Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Viernes, 09 Abril 2021 06:25

La militarización del Estado

La militarización del Estado

Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).

El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.

En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.

Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de "la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos", entre los que merece especial destaque la "militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia".

En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.

Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN).

Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.

El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a "una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental".

Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de "escuelas cívico-militares", y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.

El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando "el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares" (p. 34).

Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.

La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el "silenciamiento de voces disonantes" en instituciones que son "locus de producción del conocimiento crítico y creativo" (p. 30).

Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.

Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.

Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (primer plano), y su secretario de Defensa, Benny Gantz, ayer en el parlamento, en Jerusalén. Foto Afp

El acuerdo histórico de China e Irán, con bendición rusa, por 25 años y 500 mil millones de dólares –casi equivalentes al PIB nominal de la vapuleada economía persa– constituye un genuino game changer (punto de inflexión) que ha sacudido las placas tectónicas de la geopolítica en Eurasia que epitomiza la irrupción de China al Gran Medio Oriente (https://bit.ly/2Reo6LN).

El cronograma geopolítico es seminal cuando el fallido golpe de Estado en Jordania (https://wapo.st/31Og1zz) se escenificó una semana después al acuerdo histórico de China e Irán –que creó de facto el eje Moscú/Pekín/Teherán– y tres días antes de la reunión "indirecta" entre EU e Irán en Viena para renegociar el levantamiento de las mil 600 (¡megasic!) sanciones de Washington y la detención del enriquecimiento de uranio de Teherán (https://bit.ly/2PyfM9k) –todavía muy lejos del mínimo de 90 por ciento para fabricar una bomba nuclear que el atribulado premier Netanyahu ha inventado posee el país persa, como parte de la brutal "guerra de propaganda" que emprendió la triada Trump/Jared Kushner/Netanyahu.

Más allá de las conocidas intrigas palaciegas, que han recreado la narrativa de la perpleja población jordana, entre dos medio-hermanos –el rey Abdala y el príncipe Hamzeh, hijo de la cuarta esposa estadunidense, de origen libanés, la reina Noor Halabi– destacan las revelaciones estrujantes del rotativo israelí de mayor circulación Yedioth Ahronoth (5/4/21) sobre el presunto rol que hubiera jugado Netanyahu que se había enfurecido por la prohibición de la travesía de su vuelo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este dato no es menor ya que la instalación en el poder de Jordania de un "aliado" de Israel en forma indirecta hubiera expandido su alcance y su profundidad estratégica hasta su frontera con Irak de 179 kilómetros, no muy lejos de Irán cuando la distancia aérea más corta entre Irak e Irán es de 941 ­kilómetros.

El éxito del golpe hubiera tenido profundas reverberaciones en las otras fronteras de Jordania: Arabia Saudita (731 kilómetros), Siria (341) y la Cisjordania palestina ocupada (148).

El popular rotativo israelí señala que fuentes jordanas anónimas sospechan la complicidad de algunas petromonarquías del golfo Pérsico.

El sitio de noticias Ammon de Jordania implica al ex agente del Mossad Roy Shaposhnik, a lo cual el portal iraní Hispan TV le ha dado gran vuelo (https://bit.ly/3sXuF39).

Shaposhnik –quien trabajó para el siniestro ejército paramilitar estadunidense Blackwater/Xe de Erik Prince–, contactó a la esposa del príncipe golpista Hamzeh para proporcionar a su familia un avión privado y organizar su salida con el fin de que desde el exterior dirija el golpe palaciego a unos días del centenario del reino, el 11 de abril.

Llamó poderosamente la atención que cinco (sic) días antes del fallido golpe de Estado en Jordania, el analista militar israelí Amos Harel haya advertido que los 328 kilómetros de frontera de Israel con Jordania podían ser el escenario de una enorme inestabilidad (https://bit.ly/2Q5cgTq).

Harel revela que los "ayudantes de Netanyahu se burlan (sic) de un país en ­declive".

Como dicen los avezados criminalistas, Netanyahu tenía "motivos" suficientes para derrocar al rey Abdala, si es que hacemos caso a las perturbadoras revelaciones de Harel cuando días previos Jordania había solicitado a Israel más agua a lo que se negó Netanyahu, lo cual "refleja otro estadio en el deterioro de las relaciones entre los dos países".

Viene la parte nodal de Harel: "Existe una crisis severa que prevalece entre Amán y Jerusalén, exacerbada a inicios de mes, cuando los jordanos impidieron el paso de Netanyahu a EAU".

Harel abunda sobre la "venganza personal de Netanyahu contra el rey Abdala" al prohibir también el envío de vacunas contra el Covid-19.

