La plata de Odebrecht-Aval a la campaña de Santos

Como lo reveló W Radio, en Declaración Jurada ante la Fiscalía, Andrés Sanmiguel confesó que su empresa firmó un contrato falso –que nunca se ejecutaría– con el Concesionario Constructor Ruta del Sol, Consol –sociedad de Odebrecht y el Grupo Aval–, fruto del cual Consol le consignó 3.894 millones de pesos para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos-Vargas Lleras 2014. Según Sanmiguel, él le pasó 3.800 millones en efectivo a Esteban Moreno, jefe de la candidatura de Santos en el Valle del Cauca y gerente de la campaña al Senado y la Cámara del Partido Liberal en 2014. Por la confesión, la Fiscalía le compulsó copias al Consejo Electoral y citó a descargos a Moreno y a Sanmiguel y David Portilla, su compañero en estas andanzas.


Vale resaltar que las acusaciones de Andrés Sanmiguel son afirmaciones sustentadas en documentos de su empresa que él le aportó a la Fiscalía, entre los que están la copia del contrato ficticio por el que Consol le consignó los 3.894 millones de pesos, al igual que las copias de los cheques con los que él convirtió en dinero efectivo la plata que personalmente le entregó a Esteban Moreno. El relato de los detalles de cómo se desarrolló la operación, incluido que Moreno recogía la plata en una camioneta blindada y protegido por veinte guardaespaldas, pueden leerse en el siguiente enlace ( http://bit.ly/32dHbi0 ).


Estos hechos también comprueban –aunque por estas revelaciones alguien confundido pueda pensar en algo diferente– que el encubrimiento fue el aspecto fundamental de la Fiscalía de Martínez, en contra de su deber de investigar a fondo los sobornos por treinta millones de dólares con los que el Consorcio de la Ruta del Sol II –Odebrecht-Grupo Aval– se quedó con el enorme negocio de esa vía.


Porque Andrés Sanmiguel confesó el 12 de junio de 2018, pero la Fiscalía solo le compulsó copias al Consejo Electoral el 14 de marzo de 2019, ¡nueve meses después! Y apenas les imputarán cargos a Sanmiguel, Portilla y Moreno el agosto que viene, si es que ello ocurre, ¡14 meses después de conocerse en detalle de estas maniobras corruptas!, hechos sobre los que el Fiscal Martínez había recibido otras denuncias formales en agosto de 2017, por la suma mencionada y por otros 3.920 millones de pesos también entregados a Moreno con el mismo fin. Llama la atención que esta pueda ser la única pieza de este proceso filtrada tanto tiempo después de generada, y solo luego de que la lucha anticorrupción de los colombianos expulsara de su cargo al Fiscal Néstor Humberto Martínez, el famoso Rey del tapen-tapen.


De otra parte, la corrupción en la Ruta del Sol II a favor de Esteban Moreno había sido denunciada en 2015 por Jorge Enrique Pizano, quien le explicó a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, pagos irregulares a RGQ Logistics –la firma de Moreno– por 2.477 millones de pesos, hechos que también conoció Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado de Sarmiento Angulo. Y el senador Bernardo Noño Elías confesó: “Mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido el otrosí Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reelección primera y segunda vuelta”, prueba que tampoco llevó al Fiscal Martínez a investigar como debiera la campaña y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya estaba de sobra establecido que Odebrecht financiaba campañas –las que fuera y en cualquier país– con el propósito de recibir a cambio contratos de obras públicas con los que pagaba los costos de los sobornos y hacía grandes utilidades.


Además de otras platas de Odebrecht a la campaña de Santos que literalmente no cabe mencionar en este artículo, también está la declaración del senador Armando Benedetti en 2017, que nadie refutó, sobre unas reuniones en mayo de 2014, a una de las cuales asistió Eleuberto Martorelli –Presidente de Odebrecht–, en la que Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez le pidieron a cada uno de los treinta invitados que respaldara con cuatro mil millones de pesos la candidatura presidencial.


Y nada indica que la Fiscalía de Martínez haya investigado en serio las acusaciones de financiación de Odebrecht a la campaña Zuluaga-Trujillo 2014, a pesar de que Duda Mendoza denunció transferencias por 1,5 millones de dólares de Odebrecht a dicha campaña y que los directivos de la trasnacional, Mameri y Martorelli, confesaron que acordaron el arreglo con Daniel García Arizabaleta, directivo de la candidatura y del Centro Democrático ( http://bit.ly/32brkkk ).

 

@JERobledo


Bogotá, 5 de julio de 2019.

Publicado enColombia
Sábado, 20 Octubre 2018 17:11

Lula, de vegetariano a carnívoro

Santiago Ibañez

En los últimos meses, Brasil ha puesto sobre la mesa que la política siempre es “más compleja”. El estallido del Lava Jato y la lucha anticorrupción empoderaron a una parte de la Justicia pero, lejos de mejorarla, erosionaron la ya débil democracia brasileña; la presidenta Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato con un programa volcado hacia el neoliberalismo y terminó destituida en medio de acusaciones de comunismo; la ley de “ficha limpia”, aprobada durante el gobierno de Lula, acabó por cerrarle el paso a la candidatura presidencial. Es difícil reducir lo que ocurre en Brasil a una “proscripción” del ex presidente obrero, pero tampoco se puede dejar de advertir la saña de una parte de las elites contra el Partido de los Trabajadores, y sobre todo contra lo que representa, junto con la debilidad de las pruebas en el caso por el que se lo condenó.

