Trump podría ser relecto en 2020, pese a escándalos y proceso de impeachment

 Por orden del magnate, funcionarios de la Casa Blanca se niegan a comparecer ante tres comités legislativos

Nueva York. A un año de las elecciones presidenciales, si las actuales tendencias en niveles de apoyo político y el desempeño económico se mantienen y no hay magnas sorpresas, el pronóstico es que Donald Trump podría ser el primer presidente formalmente acusado de delitos que ameritan su destitución –o sea que ha sido impeached– que logra su relección.

Pero un año en términos electorales es una eternidad, y si la historia es guía, los procesos de investigación sobre comportamiento criminal de un presidente que amerita un juicio político suelen revelar otros delitos y/o escándalos aún no detectados, o reacciones extremas que resultan en un delito más –como obstrucción de la justicia–, mientras, por otro lado, los mejores economistas casi nunca han logrado pronosticar las crisis.

Sin embargo, el hecho de que Trump aún goza de suficiente apoyo, a pesar de la larga lista de posibles delitos revelados en la investigación en curso junto con lo que salió a la luz durante la indagación previa por un fiscal especial, más los incesantes ataques presidenciales contra las normas e instituciones del gobierno, las acusaciones de corrupción, sus más de 13 mil afirmaciones falsas o engañosas documentadas, ni hablar de la más de 60 mujeres que han denunciado el hostigamiento y abuso sexual, entre tanto más, es casi increíble.

Según estrategas republicanos, para que Trump sobreviva el proceso de impeachment y sea relecto, se requiere de dos cosas: unidad firme entre republicanos –tanto entre la clase política como en el electorado– y una economía que siga registrando resultados positivos en empleo y ganancias, reporta Axios.

Ambas cosas por ahora están así. Trump, aun después de las revelaciones de las últimas semanas sobre Ucrania, no sólo conserva más de 85 por ciento de apoyo en las filas republicanas, mientras ni un solo diputado de su partido rompió filas al votar en contra del proceso de impeachment en la cámara baja la semana pasada. Más aún, analistas registran que por ahora Trump mantiene suficiente apoyo en los estados claves del mapa electoral para lograr la relección.

Batallas

El proceso de impeachment procedió ayer con cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que rehusaron comparecer ante los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación, tal como ordenó Trump. No se sabe si otros que están citados esta semana harán lo mismo.

Si es así, esto podría detonar otra controversia legal, con legisladores demócratas formulando acusaciones de "obstrucción del Congreso", igual que se hizo hace medio siglo con Richard Nixon.

Por su parte, Trump y sus aliados republicanos continuaron descalificando tanto a los mensajeros como al mensaje.

Una vez más el presidente intensificó su presión para que se revele la identidad del denunciante que detonó el proceso de impeachment al reportar por canales oficiales que en la llamada entre Trump y su homólogo ucranio, el estadunidense le instó a lanzar una investigación contra sus rivales demócratas, invitando así a la interferencia de un poder extranjero en el proceso electoral de 2020 en Washington.

Según la ley, el denunciante –quien sólo ha sido identificado como un funcionario de inteligencia asignado a la Casa Blanca– tiene el derecho de mantenerse anónimo para proteger su seguridad personal. Sin embargo, Trump ha insinuado que sabe quién es, y lo ha acusado de ser pieza de los demócratas. En un tuit de ayer denunció que "el denunciante ofreció información falsa y se manejó con el político corrupto Schiff", en referencia al presidente del Comité de Inteligencia, el representante demócrata Adam Schiff.

Mientras tanto, hoy la cámara baja empezó a divulgar las transcripciones de las declaraciones de algunos de los testigos que se presentaron durante esta fase a puerta cerrada de la pesquisa.

Este mes se anticipa el comienzo de la fase pública de la investigación en la cámara baja que, se supone, culminará con la aprobación de acusaciones formales contra Trump, con lo cual será considerado impeached.

Esos cargos oficiales son enviados al Senado, donde se realiza el juicio político para determinar si será o no destituido, algo que por ahora se descarta por el apoyo casi total del presidente por la mayoría republicana.

Sin embargo, el impeachment no es la única batalla política que enfrenta el presidente.

Ayer un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de los abogados de Trump y ordenó que el magnate entregue sus documentos fiscales a un procurador estatal en Nueva York. Se espera que el mandatario lleve el caso a la Suprema Corte.

Por otro lado, el Departamento de Justicia está advirtiendo al autor anónimo que dice ser, o haber sido, un funcionario dentro de la Casa Blanca, que su libro por publicarse este mes podría violar acuerdos oficiales de no divulgación.

