Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.

“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González. El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.

Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El País de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.

El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.

Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años.

María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.

La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.

El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.

La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.
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La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.

 Por Martín Granovsky
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El regreso desde el exilio de Rasel Tomé, mano derecha del ex presidente Manuel Zelaya, ha proporcionado nuevos bríos a la Resistencia de Honduras. En una durísima carta dirigida a la OEA, los opositores al golpe de Estado del 28 de junio cargan contra la nueva Administración de Porfirio Lobo y piden al secretario general Insulza "la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", con el objetivo de "restaurar la democracia y el orden institucional en Honduras".

"Nos están matando. A campesinos, a profesores, a sindicalistas, a periodistas Y lo peor de todo es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes, cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia", denunció a Público Rasel Tomé, nuevo coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras .

Honduras vive estos días la resaca del paquetazo fiscal (la subida de los impuestos), el asesinato de cinco periodistas en marzo que convierten a este país centroamericano en el más peligroso para el ejercicio de la profesión, y el conflicto de los campesinos del Aguán, que se ha cobrado la vida de un nuevo miembro del movimiento rebelde, José Manuel Álvarez, de 35 años. "Allí están actuando paramilitares colombianos" a las órdenes de los terratenientes, insiste Tomé.

La demanda de la resistencia sucede sólo horas después de que Arturo Valenzuela insistiera en el regreso de Honduras a la OEA. "Lobo ha cumplido con todas las obligaciones a las que se comprometió", sentenció la mano derecha de Hillary Clinton para América Latina.

El golpe de Estado está pasando una descomunal factura económica al país, "derivada de los innumerables actos de pillaje y de corrupción del régimen golpista, que afecta a los sectores más pobres", describe el documento. La Resistencia de Honduras recuperó sus marchas el miércoles pasado para protestar frente al Congreso contra el paquetazo, aprobado antes de Semana Santa y cuyos efectos comienzan a medirse ahora. Una catarata de impuestos ha caído sobre todo el país en un intento de compensar unas arcas públicas esquilmadas durante los meses de mandato de Roberto Micheletti. Eso en un país donde el neoliberalismo campa a su antojo, sin importar que el 80% de sus habitantes sobreviva con salarios de miseria. En Honduras, el 5% de la población controla el 70% del PIB.

Impuestos a los más pobres

Por primera vez el Gobierno se acuerda de los que más tienen la mayoría de las grandes empresas están exentas de pagar impuestos, o contribuyen con cantidades testimoniales con la imposición de un tributo llamado "aportación solidaria". Una mínima tasa directa frente a los altos impuestos indirectos que pagarán los más pobres al consumir un largo catálogo de productos.

"Las medidas fiscales las implantaron para recuperar los millones que se robaron y ahora lo más fácil es asaltar al pueblo", clamó Juan Barahona, quién lideró las protestas callejeras de la Resistencia.

Y mientras todo esto sucede, Micheletti, añorado hasta el hartazgo por sus seguidores, disfruta de un activo retiro dorado. Nombrado diputado vitalicio para blindar aún más su inmunidad, pese a la amnistía que le ha beneficiado, el golpista ha viajado por países como Colombia, disertando sobre sus mágicas recetas. Según la oposición, el ex presidente de facto "sangró" a Honduras gastando dos millones de dólares diarios durante sus siete meses al frente del país.

Por DANIEL LOZANO - 10/04/2010
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El juez del Tribunal Supremo español Luciano Varela, que instruye la causa más famosa de las tres que afronta el magistrado Baltasar Garzón, en la que se lo acusa de haber ignorado la ley de amnistía al abrir el proceso contra los responsables de la dictadura franquista, dio un paso definitivo para llevar al acusado al banquillo. Varela transformó ayer el procedimiento judicial en un proceso abreviado, confirmando su auto emitido en febrero en el que sugiere una pena de hasta veinte años de inhabilitación a Garzón, lo que se traduciría en la práctica en el fin de la carrera judicial del juez que ha llevado la Justicia española más allá de sus fronteras, en célebres procesos contra dictadores latinoamericanos y ejecutores de políticas represivas en medio mundo.

El acusado había solicitado la comparecencia de personalidades judiciales a nivel mundial, entre ellos algunos jueces argentinos, como el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, pero Luciano Varela ayer las declaró improcedentes. No cesan las repercusiones políticas y hasta se ha organizado una manifestación en apoyo de Garzón para el próximo 13 de abril en Madrid convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

La resolución de Luciano Varela hecha pública ayer es una auténtica jugada de manual sobre cómo proceder cuando se quiere reventar la carrera de un juez. Al tiempo que negaba la comparecencia de los testimonios que Garzón llamó al estrado para que lo defiendan, Varela instruyó un procedimiento abreviado con el objetivo de acelerar los tiempos de la causa y hacerla coincidir con los otros dos procesos que enfrenta Garzón, uno por haber ordenado escuchas telefónicas a los implicados en el escándalo de corrupción que afecta al PP, conocido como “el caso Gürtel”, y otro por haber recibido dinero en concepto de pago por unos seminarios que dictó en una universidad norteamericana que estaban patrocinados por el Banco Santander, al mismo tiempo que instruía una causa contra Emilio Botín, presidente de la entidad bancaria.