Lula, que alguna vez fue considerado parte de la “izquierda vegetariana” –“me encanta ese tipo”, dijo Barack Obama– terminó considerado por muchos como la encarnación de la “izquierda carnívora”. La lucha de clases soft que durante su gobierno mejoró la situación de los de abajo sin quitarles a los de arriba terminó por ser considerada intolerable para las elites. El caso de Brasil confirma que las clases dominantes sólo aceptan las reformas si existe una amenaza de “revolución”, y la llegada al poder del PT estuvo lejos de la radicalización social. En todo caso, la experiencia petista terminó exhibiendo unas relaciones demasiado estrechas entre el gobierno y una opaca “burguesía nacional” (como frigoríficos o constructoras) que debilitaron su proyecto de reforma moral de la política.

Sin que se haya producido el ascenso de una alternativa “antipolítica” emergente desde el Poder Judicial, como podría haber sido la candidatura del juez Sérgio Moro, una parte de la población se vio seducida por la “antipolítica” de ultraderecha con resonancias militares de Jair Messias Bolsonaro, que hace campaña con biblias y balas y reivindica sin complejos la dictadura del 64.

Sin embargo, finalmente el nuevo escenario parece propicio para una resurrección del “lulismo”: con un presidente sin popularidad (Michel Temer cuenta con la aprobación de un escaso 4%), sin candidatos moderados fuertes y con un Lula que aún encarna un “momento feliz” de Brasil, el postulante del PT Fernando Haddad hoy no sólo “es Lula” –y hasta imita su voz ronca en un spot– sino que representa una opción democrática contra el autoritarismo, moderada contra el extremismo violento, feminista contra la misoginia y diversa contra la discriminación. Al mismo tiempo, la promesa de un “Brasil feliz de nuevo” revela las dificultades para proponer imágenes de futuro, en un contexto de crisis intelectual y programática de los progresismos latinoamericanos.

*Jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Miércoles, 03 Octubre 2018 11:42

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:29

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enEdición Nº250
Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

Publicado enColombia
Economía política del duquismo: continuidades, rupturas y retos

Como lo profetizó la naturaleza el 7 de agosto, que con intensos y gélidos vientos casi sabotea la posesión del nuevo gobernante, lo que viene para las mayorías nacionales en el cuatrienio 2018-2022 serán más reformas con las cuales el capital nacional e internacional pretende ensanchar aún más sus ingresos. Las mayorías nacionales, de permitir que esto ocurra, serán las afectadas. Todo indica que se avecinan jornadas de antagonismo y conflictividad social.

 

“Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades”, proclamó Iván Duque en su discurso de investidura “El Pacto por Colombia”, el 7 de agosto, iniciando, de esta manera, al período presidencial 2018-2022.

 

Evitando decir lo que realmente pretende, además de prometer imposibles, Duque manifestó que su propósito es “gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social”. […] “En nuestro Gobierno el empresario y el Estado y los trabajadores van a trabajar de la mano”.

 

Las fuerzas sociopolíticas son el fundamento de toda sociedad. La economía política estudia la interacción de los procesos politicos democráticos y las relaciones económicas determinadas por los mercados. A partir de la disertación política de Duque y su programa de gobierno, procedemos a continuación con un ejercicio de economía política para analizar las continuidades y diferencias respecto al gobierno Santos (2010-2018), previendo, además, los impactos sociales de los programas y reformas propuestos por el nuevo Presidente.



El proyecto duquista: neoliberalismo, empresarios y emprendimiento

 

“Ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”, esta es la consiga de Duque. En consecuencia, para éste, “Colombia debe ser un país de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que progresen de manera sostenible para garantizar calidad de vida”.

 

La propuesta de emprendimiento del nuevo mandatario se focaliza en la economía naranja, modelo económico que también es conocido como ‘Economía creativa’, y que está basada en la generación de riqueza a través del “talento, la conectividad y la herencia cultural” de las regiones. “Quiero que los jóvenes de Colombia escuchen esto con atención: estamos comprometidos con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

 

“Nos la vamos a jugar por las industrias creativas, por la Economía Naranja”, repite hasta el cansancio Iván Duque. “Nos la vamos a jugar para que este país tenga la posibilidad de ver en los emprendedores tecnológicos unos nuevos protagonistas del progreso. Que el internet de las cosas, que la robótica, que la impresión en 3D, empiecen a ser de Colombia ese centro de innovación que tanto nos merecemos”. Consecuente con este modelo –en realidad con las exigencias de la Ocde realizadas al país como condición sine qua non para ser socio del “club de las buenas prácticas– el nuevo Presidente prometió aumentar la inversión en ciencia, tecnología e información, la misma que desde hace 26 años prometen crecer al menos al 1 por ciento y la que, como todos sabemos, con el 0,6 anual es la cenicienta del presupuesto nacional. Para Duque, este modelo es el motor que generará empleos y riqueza en Colombia.

 

La economía naranja, idealizado por Duque, está articulada también con el turismo. Al año llegan al país alrededor de seis millones de turistas; en divisas, el turismo genera 5.688 millones de dólares y constituye el segundo sector generador de divisas, también de empleo pero de baja calidad. El turismo es considerado uno de los pilares para el desarrollo de la economía; para 2020 se estima que crezca un 30 por ciento.

 

Duque propone un programa de reactivación económica que permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad.

 

Para lograr la meta de aumentar el recaudo fiscal y en paralelo bajar los impuestos a los que generan empleo y supuestamente mejorar los ingresos de los trabajadores, el nuevo Presidente propone eliminar los gastos innecesarios en el Estado, hacer más efectiva la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, además de hacer más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario. Con estas políticas, Duque espera que el crecimiento económico anual supere el 4 por ciento del PIB.