Y una columnista de consejos, E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de un ataque sexual en los años 90, presentó una demanda legal en su contra por difamación.

Un día más en el paraíso democrático estadunidense.

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Boris Johnson se compromete a prohibir indefinidamente el ‘fracking’ en todo el Reino Unido

Los conservadores abandonan su política energética de los últimos 10 años

La medida ha sido criticada como electoralista, pero no ha dejado de sonar como una victoria a los oídos de los grupos medioambientales del Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson se ha comprometido este sábado, a pocos días de que comience la campaña electoral, a prohibir de modo indefinido el fracking en todo el país, "hasta que no se aporten pruebas definitivas" de su seguridad. Esta técnica de extracción de gas del subsuelo mediante la inyección a presión de agua, arena o sustancias químicas se había convertido en la última década en la esperanza de los gobiernos conservadores de dotar al Reino Unido de mayor autonomía energética.

George Osborne, el ministro de Economía del Ejecutivo de David Cameron, llegó a asegurar que su propósito era convertirse en "líderes mundiales de la extracción de petróleo de esquisto". Y el propio Boris Johnson consideró que el potencial energético de esta práctica era una "respuesta a las plegarias de la nación". Cerca de 600 millones de euros se han invertido en lo que va de década en proyectos de investigación y prospección, a través de compañías como Cuadrilla, Centrica, Ineos, Total e Igas. Ya hay pozos exploratorios en localidades como Lancashire, Cheshire, North Yorkshire o Nottinghamshire. En todos los casos, los movimientos de la población local en contra de los proyectos habían adquirido mucha fortaleza. Los propios sondeos encargados por el Gobierno el pasado junio indicaban que solo un 15% de la ciudadanía respaldaba esta nueva técnica frente a un 35% que se oponía a ella.

El pasado agosto, un terremoto de magnitud 2.9 en la escala Richter provocado por el fracking sacudió los hogares de Blackpool. La Autoridad de Gas y Petróleo del Reino Unido (OGA, en sus siglas en inglés) concluyó, en un informe posterior, que "actualmente no era posible predecir con exactitud la probabilidad o magnitud de los terremotos asociados a las operaciones de fracking".

Presionado por las promesas de la oposición laborista, que había anunciado ya en su manifiesto electoral la prohibición total de esta práctica de extracción de gas, y por el rechazo popular, Boris Johnson ha anunciado por sorpresa, a través de su ministra de Energía, Andrea Leadsom, una moratoria inmediata fracking. "Aunque reconocemos el enorme potencial de extracción de petróleo de esquisto en el Reino Unido, que ayudaría a perfilar un futuro libre del consumo de carbón, siempre he establecido con claridad que esta práctica debe llevarse a cabo de un modo seguro. Después de revisar la investigación llevada a cabo por la OGA respecto a la reciente actividad sísmica en Preston New Road (Lancashire), ha quedado claro que no podemos descartar impactos futuros inaceptables en la comunidad local", ha dicho Leadsom al anunciar la suspensión indefinida del fracking.

Se añade a las inquietudes científicas el potencial daño electoral que supone el hecho de que Rachel Wolf, del grupo de asesores de Johnson que ha contribuido a redactar su programa electoral hubiera trabajado en un grupo de presión favorable a Cuadrilla, una de las empresas afectadas por la medida. La oposición laborista ya había sacado los colores al Gobierno al señalar la presencia en el equipo de campaña del primer ministro de Wolf, que calificaron de "escándalo democrático".

Las organizaciones de defensa del medio ambiente han celebrado el giro en la política conservadora, a pesar de que las razones que lo hayan impulsado no hayan sido de pura conciencia ecologista. "Esta moratoria es una victoria espectacular para las comunidades locales y para nuestro medio ambiente. Durante diez años la gente de todo el país ha llevado a cabo una batalla de David y Goliat contra esta poderosa industria. Nos enorgullece haber formado parte de esa batalla", ha dicho Craig Bennete, el director de la asociación Friends of The Earth (Amigos de la Tierra).

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha denunciado la medida como un "lavado de cara" que responde únicamente a la presión electoral. "Creo que suena a que el fracking volverá a ser una realidad el 13 de diciembre [el 12 de diciembre están previstas las nuevas elecciones generales en el Reino Unido], si los conservadores acaban reteniendo el Gobierno", ha dicho Corbyn este sábado

Por Rafa de Miguel

Londres 3 NOV 2019 - 15:44 COT

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Al menos dos muertos en enfrentamientos en Bolivia, donde ya arrancó la auditoría de la OEA

Ni el comienzo de la auditoría del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre por parte de la OEA ha traído paz a un país convulsionado. Ya hay dos muertos y decenas de heridos en distintos enfrentamientos.

