Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

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El PND y la descarada imposición de los “pactos”

Una vez más nos vuelven a hacer la misma vieja jugada. Y en esta ocasión sí que cabe hablar por todo el país. Una vez más un gobierno aprovecha la convencional y cuatrienal presentación del Plan de Desarrollo para imponer el conjunto de reformas que de otra manera habrían tenido que seguir su curso normal en el Congreso. El documento denominado “Bases del Plan”, un ladrillo de casi mil páginas, se convierte así, como sus antecesores, en un artefacto inútil. Lo importante es el Proyecto de Ley mediante el cual supuestamente “se expide” el Plan y se presenta el mencionado documento que va como anexo (Art 2), junto con un Plan de inversiones y presupuestos plurianuales (Título II, Capítulo I). Sin embargo, el proyecto de Ley incluye, en el mismo Título II, un enorme Capítulo II que, bajo la tramposa denominación de “Mecanismos de ejecución del Plan”, introduce todo un ambicioso programa de reformas e iniciativas legislativas. Trescientos artículos en más de doscientas páginas.

Siendo generosos, diríamos que, si acaso, unas tres docenas de estos artículos corresponderían a “mecanismos de ejecución del Plan”. Incluyendo la radical y controvertida reforma institucional que consiste en trasladar el manejo de la inversión pública, del DNP, que es donde está ahora, al Ministerio de Hacienda. El resto es un verdadero programa legislativo que sólo bajo el gracioso argumento de “todo tiene que ver con todo” se relacionaría con el Plan de “los Pactos”.

Esta argucia leguleya y autoritaria, como se dijo al principio, la están utilizando en Colombia desde hace por lo menos cinco gobiernos y desde entonces se ha impugnado por ser un clásico ejemplo de violación del principio según el cual toda ley debe conservar una estricta unidad de materia. El proverbial humor colombiano ha denominado, por eso, “micos” a esos artículos que nada tienen que ver con el objeto de la ley y sin embargo se le “cuelgan” al ramaje principal. Este caso, por la cantidad y singularidad de los artículos sobrantes, raya en el descaro. Casi como una demostración de arrogancia, a través de una burla, han incluido un artículo que autoriza al Banco de la República a ¡“emitir una moneda especial en conmemoración del bicentenario”! La argucia tiene además un claro propósito antidemocrático. Es una burda imposición ya que, según está previsto en la Constitución y la ley, si el Congreso no aprueba el Plan el Presidente está facultado para expedirlo por Decreto.

 

Indefensos, inermes y confundidos

 

El problema consiste en que los movimientos y organizaciones sociales, así como las agrupaciones políticas de oposición, en lugar de enfrentar semejante engendro, se limitan a examinar si su sector está bien posicionado y prefieren reclamar su inclusión. Y algo de razón tienen si nos enfocamos principalmente en los cuadros del plan de inversiones y los presupuestos plurianuales. Observemos, a manera de ejemplo, que en el reciente acuerdo con la minga indígena del Cauca el principal logro consiste en la precisión de un plan de inversiones por un monto de $ 823.148 millones, para las organizaciones participantes, que explícitamente ubican dentro del “plan de inversiones plurianuales previsto en el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en trámite en el Congreso de la República”. Aparece entonces un agravante que ya han señalado algunos periodistas: se le regala una nueva ventaja al presidente Duque pues el acuerdo se convierte en una presión en favor del respaldo y la aprobación del proyecto de ley del Plan.

Por su parte, Fecode ya se apresuró, con el apoyo de un grupo de congresistas, a proponer una versión corregida de uno de los artículos que tiene que ver con la educación. Tampoco se enfrentan, pues, al contenido general de la colosal reforma antipopular que se plantea. Y esto para no mencionar a los diferentes defensores del Acuerdo de La Habana, limitados a exigir los recursos suficientes para la implementación. Todo sucede como si la política en Colombia se redujera a la disputa por el presupuesto público. Por cierto, son bastante peligrosas las reformas que se anuncian precisamente en estos tres temas: pueblos indígenas, educación, paz y reforma rural.

 

Toda una estrategia política y económica

 

A primera vista no es fácil orientarse en tan farragoso documento lleno de variantes jurídicas, sustantivas y de procedimiento, que sólo los especialistas de cada tema pueden entender. Sin embargo, el deliberado desorden, la extrema heterogeneidad y el fastidioso casuismo del articulado no deben engañarnos. Se trata de una clara estrategia política, institucional y jurídica, alineada en un todo con el más burdo fundamentalismo neoliberal. Es la misma filosofía que vimos en la defensa a ultranza de la rebaja de impuestos para las empresas que Duque ya había anunciado en su campaña y puso en práctica en la “ley de financiamiento”. Se supone que hay una rigidez institucional que no da confianza a los inversionistas. Los principios son entonces simples y simplistas: flexibilizar las normas, dar seguridad jurídica y ofrecer incentivos. Sobre todo, flexibilizar las normas ambientales, laborales y sociales, las normas de contratación pública, las exigencias de participación ciudadana y consultas. Así mismo se procede a la disminución de tributos, cargas y regalías, principalmente a nivel territorial, y en cambio se multiplican los incentivos económicos y se pone el Estado al servicio de la rentabilidad de la empresa privada.

Para decirlo en pocas palabras: el proyecto “tiene de todo” y parece hecho por los gremios, cada uno de los cuales puso allí sus exigencias y hasta sus caprichos. Pero ¿cuál es el propósito de semejante estrategia? En la argumentación de la tecnocracia neoliberal, que sigue siendo la eminencia gris del bloque de poder en sus diferentes formas y máscaras, es uno sólo: cortejar las grandes empresas, atraer la inversión extranjera. El modelo económico continúa siendo el mismo de hace más de veinte años: el “extractivismo”. Se le añade tal vez una nueva ilusión: la exportación de “servicios”. Por ejemplo de salud; quizás el turismo y, particularmente, la nueva golosina naranja: la cultura entendida como el negocio del entretenimiento. Es en ese sentido como pueden identificarse algunas líneas gruesas de la estrategia contenida en el famoso proyecto de ley.

Comienza de manera nada sorprendente con el sector minero energético, sector que reaparece una y otra vez en el articulado. El objetivo allí es remover todas las normas ambientales, de ordenamiento territorial, de propiedad y titulación de predios, y otras más, que supuestamente impiden la inversión. En esa misma línea aparece la facilitación del negocio de la construcción de infraestructura. Y, en cierto modo, la cuestión del desarrollo rural, el cual, aunque parece relacionarse con los acuerdos de paz, y hace mención del tema catastral y la adecuación de tierras, en realidad, está enfocado a los grandes proyectos de monocultivos, a través de la estabilidad, es decir seguridad y tranquilidad para los terratenientes. Cabe señalar, por cierto, que el tema de la seguridad, disfrazada de legalidad, ocupa un lugar extraordinariamente destacado en el proyecto.

En cambio, los trabajadores, en general, tanto los asalariados como los independientes, no deberían permanecer indiferentes ni mucho menos estar tranquilos frente a las amenazas que se anuncian. Con gran astucia se anticipan aquí importantes avances de lo que sería una reforma laboral, de “legalización” de la informalidad, y sobre todo de reforma pensional. Se habla de protección social pero todo se articula alrededor de un propósito de “saneamiento” de las finanzas públicas. Curiosamente frente a la crisis del sistema de salud lo que se puede deducir es que existe la pretensión de salvar la estructura de EPS y hacia el futuro incrementar su rentabilidad. Igual sucede con los servicios públicos que se mantienen dentro del enfoque privatista. Las nuevas normas en materia de innovación tecnológica y propiedad intelectual son igualmente preocupantes.

 

Un llamamiento

 

Tales son algunas de las líneas gruesas, pero también se encuentran centenares de pequeñas reformas, sobre muchos temas, que seguramente tienen igualmente grandes implicaciones. Ya sabemos que el diablo está en los detalles. Sería imposible y además irresponsable intentar un diagnóstico en una sola presentación. Lo único que puede recomendarse es el estudio detallado, por parte de quienes se encuentran en cada sector o área, de cada una de estas peligrosas iniciativas. Al menos sabremos de qué se trata, para, en caso de que se aprueben, organizar después la resistencia.

En todo caso, en el momento, sólo hay dos opciones. Una, que ya fracasó con los planes de Santos, consiste en que las organizaciones sociales le piden a la ínfima minoría opositora en el Congreso que trate de modificar lo mejor posible algunos de los artículos del proyecto. Otra, la más difícil, pero la única eficaz, es levantar un amplio movimiento popular de dimensión nacional que se coloque como único objetivo tumbar definitivamente el proyecto. Como mínimo, dejarlo reducido a su verdadero propósito de aprobación del Plan, obligando al Gobierno a presentar por separado cada una de las reformas que quiere hacer. Como quien dice: ¡A sacudir el árbol de los micos!

