Récord de 55 millones de desplazados internos en 2020

Los datos surgen de un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC)

Del total, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y siete millones de catástrofes naturales. La cifra equivale a por lo menos un desplazado por segundo.

21 de mayo de 2021

En un año marcado por la pandemia de coronavirus, la cifra de desplazados internos en el mundo alcanzó en 2020 el preocupante récord de 55 millones. De ese total, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y siete millones de catástrofes naturales, según los datos publicados este jueves por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en colaboración con el Consejo de Refugiados noruego (NRC). El informe destaca además que más de 23 millones de desplazados son menores de edad, lo que genera un "impacto significativo" en su educación.

"Es impactante que el año pasado, a cada segundo, una persona se viera obligada a abandonar su hogar dentro de su propio país", dijo en un comunicado el presidente del NRC, Jan Egeland. La cifra de desplazados internos duplica a los aproximadamente 26 millones de refugiados, es decir las personas que dejaron sus casas y también se vieron forzadas a abandonar sus países.

"Estos dos números han sido inusualmente altos", expresó Alexandra Bilak, directora del IDMC con sede en Ginebra. Bilak acotó que "menos personas buscaron protección en refugios de emergencia por temor a contagiarse" de covid-19, cuya propagación ya alcanzó casi los 165 millones de contagios y más de 3,4 millones de muertos en todo el mundo.

Bilak alertó que los números de desplazados "pueden empeorar a medida que los países se adentran en la crisis económica" derivada de la pandemia. El informe advirtió que la convergencia de conflictos con desastres naturales agrava el problema, y que el 95 por ciento de los desplazamientos por conflictos recientes ocurrieron en países vulnerables al impacto del cambio climático.

Ciclones intensos, lluvias monzónicas e inundaciones golpearon zonas altamente expuestas y densamente pobladas de Asia y el Pacífico. Sólo el ciclón Amphan, que afectó el sur asiático en mayo del año pasado, provocó cinco millones de desplazamientos en la India, Bangladesh, Bután y Myanmar.

En el continente americano se registraron unos 4,5 millones de desplazados debido a las catástrofes naturales, las peores cifras en una década. Los huracanes Eta y Iota en octubre pasado golpearon con fuerza la zona central y el Caribe, y obligaron a 1,7 millones de personas a abandonar sus hogares, según el informe del IDMC. "Solo podemos esperar que el impacto futuro del cambio climático haga que estos desastres sean más frecuentes e intensos y, por lo tanto, que aumente el número de desplazados internos", indicó Bilak.

En tanto en países como El Salvador, Haití, México y Colombia la violencia y los conflictos internos causaron unos 238 mil nuevos desplazados. Solo Colombia acumuló 106 mil y "enfrenta una de las situaciones de desplazados internos más graves en todo el mundo", advierte el documento.

La escalada de violencia y la expansión de grupos extremistas en Etiopía, Mozambique y Burkina Faso propiciaron algunas de las crisis de desplazamientos más aceleradas del mundo en 2020. Conflictos más antiguos como los de Siria, Afganistán y la República Democrática del Congo, también continuaron provocando grandes cantidades de desplazados.

Bilak destacó que es "especialmente preocupante que estas cifras se registren con el trasfondo de la pandemia de la covid-19", que impuso restricciones al movimiento de personas y dificultó la recolección de datos. Por ello, las cifras de desplazados internos podrían ser aún mayores. Al respecto, la directora del IDMC explicó que "los confinamientos y la caída económica han intensificado las dificultades financieras a las que hacían frente muchos desplazados".

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Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia, durante un encuentro en Ibarra, Ecuador. Comisión de la Verdad / EFE

La Comisión de la Verdad recoge y presenta testimonios del exilio para hacer un reconocimiento a los refugiados en zonas fronterizas

 

 “Si hay algo característico del exilio es el olvido brutal”. Contra ese diagnóstico trabaja la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz que sellaron a finales de 2016 el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC —ahora convertida en partido político— para dar reconocimiento a las víctimas de lo que hoy podría considerarse el conflicto armado más largo en términos del exilio. Carlos Beristain, español, es el único comisionado extranjero en las entidades que trabajan para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. “Asumí esa responsabilidad de empezar un ejercicio de exploración en el mundo, de estrechar el contacto con las víctimas para animarlas a dar su palabra”, cuenta por teléfono desde España, a pocos días de su visita a la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Luego de tres años de mandato, la comisión debe emitir este año su esperado informe final.