 

El contexto institucional para desarrollar el modelo económico aquí resumido es el neoliberalismo. Vamos a hacer de nuestra economía, afirma el novel Presidente, una economía libre de trámites innecesarios. Vamos a darles a los sectores productivos, como el campo, el impulso de poder llevar la inversión y que esta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino. Duque defiende el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales; cuyo sustento jurídico es la ley 1776 de 2016 que creo las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). De lograrlo, lo que veremos en un futuro cercano es campo sin campesinos, latifundios ganaderos y fincas dedicadas a monocultivo, territorios ocupados por la explotación minero-energética, y extensas zonas rurales dedicadas al turismo ambiental. Es decir, un campo dominado por el empresariado de distinto pelaje.

 

Vamos a diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones, presume Duque, para que haya manufacturas, para que dejemos de depender tanto en recursos que tarde que temprano se van a agotar y le agreguemos valor con nuestras marcas, nuestros diseños, nuestra inventiva y nuestra creatividad.

 

La arenga de Duque anuncia: “Este tiene que ser el Gobierno que sepa cerrar las brechas entre ricos y pobres. Este debe ser el Gobierno que cierre las brechas entre las regiones que acarician el desarrollo y las que se han sentido olvidadas porque el Estado no ha estado presente. Equidad significa construir una paz social. Equidad significa que nosotros no acudamos más al populismo que pretende por decreto tratar de reducir la pobreza. La vamos a reducir porque lo haremos desde una economía de mercado pero con sentido social. No más divisiones entre izquierda y derecha, somos Colombia. No más divisiones entre socialistas y neoliberales, somos Colombia”.

 

Duque es un neoliberal que responde a los intereses del gran capital, con el ropaje de una retórica populista de derecha. Su discurso político está dirigido a obtener el apoyo de los sectores desfavorecidos y cooptar la oposición institucionalizada; pone énfasis en el papel del Estado y desconoce el conflicto de clases. La ideología populista es moralista, emocional, personalista, carente de un programa específico y nacionalista.

 

Duquismo: políticas y reformas económicas

 

A pesar de lenguaje endulzado que acompaña a este nuevo vocero del establecimiento, es necesario recordar que la historia no se cambia a fuerza de voluntarismo. De acuerdo con el economista británico premio Nobel 2003, Clive W. J. Granger (1934-2009), las series temporales económicas y sociales contienen una evolución creciente a largo plazo (tendencia), es decir, una evolución que en cada momento incorpora (integra) el pasado para perpetuarlo hacia el futuro. Así, las tendencias laborales, económicas, distributivas, institucionales, sociales y demográficas de Colombia se van trasladando (integrando) hacia el futuro. Duque espera durante su mandato (2018-2022) alcanzar un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento, estabilizando la tasa de desempleo en el 9 por ciento, condicionada por la elasticidad empleo-producto, de acuerdo con la productividad de la mano de obra y la relación entre el nivel de capital y el de empleo (Gráfico 1).

 

Grfico 1

 

 

En el cuatrienio 2018-2022 la población colombiana aumentará en 2,2 millones de personas, alcanzando la cifra de 52 millones. La medida clave de la prosperidad material es el PIB dividido entre el número de habitantes, cifra que se conoce como PIB per cápita (Gráfico 2). Con base en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda, junio de 2018), para el año 2022 el ingreso per cápita esperado será de 26.9 millones al año, equivalente a 2,2 millones de pesos al mes. De acuerdo con los datos de nueva Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, publicados por el Dane, en promedio cada uno de los actuales 14,3 millones de hogares reporta gastos mensuales por 1,9 millones de pesos en bienes y servicios como alimentación, comida, recreación, educación, salud, transporte y comunicaciones, entre otros. Para el año 2022, bajo el supuesto de una inflación anual del 3 por ciento, el gasto necesario para atender las necesidades básicas del hogar aumenta a 2,2 millones de pesos, igual a la proyección del ingreso medio por persona.

 

Grfico 2

 

En este marco es necesario recordar que Duque recibe una economía altamente endeuda, con un déficit estructural en las finanzas públicas que está obligado a disminuir y un presupuesto público inflexible, sin margen para financiar su propuesta de desarrollo.

 

Tampoco es posible olvidar lo certificado por la tradición: las promesas de campaña electoral se transforman en la carga fiscal que impone el gobernante.

 

En este marco de realidad y promesas, resalta que el proyecto de presupuesto 2019, ya radicado en el Congreso, y que asciende a 259 billones de pesos, no se ajusta a las expectativas financieras que tiene para cumplir sus metas el nuevo gobernante. De acuerdo con lo afirmado por Carrasquilla, el nuevo Ministro de Hacienda (quien ya estuvo al frente de esta cartera durante la administración Uribe), “la verdad es que en el proyecto actual el flujo de inversión cae muy fuertemente, varios programas de inversión que están en curso van desfinanciados y no hay ni cinco centavos para los programas propuestos por el presidente Duque”.



La tendencia crónica al déficit fiscal, la inflación y el endeudamiento público es un reflejo que vivimos por encima de nuestros medios. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se situó en 2,9 por ciento (en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento. En los años 2011-2018 la tasa de inflación se redujo a 3,9 por ciento. Durante el gobierno Santos se profundizó el hueco fiscal y el endeudamiento público.

 

De ahí que la administración que inició labores el 7 de agosto deberá darle curso a una vieja y permanente exigencia del capital nacional e internacional: por un lado una reforma tributaria que brinde más gabelas al capital – los asalariados de ingresos medios cubrirán lo que deje de cancelar el empresariado– y por el otro la reforma pensional; sino le funcionan estas reformas vendrá un tratamiento de choque para evitar que se desborde el gasto del Estado. Por la “Regla fiscal” Duque debe reducir el déficit del Gobierno Central a 1,4 por ciento del PIB en 2022; y por la amenaza de una posible baja en la calificación de la deuda pública debe mantenerla a un nivel máximo del 52 por ciento del PIB durante su mandato (Gráfico 3).