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Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

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Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


 

Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

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El hotel Capri de La Habana, perteneciente a la cadena internacional NH.

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución.

 

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano. El 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. La medida se produce por el levantamiento de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo al país caribeño. Esto termina con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios de la Unión Europea y Canadá. El gobierno cubano repudió la medida.


“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, advirtió a la prensa el canciller estadounidense Mike Pompeo. En detalle, la sección de la norma estadounidense que entrará en vigor permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.


Tras la declaración, Cuba manifestó su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter: “Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. El encargado de la diplomacia cubana hizo referencia a la victoria en la Bahía de Cochinos que ayer cumplió 58 años.


La subsecretaria estadounidense del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones para ninguna empresa. La funcionaria dijo que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos. “Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba”, dijo la funcionaria.


Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados. Breier aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque. Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron ayer su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron proteger los intereses de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio. En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advertido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de lamentable, y advirtió sobre la espiral innecesaria de acciones legales que podría derivar de ella. En la declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional.


El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas. Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.


Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Estados Unidos desde que el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero pasado y el gobierno de Trump rápidamente lo reconociera como mandatario legal de su país. Para sacar a Maduro del poder, ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, penalizó también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.


El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter: “ El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela. Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los regímenes que apoyan la fallida dictadura de Maduro”. El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer, tras el anuncio, tuiteó: “Esta decisión sirve como advertencia al régimen cubano de que estamos preparados para hacerlo responsable por sus violaciones a los derechos humanos y continua represión al pueblo cubano. Siempre vamos a luchar por la liberad del pueblo cubano”.


La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental explicó que la medida se entiende dentro de la política que ha seguido el magnate neoyorquino en relación a la isla. “Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno”, afirmó.

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Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue César Augusto Caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

Publicado enColombia
Edgar Insuasty, Patera (Cortesía del autor)

El personaje parece extraído de un programa de humor de la televisión colombiana. El país entero ríe a mandíbula batiente. Y, sin embargo, es el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo fue posible que se llegara a semejante situación? Es claro que no se trata de una anomalía y que resulta enteramente funcional en el actual contexto de gobierno. Una ojeada a la historia tal vez nos ofrezca algunos elementos de juicio.

 

El debut de Juan Daniel Oviedo como nuevo Director del Dane consistió en un par de declaraciones, calculadamente escandalosas, sobre los resultados del Censo Nacional de Población que recibió de su antecesor. “Los colombianos somos muchos menos de lo que habíamos pensado”, afirmó, dejando de lado el hecho de que las proyecciones son hechas por el propio Dane y haciendo la comparación, más bien, con los datos de la Registraduría Nacional (1).


Actuaba así, con perfecto conocimiento de que si por alguna razón suelen preocupar estos resultados es porque determinan la repartición de las curules en el Congreso e inciden en los montos de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación. Estas diferencias, que pueden ser positivas o negativas, no son raras, lo sorprendente en este caso es la magnitud (2). Un ejemplo lo tenemos con el Valle del Cauca donde la respuesta, a veces airada, no se hizo esperar. Casi 900.000 personas menos que las proyectadas para 2018 y lo que es más grave, la población resulta ser inferior a la registrada en el anterior censo de 2005. Las mayores diferencias se concentran en la ciudad de Cali donde es ostensible la inconsistencia con las afiliaciones al régimen contributivo de salud (3). Se ponen pues en duda, no sólo las proyecciones sino el censo de 2005 y por supuesto el que acaba de realizarse. El impacto sobre la credibilidad de la Institución es notable.


La segunda declaración tiene un impacto político menos evidente pero resulta igualmente “noticiosa” y revela o una enorme ignorancia o el poco respeto que le inspira el campo del conocimiento en el cual, se supone, debería ser experto. Es preocupante el alto índice de envejecimiento, comentó, con el énfasis de quien acaba de comunicar un descubrimiento. Dicha constatación no es ninguna novedad y ha sido motivo de análisis desde hace mucho tiempo. De hecho, el Ministerio de Salud de la pasada administración había presentado un completo informe sobre el tema en 2013 (4). Y ya en el 2007 el gobierno de entonces había presentado la primera Política Nacional de Envejecimiento y vejez en la cual se resalta el trabajo desarrollado desde 2003 (5). Pero además, es claro que la investigación sobre las tendencias que, como ésta, provienen de la llamada transición demográfica, tiene ya un larguísimo recorrido, como lo saben no sólo los demógrafos sino quienes se ocupan de la defensa de los derechos de las personas de edad. Baste mencionar las memorias del seminario sobre este tema realizado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994 (6). Una nueva duda sobre la credibilidad, en este caso del Director, salta a la vista. Pero fácil es descubrir las razones de semejante insistencia. Se trata de contribuir a crear el clima favorable a la próxima reforma pensional en la cual uno de los puntos sugeridos es el aumento en la edad de retiro.


Si algo queda claro es, pues, que el nuevo director puede no saber mucho sobre estos temas, pero entiende perfectamente para qué pueden servir las estadísticas en términos políticos. En principio, esto tampoco debería sorprendernos: como lo indica hasta su propio nombre, la estadística nace de una necesidad del Estado; una necesidad de registrar y contabilizar los recursos, tanto los propios como los de la sociedad bajo su jurisdicción. Sin duda planteó siempre el problema de qué es lo que deja para sí mismo el gobierno y qué es lo que permite conocer al público. Su evolución, desde aproximadamente el siglo XVII en Europa, ha conducido, sin embargo, a formas mucho más complejas. Lo que permanece, en todo caso, es una necesaria pero frágil corriente recíproca de legitimación. El Estado canaliza una suerte de validación social (pública) de la información estadística, pero, a su vez, la calidad de ésta contribuye a la legitimación del Estado (7), Pero éste no es el problema. Lo que estamos viendo en Colombia es una forma cruda y burda de utilización que resulta, por ello mismo, de ridículo cinismo. Probablemente es el resultado de todo un proceso de descomposición que el país está en mora de reconocer y analizar.


El recurso de la historia


En efecto, como bien lo señala Desrosières, la historia de la estadística, en cierto modo, arranca como un conjunto de historias nacionales. En ese sentido es posible abordar también el caso de Colombia (8). Con una precisión indispensable: mientras que para los países del centro es claro que sólo al llegar a cierto punto se plantean la internacionalización como problema, en los de la periferia la determinación internacional se encuentra presente desde el principio. –No es propia la cultura estadística como no lo es tampoco la teoría económica, lo cual no representa de por sí un problema mayúsculo pues estamos hablando en todos los casos del capitalismo–.


Un rasgo de esta historia se refiere a que son indispensables arreglos institucionales que aquí también conducen, al mismo ritmo mundial, a la consolidación de administraciones específicas dotadas de relativa autonomía como corresponde a las necesidades de validación social –discurso, lenguaje y función pública– de las estadísticas. Es por eso que, a partir de cierto momento, esta historia puede identificarse con la del Dane.


En este sentido resulta clave, prescindiendo de los antecedentes, que no dejan de ser importantes, tomar como punto de partida el año 1951 que es cuando se separa la Oficina Nacional de Estadística de la Contraloría General de la República, convirtiéndose en la Dirección Nacional de Estadística, dependencia directa de la Presidencia de la República. Transformación que se completa en 1953 con la creación propiamente del Dane (9). La importancia de esta transformación radica en que pese a adquirir identidad propia pierde autonomía pues ya en ese momento, y a partir de 1945, la Contraloría había dejado de depender de la Presidencia para pasar, como institución verdaderamente de control sobre el Ejecutivo, a la órbita del Congreso. Hubiera sido mejor una completa independencia. Lo que sí se inaugura ahí, desde luego bajo gobiernos autoritarios, es su relación con un modelo económico intervencionista, esto es, de Planeación, aunque dicha relación sólo se hace efectiva y explícita durante el Frente Nacional con el Plan decenal de 1960, inspirado en las doctrinas desarrollistas de la Cepal.


Conviene aclarar que a pesar de su importancia como el productor por excelencia de las estadísticas, el Dane siempre ha estado acompañado de otras instituciones que también lo hacen como la Contraloría (información fiscal), los Ministerios y, especialmente el Banco de la República, encargado de las estadísticas monetarias pero además competidor y aspirante permanente a centralizar, desde otro enfoque, la oferta de estadísticas. No gratuitamente conservó hasta 1983 el control de la elaboración de los cuadros de las cuentas nacionales. Téngase en cuenta que en Colombia siempre ha sido una rémora engorrosa el asunto de la “oficialización” de las estadísticas. Esto es, la versión simplista del principio comentado de la validación social, colocado al servicio de un trámite de control.