En la ciudad de Ibarra se ha celebrado el segundo Encuentro por la Verdad para dar voz a los desplazados durante décadas. Ecuador es uno de los países que más colombianos ha acogido en todo el proceso y aún hoy, matiza Beristain, siguen atravesando esa frontera unas 400 personas al día. Más de 12.000 víctimas del conflicto colombiano han dado su testimonio. De ellas, 1.600 están en el exilio y de estas, 250 hablaron con la comisión sobre su experiencia como refugiados en Ecuador. Uno de los problemas, detecta el comisionado, es que pese a ser un exilio masivo, la invisibilidad ha convertido las tribulaciones de las víctimas en problemas de índole individual. “Las condiciones de marginalidad son mayores”, describe Beristain.

Habla de la necesidad de una respuesta regional, no país por país, para todos los desplazados del territorio colombiano, que no siempre encuentran una salida en recibir la condición de refugiado. “Debido a las dificultades para encontrar trabajo o a la falta de respuesta inmediata de una visa de refugio, hay quienes optaron por trasladarse bajo las condiciones de una visa Mercosur o de los acuerdos andinos para poder quedarse en el país”. Eso, razona, les ha dado “estabilidad para poder quedarse y trabajar en el país de acogida, pero no les da protección. Pueden tener un trabajo, pueden alquilar una casa. O sea, las cosas de la vida. Pero también les pueden echar del país”. Ahí es donde entra el registro ampliado de exiliados, que no solo incluye a quienes efectivamente tienen la condición de refugiado, sino a todos los desplazados fuera de las fronteras.

Las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, con base en lo recogido por ACNUR, hablan de al menos 524.496 personas colombianas que solicitaron protección internacional en los cinco países con los que Colombia tiene frontera. Ecuador está a la cabeza, con 240.901 peticiones, y por eso ha sido sede de la segunda convocatoria de la comisión. Le siguen Venezuela, con 200.000; Panamá, con 68.000; Brasil, con 8.242; y Perú, con 7.353.

“El 85 o 90 % de los refugiados no quiere volver a Colombia, no ven condiciones para volver. Pero hay un 15 % de gente que quisiera volver. Se necesitan condiciones para ello. Porque el retorno no es ponerse de nuevo en la frontera con una maleta y volver a lo mismo. El retorno es, además, un nuevo desplazamiento”. Esto, aboga el comisionado, da cuenta de la necesidad de una política regional, un acuerdo regional, en un momento en que el conflicto colombiano se encuentra en un nuevo punto de inflexión. “O frena o este conflicto se reinicia otra vez. Aquí. Estamos ante un nuevo ciclo de diez o quince años más de guerra o, digamos, se toman en serio las recomendaciones”. Y el informe de la Comisión de la Verdad, apunta Beristain, recogerá pautas para que haya una transformación efectiva, lo que Colombia necesita para que ese reciclado del conflicto no se siga produciendo, con especial énfasis en las víctimas.

“Al colombiano se le ve como con sospecha”, denuncia, y recuerda una anécdota que le contó una mujer que buscó acogida en Chile en una de sus entrevistas para la visibilización de las víctimas. “¿Sabes lo que más me ha dolido? Lo que más me duele es una pregunta que me han hecho muchas veces: ¿qué he hecho yo para tener que irme de Colombia?”. Es lo que le compartió sobre su experiencia como desplazada y es lo que, según el comisionado, parte del trabajo de reconocimiento que aún debe hacerse a las víctimas por el contexto emocional que han enfrentado. “Hay mucho estereotipo que funciona como enemigo”.

Por Sara España

Guayaquil - 08 mar 2021 - 00:43 UTC

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Eduardo Cifuentes

La revelación se conoció en una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”.

 

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró, este jueves 12 de noviembre, en un diálogo sobre la implementación de los acuerdos de paz, que se presentará una moción para que la Sala de Reconocimiento del Tribunal establezca como un macrocaso el desplazamiento forzado en el país.

En una conferencia virtual organizada por la Universidad Nacional de Colombia sobre la implementación de los acuerdos de paz en el país, “Balance de la implementación del Acuerdo de Paz”, el recién posesionado presidente de la JEP anunció que un grupo especializado está preparando una moción para establecer este delito como un macrocaso en el Tribunal de Paz.

 “El desplazamiento será un macrocaso definitivamente en la JEP, es imposible que un crimen que da cuenta del 90% de las víctimas del conflicto armado en el país no lo sea”, aseguró Cifuentes en la intervención.

De igual forma, aseguró que ya se inició un examen minucioso con el apoyo de expertos y organizaciones de la sociedad civil con la intención de preparar y hacer esta moción, en el sentido que la Sala de Reconocimiento lo seleccione.

“Indefectiblemente la Jurisdicción Especial tiene que abrir ese macrocaso sobre el desplazamiento, eso es absolutamente claro”, indicó el presidente de la JEP.