 

Pese a que desde ayer se audita el escrutinio que determinó la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, Bolivia sigue convulsionada. "Nosotros no podemos manipular a toda una organización compuesta por 33 países", señaló esta mañana el canciller Diego Pary respecto a las intrigas sembradas por la oposición ante el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos para transparentar el proceso electoral y despejar las denuncias de fraude. También pidió que no se estigmatice al gobierno, exponiendo que el clima de conspiración, de crisis institucional e incluso de golpismo explícito ha llegado para quedarse y el día a día resulta poco predecible.

Lo mismo puede decirse de la mentada pacificación social, proclamada por el oficialismo y la oposición, ya que finalmente los enfrentamientos violentos se cobraron las primeras dos vidas -en Montero, Santa Cruz-, elevando la tensión en los reclamos al punto de que en el multitudinario cabildo convocado anoche en la ciudad de La Paz, miles de personas apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al grito de "Evo asesino". Luego hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía que resguardaba la Casa Grande del Pueblo.

Mario Salvatierra -de 55 años- y Marcelo Terrazas -de 41- murieron el miércoles por la noche en enfrentamientos entre bloqueadores, con quienes colaboraban las víctimas, y desbloqueadores. También hubo seis heridos y, al día siguiente, en el barrio Cofadena de Montero se perpetró la venganza con agresiones a pobladores y destrozos de viviendas. Hay versiones disímiles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabiliza a "hordas fascistas que se hacen llamar Unión Juvenil Cruceñista" -grupo de choque del Comité Cívico conducido por el separatista Luis Fernando Camacho-, los habitantes hablan de infiltrados, y la policía apresó a cuatro sospechosos anoche.

Estos hechos se suman a los ocurridos el martes en Plan Tres Mil, una populosa zona de la ciudad de Santa Cruz donde hubo decenas de personas heridas -uno de ellos, gremialista, de gravedad-, esta vez sí con claro involucramiento de jóvenes cruceños visiblemente armados.

En el plano político, la reticencia de la oposición representada por Carlos Mesa, de avalar el monitoreo del escrutinio que se realiza con especialistas de la OEA, más la consolidación de los radicalizados comités cívicos como parte de la pulseada para anular todo el proceso electoral y promover la destitución del presidente Morales, desgastan a un gobierno que durante los últimos días ha buscado bajar el tono de la confrontación.

En el cabildo de La Paz cobraron fuerza las dos nuevas consignas: “Anulación de las elecciones” y “Ni Evo ni Mesa”. Ambas ponen en aprietos al gobierno y al MAS, pero también generan interrogantes hacia las filas de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato sería el único beneficiario si se realizase una segunda vuelta o se impugnase la primera, en caso de que se constate fraude según se determine a partir de las conclusiones de la OEA, cuyo plazo es perentorio en el contexto: de diez a doce días contando desde ayer.

La incitación de los cívicos a radicalizar posiciones frente a la eventual salida institucional que derivaría de la auditoría, llamamiento asentado sobre la intransigencia de clases medias y altas acerca de que hubo fraude, ahora mediante el pedido de que se anule la votación y se descabece a Morales, es una baza ya lanzada por los sectores que más apostaron por desestabilizar. Esto plantea, como tercer elemento cuyas reacciones son más difíciles de calcular que en el tira y afloje político, otro desafío a las dos principales fuerzas electorales.

Para Mesa significa, entre sus propios devaneos y errores, que el civismo le ha quitado protagonismo y que su propio accionar depende de la mayor polarización que están manejando los emergentes comités departamentales. La nueva consigna de las marchas urbanas se lo enrostra y lo corre por derecha.

Para el gobierno y el MAS implica la constatación de que el escenario de estabilidad institucional que existía hasta el 20 de octubre, y su propio destino como proceso de cambio, ha sido modificado diametralmente. Sí, como afirman el propio Morales y los principales cuadros de su gabinete, hay un golpe de Estado en marcha, sus piezas parecen ir ensamblándose de a poco. Y si, como también explicitan varios dirigentes, la auditoría puede darle un respiro a la convulsión, independientemente de cuáles sean sus resultados, la tregua sólo durará hasta entonces.