De la edad de oro al comienzo del fin


No obstante, la transformación fundamental se dio en 1968 como parte de una serie ambiciosa de reformas en perspectiva desarrollista (Decreto-Ley 3167 de diciembre de 1968). Empero, la vocación planificadora del proyecto, al venir de la mano de un presidencialismo extremo, introduce indeseables elementos de desconfianza pues hace ver las estadísticas como una fabricación del gobierno que amarraría así los indicadores con los cuales iría a ser evaluado.


De todas maneras la edificación que trazó, no sólo en lo referente a la estructura orgánica e institucional sino en cuanto a las grandes líneas de operación estadística, incluyendo objetivos, metodologías y herramientas tecnológicas, representó una notable modernización destinada a perdurar por lo menos dos décadas. Lo más importante, sin embargo, fue que el diseño se hizo realidad en la práctica. Un punto de vista independiente y hasta cierto punto crítico en lo teórico y en lo político le dio vida al proyecto. El hecho no fue ajeno a dos fenómenos que confluyeron en los años setenta. De una parte, la incorporación al funcionariado de una capa notable de jóvenes profesionales y estudiantes, bien calificados, que venían de las experiencias de un gran movimiento nacional universitario y de otra, la dinamización de un gran movimiento social que, bajo formas sindicales o no, agrupaba a los trabajadores del Estado. Estos dos fenómenos, obviamente interrelacionados, garantizaban la independencia institucional –no solamente en el Dane, cabe aclarar– y protegían de la manipulación gubernamental, al menos en sus formas más abiertas. Lo que no se logró fue la ilusión, muchas veces acariciada, de edificar una institución pública de alto nivel, productora de estadísticas, con una autonomía comparable a la que se exigía para las universidades. En cambio, sirvió para señalar al Dane de manera sesgada y resaltar supuestas o reales diferencias de enfoque con otras instituciones. Desde luego, nunca se explicitaban los contenidos políticos y las discusiones parecían centrarse en asuntos teóricos, metodológicos y hasta prácticos.


Una manifestación fue precisamente la controversia a propósito de las Cuentas Nacionales que el Dane sólo asumió en 1983 a pesar de que venía elaborándolas desde 1970 con la metodología más completa y actualizada de la época (Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales -Revisión 3) (10). En realidad, lo que estaba en juego, bajo un ropaje académico, era el control no sólo sobre la producción de las estadísticas sino sobre los cuadros de síntesis que permiten orientarse en el análisis de la dinámica económica y por tanto en las propuestas de política pública. En efecto, el Dane continuó en esta labor pero, de alguna manera, bajo sospecha. Años después, en un libro del Banco de la República en el que se resumen los resultados de sus investigaciones con base en largas series de los principales agregados de las cuentas nacionales, se tomaría como punto de partida una crítica, que pretendía ser demoledora, a los resultados obtenidos por el Dane (11). Había sido el comienzo del fin.


Si se toma este ejemplo, es porque el Banco de la República condensa, desde el punto de vista sociológico pero con implicaciones políticas, lo que ha sido un crucial enfrentamiento. A diferencia de lo que ocurría en el Dane, en el emisor central tanto la dirección como los equipos técnicos provenían (y provienen) de la élite, mayoritariamente formados -desde el principio dentro de la corriente dominante de la Economía, de factura norteamericana– en universidades privadas y han pertenecido, casi sin solución de continuidad, desde fines de los años cuarenta hasta hoy, a una corriente que podríamos calificar de liberal en lo económico (hoy neoliberal). Sobra decir que ya la diferencia entre las dos instituciones no es significativa.


Durante los años ochenta y noventa, sin embargo, la discusión principal parecía versar sobre asuntos de eficacia. Lo que se necesita, ya no para la planeación sino para la política económica de corto plazo, no son robustas estadísticas básicas sino indicadores de coyuntura. En principio no podía cuestionarse la labor del Dane desde ese ángulo ya que tenía a su cargo los indicadores más tradicionalmente utilizados: los precios y el empleo. Obviamente, los fiscales y monetarios correspondían por definición a otras instituciones. Pero además, el Dane se dedicó desde entonces a fortalecer su dispositivo encaminado a ofrecer indicadores de corto plazo, multiplicando las encuestas por muestreo y aprovechándolas al máximo, y desarrollando nuevas y complejas metodologías estadísticas, posibles desde luego gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, hasta el punto de lograr, por ejemplo, estimaciones del PIB trimestral basadas en modelos matemáticos. Con todo, se consideraba insuficiente. Pero la discusión no era realmente de naturaleza práctica. Lo que la “demanda” estaba exigiendo era, más que estadísticas, una oferta de indicadores y estimaciones “sobre medidas”, encuestas de opinión y sondeos, y variadas formas de “proxis”. Un terreno en el cual tenían ventaja diversas instituciones y fundaciones privadas, especialmente la principal de ellas, Fedesarrollo, que ha trabajado con notable dedicación y eficacia, desde principios de los setenta.


Los diferentes rostros del fin


El encargado de diseñar el programa para el nuevo siglo, en materia de producción estadística, fue justamente Miguel Urrutia quien fuera durante muchos años gerente del Banco de la República. Decía, al respecto, en el 2003: “En diferentes momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha querido tener el monopolio de la estadística. Esto es un error. La demanda de información es siempre mayor que la oferta, y por esa razón la priorización es importante. El sector privado puede producir estadísticas, y diferentes agencias estatales producen cierta información especializada. Los bancos centrales producen las estadísticas financieras, monetarias y, frecuentemente, las cifras de la balanza de pagos. Dadas las actuales limitaciones de presupuesto, el Dane debe concentrarse en garantizar la producción de estadísticas básicas de alta calidad” (12).


Tal es la hoja de ruta que se ha seguido hasta ahora. Incluida su propuesta institucional que era la creación de un Sistema Nacional Estadístico (descentralizado, público, privado, en red) presumiblemente encabezado por el Dane. Es claro que durante la década de los noventa el Dane había sido sometido a un notorio y radical debilitamiento en personal y presupuesto. En esta filosofía de “mercadeo de las estadísticas” para atender a la “demanda”, podría interpretarse que se había buscado, como en otras entidades estatales, su progresivo marchitamiento (13).


Pero en este caso no parece haber predominado el fundamentalismo neoliberal sino la necesaria subsidiaridad y la hoja de ruta se ha seguido; no sin dificultades, o interrupciones claro está. En su último informe de gestión, el anterior Director, Mauricio Perfetti destacaba que por fin se había logrado conformar el sistema en 2016 y la aprobación en 2017 del Plan Estadístico Nacional para cinco años. Casi sobra señalar que todo ello ha sido en el marco de las exigencias internacionales, en particular las formuladas por la Ocde. Sin duda, durante todo este tiempo se ha seguido la orientación neoliberal; muy lejos han quedado ya las veleidades planificadoras; en los medios académicos y empresariales muy poco se critica al Dane. Quizás no suceda lo mismo en los medios populares.


No obstante, y a propósito de las dificultades aludidas antes, es evidente que una sombra singular aparece en la primera década del siglo. Una sombra de sospecha sobre la fiabilidad de las estadísticas, y ya no sólo las del Dane, que apareció como denuncia una y otra vez. Una manifestación ostensible fue el hecho de que por primera vez en la historia algunos Directores fueron despedidos u obligados a renunciar. El primero fue Cesar Augusto caballero en el 2004 y el segundo, su sucesor, Ernesto Rojas Morales en el 2007. Entre uno y otro se llevó a cabo el Censo de 2005, prácticamente la única realización importante durante ese periodo. Significativamente, el informe de quien les siguió, H. Maldonado, es de puro trámite, perfectamente formal y anodino.


Hasta aquí el recurso de la historia. La alusión que se acaba de hacer nos permitiría entonces volver a la anécdota con la que iniciamos. Pero bastaría con recordar al latino: “Mutato nomine de te fabula narratur”.

