Miles de argentinos marchan contra el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI

Bajo la consigna “La patria está en peligro. No al FMI” miles de argentinos marcharon este viernes y se congregaron ante el obelisco de esta capital contra el acuerdo del gobierno del derechista Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, en rechazo a la profundización del ajuste, al tarifazo, al avasallamiento de los derechos de los trabajadores, en defensa de la soberanía y una serie de demandas leídas en una dura proclama, antes de cantar el himno nacional.

La multitudinaria marcha convocada en principio por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la que se adhirió la oposición en su conjunto, reunió a todas las centrales sindicales, cooperativistas, movimientos sociales, partidos políticos y la Iglesia, contrastó con un presidente que caminó aislado del pueblo con un fuerte dispositivo de seguridad en una Plaza de Mayo enrejada junto a su esposa, Juliana Awada, y funcionarios de su gobierno, al recorrer el corto camino entre la Casa Rosada y la catedral metropolitana donde debió escuchar uno de lo sermones más críticos de los últimos tiempos.

“Los ojos del Dios que sí se acuerda de los pobres”

La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Poli, quien leyó el sermón del tedeum y citó al evangelista San Lucas: “Nos da una advertencia con este ejemplo: la indiferencia y el egoísmo de los ricos frente a la miseria de los pobres no pasan inadvertidos a los ojos del Dios que sí se acuerda de los pobres y no olvida su clamor”.

Recordó que Dios está nombrado en el preámbulo de la Constitución nacional, “pero pareciera que lo dejamos al margen de nuestras decisiones… sin tener en cuenta la memoria histórica del país que también tiene algo que enseñarnos en las horas de prueba”.

Recordó que “el primer deber del Estado es cuidar la vida de sus habitantes, especialmente de los débiles, los pequeños, los pobres y marginados, los enfermos y los ancianos abandonados, porque son los más pobres de los pobres […] ninguna persona debe ser excluida de la fiesta de la vida, hasta el más humilde y olvidado de la patria profunda”.

A esto se agregó la impresionante marcha de este día. Las voces de la calle mencionaban que, ante la gravedad de la situación, el presidente debe renunciar si no puede resolverla; o si “para resolverla va a entrgar la patria”.

Antes de cantar el himno nacional, dos actores leyeron desde el palco, donde estaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la proclama en que defendieron los derechos de los pueblos y hubo severas críticas al gobierno nacional por la entrega de soberanía en el acuerdo con el FMI.

Entre otras demandas se defendió la del trabajo digno que genera las riquezas de la patria; a las organizaciones gremiales y a las negociaciones salariales libres, que están suspendidas. Fue importante la defensa del federalismo amenazado por el saqueo en el país, y del regreso del desarrollo industrial, la protección a las economías regionales, a la educación pública y a las organizaciones sociales y barriales.

De la misma manera se exigió la continuidad de los juicios contra los responsables militares y civiles de la pasada dictadura militar, y se remarcó que “el único lugar para los genocidas es la cárcel”. Se pidió justicia para los jóvenes asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y respeto a los pueblos originarios.

Oradores de la marcha también reivindicaron la política del movimiento Ni Una Menos que “sacude las entrañas de la cultura patriarcal dominante”; así como la “libertad de expresión y comunicación popular” contra la concentración de medios que defienden programas de ajuste y saqueo. Se exigió la liberación de presos políticos y el cese de la la persecución.

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La impotencia de la clase dominante argentina

Tras dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri fracasó dos veces en una semana para contener una brutal escalada del dólar que amenaza con colapsar la economía y derribar su gobierno. La moneda estadunidense comenzó el año en 18.65 pesos y esta semana superó 23.50. Millones de argentinos se enfrentan al drama de la sobrevivencia, ya que la devaluación impacta directamente en los precios de los alimentos.


Para evitar una depreciación aún mayor de la moneda, el gobierno aumentó las tasas de interés de 28 a 40 por ciento y obligó a los bancos a desprenderse de dólares. En el mismo lapso, sacrificó más de 7 mil millones de dólares de las reservas para intentar frenar la subida del dólar.


El martes de esta semana el dólar volvió a trepar luego de una leve caída el lunes. La corrida en curso arrancó en marzo y todo indica que los fondos de inversión están alentando la fuga hacia activos en dólares. “ Forbes y el Financial Times ya dijeron que es tiempo de salir de la riesgosa Argentina, calificada como uno de los tres países más vulnerables a shocksexternos por las evaluadoras del establishment internacional” (Página 12, 5/05/18).


Macri fracasó cuando intentó atraer inversiones y ahora está fracasando con su propia base social, la que lo llevó al gobierno, que está especulando porque no confía en su política económica. Una espiral de desconfianza está en la base de la crisis del mercado de cambios: crece la fuga de capitales, aumenta el déficit comercial por el crecimiento exponencial de las importaciones y el pago de intereses de la deuda en moneda extranjera. En resumen, un estrangulamiento del sector externo.


Un demacrado Macri apareció en televisión para informar que el país retorna al regazo del FMI, mediante la negociación de un crédito de 30 mil millones de dólares para estabilizar la crisis de confianza. Es la segunda vez en dos décadas que sucede algo similar. En 2001, en medio de una grave recesión, el gobierno de Fernando de la Rúa pidió 40 mil millones de dólares al FMI para defender al peso porque los argentinos estaban retirando sus depósitos masivamente para convertirlos en dólares o llevarlos fuera del país.
En 2006, el presidente Néstor Kirchner canceló la deuda y finalizó la dependencia del FMI, en una decisión política trascendente. Con la llegada de Macri, Argentina emitió títulos por 59 mil millones de dólares, casi el doble que Arabia Saudita, el segundo en el ranking, y el triple que el tercero, Indonesia ( El País, 8/05/18). De ese modo, el país vuelve a tener una deuda con una gran exposición en dólares, lo que acrecienta su vulnerabilidad.