De igual forma, Cifuentes mencionó que los macrocasos que lleva la Jurisdicción Especial ofrecen una “dosis de realismo” para determinar diferentes posibilidades de llegar a una verdad aceptad,a y que permita “convocar emociones” para lograr una conciliación.

Por último, mencionó en su intervención que lo más posible es que en el futuro se deban reorganizar los macrocasos, con la intención de unificarlos en relación a cada uno de los actores armados, para “capturar más verdad” y simplificar los procesos que pongan en marcha el tribunal.

En la conferencia participaron el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Hernando Torres Corredor.

El encuentro fue un espacio de diálogo y reflexión sobre la implementación de los acuerdos de paz, sus mayores retos desde las experiencias particulares de las entidades representadas y los objetivos planteados en proyección a los diferentes desafíos en su ejercicio durante este proceso.

“La Unidad de Búsqueda es uno de los organismos menos conocidos dentro del sistema integral y la búsqueda de los desaparecidos y los desaparecidos no son el tema que esté a la mano y presente en lo que ha sido el rastro y la huella del conflicto armado en Colombia”, afirmó en su intervención Luz Marina Monzón.

Monzón hizo un balance de la entidad encargada de uno de los delitos más comunes en el conflicto armado colombiano que se presentó en todas las regiones del país y que sigue afectando a los familiares de las víctimas, que buscan alivio con la entrega de los restos de sus seres queridos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, indicó que es fundamental, más allá de la verdad de la Justicia Transicional, la comprensión de lo que le había sucedido al país a través del sentir de las víctimas.

“No se esperen que nosotros vamos a dar una verdad final, afortunadamente no existe, y mucho menos una verdad estatal que sería la cosa más espantosa que se dijera, que es una verdad del Estado porque somos una institución del Estado”, dijo De Roux en su intervención.

12 de Noviembre de 2020

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:55

Colombia ante el desafío de contar el horror

Carlos Beristain, miembro de la comisión de la Verdad colombiana. Imagen: Jorge Larrosa

Colombia emprendió una tarea titánica:  explicar su conflicto armado. Para eso creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Colombia emprendió una tarea titánica: dar una explicación y alcanzar la verdad sobre las causas del conflicto armado en el país. Son más de 50 años de guerra con cientos de miles de muertos y millones de víctimas. Una de las instituciones creadas para ese fin es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que recuerda a la CONADEP argentina. Esta Comisión de la Verdad (según su nombre corto) es de carácter temporal (durará tres años) y extrajudicial. Tiene la difícil misión de escuchar a las víctimas y llegar a una explicación del conflicto armado. En una Colombia donde día a día hay más muertes esta Comisión buscará dar con las causas estructurales de la violencia.

En 2016 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un Acuerdo de Paz para terminar con la guerra. El mismo contemplaba la creación de tres organismos para esclarecer las causas del conflicto y llevar justicia a las víctimas. Uno de ellos es la Comisión de la Verdad. “La `no repetición´es una tarea para el ahora”, sostiene Carlos Beristain, uno de los once comisionados que integran el organismo. Médico y psicólogo nacido en España, Beristain tiene una vasta trayectoria como asesor de varias comisiones de la verdad. “No es sólo lo que nos pasó, sino lo que sigue pasando. Una de las tareas de la comisión es buscar una verdad que explique, no solamente que cuente casos. Este es un país en el que se ha investigado demasiado pero siguen sin estar claras muchas dimensiones del conflicto y de lo que hay que cambiar. Tenemos la misión de hacer recomendaciones para que se puedan enfrentar las condiciones estructurales y los factores de persistencia del conflicto armado. Una tarea que nos conecta con el ahora de Colombia", explicó el psicólogo.

Para entender la naturaleza del trabajo que llevan adelante hay dimensionar las 262.197 muertes que produjo el conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese sentido el organismo necesitó crear estrategias para poder abarcar una realidad tan compleja. “En un país con nueve millones de víctimas no vamos a poder resolver todos los casos. Pero sí trabajar sobre los patrones de victimización. Es decir, ver en diferentes épocas cuales han sido las regularidades de la violencia contra la población y cómo eso explica la dinámica del conflicto armado”, afirmó Beristain.

Reconocer a las víctimas, darles la palabra, es una de las funciones primordiales de la Comisión. Para eso buscaron una aproximación desde nuevas perspectivas que contemplan problemáticas no abordadas por otros organismos de este tipo. "En el primer año de trabajo ya llevamos más de 5.800 testimonios. Hicimos un reconocimiento a las víctimas de violencia sexual, a los niños y niñas que fueron reclutados para combatir. Otro tema central es la lucha del movimiento campesino por el acceso a la tierra. También queremos llegar a un reconocimiento desde los responsables. Hay que quebrar los pactos de silencio que son la base de la impunidad. Esperamos obtener testimonios significativos que logren romper ese pacto y generar un reconocimiento de lo sucedido del lado de los responsables y los perpetradores”, expuso el comisionado.