Esta decisión de Varela de abreviar el procedimiento es un guiño directo al Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy en Madrid y que puede dictar la suspensión provisoria de Baltasar Garzón ante la inminencia del juicio, una medida considerada habitual y que en los medios judiciales madrileños se da prácticamente por descartada.

Luciano Varela es un juez que proviene curiosamente del colectivo progresista Jueces para la Democracia, pero tiene un odio personal contra Garzón al que acusa de tener demasiado ego. Amigo personal de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Varela ha emprendido una cruzada contra el popular magistrado sabiendo que no está solo, sino que más bien cuenta con la anuencia de gran parte del sistema judicial en el que florecen las envidias y enconos contra Garzón.

Por si fuera poco, el juez que intentó llevar al estrado al dictador chileno Augusto Pinochet se ha quedado sin amigos políticos. Los socialistas han intentado una tibia defensa, incluyendo palabras elogiosas hacia él de parte del primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el Partido Popular le han hecho la cruz luego de la instrucción del caso Gürtel, en el que aparecen implicados muchos de sus más importantes dirigentes.

Con la resolución tomada ayer Varela le da ahora diez días a las partes implicadas en el proceso, entre ellas el seudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, Falange Española –una organización sobreviviente de los tiempos de la dictadura franquista– y Libertad e Identidad, otra organización de ultraderecha fundada en 2006.

Una de las organizaciones que sí salió en defensa de Garzón es Amnistía Internacional, que ayer a través de su director en España, Esteban Beltrán, consideró “insólito” que el juez se tenga que sentar en el banquillo por haber intentado juzgar al franquismo. Se estaría enviando “un mensaje tremendo a otros países”, considera la organización que recuerda además que “las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparación para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por tribunales supremos o por tribunales internacionales”.

Los sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras también han decidido salir en defensa de Garzón y han convocado a un acto en su apoyo en la Facultad de Medicina el próximo 13 de abril. “Es muy importante que un país no sufra amnesia”, manifestó ayer Fernández Toxo, líder de Comisiones Obreras, quien hizo además una comparación muy pertinente al afirmar que “es un escándalo que organizaciones que en Alemania estarían ilegalizadas hoy, de suceder esto en aquel país, estén a punto de sentar en el banquillo de los acusados a un juez por el hecho de intentar poner a la luz lo que sucedió después de la Guerra Civil en España”. Los sindicatos también recogerán firmas en apoyo del juez en todas sus filiales provinciales.

Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
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Buenos Aires, 24 de marzo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció "en nombre de todos los argentinos" y de "la condición humana" a los que lucharon estos años por llegar a la verdad y la justicia, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y pidió que "se aplique la justicia con los jueces de la Constitución y que finalmente termine este capítulo tan trágico de los argentinos y podamos dar vuelta esa página de la historia, pero con verdad y con justicia".

En un emotivo discurso al inaugurar una inmensa sala para la memoria y la cultura que lleva el nombre del escritor Haroldo Conti, desaparecido durante la pasada dictadura militar, en el predio de lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el mayor centro clandestino de detención de la pasada dictadura, la presidenta dijo que "acá nadie está juzgando el pasado, lo que estamos juzgando son delitos concretos cometidos por hombres concretos, nada más que eso, ni nada menos".

Esto, en referencia a algunas maniobras como las del ex presidente Eduardo Duhalde que no sólo ha llamado a dejar atrás el pasado (dictatorial), sino propuso realizar "consultas populares" para decidir si deben continuar los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Fernández de Kirchner también sostuvo que no quería vivir "en un país donde como mandataria, cuando una va a visitar a un presidente extranjero, le reclaman por ciudadanos que fueron desaparecidos aquí, en la República Argentina", en alusión a una visita a Francia, donde las autoridades reclamaron en su momento por el caso del ex capitán Alfredo Astiz, condenado por la justicia francesa y ahora juzgado y preso aquí.

En su breve discurso elogió la tarea de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por haber convertido su lucha en una búsqueda incesante "por los que sí sabemos que están", en referencia a los niños nacidos en cautiverio y robados a sus padres desaparecidos, de los cuales se han recuperado ciento uno de casi medio millar bajo reclamo.

"Cada nieto que aparece es una victoria sobre el olvido y la muerte, y es esencialmente una victoria del estado de derecho, de la calidad institucional, porque no puede haber estado de derecho y calidad institucional si no hay identidad", expresó la mandataria, que se comprometió con Carlotto a que "si no encontramos justicia en Argentina, yo como presidenta la voy a acompañar a tribunales internacionales a buscarla. Pero tengo confianza en que no vamos a tener que llegar a esa situación".

Como se supo en los últimos días, en una acción jurídica insólita, la Camára de Casación impidió que se analizara el ADN de los hijos adoptados por la dueña del grupo de medios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en tiempos de la dictadura militar. Las Abuelas afirman que esos niños –ahora personas mayores– fueron "apropiados", es decir, tomados de padres desaparecidos, pero desde hace años, Noble ha encontrado diversas formas de obstaculizar estos exámenes.