Para los sectores populares, la devaluación es sinónimo de inflación (20 por ciento previsto para este año), o de hiperinflación, como sucedió varias veces en la historia reciente. Para aliviar el déficit fiscal, el gobierno viene aumentando las tarifas de los servicios, con la excusa de que el gobierno de Cristina Fernández las tenía subsidiadas, pero lo hace de un modo brutal. Desde fines de 2015, el gas aumentó 1,013 por ciento, el metro 178 por ciento y los autobuses 233 por ciento, en tanto las tarifas eléctricas subieron 1,615 por ciento y el agua 550 por ciento.


La política argentina es oscilante, cambiante e imprevisible. En apenas dos años, Macri consumió los apoyos sociales con los que llegó al gobierno y ahora el rechazo a su gestión duplica los aprobados. ¿Cómo explicar estos cambios y la velocidad del desgaste de Macri?


La clave hay que buscarla en diciembre pasado, cuando cientos de miles de argentinos desafiaron la reforma previsional, en la calle, afrontando una feroz represión. Ese fue el punto de inflexión, como indican las encuestas. Un punto de quiebre que conecta con la tradición del movimiento popular argentino, el más potente y combativo durante el siglo XX, como indican las fechas más destacadas del calendario de luchas.


En 1909, la Semana Roja, la primera gran huelga general en cuya represión cayeron 14 obreros. En 1919, la Semana Trágica, una oleada de huelgas reprimidas por la policía con alrededor de 700 muertos. En 1935, la seminsurrección de los obreros de la construcción en la capital. El 17 de octubre de 1945 –la insurrección obrera victoriosa exigiendo la liberación del coronel Juan Perón– quiebra el poder político de la oligarquía. Años después, la resistencia armada al golpe de Estado de 1955, protagonizada por miles de obreros fabriles.


El levantamiento obrero conocido como Cordobazo, en marzo de 1969, desarticuló la dictadura del general Juan Carlos Onganía, derrotó a la policía y sólo retrocedió, en un intenso combate de calles, ante la presencia del ejército y la marina. Entre 1969 y 1972 hubo 15 insurrecciones, puebladas o motines populares: dos en Córdoba, dos Rosario, tres en Tucumán, además de Rawson, Corrientes, Salta, Mendoza y Casilda, entre las más destacadas.


En todas hubo combates callejeros y se tomaron e incendiaron dependencias estatales. Fue el mayor ciclo de luchas obreras del mundo, en la segunda mitad del siglo XX. Este es el temor de la clase dominante, que la llevó a convocar a los militares cuando los obreros del Gran Buenos Aires (9 millones de habitantes en 1975), desbordaron a sus sindicatos, paralizaron la industria y neutralizaron el ajuste económico del gobierno de Isabel Perón.


En las movilizaciones de diciembre pasado confluyeron los sindicatos con los movimientos sociales, mostrando que la capacidad de lucha está tan intacta como la autoestima de los de abajo. El 8 de marzo se produjo la movilización más masiva a lo largo y ancho del planeta, por un movimiento de mujeres que no tiene parangón. La calle es el límite que encuentran los de arriba, y ese límite no cedió siquiera ante el genocidio perpetrado por los militares.


La pregunta es cómo será el final del experimento de Macri. No es seguro que retorne el estallido social. Los de arriba están pergeñando un plan. Debemos auscultarlo, para prevenir males mayores y seguir construyendo nuestros mundos.

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Lunes, 16 Abril 2018 06:34

El dólar todavía

El dólar todavía

La política del dólar, se dice, está volviendo a la normalidad y con ello también el funcionamiento de la economía de Estados Unidos. Este supuesto tiene, de una u otra manera, implicaciones para el mundo.

Para administrar la crisis de 2008 la Reserva Federal mantuvo durante casi una década las tasas de interés a un nivel de prácticamente cero, una condición ciertamente inusual y que expresaba la magnitud del colapso que se provocó.

Con esto evitó el derrumbe de la actividad económica y, también, de los bancos y otras empresas financieras. El costo de esta política ha sido tan elevado que aún no se acaba. Ahora, hay que añadir las políticas económicas y sociales que impulsa el gobierno en Washington.

Por el lado fiscal, lo anterior representó la enorme inyección de dinero en la economía y con ello el aumento de la deuda pública. Hoy, el Congreso, controlado por los republicanos, está aumentando aún más el endeudamiento.

La supuesta normalidad a la que se alude no significa, sin embargo, que el periodo de crecimiento con estabilidad de precios que se registró antes de la crisis financiera de hace una década pueda recrearse. A esa etapa se le conoce como la "gran moderación".

El dólar mantiene su primacía por la permanente demanda para todo tipo de transacciones: comerciales y financieras. La forma principal de tener moneda estadunidense es mediante la compra de los bonos que emite el Tesoro, que se sostiene en la confianza que todavía tienen los inversionistas de que se pagará esa deuda.

Esto se considera como un "privilegio exorbitante" del dólar, según lo calificó el gobierno francés encabezado entonces por De Gaulle. Aunque tal privilegio persiste hay cambios en el sistema internacional que son significativos.

En 1990 el producto de Estados Unidos representó alrededor de 22 por ciento del total mundial y se calcula que en 2020 sea de 15 por ciento. Al dólar le siguen como monedas más usadas el euro, el yen, la libra esterlina y aún muy por detrás el renminbi.

Con la economía global en pleno y junto con el nuevo proteccionismo en Washington, China aparece como un mayor contrincante político y económico. Desde 2016, la moneda china es parte de la canasta de divisas de reserva –los derechos especiales de giro– que administra el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno buscará aumentar la relevancia de su moneda como una medida consistente con la influencia que pretende tener en el mundo.

El producto por habitante chino (a precios de mercado) en 2017 era 14 porciento del de Estados Unidos, pero en 2000 fue de tres por ciento. El mero tamaño de la economía china, empezando por su población, es relevante; su producto representó el año pasado 62 por ciento del estadunidense. Las tendencias indican que en 2040 será mayor que aquel, aunque el nivel de vida siga siendo más bajo.