Desde que se firmó la paz 702 líderes sociales y 135 miembros de las FARC fueron asesinados. Hace pocas semanas facciones de esa guerrilla anunciaron su regreso a la clandestinidad. El miedo sigue habitando en millones de colombianos. “Venimos haciendo análisis que nos permiten actuar entendiendo la complejidad del caso colombiano. Por eso trabajamos acercándonos a las víctimas en los territorios. Tenemos 28 Casas de la Verdad repartidas por todo el país, donde trabaja gente que conoce los contextos, de forma que podamos incorporar la experiencia de los propios territorios”, explicó Beristain. Esta situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las víctimas es un dato central. “Hacemos un análisis de riesgo para saber en qué lugares se puede trabajar abiertamente. En otros buscamos crear redes de confianza que permitan no visibilizar directamente lo que hacemos. Por ejemplo a través de escuchas en entornos no visibles. Y también sacamos gente de los territorios para que puedan expresarse con mayor libertad y enfrentar el miedo a las condiciones de presión que existen”, sostuvo el psicólogo español.

La búsqueda de testimonios en el exilio es otras de las características que hacen de esta Comisión de la Verdad una experiencia única. Según datos de ACNUR se estima en 500.000 los refugiados a causa del conflicto armado. Los países que dieron mayor recepción a los exiliados fueron Ecuador y Venezuela. “Hay una historia de Colombia fuera de Colombia. Cuando se hizo el Acuerdo de Paz en La Habana llegaron las demandas de los exiliados para poder contar su verdad. Hay testimonios que buscan ser escuchados en más de 20 países. No tenemos los recursos para tener Casas de Verdad en cada uno. Por eso buscamos construir lazos que funcionen como redes de apoyo con organizaciones que aborden estas temáticas. Acá en Argentina estamos trabajando con Memoria Abierta. Los primeros tres testimonios que tomó la Comisión fueron en el exilio como una muestra de nuestro compromiso con la gente que está afuera. Ellos también necesitan ver que su verdad va a formar parte de esta construcción colectiva”, sostuvo Beristain.

En estos días Colombia está viviendo un momento inédito de movilizaciones y huelgas. La gente tomó las calles y dentro de los reclamos está el de sostener el acuerdo de paz. “Hay un malestar en Colombia que perdió el miedo a expresarse. La movilización une dos tipos de demandas: reclamos en torno a la inequidad que hay en el país, junto con el pedido de cumplimiento del proceso de paz. La coyuntura empuja para que se profundice ese proceso. Salir de 60 años de guerra no es fácil. Se necesitan políticas sostenidas que trasciendan a un gobierno y permita dar respuesta a las necesidades de las víctimas”, informó el comisionado.

Una vez concluido el trabajo de la comisión, dentro de dos años, el resultado se va a plasmar en un informe final. Para Beristain el involucramiento de la sociedad les va a permitir llegar a ese informe y sostenerlo en el futuro. “En Argentina el “Nunca Más” fue un best seller. En el otro extremo, el informe al que llegaron los organismos en San Salvador nunca se publicó. En Guatemala el gobierno lo rechazó. Una comisión es una herramienta para esos procesos que no termina con el informe. Existe la necesidad de que la gente se lo apropie. La verdad sale a luz si hay quien la empuje”, enfatizó Beristain.

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Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

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Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Sábado, 25 Noviembre 2017 07:54

Voto cantado en Honduras

Propaganda electoral de Hernández y del PN en Tegucigalpa.

 

Desde Tegucigalpa

Inconstitucionalidad como antesala y peligro de fraude para lo que viene. Así llega Honduras a las elecciones presidenciales de este domingo. Gracias a la aprobación del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tan mayoritaria para el oficialismo como el propio Congreso, el presidente actual, Juan Orlando Hernández, irá por una hazaña que la Constitución prohíbe en un artículo pétreo: la reelección. “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”, dice el artículo 4 que ni cosquillas le hizo a esta nueva forma de democracia que fue gestando Honduras desde el golpe de Estado de 2009, año a partir del cual ha sido más fácil crear las trampas para las leyes.

La estrategia de la trampa para la ley es la columna vertebral de un proyecto de país que para seguir en marcha requiere de la continuidad del Partido Nacional a cargo del poder ejecutivo. De esto, de hechos que ocurren a pesar de que las leyes digan lo contrario, conocen las 46 comunidades garífunas de Honduras. Este domingo también votarán, muchos de ellos con la convicción de que no sirve para nada.