Este primer acto de la mañana en el Día de la Memoria y la Justicia, en el cual se conmemora el golpe militar del 24 de marzo de 1976 que instaló la más cruenta dictadura en el país, fue realizado en la Esma, lugar recuperado durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner en 2004. Ahí, la mandataria entregó el Premio de Derechos Humanos Azucena de Villaflor a cuatro padres de desaparecidos.

Villaflor fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo y desaparecida con dos de sus compañeras en diciembre de 1977. Los premiados fueron Arturo Morresi, Emilio Mignone, quien fue presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fallecido en 1998; Marcos Weinstein, y Bruno Palermo, que simbolizan a otros padres.

Más de mil personas colmaban el recinto y afuera otros miles acompañaban el acto y rendían homenaje a los desaparecidos en la Esma.

"El olvido no existe", dijo Weinstein en representación de sus compañeros, quien reconoció lo hecho por este gobierno y el anterior en el tema de derechos humanos, y criticó a "ese poder que vuelve a insinuarse ahora políticamente y que nos debe alertar, porque quiere promover el modelo de la impunidad", en referencia a la propuesta del ex presidente Duhalde.

También habló de la nueva organización nacida este día, el Grupo de Padres de Plaza de Mayo, autodenominado “retaguardia asociada a la vanguardia ética que significaron las Madres de Plaza de Mayo.

Recordó que ellos –los padres– estaban en "un segundo y distante círculo en las recovas de la plaza para protegerlas" y que la fe renació cuando por acción del gobierno de Néstor Kirchner se logró en el Congreso la anulación de las leyes de impunidad.

"Esto permitió las condenas a los asesinos de nuestros hijos en trámites judiciales limpios y no en la clandestinidad", dijo Weinstein.

Por otra parte, bajo la consigna: "por un bicentenario sin impunidad. Juicio y castigo ya" y llevando una bandera de más de quinientos metros de largo con las fotografías de miles de desaparecidos, la mayoría de los organismos de derechos humanos llegaron a la Plaza de Mayo, encabezados por Abuelas, Madres Línea Fundadora y Familiares de ex Detenidos Desaparecidos; también estuvo la organización HIJOS y Hermanos de Desaparecidos.

Junto a ellos marchaban las más importantes organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y políticos.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, apoyada por otras organizaciones y varias de las que llegaron en la manifestación anterior, realizó un homenaje con la presencia de reconocidos artistas y cantantes que quisieron participar del homenaje a las víctimas de la dictadura.

Los cómplices de antes y de hoy

Carlotto denunció que los que intentan detener los actuales juicios "son los mismos cómplices de antes, los mismos que defienden el pasado y quieren construir un país para pocos". Entre ellos señaló a empresarios y grandes empresas que estuvieron comprometidas con la dictadura, y aseguró que “los ideólogos y beneficiarios de la política de exterminio que quieren la vigencia del aparato represivo y un país para pocos no son sólo los empresarios. Como en el golpe de Estado del 76 se encuentran también políticos, economistas, médicos, curas, periodistas, abogados y jueces.

También marcharon organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), con distintas consignas, entre ellas: "fuera ingleses de nuestras Malvinas" y "fuera el imperialismo de América Latina".

El EMVJ, al que acompañaron grupos radicalizados, también criticó al gobierno actual, pero esta vez no hubo enfrentamientos como en otros momentos. Hebe de Bonafini convocó a la unidad ante el bicentenario y el lema de su protesta fue: "no pudieron apagar tanto fuego. En el escenario de la revolución del bicentenario arderá nuestra cultura".

En estos momentos suman 82 las causas de violaciones a los derechos humanos elevadas a juicio en todo el país. Ocho de ellas ya están en instancia de juicios orales y cinco tienen fecha de inicio ya confirmada. Están imputados los ex dictadores, altos jefes militares, oficiales y otros responsables de delitos de lesa humanidad.

Los juicios se realizan en casi todas las provincias en una movilidad por la justicia, que ha convertido a Argentina en un modelo para otros países que fueron víctimas de dictaduras. Las marchas también fueron multitudinarias en otros lugares del país.

Por Stella Calloni
Corresponsal

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Domingo, 14 Marzo 2010 07:47

Un pato es un pato

Si camina como un pato y dice cuac, debe ser un pato. Más allá de algunas formalidades importantes, el gobierno de Porfirio Lobo (foto) en Honduras se parece demasiado a una dictadura. O por lo menos a lo que muchos argentinos entendemos por dictadura.

Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. “Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras” desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.

“La CIDH condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas de la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información obtenida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.”

El informe pasó desapercibido en los grandes medios que entonces desplegaban la noticia de Orlando Zapata Tamayo, quien había muerto haciendo huelga de hambre en una cárcel de Cuba. Uno no puede defender que un recluso muera de inanición en su celda, ya sea prisionero de conciencia o delincuente común. Pero ésa es otra historia.

El caso es que al mismo tiempo, no muy lejos de Cuba y casi en silencio, un grupo de represores, escuadrones de la muerte activados por un golpe de Estado, inventaba una nueva metodología terrorista para suprimir la protesta social: usar a los hijos.

“La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la ciudad de Danlí, departamento de Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado Siempre al Frente con el Frente, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días, durante los cuales habría sido maltratada físicamente.

“Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron un vehículo en el cual viajaba la joven junto a su hermano, su hermana y otras dos personas, cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, ‘a ver si esta vez los denunciaba’. Los cinco fueron obligados a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente, la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas.”

Quizá la denuncia no llamó la atención porque no fue nada a contracorriente de los últimos acontecimientos a nivel regional. En la cumbre de Cancún del mes pasado, Brasil dio luz verde para el regreso de Honduras a la Organizacion de los Estados Americanos. No es un dato menor. Además de ser el país más poderoso de Latinoamérica, Brasil había sido el que más se había comprometido con la continuidad democrática en Honduras, al punto de albergar durante varios meses en su embajada de Tegucigalpa al presidente derrocado, con la esperanza de que el golpe se pudiera revertir.

La semana pasada, bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, de gira por la región, los países de Centroamérica, incluida la Nicaragua sandinista, aceptaron el regreso de Honduras al organismo regional, SICA, y comprometieron su apoyo para su vuelta a la OEA. Horas más tarde, el flamante presidente salvadoreño y referente del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, fue recibido por Obama en el Salón Oval, un logro que líderes de países más importantes y gobiernos más afines todavía esperan concretar. Al salir de la reunión, Funes abogó por la reinserción de Honduras en la comunidad internacional.

El aislamiento ha terminado. Las elecciones hondureñas del 29 de noviembre promovidas por Estados Unidos fueron razonablemente participativas, aunque hasta el día de hoy no se conoce bien el nivel de abstención que tuvieron, ya que ningún organismo internacional de talla las monitoreó. Pasó el tiempo, Brasilia y Washington arreglaron sus cuitas y Manuel Zelaya, el presidente derrocado, quedó en el olvido. Salvo honrosas excepciones, claro está.

Pero como todo fruto de un árbol envenenado, el gobierno electo de Porfirio Lobo ha continuado ciertas prácticas de la dictadura que son mortales para la salud de cualquier democracia que se precie de tal.

La persistencia del terrorismo de Estado en Honduras no es casual. En este gobierno el dictador Goriletti ocupa una banca de diputado vitalicio y el general golpista Romeo Vázquez Velázquez ha sido premiado con un puesto gerencial en la telefónica estatal.

Para colmo, la seguridad está a cargo del sobrino y ladero del militar que introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar su metodología terrorista.

En efecto, el secretario de Seguridad de Lobo es Oscar Alvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Alvarez Martínez, graduado en el Colegio Militar de El Palomar en los años ’70, jefe de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, el más notorio violador de derechos humanos de su país, confeso admirador de la dictadura argentina y huésped en Palmerola del destacamento del Batallón 601 enviado a Centroamérica para dictar cátedra sobre torturas y desapariciones.

El actual secretario de Seguridad es además el arquitecto de la política de súper mano dura contra las “maras” o pandillas, cuando ocupó el mismo cargo que tiene ahora durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). A su cruzada contra la “delincuencia” de jóvenes sin futuro ahora le ha acoplado un nuevo enemigo, los “subversivos” sobrevivientes de la campaña de aniquilación del tío Gustavo.

Es bajo su política de seguridad que aparece una nueva forma de terrorismo de Estado. Ya no se ataca frontalmente a los blancos elegidos, sino que se hace a través de lo que esas personas más quieren, que son sus hijos. Para lograr mayor eficiencia se hace gradualmente, desde la amenaza de muerte a la violencia física y al asesinato liso y llano, buscando así quebrar a los padres para que desistan de sus activistas políticas.

Como suele pasar en estos casos, la represión persigue fines tanto políticos como económicos, ya que los líderes de la resistencia son también, en muchos casos, líderes comunales y sindicales, especialmente del gremio docente, el más activo de la resistencia. Y los mismos empresarios mediáticos y grupos económicos que apoyaron el golpe hoy se benefician con el clima de terror que siembran las patotas activadas por Romeo y Goriletti, que hoy actúan a la sombra del manto de legalidad que consiguieron Alvarez y Lobo.

Está bien. Lo hecho, hecho está. Los hondureños eligieron y es lógico que no quieran volver atrás. El tiempo pasó. Pero en el apuro de Washington y Brasilia por cerrar este desagradable capítulo, no estaría de más exigirles que en vez de preparar una fiesta de bienvenida le exijan a Honduras un mínimo respeto por los más elementales derechos humanos.

Porque un pato es un pato y ya sabemos lo que hacen los patos. Hacen lo que hacen porque no saben hacer otra cosa, y también lo hacen porque no pueden parar.

Por Santiago O’Donnell

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Las fuerzas armadas de Bolivia rechazaron este miércoles una orden judicial para abrir sus archivos de las dictaduras, tramitada por el fiscal, Milton Mendoza, a solicitud de familiares de desaparecidos durante el último medio siglo. Más tarde, el ejército anunció que aceptaría entregar estos documentos a la fiscalía, pero que lo hará el 26 de febrero con el fin de poner en orden el archivo que, dijeron, "es enorme".