China es ya el mercado más grande para las exportaciones de países como Australia, Rusia, Taiwán, Corea y Brasil, entre otros, lo que extiende su influencia en los mercados. Allí se destina ahora casi la misma proporción de gasto de investigación y desarrollo que en las economías más desarrolladas y tienen, además, una agresiva política en cuánto a los derechos de propiedad intelectual.

No debe perderse de vista el carácter de esa sociedad donde persisten muchos elementos de planificación estatal y un sistema de control político muy centralizado. Ambas condiciones pueden representar una ventaja en la competencia económica a escala mundial en los próximos años. A ello hay que añadir la fuerte expansión del gasto militar que está cerrando la brecha con el de Estados Unidos.

La política exterior de Washington se enfoca en distintas formas de confrontación con China en materia comercial y financiera (¿y militar?), cuyas previsiones son inciertas.

Debajo del amplio conjunto de procesos en curso existe una debilidad estructural de las economías más desarrolladas que no ha sido superada desde que surgió la crisis más reciente. Buena parte de esa fragilidad reside en el valor de las monedas. George Soros dijo hace unos años que "el dólar es la moneda más débil del mundo, exceptuando todas las demás". De ahí que todavía tenga un privilegio y, por ahora, exorbitante. Este es un asunto clave en un sistema en el que se ha ido ahondando el proceso de financiarización de la economía con una correspondiente relocalización de la actividad productora de bienes y servicios.

En el caso de Estados Unidos, su preponderancia económica sigue estrechamente ligada con el privilegio del dólar. Ya en 2011, la calificadora de deuda Standard & Poor’s apuntaba, aquella que fue la primera vez que se degradaba la calidad de la deuda del gobierno de Estados Unidos: "La efectividad, estabilidad y predictibilidad del quehacer de la política pública y de las instituciones políticas se han debilitado al mismo tiempo que aumentan los desafíos en materia fiscal y económica".

Esta afirmación sea tal vez más apropropiada hoy que hace siete años.

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La receta económica de Moreno contiene menos Estado y más ingresos

El presidente de Ecuador renuncia a subir los impuestos y abraza la austeridad para solventar la crisis heredada con una reforma con 14 propuestas y cuatro objetivos


El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quiso hacer oficial la austeridad en su nuevo programa económico. El lanzamiento, este martes, de su reforma adelantó que se sanearán las cuentas públicas con una amnistía fiscal, un fuerte recorte en las instituciones públicas y más eficiencia en la recaudación para obtener mayores ingresos, evitando subir los impuestos. Con sus 14 propuestas, orientadas a cuatro objetivos, el Gobierno de Moreno ha conseguido una aceptación entre los analistas y el sector privado que fue imposible de alcanzar durante la gestión de su predecesor en el cargo.


De Rafael Correa heredó un país sobreendeudado y una receta económica de la que ahora se desmarca. Quizá con el fin de llevar la contraria a los seguidores del exmandatario y al mismo Correa, que han repetido durante semanas que se avecinaba una fuerte subida de impuestos. Un paquetazo, como se dice en Ecuador. Pero para no dejar margen a interpretaciones, el presidente recalcó dos veces en la presentación de su nuevo programa económico que su Gobierno no va a "subir los impuestos" y que el aumento de ingresos tributarios llegará con una recaudación más eficiente.


La primera medida se centra en combatir la defraudación, las empresas fantasmas, los paraísos fiscales y el contrabando con la ambición de obtener 810 millones de dólares en tres años. También en materia de impuestos, se recuperarán más de 1.000 millones adicionales revisando —con el fin de eliminarlos— beneficios que favorecen a los que ganan más de 100.000 dólares y se aplicará una amnistía —llamada "revisión tributaria" en el programa— para las empresas de todos los tamaños, con la que pretenden reflotar 1.600 millones de dólares este año y 1.300 millones de dólares anuales en los siguientes. Junto a una subida de los aranceles en artículos de consumo como la ropa o los juguetes importados, estas propuestas ayudarán a Ecuador en su primer objetivo: recuperar el equilibrio fiscal de un presupuesto que ha disparado su déficit público de año en año.

Esta meta, de acuerdo con los reclamos tradicionales del sector empresarial, es imposible de alcanzar sin un ajuste del gasto público. Correa se negó siempre a aplicarlo, pese a la crisis económica provocada por la caída del precio del petróleo, pero Moreno le ha abierto la puerta por primera vez en 10 años con su segundo objetivo: reestructurar y optimizar al Estado. Según sus planes, el fisco se ahorrará 1.000 millones de dólares anuales reduciendo los presupuestos de las instituciones públicas, despidiendo a la mitad de los asesores, recortando los gastos en viajes o en alquileres y suprimiendo siete de las 22 empresas públicas. "Se mantendrán únicamente las que sean rentables económica y socialmente", puntualiza el nuevo programa, haciendo alusión a las irregularidades y a la gestión deficitaria que se destapó, tras el cambio de Gobierno, en entidades como la aerolínea pública Tame, los medios de comunicación incautados o en las negociaciones de la petrolera estatal.


Atajado el gasto excesivo y mejorada la recaudación, la tercera incógnita que necesitan despejar las Finanzas ecuatorianas es el aumento de los ingresos por la vía productiva. Aquí se repite el anhelado objetivo de fomentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera para que lleguen más dólares del exterior a una economía que no puede emitir billetes. Para ello, Moreno propone el también repetido mandato de aumentar el acceso al crédito productivo, simplificar la burocracia, intensificar las alianzas público-privadas y mejorar el clima de seguridad empresarial.


La calidad del empleo, en un país donde casi la mitad de trabajadores son informales, dependerá de los nuevos modelos de contratación específicos para sectores como el turístico, el agrícola o el pesquero que ya prepara el Ministerio de Trabajo. Eso sí, se crearán siempre "respetando íntegramente los derechos" laborales y sin olvidarse de la "economía popular y solidaria" que incluye a los artesanos y microempresarios.