Lo más kafkiano radica en que mientras Netanyahu presuntamente instigaba el golpe de Estado en Jordania, el atribulado primer israelí comparecía ante un tribunal por fraude/corrupción (https://bit.ly/3mr2SWI) y se quejaba de ser víctima de un "golpe de Estado" jurídico.

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Jeff Bezos, el jefe de todo esto. Foto: Seattle City Council

El economista Robert Reich propone siete medidas para que las grandes fortunas de Estados Unidos paguen los impuestos necesarios para la economía del país.

 

Los ingresos y la riqueza están ahora más concentrados en la élite que en cualquier otro momento de los últimos 80 años, y nuestro injusto sistema tributario es una de las principales razones. El sistema tributario está diseñado para los ricos, lo que permite que un puñado de personas adineradas ejerzan una influencia indebida sobre nuestra economía y nuestra democracia.

Los conservadores se preocupan por los déficits presupuestarios. En tal caso, para pagar aquello que la nación necesita —poner fin a la pobreza, atención médica universal, infraestructuras, revertir el cambio climático, invertir en las comunidades y mucho más— los súper ricos tienen que pagar la parte justa.

Estas son siete formas necesarias para gravar a los ricos.

Primero: Derogar los recortes de impuestos de Trump. No es ningún secreto que la gigantesca rebaja de impuestos de Trump fue un gran regalo para los ricos. El 65% de sus efectos favoreció al quintil más rico, y de esa parte, el 83% lo hizo al 1% más rico. En 2018, por primera vez desde que hay registros, los 400 estadounidenses más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva más baja que la mitad inferior. Revocar los beneficios de la reducción de impuestos de Trump para las corporaciones ricas y grandes, como ha propuesto Joe Biden, recaudará un monto estimado de 500.000 millones de dólares en una década.

Segundo: aumentar el tipo impositivo sobre los que están en la parte superior. En la década de 1950, el tipo impositivo más alto para los estadounidenses más ricos superaba el 90%. Incluso después de las deducciones y las desgravaciones fiscales todavía pagaban más del 40%. Pero, desde entonces, las tasas impositivas se han reducido drásticamente. Hoy, después de la reducción de impuestos de Trump, los estadounidenses más ricos pagan menos del 26%, incluidas deducciones y desgravaciones. Y esta tasa se aplica solo a los dólares ganados por encima de 523.601 dólares. Aumentar la tasa impositiva marginal en solo un 1% sobre los estadounidenses más ricos generaría aproximadamente 123.000 millones en diez años.

Tercero: un impuesto sobre el patrimonio para los súper ricos. La riqueza es una fuente de desigualdad aun mayor que los ingresos. El 0,1% más rico de los estadounidenses tiene casi tanta riqueza como el conjunto del 90% inferior. Durante la pandemia, los multimillonarios de Estados Unidos agregaron 1.300 millones a su riqueza colectiva. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Elizabeth Warren cobraría un 2% sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares y el 3% sobre el patrimonio de más de mil millones. Solo se aplicaría a unos 75.000 hogares estadounidenses, menos del 0,1% de los contribuyentes. De acuerdo con él, Jeff Bezos pagaría 5.700 millones de su fortuna de 185.000 millones, menos de la mitad de lo que ganó en un día el año pasado. El impuesto sobre el patrimonio recaudaría 2.750 billones de dólares en una década, lo suficiente para pagar el cuidado infantil universal y la universidad pública gratuita con mucho sobrante.

Cuarto: Un impuesto a las transacciones financieras. El 1% más rico posee el 50% del mercado de valores. Un pequeño impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras, solo un dólar por cada mil dólares negociados, recaudaría 777.000 millones en una década. Eso es suficiente para proporcionar vales de vivienda —más de 12 veces— a todas las personas sin hogar en Estados Unidos.

Quinto: Poner fin al vacío legal de la “base de costos incrementados” [“stepped-up cost basis”]. Los herederos de los superricos pagan cero impuestos sobre las ganancias de capital respecto a los enormes aumentos en el valor de lo que heredan debido a una laguna jurídica llamada stepped-up cost basis. En el momento de la muerte, el valor de los activos se “incrementa” a su valor actual de mercado, por lo que una acción que se valoró originalmente en, digamos, un dólar cuando se compró, pero que vale mil dólares cuando los herederos la reciben, lleva aparejada un ahorro de 999 dólares en términos de ganancias de capital. Este vacío legal permite que enormes y crecientes concentraciones de riqueza pasen de generación en generación sin tener que pagar impuestos. Eliminar esta laguna legal recaudaría 105.000 millones de dólares en una década.