El anuncio fue hecho horas después de que el fiscal Mendoza fracasó en su intento de abrir personalmente los archivos militares y denunció que la cúpula castrense había decidido no acatar una orden judicial de "desclasificación", respaldada incluso por el presidente, Evo Morales.

"El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional remitirá toda la información al señor fiscal el 26 de febrero, para fines consiguientes", dijo más tarde el máximo jefe militar boliviano, general Ramiro De la Fuente, según fue citado por la agencia estatal de noticias ABI.

Esta es la primera vez que la cúpula militar boliviana acepta públicamente entregar documentos que, según activistas de derechos humanos, facilitarían la ubicación de restos de líderes como el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante un golpe de Estado de 1980.

Mendoza abandonó muy molesto las instalaciones militares cuando De la Fuente le negó la desclasificación de documentos de las dictaduras. Tres horas después el jefe militar anunció, "para evitar malas interpretaciones", que sí se los entregará, pero hasta el 26 de febrero, porque "hay que ordenar la información", porque "los archivos son enormes".

El año pasado, Morales aseveró a la prensa extranjera que integrantes del entonces Estado Mayor de las FA le aseguraron que no tenían archivos secretos sobre los desaparecidos.

Antes del anuncio de que las FA aceptaron entregar la documentación, Mendoza señaló que era un "despropósito total" que los militares se nieguen a cumplir con una orden judicial para desclasificar del escalafón de las fuerzas armadas de los meses de julio y agosto de 1980.

Explicó que De la Fuente le había dicho que esa documentación se le entregaría a un juez y no a la fiscalía, por lo que el representante del Ministerio Público declaró que iniciaría un proceso contra la autoridad castrense por "obstaculizar el proceso de investigación" y la aplicación de la justicia.

Mendoza convocó, para ingresar con él al cuartel, a la defensora del Pueblo, Rielma Mencias y a Ana Urquieta, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Aspfamd), organización que trabaja muy cercana al ministerio de Justicia, a quienes se impidió la entrada.

El fiscal también había convocado a los familiares del líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz y el diputado Carlos Flores Bedregal, desaparecidos el 17 julio de 1980 durante el golpe de Estado de Luis García Meza, quienes no se presentaron.

La familia Quiroga solicitó hace unos días al gobierno que no utilice el nombre de su familiar para designar la ley anticorrupción que hoy se debate en el Senado, y lamentó que a casi 30 años de su asesinato y desaparición "el Estado no haya cumplido la responsabilidad que le compete en la búsqueda de sus restos y en el enjuiciamiento de estos graves delitos".

El vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, contestó a la familia Quiroga que "la ley se mantiene con ese nombre (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz)" ya que se trata de "una decisión del órgano deliberativo".

Quiroga Santa Cruz desapareció tras ser detenido por paramilitares durante el golpe del 17 de julio de 1980, que encumbró en el gobierno al entonces general Luis García Meza, quien cumple una condena de 30 años de prisión.

Olga Flores Bedregal, hermana de Carlos, señaló que la autorización a los fiscales para ingresar a los archivos militares podría ser otra "tomadura de pelo", ya que lo que la familia ha reclamado es tener acceso directo a esa documentación de las fuerzas armadas y no que se entregue a la fiscalía "que hasta el presente no ha abierto de oficio un solo caso de desaparición forzada y peor aún; en el caso de mi hermano ha estado propiciando la impunidad".

En días pasados y esta mañana, antes de entrar a la reunión del gabinete en el palacio de gobierno, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró a los medios que las fuerzas armadas iban a cumplir la orden judicial porque son ahora "una institución democrática".

En su rueda de prensa, De la Fuente dijo que enmarcará sus actos en lo que establece el artículo 98 de la Ley Orgánica de las fuerzas armadas, que establece que la documentación militar tiene carácter "secreto e inviolable" y sólo podrá ser dada a conocer por petición motivada del Poder Legislativo, o, como en este caso, por orden judicial de juez competente "y será mantenida en reserva".

Informó que el fiscal Mendoza le presentó otra orden judicial –que no le ha llegado oficialmente al Comando en Jefe- en que se le solicita toda la información de 1980, desde el 1o de enero hasta el 31 de diciembre.

La apertura de archivos militares fue ordenada la semana pasada por el juez Roger Velarde, a solicitud del fiscal Mendoza y en vista de que una nueva Constitución vigente desde 2009, ordena la transparencia de la información pública.

Familiares de víctimas de dictaduras y otros activistas que aplaudieron la orden judicial como "un gran paso" no ocultaron su decepción tras la frustrada visita del fiscal a la sede militar.

Decenas de políticos de izquierda -casi 100 según organizaciones de derechos humanos- están desaparecidos desde las dictaduras militares que rigieron la inestable Bolivia entre 1964 y 1982 y que, en varios casos, coordinaron represión con gobiernos de facto de Argentina, Chile y Paraguay.
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Domingo, 07 Febrero 2010 12:41

Dinero sucio. El oro de los Duvalier

Según como se mire, 5,7 millones de dólares es una cifra astronómica, o puede ser modesta. En el caso de la destrozada Haití, esos 4 millones de euros permitirían dar de comer a más de un millón de haitianos durante dos semanas. Pero hay un inconveniente: esta suma de dinero se encuentra hoy bloqueada en Suiza. Y aunque legítimamente pertenece al pueblo de Haití, todavía la reclaman como suya los herederos del clan Duvalier, los antiguos verdugos de ese país caribeño.