El guiño definitivo al sector privado se concretó en una certeza y una promesa. La primera implica la eliminación del impuesto mínimo en el pago del anticipo al impuesto a la Renta. Según los empresarios, esta carga tributaria se asumía por adelantado y se aplicaba incluso cuando las empresas daban pérdidas. La segunda, tan lejana que se proyecta como un imposible, propone reducir gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas solo si algún día la balanza de pagos entre las exportaciones y las importaciones del sector privado llega a un equilibrio.


Las catorce medidas, pese a haberse presentado con casi un año de retraso y haberse pospuesto dos veces, han convencido a los gremios empresariales. Ahora, comentan, el peso de los ajustes está repartido entre el sector público y el privado; y ahora, ofrecen, es momento de arrimar el hombro para recuperar el ritmo del país. Pero también avizoran el siguiente roce: cómo pasará la receta económica del papel a la práctica.

 

Por SARA ESPAÑA
Guayaquil 4 ABR 2018 - 11:29 COT

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Miércoles, 31 Enero 2018 06:31

Feudalismo bancario

Feudalismo bancario

 

Durante los siglos VIII y XV predominó en Europa un sistema político y económico que ha recibido el nombre de feudalismo. Era un sistema organizado alrededor de la propiedad de la tierra, a cambio de esquemas de vasallaje, protección, trabajo y distribución de la producción agrícola. En la clásica descripción de Marc Bloch, el esquema jerárquico giraba alrededor de los tres estamentos de la sociedad: nobleza, clero y productores del campo. Típicamente los señores feudales, firmemente aposentados en sus castillos, prestaban protección a los productores agrícolas a cambio de trabajo directo o de un tributo que era pagado en especie.

Entre los habitantes del campo y los poblados las relaciones económicas se llevaban a cabo por medio de mercados, ferias y otros esquemas para los intercambios. La moneda en circulación era emitida, a veces, por autoridades eclesiásticas y, en ocasiones, por reyes o los mismos señores feudales. El trueque sólo predominó cuando había derrumbes institucionales, como al colapsarse el imperio romano o cuando desapareció el imperio de Carlomagno.

En el feudalismo existía el crédito y algunas dinastías se encargaron de proporcionar préstamos a quienes los necesitaran. Pero esos empréstitos normalmente estuvieron reservados a los poderosos y no eran para el grueso de la población. Una buena parte de los créditos se destinaba a pagar mercenarios y financiar guerras. En esos casos los intereses eran altísimos y podían alcanzar 60 por ciento (como hoy en las tarjetas de crédito). También había préstamos para los grandes comerciantes, quienes ofrecían suficientes garantías. El resto de la población tenía que recurrir a los prestamistas locales para solventar sus necesidades en caso de enfermedad o de alguna otra emergencia.

Las grandes dinastías de prestamistas operaban con sus corresponsales en diferentes partes de Europa y del Mediterráneo. Así podían ofrecer un valioso servicio a los comerciantes a través del reconocimiento de letras de cambio y otros títulos. Esos grandes prestamistas operaban como banqueros, pero su principal actividad no dependía de la captación de ahorros. Los préstamos que ofrecían eran con recursos propios o que provenían de sus complejas operaciones contables. Eran, por así decirlo, banqueros sin bancos, en el sentido moderno de la palabra.

Con el advenimiento del capitalismo la actividad crediticia se hizo cada vez más importante y la revolución industrial aceleró el proceso por las escalas de producción. Los bancos se reorganizaron, comenzaron a desarrollar sus funciones de captación de ahorro y sus operaciones expandieron los confines de la acumulación capitalista financiando el consumo. Así, no sólo se expande el tamaño del mercado final para la producción capitalista de mercancías, sino se acortó el tiempo de recuperación del capital. El proceso culmina en el siglo XIX, cuando el grueso de la población pasa a ser considerada sujeto de crédito. La gente común y corriente pasa entonces a ser cliente de los bancos.

Hoy, el nivel de endeudamiento de la población depende de muchos factores, entre los que destaca el ingreso salarial. Bajo el neoliberalismo, el estancamiento de los salarios reales condujo a una extraordinaria expansión del crédito como apoyo para mantener niveles de vida. El resultado ha sido un creciente endeudamiento para la población en general mediante hipotecas y préstamos para adquirir bienes de consumo duradero y pagar servicios educativos o de salud. Los indicadores sobre endeudamiento de las familias en Estados Unidos como proporción del PIB muestran un vertiginoso crecimiento de 40 a 97.8 por ciento entre 1960 y 2014. El patrón se repite para muchos países europeos.

El resultado es que hoy una parte significativa de la población vive y trabaja para pagar intereses a los bancos, a tal grado que es posible pensar que vivimos en una especie de feudalismo bancario. En este sistema, los bancos son los señores del dinero que crean moneda de la nada y, al igual que en el feudalismo stricto sensu, su actividad tampoco depende de la captación de ahorro. El lugar de los nobles lo ocupan los gobiernos, que también son sujetos de crédito y deben obedecer los dictados de los mercados de capitales. Sus bancos centrales, con toda y su mítica independencia, deben proporcionar reservas a los señores del dinero cuando las circunstancias así lo exigen. Los campesinos somos todos los demás, que debemos recurrir al crédito de manera sistemática. En ciertos casos hasta fracciones del capital industrial ocupan una posición similar a la de los campesinos.

El nuevo feudalismo bancario permite que la gente se mueva de una parcela a otra, por ejemplo cuando busca un empleo. Pero esas personas siempre llevan a cuestas una carga propia de los vasallos: deben pagar el servicio de su deuda, ya sea por una hipoteca u otros préstamos. Quizás la diferencia más importante es que, en contraste con las obligaciones que tenían los señores feudales con sus súbditos, los bancos no ofrecen protección alguna frente a la violencia o los accidentes de la vida.

 

Twitter: @anadaloficial

 

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Domingo, 28 Enero 2018 06:03

La mano de obra esclava

La mano de obra esclava

Se supone que Donald Trump es nacionalista, se sospecha que es proteccionista, se repite que quiere crear empleo y refundar la base industrial de Estados Unidos. Esto último apela a los nostálgicos y los de cierta edad, que recuerdan –recordamos– cosas como electrodomésticos norteamericanos de excelente calidad, por no hablar de fantasmas como los Packard. Hace muchos años que en Estados Unidos se dedican a crear marcas y productos, que se fabrican en tierras lejanas.