 

Grfico 3

 

Incluso quienes devengan ingresos menores al promedio global también serán afectados. Esto quedó claro en el anuncio de Carrasquilla para mejorar las finanzas del Estado: los colombianos tendrán que aportar más de sus bolsillos al fisco nacional. El anunciado ajuste implica equilibrar los ingresos y los gastos de la Nación. El funcionario confirmó que la esencia de la reforma tributaria es transferir de los ingresos de los trabajadores al Estado tres billones de pesos; ésta debe entrar a regir en enero del 2019. El ajuste fiscal buscará más contribuyentes del impuesto de renta y del IVA, aliviará la carga a las empresas y tratará de reducir en un 10 por ciento la evasión en el primer año, hasta completar 50 por ciento en el cuatrienio (la evasión actual se estima en 40 billones de pesos). La clase media será la más afectada en su capacidad de compra y, en contraste, los empresarios son los más beneficiados al bajar su tributación en cerca de 8 puntos porcentuales y, así, elevar la tasa de ganancias.

 

El ministro Carrasquilla aseguró que la reforma tributaria que prepara la administración Duque tendrá, principalmente, cinco consecuencias: ayudará a aliviar la carga que asumen hoy en día las empresas, aumentará de forma progresiva la renta personal, gravará con IVA toda la canasta familiar, intentará reducir la evasión y venderá activos de la Nación (el principal es Ecopetrol que representa el 60% del valor patrimonial de las empresas del Estado, que suman $70 billones, según la Dirección General de Participaciones Estatales). Para aumentar el recaudo, sin afectar a los propietarios del capital –el poder detrás del trono estatal– gravarán aún más al colombiano con el impuesto a la renta a partir de un ingreso equivalente al promedio nacional ($1,7 millones). En consecuencia, y de acuerdo con sus cálculos, el número de contribuyentes de renta aumentaría de 2,5 a 4,5 millones.

 

En resumen, para cuadrar las finanzas públicas, este Gobierno acude a la vía fácil, esto es, seguir apretando a quienes viven del ingreso mensual que les garantiza su trabajo diario, apretón concretado en cuatro medidas: la reforma tributaria, la reforma pensional, un fuerte recorte de gasto social y la privatización de las pocas empresas estatales que quedan. El Gobierno tendrá que optar entre realizar desinversiones u obtener recursos de capital por 2 por ciento del PIB durante los próximos cuatro años.

 

Un gobierno de los ricos y para los ricos

 

De esta manera, y más allá de lo que digan desde el establecimiento para justiciar las medidas acá retomadas, estas presagian la reducción de la capacidad de compra de los asalariados y clases populares, afectando negativamente su bienestar. El círculo de poder que rodea a Duque son empresarios o personajes provenientes de las fuerzas políticas de derecha; es un gobierno de ricos para ricos. Estos pasan por la “puerta giratoria” del sector privado al Gobierno con el fin de apropiar el bien público, sometiéndolo a sus intereses.

 

No podemos pedir peras al olmo. Poco podemos esperar que durante el gobierno que recién inicia labores se pretenda, de manera directa, disminuir los índices de pobreza o desigualdad. En su modelo todo depende de la acumulación de capital y de la generación del empleo por el aumento de la inversión privada.

 

Es una visión y un ejercicio del poder que ahondará, por tanto, los niveles de pobreza que conocen las mayorías nacionales**. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas para llevar una vida digna. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a los bienes y servicios necesarios; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad o un nivel bajo de ingresos. Bajo las administraciones Santos (2010-2018), la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Las reformas propuestas por Duque, unido a los problemas fiscales y a la reducción del gasto social, tienden a agravar la situación de desigualdad y pobreza (Gráfico 4).

 

Grfico 4

 

 

En relación con el sistema pensional, la política económica de Duque debe abordar tres problemas: la baja cubertura, el 75 por ciento de la población está excluida; la regresividad, el 25 por ciento que está amparado recibe del resto de la sociedad recursos a manera de subsidios por 40 billones de pesos –beneficiando a las familias más ricas del país–; la coexistencia de dos sistemas de aseguramiento con reglas institucionales diferentes y distribuciones asimétricas. El sistema pensional colombiano promueve la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

 

Pese a lo que pretenden, y más allá de los estudios de salón, la reforma pensional debe enfrentar los cuatro males principales que le aquejan: la informalidad de los empleos de los colombianos (el índice de informalidad nacional es de 64%); la insuficiencia de dinero para financiar las mesadas de hoy y de mañana; la inequidad y privilegios, con subsidios para estratos más altos, y la evasión. Todo ello, mientras aumenta la longevidad, es decir, se ahorra menos tiempo como proporción de la vida completa.

 

La reforma planteada por muchos tecnócratas apunta a que más personas puedan aportar, además, que lo puedan hacer con la continuidad necesaria para tener la posibilidad real de pensionarse, y que eso pueda financiarse con los recursos que pongan trabajadores y empresas. La reforma propuesta por Duque, de manera contradictoria con la realidad económica del país, se fundamenta en la generación de empleo y la formalización del mercado laboral. Además, pretende: aumentar las cotizaciones como proporción de los ingresos, incrementar la edad mínima para pensionarse, sumar más tiempo de cotización durante la vida laboral y reducir el valor de las mesadas pensionales. Pero también el capital financiero pretende acabar con el sistema público de pensiones para monopolizar en su totalidad el ahorro pensional de los trabajadores.

 

Durante la campaña electoral, Duque afirmó que el principal reto social de Colombia es la informalidad, que amenaza las finanzas públicas, el sistema pensional, el sistema de salud y la sostenibilidad del gasto futuro. Propuso también la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Señaló, además, que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja. Sin embargo, no planteó explícitamente cuál sería el mecanismo usado y la fuente de financiamiento para el logro de estos fines.

