organismos defensores de los derechos humanos.
El director del CPDH, Marcos Carmona, señaló el jueves, flanqueado por jóvenes que estuvieron detenidos por la policía, algunos visiblemente golpeados y lastimados, y por madres que mostraron fotos de sus hijos fallecidos en los disturbios, que “lo que se dio es una masacre contra los estudiantes, contra el pueblo de Nicaragua”.


La posición del recién creado Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A) fue plasmada en una proclama divulgada anoche en rueda de prensa en la Universidad Politécnica (Upoli) por líderes estudiantiles cuya identidad no fue revelada. “Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos extendió la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en el marco del respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución Política”, indica el texto leído por una integrante de la agrupación. Sin embargo, asistirán al diálogo “siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos”,

advirtió la proclama citada por medios locales. El M19A responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias”, y reclamó la renuncia de ocho jefes policiales.


La ola de manifestaciones en Nicaragua comenzó la semana pasada detonada por reformas en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que aumentaba los aportes patronales, en menor medida de los trabajadores, y reducía las jubilaciones en un cinco por ciento. A causa de las protestas, el domingo el presidente Ortega anuló esa reforma.

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Hidroituango

 

Entre el 15 y el 23 de enero de 2018, una misión de verificación integrada por seis personas, entre abogados, activistas de derechos humanos (ver perfiles al final) y representantes de organizaciones sociales, realizaron un recorrido por el cañón del río Cauca, zona de influencia del megaproyecto hidoreléctrico más grande del país: la represa Hidroituango, para constatar, a través de testimonios de comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del río que podrían corresponder a muchas de las víctimas de al menos 642 desapariciones forzadas, y de 63 masacres con 372 víctimas, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas cifras corresponden a los periodos 1978- 2016 y 1982-2016, respectivamente.

Las estadísticas del CNMH no coinciden con las del Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, de 622 y 343 víctimas respectivamente, pero todas dan cuenta de la magnitud de la violencia sociopolítica vivida en la zona, y de la existencia de una verdadera fosa común en las riberas del Río Cauca, cuya verdad histórica, así como derechos de sus familiares podrían quedar inundados y enterrados debajo del megaproyecto.

“Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados -Pescadero, entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha entre Sabanalarga y Peque; y el Puente viejo en el corregimiento de Puerto Valdivia- como lugares de tortura, ejecución y sacrificio de personas en donde tiraban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y asesinatos que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango.”

Por tal razón, la misión lanza un llamado de urgencia al gobierno nacional emprenda un plan de búsqueda antes de que se inicie la inundación de esta represa prevista para junio de 2018. Cabe anotar que las comunidades, a través del Movimiento Ríos Vivos, Antioquia, que agrupa a organizaciones campesinas de los 12 municipios con influencia del proyecto, ha denunciado esta situación desde el año 2012, son tener eco en las autoridades ni los medios de comunicación.

Las exhumaciones que se han realizado por cuenta de los avances de la obra Hidroituango, han encontrado 159 cuerpos de los cuales han sido identificados y entregados 84, en medio de irregularidades como la participación de privados, mediante convenio entre Fiscalía y EPM:

“Conforme lo indicado por Fiscalía, entre ella y EPM existen acuerdos con el propósito de que la empresa recabara la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de inundación del proyecto, a partir de la cual la Fiscalía realizó 159 exhumaciones. Asimismo, se nos señaló que se convino que era competencia de la empresa la sociabilización y concertación de la exhumación y traslado de aquellos cuerpos presentes en los cementerios de la zona a ser inundada con las familias involucradas, para lo cual EPM convocó a licitación a diferentes entidades”.

Las comunidades han denunciado señalamientos y estigmatizaciones en este procedimiento, ya que en muchos casos fueron los mismos pescadores y pescadoras quienes dieron sepultura por sus convicciones morales y éticas a estos cuerpos. Por eso reclaman que el plan, en el cual están dispuestos a colaborar, cuente con garantías y protección para ellas y que el Estado asuma su responsabilidad en el papel de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos a sus familiares.