Pero el centro del problema no es uno de modelos económicos de vasta escala, sino del implícito pacto social que rige Estados Unidos, uno de esos que no se confiesan. El empleado americano casi no tiene vacaciones, pena por tener cobertura médica, puede ser echado por capricho y con lo puesto, y envidia hasta las lágrimas las licencias médicas de un europeo o, por caso, de un argentino. Raramente tiene casa propia, excepto que viva en una ciudad pequeña, en un pueblo o en el campo, y en general lo que tiene es una hipoteca a largo plazo. Sus ahorros reales son los llamados IRA, las cuentas privadas de ahorro para la jubilación, ya que es rarísima la empresa que tenga su sistema, como era común en tiempos de los tíos. Sólo el despreciado Estado nacional te paga una jubilación sin más vueltas.


Lo que obtiene a cambio de tanta inestabilidad el empleado americano es disfrutar de la más curiosa distorsión que ofrece la economía de su país, los frutos del trabajo esclavo. Esto es fácilmente observable para el turista más casual, que gasta más en comer una semana en Nueva York o Miami que lo que gasta en comprar una laptop de primera marca. Una buena hamburguesa puede costar lo mismo que una camisa de las buenas, la entrada a un musical lo mismo que un traje, un viaje en taxi lo que una valija. Una manera fácil de espantar argentinos es contarles lo que cuesta en Estados Unidos una carie, un par de anteojos recetados, una visita del plomero, una clase particular. Una buena unidad de medida es traducir las cuentas a televisores HDTV de muchas pulgadas.


La explicación de esta distorsión es que las hamburguesas, el plomero, el dentista son norteamericanos, no pueden ser importados y no tienen reemplazo real. Los artículos de consumo viajan el mundo desde países miserables, efectivamente colonizados por multinacionales, y son producidos o en fábricas robotizadas, de muy alta tecnología, o por talleres de servidumbre. Es mejor ni preguntarse, con la camisa en la mano, cuánto ganó el infeliz que la hizo: primero hay que descontar la remarcada del negocio en EE.UU., que paga sueldos, alquiler e impuestos del primer mundo, luego el costo de flete y distribución, luego los impuestos del tercer mundo de origen y la ganancia del fabricante, para llegar a una cifra marginal.


Esta receta es la que trata de mantener la paz social en el país de Trump, la pobreza con electrónicos de consumo, la vida en un sucucho con wifi y una I-Mac de primera donde no entra tanta ropa barata, los dientes cariados y el auto nuevo. La guerra de tarifas que parece plantearse el pintoresco monstruo despertó de inmediato una alarma, la de que suban los precios al consumidor. No es apenas por una cuestión de economistas, porque estos precios al consumidor tienen que ser bajos para que el consumidor no empiece a hacerse preguntas, a comparar.

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Los fondos buitre también actúan en el ámbito de las deudas familiares

Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM, se conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.

El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son enormes ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión de pagos llega a mil millardos de euros (1.000.000.000.000 €). |1| Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará inevitablemente.

El modo operativo de los fondos buitre en el ámbito de las deudas privadas es simple. Compran paquetes de deudas impagadas, principalmente a bancos, |2| a sociedades de telefonía móvil, a sociedades de crédito inmobiliario o empresas de suministro de energía a particulares. En general, esos fondos buitre adquieren esos impagos al 10 % de su valor y luego mediante el acoso a las personas endeudadas, y también por procedimientos legales, tratan de recuperar del 20 al 30 % del valor inicial de la deuda .

Parece que en Europa las sociedades financieras especializadas en ese tipo de actividades carroñeras se desarrollaron activamente, en primer lugar en Escandinavia, debido a la crisis bancaria de los años 1980-1990. Hablamos de la firma sueca Intrum y de Aktiv Kapital (una filial del grupo estadounidense PRA).

 

 

Según un estudio publicado por el banco Morgan Stanley, el volumen total de paquetes de deudas impagadas, en posesión de las siete principales sociedades financieras especializadas en la recuperación de la deuda familiar en Europa se duplicó entre 2014 y 2017, pasando de cerca de 4.000 millones de libras esterlinas a un poco más de 8.000 millones (Financial Times, 23 de noviembre de 2017). En 2016 Intrum obtuvo unos beneficios de 197 millones de euros. Cabot, una sociedad británica, 155 millones de euros; Arrow, británica, 118 millones de euros; Hoist, británica, 93 millones de euros; Kruk, una sociedad polaca, ganó 91 millones de euros. En la página web de Arrow podemos leer que 4 millones de familias se encuentran en suspensión de pagos en Gran Bretaña.

En octubre de 2017, Intrum compró en Grecia un paquete de deudas impagadas por un monto de 40 millones de euros. Pero, probablemente, haya pagado solamente 1,2 millones de euros por esa adquisición, o sea, el 3 % de su valor nominal. Según el director de Intrum, Mikael Ericsson, el mercado griego de deudas impagadas de familias ofrece un extraordinario potencial de expansión, ya que en 2017 cerca del 50 % de las deudas están en suspensión de pagos. |3| Es el equivalente, dice, del mercado formado por Europa central y del este.

Cartografía de las deudas impagadas en porcentaje del monto total de créditos concedidos por los bancos en la Unión Europea al 30 de septiembre de 2015.
Con una competencia en aumento entre los fondos buitre, el rendimiento desciende. Mientras que hace 5 años, una «inversión» de un millón de euros en la compra de deudas impagadas podía permitir obtener 3 millones, en 2017 los fondos buitre sacan entre 1,8 y 2 millones.