La alerta roja de la segunda mitad de octubre llegó a la costa caribe de Honduras con lluvias torrenciales que pusieron en riesgo el cultivo y la pesca, acaso las dos actividades principales de la economía y la subsistencia en la región. En las comunidades de por sí ya falta trabajo y estas lluvias vinieron a ser, sin metáforas, las aguas que rebalsaron todo.

Decir que en las comunidades garífunas hay poco trabajo es relativo. Trabajo hay, el problema es que hay principalmente para los extranjeros. Las playas de arenas claras de la costa caribe son cercadas cuando el capital foráneo llega seducido por el gobierno para impulsar, con más facilidades que exigencias, el desarrollo de la economía con hoteles y todo lo que necesita el turismo a su alrededor. Desde el 2013 el gobierno impulsa el más ambicioso programa capitalista de libre mercado: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Son ciudades modelos, proyectos que en la teoría procuran la participación de ciudadanos de a pie para el crecimiento de una región, pero en la práctica dan lugar a la apropiación de tierras por parte de grandes empresas.

El garífuna, que es negro, tiene su propia lengua, baila sus propias danzas, tiene su gastronomía típica, no cuenta con un currículum satisfactorio para los empresarios que buscan otros colores, otros sonidos, otros tonos. La lenguas, danzas, comidas, cantos y todo lo nativo y ancestral, serán para estos proyectos cosas del pasado. La segregación como base del racismo: de no llegar a la costa caribe resulta difícil creer que en el país hay al menos nueve etnias distintas.

Los garífunas corresponden a una etnia descendiente de africanos y aborígenes del Caribe que convivieron a partir de 1635, cuando dos barcos que venían desde África hacia el continente americano naufragaron hasta la isla San Vicente. Los negros y los arahuacos confluyeron costumbres y culturas, forjaron el idioma que todavía hoy se habla, y pasaron los años hasta que una invasión británica provocó la deportación de miles de negros que naufragaron hasta llegar a Jamaica y la costa de Honduras principalmente.

Dato más o dato menos, esa es la historia que el garífuna promedio cuenta. Alguno la romantiza un poco más y jura que el naufragio inicial surgió a partir de que los negros se revelaron y torcieron el rumbo del barco que los llevaba como esclavos a algún lugar del continente. Esa parte de la historia también edulcora la virtud de resistencia y fortaleza que los garífunas suelen presumir, a veces con razón.

“Las comunidades estamos preocupadas porque hay muchas leyes encaminadas al despojo”, dice Geovany Bernárdez, miembro de la Coordinación General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Bernárdez va al grano. Dice que hay “políticas estratégicamente destinadas a desaparecer las comunidades”.

El reclamo de OFRANEH se basa en la adhesión del Estado hondureño al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado en 1989. Dice muchas cosas el convenio: en cuanto al tema territorios procura la participación activa de los pueblos indígenas en programas de desarrollo nacional que los afecten directamente, como así también prohíbe, con aviso de sanción para quien no cumpla, el despojo de las comunidades de las tierras que ocupan históricamente. Para los garífunas nada de eso se cumple.

Las comunidades no se oponen por el solo hecho de oponerse. “Estamos de acuerdo con el turismo pero desde la cosmovisión de los pueblos”, dice Bernárdez y cuenta cómo se dan estos procesos: “Vienen cadenas hoteleras, donde trabajan los mismos inversores y a la comunidad solo le permiten bailar punta por un sueldo miserable de 20 dólares”. El punta es un baile típico en el que los bailarines se mueven de pies a cabeza al ritmo de las percusiones. Es parte de esa cultura que atraviesa a la comunidad y quieren ofrecer al turismo. “Queremos un turismo en el que nosotros podamos promocionar lo que somos y no que otros hagan dinero con nosotros. Deben consultarnos qué turismo queremos, tenemos la capacidad, tenemos la cultura”, dice Bernárdez. Además, naturalmente, se oponen al despojo de las tierras en las que crecieron las generaciones pasadas y hoy lo hacen las actuales: los niños y niñas juegan y bailan, los adultos trabajan, en playas que podrían ser privatizadas.

La comunidad de El Triunfo de la Cruz fue la primera en elevar un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de la CIDH, de octubre de 2015, demanda al Estado hondureño el deber de darle a la comunidad el título de propiedad colectiva de los terrenos en peligro de despojo. El plazo era de dos años, que ya pasaron sin avances más que un poco de reticencia por parte del Estado al momento de seguir entregando tierras.