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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El ex-presidente José Mujica vuelve al Senado de Uruguay como el más votado del Frente Amplio

Con 93,99% de votos escrutados, la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, cuyo líder es el ex mandatario uruguayo, obtuvo 262.124 votos.

De esta manera, Mujica tendrá un nuevo período parlamentario después de haber renunciado al Senado en 2018 para tomarse una licencia.

El ex presidente nunca dejó de aparecer en eventos oficiales, partidistas o de importancia. Además, es uno de los más aclamados tanto por el público como por la prensa.

Mujica, pese a su longevidad, decidió volver al ruedo electoral e intentar ayudar a su partido a atraer votantes en busca de un cuarto período de gobierno consecutivo.

Elecciones reñidas
Las elecciones uruguayas fueron de las más reñidas de los últimos tiempos. El candidato oficialista, Daniel Martínez, apenas alcanzó 40% de los votos.

Mientras que el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo 30% de los sufragios.

Consiguió que el resto de los aspirantes que alcanzaron representación parlamentaria para el próximo gobierno aceptaran formar una coalición para destronar al Frente Amplio.

Objetivo: ganar las elecciones
Ya con su banca asegurada gracias a la alta votación del MPP, ahora Mujica intentará ayudar a dar vuelta a la pisada y ayudar a su partido a ganar las elecciones.

Si bien todo pareciera indicar que el Frente Amplio tendrá un arduo trabajo para intentar revertir la situación y alcanzar una vez más el gobierno, Mujica desde su banca continuará su legado como uno de los políticos más influyentes de este siglo.

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Declaración de gratitud de la campaña cívica “Víctor Vidal Alcalde”

CON EL TRIUNFO DE VÍCTOR VIDAL GANA EL PUEBLO DE BUENAVENTURA. Decir que con la llegada de Víctor Vidal a la alcaldía de Buenaventura gana el pueblo, no es una simple frase bonita que surge por facilismo ni para impresionar. Esto encierra una poderosa verdad que nos llena de esperanza, y que debemos entender para asimilar y asumir el enorme desafío que nos depara como pueblo.

Es fácil relacionar el triunfo que todavía no terminamos de saborear y asimilar, con el paro cívico de 2017 del cual se dijo proféticamente que partiría la historia de la ciudad en dos. Hoy esa afirmación no deja ya ningún lugar a dudas. Pero el origen del proceso se remonta varios años atrás.

Se trata de la victoria de un pueblo, en el sentido más amplio de la expresión, como es amplio y diverso el movimiento cívico y popular que concreta este triunfo en el terreno electoral, pero que tiene ya muchos frutos en el largo camino del intenso proceso de participación y organización cívica y comunitaria.

Si alguna cosa tiene de particular y de importante el triunfo del movimiento cívico es precisamente que no se trata de una reacción momentánea o de un fenómeno mediático inspirado por alguna figura diseñada en los laboratorios de los expertos en imagen y márketing político. Es todo lo contrario. Hoy el pueblo de Buenaventura está cosechando el fruto de un trabajo hecho en minga y cocinado desde hace muchos años en el fuego lento del proceso comunitario surgido desde abajo, desde las raíces, desde los ríos y los consejos comunitarios, desde las calles y los barrios. Y por qué no decirlo, con olor a tierra mojada, a pescado salado, a lluvia pertinaz y a sudorosos rostros dorados por el sol brillante, fecundo y duro sol del Pacífico profundo.

En este fuego lento se fueron cocinando las razones maduradas en la experiencia de la organización comunitaria que incluso se remonta hasta los orígenes de la ley 70, y con ellas al Proceso de Comunidades Negras y decenas de organizaciones similares que desde distintos rincones confluyendo en Buenaventura, han hecho la lucha. Entre ellas, el movimiento Juventud 500 de donde surge Víctor Hugo Vidal Piedrahita.

De este multicolor universo surgió en 2012 el evento Marcando Territorio centrado en la necesidad de defender la relación con el territorio y el derecho ancestral que tienen al mismo los pueblos afrodescendientes e indígenas de la Buenaventura urbana.

Antes del paro cívico, y con muchas razones después de los acuerdos, muchas han sido las personalidades queridas e influyentes, que se han enamorado de este proceso y han puesto lo mejor de su capacidad humana para acompañarnos. De todos ellos también es el triunfo. Y así sabemos que con el triunfo de Buenaventura, gana también Colombia, gana la esperanza y la certeza de comprobar que la solidaridad da grandes frutos.

