Se unió la izquierda en Perú: Pedro Castillo suma el apoyo de Verónika Mendoza

De cara a la segunda vuelta de las presidenciales el 6 de junio

Acordaron crear un programa de vacunas universales y gratuita, reactivar la economía, combatir la corrupción, reformar el Estado e impulsar una nueva constitución.

Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.   

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¿Un neoliberalismo popular para Madrid?

Las elecciones para la Comunidad de Madrid dieron un claro triunfo al ala derecha del Partido Popular. Con un discurso contra las restricciones que exige la pandemia, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso se impuso sobre el conjunto de la izquierda con lemas como «comunismo o libertad» y un proyecto abiertamente neoliberal. El Partido Socialista Español quedó tercero -después de Más Madrid- y los malos resultados de Unidas Podemos llevaron a Pablo Iglesias a renunciar a la política institucional y partidaria.

 

El triunfo rotundo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid abre el camino a algo inédito hasta hoy en la política española: un discurso abiertamente neoliberal que se le ofrece al Partido Popular (PP) como vía de salida para alcanzar autónomamente la Moncloa, absorbiendo a Ciudadanos y conteniendo a Vox, la fuerza de extrema derecha fundada a fines de 2013. Se dirá que fue Madrid justamente el lugar del ala neoliberal del PP, con su ex-mandataria Esperanza Aguirre. Sin duda, pero ni aun en los momentos más débiles de Mariano Rajoy en la jefatura del partido, ese discurso había logrado hegemonizar la formación conservadora. Eran los tiempos en que las elecciones se ganaban «por el centro».

Ayuso ha logrado resolver la ecuación que el líder del PP Pablo Casado viene intentando despejar desde que ganó la dirección del partido en 2018, relegando a la «centrista» Soraya Sáenz de Santamaría: volver a ocupar todo el espacio del centro a la derecha, sin depender de Vox ni de Ciudadanos. La gran diferencia entre los tiempos de Rajoy y Aguirre y el momento actual es la aparición de Vox, formación posfascista escindida del PP y que le disputa los votos de la derecha más radical. Ayuso parece haberlo conseguido. No solo porque ha absorbido a Ciudadanos, sino también porque ha frenado a Vox, que sigue siendo necesario para formar gobierno, pero queda políticamente irrelevante. En efecto, Vox no se puede negar a apoyar al PP –sea absteniéndose o votándolo en la investidura–, pero en cualquier caso no podrá exigirle entrar en el gobierno ni condicionar su accionar. Por otra parte, es muy probable que eso no le interese a la formación liderada por Santiago Abascal, pues estas elecciones son para completar los dos años que le quedaban al mandato de Ayuso. Vox prefiere aparecer como la agrupación que frenó a la izquierda y no comprometerse con la que llama «derechita cobarde» del PP, a fin de mantener su perfil partidario.

Resignificación de la pandemia

Este discurso abiertamente neoliberal tiene mayor impacto porque se da en el marco de una recuperación del protagonismo estatal y comunitario motivada por la pandemia. En efecto, en marzo de 2020 toda España se vio abocada a un confinamiento estricto. Tras décadas de corrosión de la autoridad estatal y de desprestigio de lo público –especialmente en Madrid, donde el PP gobierna desde 1995–, la izquierda depositó buena parte de sus esperanzas en que la pandemia hiciera ver la necesidad de recobrar el pulso comunitario. El cumplimiento del confinamiento fue disciplinado y el gobierno de centroizquierda –Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos– diseñó políticas públicas de apoyo a los desfavorecidos por la pandemia. Aunque lo negó, entre la salud pública y la economía, optó lógicamente por la primera sin desatender la segunda, si bien sus medidas sociales fueron criticadas por algunos de sus socios de izquierdas por poco audaces.

Díaz Ayuso fue ocupando de a poco, en unos términos inusuales para la política española, el liderazgo de facto de su partido en la labor de oposición nacional a la gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En efecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid no les reprochaba ya incapacidad técnico-administrativa, sino un fanatismo ideológico que –valiéndose de las circunstancias excepcionales– les permitía privar de la libertad a los ciudadanos y tomarlos como rehenes del Estado, a fin de convertirlos en sus mantenidos. De este modo, el discurso de Ayuso evocó una vaporosa combinación de comunismo, chavismo y populismo, según la cual se iba contra el mercado, se esclavizaba a la ciudadanía tratándola como a menores de edad dependientes del Estado, se destruía la economía y, de paso, la nación española. Esto último era el corolario lógico de un gobierno, según Ayuso, «social-comunista aliado a los enemigos de España» (Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu). España retornaba de este modo a la Guerra Fría.

Así, donde la izquierda esperaba encontrar el antídoto contra el neoliberalismo –del que en España se habla poco, por otra parte–, la derecha más dura halló la forma de mostrar la necesidad de un Estado «mínimo» y de un gobierno «técnico». Cumplió entonces el sueño neoliberal: el Estado es importante, pero no para quitarles autonomía a los individuos privados con su paternalismo, sino para devolverles esa naturaleza comerciante borrada por años de intervencionismo. Colocó así al emprendedor como figura paradigmática del ciudadano y desde ahí reivindicó una idea epicúrea: huye de la política pero no de lo colectivo, cuya única expresión auténtica es la comunidad privada conformada por los amigos y la familia. Los miembros de esa comunidad privada engrandecen la nación a través de la búsqueda privada de su beneficio personal. Este vitalismo fraternal, antipolítico y hedonista tenía su lugar natural: los bares, la calle, el encuentro con «los tuyos» después de una dura jornada laboral. No fue ajena a este sentimiento la idea de un orgullo de Madrid («vivir a la madrileña»), reafirmado tras años de auge del «catalanismo». Ayuso vino a decir lo que no se podía enunciar: España empieza en Madrid, Madrid es España y, por supuesto, España es una gran Nación. Todo ello le permitió legitimar en nombre de la “libertad” su opción en favor de la economía y en detrimento de la salud.

El contragolpe al 15-M

Esta resignificación de la excepción pandémica en prueba de normalidad del mercado y del emprededorismo ha venido a significar un fabuloso contragolpe, largamente elaborado, contra la izquierda y el progresismo, justo a diez años del 15-M y del movimiento de los «indignados», del cual surgiría Podemos. La irrupción de Pablo Iglesias en la campaña electoral de Madrid, a la que «bajó» dejando su lugar nada menos que como vicepresidente del gobierno nacional, fue muy bien recibida por Ayuso, que necesitaba un contrincante a su medida que hiciera verosímil su discurso de «comunismo o libertad». Iglesias entró con aire salvífico en la campaña, dando un golpe de efecto que no duró más que unas horas. Ni siquiera pudo disimular que escondía una importante debilidad: en verdad, su candidatura mostraba la fragilidad estructural de un partido leninista construido alrededor de su liderazgo, sin estructura organizativa ni arraigo popular en un territorio que, como Madrid, debería ser más que propicio para una fuerza como Unidas Podemos. En efecto, Iglesias quiso encubrir ese tembladeral ofreciéndose como prenda de unidad de la izquierda, un fetiche de la cultura política de la izquierda no socialista. 

Iglesias fue rechazado, no sin cansancio e incomodidad, por los dos partidos a los que interpelaba. Más aún, el propio PSOE, con el que Unidas Podemos cogobierna en el nivel nacional, afirmó a través de su candidato Ángel Gabilondo que «con este Iglesias» no formaría gobierno. Luego, solo cuando vio que no le alcanzaban los votos, ensayó una rectificación y llamó a «Pablo» a vencer juntos a la derecha. En verdad, Iglesias solo buscaba que su partido no quedara por debajo de 5% de los votos, límite para conseguir representación, y de paso cobrarle una antigua factura a su otrora número dos de Podemos, Íñigo Errejón, obligándolo a una negativa a la unidad que lo hiciera responsable de la desunión y, eventualmente, de una derrota a manos de la derecha. 