Hay otros fondos buitre activos en la compra de esas deudas, como el tristemente célebre fondo Elliot cuyo dueño es Paul Singer. Elliot compró a dos bancos españoles, Banco Popular (adquirido por el banco Santader en mayo de 2017) y Bankia, paquetes de deudas impagadas (véase Fátima Martín, «Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz»). El grupo estadounidenses Blackstone se volvió también muy activo en España (véase en castellano: Fátima Martín, «Blackstone, el casero buitre global: De los alquileres protegidos de Madrid a los narcopisos de Barcelona»). Blackstone tiene actividades muy diversificadas: en principio, se especializa en la concesión de créditos de riesgo a microempresas y a PYMES. Para eso, Blackstone se dotó de una división especial de desarrollo de ese tipo de actividades: GSO. Esa división propone contratos de deudas simplificados, mucho más arriesgados y con mayor remuneración, lo que le permite atraer a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que ya no tienen acceso a los créditos bancarios normales. Por otro lado, GSO atrae igualmente a los inversores en búsqueda del máximo rendimiento, en particular, a los fondos de pensiones. A éstos les propone que den un anticipo de fondos para prestarlos a las microempresas privadas y a las PYMES. En cierto modo, el Financial Times, en su edición del 17 de noviembre de 2017, hace sonar la alarma al anunciar que los fondos de pensiones hacen correr grandes riesgos al ahorro de sus miembros, debido a su inversión en los productos creados por GSO. |4| Por lo tanto, en principio, Blackstone es un prestamista —que atrae los fondos de pensiones a la búsqueda de altos rendimientos— y finaliza el ciclo comprando las carteras de deudas impagadas.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Japón (años 1990), en Estados Unidos (2006-2007), en Irlanda e Islandia (2008), en España (2009), decenas de millones de familias de clases populares fueron abocadas a la suspensión de pagos, y comenzaron a ser víctimas de desalojos masivos. En Estados Unidos, desde 2016, 14 millones de familias fueron desposeídas de sus viviendas por los bancos. En España, son más de 300.000 familias. En un contexto en el que el salario real está bajando, el desempleo es masivo y las condiciones de préstamos son abusivas, esas deudas provocan efectos catastróficos para una parte creciente de las clases populares. A menudo, esa población tiene que financiar a crédito su consumo corriente, puesto que sus ingresos normales no alcanzan para pagar los gastos de alimentación, vivienda, vestimenta, calefacción, electricidad, salud, educación... Hay firmas que se especializan en las ventas a crédito a sectores frágiles de la población. A veces, esos préstamos comienzan con un interés cero, con el fin de atraer a los clientes, pero los tipos de interés aumentan rápidamente si aparecen retrasos en el pago, y comienza el acoso. Otra vez más, nos enfrentamos en los países del Norte a un fenómeno masivo de brutal desposesión. Las deudas privadas tienen un papel clave. En Estados Unidos, la justicia contabilizó no menos de 500.000 casos de contratos inmobiliarios abusivos y fraudulentos, pero la cifra real es, indudablemente, mucho más elevada. En España, la legislación utilizada por los banqueros para desalojar a las familias de sus viviendas data de la época del dictador Franco. En Grecia, en el marco del tercer memorando aceptado por el gobierno de Tsipras en 2015, los bancos comienzan a tener las manos libres para desalojar a las familias incapaces de pagar sus deudas hipotecarias.

La nueva crisis internacional, que comenzó en 2007, reveló el comportamiento fraudulento de los bancos. Como consecuencia de las expulsiones masivas de las viviendas que se sucedieron en Estados Unidos, España y otros países, cada vez hay más personas que cuestionan esas deudas. Y esto pasa incluso en países donde la obligación de pagar un crédito era, en general, incuestionable. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde 2015, reunió alrededor de su persona un importante apoyo popular por haber participado activamente en la plataforma contra los desalojos, realizados por los bancos, de familias incapaces de continuar pagando sus hipotecas. Algunos años antes, hubiera sido inimaginable que una mujer o un hombre fuera elegido para ejercer altos cargos después de haber organizado ocupaciones ilegales de bancos, para defender las familias que no podían seguir pagando sus deudas.

Por todo el mundo, los movimientos sociales y el CADTM cuestionan el pago de deudas privadas ilegítimas, ya sean hipotecarias o de estudiantes, ya sean reclamadas por grandes bancos privados, por agencias de cobro de deudas, por fondos buitre o por agencias de microcrédito.

 

Notas:

|1| 1 000 millardos € de deudas en suspensión de pagos (conocido también por la sigla inglesa NPL, Non performing loans). Eso representa, según la Autoridad bancaria europea, el 5 % del total de los créditos concedidos por los bancos de la Unión Europea.

|2| Los bancos son presionados por las autoridades de control y por el BCE para deshacerse de las deudas impagadas (NPLs) revendiéndolas a precios de saldo a terceros, como los fondos buitre.

|3| Sobre las causas de esa elevadísima cantidad en Grecia, véase Éric Toussaint «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el 11 de enero de 2917

|4| Financial Times, «Blackstone offers “cove-lite” business loans», 17 de noviembre de 2017.

Traducido por Griselda Pinero

Eric Toussaint es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire , Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique , Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo libro: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.

Fuente: http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-tambien-actuan 

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Maduro denuncia el "secuestro" de recursos para importar alimentos y medicinas

El presidente Nicolás Maduro denunció este jueves que la proveedora de servicios financieros Euroclear tiene congelados mil 650 millones de dólares de Venezuela, a raíz de las sanciones de Estados Unidos.

Según el mandatario, que tildó el caso de "secuestro", se trata de 450 millones de dólares líquidos y de mil 200 millones en títulos para importar alimentos y medicinas, de gran escasez en el país.

Los 450 millones "nos los congelaron desde hace seis semanas en Euroclear. ¡Cese al secuestro de dinero venezolano en el exterior!", exigió Maduro durante un acto en el que celebró su cumpleaños 55.

"Tenemos, además, mil 200 millones en bonos emitidos por la República, aceptados por agentes económicos para vendernos medicinas y alimentos, y nos los tienen secuestrados", agregó.

Euroclear es un gigante de servicios financieros, incluida la custodia de valores, con sede central en Bruselas y clientes en unos 90 países.