 

Como es usual en Colombia, la reforma no afectará los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.

 

Como fue evidente durante los gobiernos anteriores, el Estado colombiano mantiene continuidad en el diseño y aplicación de las políticas estratégicas, en este caso, en lo económico. Los primeros anuncios de Iván Duque y de su ministro de Hacienda reafirman tal secuencia, la misma que confirma el principio bíblico conocido como efecto Mateo: “el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre”.

 

Estos son los anuncios, y como es conocido, a toda acción viene una reacción, ¿cómo será la de todos aquellos sectores que verán afectados sus menguados ingresos si permiten la concreción de esta política económica y social?

 

Cuadro

 

** En Colombia, durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales. Los indicadores sobre la distribución de la riqueza son aún más injustos que los de distribución del ingreso. En particular, la riqueza de la seguridad social está mucho más concentrada en la clase alta que el ingreso y la riqueza en general.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desde abajo.

 

Publicado enEdición Nº249
Una farsa consolidada pone a Brasil rumbo al abismo

Faltan dos meses y medio para que alrededor de 150 millones de brasileños elijan el próximo presidente, quien sucederá al ilegítimo y golpista –además de corrupto– Michel Temer. Cada día que pasa se hace más evidente que la de este 2018 será la más imprevisible y, por eso, peligrosa elección de al menos los pasados 30 años.

Los mentores y autores del golpe que en abril de 2016 defenestró a la presidenta Dilma Rousseff e instaló en Brasilia a una pandilla, han cumplido con el objetivo inicial: destrozaron conquistas sociales de más de década y media, anulando, inclusive, la pequeña parte positiva creada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. El mismo Cardoso, a propósito, que ha sido figura clave en el actual desmonte del país.

El resultado de miles de millones de dólares destinados a crear la tecnología más avanzada de explotación y producción de petróleo en aguas ultraprofundas, por ejemplo, es ahora regalado a las trasnacionales del sector. La industria de la construcción, tanto como la industria naval, fue diezmada. Por donde quiere que se mire, el legado de Temer y su pandilla es de puros destrozos.

La tan prometida recuperación económica es un sonoro fracaso. Pese a eso, el sistema bancario brasileño está entre los más lucrativos del mundo. Tiene tasas de interés astronómicas, frente a la indiferencia del equipo económico y de las autoridades monetarias.

Al mismo tiempo, entre desempleados y subempleados o con trabajo más que precario, tenemos una población de 27 millones de personas. Nueve veces la población de Uruguay, más de la mitad de la de Argentina, casi un Canadá, más de un Chile y medio. El país volvió al mapa del hambre y millones de sus habitantes volvieron a la miseria.

A lo largo de los pasados meses se aprobó –por tres mil 800 millones de dólares– la venta (disfrazada de "fusión") de la Embraer, la tercera mayor fabricante de aviones del mundo, a la Boeing. El valor corresponde a poco más de 10 por ciento de lo que el Estado brasileño destinó a financiar a la Embraer. Y cuando digo que por donde quiere que se mire lo que se ve es puro desastre, me refiero, por ejemplo, a que el Congreso –el de más bajo nivel ético, moral, político, intelectual– desde el retorno de la democracia acaba de aprobar la utilización de agrotóxicos producidos en Estados Unidos y que en Europa están rigurosamente prohibidos. O que el vicepresidente estadunidense Mike Pence, en visita oficial a Brasilia, se haya dado el derecho de darle una durísima reprimenda a Michel Temer, que, como buen vasallo, bajó la cabeza y listo. Cuando se recuerda el rol y el espacio que Brasil conquistó en tiempos de Lula da Silva y su canciller Celso Amorim, lo que resta es un profundo sentimiento de vergüenza.

Y nos detenemos con un escenario de susto: la derecha, los grandes conglomerados de comunicación, el mercado financiero, los intereses de las trasnacionales, en fin, el golpe, no tienen ningún candidato viable. Hicieron lo que hicieron, lograron parte sustancial de sus objetivos de saqueadores, pero no tienen cómo asegurar la continuidad de lo que consideran esencial para su avidez.

El más rechazado y despreciado gobierno civil de la historia brasileña no tiene delfines. ¿Quién heredará los destrozos para seguir destrozando?

Nada más indignante, sin embargo, en este escenario que provoca pura indignación, que la falencia de las instituciones, empezando por la de Justicia.

La omisión cobarde y cómplice, la más absoluta degradación del Poder Judicial de mi país será, muy probablemente, la marca más fuerte de esos tiempos de vergüenza y descalabro.

La descarada persecución al ex presidente Lula da Silva quedó más que evidente el pasado domingo, cuando el juez Sergio Moro, de primera instancia, ordenó que la Policía Federal no cumpliese una determinación de un magistrado de instancia superior, e inclusive llamó por teléfono, desde Portugal donde vacacionaba, al ministro de Seguridad de Temer para darle la misma instrucción. Frente a semejante absurdo, ¿qué le pasará? Pues nada. El "justiciero" tiene asegurada su impunidad, en tiempos de dictadura togada.

Y se consolidó el jueves 12, cuando el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, desestimó las acusaciones contra él y otros cinco, por no aceptar como prueba la simple delación, sin comprobación alguna, como sustancia para juzgarlo.

Pues ha sido exactamente así –la delación de un solitario delator, sin ninguna otra evidencia, o indicio, y de pruebas mejor ni hablar– que el provinciano Sergio Moro lo condenó y tuvo el pleno respaldo del tribunal de segunda instancia cuyo presidente clasificó de "irreprochable" la sentencia sin siquiera haberla leído.

Lula no podrá disputar una elección en la cual los sondeos siguen indicando su amplísimo favoritismo.