Finalmente, Iglesias logró apenas 7% de los votos. El golpe para Unidas Podemos no pudo ser más fuerte: no solo se presentó con un discurso antifascista, propio de la vieja izquierda no socialista eternamente enojada con el PSOE y sus bases por sus «traiciones» e «inconsecuencias», sino que además movilizó a la derecha extrema más que al electorado abstencionista tradicionalmente vinculado a la izquierda. Por si esto fuera poco, su rival íntimo, Más Madrid de Errejón, logró rebasar electoralmente al PSOE y se colocó como segunda fuerza por un puñado de votos. La fuerza de Errejón conseguía así dar el sorpasso al PSOE. La reacción de Iglesias –renunciar a sus cargos y abandonar la política partidaria e institucional tras conocerse los resultados– no deja de ser una muestra de responsabilidad política, si bien alejarse de todos sus cargos se inscribe en un acto repetido de muchos dirigentes del Podemos inicial, que parecieron entender que la política tenía la lógica de las redes sociales, donde o hay éxito inmediato o no hay nada. No parece ser la enseñanza que se puede extraer de la ética política de quien lucha por una causa.

El partido que sale ganador, tras PP y Vox, es Más Madrid, que se consolida como cabeza de la oposición en Madrid. Es el rol que venía ocupando de facto en el Parlamento madrileño. Los análisis electorales han tenido en cuenta casi exclusivamente la campaña y poco la oposición de los dos últimos años. Esta ha sido la que ha resaltado el papel de Mónica García, una médica de hospital público capaz de transmitir autenticidad y compromiso social en el contexto de la pandemia, como contracara de un deslucido Gabilondo, una vez más candidato del PSOE. Esto le ha permitido vivir en primera persona la crisis del covid-19, cuya gestión por parte de Ayuso dejó serias dudas, algunas muy comprometedoras, como la decisión de que los ancianos de las residencias no fueran trasladados a los hospitales. García se ha destacado en el Parlamento por su convicción y su firmeza, pero asimismo por no tener los modos de una burócrata de partido. Esto también puede ser una enseñanza para una formación joven como Más Madrid, necesitada de arraigo en la sociedad civil.

Ciudadanos fue literalmente engullido por el PP y ha pasado de ser la tercera fuerza, con casi 20% de los votos –lo que le permitió cogobernar con Ayuso–, a quedarse sin representación (3,57%). Es el otro gran perdedor, junto al PSOE. Pero, a diferencia de este, carece de estructura y arraigo, una deficiencia de los partidos de la llamada «nueva política». 

Vox aparece como un ganador sui géneris: pese a que no mejoró sus números y repitió la elección de hace dos años (9%), su objetivo político no es electoral, sino de medio plazo: derechizar el debate público. Para ello necesita arrastrar al PP a la derecha, obligándolo a hablar de temas «políticamente incorrectos» para el «consenso del 78», como inmigración, Estado de Bienestar, «costo» de la política, etc. Por ello necesita conservar esa porción de votos que al PP se le ha ido y que le resulta clave de cara a formar gobierno. Tener de rehén al PP le permite a Vox, de paso, alcanzar un gran eco mediático para su discurso de extrema derecha. Y eso lo consiguió con creces de la mano de Rocío Monasterio, una candidata que capturó los focos durante toda la campaña y no escatimó en escándalos, como cuando le dijo a Iglesias que «se largara» de un estudio de radio.

El PSOE, finalmente, tendrá que reorganizarse en Madrid, plaza en la que está orgánicamente tocado desde hace décadas. De hecho, el largo gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, iniciado en 1995, se origina en que dos diputados socialistas impidieron la consagración del candidato del PSOE al ausentarse el día de la votación (el «tamayazo»). Todas las sospechas indican que fueron sobornados por el PP, situación que –más allá del evidente caso de corrupción– señala la debilidad interna del poder socialista en la región. El candidato Gabilondo repitió porque las elecciones se adelantaron y el PSOE no tuvo tiempo de renovar su candidatura. Se trata de una voz propia de la Transición, una cultura política en buena medida ya «fuera de contexto», de una época que ya significa poco para los votantes –especialmente para los jóvenes–.

¿Un triunfo de proyección nacional?

La pregunta que deja la elección de Madrid es si este escenario se puede trasladar al ámbito nacional, es decir, a las próximas generales de –en principio– 2024. La propia Díaz Ayuso interpretó así su triunfo en su discurso de la noche electoral, en el que saludó a los militantes de la mano del líder nacional, Pablo Casado. La traslación no es obvia, y tampoco lo es que le traería solo ventajas al PP. En efecto, cuando asumió la presidencia del PP, Casado comenzó haciendo seguidismo de Vox, para luego dar un golpe de timón hacia el «centro». Volvió así al lugar conservador clásico del PP, con sus trazos nacionalistas, católicos y liberales. La política española no está acostumbrada a los vaivenes a los que estaría obligado Casado ahora: carece del swing movimientista, es más bien de seguir escrupulosamente un único paso de baile. De hecho, Díaz Ayuso ha tenido éxito porque su discurso es muy similar al de Vox, no porque haya podido balancearse de la extrema derecha al centro según silbe la música del momento. Por otra parte, este triunfo agrega una nueva presión a Casado: la del liderazgo de la propia Ayuso, que vendría a representar ahora el original a imitar.

Pero aun en el mejor de los casos para el PP, no está claro que ese discurso resulte atractivo en todo el país. Cabe decir que el PP no es realmente un partido nacional, pues su representación en Cataluña y en el País Vasco es muy baja para un partido que aspira a la Moncloa, máxime con el llamado «problema catalán» –se trata más bien de la cuestión española sobre cómo organizar el Estado en torno de una identidad común– como principal asunto político de alcance histórico.

La elección de Madrid refuerza el eje izquierda-derecha que la nueva política había venido a cuestionar y liquida todo vestigio de la «hipótesis populista» del primer Podemos. Pero con una novedad: ahora parece que las elecciones no se ganan en todo el país «por el centro», sino que en algunas autonomías se triunfa por la derecha, merced al éxito del contragolpe de Vox, quizá el gran vencedor a medio plazo de la aparición de la «nueva política».

En cualquier caso, España sigue alejándose de los modos y procedimientos de la Transición, sin tener todavía un rumbo claro. Pero, eso sí, arrastrando algunos fantasmas que desde aquella época transporta en la bodega y que están también en el origen de este nuevo rumbo incierto, a la espera de ser resueltos: la cuestión nacional, llamada piadosamente «cuestión catalana» o «problema territorial», de la cual Vox se ha beneficiado, y la cuestión social, esto es, su relativo atraso en el desarrollo del Estado de Bienestar, merced a un importante acento oligárquico de sus elites, que no parecen dispuestas sencillamente a pagar impuestos, a la espera de que los fondos europeos compensen ese impago. Mientras, desgastan las condiciones laborales y, así, toda la vida comunitaria. El discurso de Díaz Ayuso expresa en buena medida eso, pero también el haber logrado el consentimiento de importantes segmentos de los sectores populares, condenados como están a la lucha darwinista. Lo que está en juego no va más allá de una posición defensiva de la izquierda que, ante el embate neoliberal y nacionalista español que la acusa de «comunista» y/o «populista», intenta solo que este discurso reaccionario no siga conquistando voluntades en los sectores populares.

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Pedro Castillo duplica la intención de voto de Keiko Fujimori en Perú

El maestro rural alcanza el 41,5 por ciento en la última encuesta

 

El candidato de izquierda, Pedro Castillo, duplica la intención de voto de Keiko Fujimori, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, según una encuesta difundida este domingo. El sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicado en el diario La República señala que el 41,5 por ciento de los encuestados votaría por Castillo y el 21,5 por ciento lo haría por Fujimori en el ballotage del próximo seis de junio.