La misión también encontró que las muertes violentas en la zona no son cosa del pasado y que persistes la amenaza para las comunidades, como lo percibió una de las integrantes en carne propia, según se recoge en el informe final:

Se constató que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsisten la presencia de paramilitares en la zona. Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole que “si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona” y respecto a ese momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí.

La misión también se reunió con autoridades regionales y nacionales relacionadas con los procedimientos de recuperación e identificación de cuerpos y búsqueda de desaparecidos en el departamento de Antioquia. Con base en esta recopilación de información presentó sus recomendaciones dirigidas a la Fiscalía investigar y desplegar el plan de búsqueda, tomando las medidas de protección para la comunidad.

También a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya puesta en marcha considera de la mayor urgencia e importancia, para que preserve los sitios y disposición de cuerpos y referencias a su ubicación y garantice la protección a quienes suministran dicha información, así como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para garantizar la memoria y la no repetición de los hechos allí ocurridos.

La misión también se dirigió a la comunidad internacional y le solicitó que impulsen, acompañen y realicen el seguimiento al caso, y ala sociedad civil para que se informe y solidarice con esta realidad.

A las Empresas Públicas de Medellín, EPM, les solicita que se abstengan de seguir realizando labores que puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia y en particular la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos en el área de influencia del megaproyecto.

 

La misión convocada por el Movimiento Ríos Vivos y con apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo estuvo integrada por:

- Verónica Heredia. Abogada argentina defensora de Derechos Humanos; representante legal de las víctimas en el Caso “Torres Millacura” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los familiares en el caso de Santiago Maldonado; abogada de Nora Morales de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora en habeas corpus; Secretaria de la Asociación Civil sin fines de lucro “Encuentro de Profesionales contra la Tortura”

- María Elena Ugalde. Abogada chilena, apoyo jurídico al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y en causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura chilena.

- Carolina Caycedo. Artista plástica vinculada a #MásVoces, colectivo de trabajadores culturales en Colombia que se organiza en 2016, ante la apatía de la sociedad civil y la desidia estatal frente al incremento de asesinatos de defensores/as de derechos humanos y líderes sociales post acuerdo.

- Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders, protección a los/as defensores/as de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line da respuesta las necesidades de protección identificadas por los mismos/as defensores/as.

- Erik Arellana Bautista. Periodista de Colombia Plural, nuevo medio de comunicación independiente, periférico y diverso con vocación de incidencia en la opinión pública nacional colombiana pero desde la construcción de narrativas territoriales que sean el reflejo de la diversidad humana, política y cultural del país; miembro de la plataforma desaparicionforzada.co, red amparada por la asociación Human Rights Everywhere.

- Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Organización sin ánimo de lucro, que surge en el 2004 en respuesta a la necesidad de un equipo forense independiente, al servicio de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

 

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Caravana de Madres Centroamericanas. Foto: Mario Marlo/ La Izquierda Diario

 

Integrantes de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas denunciaron hoy la desaparición de unos 100 mil emigrantes en su trayecto hacia el “sueño americano”.
El contingente está integrado por madres y familiares de emigrados, de los cuales se desconoce su paradero o destino, procedentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.
La Caravana recorre varios estados mexicanos y en la capital del país marchó por el Paseo de la Reforma. Frente a la embajada de Estados Unidos responsabilizaron a su gobierno por las políticas de seguridad que van contra los derechos humanos en México y la región.También se pronunciaron en contra la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los legisladores mexicanos y ahora espera por su promulgación. Dicha ley, aunque fue modificada en algunos de sus acápites, recibe el rechazo de la población al considerarla una estrategia del gobierno con vista a ejercer presión para su permanencia en el poder en las elecciones del 2018.

Este instrumento legal pretende además reglamentar el proceder de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, lo cual implicaría su militarización.

 

Madres centroamericanas

Caravana de Madres Centroamericanas. Foto: Movimiento Migrante Mesoamericano

 

(Con información de Prensa Latina)

 

 

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Lunes, 10 Abril 2017 08:37

Nace la Comisión de la Verdad

Nace la Comisión de la Verdad

Los resultados de la comisión no serán vinculantes jurídicamente, pero recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar a las víctimas y dejar claros los responsables. Buscan a más de 50 mil desaparecidos.
Santos firmó un decreto para crear una Comisión de la Verdad y una unidad para buscar a personas desaparecidas.