Lo que perciben los garífunas es ese plan destinado a “desaparecer las comunidades” del que habla Bernárdez. No solo quedan afuera del desarrollo económico. También son atacados para que dejen sus tierras. Las comunidades de la costa caribe sufrieron el “amarillamiento letal” del coco en una intoxicación de las plantaciones que se sospecha fue intencional con el fin de atacar un elemento básico de la vida garífuna: comen coco, curan con coco, se hidratan con coco y trabajan con coco. En OFRANEH, referentes de los procesos de resistencia de distintas comunidades fueron procesados cuando se negaron a retirarse de sus tierras ahora privadas. En tanto, sigue faltando trabajo, salud y educación como derechos básicos para la permanencia de la comunidad, que empieza a creer, muchas veces en vano, en la migración como camino para salir adelante. Por eso los garífunas hablan del tercer despojo: primero los sacaron de África, después de San Vicente, y ahora de Honduras y las tierras que habitan hace más de doscientos años.

 

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"Los indígenas wayúu de Colombia están en riesgo inminente de desaparecer por el hambre y la falta de agua"

Hablamos con Ruth Chaparro, cuya organización trabaja con el pueblo wayúu en la Guajira, donde en los últimos cinco años han fallecido más de 5.000 niños de desnutrición por la sequía
"Son décadas de exclusión. Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las escuelas son inexistentes y tienen miedo al hospital", denuncia

Desde hace algún tiempo, los bolsos confeccionados por los indígenas wayúu inundan las tiendas de artesanías de la costa Caribe colombiana. Se reconocen fácilmente por sus colores vivos, sus estampados con formas geométricas y su acabado de croché, y se han convertido en uno de los complementos de moda para locales y turistas.


Ruth Chaparro, sin embargo, solo puede pensar en las manos que los cosen en la Guajira, al norte del país, a cambio de unos pequeños ingresos para sobrevivir. "Es muy fácil encontrar mochilas wayúu en cualquier lugar del mundo, hay una sobreoferta. Y que haya mochilas por todas partes es la señal de que la situación del pueblo wayúu es muy grave: cuanta más hambre tienen, más tejen. Tejen, tejen y tejen", comenta en una entrevista con eldiario.es.


Nacida en Bogotá, lleva más de 30 años trabajando con pueblos originarios de Colombia. Su organización, Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), que colabora con Manos Unidas, ha recibido esta semana el premio Bartolomé de la Casas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por su "constante trabajo de fortalecimiento de la identidad y la autonomía de los pueblos indígenas".


Chaparro habla con elocuencia, un tono sereno que abandona cuando explica la "grave" desnutrición que amenaza al pueblo wayúu, el más numeroso del país. Entonces gesticula contrariada y se vuelve mucho más categórica. "Los indígenas wayúu están en riesgo inminente de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas, por falta de agua y alimento", alerta.


Más de 5.000 niños han muerto de hambre


En los últimos cinco años, las autoridades indígenas calculan que más de 5.000 niños menores de dos años han muerto de hambre en la Guajira, un territorio rico en recursos como el gas y el petróleo y habitado desde hace siglos, en su mayoría, por la población wayúu. Un desierto a orillas del Mar Caribe donde hace más de seis años que no cae ni una gota.


"El cambio climático es una realidad. Antes, siempre llovía una o dos veces al año. La gente sembraba, producía lo que necesitaba para comer y sus hijos podían beber agua. Ahora, con la sequía, quedaron sin agua. Sin agua no hay alimento y sin alimento no hay vida", argumenta Chaparro.


La desnutrición crónica afecta al 27,9% de los niños y niñas menores de cinco años de la región, según cifras de las ONG, más del doble que la media nacional. "Son niños que no levantan la mirada del suelo. Que no tienen uñas ni cabello. Que han perdido el 100% de la masa muscular. Niños que ya no lloran porque no tienen lágrimas, porque están totalmente deshidratados. Que ya no se quejan, porque cuando el dolor es extremo, ya no se siente", describe.


"Las mujeres tienen que amamantar a tres o cuatro hijos porque no hay comida. Y las embarazadas sufren niveles de desnutrición asombrosos. Tienen la piel reseca, el cabello destrozado. Su angustia es enorme porque si no beben agua, según su tradición, los niños pueden nacer con problemas", prosigue la cooperante. Cuando los niños mueren, es el momento del 'movimiento de las mantas negras'. En un ritual de duelo colectivo, las mujeres wayúu, vestidas de luto, lloran su muerte y protestan entre ataúdes que simbolizan las miles de vidas que se ha llevado el hambre en la Guajira.


Con su organización, Chaparro recorre el desierto en búsqueda de menores para tallarlos y pesarlos e ingresarlos si es necesario en un programa de recuperación basado en el tratamiento con Ekúlüü süpúla waín, que significa 'Alimento de vida'. Las mujeres de la comunidad tuestan y muelen las semillas de maíz y frijol, y los mezclan con hojas de moringa. El resultado, aseguran, es una multimezcla con un alto valor nutricional que provoca que los niños suban de peso con rapidez.