Son numerosas las organizaciones de la vida nacional e incluso internacional que estaban atentos a los resultados de Buenaventura. En el buen sentido de la palabra, estas elecciones en Buenaventura eran centro de la atención y prueba de fuego para el pueblo.

Organizaciones y personas de la vida académica y universitaria, investigadores, intelectuales, Ongs defensoras de derechos humanos, todas con el común denominador de haberse “enamorado” de la causa justa enarbolada por Buenaventura con su multicolor gama de liderazgos y expresiones de la vida cívica, cultural, social y política han hecho aportes valiosos, y están hoy más que nunca dispuestos a profundizar su trabajo con Buenaventura y por Buenaventura.

Son muchos y diversos los aliados fraternos, y entre ellas unos emblemáticos que no se pueden omitir: El obispo del Pueblo, el Emérito Héctor Epalza Quintero quien siempre ha mantenido un público idilio con la lucha dura de Buenaventura desde los momentos más difíciles y dolorosos de la violencia, hasta el cierre mismo de campaña con el obispo Rubén Darío Jaramillo, que decididamente puso el acento en llamar a que la decencia y la dignidad se impusieran a la hora de elegir. Un mensaje que el pueblo, sabio como se le puede llamar hoy, supo entender con claridad.

También figuras y fuerzas de la vida política nacional. El más conocido y frentero es el senador Alexander López, pero felizmente no es el único. Congresistas, partidos políticos varios, líderes del orden nacional y de diversas tendencias políticas, todos “simpatizados” con la causa esperanzadora de Buenaventura que ahora más que nunca es referencia nacional. Queda el desafío de pasar de los deseos y las promesas a la realidad. Ya veremos pronto qué se puede decir.

Buenaventura, 28 de octubre de 2019

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Lunes, 28 Octubre 2019 08:27

En Buenaventura gana Victor Vidal

En Buenaventura gana Victor Vidal

Buenaventura hace historia, al llevar a Victor Vidal a la alcaldía distrital, a nombre del movimiento Cívico que lideró el Paro de 2017. El triunfo se logra con el aval del Polo Democrático en alianza con Colombia Humana y la Unión Patriótica, lo que representa en buena medida la pluralidad y la diversidad de los sectores populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y el llamado voto de opinión.

Una contundente victoria del pueblo contra las viejas maquinarias que hicieron como es costumbre, millonarios despliegues en publicidad con cuatro candidaturas de la política tradicional.

Con Víctor Hugo Vidal Piedrahita gana la decencia y gana un pueblo que supo derrotar a puro corazón y sin dinero, mostrando claridad y conciencia de su momento histórico, el derroche de publicidad de varias de las campañas opositoras.

El triunfo de la campaña Cívica es el final feliz de una gesta heroica del pueblo de Buenaventura, que había comenzado en 2017 y supo madurar tras dos años de trabajo en el seguimiento a los acuerdos, que se habían firmado con el presidente nobel Juan Manuel Santos.

Es también un esperanzador comienzo que tiene la desafiante tarea de concretar las reclamaciones del pueblo de Buenaventura, acumuladas por años.

Al final de la tarde e inicio de la noche del domingo 28 de octubre, en la sede principal de la campaña en La Calle Cundinamarca, el pueblo desbordó de alegría, mientras cantaba en coro varios de los temas que sirvieron de animación a la campaña ganadora.

En rueda de prensa Víctor Hugo Vidal Piedrahita declaró su compromiso de trascender la instancia local, trabajando para convertirse en referencia nacional como el mejor alcalde no solo de Buenaventura, sino de Colombia entera. El pueblo se lo merece, afirmó el virtual alcalde de Buenaventura inevitablemente emocionado.

Al fondo se escucha a rabiar, el coro ya conocido nacionalmente de que "El pueblo no se rinde carajo".

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La candidata a la alcaldía de Bogotá por Alianza Verde, Claudia López (c), celebra su triunfo en las elecciones regionales junto a los senadores colombianos Jorge Enrique Robledo (i) y Antanas Mockus (d) este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE

BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá y las principales ciudades de Colombia eligieron alcaldes alejados del oficialismo nacional y se inclinaron por candidatos de centroizquierda, según los resultados escrutados por la Registraduría Nacional.

En Bogotá, con 100% de las mesas escrutadas, la candidata por el partido Alianza Verde (centroizquierda) Claudia López, se hizo con 1.108.541 votos (35,21%) frente al candidato independiente Carlos Fernando Galán, que sumó 1.022.362 (34,28%).