Gracias al Acuerdo de Paz entre gobierno y Farc, se creó esta semana la Comisión de la Verdad en Colombia. Ante un público emocionado y conmovido, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto con carácter de ley que, además, pone en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los ojos brillaban en los rostros de las víctimas que durante décadas han esperado por estos organismos los cuales serán una realidad gracias a la reciente aprobación en Congreso del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en La Habana.

Aunque en Colombia ya existió una Comisión Nacional de Reparación que incluyó un grupo de memoria, y luego la Ley de Víctimas dio a luz al Centro Nacional de Memoria Histórica, la firma de esta semana abre la posibilidad a una Comisión de la Verdad en todo el sentido, cuyos resultados no serán vinculantes jurídicamente, pero que recabarán en la historia de la guerra, sus causas y evolución para aliviar la pena de las víctimas y dejar claros los responsables. Igualmente, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una luz de esperanza para los más de 50 mil hombres y mujeres que no saben el paradero sus seres amados: estudiantes, líderes sociales, sindicalistas, o trabajadores y ciudadanos comunes y corrientes a quienes un día un grupo armado ilegal o el mismo Estado se llevó con ellos y nunca regresaron.

Por eso, las lágrimas rodaban por las mejillas de viudas y húerfanas presentes en la firma del decreto en el Centro de Memoria Distrital donde, además, se encontraban los principales funcionarios del alto gobierno e integrantes del Secretariado de las Farc. Las víctimas de crímenes de Estado alzaron la voz en medio del acto protocolario para exigir tomar el micrófono como lo hicieron aquellas afectadas por Farc y paramilitares. “Somos una generación de hijos e hijas a la cual se nos llevaron a nuestros padres”, dijo Alejandra Gaviria al final de evento cuando se les permitió subir al escenario. Su padre, Francisco Gaviria, fue desaparecido, torturado y asesinado en 1987 por pertenecer a la Unión Patriótica (UP) . “Usted, señor Presidente, se compromete con toda la verdad, la verdad para todas las víctimas. Esta firma significa además un compromiso de muchas partes incluyéndolos a ustedes, amigos militares. Necesitamos que se desclasifiquen los archivos militares”, concluyó la joven.

Junto a ella, en la tarima principal, Yolanda Pinto escuchaba atenta. Su esposo fue secuestrado por las Farc y asesinado durante el cautiverio junto a 10 militares y civiles en una tragedia que sacudió todo el país. La mujer fue enfática en explicar que no guarda rencor contra la guerrilla y que su fin como grupo ilegal es un regalo necesario para sus nietos, que no pudieron conocer a su abuelo, y para un país que merece un mejor futuro. “La Comisión de la Verdad que se conforma ahora es una de las herramientas más potentes para lograr entender las razones del conflicto, curar las heridas pero sobre todo aprender de esos errores. Ese dolor y todo lo que nos hicieron tiene que servir para que no se vuelva a repetir nunca jamás” afirmó Yolanda Pinto en diálogo con PáginaI12.

Al terminar el protocolo, otras víctimas como Clara Rojas, quien estuvo secuestrada en campamentos de Farc y se encontraba en el recinto, se cruzó con guerrilleros como Victoria Sandino, Pastor Alape e Ivan Márquez. Los indígenas de Cauca, por su parte, se acercaron a los comandantes y celebraron con un abrazo y una foto el hecho más importante en la historia reciente de Colombia para dar con la verdad de medio siglo de guerra. Santos había dicho minutos atrás que la verdad es incluso más reclamada por las víctimas que una reparación económica y muchas lo ratificaron entusiastas frente a la firma del decreto que incluye la conformación de un grupo que escogerá los comisionados.

De acuerdo con gobierno y el Acuerdo de Paz, la Comisión tiene la misión de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. También de promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió. Dicha Comisión durará tres años, más seis meses iniciales del periodo de preparación en el que se escogerán once comisionados que los mismos colombianos podrán postular de manera amplia y pluralista. Los mismos que eligen estos investigadores serán quienes elijan los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que también hace parte del Sistema Integral pactado en La Habana y que significa para toda la sociedad colombiana la oportunidad de transitar a tiempos sin conflicto armado gracias a la justicia y la verdad.