 

1. www.elespectador.com/economia/ 6 Nov 2018 - 9:00 PM
2. Se refería el Director a resultados “preliminares”, pero llama la atención que en el momento de escribir este artículo todavía no contemos con resultados definitivos.
3. Des-censo en Cali y el Valle 2018/11/14 www.semana.com/opinion/articulo/censo-2018-en-el-valle-del-cauca-columna-de-esteban-piedrahita/590668
4. Ministerio de Salud y Protección Social. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO. COLOMBIA 1951-2020 DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURAS POBLACIONALES Bogotá, D. C., abril 2013
5. Ministerio de la Protección Social. “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez” Bogotá, 2007
6. DNP-FNUAP, Memorias del Seminario Nacional sobre población y desarrollo, Bogotá, 1994
7. Desrosières, A.“La politique des grands nombres, histoire de la raison statistique”, La Decouverte, Paris, 1993
8. Es lo que intenté hace algunos años. Ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos. En: “La sociedad colombiana: cifras y tendencias”. B. Castro (Comp).Universidad del Valle. 2009.
9. En el ensayo citado sugerí una propuesta de periodización que se apoya en ciertos hitos. Hoy los reformularía así: 1923-24; 1934-38; 1951-1953; 1968; 1983; 1991; 2003. Para una presentación completa, ver: Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.
10. Una explicación de la controversia se presenta en el ensayo citado. Moncayo S. Héctor-León, op. cit.
11. Grupo de Estudios sobre el crecimiento económico, GRECO, “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX” Banco de la República, Fondo de Cultura Económica. Bogotá, 2002
12. Urrutia, M. “Nota Editorial”. Revista del Banco de la República, 912, Vol. LXXVI, Octubre de 2003
13. Ver Moncayo S. Héctor-León, La construcción institucional de los hechos sociales y económicos, op. cit.

*Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique,ecición Colombia.

 

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El manejo de la información en Colombia se ha caracterizado por dos rasgos principales: secretismo y una alta asimetría. La política y los conflictos económicos, sociales y militares también se manejan con datos y cifras. El más reciente caso en Colombia: el manejo del censo por parte del Dane.

Colombia comienza a ingresar a la modernidad a partir de tres hechos puntuales. Históricamente, se trata, primero, de la creación del Banco Central (Banco de la República), el cual permitió centralizar la producción del dinero y el manejo del mismo a nivel nacional y en referencia a otras monedas; en segundo lugar, en 1970, la creación del Dane (Departamento Nacional de Estadística), el cual trabajó durante mucho tiempo, y hasta la fecha, principalmente con estadística descriptiva e inferencial; y en tercer lugar, la creación en 1991 del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que puso al país a pensar, por primera vez, a nivel país, en ciencia y en tecnología.


La verdad es que a pesar de estos tres indicadores, Colombia no termina de entrar en la modernidad, ni siquiera gracias a la Constitución de 1991 (1), o su ingreso a la Ocde. La modernidad prosigue como un proyecto incluso en el país, ahora que la modernidad misma ha muerto y dado lugar a otras expresiones y realidades. Haciendo una paráfrasis de un verso del poeta peruano Vallejo, Colombia es ese país en el que “todo nos llega tarde, hasta la muerte” (Ver “Para un debate).


Es por ello que el país se caracteriza y carga en su historia, de manera puntual, por una profunda y estructural asimetría de información. Asimetría entre las grandes empresas y corporaciones y las pequeñas y medianas empresas; asimetría entre el poder ejecutivo y la base de la sociedad; asimetría entre los entes que cuidan de la seguridad y la vigilancia, y la realidad cotidiana de los ciudadanos, por ejemplo.


Esta asimetría de información es al mismo tiempo la causa y el resultado de un sistema de violencia abierto y simbólico, y de una desigualdad e inequidad escalantes en la historia nacional. No existe en ella un sistema nacional de información –por tanto integrado– y lo que es peor, los atisbos o pasos de un sistema semejante no están al alcance del control y de la veeduría ciudadana.
La punta del iceberg de esta realidad se expresa muy bien en el manejo de los censos, a nivel nacional, regional o local –usualmente, responsabilidad del Dane.
En tiempos recientes, es sabido que un expresidente fuertemente vinculado al paramilitarismo fue reelegido como resultado de “la modificación de la metodología del censo” (sic), y que el manejo de las bases de datos fue acomodaticio. Es cuando el manejo de los números se acomoda a los intereses, políticos o económicos, por ejemplo. Y organismos como el Dane se ponen al servicio del gobernante de turno y de los intereses particulares.


Información estratégica y estadística


Los organismos que manejan en el país información estratégica, como organismos públicos, son principalmente cuatro: el Departamento de Planeación Nacional (DNP), el Dane, la Dian y la Policía Nacional, específicamente la Dipol (División de Inteligencia de la Policía, que remplazó al DAS, lleno de escándalos conocidos durante el gobierno de Álvaro Uribe). En otro plano, algo más particular, hay que mencionar al Banco de la República.


El sector privado cuenta, fundamentalmente, con las bases de datos de Datacrédito, que lleva el historial crediticio de todos y cada uno de los colombianos que están bancarizados. La genialidad o la perversión del capitalismo consiste en la bancarización de los ciudadanos, pues así tienen un control total sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana de las personas.
Al lado de estos, las universidades se esfuerzan por entrar en campos como la ciencia de grandes bases de datos, la analítica de datos y el modelamiento y la simulación, pero la verdad es que las capacidades –instaladas y no instaladas, aun dejan mucho que desear. Los movimientos sociales y políticos se mueven en aguas muy por debajo de estos ambientes, y ello plantea ya un serio problema social, de organización y de acción.


Grosso modo, en el primer caso, el del DNP se trata de toda la información nacional, regional y local, conjuntamente con las comparaciones entre la información nacional y la referente al plano latinoamericano y mundial. En el caso del Dane, se trata de la información utilizada, por ejemplo, para discutir la repartición de los dineros nacionales y regionales, así como para establecer el salario mensual cada año, además de aspectos como el censo electoral, y la determinación promedio de la riqueza o de la pobreza nacional. En cuanto a la Dian, es determinante para distinguir, de entrada entre los aspectos fiscales y parafiscales, y estos últimos como coadyuvantes para la educación, la investigación y políticas sociales. Jamás en la historia del país ha habido información ni siquiera sobre el monto grueso, no digamos las distribuciones de los parafiscales. Los ingresos al fisco están todos mediados por las capacidades de la Dian; pero su información nunca ha sido plenamente compartida con la nación. Finalmente, la Policía Nacional en general y la Dipol en particular, es la instancia que maneja la información que cotidianamente obtiene de los ciudadanos, de sus celulares, computadores, de sus cuentas bancarias, de los puntos en los supermercados y otros. En una palabra, la Dipol es la Red Eschelon en Colombia (2).


Naturalmente, existen sinergias y vasos comunicantes entre estas diferentes redes de información y todas se encuentran a disposición del Gobierno, el Estado, sus agentes y sus intereses. Punto.
Es sabido que el cluster más poderoso en términos de capacidad y procesamiento de información se encuentra en el Departamento de Planeación Nacional (DNP). Allí se trabaja ya desde algún tiempo con grandes bases de datos (big data science), con analítica de datos, y otras herramientas semejantes. Desde el punto de vista intelectual y político, el DNP es el rellano de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, principalmente, aunque profesionales y técnicos provenientes de otros espacios también trabajan allí. Desde el DPN emergen los documentos Compes, los planes nacionales de desarrollo y otros documentos de carácter estratégico para el país que sirven de base a diferentes procesos de toma de decisión y acciones en los planos económico, social, político y militar (o de seguridad).


Es una información de gran valor para cualquiera que pretenda llevar a cabo una dirección moderna del gobierno. Como se sabe, el poder político y económico se funda hoy por hoy en el conocimiento y el manejo de la estadística, y la ciencia de grandes bases de datos es la herramienta conspicua que ayuda al manejo de enormes bases de datos que tienen la ventaja de permitir decisiones y acciones bien determinadas. Pues bien, de manera puntual, estas enormes bases de datos se manejan básicamente con lenguajes de programación. Los dos más importantes son R y Python, los cuales permiten elaborar sofisticados modelamientos y simulaciones, al mismo tiempo que acomodar según los intereses, la información existente. Ya ni siquiera la minería de datos –que es en realidad el A, B, C del procesamiento de datos– resulta determinante, aunque siempre es de utilidad.


Todo ello se expresa, puntualmente como sistemas expertos, inteligencia artificial y vida artificial. En una palabra, la inteligencia económica, política, de seguridad y otras pasa por y se funda en el manejo de grandes bases de datos (3).


Inversamente, la resistencia, la rebelión y la insurgencia deben poder trabajar, adicionalmente, con elementos semejantes.


