Con la materialización del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, mientras la Justicia Transicional de Paz avanza, la preocupación de quienes promovieron la guerra crece. Décadas atrás suministraron recursos, equipos e información a paramilitares, hoy aparecen vinculados. Justifican su proceder diciendo que fueron víctimas de extorsión a lo que es un crimen conexo a los crímenes de lesa humanidad: concierto para delinquir agravado. Pero, ¿será que la Fiscalía bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez tomará la función acusadora para evitar que perviva la impunidad?
Con antecedentes en los años 70 del siglo XX, el paramilitarismo logra consolidarse en la década de los ochenta como actor armado con poder y presencia regional. Por aquellos años –además de accionar de manera militar– se presentan como actores políticos en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá y Puerto Berrio. Urabá también está en su mira, para extender su dominio hacia Córdoba. Corrían los años 80 e inicio de los 90. Luego extienden su presencia a nivel nacional a través de la táctica de “tierra arrasada”.
Tanto en sus orígenes, como en medio de su anclaje territorial, logran su avance con la financiación voluntaria de terratenientes, comerciantes, políticos, industriales. Maridaje que unos y otros pretenden ocultar ahora, cuando intentan limpiar su pasado.
El escándalo nacional fue inmediato. Sucedió el año pasado, cuando el grupo de investigación “Estado, conflicto y paz” de la Universidad Javeriana dio a conocer la compilación del listado de las empresas que financiaron el paramilitarismo; listado estructurado a partir de las versiones suministradas por desmovilizados ante el Tribunal de Justicia y Paz. Al hacerse público el informe los empresarios no hicieron esperar su cuestionamiento, evidenciando su preocupación por lo que calificaron como “cacería de brujas”. Protesta reforzada, incluso, con el apoyo y defensa pública del exvicepresidente y hoy candidato presidencial. Pero para el Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, es evidente que en Córdoba existió tal respaldo económico.
En el listado figuran 120 empresas y multinacionales, con más de 1.200 empresarios señalados, pertenecientes a los sectores de comercio, transporte, petróleo, electricidad, agroindustria, industria, agricultura y turismo; empresarios localizados en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Urabá, Santander, Meta, Vichada, Chocó, Tolima, Bolívar, Nariño y Magdalena. Empresas vinculadas a esta financiación, como Postobón, que según el excomandante paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra tienen responsabilidad en el acto denunciado, por lo que solicitó a la Fiscalía investigar. Otro caso, en Norte de Santander, relaciona a la Central Termoeléctrica de Tasajero –Termotasajero–, por la entrega a estas bandas criminales de 300 millones en mensualidades de cinco millones, así como 45.000 cartuchos para AK-47, fusiles M-16 y FAL. Uno más en la lista es Jorge Gnecco Cerchar, quien a mediados de los 90 era contrabandista de la multinacional del carbón Drummond, en el sector transporte de las minas del Cesar a Ciénaga Magdalena, y quien fuera amigo de Vicente Castaño.
Aparecen también implicados: el canal RCN televisión, por presentar a Carlos Castaño Gil como líder de la lucha contra la subversión. El terrateniente Carlos Lacouture Dangond, que como empresario bananero presionaba al sindicato Sintrainagro a través del Frente William Rivas del Bloque Norte; la Federación Nacional de Ganaderos, relacionada con Salvatore Mancuso y el Bloque Catatumbo. Otros vinculados con reconocimiento nacional: el expresidente de Avianca Edgar Lenis Garrido, las centrales eléctricas de Norte de Santander, Ecopetrol, el difunto Victor Carranza, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, Maderas del Darién, Cementos Diamante, Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Coltejer, Codensa, Cementos Argos, entre otros.
En el plan para combatir a la insurgencia se montó un rentable negocio para la represión, apropiación y despojo de tierra. Los recursos para mantener esos ejércitos de terror salían del cobro del gramaje a narcos, de cuotas fijas para las Convivir promovidas por Álvaro Uribe y procedentes de pagos realizados por todo aquel que ejerciera actividad económica, pero también de recursos aportados voluntariamente por parte de ganaderos, mineros, transportadores, comerciantes, arroceros, dueños de casa de cambio y demás empresarios.
Un equipo de la Fiscalía 128, delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado solicitó, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que la financiación de grupos paramilitares sea considerada como concierto para delinquir agravado y un delito de lesa humanidad, dado que Colombia ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional donde son delitos imprescriptibles e imputables al individuo que los comete. Sin embargo, nuestro país no ha suscrito la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, lo que prolonga la real posibilidad de que la impunidad perviva.