Hay otro dato en los sondeos: sin Lula, victoriosa será la suma de votos en blanco, nulos y abstenciones.

Ese es el legado del golpe mediático-jurídico-parlamentario que lanzó mi país al abismo.

Publicado enPolítica
Sobre el alcance histórico de la elección de AMLO

Hay que festejar un acontecimiento histórico: la primera derrota electoral de las derechas mexicanas reconocida como tal. A la historia remitió también la promesa de mayor peso de la campaña de Andrés Manuel López Obrador (también conocido como AMLO) y sus aliados, inscripta en el nombre mismo de la coalición: Juntos Haremos Historia.


El real alcance del gobierno que nació del voto del domingo obviamente irá decantándose en el tiempo y sólo se podrá sopesar retroactivamente. Sin embargo, algunas cuestiones afloran inmediatamente como parte del debate que se abre a partir de este acontecimiento.


En primer lugar, con la elección de López Obrador culmina un largo y tortuoso proceso de transición formal a la democracia, en tanto se realiza la plena alternancia en el poder al reconocerse la derrota electoral de las derechas y la correspondiente victoria de la oposición de centroizquierda, aquella que había aparecido en 1988 para disputarle al Partido Acción Nacional (Pan) el lugar de oposición consecuente. Cabe recordar, a treinta años de distancia, que desde entonces se asumía que el Pan era una oposición leal, que comulgaba con el neoliberalismo emergente y con el autoritarismo imperante. La alternativa planteada por el neocardenismo y el Partido de la Revolución Democrática (Prd) simplemente propugnaba el retorno al desarrollismo, pero con un acento más pronunciado hacia la justicia social y con otro diagnóstico sobre las causas de la desigualdad respecto del programa actual de López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que coloca a la corrupción como el factor sistémico, como causa y no como consecuencia de las relaciones y los (des)equilibrios de poder. El horizonte de la revolución democrática implicaba un proyecto de transición no sólo formal sino sustancial: el igualamiento de las disparidades socioeconómicas como condición para el ejercicio de la democracia, tanto representativa como directa.


El círculo de la alternancia –y también del beneficio de la duda– que se cierra con esta elección marca sin duda un pasaje histórico significativo pero que no garantiza el alcance histórico del proceso que sigue.


Más aun si las expectativas son tan elevadas como las que suscita López Obrador al sostener que encabezará la cuarta transformación de la historia nacional, autoproclamándose el heredero de Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas. Lejos de todo izquierdismo, privilegia el rasgo moralizador y los perfiles de estadistas y demócratas de estas figuras. No hay truco ni engaño, en su programa y su discurso de campaña esta transformación atañe fundamentalmente a la refundación del Estado en términos éticos, y sólo en segunda instancia ésta tendrá las reverberaciones económicas y sociales necesarias para la estabilización de una sociedad en crisis. Del éxito de la cruzada anticorrupción dependen no sólo la realización de la hazaña histórica de moralizar la vida pública, sino la posibilidad de lograr tres propósitos fundamentales: pacificar el país, relanzar el crecimiento vía mercado interno, y redistribuir el excedente para asegurar condiciones mínimas de vida a todos los ciudadanos. Se trata de una ecuación que, para convencer a propios y extraños, ha sido repetida hasta el cansancio durante la campaña.


Respecto de los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas décadas, el horizonte programático de López Obrador está dos pasos atrás en términos de ambiciones antineoliberales, mientras destaca por la insistencia en la cuestión moral, justo en la que muchos de esos gobiernos naufragaron, y, por otra parte, por tener ante sí el desafío de la pacificación, con todas las dificultades del caso, pero también con la oportunidad de tener un impacto profundo y marcar un cambio sustancial respecto del rumbo actual. Por la urgencia y la sensibilidad que lo rodean, será en este terreno –más que en cualquier otro– donde se medirá el alcance del nuevo gobierno, su popularidad y estabilidad en los próximos meses.


JUNTOS Y REVUELTOS. Por otro lado, la promesa de hacer historia convoca en principio a todos los ciudadanos “juntos”. Sin embargo, más allá de la transversalidad y la voluntaria ambigüedad de esta convocatoria de campaña, todo proceso político implica atender la espinosa definición del sujeto que impulsa y el que se beneficia del cambio. La fórmula obradorista, desde 2006, tiene un tinte plebeyo y antioligárquico: se construye sobre la relación líder-pueblo y la fórmula “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”. Al mismo tiempo, tanto el Morena como la campaña fueron construidos alrededor de la centralidad y la dirección incuestionable de López Obrador, una personalización que llegó al extremo de llamar al acto de cierre de campaña AMLOfest y de usar el acrónimo AMLO como una marca o un hashtag(#AMLOmanía). Pero junto al pueblo obradorista y su guía están otros grupos con creencias y prácticas muy diversas entre sí: los dirigentes del Morena y de los partidos aliados (Partido del Trabajo –PT– y Partido Encuentro Social –Pes–) y toda la pléyade de grupos de priistas, perredistas y panistas que, oportunistamente, cambiaron de bando a último momento. También están vastas franjas de clases medias conservadoras, así como sectores empresariales a los cuales López Obrador dedicó especial atención en la campaña con el afán de desactivar su animadversión y para poder contar con su colaboración a la hora de tomar posesión del cargo. Cada uno de ellos exigirá lo propio, pero sobre todo serán valorados en relación con su específico peso social, político y económico en aras de mantener el equilibrio interclasista y la gobernabilidad.


Entonces “juntos” y revueltos, siguiendo el esquema populista, una abigarrada articulación de un vacío que sólo pudo llenar la ambigüedad discursiva y ahora la capacidad de arbitraje y el margen de decisión del líder que la elaboró y la difundió. Entre equilibrios precarios y alianzas variables, se vuelve imprescindible el recurso a la tradición y la cultura del estatalismo y del presidencialismo mexicano –con sus aristas carismáticas y autoritarias– que, no casualmente, no fue cuestionado a lo largo de la campaña obradorista.