Casos de estudio


En Colombia, la manipulación más abierta y desvergonzada del manejo de bases de datos ha provenido del Dane. Ayer, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, hoy, con el de Iván Duque. Raya con la demencia creer que si los colombianos ganan un salario mínimo son de clase media, o raya con el cinismo y la ignorancia sostener que “el reloj del Dane está descachado” y que entonces la población en Colombia no es de 50 millones sino menos, por ejemplo, como ha afirmado Oviedo, actual director del organismo. El manejo de una de las bases de datos más importantes para los destinos del país pareciera haber sido entregada a un bufón; el bufón de turno, en realidad.


Es un manejo de información que tiene grandes potencialidades. Por ejemplo, en Brasil, todo el juicio a Lula y la posterior destitución de D. Roussef fue la conjunción entre manipulación de las bases de datos y la producción de información mendaz (fake news). Venezuela es actualmente el objeto de un proceso por parte de Trump que ha sido literalmente calcado del mismo proceso que Obama llevó a cabo contra Libia de desinformación, manipulación de la realidad, mentiras y orquestación de mucha propaganda y publicidad. Facebook ha sido puesta de manifiesto como una empresa delincuente gracias a la situación de Facebok Analytics en Inglaterra, violando la privacidad y vendiendo al mejor postor información valiosa de millones de usuarios. El manejo de la gente es el manejo de la información, y para ello han desarrollado muy sofisticados algoritmos en el manejo de enormes bases de datos


Por su parte, la China y Estados Unidos han avanzado en algo llamado “crédito social”, consistente en otorgarle o quitarle beneficios sociales a los ciudadanos en función de la lectura de los rostros, el cruce con bases de datos de deuda económica o registros penales, por ejemplo, garantizando así “quién está conmigo, y quién está contra mí”. O puede estarlo (4).
A nivel cotidiano, los llamados puntos (de fidelización, descuentos y ahorros) de supermercados, líneas aéreas, laboratorios clínicos y otros, permiten elaborar perfectos patrones de comportamiento de los individuos, de sus núcleos familiares, de sus ritmos, estándares y formas de vida. Y si llega a ser necesario, esa información se utiliza en un momento determinado en contra de alguien. Al fin y al cabo la información no pesa nada, se la puede repartir, almacenar y conservar como se desee, y utilizar en cualquier momento con cualquier finalidad.


En la mayoría de los países, en fin, los censos nacionales –o también regionales o locales– cumplen una función fundamental, pues suministran los insumos para políticas económicas, fiscales, tributarias, parafiscales, financieras, y otras.


Como se observa, la información es manipulada, se genera desinformación, se alteran las bases de datos, se orquesta a los grandes medios de comunicación, y la población termina creyendo que eso es “la realidad”. Una magnífica muestra de lo que eufemísticamente se llama la alianza público-privada, en algunos momentos, en algunos lugares, aquí y allá.

Veeduría ciudadana de la información


En un Estado social de derecho (no simple y llanamente en un Estado de derecho; son dos cosas perfectamente distintas) la democracia consiste en la participación –y no simplemente en la representación o delegación– en las tomas de decisión. El triángulo entre los sectores público y privado y la sociedad civil debería poder ser, idealmente, un triángulo equilátero; esto es, con balance de poderes y capacidades entre cada uno de los tres ángulos o lados –como se prefiera–. (La realidad política es que en la actualidad un triángulo muy desigual, riemanniano, notablemente). Pues bien, el basamento para las tomas de decisión en la sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento, es el manejo y el trabajo con (grandes) bases de datos.

Para que esto funcione de manera democrática, las políticas de información –económicas, fiscales, tributarias, financieras y otras– deben ser de dominio público. Esto es, la sociedad debe poder tener acceso a las bases de datos del Gobierno y del Estado; con nombre propio, las bases de datos del DPN, del Dane, de la Dian y, guardadas proporciones, de la Dipol. De lo contrario, la asimetría de información se traduce en violencia física y simbólica, inequidad, desigualdad, pobreza, corrupción. En fin, ausencia de capacidades y de posibilidades de desarrollo humano.

En un Estado social de derecho, el derecho a la información no consiste única ni principalmente en que existan o se implementen redes de wimax (internet gratuito para la gente; y no ya solamente wifi), sino además y principalmente, en que los ciudadanos puedan acceder y decidir sobra la información que les compete; toda la información que les compete. Por decir lo menos, debe poder implementarse una veeduría ciudadana sobre la información, observatorios sobre la misma en diferentes niveles y escalas, en fin, una educación sobre la información y las bases de datos. Un país con un Estado social de derecho –derechos humanos de tercera y cuarta generación, y no ya única ni principalmente derechos de primera y de segunda generación– consiste exactamente en una simetría de información, a saber: simetría en la información del sector público y la sociedad civil –en toda la acepción de la palabra.


El manejo del censo, las metodologías empleadas, las interpretaciones de distribuciones y matrices son asuntos que no simplemente deben informarse a los ciudadanos, sino sobre los cuales la ciudadanía debe poder participar activamente, para lo cual existen por lo menos dos formas como los ciudadanos pueden hacer realidad este propósito en asuntos de información: a través de los movimientos sociales y de las universidades (principalmente la universidad pública, aunque también con la participación crítica y reflexiva de la universidad privada). Al fin y al cabo, la Universidad en general y los movimientos sociales se deben a las gentes, a la población, a las comunidades, con sus diferencias y especificidades.


Es en esta lógica que los censos no son aspectos que por técnicos deben mantenerse alejados de la sociedad civil. El desprecio hacia la gente consiste no solamente en comportamientos amanerados objetos de burla social, sino en alejar la información y el procesamiento de información de las gentes mismas. Mantener alejada la información y las bases de datos de la ciudadanía no es otra cosa que una subvaloración de las capacidades humanas e intelectuales de las comunidades; olvidando que las masas son siempre más sabias que sus dirigentes; sólo que hay que darles la oportunidad para que despierten y actúen libremente.


¿Existe temor sobre ello en el alto Gobierno? Tal vez, lo cual no es casual, ya que la acción colectiva y la protesta social se alimentan, por un lado de experiencias concretas, de mucho sufrimiento y de esperanzas emergentes; pero además, y de manera fundamental, la acción colectiva y la protesta social se nutren de mucha educación, de mucha información de mucho y buen conocimiento.
Exactamente en este marco, los medios alternativos e independientes de comunicación, los procesos de educación alternativos, las economías emergentes con base local, el manejo inteligente de internet y muchas otras acciones posibles e imaginativas constituyen acervos que permiten radicalizar la democracia o cambiarla hacia formas más próximas y cercanas a la vida y alejadas de los formalismos y el institucionalismo (5).


Sí, con nuevas políticas de información paralelas y complementarias a las que maneja el gobierno y el Estado, otra democracia es posible.

1. Cfr. Viviescas, F., Giraldo, F. (compiladores), Colombia: el despertar de la modernidad, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, 1991.
2. Cfr. “La red Echelon: el control de internet y de todas las comunicaciones”, en: Le Monde diplomatique, Nº 131, julio, 2013, edición Colombia, disponible en: http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/415-la-red-echelon-el-control-de-internet-y-de-todas-las-comunicaciones
3. Cfr. F. Pasquale, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Conbtrol Money and Information, Harvard, MA, Harvard University Press, 2016.
4. Cfr. R. Raphaël y L. Xi, “Chinos buenos y chinos malos. El crédito social, sistema de evaluación de los ciudadanos”, en: Le Monde diplomatique, Nº 185, febrero, edición Colombia, pp. 30-31.
5. Cfr. C. E. Maldonado, Sociedad de la información, políticas de información y resistencias. Complejidad, internet, la red Echelon, la ciencia de la información, Bogotá, Ediciones Desde Abajo, Colección Primeros Pasos, 2019.