Así, a ambos candidatos los separan 20 puntos porcentuales, una distancia mayor a los 11 y 15 puntos de diferencia que reportaban las encuestas previas. Castillo es además el favorito en la mayoría de las provincias peruanas: domina con un 43,6 por ciento en el ámbito urbano y con un 56,7 por ciento en las zonas rurales del país. Por último, un 21,2 por ciento de los encuestados aseguró que votaría en blanco o nulo, mientras que los indecisos llegan al 13,5 por ciento.

Pedro Castillo fue la gran sorpresa de los comicios peruanos, un sindicalista de izquierda con posturas conservadoras en temas como el aborto o los derechos de las minorías sexuales. Por su parte Keiko Fujimori, quien desde hace años concentra una alta proporción del llamado "antivoto", expresa lo que para muchos en Perú es un límite intolerable: la constante reivindicación de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000 y actualmente preso por delitos de lesa humanidad y corrupción.

26 de abril de 2021

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Pedro Castillo arranca como favorito para el ballottage en Perú

El profesor rural le saca once puntos de ventaja a Keiko Fujimori 

Lo que se juega en estas elecciones es la disputa entre continuidad o ruptura con el modelo económico neoliberal. El candidato de izquierda lidera en el interior andino, mientras que la hija del exdictador gana con comodidad en Lima. 

 

Desde Lima

El candidato de izquierda, Pedro Castillo, toma la delantera en la primera encuesta sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará el 6 de junio. El profesor rural de origen andino le saca once puntos de ventaja a Keiko Fujimori, que compite por tercera vez consecutiva en esta instancia. En las elecciones de 2011 y 2016, Keiko comenzó atrás en las encuestas para la segunda vuelta, pero con menos diferencia, y en ambas terminó perdiendo. De acuerdo a un sondeo de Ipsos, Castillo obtiene 42 por ciento, mientras Keiko tiene 31 por ciento. Un 16 por ciento responde que no apoyará a ninguno de los dos y un 11 por ciento señala que todavía no ha decidido su voto.

Aunque Castillo ganó la primera vuelta con 19 por ciento, con Keiko segunda con solamente 13,3 por ciento, las primeras especulaciones le daban alguna ventaja para esta segunda vuelta a la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori porque la sumatoria de los diversos grupos de derecha, en una elección que fue muy fragmentada, superan a los votos de los grupos de izquierda. Pero esta primera encuesta termina con esa ilusión de la derecha de que partía con ventaja.

En diálogo con PáginaI12, el psicólogo social y catedrático de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro, señala que no funciona sumar los votos de los candidatos de derecha por un lado y los de izquierda por el otro para proyectar un resultado para esta segunda vuelta.

“Hace mucho tiempo que en el Perú el voto no es ideológico, ni programático, es un voto que tiene que ver más con las afinidades de identidad y cercanía con los candidatos”, dice Chaparro. “Castillo -añade- viene de sectores populares, tiene educación y es profesor, y eso lo hace un líder. Ha logrado una identificación con los sectores populares. En estas elecciones hay una disputa entre cambio y continuidad del modelo económico neoliberal, pero en el Perú eso hay que leerlo de una manera que no es solo entre izquierda y derecha, sino también en términos raciales, étnicos, de reconocimiento”.

Este primer sondeo refleja las divisiones territoriales, sociales y étnicas en un país profundamente escindido al momento de definirse el voto. Mientras Keiko gana con comodidad en Lima, con 43 por ciento contra 26 por ciento de su rival, en el interior del país las cifras se invierten y Castillo saca una amplia ventaja, con 51 por ciento contra 24 por ciento de la candidata fujimorista. Lima representa un tercio del electorado. El mayor apoyo al profesor de escuela rural se da en las zonas andinas, las más empobrecidas y marginadas en un país de grandes inequidades. En el centro y sur andino, el candidato salido de los sectores populares andinos alcanza 68 y 58 por ciento, respectivamente, contra 22 y 17 por ciento de Keiko. Viendo los datos por niveles socioeconómicos, la candidata del fujimorismo gana en los estratos medios y altos, mientras Castillo lo hace en los sectores populares y la clase media baja. Keiko tiene su mejor desempeño en el sector de mayores ingresos, donde alcanza 52 por ciento, mientras Castillo queda bastante atrás, con 17 por ciento. En el otro extremo, en el sector de mayor pobreza, Castillo alcanza su mejor resultado, con 56 por ciento, contra 24 por ciento de la candidata fujimorista.

El sondeo de Ipsos también evidencia el alto rechazo a Keiko, que está procesada por lavado de dinero, y al fujimorismo, lo que aleja a la heredera política del exdictador Fujimori, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, de votantes que no se identifican con Castillo, pero no están dispuestos a respaldar el regreso al poder del fujimorismo, que trae una pesada carga de autoritarismo y corrupción. Un 55 por ciento señala que de ninguna manera votaría por Keiko. En el caso de Castillo, ese anti voto es menor, del 33 por ciento, a pesar de los ataques que viene recibiendo que lo presentan como un peligroso radical y simpatizante de los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que desató una guerra interna en los años ochenta y noventa, una supuesta cercanía que Castillo ha rechazado indignado.

“Recibo el resultado de esta encuesta con serenidad. Esta campaña va a ser difícil. El reto es bajar el anti voto. Y llevar el mensaje que en esta elección se va a votar entre libre mercado y marxismo”, ha sido la primera reacción de Keiko a esta encuesta que la desfavorece. Castillo no hizo declaraciones a la prensa.

Pedro Castillo pasó la primera semana luego de su triunfo en primera vuelta en Cajamarca, la región andina donde nació, vive en su chacra y trabaja como profesor de escuela primaria rural. Recorrió algunos poblados de la zona y encabezó manifestaciones públicas en las que ha ratificado su discurso de cambio del modelo económico neoliberal y planteado la segunda vuelta como una contienda entre ricos y pobres.

Viajó a Lima este último domingo para reunirse con dirigentes de su partido, Perú Libre, para planificar la campaña de la segunda vuelta. Este lunes pasó casi todo el día en su local partidario, donde siguió con las reuniones con los dirigentes de su partido y también tuvo encuentros con dirigentes de organizaciones sociales. Continuará sus reuniones con organizaciones y sindicatos. También tiene previsto un encuentro con sectores empresariales.

Dirigentes de Perú Libre y de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, que lanzó la candidatura de Verónika Mendoza, que quedó en sexto lugar con 7,8 por ciento, coordinan para una reunión con miras a un acuerdo. Mendoza ha expresado dudas sobre algunas propuestas de Castillo y su abierta crítica a otras, como la oposición del candidato de Perú Libre a las políticas con enfoque de género, el matrimonio igualitario y el aborto, pero ha destacado sus coincidencias en cambiar el modelo neoliberal y la Constitución heredada de la dictadura fujimorista. Mendoza ha sido clara en decir que no hay opción de un acercamiento a la candidata fujimorista. “Con el fujimorismo no vamos ni a la esquina”, ha dicho.

Del otro lado, Keiko modula la voz para hablar de apertura y concertación, pero ella, sus voceros y sus aliados buscan polarizar al país entre supuestos comunistas y anticomunistas y refuerzan su apuestan por una campaña de miedo contra su rival, al que acusan, entre varias otras cosas, de violentista y de propagar el odio y querer dividir al país por sus mensajes denunciando las desigualdades. La candidata del partido que dio un golpe de Estado y gobernó como una dictadura, acusa a Castillo de ser un peligro para la democracia.