Partamos del hecho de que la estructura paramilitar cometió genocidio, desplazamiento forzado, desaparición, tortura, homicidio, terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y financiación o administración de recursos para el terrorismo, un delito conexo a los anteriores y que contribuyó para el ataque de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil.
Este territorio, estratégico para el tráfico de armas, insumos químicos y drogas, comprende los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, e incluye el Valle del Sinú y el Rio Atrato; allí su población ha vivido en turbulencia constante y en permanente conflicto. Con la desmovilización del Epl, la violencia no mermó. La existencia de disidencias guerrilleras, los atentados a desmovilizados por parte del Quinto Frente de las Farc y el surgimiento de cinco grupos paramilitares –“Comandos Populares”– contando en sus filas con exmilitantes del Epl, prolongó y multiplicó allí el conflicto armado.
Factores que recrudecieron aún más el conflicto. En la región el propio Fidel Castaño aportó dotación, y con sus hermanos prepararon a siete mil hombres bajo el mando de alias “Doble cero”. También Yair Klein entrenó a escuadrones paramilitares en las fincas bananeras, tales como Honduras, La Negra, Punta de Coquitos del corregimiento de La Nueva Colonia, en el municipio de Turbo.
Según el sistema de información de Justicia y Paz, entre 1995-2004 el grupo paramilitar Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá cometió los siguientes crímenes:
Es allí donde Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro bonito”, se convertiría en el hombre fuerte de los hermanos Castaño. Empresario bananero, vio en esta circunstancia la oportunidad de lucrase con el despojo de tierras, para lo cual conformó el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, obteniendo entre los años 1996–2004 apoyo como Convivir.
Como empresario con asiento en Urabá sabía cuánto cobrar. Tras una reunión consentida con empresarios y comerciantes estos aceptaron de manera voluntaria entregar tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, así como cancelar entre 8.000 a 12.000 pesos por cada hectárea vigilada. Periodo de violencia desenfrenada contra dirigentes y activistas sindicales. Por ejemplo, entre los años 1991–2007 Sintrainagro registró 590 asesinatos entre sus afiliados.
Con la llegada de los Castaño, que ya tenían negocios en narcotráfico y esmeraldas, el proyecto paramilitar toma más forma en Urabá. Conforman el grupo paramilitar Los Tangueros en 1988, y convocan a los empresario para las primeras masacres en las fincas Honduras y La Negra, del sector de Punta Coquitos, corregimiento Nueva Colonia, ocultando su operatividad a través de la Asociación Convivir Papagayo, la cual entre 1998-2003 recibió más de siete mil millones de pesos; la misma organización que después de su “desmovilización” se convierte en la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, a través de la cual recibirían otros 600 millones más. Fueron cerca de 194 empresarios los que entre los años 2001–2004 aportaron más de mil seiscientos millones de pesos.
Un caso sonado entre estos empresarios fue el de Banadex, Filial de Chiquita Brands, que incluso llevaba la contabilidad de lo que entregaban y por lo cual una Corte Federal de la justicia norteamericana le impuso en 1997 una multa de US$2.5 millones de dólares. Empresa que también permitió que a la terminal de carga del puerto de Urabá llegaran 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65. Una vez más se confirma que las Convivir fueron el motor del paramilitarismo, con 414 grupos en 24 departamentos, y con cerca de 120.000 personas vinculadas.
Avanzar en esta investigación no será fácil, pues algunas empresas fueron adquiridas por otras, lo que dificulta la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, Chiquita Brands se fusionó con la empresa irlandesa Fyftes; Coltejer fue comprada en un 60 por ciento por Kaltex, textilera mexicana; Cadenalco fue comprada por Almacenes Éxito; Termotasajero comprada por inversionistas extranjeros; Cementos Diamante comprado por Cemex México.
De igual manera, la impunidad toma forma por la demora en los procesos judiciales, un ejemplo de lo cual es el ganadero Rubé-n Darío Obando, implicado directamente con las Convivir, por lo cual tiene cinco investigaciones en la Fiscalía sin que ninguna avance. Otra joya es la que protagoniza Disney Rolando Negrete Polo, quien creó un grupo armado pese a lo cual recibió por parte del Consejo de Estado una millonaria indemnización por una incursión de la guerrilla.
Como se ve, mucha tela por cortar. ¿Se sabrá algún día la verdad? Con la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la respuesta está en veremos.