 


Para un debate

La modernidad se inicia, en un proceso lento, en el siglo XII en Occidente, particularmente cuando se hace el tránsito del sistema de numeración románico al sistema de numeración arábigo. Con el primer sistema era imposible pensar grandes cantidades, y más bien, el pensamiento es esencialmente cualitativo. Ser medievales significa tener una mentalidad básicamente cualitativa. Por el contrario, con el sistema de numeración arábigo aparecen, primero el número cero, que originalmente fue descubierto por los Indios (aunque en Mesoamérica los Mayas ya lo habían descubierto por su cuenta), y además, fue posible acceder a números inmensos, ulteriormente al infinito. Ser modernos significa acceder, además, a una mentalidad cuantitativa. La ciencia moderna es el desarrollo y el resultado de esta cuantificación de la realidad, hasta cuando, en su ápice, Newton y Leibniz inventan el cálculo (el integral y el diferencial). Unos años más tarde, G. Achenwall desarrolla la estadística (1749), cuyos antecedentes pueden remontarse sin dificultad a los trabajos de Fermat, Pascal, Bernoulli, Laplace y Bayes.
Pues bien, Colombia comienza a pensar en términos modernos –esto es, cuantitativos-, con los tres elementos mencionados: la misión Kemmerer (1929), la creación del Dane (1970) y la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) en 1991. Sin embargo, la verdad es el país no termina de entrar a la modernidad hasta la fecha, pues social y culturalmente las matemáticas siguen siendo una estructura mental alejada de la vida cotidiana de los colombianos.
Vale decir incluso que, en marcado contraste con países como México, Chile y Brasil, en Colombia jamás entró el positivismo debido a la fuerza de la Iglesia Católica y del Partido Conservador. El neotomismo imperó en la educación y en la mentalidad del país, y ni siquiera los gobiernos liberales de los años 30 lograron erradicar esa influencia. Esta es una de las razones por las cuales el país tuvo una historia de violencia tan terrible. Contra los argumentos se impusieron siempre las armas.
No en últimas instancia, los miedos de la extrema derecha por el proceso de paz en marcha responde justamente a este fenómeno: la modernidad fue en la historia de Colombia una promesa incumplida.

Lunes, 15 Abril 2019 07:26

Desempleo y salario mínimo

Desempleo y salario mínimo

El desempleo está creciendo. Y es equivocado afirmar que este aumento se debe al mayor salario mínimo.

 

 

En febrero de 2019 la tasa de desempleo fue de 11,8%. Tal y como se observa en la gráfica, es el nivel más alto de los últimos 6 años. Su evolución resalta problemas estructurales de la economía colombiana. Por tanto, la situación actual no debe interpretarse como un fenómeno pasajero.

Entre las causas que están llevando a esta agudización del desempleo, destacan tres. La primera, la creciente dependencia del petróleo y del carbón. Es decir, la consolidación de la economía extractiva. La segunda, el debilitamiento del mercado interno. Las bonanzas llevaron a un deterioro del aparato productivo nacional. La tercera, la acentuación del déficit en la cuenta corriente.

Estos tres argumentos, que son de naturaleza estructural, desvirtúan los análisis que le atribuyen los problemas del desempleo al aumento del salario mínimo, que en el 2018 fue de 6%. Se dice que al subir más que la inflación, que fue de 3,18%, el mínimo ha tenido una incidencia negativa en la generación de empleo. No es cierto que el mayor salario sea el responsable del desempleo. ¡Todo lo contrario! Cuando el salario sube la demanda aumenta, las empresas venden más y el empleo crece. El aumento del salario mínimo por encima de la inflación tiene ventajas porque permite incrementar la demanda y, sobre todo, porque mejora la capacidad de pago, y la calidad de vida de los trabajadores. Cuando le atribuyen al salario mínimo el aumento del desempleo se ocultan fenómenos complejos de la economía colombiana, que pueden ser los determinantes de la pérdida de empleos. Así que los males profundos de la economía han contrarrestado las bondades que podrían haberse derivado del aumento de los salarios.

 

Predominio de la economía extractiva

 

La economía extractiva sigue creciendo, y cada vez gana más relevancia en el PIB y en la estructura de las exportaciones. En el 2017 cerca del 80% de las exportaciones colombianas correspondían a bienes primarios: petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. Sobre todo, la economía está sometida al comportamiento de los precios del petróleo y del carbón. Esta reprimarización tiene dos características. 1) El PIB, y el balance fiscal, terminan dependiendo de la variación de los precios del petróleo y de los minerales. Cuando su precio aumenta, las exportaciones crecen. Pero estos movimientos son nominales y no guardan relación con la producción real. Un mayor precio del petróleo eleva el PIB, sin que necesariamente se afecte el volumen de la actividad productiva. Así que altos precios del petróleo y del carbón pueden estar acompañados de mayor desempleo. Estas actividades son intensivas en capital, y por esta razón el mayor valor de las exportaciones de petróleo y carbón, no suele estar acompañado de aumentos significativos en el empleo. En el lenguaje usual se supone, de manera equivocada, que los mayores precios internacionales de los minerales e hidrocarburos siempre favorecen la economía. Se dice que son intrínsecamente buenos. Esta visión además de que es simplista, deforma la realidad.

 

 

La forma como la economía se ha ido reprimarizando se observa bien en el cuadro. En 1965, cuando apenas comenzaba el modelo de sustitución de importaciones, el 73,4% de las exportaciones eran alimentos (café, flores, banano…). Y la partición de petróleo y minerales era de 17,7%. La industria, que apenas representaba el 4,2%, llegó a su punto más alto en 1990, con 16,4%. Esta dinámica de las manufacturas fue el resultado positivo de las políticas diseñadas por la Cepal de estímulo a la industria y de sustitución de importaciones. Recientemente, en el año 2016, el peso de la industria se redujo a 6,2%, y el petróleo y los hidrocarburos subieron a 66,3%. La reprimarización es evidente. Este rubro, más el de alimentos, suma 82,3%.

 

El agotamiento del mercado interno

 

El manejo de las bonanzas del petróleo y los minerales ha sido inadecuada. No se han generado dinámicas autónomas. Los efectos multiplicadores de las economía extractiva han sido mínimos. En otras palabras, no se han sembrado las bonanzas. El país ha renunciado a la reflexión sistemática sobre la forma como los excedentes de las bonanzas se reflejan en un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura nacionales. En lugar de incidir de manera positiva en la producción interna, los altos precios internacionales han estado acompañados de una reducción de la capacidad productiva nacional. La industria y la agricultura se han debilitado. Si estas actividades se ahogan, el empleo no crece. Efectivamente, la bonanza no ha ido a la par con un crecimiento de la productividad de la industria y la agricultura. Sin mercado interno no hay empleo. El mayor desempleo es una expresión del debilitamiento de los sectores manufacturero y agropecuario.

 

La acentuación del déficit en la cuenta corriente

 

En contra de las expectativas del Ministerio de Hacienda, el déficit en cuenta corriente ha aumentado. En el 2018, de acuerdo con el Banco de la República, el desbalance fue de 3,8% del PIB. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se había dicho que este déficit sería del 2,8%. Ello significa que las importaciones continúan siendo mayores que las exportaciones. Esta relación debilita la estructura económica del país. Las bonanzas deberían haber llevado a superávit en la balanza en cuenta corriente. Ha sucedido todo lo contrario.

 

No es el aumento del salario mínimo

 

De acuerdo con los tres puntos anteriores, el desempleo puede estar ocasionado por factores estructurales de una índole muy diferente al aumento del salario mínimo, al que no le pueden atribuir tal realidad.

Frente al impacto del salario se presentan dos visiones. Una, desde la óptica del empresario, supone que los menores salarios se reflejan en una mayor ganancia, en un incremento de la inversión, y en más empleo. Esta perspectiva es rechazada por los autores que siguen a Keynes, para quien es bueno que el salario suba porque la capacidad de compra aumenta, la demanda crece y los empresarios contratan más trabajadores. Así que el aumento del salario es compatible con un crecimiento del empleo. Pero para que ello sea posible se requiere corregir los males estructurales que han debilitado la actividad económica nacional.

 

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13 de abril de 2019

Publicado enColombia
Sábado, 13 Abril 2019 16:08

Incertidumbre y malabares estadísticos

Incertidumbre y malabares estadísticos

El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas. Como parte de ello, en Colombia los censos constituyen la fuente primaria del Sistema Estadístico Nacional. Los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda (Cnpv) 2018, tras más de seis meses de concluido, no se conocen aun. Los informes preliminares presentados por el Dane generaron incertidumbre. En contraste con las proyecciones oficiales, cuatro millones y medio de personas están en el “limbo”. Los marcos muestrales de las encuestas cambiaron, hay reducción en las transferencias fiscales a algunas entidades territoriales, los indicadores socio-económicos y las series históricas se ven alterados. Este artículo estudia la situación generada por este último Cnpv y analiza sus resultados preliminares publicados por el Dane.

 

 

 

Incertidumbre. ¿Cuántas personas habitan Colombia hoy día? La respuesta es incierta, lo que indica que no hay seguridad, confianza ni certeza sobre la información estadística con que ahora cuenta el país, de lo cual da cuenta esta dualidad: de acuerdo con las proyecciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), deberíamos aproximarnos a los 50 millones de personas, pero según el Cnpv 2018, estirando hasta donde dan las cifras, alcanzamos los 45,5 millones (Gráfico 1).