“No creo que a Keiko le funcione esa campaña de miedo al comunismo que está haciendo. Es un error insistir en eso. No funciona tratar de desacreditar a Castillo diciendo que es comunista porque en su caso hay una identificación étnica y popular que es mucho más fuerte”, afirma Chaparro.

El analista señala que el respaldo dado por el escritor Mario Vargas Llosa a Keiko “no tendrá ningún impacto electoral”. Considera “difícil” que se revierta la ventaja que lleva Castillo. “Es cierto que en el Perú siete semanas, que es lo que falta para la elección, es un siglo, pero veo difícil que esto se revierta. Keiko no tiene grandes habilidades políticas, tiene serias limitaciones. Su mayor problema es ella misma, su falta de credibilidad. Me parece complicado que solucione ese problema”.

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Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa dio su apoyo a Keiko Fujimori para el ballottage

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. La hija del exdictador lo llamó para agradecerle el respaldo. 

 

La derecha peruana se encolumna detrás de la candidatura de Keiko Fujimori para buscar detener al izquierdista Pedro Castillo, el profesor rural que sorprendió en las elecciones y ahora compite en la segunda vuelta para llegar a la presidencia. Incluso el sector de la derecha que ha combatido al fujimorismo diciendo que es una opción autoritaria y una mafia que ha corrompido la política, ahora da un giro y respalda a la hija del exdictador Alberto Fujimori, en prisión con una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La voz más notoria del giro de esa derecha que se autodefine como democrática y liberal y que ahora se ha sumado al apoyo al fujimorismo autoritario y corrupto es la del escritor Mario Vargas Llosa. 

Hace unos años, el Nobel de Literatura dijo que una presidencia de Keiko era “lo peor que le puede pasar al país”, ahora pide el voto por ella. Contra la izquierda, lo que sea, parece ser la consigna del escritor.

Vargas Llosa, que en 1990 perdió las elecciones contra Alberto Fujimori, se ha pasado tres décadas escribiendo y hablando con locuacidad en contra de Fujimori y sus herederos políticos, en las dos últimas elecciones hizo campaña contra la candidatura de Keiko, pero ahora, con un candidato de izquierda peleando con el fujimorismo, borra todo lo que dijo y respalda a la candidata fujimorista diciendo que es “el mal menor” frente a la izquierda que propone cambiar ese modelo neoliberal que el Nobel defiende por sobre todas las cosas.

“Los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, ha escrito el Nobel.

El escritor dice que el candidato Castillo, que ha tenido declaraciones que pueden generar dudas sobre sus compromisos democráticos, amenaza la democracia y por eso no se debe votar por él, pero olvida decir que en el caso de Keiko y el fujimorismo, por quienes pide votar, no hay dudas sino la certeza de una larga conducta autoritaria, que incluyen un golpe de Estado y un régimen autocrático.

La hija del exdictador ha dicho que indultará a su padre, posibilidad que en el pasado Vargas Llosa ha calificado repetidas veces como inaceptable, pero que ahora está dispuesto a aceptar a cambio de impedir el triunfo de un candidato de izquierda.

El giro de Vargas Llosa y su apoyo a Keiko ha sorprendido a muchos en el Perú. Pero tal vez no debería sorprender tanto. El escritor antes ya respaldó el golpe en Bolivia contra Evo Morales. En el fujimorismo esperan que el respaldo del escritor, un viejo enemigo, ayude a su candidata a vencer las fuertes resistencias que tiene en sectores que no apoyan a la izquierda, pero tampoco están dispuestos a respaldar el retorno del fujimorismo al poder y se inclinarían por anular su voto, como ya se ve en redes.

El autor de Conversación en la Catedral le pide a Keiko, que ha dado repetidas muestras de incumplir sus promesas, un compromiso de respetar la democracia y con eso se queda tranquilo. La hija del exdictador llamó por teléfono a su nuevo aliado para agradecerle el apoyo.

En coincidencia con lo escrito por Vargas Llosa, Keiko ha iniciado la campaña para esta segunda vuelta apostando al miedo a la izquierda y poniéndose como “la opción para detener al comunismo”. La candidata de la agrupación política que más ha dividido al país en estas últimas tres décadas acusa a su rival de “promover el odio y la división entre peruanos, la lucha de clases”. “La elección es entre comunismo y una economía social de mercado”, ha dicho la candidata fujimorista, marcando la cancha de su campaña. En esa expresión, lo de “social” es solo una palabra sin contenido en sus propuestas económicas.

Consciente del alto rechazo que despierta -pasó a segunda vuelta gracias a la fragmentación del voto, con apenas 13,3 por ciento-, Keiko pone sus esperanzas de victoria no en sus virtudes o en las expectativas y confianza en una eventual presidencia suya, sino en un voto en contra de su rival, en ser elegida como “el mal menor”, como ha dicho Vargas Llosa para alegría de la hija del exdictador. En esa línea, apuesta al miedo y a resucitar una coalición anticomunista. Vargas Llosa ya se apuntó en esa coalición.

Del otro lado, el profesor Pedro Castillo, que ganó con 19 por ciento, ha llamado a un amplio diálogo, pero ha aclarado que no retrocederá en sus propuestas de cambio. Ha iniciado su campaña para la segunda vuelta poniendo el énfasis en las desigualdades que hay en el país.

“Hay una total indiferencia del Estado. Hay gente que no tiene qué comer y al lado hay millonarios que viven en mansiones, que se han apoderado de todo, hasta de la dignidad de las personas. Eso tiene que terminar”, dice el candidato que aterroriza al establishment. A la polarización planteada por Keiko entre un supuesto comunismo y anticomunismo, responde: “Veo una segunda vuelta entre ricos y pobres, entre la opulencia y el mendigo Lázaro, entre el patrón y el peón, entre Lima y el interior”.

El resto de la izquierda, encabezada por la candidata Verónika Mendoza, que sacó 7,8 por ciento, espera conversar con Castillo para buscar un acuerdo. La oposición del candidato a las políticas de igualdad de género, el matrimonio igualitario y el aborto, son obstáculos para ese acuerdo. Hay coincidencias en cambiar el modelo neoliberal y la Constitución fujimorista.

Por la suma de votos de la derecha, Keiko parece partir con ventaja, pero es una ventaja frági

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Sábado, 17 Abril 2021 06:34

Opuestos, pero no tanto

Pedro Castillo en campaña electoral en Lima AFP, GIAN MASKO

Castillo versus Fujimori

El maestro rural de provincia y la hija del último dictador de Perú, que se disputarán la presidencia de ese país, tienen planes económicos contrapuestos, pero coinciden en dos aspectos: su conservadurismo social y su magra votación.

Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales el 11 de abril, cuando dos políticos conservadores pasaron a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos que haya registrado el país andino: con el 19 por ciento el dirigente magisterial de izquierda dura Pedro Castillo y el 13 por ciento la candidata derechista Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público ha acusado de lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la Justicia, luego de dos años de investigar aportes de campaña electoral no declarados, procedentes de Odebrecht y del principal grupo financiero peruano.

Los comicios han ocurrido en la fase más severa de la pandemia –con cifras diarias de muertes más altas que en la primera ola–, así como en un contexto de grave crisis económica: la reducción del producto bruto interno el año pasado fue de 11 puntos, debido a las medidas para contener la transmisión de la covid-19. Este contexto de precarización y pugna por la supervivencia podría ser una clave para comprender por qué Castillo y Fujimori disputarán el balotaje aun con esos bajos porcentajes de votación. Antes de la pandemia era un 20 por ciento de la población el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Aún no hay cifras oficiales sobre los nuevos pobres y es esta población la que ambos candidatos han priorizado en sus discursos de campaña. En lo que va de la crisis sanitaria, además, unos 300 mil escolares han dejado las clases, debido a la imposibilidad de conectarse a Internet o a la carencia de radio y televisión para educarse a distancia, y han fallecido más de 151 mil personas debido al nuevo coronavirus, según el Sistema Nacional de Defunciones.