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Domingo, 02 Abril 2017 14:44

Mocoa, desastre con interrogantes

Mocoa, desastre con interrogantes

Tras el paso de cada hora, la magnitud del desastre al cual está sometida la población de Mocoa-Putumayo, producto de una avalancha de los ríos que la circundan (Putumayo, Mulato, Sangoyaco) adquiere proporciones dantescas.

Así lo confirma el número de muertos, heridos, desaparecidos, que crece sin parar. Pero también la destrucción de su poblado el cual quedó arrasado en un 50 por ciento, según algunas informaciones provenientes del lugar de los sucesos.

 

Las cifras

En la amanecida del primero de abril, apenas conocidas las primeras informaciones sobre esta avalancha, la cifra de muertos era cercana a los cien; hacia las 2 de la tarde de este mismo día ya rondaban los 130 fallecidos; hacia las 5 pm ya sumaban más de 150. Los heridos y desaparecidos, cada uno ellos, en cada caso, han rondado las 200 víctimas, tres docenas de los heridos en grave estado.

Y así ocurría, porque en la medida que desechos de casas, carros, piedras de gran tamaño, pantano, etcétera, era removido surgen cadáveres, así como heridos. Y en la medida que esto ocurría, la angustia del desastre era cada vez más evidente en los rostros de los sobrevivientes, quienes ante esta realidad constataban que algún familiar o conocido no aparecía con vida.

Pero los cadáveres y heridos no dejan de aparecer, a tal punto que el domingo 2 la cifra total de muertos, según distintas fuentes, oscila entre 254 –prensa internacional–207 –reportes de la Casa de Nariño– y 238 según El Espectador,

La disparidad en las cifras confirma, a todas luces, que no existe control total de los organismos de socorro sobre el terreno de Mocoa, superados por la magnitud del suceso. Esto incluso y a pesar del cúmulo de socorristas y funcionarios desplegados sobre el terreno, así como, de la presencia del mismo Juan Manuel Santos. Como siempre, realizando presencia oficial tras lo hechos, con rostro compungido, como en campaña electoral, abrazando, en este caso, a los deudos. ¿Cuándo será que los empobrecidos y marginados pueden participar del diseño integral de sus territorios? ¿Cuándo será que sus necesidades son tomadas realmente en cuenta? ¿Cuándo será que lo fundamental sea la prevención y no el socorro?

 

 

El desastre

 

Sorprende, al momento de dar explicaciones del por qué de la avalancha, que el Gobierno descargue la culpa en el invierno. “Llovió sobre Mocoa –según Santos– como no sucedía desde hace 25 años”. La pregunta obligada es: ¿Y qué sucedió hace 25 años en este poblado cuando tal cantidad de agua mojó sus tierras? Por parte alguna aparece información que indique sobre decenas o cientos de muertos, heridos y desaparecidos.

La otra explicación de la magnitud de lo ocurrido, es que las casas edificadas eran frágiles. ¿Construidas así por el clima? ¿Por la falta de recursos económicos de quienes así las levantaron?

La verdad es, como siempre, que quienes llevan la peor parte en este tipo de sucesos, son aquellas familias que construyen sus viviendas cerca o al borde del lecho del río. Así parece ocurrir con quienes habitaban los barrios San Miguel y Laureles, arrasados totalmente. Algo similar pudo suceder con quienes habitaban otros barrios, entre ellos: El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio, San Agustín y otros más.

Dos cosas resaltan de esta realidad: 1) si el agua lluvia que cayó como diluvio sobre estas tierras no fue absorbida por los bosques que deberían existir cerca de su lecho y en el conjunto de su cuenta, es porque un proceso de deforestación creciente tomó mayor forma en el curso de los últimos 25 años; 2) Si decenas de familias tienen que construir sus viviendas cerca o en los márgenes de los ríos es porque no tienen acceso a tierra bien ubicada, con lo cual se reduciría la posibilidad de este tipo de desastres.