De nuevo, nuestra Comunidad de Paz deja constancia de los nuevos hechos ante el país y el mundo, al mismo tiempo que el Gobierno Colombiano se niega a aceptar la presencia paramilitar en nuestros territorios. En los últimos días en San José de Apartado los paramilitares asesinaron al joven Yhovani Valle Guerra, violan a una menor, torturan, amenazan, roban gallinas y alimentos de la canasta familias sustento de las familias campesinas, mientras el gobierno se complace desde sus instituciones en afirmar que paramilitares no hay, razón sustentada en la peor infamia que cobra vidas humanas:
• El sábado 28 de enero de 2017, en horas de la tarde, una comisión humanitaria integrada por miembros de nuestra Comunidad de Paz y acompañantes internacionales al momento que se trasladaban entre Mulato y San Josecito, fueron sorprendidos por un grupo de paramilitares acantonados en el filo de chontalito, al percatarse de la presencia internacional intentaron esconderse entre la manigua.
• El martes 31 de enero de 2017, un grupo de paramilitares que vienen haciendo presencia en la vereda Mulatos y la Resbalosa, han ingresado a varias viviendas de los campesinos, donde se han robado gallinas , ropas y los víveres de abarrote sustento de las familias campesinas.
• El miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 17:20 horas en la vereda Mulato en el paraje de el barro, una comisión humanitaria integrada por miembros de la Comunidad de Paz y acompañados por organizaciones internacionales al momento que se trasladaba a la vereda mulatos, fue sorprendida por un grupo de paramilitares acantonados en el sitio. El grupo paramilitar fueron sorprendidos encapuchados, camuflados, portando armas largas y con las insignias AGC.
• Este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, hacia las 19:00 horas, un grupo de paramilitares irrumpió la Aldea de Paz ‘’Luis Eduardo Guerra’’, propiedad privada de la Comunidad. Los sujetos manifestaron que tienen orden para pasar por donde les de la hp gana. Después de varios minutos, los sujetos se retiraron al percatarse de la presencia internacional en el sitio. No sin antes advertir que a esos sapos hp miembros de la comunidad serán asesinados.
• El este mismo miércoles 1 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, tres sujetos motorizados y portando armas cortas, ingresaron al asentamiento de San Josecito, averiguando por el líder comunitario del lugar, al percatarse que no estaba, los sujetos se retiraron.
• El jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 5;00 horas en la vereda Mulatos, un grupo de paramilitares ingreso a la vivienda del campesino de nombre Wilmar a quien amenazaron de muerte.
• Este mismo jueves 2 de febrero de 2017, hacia las 9:00 un contingente paramilitar incursiono en la Aldea de Paz en la vereda Mulato, allí mantuvieron a dos familias de nuestra comunidad retenidas por varios minutos a quienes amenazaron de muerte, anunciando que a los gringos no los van ha asesinar pero que a esa parranda de sapos de la comunidad si.
Nos negamos a renunciar a nuestros principios, nos afirmamos a permanecer en nuestros territorios, nos reusamos a abandonar nuestro proyecto de vida, no retrocederemos un centímetro, pese al riesgo de ser torturados o asesinados.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
febrero 2 de 2017
Resulta evidente que la deuda externa se ha convertido en un "instrumento de bombeo de recursos económicos de los países en desarrollo a los países acreedores".
El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo reedita en 2015 su informe Las cifras de la deuda en el que, desde hace años, busca describir el "sistema deuda" del que se ha revestido la globalización. Exponen todo un elenco de datos que no deja lugar a dudas de quién se beneficia con este sistema. Gracias al estudio podemos ver cómo el mecanismo que se usó en un principio en los llamados países del Sur, se ha ido aplicando también en el Norte, especialmente a partir de 2008.
Deuda y desigualdad
Una de las ideas que este documento quiere resaltar es la fuerte relación entre endeudamiento y desigualdad. El informe habla de "escándalo mundial de primer orden" para referirse a esta situación. Para justificar esta aseveración aportan algunos datos reveladores. En 2013 el 0.7% de la población mundial (32 millones de personas) acaparaba el 41% de la riqueza, mientras que el 68.7% (3.200 millones) se tenía que repartir solo el 3% de la riqueza. Son datos que ha confirmado otro documento de Intermón Oxfam que afirma que las 80 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. Para colmo, estos datos forman parte de una tendencia que va a más: el mundo cada vez es más desigual y cada vez hay mayor concentración de la riqueza.