Una alta cantidad muere en sus casas, por evitar morir sin contacto familiar ni oxígeno en los hospitales: desde enero el país tiene un déficit semanal de 100 toneladas de dicho insumo médico. Gran parte del personal de salud aún no ha recibido los bonos que el gobierno aprobó por trabajar en la pandemia y labora hace un año con tensión por la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, así como de ventiladores artificiales y oxígeno. El cuadro es de agotamiento para el personal sanitario y miedo para los pacientes y sus familiares. Sin dinero, quienes no alcanzan un espacio en los hospitales tienen más posibilidad de morir, pues tienen que comprar cilindros de oxígeno o concentradores de este gas en el sector privado.

LA HORA DEL MAESTRO

Castillo se hizo conocido en 2017 como cabeza de una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. Durante la campaña electoral, una estudiante universitaria que participó en las protestas de noviembre contra la corrupción del Congreso y fue herida durante la violenta represión policial (véase «Tiempos turbulentos», Brecha, 20-XI-20) comentó a esta periodista que la primera vez que vio tanta brutalidad de los agentes contra manifestantes pacíficos fue durante la huelga de maestros que lideró Castillo.

El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea –el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú–, que las empresas extractivas reinviertan sus ganancias en el país e impulsar las empresas estatales –que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa–. Esta candidatura quitó votos a Verónika Mendoza, de izquierda moderada, quien proponía abiertamente una agenda de derechos sociales –incluidos los de la población LGTBI–, además de la defensa del medioambiente y de un mayor acceso a la salud y la educación.

«No más pobres en un país rico» es el eslogan que ha repetido sin aburrimiento el profesor Castillo durante su campaña hecha a ras de tierra, a diferencia de los otros candidatos, que viajaron menos que él –debido a las restricciones de bioseguridad por la pandemia– e invirtieron tiempo y recursos en campañas en Tiktok y otros medios sociales. Cuatro candidatos a la presidencia se contagiaron durante la campaña electoral. Castillo tiene una cuenta de Twitter, que usó muy poco: no estaba buscando allí a sus votantes.

COINCIDENCIAS: FAMILIA Y MANO DURA

La excongresista Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia, hizo una campaña distinta a la de 2016 (véase «El fujimorismo social», Brecha, 10-VI-16), cuando quiso distanciarse de la imagen del padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, robo y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Esta vez reivindicó los supuestos logros de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, usando un discurso que el fujimorismo ha asentado en 30 años: el de que salvó al país de la crisis económica y venció al terrorismo. Ello pese a que el grupo especial de inteligencia policial que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso trabajaba sin apoyo gubernamental y enfrentado al jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori.

La lideresa del partido Fuerza Popular ha dicho que el fujimorismo volverá a rescatar al país de la crisis económica y enfrentará con mano dura la pandemia y la delincuencia. Además, ha destacado su identificación con los grupos que se oponen al aborto –salvo el previsto en la ley, el aborto terapéutico– y al enfoque de género en el currículo educativo. También ha dicho que, si bien «tiene amigos» de la comunidad LGTBI, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El profesor Castillo, en una entrevista en la principal radio de noticias peruana, respondió sobre esos temas pocos días antes de las elecciones, pues no se mencionan en el plan de gobierno de Perú Libre, de 77 páginas. El periodista le recordó que el líder de su partido dijo en alguna entrevista: «Nuestro pueblo, lleno de valores familiares, jamás podrá aceptar el enfoque de género». Y le preguntó si él es «profamilia». «No sólo somos profamilia: hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestro, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarla», contestó.

Esta posición coincide no sólo con la de Fujimori, sino con la de otros sectores de ultraderecha, que a partir del 28 de julio, cuando sea el cambio de gobierno, tendrán por primera vez escaños en el Congreso, de la mano del grupo político Renovación Popular. Desde 2016 un movimiento llamado Con mis Hijos No te Metas se ha opuesto, con marchas, plantones y un constante litigio judicial, al enfoque de género en las escuelas, pues señala que con él se promueve la homosexualidad en los niños. En dicho movimiento se encuentran seguidores de grupos ultracatólicos y sectas escindidas de los evangélicos.

En la misma entrevista radial, a la consulta de si legalizaría el aborto, Castillo respondió: «Para nada. Trasladaría el tema a una asamblea constituyente. Personalmente, no estoy de acuerdo». ¿Y sobre la eutanasia?: «Para nada». ¿Matrimonio igualitario?: «Peor todavía: primero la familia. La familia y la escuela: estas dos instituciones tienen que ir de la mano», añadió el candidato de la izquierda.

En tanto, así como la hija mayor de Fujimori ha usado desde 2016 el populismo penal en campaña y los congresistas de su partido lo usan constantemente en el debate parlamentario (pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte en caso de violación y, por tanto, exigiendo que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José), también Castillo y Cerrón apuestan por esa retórica. «Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y analice el Pacto de San José», manifestó Castillo en un reciente debate. El candidato de Perú Libre, que ha hecho campaña con un lápiz como símbolo, dice que la pena de muerte servirá para eliminar las lacras de la sociedad peruana.

Sin embargo, en el plan de gobierno que representa Castillo y firma Cerrón, la motivación para apartarse del sistema legal interamericano es distinta a la del fujimorismo: Perú Libre, desde una proclamada posición marxista y anticapitalista, señala que la Organización de los Estados Americanos es un mecanismo de dominación e injerencia en la Justicia de los países del continente, y por ello la rechazan. Castillo no menciona ese motivo en sus intervenciones públicas, pero este está plasmado en el documento inscrito por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de ser maestro de escuela primaria rural en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca –en los Andes del norte del país–, Castillo ha sido dirigente rondero. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado –los abigeos– y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», señaló en el debate presidencial oficial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con los 18 candidatos. La idea de que quienes hicieron el servicio militar o han sido militares se sumen al trabajo contra la inseguridad ciudadana es compartida hace años por congresistas y dirigentes del fujimorismo, así como por el candidato más votado de Renovación Popular, un oficial retirado de la Marina.

LAS DIFERENCIAS

En la primera vuelta, Castillo ha enfrentado –al igual que Mendoza– la fuerte contracampaña de los grupos políticos de derecha y la prensa tradicional, que alientan el miedo a que Perú se convierta en Venezuela o Cuba si ellos llegan a la presidencia. Pero, en el caso de Castillo, han ido más allá, al repetir alegaciones no comprobadas de que estaba vinculado a una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef). En Perú, los maestros que han cumplido una condena por terrorismo no pueden volver a ejercer la docencia. Sin embargo, en la huelga magisterial de 2017 la prensa indicó que algunos agitadores pertenecían al Movadef y cuestionaban a Castillo por esa presencia. Los remanentes actuales de Sendero Luminoso son una columna pequeña dedicada al narcotráfico y la extorsión, en un valle cocalero entre las montañas de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica, y el propio Movadef, que intenta infiltrarse en sindicatos y universidades. Castillo se ha deslindado muchas veces de esa agrupación. Es más: los ronderos combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca.