Lo que también llama la atención acá, es que esto ocurra en un poblado como Mocoa, rodeado de tierra. Salta a la vista que aquí, como en el resto del país, la tierra está concentrada en manos privadas. Una redistribución de la misma es indispensable para poder reconstruir la población y evitar que en algún momento esto vuelva a suceder. De no proceder así el poblado debería ser reubicado pues nadie puede asegurar que otro invierno no produzca iguales consecuencias.

La otra medida por implementar, de inmediato, es la reforestación de todo el lecho y la cuenca de los ríos que rodean a Mocoa. Control sobre la tumba de bosques, e inspeccionar si río arriba existen explotaciones mineras o de otro tipo que hayan facilitado este desenlace.

Todo esto es para las semanas, meses y años que vienen. Mientras así se actúa, la cifra de muertos y heridos no mermará. Los desaparecidos irán apareciendo, seguramente aguas abajo de todos y cada uno de estos ríos.

El país debe aprender la lección, sobre todo los sectores populares sometidos a la falta de programas oficiales que le permitan acceder a vivienda digna, así como, a tierra suficiente para erigir hábitats realmente sustentables. Dos reformas inaplazables, que los movimientos sociales deben encarar: urbana y agraria.

 

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ACTUALIZADO

2 de abril de 2017, 6:00 am

1 de abril de 2017, 5:00 pm

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La búsqueda de personas desaparecidas en Antioquia: ¿Efectiva la implementación del acuerdo de La Habana?

 

El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado como punto central del punto 5: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado en la mesa de La Habana entre el Gobierno y las FARC, el cual ya tiene sus inicios concretos para efectos sobre el esclarecimiento de los desaparecidos.*

A mi modo de ver, cuatro ejes importantes acorde con lo pactado en la Mesa de la Habana, se hace posible un trayecto en el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos en Colombia.


1. El territorio- identificación de espacios geográficos de desapariciones e identidades.

2. Las instituciones gubernamentales: el municipio e instituciones del gobierno como Instituto de Medicina Legal y fiscalía en la búsqueda de los desaparecidos.

3. Las Víctimas: memoria, lugar y espacio vivido de los desaparecidos en coordinación con las instituciones del Estado.

4. Justicia Restaurativa: la responsabilidad histórica del Estado e implicados hacia una reparación individual y colectiva a las familias y a la memoria-presente de desaparecidos.

Como trabajo metodológico y en respuesta al “Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos” promovido desde la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, se ha dado inicio en el Departamento de Antioquia conjuntamente, un trabajo integral y consensuado entre el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y los familiares de víctimas, bajo el trabajo del grupo de N.N., lofoscopia de rastreo y documentación a través de las necrodactilias de los cuerpos sin identificar del Jardín Cementerio Universal. Bajo esta implementación se realizará el esclarecimiento de 125 personas sobre 130 personas por desaparición forzada, que se exhumarán en el mes de Marzo de 2017 y las cuales se encuentran en el Cementerio Central en Fosas comunes*.

Esta búsqueda se le ha denominado “Plan Cementerio”, donde se busca intervenir los camposantos en los que se conservan, según diversos organismo de Derechos Humanos existen más de 75 miles personas desaparecidas en todo el territorio a causa del conflicto armado colombiano, esta cifra está en contraposición con los datos registrados por la Unidad para las Víctimas, la cual señala que hasta ahora están registradas 47.474 víctimas por desaparición entre los años 1977 y 2015.

 

Para una memoria colectiva: buscar y encontrar.


En Colombia los familiares de las víctimas, sufren por no saber dónde están sus seres queridos, indígenas, campesinos, afros, mestizos, los cuales fueron asesinados y desaparecidos en el horror de un conflicto armado. La memoria colectiva e histórica, implica un ejercicio permanente, gradual basado en una pedagogía cotidiana y política sobre lo que ocurrió en Colombia. El tema de la NO repetición está muy lejos, pues llevamos más de cinco (5) décadas de genocidio y exterminio en América Latina, lo cual se sigue perpetrando como mecanismo de eliminación y exterminio de poblaciones enteras bajo regímenes autoritarios y represores amparados de manera sinuosas bajo “democracias crematísticas”* que de democracia incluyentes de ser, aún están lejos en este tiempo presente. El siglo XX esta adherido, aún en este tiempo-operativo no se ha despegado de los acontecimientos de exterminio, la historia de manera cerril se extiende y los sucesos giratorios aún se conservan donde los ciudadanos están al paso del tiempo y no viceversa, por ello aún la muerte como política de Estado ronda*. En Colombia sus ciudadanos no se liberan aún del asecho del exterminio ruin de un sistema que parece como Democracia, pero que permanece como agua estancada.