Es la única solución a corto plazo. "Denunciamos los casos a las autoridades. El sector público es más lento en su respuesta, así que si no hacemos algo muchos van a morir", sostiene. Ahora, solo esperan poder tener acceso al agua para empezar a cultivar sus semillas y, así, regenerar el ecosistema que se ha secado y recuperar su soberanía alimentaria. También llevan a cabo formaciones con las autoridades indígenas para que conozcan y ejerzan sus derechos.


"Solo así no se genera mendicidad. El paternalismo es perverso. Tienen derecho a la tierra, al agua y a producir su propio alimento. Regalarles cosas no ayuda. A veces les mandan ropa vieja y para el frío, cuando es un clima cálido. O recolectan juguetes para los niños, o les instalan un panel solar. Si ellos piden agua, ¿por qué no les damos agua? No les demos lo que no nos están pidiendo", reclama.


"Corrupción, racismo y desigualdad"


Pero detrás de esta falta del bien más básico está también la mano del hombre. Chaparro no duda y, además del cambio climático, apunta a las empresas extractivas de la zona como responsables de que varios arroyos del territorio se hayan secado. "Hay una gran extracción minera del carbón y hay estudios que demuestran cómo la empresa alteró las dinámicas del agua", señala.


"La Guajira no es pobre. Tiene hidrocarburos, energía eólica, sal. El PIB en la región subió muy por encima de la media nacional, sin embargo el 97% de las necesidades básicas están insatisfechas. ¿En manos de quién quedó esta riqueza?", se pregunta. "Hay una corrupción administrativa muy dolorosa. Muchos dirigentes han sido investigados y están en la cárcel. Soñamos con que los corruptos se desmovilicen", esgrime la cooperante.


Así, la sed y el hambre que amenazan a la árida Guajira son solo la punta del iceberg de lo que considera "décadas de exclusión" de los cerca de 300.000 wayúu que habitan en Colombia. "Están así por la corrupción, el racismo y la desigualdad. Las e scuelas son prácticamente inexistentes. Muchas veces llegan a un hospital y como no tienen los papeles, no los atienden. Los turnos para que los reciban son vergonzosos, la atención no es bilingüe", explica en referencia a la fuerte presencia de su lengua, el wayuunaiki. " Por eso prefieren morirse en la casa. Le tienen miedo al hospital, a cómo les atienden", continúa.


"Deje que las yucas y las piñas hablen por mí"


FUCAI también trabaja con los pueblos ticuna y yagua en la Amazonía, en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Se trata, explica Chaparro, de comunidades históricamente expoliadas en las que había comenzado a reinar el monocultivo. "A principios del siglo XX los convirtieron en esclavos para que el caucho llegara a Europa. Murieron 70.000 indígenas. Durante el conflicto entre Colombia y Perú, muchos fueron deportados y quemaron sus cultivos para que no tuvieran la tentación de regresar. Cuando regresaron solo pudieron recuperar pocas especies", relata. También, dice, tenían problemas de desnutrición.


Ahora han logrado sembrar con ellos más de 190 especies amazónicas. Entre ellas, frutas de todo tipo, casi desconocidas para el resto del mundo, como e l copoazú, el arazá o el camu-camu. "Quieren i r más allá de las palabras. Un anciano decía: 'Deje que las yucas y las piñas hablen por mí. Yo quiero un discurso que se pueda comer'. Volver a la tierra da fuerza y autoridad moral", señala Chaparro.

 

Además de recuperar las semillas y los suelos de la "exuberante" selva amazónica, promueven la cocina nativa. "No tienen que comprar nada porque todo lo produce la tierra. Viven de lo que siembran y es una cocina sana, variada y suficiente", indica.
"El mayor logro es que tras 500 años sigan vivos"


En pleno proceso de construcción de paz tras los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, la aspiración de Chaparro es que los otros problemas del país puedan recibir la atención que se merecen. "El terrorismo se llevó toda la atención y todo el presupuesto, por eso no pudimos ver la corrupción, la desigualdad y la pobreza extrema. Ahora, estos problemas podrán pasar a un primer plano para poderlos resolver", opina.


Desde su Constitución de 1991, Colombia se reconoce como un país con diversidad étnica y cultural. Desde entonces, para la cooperante, los logros han sido varios, sobre todo en relación al reconocimiento de derechos territoriales y a un Gobierno propio. "Es un paso importante, pero también un reto. Con todos los intereses que hay sobre esos territorios, la lucha debe ser permanente. Debemos estar alerta para que sean protegidos", opina.