Según el informe, las causas del aumento de la desigualdad son tres: el empeoramiento de la participación de los salarios en el PIB, el aumento de la regresividad fiscal y el aumento de las desigualdades de género.
La deuda del sur
En la génesis de la deuda del Sur hay que señalar varios factores. En primer lugar, en la década de los 70 se experimenta la profundización de la globalización con su hecho más determinante, la liberalización de los movimientos de capitales. Además, en aquellos años los bancos occidentales se encontraron con liquidez extra gracias a los petrodólares, que necesitaban invertir para obtener beneficio.
Por otro lado, los países pobres, que necesitaban fondos para financiar proyectos para industrializarse, aceptaron gustosamente los préstamos que les ofrecían. Las condiciones de éstos incluían tipos de interés variable, que los hicieron atractivos en principio. Estos tipos estaban vinculados al tipo de interés oficial estadounidense, el cual subió enormemente a finales de los 70. De unos tipos del 4-5% se pasó al 16-18%. A ello se unió la caída de los precios de las materias primas de las que tan dependientes eran los países en desarrollo. De la noche a la mañana, el monto a reembolsar era mucho mayor, mientras los ingresos decrecían. El mecanismo por el cual un préstamo inicial se convertía en una bola de nieve que iba en caída y aumentando su volumen estaba en marcha.
Las cifras muestran a las claras que el problema no hace más que aumentar. Desde los años 70 hasta 2012 los montos de África y Oriente Medio, por un lado, Asia y países PECOT, por otro, y, finalmente, América Latina, se multiplicaron por 73, 102 y 165 veces, respectivamente.
Sin embargo, el dato que delata la flagrante estafa del mecanismo de la deuda salta cuando calculamos cuántas veces se ha pagado el monto inicial. África y Oriente Medio pagaron 145 veces su deuda inicial, Asia (y PECOT) 163 veces, pero la palma se la lleva América Latina, que ha pagado 407 veces su monto inicial. Resulta evidente que la deuda externa se ha convertido en un "instrumento de bombeo de recursos económicos de los países en desarrollo a los países acreedores". Tanto es así, que si se calculan las transferencias netas se puede concluir que los "países en desarrollo son acreedores netos de los países desarrollados".
La deuda del norte
La génesis de la deuda del Norte nos es más conocida puesto que su explosión se da con la crisis de 2008. Para el caso europeo, en el informe nos señalan cuatro causas. Primera: los ingresos tributarios han ido decayendo debido a las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado. Además y debido a Maastricht, se impide que los Estados se financien por medio de bancos centrales, lo que resulta bastante más caro. En tercer lugar, las medidas de austeridad fervientemente aplicadas y, por último, los rescates bancarios realizados en toda la Unión Europea.
La gigantesca suma de dinero entregada solícitamente a los bancos, además de ayudas como avales y otras garantías, supone una sangría sin igual. Se trata, como dice el informe, "de una verdadera bomba de tiempo para los Estados que, además de la socialización de las pérdidas, socializan los riesgos de las finanzas privadas".
De tanta gravedad como el hecho anterior es la mencionada imposibilidad de que los Estados se financien a través de bancos centrales. Esto conlleva que los Estados paguen un precio mucho más alto para financiarse. Se ha calculado el sobrecoste pagado por algunos países. Por ejemplo, si Bélgica hubiera tenido un banco central que le financiase, su deuda habría estado alrededor de 34% en 2012, en lugar del 100% que acumuló. Para el caso español, Eduardo Garzón ha calculado que tal dato habría sido del 14% en lugar del 87%.
El informe también describe la evolución de la deuda de los Estado Unidos, cuyo vertiginoso aumento hunde sus raíces en la década de los setenta, cuando se instaura el "sistema deuda" que hoy conocemos. Con la crisis, las cifras del rescate bancario estadounidense son escandalosas y alcanzan más de 3 billones en ayudas directas.
Un mismo sistema
A pesar de que las génesis de la deuda del Sur y del Norte tengan diferencias, encontramos similitudes sobre todo en los mecanismos que las generan y agravan y en las consecuencias que ocasionan.