Mientras, en Medellín (noroeste), un bastión tradicional de Uribe, el candidato independiente Daniel Quintero Calle fue elegido alcalde para el periodo 2020-2023, con 303.278 votos (38,56%), según el escrutinio del 99,95% de votos.

En Cali (suroeste), el centroizquierdista Jorge Iván Ospina Gómez, también del partido Alianza Verde, se hizo con la alcaldía con 295.884 sufragios (37,98%), de acuerdo al escrutinio del 99,21% de las mesas.

En Barranquilla (norte), Jaime Pumarejo Heins es el alcalde electo al obtener 308.612 sufragios (62,44%), según datos de 99,71% de las mesas.

Pumarejo Heins fue ministro de Vivienda y pertenece al partido de centro-derecha Cambio Radical, aunque contó con el respaldo de una coalición de varios partidos compuesta por el CD de Uribe, el Partido Liberal, Partido de la Unidad Nacional y el Conservador, lo que lo llevó a superar al izquierdista Antonio Eduardo Bohorquez (partido Polo Democrático), que sumó 66.169 votos (13,38%).

En Bucaramanga (nordeste), el empresario Juan Carlos Cárdenas, sin ninguna experiencia previa en política pero que se ha desempeñado en el sector privado como ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander alcanzó 141.768 sufragios (48,36%) este domingo.

Durante la jornada, un total de 36,6 millones de personas estaban habilitadas para votar y elegir, a nivel departamental, gobernadores y diputados y, en los municipios, a alcaldes, concejales y ediles.

Según la Registraduría, para este domingo se imprimieron 156.222.420 tarjetas electorales, mediante los cuales se eligieron 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales.

De acuerdo con la Consejería Nacional para la Reincorporación (CNR), 308 candidatos del partido de izquierda FARC (surgido tras la desmovilización de la guerrilla) participaron en los comicios en 23 departamentos y 85 municipios.

"Son 101 excombatientes y 207 no excombatientes. Hay 18 candidatos a asambleas, 15 a alcaldías, 249 a concejos y 25 a juntas administradoras locales (ediles)", precisó el organismo, que destacó que el departamento de Antioquia contó con el mayor número de aspirantes de la antigua guerrilla a cargos de elección popular, con un total de 42.

La Fiscalía General de Colombia, que dispuso de 8.894 funcionarios, entre fiscales, asistentes e investigadores, para las elecciones locales de este domingo, reportó que a lo largo de la jornada se registraron 36 detenciones por delitos electorales en diferentes regiones del país, mientras que 146 más fueron detenidas por orden judicial por hechos no relacionados con los comicios.

Por último destacó que en desarrollo de los operativos de control se incautaron más de 450 millones de pesos (unos 132.350 dólares) que serían usados para la compra de votos.

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Domingo, 27 Octubre 2019 15:00

Contra el realismo político

Contra el realismo político

En este mes, en estas fechas, es inevitable hablar de elecciones. Un enorme aparato publicitario, estatal y privado, se ha encargado, casi desde el comienzo del año, de repetirnos la importancia del evento y quiénes son los candidatos y candidatas. Sí, los candidatos, aureolados con los logos de su partido o grupúsculo, ya que pocas personas se enteran del contenido de sus programas; a la gran mayoría les tienen sin cuidado.

Realidad criolla. No obstante, el hecho político más importante del mes es el levantamiento popular, principalmente indígena, en Ecuador. Y no es “en otro país”. Junto con Venezuela son los vecinos más influyentes en nuestra situación. No es posible ignorar las identificaciones culturales, el comercio fronterizo, el permanente trasiego de personas (hoy, obviamente, la catastrófica inmigración de venezolanos), y la vida en común a uno y otro lado de la línea artificial. Basta recordar que el departamento de Nariño es, hoy por hoy, uno de los más violentos y afectados por el narcotráfico, así como los de Norte de Santander y Arauca, particularmente la región del Catatumbo, en nuestra frontera oriental (Ver “La guerra no para en el Catatumbo”, página 9). Con el agravante de que hoy las relaciones oficiales, institucionales, se encuentran seriamente averiadas. Pero, claro, el pueblo colombiano está obligado a pensar en una puesta en escena donde lo que se juega no es el destino del país sino los destinitos fatales de los miles de candidatos y candidatas. El destino, como se sabe, ya viene escrito.