Maduro vinculó esta cuestión con las sanciones impuestas el 25 de agosto pasado por Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos de ese país negociar nueva deuda emitida por el gobierno venezolano y la empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Es la guerra económica que nos tiene el gobierno imperialista de Estados Unidos, que persigue el dinero que tenemos por el mundo", sostuvo.

Una fuente que pidió el anonimato confirmó a la agencia Afp que el Banco Central de Venezuela tenía "paradas sus operaciones por Euroclear".

Según esta versión, debido a las sanciones de Washington, Caracas debe cumplir ahora con nuevos requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que dificultan los giros.

Euroclear "no puede poner en riesgo su mercado en Estados Unidos", señaló la fuente.

Venezuela y PDVSA, que aporta 96 por ciento de las divisas del país, fueron calificadas en default parcial por un grupo de acreedores y las calificadoras de riesgo Standard & Poor’s y Fitch, por pagos con retraso de intereses y capital de sus títulos de deuda.

Ahogada por sus problemas de flujo de caja, Venezuela sufre además una creciente inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en más de 2 mil 300 por ciento para 2018.

En tanto, Óscar Pérez, el policía buscado por "terrorismo" en Venezuela tras atacar las sedes de la Corte Suprema y el Ministerio del Interior desde un helicóptero el pasado 27 de junio, reapareció en un video que circuló el pasado miércoles en redes sociales.

En el video Pérez guarda silencio mientras un individuo con el rostro descubierto lee a su lado una proclama en la que llama a "todos los venezolanos" a protestas callejeras contra el gobierno de Maduro.

En otro orden, Washington solicitó el jueves al gobierno de Maduro acceso a los ejecutivos venezolanos-estadunidenses de la refinería Citgo que fueron detenidos en Caracas esta semana, informó un funcionario del Departamento de Estado.

Cinco de los seis ejecutivos de Citgo arrestados por acusaciones de corrupción son ciudadanos de Estados Unidos, aseguró el miércoles una fuente cercana al caso. Los seis detenidos están en la sede de contrainteligencia militar venezolana, indicó el fiscal general en un comunicado difundido este jueves.

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El impago de la deuda agrava la catástrofe económica venezolana

Las agencias calificadoras Standars & Poors y Fitch rebajaron a 'default' parcial la deuda soberana del país sudamericano después de incumplir con el pago de los intereses de dos bonos



La profunda crisis institucional y económica que atraviesa a Venezuela sufrió este martes un duro golpe que aboca sus finanzas públicas a un nuevo abismo. La temida suspensión de pagos ha alcanzado al país tres días después de que el presidente Nicolás Maduro jurara que jamás llegaría. La agencias de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) y Fitch rebajaron la deuda soberana en divisas extranjeras del país sudamericano. La decisión llega después de un impago de 200 millones de dólares correspondientes a los intereses de los bonos que vencen en 2019 y 2024.


La decisión de las agencias llevan a Venezuela a un incumplimiento parcial de los pagos que, sin embargo, no afecta el endeudamiento en moneda nacional a corto y largo plazo. S&P —que bajó la calificación de CC/C a SD/D (default selectivo) a la deuda emitida en divisas extranjeras— mantuvo la nota para la deuda nacional, aunque con una expectativa negativa en cuanto a las perspectivas. La firma calcula que hay un 50% de posibilidades de que, en los próximos tres meses, el régimen venezolano deje de pagar sus obligaciones. A este anuncio se sumó otra pésima noticia para la estabilidad de un país cuya economía gira alrededor del petróleo. Las agencias Fitch y Moody's también declararon en suspensión de pagos a Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal, PDVSA.


La quiebra, por mucho que sea selectiva, es la bestia negra que ha acechado a Maduro durante su gestión. La pregunta no era si se iba o no a incumplir con los pagos sino el momento en el que los incumpliría. Venezuela atraviesa una tenaz crisis económica derivada de la caída de los precios del petróleo y de la terca insistencia del régimen chavista en mantener un modelo de desarrollo que no genera confianza entre los inversionistas. Apenas cuenta con unos 10.000 millones de dólares (8.478 millones de euros) en reservas internacionales. En las mejores épocas del Gobierno del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, ese colchón giraba en torno a los 30.000 millones.


A principios de noviembre, el jefe del Estado venezolano había anunciado su intención de reestructurar y refinanciar la deuda externa tras pagar, durante su gestión, unos 73.000 millones de dólares que había pedido prestados. El régimen se ha dado cuenta de que, con la menguante producción de petróleo y la necesidad de aumentar el gasto público con vistas a 2018, cuando deberían celebrarse las elecciones presidenciales, iba a ser imposible seguir cumpliendo con sus acreedores como hasta ahora.
Sanciones y negociación


La negociación del pago de los bonos, sin embargo, se anuncia larga y compleja. A la primera reunión convocada el lunes en Caracas con el vicepresidente Tareck El Aissami apenas asistieron acreedores, a los que dirigentes chavistas entregaron una bolsa de café y chocolates, y ninguna concreción sobre su plan. El número dos del régimen leyó un comunicado en el que alegaba que la demora en los pagos obedecía a las sanciones financieras impuestas por el Gobierno de Donald Trump. Y esas restricciones pesan tanto que algunos inversionistas, según informó Reuters, prefirieron evitar escuchar directamente a El Aissami y al ministro de Finanzas, Simón Zerpa. Ambos están en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro y reunirse con ellos le incluiría automáticamente en “la lista negra” de Washington.


La deuda externa de Venezuela asciende a unos 150.000 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 70.000 corresponden a títulos de deuda emitidos por el Gobierno y PDVSA. El resto corresponde a créditos con China y Rusia. El Gobierno de Vladímir Putin es el único que se ha mostrado dispuesto a arrojar un salvavidas a Maduro en esta crisis. Citando fuentes oficiales, la agencia AFP anunció que ambos países firmarán hoy un acuerdo para reestructurar unos 3.000 millones. Hasta el momento Moscú no ha confirmado ese acuerdo, pero la Embajada de Venezuela en ese país ha convocado a una rueda de prensa para hoy para informar sobre el acuerdo. Es un alivio parcial, pero insuficiente para encarar los gastos de 2018.