Pese a esto, ese será el mejor blanco de los ataques de la campaña del fujimorismo a la segunda vuelta, que está habituado desde 2000 a buscar votos promoviendo o alentando el miedo al terrorismo e insistiendo en que el padre de la actual candidata fue quien acabó con Sendero Luminoso. Sin embargo, en los años noventa, Alberto Fujimori usó la lucha antisubversiva como pretexto para que un destacamento del Ejército, el llamado Grupo Colina, desapareciera y asesinara a estudiantes de universidades públicas y a dirigentes campesinos y sindicales que denunciaban la corrupción de su gobierno y los retrocesos en los derechos laborales causados por la nueva Constitución de 1993 –aprobada luego del autogolpe de abril de 1992–, que cambió el modelo económico peruano y que hoy defiende Keiko Fujimori.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha invocado este miércoles a sus seguidores a «no abrir heridas» y no hacer campaña contra Castillo ligándolo al terrorismo. «Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación, pero no voy a terruquear a nadie», anunció. El terruqueo es la ofensa a una persona o grupo llamándolo terrorista cuando no lo es: la palabra viene de terruco, la forma como se denominaba en el campo a los subversivos en la década del 80. «Propongo generar riqueza, no estatizar; que Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases», añadió en un pronunciamiento público cuando el escrutinio llegó al 99 por ciento de las cédulas de votación. Además, ha encarado a Castillo diciéndole que no se atribuya la representación de los pobres, porque «el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos». El candidato aún no ha respondido. Sin embargo, en cierto modo, su vida y su trayectoria hablan por él. Es maestro rural desde 1995 en una de las regiones con mayor pobreza extrema y menos acceso a la salud, pese a que en Cajamarca se ubica la mina con mayor producción de oro de Sudamérica.

El maestro ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una asamblea constituyente y pretende que la educación y la salud sean derechos constitucionales, «y no servicios, como ahora», mientras que Fujimori defiende el modelo neoliberal. «Yo no necesito disfrazarme de paisano para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores. Soy chacrero, obrero, rondero, agricultor y profesor a mucha honra», afirmó en una entrevista anterior a los comicios. El voto «por el lápiz, por el lapicito», como decían algunos electores días pasados, puede haber sido no sólo por una necesidad de orden en una sociedad caótica e impredecible por causa de la pandemia, sino también por un personaje ajeno al repertorio de políticos visibles desde 2016, cuando se ha agudizado la corrupción en la política y en el sistema judicial.

En Cajamarca, Castillo fue dirigente entre 2005 y 2017 de Perú Posible, el partido que fundó el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, navegó en el sistema formal de la política, pero no saltó a la escena nacional desde esa plataforma. Todos los presidentes que asumieron de 1990 en adelante, con la excepción del presidente de transición Valentín Paniagua, están presos, investigados o enjuiciados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Y Alan García se suicidó en abril de 2019, cuando llegaron a su casa un fiscal y la Policía con una orden de prisión preliminar por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El politólogo Arturo Maldonado destacó recientemente en conversación con la emisora radial Radioprogramas que tanto Castillo como Fujimori tienen muy poca legitimidad debido al bajo porcentaje de votos que obtuvieron, a lo que debe sumarse que hubo un 5 por ciento de votos nulos y un 12 por ciento de votos en blanco, además de un alto ausentismo, de un 28 por ciento, aun cuando el voto es obligatorio. Quizás ese 28 por ciento se explica por las múltiples desconfianzas y dificultades de ir a votar en pandemia, el temor a las colas y el consiguiente contagio, la obligación de ir con mascarilla, la necesidad de cuidar a un pariente enfermo y el hecho de estar en una ciudad distinta a la del lugar de votación: en mayo, miles de peruanos se desplazaron de los centros urbanos al campo porque se quedaron sin trabajo en las ciudades (véase «Los caminos del hambre», Brecha, 8-V-20). En ciertos casos es más barato pagar la multa que costear un pasaje interprovincial. Tampoco los cuidados sanitarios son accesibles para todos: una radio reportó el domingo que una mujer se acercó a votar en Lima sin cubrebocas porque no tenía dinero para comprarlo, un policía sacó dinero de su bolsillo y compró uno, y la mujer pudo ejercer su derecho.

Lo cierto es que el próximo presidente (o presidenta) peruano, sea de izquierda o de derecha, será conservador y populista. Pero no fue esa la voluntad de un amplio sector del electorado.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
16 abril, 2021

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Sábado, 17 Abril 2021 06:29

Final de época

Final de época

El triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador

 

La victoria del banquero Guillermo Lasso implica la superación psicológica para una parte importante de los ecuatorianos de lo que significó la crisis económica de 1998-1999, que desembocó en un histórico feriado bancario –con el cierre de casi el 70 por ciento de las instituciones financieras– y el mayor éxodo de la historia del país. Hasta la fecha, el recuerdo de que Lasso –propietario de la segunda institución financiera privada más importante de Ecuador– multiplicó sustancialmente su fortuna en una maniobra especulativa con los depósitos congelados por aquella crisis hacía imposible su victoria electoral. De allí que la candidatura de Andrés Arauz tuviera en el balotaje el eslogan «El país o la banca», que, sin embargo, motivó un escaso engagement en los indecisos, especialmente los más jóvenes. Estamos, por tanto, ante un nuevo país, atravesado por clivajes de nuevo orden, que no responden ya a ese pasado reciente que dio el triunfo electoral de forma permanente e indiscutible al correísmo a lo largo de los últimos 15 años.

El correísmo es el fruto de un momento histórico marcado por el boom latinoamericano de las commodities (2003-2013). Sin los excedentes petroleros que permitieron un inédito volumen de ingresos para el Estado, no habría sido posible ni realizar las grandes obras de infraestructura que modernizaron parte del país ni aplicar las políticas compensatorias que fueron el eje de la gobernabilidad correísta. El fin de aquel ciclo económico implicó el inicio de la decadencia de ese proyecto político. Para comprobar lo anterior, basta un somero análisis de los últimos tres resultados electorales en la primera vuelta: en 2013, del total de votos válidos, Rafael Correa obtuvo el 57,17 por ciento –y evitó el balotaje–; en 2017, con Lenín Moreno como su delfín, el resultado fue del 39,36 por ciento –Moreno ganó luego en la segunda vuelta, con apenas un 2,82 por ciento de ventaja–; este año, Arauz obtuvo apenas el 32,72 por ciento y perdió en el balotaje por 4,94 puntos porcentuales.

Pese a lo anterior, la situación política y económica que vive hoy Ecuador propiciaba, a priori, las condiciones para un triunfo correísta. Moreno, quien ya vuelto contra Correa mantuvo, no obstante, viva su figura (ahora en calidad de víctima de la persecución judicial), encabezó una gestión deplorable con respecto a los intereses populares. Además, más allá del contraste de la crisis actual con las épocas de abundancia correísta, fueron tanto el propio Lasso como sus aliados, los socialcristianos de Jaime Nebot, quienes sostuvieron políticamente a Moreno frente a la enorme deslegitimación social de su gobierno. De igual manera, la pandemia puso de relieve la necesidad de un Estado fuerte, con capacidad para proteger a sus ciudadanos, en contra del discurso de achicamiento estatal propuesto por Lasso. Y, siendo Ecuador uno de los países de la región con menor acceso a las vacunas contra el covid-19, varias de las que llegaron fueron distribuidas de manera escandalosa entre las elites que forman la base social del candidato conservador.

Sin embargo, la elección demostró que la fractura correísmo/anticorreísmo ya no es la principal división del electorado ecuatoriano. Han cobrado importancia opciones hasta ahora de escaso peso en la cartografía institucional. Tanto el Pachakutik –brazo político del movimiento indígena, con un discurso básicamente ambientalista– como Izquierda Democrática –un viejo partido ubicado ideológicamente en el centro– lograron porcentajes de voto muy significativos (19,3 y 15,6 por ciento, respectivamente). La campaña desnudó, además, las dificultades del correísmo para implementar recambios en su liderazgo. Este es uno de los elementos que explotó la estrategia conservadora: a Arauz le costó posicionarse como líder de su movimiento y pareció siempre supeditado a Correa. Pese a que el expresidente no puede pisar el país, debido a las diversas y discutibles sentencias judiciales que pesan sobre él, la intensidad de su presencia mediática por medio de videoconferencias y la aparición de su imagen en la propaganda electoral progresista lo convirtieron en el verdadero protagonista.