En efecto, cuando este número del periódico esté en circulación, llegará el momento de los balances, en apariencia el más importante. Como diría Serrat: “Y con la resaca a cuestas/ vuelve el pobre a su pobreza/ vuelve el rico a su riqueza/ y el señor cura a sus misas”. Sí, por un día se olvidó que cada uno es cada cual. He ahí la trampa de las elecciones: individualiza e iguala a todos. Los números, sólo los números, nos dirán quién ganó y quién perdió. No importa cómo se consiguieron esos números. Y lo peor: nada nos garantiza que lo que gana sea una propuesta de política pública. Lo más probable es que sea una figura, sustentada en la maquinaria clientelista, en el poder del dinero, en el poder de la violencia abierta y brutal, o todos los anteriores; en el menos malo de los casos, sustentada en la “popularidad” que es el componente fundamental en las grandes ciudades. Popularidad que se obtiene en una mínima proporción con la biografía pero sobre todo con una costosa publicidad abierta o disfrazada. Si al final representa un cambio, será sólo fruto de una afortunada coincidencia. ¿Pero es que alguien estaba pensando en un cambio?

Así las cosas, lo que más sorprende es que todas las agrupaciones, grandes, pequeñas y minúsculas, de carácter nacional (unas pocas), regional o local, que se presentan como distintas y alternativas, algunas francamente de la “izquierda”, están de acuerdo en que “hacer política” es competir en las elecciones. Una idea equivocada que se ha impuesto como consenso. El error probablemente proviene de una creencia muy colombiana, que lleva más de medio siglo (o más todavía), según la cual la única alternativa a lo electoral sería la acción armada. Se desconoce aquello que, en Europa y Estados Unidos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, solía llamarse acción “extraparlamentaria”, o “social”, como sencillamente la denominaban los anarquistas.

Lo más inquietante, de todas maneras, es que no parece vislumbrarse aquí ninguna idea de cambio. –Como es lógico, ese sería el criterio de diferenciación frente al mundo político del establecimiento–. Cabría, para empezar, una pregunta: ¿creen estos grupos que, desde las posiciones, por ahora exiguas, en los cuerpos colegiados y en los ejecutivos municipales o departamentales (más escasos), se podría inducir algún cambio de rumbo en las políticas públicas? O, aceptando el terreno electoral en gracia de discusión: ¿No sería necesario conseguir, previamente, un cambio sociopolítico que permitiera otro tipo de condiciones para la competencia? La oronda respuesta de “nada va primero, lo uno ayuda a lo otro y viceversa” que es la habitual, francamente no convence.

Además, en unas campañas electorales como éstas, en las que no se ventilan asuntos de contenidos, no hay posibilidad de diferenciación. Los grupos a los que hemos estado haciendo referencia ni siquiera lo intentan. Todos compiten por hacerse un lugar en el “centro”; adobándose, según el público, con diferentes proporciones de temas “políticamente correctos” que no resultan suficientes para ganar una identidad. El recién nacido Partido de la Farc, por ejemplo, quiso debutar, haciendo honor a su calificativo de revolucionaria, exponiendo las ideas fuerza de su orgullosa tradición y de su épica –a la que, por lo demás, tenía legítimo derecho– y luego de la desaprobación y de innumerables rechazos, incluidos los de los amigos, terminó reduciendo su programa a la defensa del Acuerdo de Paz; últimamente, al mínimo, que es la reincorporación de los excombatientes a las actividades productivas en condiciones de posibilidad comercial y seguridad física.

No hay, pues, partidos, ni movimientos, ni siquiera grupos, con señas de identidad. Lo único que podemos identificar son personajes, con mayor o menor presencia en los medios. Para ello, probablemente, es para lo que más sirve detentar una curul o un cargo público. Todo, en medio del más absoluto vacío ideológico (Ver “Encuestas electorales…”, página 10). Pero no seríamos tan injustos de atribuirlo a defectos individuales o decisiones equivocadas. Seguramente es la atmósfera de los tiempos que corren. Cuando aludimos a la voluntad de “cambio” lo hicimos deliberadamente para señalar apenas el más elemental rasgo de diferenciación. Porque lo que ha quedado sepultado con el pasado siglo, y no sólo en Colombia, es la propia idea, no digamos ya de revolución, sino simplemente de transformación, y con ella el cultivo de las esperanzas. Ha desaparecido así el referente que antaño evocaba el vocablo “izquierda”. El tamaño de las ambiciones llega, si acaso, al de “lo menos malo”, cuando no a la filosofía de “peor es nada”.