¿Cómo se fabrica la noticia del 'default' en Venezuela?

Por Nathali Gómez


Los elementos para hacer que un eventual impago se transforme en un verdadero impago están servidos: sanciones financieras y económicas, medidas coercitivas sobre los acreedores y amplia cobertura mediática.


El 'default' mediático llega antes que el real. El escenario se prepara lentamente con sanciones económicas, con presión psicológica sobre los tenedores de bonos venezolanos y con una campaña de medios que magnifica transacciones financieras rutinarias.


El pasado domingo el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que el "'default' nunca llegará a Venezuela" porque el país suramericano "siempre tendrá una estrategia clara" enfilada hacia la renegociación y reestructuración de la deuda externa, recoge 'El Mundo'.


Sin embargo, tan solo un día después, Venezuela amaneció con la noticia de que la empresa estadounidense Standard & Poor's rebajó la calificación de ese país de CC (muy vulnerable) a "default selectivo" debido a el impago de 200 millones de dólares por el cupón de sus bonos 2019 y 2024 dentro del período de gracia de 30 días, recoge El Universal.


El lunes, un grupo de tenedores de deuda venezolana de EE.UU., Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania se reunió en Caracas con el Gobierno venezolano como parte del primer acercamiento para la renegociación y reestructuración planteada por Maduro.


Las autoridades venezolanas calificaron este encuentro como "altamente positivo" y "muy auspicioso", en un comunicado donde recordaron que en los últimos 36 meses el país suramericano había cancelado 73.359 millones de dólares por concepto de capital reembolsado y de intereses pagados.


Un 'grato ambiente' para reunirse


El viernes pasado, una nueva lista de funcionarios sancionados llegaba desde el Departamento del Tesoro estadounidense a Caracas. Sobre este grupo, que está formado por casi 20 miembros del Gobierno, incluido el presidente Maduro, pesaba un veto: "las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano", agregaba el comunicado de Washington.


Se pedía que no se implicaran en "transacciones, acuerdos, de una manera directa o indirecta" con los funcionarios agregados en la lista del Departamento del Tesoro bajo pena de multas de hasta de 10 millones de dólares y cárcel por un máximo 30 años.


En ese ambiente, donde además se agregaron las sanciones acordadas por el Consejo de la Unión Europea, el pasado lunes se reunieron los tenedores de deuda para acordar el refinaciamiento o restructuración de la deuda en el Palacio Blanco, edificio ubicado en frente de Miraflores, sede del Gobierno, en la capital del país suramericano.


¿Hay impago o no?


El economista Luis Enrique Gavazut, miembro del Observatorio Económico de la Presidencia, explicó a RT que la calificación de Standard & Poor's es una "declaratoria acelerada", por el hecho de que Venezuela no canceló 200 millones de dólares.


"Es nada más un pago de intereses, es algo bastante rutinario, de poca magnitud", afirma Gavazut, si se la compara con la cancelación de intereses de la deuda externa anunciada este martes por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.


En su opinión, debe compararse ambos montos: 200 millones de dólares, con los intereses de la "envergadura" de una deuda externa que asciende según la cifras del alto gobierno a alrededor de 150.000 millones de dólares en este momento.


Este anuncio se une a los otros dos pagos de bonos de PDVSA hechos por Venezuela semanas atrás, que suman casi 2.000 millones de dólares y que "fueron los últimos que se podían hacer en esas condiciones", agrega, antes de anunciar el refinanciamiento y reestructuración de la deuda.
El 'default' mediático


Para Francisco González, analista internacional entrevistado por RT, el "'default' es mediático".


"Son los medios los que publican esa información para generar temor en los inversores privados", expresa, pues eso impide que pueden comprar los bonos y que inviertan en Venezuela.


"Quieren cortar la inversión extranjera en el país", apunta.


González expone además que esa campaña busca desacreditar al país suramericano y posicionar la matriz de que ya no puede cumplir con sus compromisos financieros.


Asfixiar a Venezuela


En opinión de este profesor universitario, se busca aislar políticamente a Venezuela "hasta que no tenga posibilidades de crédito e ir ahogándola poco a poco".
Explica además que aunque el tema del eventual impago ha sido posicionado por medios de comunicación en América y Europa, no corresponde a una política de un organismo multilateral.


González coincide con Gavazut en que lo que se busca es "generar temor en los inversores privados" para que no compren bonos, no participen en la renegociación de la deuda y no haya inversión.

Publicado: 15 nov 2017 02:06 GMT

Rusia Today

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PDVSA se encuentra en negociaciones para alquilar las refinerias de Paraguaná a chinos y rusos

En entrevista ofrecida al periódico El Nacional los dirigentes sindicales José Bodas e Iván Freites de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela revelaron que PDVSA se encuentra negociando contratos para adelantar el arrendamiento de las refinerías del complejo petrolero Paraguana, estado Falcón “Este tipo de contrato de servicio no lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, manifestó José Bodas, directivo de la FUTPV

Iván Freites del sindicato petrolero de Falcón, denunció que la negociación se ha hecho dentro del máximo secreto. “El fondo del asunto es que Pdvsa no tiene recursos para acometer los programas de mantenimiento y expansión del complejo refinador, el cual requiere una inversión de 7 millardos de dólares que los chinos y los rusos están dispuestos a desembolsar”.

La deuda de Pdvsa con los chinos y los rusos se ubica en 40 millardos de dólares, pero por los problemas de flujo de caja ese monto es cancelado con 450.000 y 200.000 barriles diarios de crudo de la Faja del Orinoco, respectivamente.

Freites precisó que están muy adelantadas las negociaciones para la firma de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado (por 10 años) entre Pdvsa y las empresas Rosneft de Rusia y Petrochina. “La información sobre la marcha de estos acuerdos es suministrada por gerentes de Pdvsa y los trabajadores de las refinerías”, indicó.

 

Por: Aporrea.org | Martes, 31/10/2017 04:43 PM |

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