En la práctica, el correísmo es Correa. Esto le permite transferir sus votos duros a un personaje hasta ahora semidesconocido como Arauz, pero, a su vez, le impone límites para captar votos. Los correístas viven la dicotomía de ser la tendencia con mayor porcentaje de voto incondicional (cerca de un 30 por ciento del electorado) y, al mismo tiempo, la fuerza con menor capacidad de crecimiento, debido a la resistencia que causa Correa en cada vez más sectores de la población. La campaña de Lasso leyó bien esta nueva realidad. Llamó al consenso y a reconocer la diversidad política de la segunda vuelta, mientras que el correísmo se mantuvo en la polarización que históricamente lo ha caracterizado. Con los mass media y el Estado claramente a favor de la opción conservadora, casi el 50 por ciento del electorado que en la primera vuelta no votó bajo el clivaje correísmo/anticorreísmo optó esta vez o bien por plegarse al llamado voto nulo ideológico del movimiento indígena, o bien por el banquero. Sobre un electorado de poco más de 13 millones, el correísmo apenas sumó en el balotaje 1,2 millones de votos con respecto a la primera vuelta. Lasso, sin embargo, vio aumentado su apoyo, entre una instancia y la otra, en 2,8 millones de votos.

Arauz no sólo carece aún de identidad propia y de un liderazgo sólidamente construido, sino que tampoco ha tenido canales de acercamiento con esas izquierdas ecuatorianas minusvaloradas e, incluso, reprimidas durante la década correísta. Tampoco ha sido capaz aún de posicionar un imaginario de lo que sería un progresismo de nuevo cuño. Que logre avanzar en estos pendientes depende de cómo gestione su actual crisis interna el correísmo y de qué papel asuma ahora Correa. Todo esto se enmarca en una nueva realidad regional latinoamericana, en la que el segundo ciclo progresista se ve cuestionado y enfrenta condiciones claramente diferentes a las del período anterior. En este contexto, el reto del progresismo ecuatoriano está en conectar con la juventud, los sectores no ideologizados de la sociedad y los movimientos sociales que en estas elecciones lo rechazaron

Por Decio Machado
16 abril, 2021

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El expresidente brasileño Lula da Silva, el pasado 6 de marzo, en Ginebra. — Martial Trezzini / Efe

El exmandatario del Partido dos Trabalhadores, dispuesto a presentarse para ganar "a un fascista que se llama Bolsonaro".

 

La Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recupera así todos sus derechos políticos y podrá aspirar a la Presidencia en 2022

La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, por un conflicto de competencias.

Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exmagistrado Sergio Moro (posteriormente, ministro de Justicia y Seguridad Pública entre 2019 y 2020 en el Gobierno de Jair Bolsonaro), que no tenían competencia sobre esos asuntos.

El argumento de Fachin, instructor en el Supremo de los procesos relacionados con la operación Lava Jato, fue que los casos por los que Lula fue juzgado no tenían vínculos con las corruptelas en la estatal Petrobras y por tanto estaban fuera de la jurisdicción de Curitiba, limitada a las causas relacionadas con la petrolera.

Esas causas se refieren a un apartamento y una casa de campo que Lula habría recibido a modo de soborno de empresas que, según la acusación, obtuvieron contratos fraudulentos con Petrobras; y a supuestas donaciones que esas mismas firmas hicieron a un instituto del expresidente en un contexto similar.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por esos procesos ahora anulados, ha proclamado desde siempre su inocencia y también recurrido en otras instancias contra la jurisdicción de Curitiba.

"Desde hace cuatro años defendemos que los tribunales de Curitiba no podían juzgarme", declaró antes de conocer el fallo Lula, quien también reiteró que no le preocupa que los procesos sean reiniciados en Brasilia.

Lula, dispuesto a presentarse "para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro"

Una vez emitida la sentencia, Lula ha mostrado su disposición a presentarse a las elecciones de 2022 para disputar el liderazgo al ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien considera un "fascista" y un "genocida".

Si es necesario y tengo que ser candidato en el 2022 para ganar las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro", lo hará, afirmó el exmandatario, quien señaló que, antes de valorar su candidatura, deberá "hablar mucho con las demás fuerzas políticas del centro y de la izquierda", en un proceso similar al que realizó Alberto Fernández para obtener la Presidencia argentina.

No obstante, Lula reconoció que no tiene que ser él el candidato progresista: "Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tengo que ser yo obligatoriamente, podemos escoger a alguien que pueda representar los intereses progresistas del país", precisó.

"Yo nunca pensé que fuéramos a tener en Brasil un presidente de la República fascista y genocida, que es el mayor responsable de la pandemia", dijo en referencia a la gestión de Jair Bolsonaro sobre la covid-19, que ha situado a esa nación como una de las más golpeadas del mundo por el virus.

Bolsonaro "solo piensa en los militares y, por eso, yo creo que la democracia va a volver y espero participar en ese proceso que le devolverá a Brasil la esperanza y la alegría", agregó el exmandatario.

Bolsonaro: "Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida"

Jair Bolsonaro afirmó este jueves que "sólo Dios" le puede sacar de la "silla presidencial", en alusión a la posibilidad de que se produzca un juicio de destitución en momentos en que sube la temperatura política en el país.

"Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto", dijo Bolsonaro.

El dirigente de Brasil hizo las declaraciones tras saber que el Supremo  estableció un plazo de cinco días para que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, explique por qué no ha analizado las cerca de cien peticiones de destitución presentadas hasta el momento contra él.

En los últimos días, el líder ultraderechista ha subido el tono después de que el Senado, por decisión de la Corte Suprema, acordara instalar una comisión para investigar las omisiones en que pudo haber incurrido el Gobierno en el combate a la pandemia del coronavirus, que atraviesa su peor fase en el país, con más de 365.000 muertos por la enfermedad.

Bolsonaro también comentó la decisión de anular las penas de prisión contra Lula y comparó números de su Gobierno con el del líder del Partido de los Trabalhadores: "Si Lula vuelve, por el voto directo, por el voto auditable, todo bien. Pero piensa cómo será el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la Presidencia".

Y agregó: "Si Lula es elegido, en marzo de 2023, tres meses después, él va a elegir dos magistrados más para el Supremo Tribunal Federal. Creo que la conclusión cabe a todos ustedes".

brasilia

16/04/2021 09:27 Actualizado: 16/04/2021 09:55

EFE

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Bolivia votó en segunda vuelta a los gobernadores de cuatro departamentos  

Los comicios terminarán de configurar el poder regional del MAS

La Paz es la plaza electoral más preciada por población y peso político. Tarija, rico en gas natural, es el segundo escenario de interés electoral. Pando y Chuquisaca, en cambio, concentran poco electorado.

 

Los ciudadanos residentes en cuatro departamentos de Bolivia votaron para elegir a sus gobernadores en unos comicios que terminarán de configurar el poder regional del Movimiento al Socialismo (MAS) y el peso de la oposición. Las elecciones se celebraron sin incidentes, bajo estrictas medidas de bioseguridad y en medio de advertencias de los servicios de salud por un rebrote de la pandemia de coronavirus en el país. El domingo por la noche empezó el recuento de votos a un ritmo muy lento. Los cuatro departamentos tienen por ley una semana de plazo para dar a conocer a los ganadores definitivos de los comicios. A diferencia de la primera vuelta, esta vez ni siquiera hubo sondeos a boca de urna.