En aquella confusión del mínimo común denominador no es posible identificar a la famosa izquierda, ni a los grupos que la componen, como no sea por lo que dicen de sí mismos o por lo que les atribuyen los otros. ¡La izquierda es un acto de fe! Votar por Holman Morris en Bogotá, por ejemplo, es votar por la izquierda. ¿Por qué? Al final es la “derecha”, la más cerrera y ultramontana, la que define quienes son de “izquierda”. La categoría, según las conveniencias, puede abarcar desde Jesús Santrich hasta Roy Barreras. Desde Orlando Fals Borda hasta Ernesto Samper, pasando por Antanas Mockus. Por eso es tan difícil llevar a la práctica la popular recomendación que ya es un cómodo lugar común: “¿por qué no se une toda la izquierda?” La respuesta es sencilla: porque no se sabe dónde ni cómo colocar la línea divisoria.

No se nos oculta la objeción inmediata, de uso corriente en la politología. La argumentación presentada –se diría– corresponde a un andamiaje de “grandes relatos”, propio de una modernidad ya superada. Es completamente vano seguir en busca de la “izquierda perdida”. No hay diferenciaciones social o históricamente necesarias; las diferenciaciones son contingentes y transitorias, o mejor, coyunturales. Por ejemplo, en Colombia, tiene que ver con el cumplimiento y puesta en marcha del Acuerdo de Paz que es la materialización concreta de la oposición entre guerra y paz. Algunos de manera más callejera dirían: entre uribistas y no uribistas. El problema consiste en que un partido político e incluso una corriente política, están obligados a dar respuestas a un conjunto significativo de problemas de diferente orden; históricos, seguramente, pero también de coyuntura. Y ese conjunto de respuestas tiene que ser coherente para que conquiste credibilidad.

Desde luego, el punto que más se menciona como ejemplo es el de la lucha contra la corrupción. Y, ciertamente, es de innegable actualidad. Un problema que tiene, tan clara diferenciación, consiste en que, en el plano de las imágenes y las consignas, nadie se ubica en el lado de la corrupción. Corre por cuenta del debate que cada quien haga el señalamiento en los demás. Una puja moralista. Y no tiene nada de raro que termine ganando quien cuente con más poder mediático (y judicial). Una mancha –cierta o falsa– puede acabar con la reputación de todo un partido. El Polo jamás se levantará de la tragedia de haber postulado y respaldado a Samuel Moreno a quien siguen condenando a decenas de años de prisión, una y otra vez, con una sevicia que jamás destinarían a un tipo como el otro Moreno, el exfiscal. Además, se le aplica también la reflexión anterior. ¿Qué coherencia tiene, por ejemplo, una candidata que prometa incorruptibilidad a toda prueba y guerra implacable contra los corruptos si al mismo tiempo coincide con los adversarios en política económica y social?

Pero no es un problema solamente de los grupos y partidos a los que venimos aludiendo. Si así lo fuera, estaríamos, tal vez, perdiendo el tiempo. A la hora de los balances cada quien habla de la fiesta según como le haya ido en ella. Y en la discusión siempre va a triunfar el realismo político. Es posible que, en la pequeña dinámica que hemos señalado pueda faltar grandeza pero no deja de haber algunos dividendos y así puede continuarse indefinidamente. El verdadero problema toca con nuestro pueblo. Es poco lo que se le está ofreciendo que apunte a transformar sus condiciones de vida, no sólo materiales sino espirituales, pero también a los mecanismos, espacios y procesos por desatar para que desde sus intereses y fuerzas se desate una acción por el cambio. “Solo el pueblo salva al pueblo”, era común escuchar décadas atrás. Pero, ¿acaso se le está consultando? ¿Acaso se abren los canales para desde sus fuerzas se confronte abierta y de manera decida al establecimiento? Esto a pesar que desde algunos sectores de opinión se observa la queja y el temor acerca del avance de la “derecha”. Pues bien, aparte de lo que ya tenemos, no se sabe cuánto más podrá llegar.

En todo caso, semejante peligro solamente podrá ser conjurado cuando aparezca una corriente, que apoyada en espacios de participación social realmente convocantes y decididos por el liderazgo del ‘común’, que prometa un vuelco verdaderamente cautive y arrastre, despertando esperanzas, desatando energías comprimidas por décadas de negaciones y mala vida, y ofreciendo fuertes convicciones. Mientras la misma toma cuerpo, ninguna alternativa podrá provenir de esta retórica de las pequeñas cosas, del moralismo del cambio en el comportamiento individual y del “pensamiento positivo”. Si algún imperativo es hoy oportuno en Colombia es éste muy sencillo: ¡poner fin a esta filosofía de la resignación!

Publicado enEdición Nº262