Así como es difícil gobernar sin medición, no hay medición sin política. Sobre la medición, comenta Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, cuán poco podemos decir sin ella y cuán importante es medir bien. No se puede discutir coherentemente el progreso sin definiciones y evidencia que lo respalde. La necesidad de hacer algo tiende a hacer creer que no es necesario comprender qué es lo que se requiere hacer. Y sin datos, cualquiera que haga algo es libre de reclamar el éxito (1).


No es casual por tanto, lo afirmado, con conocimiento de causa, por un exdirector del Dane, quien sentenció: “En el largo plazo, cuando miremos en retrospectiva la historia de Colombia de inicios del siglo XXI, encontraremos que la pérdida de balances institucionales impidió un tratamiento responsable de las cifras oficiales. Las estadísticas no fueron entendidas como un patrimonio de todos los colombianos sino como un mero instrumento de poder” (2).


Frente a la incertidumbre, derecho de petición

 

Los censos nacionales de población y vivienda (Cnov) permiten a la sociedad contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida. De acuerdo con el Dane, los Cnpv constituyen las operaciones estadísticas más grandes y complejas que realiza un país. Como eje articulador de la información estadística, social, económica y demográfica, sus resultados soportan la formulación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos gubernamentales, así mismo es fundamental para el desarrollo de proyectos del sector privado a nivel nacional e internacional y para la asignación de recursos en el ámbito departamental y municipal.
Ante la incertidumbre generada por los resultados preliminares del Cnpv 2018 (publicados en noviembre de 2018) y la ausencia de cifras definitivas cinco meses después, el director del periódico Le Monde diplomatique edición Colombia, Carlos Gutiérrez, dirigió un Derecho de petición (sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755/15) al director del Dane, Juan Daniel Oviedo Arango. La información solicitada (febrero de 2019) y las respuestas institucionales (marzo de 2019) por parte de Liliana Acevedo Arenas, Directora técnica de Censos y Demografía, se presentan de manera resumida a continuación:
- Pregunta. Resultados definitivos del Cnpv 2018. En el evento de no tener aún los resultados definitivos del Censo en cuestión, le solicito indicar la fecha en la cual está información estará disponible. Así mismo, señalar las razones por las cuales aún no se cuenta con los resultados definitivos y si la entidad dispone de una evaluación técnica de la calidad y objetividad de este Censo que dé respuesta a los cuestionamientos hechos sobre las diferencias de los resultados respecto a las proyecciones de población del mismo DANE y las inquietudes expresadas por entidades territoriales como por ejemplo, el Distrito Capital, Soacha o el Valle del Cauca.
Respuesta: “Actualmente el Dane avanza en el proceso de digitación de los formularios recolectados en papel, así como en las actividades de consolidación, depuración y validación de calidad de esta operación censal. Culminadas estas actividades y se obtenga un dictamen independiente del Comité Técnico Nacional de Expertos para la Evaluación y Análisis del CNPV 2018, se entregará al público en general la base de datos censal definitiva. Así mismo, el Dane avanza con las Secretarias de Planeación de las entidades territoriales que han manifestado inquietudes sobre el operativo censal, en los análisis de cobertura que aportan elementos técnicos para solventar las observaciones con relación a los indicadores sociodemográficos de la población residente habitual en estos territorios, como en la actualidad para tal fin, se trabaja con las entidades territoriales como Bogotá DC, Soacha o el departamento de Valle del Cauca.
Por otra parte, el Dane incluyó preguntas específicas para la evaluación de cobertura en la Encuesta de Calidad de Vida (ya finalizó la recolección en campo); el estudio temático será difundido de manera paralela con los resultados censales. Así mismo, se cuenta con elementos de seguimiento cartográfico para la verificación de cobertura geográfica del barrido censal”.
- Pregunta. Resultado definitivo del Censo 2018, referido a la población, en cada Departamento y en los municipios del país.
Respuesta: “El Dane cuenta con resultados parciales que se encuentran en proceso de consolidación y revisión de calidad. La información preliminar es la siguiente (Gráfico 1)”:

- Pregunta. De igual manera, le solicito informar ¿cómo se armonizarán las cifras del CNPV 2018 con las cifras arrojadas en las demás investigaciones estadísticas que adelante el DANE?, entre estas: Encuesta integrada de hogares, proyecciones poblacionales oficiales del DANE, PIB percápita, calidad de vida, proyecciones de población, estadísticas laborales.
Respuesta: “La operación censal es el eje de los marcos muestrales de las encuestas realizadas por la entidad, por esta razón una vez se actualice el marco censal, el Dane iniciará un proceso de transición de mediano plazo que permitirá calibrar la expansión de las encuestas para garantizar la representatividad de información; así mismo, este proceso es acompañado por análisis temáticos enfocados en los empalmes de las series de datos sectoriales en cada operación estadística que depende del marco censal y así, mediante los procesamientos y metodologías definidas en el marco de las buenas prácticas estadísticas, garantizar la comparabilidad de resultados en cada investigación”.

- Pregunta. ¿Qué ajustes técnicos o estadísticos tiene prevista la entidad para corregir las inconsistencias identificadas en los resultados del CNPV 2018?
Respuesta: “En los procesos de validación de calidad y consistencia de la información censal se aplica la técnica Hot Deck (imputación, esto es, sustitución de valores no informados en una observación por otros) para el ajuste de valores observados sin información. Así mismo, se verifica la consistencia de los resultados de la información declarada por el encuestado idóneo respecto a cada individuo para verificar que son coherentes con los filtros y flujos del cuestionario censal”.

 


 

Medición y política


El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona “[…] informar y recibir información veraz e imparcial”. El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto: i) la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos; ii) las sociedades cambiaron, de estar centradas en la percepción cualitativa pasaron a ser cuantitativas en todos los aspectos; iii) las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas; iii) son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes; iv) los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.


Pese a la norma constitucional y a la razón de ser del sistema estadístico, en Colombia, la clase dirigente ha sido reacia, en defensa de sus intereses y espíritu fariseo y manipulador, al desarrollo de una sólida institucionalidad y cultura estadística democrática.


La poderosa oligarquía terrateniente y su representación en el Congreso y el Ejecutivo impidió, por ejemplo, durante 45 años que se realizara un censo agropecuario (desde 1970 no se hacía uno, el que en 2015 brindó nuevas cifras) con el que se conociera la verdad del campo, esto es, precisar la tenencia y concentración de la tierra, conocer las condiciones de vida rurales y proporcionar información estadística veraz para la toma de decisiones; por esta incertidumbre la mayoría de las políticas del sector agrario fracasaron, trayendo como consecuencia un estancamiento del sector; en 2014 se llevó a cabo el Censo Nacional agropecuario (con un costo de $350.000 millones), pero sorprendentemente, cuatro años después, la administración Duque no tuvo en cuenta sus resultados para trazar los lineamientos de política agraria en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Otro tanto sucede con la producción y manejo de las cifras de empleo, pobreza, valor agregado, inversión, distribución del ingreso, producción departamental, gasto público, turismo, bienestar social, violencia y conflicto, entre otras; todas estas son arbitrariamente amañadas en sus metodologías y resultados, dependiendo de los intereses, necesidades y carácter del gobierno de turno.


Ejercicio del poder que se extiende por doquier, pretendiendo reconstituir su rostro con estadísticas que no corresponden a la realidad, como lo denunció en su momento César Caballero, exdirector del Dane (2002-2004) obligado a renunciar al rechazar las órdenes del presidente Uribe (2002-2010) que buscaban falsear las cifras que se deberían publicar sobre el tema de seguridad y orden público. En la carta de renuncia, Caballero dice: “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”. En el artículo de su autoría “El poder de las cifras y las cifras del poder”, afirma: “Como nunca antes, en Colombia estamos viviendo una discusión sobre la calidad de las cifras en múltiples frentes. Decisiones improvisadas y cambios metodológicos sin justificación clara han generado dudas de sí las estadísticas oficiales reflejan la realidad de nuestro país o responden al interés concreto de quien genera los datos” (3). Todo esto sucede en contra de la experiencia internacional. (Ver recuadro, “Historia…”.).


Al fin de cuentas, ¿cuántos somos?


La población proyectada de Colombia por el Dane, para el año 2018, era de 49.834.727 personas. La población censada sumó 44,2 millones (88,7% de la proyectada); y la estimación de personas ausentes en viviendas ocupadas y rechazo en la visita censal es de 1,3 millones de personas (2,8% del resultado total del CNPV 2018). En total, el Cnpv 2018 estima la población del país en 45,5 millones (91,3% de la proyectada). El Gráfico 2 registra la población censada y las proyecciones derivadas a partir del año 1951.