La Paz es la plaza electoral más preciada por población y por peso político. Tarija, rico en gas natural, es el segundo escenario de interés electoral. Pando y Chuquisaca, en cambio, concentran poco electorado. En los cuatro departamentos el MAS presentó candidatos con chances en este ballotage. Los otros cinco departamentos del país (Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Beni) ya tienen gobernadores: tres quedaron en manos del MAS y dos fueron para la oposición en la primera vuelta celebrada el pasado siete de marzo

Al igual que el mes pasado, el presidente Luis Arce no asistió a la inauguración del proceso electoral debido a la presencia de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "Lo dijimos y mantenemos nuestra posición: somos muy críticos del papel que jugó la OEA en el golpe de Estado de noviembre de 2019", indicó el mandatario. 

En la apertura de los comicios el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró: "No superamos todos nuestros problemas ni la polarización que nos aleja a unos de otros, pero sí derrotamos la voces agoreras de la violencia". La votación regional constituye "el cierre de un ciclo electoral que ha abarcado desde 2020 hasta 2021 y que ha implicado la renovación de todo el poder político en Bolivia", agregó Romero. 

Buena parte de la atención de esta segunda vuelta está puesta en La Paz, donde la disputa es entre dos aymaras: Franklin Flores del MAS, y Santos Quispe, hijo del fallecido Felipe "Mallku" Quispe, quien era originalmente el candidato a gobernador por la agrupación Jallalla. Flores ganó con comodidad la primera vuelta, al reunir el 39,7 por ciento de los votos mientras que Quispe sumó el 25,18 por ciento. 

El departamento de Chuquisaca promete una pelea reñida porque el líder indígena Damián Condori, de Chuquisaca Somos Todos (CST), logró en marzo un 45,62 por ciento de los votos frente al 39,12 por ciento del masista Juan Carlos León. En tanto, en Tarija y en Pando las números de cuatro domingos atrás fueron de una paridad extrema: Álvaro Ruiz, del MAS, ganó con el 38,17 por ciento frente al 38,05 por ciento de Oscar Montes, de Unidos por Tarija, en el primero de esos distritos. Miguel Becerra del MAS obtuvo el 40,98 por ciento y Regis Richter, exdirigente masista ahora en las filas del MTS, el 38,98 por ciento en el segundo. 

En la primera vuelta el MAS se había quedado con las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí, mientras que en el departamento de Santa Cruz ganó uno de los principales instigadores del golpe contra Evo Morales, Luis Fernando Camacho, del partido de derecha Creemos. Mientras tanto en Beni triunfó Alejandro Unzueta, del opositor Movimiento Tercer Sistema (MTS). Además en la ciudad de El Alto, bastión histórico del MAS, la extitular del Senado Eva Copa, expulsada del partido, se quedó con la alcaldía con la agrupación Jallalla.

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Viernes, 09 Abril 2021 05:45

El voto indígena, clave en Ecuador

El voto indígena, clave en Ecuador

El principal movimiento aborigen llamó a un “voto nulo ideológico”

Sin embargo, el presidente del movimiento, Jaime Vargas, anunció su apoyo a Andrés Arauz en un acto junto al candidato.

 

Desde Quito. Ecuador está a las puertas de las elecciones presidenciales. La mayoría de las encuestas dan favorito a Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, con un promedio de cuatro puntos por arriba de su contrincante, Guillermo Lasso, de la alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Cada uno cerró la campaña el día jueves, el primero en Manabí y Quito, el segundo en Guayaquil, centros de la sierra y de la costa, puntos centrales del mapa electoral.

Los números indican además que existe porcentaje elevado de votos en blanco y nulos, alrededor del 27 por ciento del electorado. Se trata de votos que au se disputan los candidatos, que han realizado los últimos días de campaña bajo el estado de excepción decretado por el gobierno de Lenin Moreno que, sin embargo, no ha impedido la realización de las actividades.

La composición del voto nulo y blanco es una de las preguntas centrales. Uno de los actores políticos que se ha posicionado a favor de un “voto nulo ideológico” ha sido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el principal movimiento indígena del país. La decisión fue tomada el 10 de marzo en un Consejo Ampliado y luego adoptada por su instrumento electoral, el partido Pachakutik, quien, en la primera vuelta llevó la candidatura de Yaku Pérez, tercero en el resultado.

Esa decisión de la Conaie tuvo un giro el sábado tres, cuando el presidente de la confederación, Jaime Vargas, anunció el apoyo a Arauz en un acto junto al candidato. Su declaración pública, recibido positivamente en las filas del correismo, generó numerosas reacciones dentro del movimiento indígena que pusieron sobre la mesa las diferentes disputas que venían desarrollándose en su interior.

En primer lugar, la Conaie volvió a ratificar su decisión de llamar al “voto nulo ideológico” en una conferencia de prensa: “ningún partido representa a los pueblos indígenas (…) “nuestro voto es por la dignidad, contra el fraude, por la corrupción que está empapada en el país, por eso hacemos el voto nulo, para tener una conciencia tranquila y salir con mucha dignidad a las calles a reclamar por nuestros derechos”.

Similar posición fue adoptada por Pachakutik, que, además, procedió a separar del partido tanto a Vargas, como a quien acompañó a Pérez en la fórmula presidencial por haber, en ese caso, hecho un llamado a votar por Lasso. El ex candidato presidencial, presente en la conferencia, anunció que comenzará “una limpieza dentro de Pachakutik”, y denunció la existencia de un pacto entre Vargas y el correismo: “como candidato presidencial y como Pachakutik no hemos recibido ningún apoyo en lo absoluto de la dirigencia de la Conaie, del señor Vargas, o si hemos recibido ha sido contra-campaña”.

Las partes enfrentadas se acusaron mutuamente de alianzas que no cuentan con la aprobación de la mayoría. Por un lado, Vargas señaló que “Pachakutik está atado por la derecha, los dirigentes siguen apoyando a la derecha y nosotros no vamos a apoyar a una derecha que nos atropelló”. Esa misma crítica fue hecha por Leonidas Iza, uno de los principales dirigentes de la Conaie, quien se pronunció en medio del conflicto: “desde hace cuatro años hay una clase dirigencial, siendo indígenas, están de acuerdo con esa derecha fascista que nos asesinó, nos ha perseguido”.

Por otro lado, quienes se encuentran centralmente en Pachakutik, acusaron a Vargas, así como a Iza, de tener acuerdos no declarados con el correismo, proceso político descrito durante la conferencia como “dictadura de Rafael Correa quien humilló al movimiento indígena de Ecuador”. Ese sector del movimiento indígena, volvió a plantear la imposibilidad de cualquier acercamiento con Arauz y la revolución ciudadana.

Quedó así expuesta la disputa que venía ocurriendo puertas adentro del movimiento, agudizada centralmente a partir de la candidatura de Pérez, que, según Vargas e Iza no fue producto de la decisión de los pueblos y nacionalidades que conforman la Conaie -como debería haber sido-, sino únicamente de los coordinadores de Pachakutik.

Aún resulta difícil saber cómo será el impacto electoral del giro de Vargas, así como del sostenimiento del voto nulo ideológico, ratificado por la Conaie, Pachakutik y dirigentes del peso de Iza, que llamó públicamente a mantener la unidad ante los peligros de división. Otra pregunta, que tendrá respuesta más adelante, es cuál será la relación del principal movimiento indígena respecto al próximo gobierno, algo que dependerá tanto de quién gane el domingo, así como también de la elección de autoridades de la Conaie que tendrá lugar a principios de mayo.

Por el momento todas las miradas están puestas sobre la elección del domingo, que será un parteaguas en Ecuador. Las alertas respecto a maniobras de última hora aún se mantienen, en particular debido, por ejemplo, a declaraciones de fuentes del Consejo Nacional Electoral que dieron cuenta de un intento de fraude que se estaría gestando desde dentro del poder electoral. Se trata de una contienda que ha estado marcada por irregularidades desde el primer momento y en la cual está en juego el camino que tomará el país en los próximos años: una profundización neoliberal, vía Lasso, o el regreso a un proyecto progresista, con Arauz.

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