Conocido como Papa Doc, el mulato presidente y dictador vitalicio, François Duvalier, ejerció el poder absoluto desde 1964 hasta su muerte en 1971. Tras su fallecimiento, lo que esperaba a la miserable isla era casi peor: su hijo Jean Claude Baby Doc Duvalier, quien asumió el poder absoluto con 19 años, convirtiéndose así en el más joven jefe de Estado de su época. Ambos dictadores, padre e hijo, ejercieron una autoridad incontestada gracias a los tristemente célebres tonton macoutes, grupos paramilitares de torturadores y asesinos al servicio del régimen. Ellos hicieron posible que la familia Duvalier amasara una gran fortuna, estimada por el Gobierno que le sucedió en cien millones de dólares, depositados en diversos países. Una pequeña parte de ellos se encuentra en Suiza.

Desde 1986, año del fin del régimen de Baby Doc Duvalier y de su posterior huida a Francia, estos fondos fueron denunciados como fruto de desvíos masivos y de estafa. Habrían sido transferidos al extranjero bajo cobertura de asociaciones benéficas y fundaciones. El ya conocido como caso Duvalier comenzó en 1986, cuando las autoridades de Haití presentaron al Gobierno helvético una demanda de ayuda judicial para bloquear los fondos depositados en Suiza por Baby Doc Duvalier. Desde entonces, esos fondos permanecen oficialmente congelados. El 11 de febrero de 2009, la Oficina Federal (ministerio) de Justicia decidió que los fondos de Duvalier depositados en Suiza debían ser restituidos a la población de Haití, decisión confirmada por el Tribunal Penal Federal. Las autoridades helvéticas argumentaron que la estructura montada por el clan Duvalier "constituye de forma manifiesta una organización criminal", y por ello todos sus bienes pueden ser considerados igualmente de origen criminal y debían ser restituidos al Estado como legítimo propietario.

Pero el 12 de agosto de 2009, los abogados de la familia Duvalier presentaron un recurso ante el Tribunal Federal, que ha invalidado la decisión del Ministerio de Justicia de devolver los fondos a Haití. El argumento central de este nuevo veredicto es que habrían prescrito los crímenes que están en el origen de la fortuna Duvalier. Y el Gobierno federal ha acudido de nuevo al forcejeo, pronunciándose, a su vez, contra esa decisión judicial.

"Suiza parte del principio de que los fondos en disputa no pertenecen a los Duvalier", ha declarado la consejera federal (equivalente de ministra) de Justicia y Policía, Evelyne Widmer-Schlumpf. Todos los observadores y analistas coinciden en que llevar adelante la decisión favorable del Tribunal Federal hacia la familia Duvalier habría tenido consecuencias catastróficas para la imagen internacional de Suiza, un país con fama de proteger fortunas sin preguntar por su origen. ¿Devolver a los Duvalier el dinero que reclaman, en medio del dantesco panorama de amputados, muertos, heridos y destrucción que ofrece Puerto Príncipe? Impensable.

Un dato curioso es que en ningún momento el Tribunal Federal suizo niega el origen criminal de la fortuna de los Duvalier. La máxima autoridad judicial helvética se basa en que los hechos denunciados habrían prescrito y por eso da la razón a los supervivientes del siniestro clan. De no intervenir el Ejecutivo por el procedimiento de urgencia, esos 5,7 millones de dólares habrían vuelto a los herederos de Baby Doc. Este recurso al "derecho de urgencia" en nombre del "interés superior de la nación" es muy raramente utilizado, ya que en la práctica "puede decirse que bordean la legalidad", según afirman distintos observadores de la realidad suiza. Su último precedente se remonta a la reciente y desesperada operación de salvamento del coloso bancario UBS en plena tormenta financiera.

Lo cierto es que la decisión tomada por el Ejecutivo suizo no es un caso aislado. A pesar de que la opinión pública en general sigue percibiendo a Suiza como un refugio del dinero sucio de los cinco continentes, en los últimos años la Confederación Helvética ha hecho suya la política de congelar y restituir fondos depositados en Suiza por dictadores y Gobiernos corruptos. Por más que la pequeña nación alpina siga siendo el destino de un tercio de todos los capitales offshore del mundo.

Hasta el momento, Suiza ha devuelto a sus legítimos propietarios más de mil millones de euros. Entre los desposeídos se cuentan Sani Abacha de Nigeria, Vladimiro Montesinos de Perú o Ferdinand Marcos de Filipinas. Otros muchos se encuentran en lista de espera. Esta política de restitución de fondos ilegítimos es uno de los objetivos de la actual ministra de Asuntos Exteriores suiza, la socialista Micheline Calmy-Rey.

"No cabe ninguna duda de que el Parlamento suizo votará muy rápidamente a favor de la restitución de estos fondos a Haití", comenta a este diario el analista político de la televisión suiza Alain Rebetez. "Lo positivo del caso es que esta resolución sentará jurisprudencia y facilitará futuras resoluciones en el mismo tipo de situaciones".