Al margen de los contenidos que, como anuncia el programa, oscilarán entre una sustancial continuidad del modelo neoliberal, condimentada con dosis limitadas de regulación estatal y de redistribución hacia los sectores más vulnerables, la cuestión democrática es la que podría paradójicamente frustrar las expectativas de cambio histórico para reducirse a un esquema plebiscitario bonapartista, ligado a la figura del líder máximo que convoca a opinar sobre la continuidad de su mandato u otros temas emergentes. El culto a las encuestas dentro del Morena, tanto las que sirvieron para seleccionar a los candidatos como las que sostuvieron el triunfalismo de la campaña, podría ser el preludio de un nuevo estilo de gobierno, en el cual el pueblo sea asimilado a la opinión pública.


Esperemos que la transición formal a la democracia que hemos presenciado el 1 de julio, y la experiencia de un gobierno progresista tardío en México, no cierren las puertas a la participación desde abajo, sino que, por el contrario, propicien el florecimiento de instancias de autodeterminación. Esto sí que podría abrir la puerta a una transformación de portada histórica.

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Lunes, 02 Julio 2018 10:05

Arrollador triunfo de López Obrador

Arrollador triunfo de López Obrador

 Andres Manuel López Obrador gana con amplia ventaja los comicios presidenciales celebrados hoy en México. Los números del conteo rápido de la autoridad electoral le concede un 53% de los votos y una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre el segundo candidato.

López Obrador se presentó como el candidato antisistema y logró sacar una ventaja amplia a su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano) y a José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aparece en un lejano tercer puesto.

“La información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos minutos hablé con él (vía telefónica) reconozco su triunfo y le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México”, expresó Anaya, desde su cuartel de campaña.

López Obrador, de 64 años, supo capitalizar el hartazgo en México por una violencia brutal y una corrupción rampante, tras el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI.

Además de elegir presidente, unos 89 millones de mexicanos estaban convocados para votar gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales entre los más de 18 mil puestos en disputa. Se trata de la primera vez que se eligen tantos cargos en un solo proceso.

Las elecciones ponen fin a la campaña electoral “más sangrienta” de la historia reciente de México, con al menos 145 políticos asesinados desde septiembre (de ellos 48 eran precandidatos y candidatos), cuando se inició el proceso electoral, según la consultora Etellekt.


El movimiento de AMLO gana la Ciudad de México y otras importantes gobernaciones

 

Los candidatos de Morena, la coalición que lidera López Obrador, que actualmente no gobiernan ningún estado, se llevan además el triunfo de cinco de las nueve gobernaciones en disputa en esta jornada electoral.

Este triunfo modifica definitivamente el mapa político en los 32 estados que conforman México y que hasta ahora eran gobernados mayoritariamente por el PRI y el PAN.

 

Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo Gobierno

 

En su discurso de agradecimiento, López Obrador garantizó que su Gobierno buscará desterrar la corrupción de México.

El presidente electo afirmó que su Gobierno tendrá como misión principal “erradicar la corrupción y la impunidad”.

“La transformación consistirá, en desterrar la corrupción de nuestro país, no tendremos problemas en lograr este propósito, la corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia”, sostuvo López Obrador.

López Obrador aseguró que “el nuevo proyecto de nación buscará establecer una nueva democracia”, ya que “no apostamos a construir una nueva dictadura”.

El político mexicano sostuvo su intención de “pasar a la historia como un buen presidente” y “ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de toda la nación”.

Estas declaraciones las realizó desde el comando de su coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Horas antes de su locución, los candidatos restantes, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez “El Bronco”, reconocieron públicamente el triunfo de López Obrador.

 


"No creo que vaya a hacer maravillas pero ojalá López Obrador pare la delincuencia"

 

Casi 90 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas. Las elecciones comenzaron con algunos retrasos e incidentes aislados, como las denuncias por compra de votos o el asesinato de una activista del Partido del Trabajo en Michoacán, y terminaron dando vencedor al izquierdista López Obrador.

"Quiero un cambio. Estoy harta del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y espero que no nos ocurra como con Vicente Fox (presidente por el PAN, Partido de Acción Nacional, entre 2000 y 2006), que nos defraudó. Confío en Andrés Manuel López Obrador aunque sé que no es un mesías”. Luz María Mora, auxiliar administrativa de 42 años, resumía una posición extendida entre los votantes mexicanos: apuestan por López Obrador (Tepetitán, Tabasco, 1953) para traer un cambio al país pero observan poca fe en el futuro. Al menos, en las recetas mágicas e inmediatas.

Un total de 89,3 millones de electores estaban llamados a votar en los comicios que se celebraron este domingo. Las encuestas daban como favorito indiscutible a López Obrador, de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social). Por detrás, Ricardo Anaya (Nacualpán de Juárez, 1979) y José Antonio Meade (Ciudad de México, 1969). El primero, liderando la coalición Por México al Frente que reúne al PAN, derechista, al PRD (Partido de la Revolución Democrática), izquierdista, y al Movimiento Ciudadano. El segundo, al frente de la coalición Todos por México, formada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. Y en cuarto lugar, al candidato independiente, Jorge Rodríguez, conocido como El Bronco.

México afronta una grave crisis estructural y nadie, o muy pocos, creen que un nuevo presidente tenga la varita mágica para renovar el país en un corto espacio de tiempo. “No creo que vayan a hacer maravillas, pero al menos que no aumente el desempleo o la delincuencia. No sales a gusto a la calle, hay mucho bandido”, explicaba Mora, mientras aguardaba la fila en la casilla especial ubicada en la Biblioteca Vasconcelos, en el centro de la capital. Este era uno de los lugares en los que los votantes originarios de otros departamentos podían acudir a depositar su sufragio, lo que provocó grandes colas.