Sin embargo, a su juicio, el mayor logro de todos es "que después de más de 500 años sigan vivos". Siglos después, dice, "no hemos aprendido la lección. La arrogancia de Occidente sigue intacta, en nombre del desarrollo se sigue arrasando con pueblos enteros", recuerda. Y añade: "El logro también es que permanezcan con una visión distinta". "Son culturas que no acumulan, que no producen toneladas de basura ni contaminan, que respetan a sus ancianos y dedican tiempo a sus hijos. No pueden desaparecer. En el fondo creo que incomodan porque nos están diciendo con su manera de vivir muchas cosas", concluye.

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La cifra de desplazados forzosos alcanza un "máximo sin precedentes": 65,6 millones de personas

Casi dos tercios permanece en sus países de origen y la cifra de los que cruzaron fronteras en busca de protección fue "la más alta de la que se tiene constancia", según un nuevo informe de Acnur.
Países pobres como Turquía, Pakistán y Líbano continúan albergando al mayor número de refugiados del mundo

Un año más, el número de personas que se ha desplazado por la fuerza en todo el mundo alcanza un récord histórico. Al acabar 2016, había 65,6 millones de desplazados forzosos que han huido de la persecución, la guerra y las violaciones de derechos humanos, 300.000 más que en 2015. La cifra supone un nuevo "máximo sin precedentes", según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que ha presentado este lunes su informe anual Tendencias globales.


De acuerdo con el estudio, casi dos tercios de estas personas desplazadas, 40,3 millones, se quedaron dentro de sus países, 500.000 menos que el año anterior. Los países con mayor número de desplazados internos son, por este orden, Siria, Irak y Colombia, donde, en pleno proceso de construcción de paz, el desplazamiento aún alcanza cifras "muy considerables", según la Agencia.


Las cifras de personas refugiadas en 2016 fueron, sin embargo, "las más altas de las que se tiene constancia": 22,5 millones. Un repunte, que se debe, sobre todo, al agravamiento del conflicto de Sudán del Sur, según Acnur. Además, 2,8 millones de personas habían solicitado asilo a finales de 2016, según el informe.


En total, más de la mitad de los refugiados procedía de tan solo tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur, país del que a finales del año pasado habían huido un total de 1,4 millones de refugiados a países vecinos. El resto de refugiados huyó, principalmente, de Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Birmania y Eritrea.


La gran mayoría de las personas refugiadas, el 84%, fueron acogidas, un año más, en países en desarrollo. Turquía, el socio de la UE, vuelve a albergar las mayores cifras, 2,9 millones de refugiados. Le siguen Pakistán (1,4 millones) y Líbano, que acoge a un refugiado por cada seis habitantes.


Por otro lado, la mitad de los refugiados del mundo en 2016 eran menores de 18 años. Cerca de 75.000 menores no acompañados, sobre todo afganos y sirios, solicitaron asilo en 2016 en 70 países.


Una persona desplazada cada tres segundos


Al terminar de leer esta frase, una persona habrá abandonado su hogar por la fuerza en busca de protección. En concreto, una cada tres segundos, estima el organismo internacional. 2016 se saldó con 6,9 millones de nuevos desplazados internos y 3,4 millones de nuevos refugiados y solicitantes de asilo.


No obstante, a pesar de batir un nuevo récord, Acnur sostiene que el aumento del desplazamiento forzoso registrado a causa del estallido de los conflictos en Siria, Irak, Yemen y África Subsahariana "se ha ralentizado por primera vez" en los últimos años. En 2016 también hubo muchos refugiados que retornaron a sus países, 552.000, el doble que el año anterior. La mayoría ha regresado a Afganistán.


La Agencia ha vuelto a recordar durante la presentación del informe la importancia de establecer vías seguras y legales de llegada a los países de acogida, en referencia a las más de 5.000 personas que murieron en su intento de cruzar el Mediterráneo en 2016 y las más 1.800 que han fallecido este año. "Esta tendencia mortal se agrava en 2017, sin ir más lejos se localizó una patera con cinco cadáveres en aguas de Cartagena", ha recordado Francesca Friz-Prguda, representante de Acnur en España.


En este sentido, la Agencia ha criticado "La respuesta de la UE consiste muchas veces en alambradas, muros, controles fronterizos más severos, detenciones de solicitantes de asilo o campañas xenófobas. Acciones que no solo generan más sufrimiento en las personas afectadas, sino que tampoco son eficaces para detener el movimiento de las personas que tratan de poner a salvo su vida y solo logran que las rutas se vuelvan más peligrosas y más mortíferas", denuncia.


Una de estos mecanimos legales demandados es el reasentamiento desde terceros países. En total, 189.300 refugiados fueron reasentados en 2016, un 77% más que en 2015. Estados Unidos admitió a la mayoría, seguido de Canadá y Australia.

 

Por Icíar Gutiérrez
19/06/2017 - 12:36h

 

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