 


¿Cuántas exhumaciones se han realizado en el año 2016?


En el año 2016 esta metodología implementada denominada “Plan Cementerio, se han reportado 311 restos exhumadosen cementerios de Nariño y Santander, Huila, Chocó y Antioquia, de por sí muy buena la intención, pero esta suma es verdaderamente irrisoria ante el semejante horror que aún se vive por el esclarecimiento de la verdad. Es buena la voluntad, pero falta celeridad, se requiere que los municipios y sus gobernantes de todo el país sean incluyentes y estén más comprometidos con la búsqueda de las personas desaparecidas en los diversos espacios geográficos.En esta dinámica territorial para el esclarecimiento sobre esos “espacios de fosas comunes” se tiene un soporte acorde con la metodología implementada por el acuerdo de la Habana que hoy se inicia hacia los territorios en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, Oriente de Antioquia, y en la población de Marsella- Risaralda.

En ese contexto territorial, se posibilita una memoria colectiva e histórica, siendo claro y esperanzador los acuerdos conlas FARC-EP y actualmente el iniciático proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su debido curso. Lo más importante es avanzar hacia una sociedad que insiste en la Paz y el compromiso de un Estado. Sin duda, el gran reto grande es vencer la violencia domesticadora de un Estado y las formas de hiper –guerra desde los ámbitos institucionales. Es un desafío grande, hacia los miles de ciudadanos, de generaciones distintas que se decidan a explorar y entrar en una conciencia histórica, bajo una pedagogía cotidiana y políticasobre lo que ocurrió en Colombia y de otro lado, un camino para avanzar hacia una verdadera justicia restaurativa en medio de una institucionalización que es represora en medio de un proceso en Paz, bajo una hiper-guerraexterminando ciudadanos. Actualmente, existen en esta memoria colectiva, 136 líderes asesinados en medio de este proceso de Paz, donde ya se cuestiona el galardón de un Premio Noble de Paz dado al presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto señor lector -¿Hastacuándo soportar tantaignominia? ¿Cómo avanzar en una pedagogía cotidiana y política para que miles de ciudadanos, generacionalmentese sumen ante el dolor de los miles de desaparecidos en Colombia? ¿Qué le espera a este presente si, los ciudadanos no son capaces de asumirse bajo una memoria histórica y política?¿Cómo derrotar los vínculos de la guerra en medio de un proceso de Paz?

 

* Geógrafa, investigadora social, articulista.

*Ver al Web: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html

* Ver la nota periodística en El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/desaparecidos-del-cementerio-universal-de-medellin-FF5979564

* Ver sobre ello “ La República” de Platón, en la sección página 467- 480 la disertación sobre Democracia

* Ver sobre ello el análisis del tiempo presente en la obra del filósofo Giorgio Agamben: Cartas a Pablo, El Tiempo que resta”.

 

 

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Marcha multitudinaria a 40 años del golpe en Argentina

En una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, más de cien mil manifestantes encabezados por Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S de desaparecidos marcharon este jueves aquí para recordar cuatro décadas del golpe militar que instaló la dictadura más cruenta del país. La movilización llevó el lema 40 años de lucha, memoria y militancia: sin derecho no hay democracia.


Fue la primera marcha en el gobierno del presidente derechista Mauricio Macri, a quien llovieron críticas y reclamos. También fue la primera vez en que todos los medios de comunicación, tanto privados –salvo Crónica TV– como estatales, que ahora controla el gobierno, ocultaron las concentraciones y las marchas. Fue tan evidente que muchos de los manifestantes consultados mencionaron una y otra vez la palabra censura, que no sólo sucede con esta situación, desde que asumió Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre.


Aquí, en todas las capitales regionales y en otras ciudades del país decenas de miles marcharon este jueves. En Córdoba, Rosario, Sante Fe, Mendoza, Paraná y en el resto de las provincias, incluso en la turística Bariloche, donde estuvieron unas horas el presidente estadunidense Barack Obama y su familia, hubo marchas.


