Cuando en 2008 el político y ex sacerdote Fernando Lugo ganó la presidencia de Paraguay, sólo cabía desearle suerte, coraje y la probada fe que puso a prueba como militante ejemplar de los movimientos sociales. "La fe mueve montañas", intitulamos un artículo de entonces.

Dos años después, a los paraguayos sólo les resta la fe. Honrado y honesto, bueno y digno, Lugo se ha mostrado totalmente inepto para controlar las riendas de un país cautivo del analfabetismo político y funcional de sus oligarquías, y enfermo de pobreza estructural, entreguismo y corrupción endémicas.

Fernando Lugo preside, pero sus discursos antimperialistas y progresistas sólo son creíbles en sus visitas al exterior. Puertas adentro, el Parlamento, las mafias del narcotráfico, la CIA y Washington gobiernan este país "rodeado de tierra", como lo llamaba el escritor Augusto Roa Bastos.

Mediterraneidad de un Estado que, paradójicamente, posee agua dulce y represas para saciar la sed y los requerimientos energéticos del continente. Potencias de la naturaleza que, por lo demás, poco y nada representan para sus pueblos, carenciados de agua, luz eléctrica, salud, educación, medios masivos de comunicación, y de instituciones decorosas y aceptables.

La fuerte dinámica política y fuerza gravitacional de Brasil y Argentina en el Mercosur y la Unasur, así como el proceso de la revolución boliviana, echan, sin embargo, un manto de niebla informativa sobre la frágil democracia paraguaya. Con mirada geopolíticamente ligera, podría pensarse que la democracia paraguaya estaría "custodiada" por la firme vocación de soberanía económica e independencia política de los vecinos. No es así.

Con celeridad creciente y a causa, precisamente, de las tendencias emancipadoras en la subregión, Estados Unidos ha venido reforzando las tuercas en los asuntos militares y de seguridad de Paraguay.

La crónica mentalidad autoritaria, antidemocrática, proimperialista y explícitamente fascista que caracteriza a las clases dominantes paraguayas, facilitan los anhelos del Pentágono para que el país se ajuste, funcionalmente, a planes guerreristas similares a los de Colombia frente a Venezuela y Ecuador.

De hecho, en Paraguay ya funcionan dos bases militares de Estados Unidos: la Mariscal Estigarribia (que puede albergar 16 mil efectivos de tropa), se encuentra a 200 kilómetros de Bolivia y Argentina, a 320 kilómetros de Brasil, y cerca de la llamada "triple frontera" (Ciudad del Este, donde confluyen Brasil, Paraguay y Argentina, y faltaba más, Washington asegura que circulan "grupos islámicos radicales" de Hezbollah y Al Qaeda).

En septiembre de 2008, a poco de asumir la presidencia, el presidente Lugo viajó a Colombia acompañado del ministro del Interior, Rafael Filizzolla, y se entrevistaron con Álvaro Uribe. Punto de la agenda: "avanzar en el asesoramiento por parte de militares colombianos en la lucha contra los secuestros" (sic).

Luego, Filizzolla siguió viaje con rumbo a Taiwán, entidad de fuerte ascendiente económico y político entre las mafias paraguayas. El monumento más alto de Ciudad del Este (paraíso del contrabando de coches, artefactos electrónicos, armas y drogas), fue erigido en memoria del líder anticomunista Chang Kai Shek.

En agosto de 2009, cuando los países de la Unasur se opusieron a la instalación de bases militares en Colombia, Uribe se apareció por Asunción buscando legitimar su posición. Y en enero pasado, el canciller de Uribe, Jaime Bermúdez, se entrevistó con Lugo en Asunción. Ambos acordaron un programa de asesoramiento del gobierno de Bogotá a la Policía Nacional de Paraguay, a más de la compra de fusiles colombianos de origen israelí, y municiones por un monto mayor a 500 mil dólares.

El trabajo conjunto quedó a cargo del coronel Jorge Jerez Cuéllar, especialista colombiano en seguridad interior. Egresado en 1983 de la Escuela de las Américas, Jérez Cuéllar reside en Asunción desde 2001.

En julio pasado, presionado por la derecha parlamentaria y el eventual inicio de un juicio político por su gestión, el presidente Lugo destituyó al ministro de Defensa, general Luis Bareiro Spaini, por presunto "mal desempeño de funciones".

Los entretelones resultan reveladores. Entre otros calificativos, Bareiro Spaini se había dirigido por escrito a la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, a quien trató de "diplomática primeriza".

El ministro le censuró a doña Liliana no haber intervenido en una fuerte discusión entre generales estadunidenses, políticos opositores y el vicepresidente Federico Franco, que en la sede de la legación diplomática imperial plantearon el juicio político urgente al presidente por su "mala gestión".

Por José Steinsleger /II y último

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Por Mercedes López San Miguel
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