Según algunas fuentes, los cuatro millones de euros en disputa podrían ser destinados a los servicios suizos de cooperación técnica en Haití, o ser entregados directamente al Gobierno de la isla. El Ejecutivo suizo se ha comprometido a encontrar una solución al embrollo legal antes de que termine este mes.

Por RODRIGO CARRIZO 
 
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Lunes, 01 Febrero 2010 06:36

Las huellas vivas que el horror sembró



El barrio   Yungay,  corazón antiguo de Santiago de Chile, alberga un gran edificio. Allí, la luz natural se encarga de iluminar su interior, en el que cada espacio muestra una procesión inquietante de recuerdos nada gratos. De gente que ya no está, sí, pero también de   huellas indelebles de la vida en medio del horror.  

Se trata del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,  inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet para recordar a las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). 

“La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”, escribe Gabriel García Márquez, en su libro Vivir para contarla; y Rubén  Fernández, jubilado, lo aplica. El hombre de 71 años, alto, delgado y de mirada triste, cuenta que fue una de las 28.000 personas que resultaron torturadas en esa época. Experiencia que la tiene siempre presente, pero que se pronuncia más en su memoria al visitar el museo y, paso a paso, en los tres pisos que tiene el centro cultural, con  más de 40.000 piezas documentales -entre fotos, videos y recortes de prensa-  revive lo ocurrido en la dictadura militar. 

De pie en la sala, donde un televisor plasma transmite los hechos cuando el palacio  La Moneda fue bombardeado, el 11 de septiembre de 1973, Rubén retrocede en el tiempo y cuenta cómo nueve días después de ese ataque en el que murió el presidente chileno, Salvador Allende,  su vida quedó marcada por siempre.  

En esa época, él trabajaba en una industria óptica alemana cuando, nueve días después del golpe, no regresó a casa. Un grupo de carabineros se lo llevó preso, junto a otros compañeros más, entre ellos cinco mujeres.  Así empezó su pesadilla. 

“Me pusieron una ametralladora en la cabeza,  me querían obligar a escribir una carta para despedirme de mi esposa, Norma, y de mis hijos. Pero no lo hice y me patearon”, cuenta el hombre, sereno, pero con la mirada fija en un  punto de la sala en el que se grafican los primeros años de la dictadura.

Días atrás del bombardeo, él y un grupo de compañeros solicitaron una entrevista con el entonces presidente  Allende, para prevenirlo de que se venía un golpe militar, pero el mandatario “los mandó a freír monos”, dice. 

Rubén Fernández    fue trasladado al Estadio Nacional, el mayor centro de tortura del país. En ese lugar lo colgaron con la espalda descubierta y le golpearon las nalgas. Las   mujeres también fueron agredidas. “A la más joven, le agarraron del pelo y un carabinero le pasó el miembro por la cara”, recuerda con mucha indignación.  

El hombre permaneció 45 días preso y cuando estaba destinado a ir a las minas del norte -relata- fue liberado gracias a la gestión de la Cruz Roja y del cardenal Silva Enríquez. Además, justo ese día jugaba Chile con Rusia en el estadio, por lo que los uniformados se vieron forzados a desocupar el lugar.

Así, la vida de Rubén marca un antes y un después. Un antes que nunca olvidará, pues  está lleno de memoria. Y un después que disfruta al máximo con toda su familia.

A los 23 años, la  presidenta  Michelle Bachelet,  militante socialista  en esa época, también fue torturada. Ella estuvo en Villa Grimaldi,  cárcel secreta de la Policía política de Pinochet, por lo que este  museo es  uno de los  proyectos emblemáticos de la  Mandataria, que tuvo un costo de  más de 20.000 millones de dólares y  está bajo la dirección de Marcia Scantlebury, quien también fue víctima de la dictadura militar. 

Uno de los muros que bordea la plaza del centro  cultural muestra tallados en cobre los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Chile fue  uno de los 48 países que  firmó el documento, aprobado por las Naciones Unidas   en 1948.

En la plaza, repasando uno a uno los artículos, se  encontraba Mary Cruz,    quien al recordar lo  vivido en  esa época se le quiebra la voz:   “Diecisiete días estuve sin saber de mi marido, que salió a comprar pan”.  

Su esposo, Ramón Prieto, de 70  años,  en 1973 se desempeñaba inspector de seguridad del  Servicio Nacional  de Salud, identificación que él  todavía guarda en su billetera. Cuando ocurrió el bombardeo de La Moneda, Prieto   estaba  en su trabajo.  “Mis compañeros y yo escuchamos todo por radio. Hubo pánico”, comenta, para luego contar que lo detuvieron, porque, supuestamente, tenía  mucha información.  Pero días después lo soltaron.  

La suerte -recalca Cruz- es que salió  vivo. Sin embargo, esa experiencia generó  que tomaran una decisión: salir de Chile. La pareja abandonó su país en 1975 y se radicaron en Argentina, desde  donde viajaron para  conocer el Museo de la Memoria. 

“Yo estaba embarazada, por lo que no podía arriesgarme. Decidimos, entonces, irnos a Argentina,  sin  nada, ni  una plancha, solo nuestras valijas”, cuenta Mary, quien  con  mucha congoja  recorre el centro cultural.