¡Macri basura, vos sos la dictadura!, fue uno de los cánticos más repetidos durante el acto en esta capital, donde acompañaron a los organismos de derechos humanos agrupaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles. Asombró la cantidad de personas que llegaron con sus familias y se movilizaron de manera independiente.


En esta capital, al terminar el acto de la marcha central, entraron a Plaza de Mayo otros miles de manifestantes convocados por el colectivo Encuentro, Memoria Verdad y Justicia y por otra parte Hebe de Bonafini, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, llegó en un camión, junto a militantes y algunos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para realizar la ronda de los jueves, que se mantuvo en todos estos años desde 1977.


Durante el acto central, Estela de Carlotto leyó un documento firmado por Abuelas, Madres, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Hermanos de Desaparecidos por Razones Políticas ante una plaza colmada, como lo estaba la Avenida de Mayo y calles adyacentes.


A 40 años del golpe genocida nos sentimos nuevamente convocados a defender la democracia, leyó De Carlotto, y afirmó que el cambio de gobierno significa a diario la vulneración de derechos.


En estos primeros cien días del nuevo gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado. Con decretos de necesidad y urgencia se violentaron leyes como la de servicios de comunicación audiovisual e instituciones como el Congreso, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte Suprema. La necesidad y urgencia que los corría (alentaba) era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la patria grande, con un Estado para el pueblo. En pocos días lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado a espaldas al pueblo, señala el documento.


De igual manera se condenó el intento de asegurar este modelo neoliberal con un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado.


Hubo referencia a los más de cien mil despidos, a la persecución política, al cierre de programas sociales, a las leyes que se están votando contra el pueblo y a la represión que ha regresado, por lo que nos convoca en esta plaza la necesidad de defender la democracia.


Reclamaron además que sean juzgados los civiles que participaron en la dictadura, con fuertes críticas a la corporación judicial que continúa defendiendo a sus socios, cómplices económicos y a los medios de comunicación que se beneficiaron del terrorismo de Estado.


En ese tramo recordaron cómo los periódicos derechistas Clarín y La Nación colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos y mostrando como enfrentamientos los crímenes de lesa humanidad, con los argumentos de la teoría de los dos demonios. Cuarenta años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen mintiendo, afirmaron en el comunicado leído por De Carlotto.


Reivindicaron a los ex presidentes Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner por sus políticas de derechos humanos y defendieron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, víctima de las operaciones del macrismo para apartarla del cargo.
En el mismo documento se exigió la libertad de la dirigente social y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur Milagro Sala y la renuncia del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien puso en duda el número de 30 mil desaparecidos. No vamos a permitir que nadie, ni menos que un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30 mil.


Los organismos también advirtieron sobre un doble discurso del gobierno de Macri, cuando habla de la continuidad de los juicios contra los represores pero al mismo tiempo despide a los trabajadores que los garantizan. Las políticas de memoria, verdad y justicia sólo se sostienen con los trabajadores y las trabajadoras adentro. Exigimos que se terminen los despidos, reclamaron.
Aunque se valoró el anuncio de Obama sobre la desclasificación de archivos secretos vinculados con la dictadura, De Carlotto exigió que se cumpla ese compromiso y se extradite al genocida Norberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, cuando 16 personas fueron asesinadas en una base de la Marina, en 1972.


“Esperamos acceder a toda la información que tiene Estados Unidos, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras de la región y el Plan Cóndor”, dijo De Carlotto, y añadió que Washington debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en la cárcel de Guantánamo y en otros lugares del mundo.


Por último, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, repudió los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y entre aplausos llamó a abrazar al pueblo de Brasil en defensa de la soberanía popular.
Añadió que van por (Nicolás) Maduro en Venezuela, por Evo (Morales) en Bolivia, por Dilma (Rousseff) y (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil; las corporaciones no tienen fronteras; van por nuestra libertad y nuestros derechos.


Con la misma emoción de siempre, en esta marcha como en todos los años, se desplegó una larguísima bandera argentina con las fotografías de miles de desaparecidos, como un doloroso símbolo de lo que significaron los años del horror.

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