Los resultados del Cnpv 2018 se vienen confrontando, cruzando y comparando con otras fuentes de datos, tales como estadísticas vitales (nacimientos y muertes), saldos de migraciones (salida y entrada de personas con fines de quedarse a vivir habitualmente) o información de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Archivo Nacional de Identificación –ANI– y Registros civiles nacionales RCN).


En el promedio 2006-2018, al año mueren en Colombia 205.121 personas, nacen 671.139 y el saldo neto de migración es negativo en 148.207 (se van del país más personas en comparación con las que llegan a residir). La media de aumento anual de la población, en cifras absolutas, es de 317.811 personas. Con base en estos datos, el economista Ricardo Bonilla calcula que a mediados del año 2018, tomando como base de proyección los resultados del Cnpv 2005, la población de Colombia suma 48,8 millones; al tomar en cuenta las estadísticas vitales el resultado ajustado es de 49 millones, y al incluir la migración neta la cifra baja a 47,3 millones (Tabla 1).


De otra parte, con el fin de cruzar los registros individuales, el Dane tomó en cuenta la información de la Registraduria (ANI y RCN) que presenta una base de datos correspondiente a 59,9 millones de personas. A esta cifra le suma los nacimientos y le resta las defunciones; además, toma en cuenta los colombianos que aparecen en la ANI y residen en el exterior (2,3 millones). El resultado es de 46,8 millones de personas habitando el país (Tabla 2).


Implicaciones


Los resultados del Cnpv 2018 alteran directamente todos los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a las entidades territoriales. En cuanto al ingreso medio por persona (PIB/Población total) para el año 2018, el resultado del indicador aumenta de 11,3 millones a 12,4 millones de pesos, esto es, un incremento de 9,5 por ciento (Gráfico 3).


Si bien, el ingreso por persona de Colombia es históricamente inferior a la media de América Latina y el Caribe (AL-C), con el ajuste se cierra la brecha en 8,5 puntos porcentuales: en 2018 el ingreso per cápita de AL-C fue de 8.999 dólares estadounidenses, de acuerdo con las estadísticas de la Cepal, y el de Colombia de 7.733 dólares tomando la población proyectada (85,6% respecto al ingreso de AL-C) y 8.470 dólares considerando el resultado del Cnpv 2018 (94,1% respecto a AL-C) (Gráfico 4).


Al considerar algunos indicadores sociales, como los índices de violencia y pobreza, el efecto es desfavorable: la situación empeora. En efecto, en 2017 fueron asesinados 12.066 colombianos y en 2018 la cifra aumentó a 12.458; con los resultados del Cnpv 2018 la tasa de homicidios por cada 100.000 personas se eleva en 2018 de 25 a 27,4. El índice de pobreza por ingresos (Número de pobres/Población total) también se incrementa en 2018 de 27,5 (con base en las proyecciones de población) a 29,8 por ciento (con base en Cnpv 2018) (Gráfico 5).

 

 


Análisis de los resultados del Cnpv 2018


Al estudiar los resultados de los Cnpv de los últimos 60 años, se observa el movimiento, cambio y transformación permanente de la sociedad colombiana. Las últimas tres generaciones de connacionales son producto de la modernización e internacionalización económica, política, institucional y tecnológica del país, del rápido proceso de urbanización, aumento en los niveles medios de educación y transformación cultural, pero también de las secuelas y cicatrices que deja una economía extractiva y el conflicto armado interno que arranca a mediados del siglo XX y aun no ceja en sus violentos impactos y en la polarización social que produce.

 

El mapa adjunto muestra que se agudiza la concentración de la población en la Región Andina. Históricamente y pese a sus posibilidades geográficas y naturales, quienes han detentado el poder en este país lo proyectaron de manera cerrada, centralista, autoritaria y jerárquica, a diferencia de las sociedades desarrolladas que tienen sus infraestructuras económicas en los puertos de cara al comercio internacional; una irracionalidad que genera alto costo para todo el país, en variedad de aspectos, sin por ello desconocer que las regiones del Caribe y Pacífica tienen también una participación importante en términos demográficos y económicos. La mitad del territorio tiende a ser despoblado a pesar de los avances de la economía extractiva (hidrocarburos, minería, madera, cultivos ilícitos y demás recursos naturales) que ha impulsado el desarrollo forzado y violento en las regiones de Orinoquía y Amazonia a partir de la década de 1970.


La población colombiana avanza sin pausa en su envejecimiento (Gráfico 6). El bono demográfico (rápido aumento de la población económicamente activa o joven en relación a la población dependiente) que favoreció a nuestra sociedad en los últimos sesenta años fue dilapidado. Las carencias crónicas y propias de un país pobre y periférico al capitalismo mundial se ven acrecentadas con una mayor población relativa de adultos mayores de clase media y pobres, sin seguridad social. De acuerdo con el Cnpv 1954, los mayores de 60 años representaban el 4,9 por ciento de la población total; según los resultados del Cnpv 2018 éste subconjunto de colombianos aumenta a 13,4 por ciento (Gráfico 7).


El cambio cultural, el aumento en los niveles medios de educación, la emancipación femenina y el desarrollo económico y político transforman las tasas de crecimiento demográfico hacia su disminución al reducirse el número de hijos por mujer. Pero también la pobreza, la insatisfacción de necesidades, la concentración del ingreso, la inseguridad y la precarización del mercado laboral son fuerzas que impulsan en la misma dirección. En Colombia el tamaño de los hogares tiende continuamente a reducirse: el resultado del Cnpv muestra que en 2018 la frecuencia dominante del tamaño de los hogares es entre una y cuatro personas (Gráfico 8); el tamaño aumenta en los estratos socio-económicos más bajos (“Exigua es la mesa de los pobres, pero prolífico su lecho”).


La violencia homicida afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres; en particular en el intervalo de edad de 15 a 45 años. El comparativo de la participación porcentual de la población por sexo muestra que la relación hombres/mujeres cae de 49 a 48,6 por ciento, entre 2005 y 2018.


Un pogromo consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes. La historia de Colombia es una historia de pogromos, masacres, robo de tierras, migraciones forzosas y trasiegos territoriales. El conflicto armado de los últimos sesenta años deja hasta ahora un saldo de 8,5 millones de víctimas, pero también el despojo de 6,5 millones de hectáreas a campesinos pobres y poblaciones originarias (negros e indígenas) por parte de terratenientes y grupos que concentran el poder de facto. Actualmente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal impulsa un proyecto para modificar la Ley de Restitución de Tierras, con el fin de legalizar el despojo de tierras. Entre tanto, el senador Uribe promueve en el Congreso una Ley que genera impunidad al blindar jurídicamente y favorecer, de una parte, a los políticos, empresarios y militares promotores de la guerra sucia paramilitar y, de otra, a los funcionarios que trabajaron durante su presidencia y que están condenados por corrupción en el manejo de los recursos públicos del programa “Agro Ingreso Seguro”.

 


Los gráficos 9 y 10 muestran el brutal impacto de la guerra durante el siglo XX y lo corrido del XXI, y de una economía fundamentada en el extracciónismo, la ganadería extensiva, la agroindustria y la explotación de recursos naturales y energéticos, sobre las poblaciones rurales de Colombia: desplazamiento forzoso y pérdida de participación de las poblaciones que habitan los campos y centros poblados del país respecto a la población total y caída en el la participación del valor agregado agropecuario en el PIB nacional.


Realidad y reto


La estadística juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia y se constituye en la actualidad como una de sus principales herramientas. Las estadísticas contribuyen a que podamos tener mayor y mejor información y conocimiento sobre la realidad del país, su historia y las actuales tendencias socio-económicas y políticas. El derecho a la información y, consecuentemente, la transparencia y la democracia son temas que están asociados directamente al ejercicio de la ciudadanía, y el ejercicio de esta condición está asociado al freno del Estado autoritario, mendaz y excluyente.

 

 


Por todo ello, y por la incertidumbre que generan los resultados del Cnpv 2018, es importante que la ciudadanía conozca los resultados definitivos del mismo, (información oficial que debe contrastarse con las investigaciones y bases de datos de otras fuentes privadas, sociales, sectoriales y de las entidades territoriales), evalué sus implicaciones y se abra un debate público informado y democrático sobre su validez.

 

 

1. Deaton, Angus. (2015). El Gran Escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fondo de Cultura Económica; Chile, pp. 15-32.
2. Caballero, César. (2007). “El poder de las cifras y las cifras del poder”; en: Revista CEPA, abril 2007, Nº 3, Bogotá, p. 22.
3. Ibíd., p. 22.

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, Edición Colombia, y desdeabajo.

 

 

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