"No creo que sea el Mesías. Ojalá López Obrador pare un poco la delincuencia"

 

La mujer es originaria de Playa del Carmen, en Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más populares de México. Se mostraba preocupada por la violencia. Dijo que los asesinatos se han incrementado en su municipio natal (el viernes, un periodista, José Guadalupe Chan Dzib, cayó a balazos, sumándose a una larga lista de víctimas). Afirmó que también tiene una casa en Acapulco pero que no ha podido venderla por la delincuencia. El antiguo destino paradisíaco es ahora uno de los lugares más violentos de México.

“No creo que sea el Mesías. Ojalá pare un poco la delincuencia, mejore algo el trabajo”, dijo Mora. Aseguró que tampoco cree en la campaña de desprestigio que se ha cebado con el candidato izquierdista. Sus oponentes llevan desde hace 12 años, cuando se presentó a la presidencia por primera vez, vaticinando un caos en caso de su triunfo. La tesis es bien conocida en otros lugares del mundo: candidato izquierdista a quien se vincula a Venezuela. Hace una década pudo funcionar, pero ahora es una bala gastada. “Si creyese eso no votaría por López Obrador”, consideró Mora.
El candidato tuvo que votar con retraso

Las elecciones se desarrollaron, al menos hasta mediodía (las 19.00 horas en España) con aparente normalidad. Algunos colegios abrieron con retraso. Por ejemplo, el que acogió la votación de López Obrador, quien tuvo que aguardar hora y media debido a que su casilla, ubicada en Copilco El Bajo, al sur de la capital, no abrió hasta una hora tarde. “Más que una elección va a ser un referéndum, un plebiscito, la gente va a decidir entre más de lo mismo o un cambio verdadero. Nosotros pensamos que la gente nos va a dar su apoyo para iniciar la cuarta transformación de la vida pública del país”, proclamó antes de depositar su voto.
López Obrador: "Más que una elección va a ser un referéndum"

Según anunció, emitía su voto por Rosario Ibarra de Piedra, una histórica activista social que en 1988 aspiró a la presidencia de la República y que actualmente se encuentra con problemas de salud.

Los rivales de López Obrador también depositaron sus sufragios por la mañana. Anaya votó en Quétaro, aseguró estar convencido de su triunfo y se desplazó hasta Ciudad de México para seguir el recuento. Meade afirmó haber apoyado al mejor, en referencia a sí mismo, y se mostró seguro de su triunfo. Los aspirantes intentaron mantener un tono triunfalista.


La violencia, siempre presente

 

La violencia también marcó la jornada electoral. Fuentes del PT, que concurren en la coalición con López Obrador, señalaron que una de sus activistas, Flora Resendiz, fue asesinada en Cantepec, un municipio de Michoacán, en el centro del país. “Salió de su casa parta supervisar la jornada electoral cuando desconocidos que le estaban esperando le dispararon”, señaló Isy De la Luz Rivas, responsable de comunicación del partido.


La presidencia municipal fue también secuestrada durante la campaña, denuncian

Según estas mismas fuentes, la candidata a la presidencia municipal fue también secuestrada durante la campaña. “Es un lugar que está duro”, dijo De La Luz Rivas.

Las denuncias por compra de votos también se han multiplicado, especialmente en estados norteños como Nuevo León o Tamaulipas. Resulta lógico: en México hay al menos 50 millones de personas en condiciones de pobreza y las redes clientelares aprovechan la necesidad para garantizarse apoyos en las urnas. Según una encuesta del colectivo Acción Ciudadana contra la Pobreza, al menos 30 millones de electores recibieron alguna oferta para vender su sufragio. A pesar de todo, y teniendo en cuenta que fraude y las mañas forman parte de la historia electoral mexicana, Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, avanzó un primer informe en el que recogía que la jornada se estaba desarrollando sin incidentes.

La sombra del fraude también está presente. Lo explicó Carlos Rozas, de 31 años, músico de profesión. Es originario de Baja California pero vota en Ciudad de México. "Es probable que se intente hacer fraude. Va a ser más difícil que en otras ocasiones porque la diferencia entre López Obrador y el resto es amplia, pero es México y siempre hay fraude”, aseguró. En su opinión, “México es la última pantalla de un videojuego muy difícil”. “Hay desinformación, falta de educación, la constante violación del Gobierno hacia nosotros”, explicó. “Las cosas no van a ser diferentes mañana, mañana no va a cambiar nada, quizás en 30 años”, dijo.

Los colegios electorales permanecieron abiertos hasta las 18:00 horas (1.00 horas en España) y hasta las 23.00 (las 6.00 horas en España) no se conocieron las primeras estimaciones. No sólo elegía presidente, sino que el 80% de los cargos públicos de México (senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales) salen de esta votación, la más grande en la historia del país. Al igual que las encuestas, las primeras estimaciones daban vencedor a López Obrador.

En realidad, todos daban por hecho el triunfo del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, y finalmente, tras los resultados del recuento rápido , sus seguidores tomaron el Zócalo para celebrar la victoria. Sería un paréntesis en la fiebre futbolera que afecta a México y que tendrá su próximo episodio mañana, cuando la selección que comanda Juan Carlos Osorio se enfrente a Brasil. El país seguirá a su selección con un nuevo presidente electo y comienza la cuenta atrás de cinco meses hasta que acceda definitivamente al puesto.

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En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

 

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

 

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

 

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

 

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

 

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

 

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

 

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

 

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

 

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

 

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

 

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

 

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

 

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

 

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

 

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

 

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enEdición Nº247
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