En primer lugar, cuando estallan las crisis de deuda la reacción clásica ha sido recetar medidas de austeridad, que acaban empeorando la situación y convirtiendo el endeudamiento en estructural. Comienza una espiral que se retroalimenta y de la que no se puede salir. Estas políticas conllevan el progresivo empobrecimiento de la mayor parte de la población, junto con la creciente acumulación de recursos por parte de las élites. Las desigualdades se agravan y el poder de los ricos aumenta, propiciando el llamado goteo inverso. Esta es la situación en la cual las rentas de las capas bajas son absorbidas (por medio de los intereses de los permanentes préstamos, la socialización de las pérdidas, las amnistías fiscales...) por el 10% más rico.
En conclusión, "el sistema deuda implica la utilización de recursos públicos para pagar a los acreedores en detrimento de la satisfacción de necesidades y derechos de la población". No dejen de leer el informe si quieren saber qué propone CADTM para intentar parar esta rueda.
El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF –área que varía según la región– y que nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda. A continuación se explica la manera como la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia –de Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington– le diseñó al Ingenio Rio Paila Castilla la manera de violar dicha norma, para adquirir decenas de miles de hectáreas en el Vichada y montar una plantación de palma (proyecto Veracruz).
Lo primero que hicieron fue constituir 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que presentaron como si cada una tuviera un único propietario, el abogado Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Cada una de ellas apareció con un capital suscrito de 100 mil pesos y con uno pagado de cero pesos y dieron como su dirección la misma de Brigard & Urrutia. El número 27 sale de que así se crea la ficción de que no están montando una sola gran empresa sino varias pequeñas, que no superan la medida límite de la UAF, y que por tanto no se viola la ley. A continuación, Rio Paila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS cuarenta mil millones de pesos, con las que estas compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas.
A paso seguido, les dieron a las SAS una muy llamativa vuelta por Europa. Uribe Noguera cedió, gratuitamente, la propiedad de esas sociedades a cinco firmas españolas, que pertenecen a otras cinco que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con domicilio en Luxemburgo, paraíso fiscal de mala fama. Una telaraña difícil de desentrañar. Al final, Deloitte & Touche, revisor fiscal de Rio Paila Castilla, certificó que Asturias Holding, las 27 SAS y las 41.300 hectáreas son de Rio Paila Castilla, que además las registró como suyas en la Cámara de Comercio de Bogotá (http://db.tt/0eHE3vxw).
Además de la flagrante violación de la Ley 160, porque Rio Paila Castilla compró lo que tenía prohibido comprar, las autoridades deberán desentrañar por qué intentaron ocultar en el exterior esas operaciones, determinación que podría explicarse por el objetivo de encubrir otras ilegalidades. Por denuncias ciudadanas, en abril de 2013, el Incoder informó sobre este caso a la Presidencia de la República (Juan Mesa), la Secretaria Anticorrupción, la Dian, la UIAF y las superintendencias de Notariado, Sociedades y Financiera. A esta última le pidieron investigar desde 2011.
Una de las cosas más graves en torno a estos hechos escandalosos, y a otros iguales que involucran también a grandes empresas, fue el proyecto de ley presentado por el ministro Juan Camilo Restrepo tendiente a establecer que la parte de la Ley 160 que prohíbe concentrar las UAF solo rige después de 1994, y no desde 1961 (Ley 135), como hoy ocurre. Si lograran ese cambio, se legalizarían treinta años de ilegalidades, incluidas por lo menos once de las compras realizadas por las SAS de Rio Paila Castilla.
Es evidente que la firma Brigard & Urrutia le diseñó a Rio Paila Castilla una operación jurídica y económica –un producto– tendiente a violar el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y que esa maniobra incluyó ocultarla en el exterior. Y hay que rechazar la explicación de Carlos Urrutia de que él carece de toda responsabilidad en esas ejecutorias, porque –alega– vendió sus acciones en la empresa una vez Santos lo nombró embajador en Washington, en agosto de 2012. Porque las ilegalidades se desarrollaron durante 2009, 2010, 2011 y 2012, cuando Urrutia era el jefe y principal accionista de su empresa. ¿Acepta el presidente de la República tan peregrina explicación de su embajador ante Estados Unidos?
Es conocido el propósito de Santos y Restrepo de quitarle al campesinado millones de hectáreas que hoy por derecho legal y constitucional le pertenecen, para pasárselas a unos magnates nacionales y ojalá extranjeros. Incluso, han armado un discurso que reza que lo hacen por su incontenible amor por los pobres, a quienes llevarán a la felicidad, una vez logren despojarlos de sus fincas. Para ese objetivo se han diseñado productos jurídicos legales, pero también ilegales, que es diferente, como este de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington. Santos tiene la palabra.
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, junio 7 de 2013
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