Para conocer el museo, la mujer tuvo primero que acceder  al primer piso por una escalera, en la que en el extremo derecho se aprecia un mural con la  imagen de  Víctor  Jara, cantante chileno asesinado en la dictadura, quien se encontraba en una marcha de trabajadores. 

Al fondo, Mary observa    una vitrina que  muestra  los pasaportes L (limitado), letra estampada por la dictadura en los documentos de los chilenos exiliados, la  cual patentizaba la exclusión del país por un tiempo indefinido.

Pero una vitrina que llama la atención de los visitantes está ubicada en la sala  “La  vida  cotidiana en prisión”. Es un grabado en cobre elaborado por el general Alberto Bachelet, padre de la presidenta chilena, cuando estaba detenido en la Cárcel Pública. Bajo un par de manos aferradas  a unos barrotes, Bachelet  escribió: “Estas manos son  dolor, son poesía y amor. De Pa para Ma”, así le dedicó  la obra a su esposa,  Ángela Jeria, antes de morir en 1974. 

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como comisión  Rettig,  informó que la dictadura dejó 3.185 muertos, incluidos los 1.197 desaparecidos, así lo explica Daniela Pasten, una de las guías del museo, en cada recorrido con los  visitantes.

El chileno Artadio Tones, jubilado de 75 años, cree que su compañero de trabajo, de quien no recuerda su nombre, solo su  apellido, Briceño,  corrió  con esa suerte.   Cuenta que su amigo  se encontraba en el hospital San Juan de Dios y un día desapareció.  

Tras ver las  83 fotografías de memoriales, ubicados sobre un mapa de Chile labrado en piedra,  Artadio  recuerda algo que dice nunca podrá borrar de su mente y es que un día cuando regresaba de trabajar vio tres cadáveres  tirados en el río Mapocho, en Santiago. Fue en octubre de 1973. 

El jubilado no experimentó la tortura de esa época ni tuvo ningún familiar que  sufrió en la dictadura,  pero igual se altera al revivir los hechos y sentencia: “Con esta obra  vamos a tener presente  siempre cómo sucedió todo y los jóvenes conocerán parte de  la triste  historia  chilena”. 

Dos de los espacios  que  más  impresionan en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos son la  sala de La  represión y tortura, y El velatorio.   En  el primero, las víctimas cuentan su historia. El visitante  puede escuchar los  testimonios grabados de quienes fueron detenidos, y ver  las formas de torturas que les aplicaban,  como la cama  eléctrica o la ruleta rusa.  

En El velatorio, en cambio, solo hay silencio. Un gran mural exhibe fotos de los muertos y desaparecidos,  como la del  presidente  Allende  y la del general  Bachelet. O también la  del  padre de un hombre que lo señala  con  tristeza y se va. Y la del abuelo de una niña, quien  recién empieza a conocer lo que pasó en esos 17 años de dictadura militar, que vivieron  muchos, entre ellos Rubén, Mary, Ramón y Artadio, y que nunca podrán olvidar.
 
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Jueves, 14 Enero 2010 06:29

Historia y política

Hugh O’Shaughnessy recorrió toda América como corresponsal del Financial Times, The Economist y The Observer. El gran periodista británico vuelve a mostrar su certero conocimiento de las sociedades latinoamericanas en un libro que explica el ascenso del ex obispo Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay, The Priest of Paraguay, Zed Books, 2009.

Escrito en colaboración con Edgar Venerando Ruiz Díaz, periodista del diario paraguayo ABC Color, El sacerdote de Paraguay es también una introducción a la política de un país dominado por una corrupta dictadura que se extendió durante treinta y cinco años, seguida por una serie de sospechadas administraciones del Partido Colorado que se sucedieron hasta la llegada de Lugo.

O’Shaughnessy se remonta hasta la conquista de América y la explotación española de los pueblos originarios, en contrapunto con la protección que ofrecían las reducciones jesuíticas hasta su expulsión, hace más de dos siglos. Su huella se vislumbra en la defensa que numerosos miembros de la Iglesia Católica paraguaya hicieron, a lo largo de los años, de los derechos de esos pueblos y de los campesinos, los sectores que Lugo supo representar.

El libro no soslaya el relevante papel de la teología de la liberación en la Iglesia de Paraguay ni los numerosos reveses que Lugo enfrentó en su relación con el Vaticano que, bajo los últimos dos papados objetó esa corriente como temporalista. En contraste con lo sucedido en Argentina, un sector importante de la Iglesia paraguaya denunció los horrores de la dictadura y se pronunció en contra de la corrupción y la inequidad social. O’Shaughnessy también menciona la obscena complicidad de las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, necesaria para conservar ese precario sistema institucional que sumió a la mayoría de la población en la pobreza.

Elogiada por Noam Chomsky, la investigación de O’Shaughnessy es una admirable síntesis de la historia y de la vida política y social de Paraguay, imprescindible para comprender la coyuntura presente, la esperanza de cambio que despertó la elección de Lugo y las acechanzas que enfrenta su gobierno.

Por Horacio Verbitsky
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