Seis: Cerrar otros vacíos legales para los superricos. Por ejemplo, una forma en que los administradores de bienes raíces, capital de riesgo, capital privado y hedge funds reducen sus impuestos es el agujero del “interés acumulado”, que les permite tratar sus ingresos como ganancias de capital en lugar de como ingresos salariales ordinarios. Eso significa que pagan impuestos a la tasa más baja de ganancias de capital en lugar de la tasa impositiva más alta sobre los ingresos. Se estima que cerrar este vacío legal recaudará 14.000 millones en una década.

Siete: Incrementar los fondos del Fisco para que pueda auditar a los contribuyentes ricos. Debido a que el IRS [Internal Revenue Service, la Hacienda estadounidense] no ha recibido fondos suficientes, es mucho menos probable que los millonarios sean auditados de lo que solían serlo. Como resultado, el IRS no recauda una gran cantidad de impuestos de los contribuyentes ricos. Recaudar todos los impuestos federales sobre la renta no pagados por el 1% más rico generaría al menos 1.75 billones de dólares durante una década. Así que, definitivamente, hay que financiar el IRS.

Juntas, estas siete formas de gravar a los ricos generarían más de seis billones en diez años, suficiente para abordar las grandes necesidades de la nación. A medida que la desigualdad se ha disparado, nuestro injusto sistema fiscal ha permitido que los estadounidenses más ricos hagan trampa para no pagar lo que en justicia deben pagar. No es radical frenar esta irresponsabilidad. Es radical dejar que continúe.

Por Robert Reich

6 abr 2021 06:06

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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El modelo chino puede inspirar para eliminar la pobreza en Chiapas.Foto Víctor Camacho

Global Times exultó que “China declaró en forma solemne la victoria (sic) completa por haber erradicado la pobreza absoluta (https://bit.ly/2PXXTjK)”: la hazaña china representa ¡más de 70 por ciento de la reducción de la pobreza en el mundo!

Mientras Estados Unidos y su modelo fracasado de la globalización empobrecieron a 99 por ciento de su población para beneficiar a uno por ciento de su plutocrática bancocracia, China, en forma inversamente proporcional, alivió su previa miseria que prevaleció durante su legendaria "Larga Marcha" de 9 mil 600 kilómetros.

El mandarín Xi celebró el "salto histórico" de haber sacado de la pobreza a 100 millones de las zonas rurales gracias a su plan de ocho años en los que invirtió 246 mil millones de dólares (https://bit.ly/3rI7IQc) y que ahora podrán acceder a alimentos y vestimenta, mientras el gobierno proporcionará sus tres "garantías": salud,vivienda y educación.

Existen muchas definiciones sobre "pobreza", pero usan los parámetros del Banco Mundial que se ajusta a los intereses de Estados Unidos.

Una de las críticas malignas señala la "definición" de la pobreza rural china en 1.69 dólares por día frente al umbral global de 1.90 dólares del Banco Mundial, como si esos 0.21 dólares fueran la única causal, soslayando su abordaje multifactorial, donde predominan la jerárquica voluntad política y la ontología cultural, con mejora de las condiciones circundantes, médicas y científicas.

Hasta el sesgado Banco Mundial admite que desde 1978 más de 850 millones de chinos (¡equivalentes a 6.5 Méxicos!) han salido de la extrema pobreza.

China, que cuenta con mil 400 millones de habitantes, el mayor número del planeta, realizó su hazaña de erradicar la pobreza –que predomina en su parte occidental– en 832 municipios y 128 mil pueblos y contó con los dos grandes "espíritus" de sus tiempos revolucionarios: el Jinggangshan (municipio de la primera base revolucionaria rural del Partido Comunista) y el Yan’an (fase heroica de la revolución comunista basada en la política de reforma campesina y la guerra de guerrillas).

China lanzará la "revitalización rural" en una transición de cinco años (https://bit.ly/3fBfQzH).

Los medios propagandísticos Voice of America (https://bit.ly/3uxV7kD), BBC (https://bbc.in/2PnPK8F) y Brookings Institution fustigaron las cifras del gobierno chino y ponen en relieve una frase del premier chino Li Keqiang: "Existen más de 600 millones de personas cuyo ingreso mensual es de 140 dólares, que no son suficientes para rentar un cuarto en las ciudades". No es ningún secreto la aguda disparidad entre las prósperas ciudades y su entorno rural.

Los chinos se jactan de que su inconmensurable éxito "puede ser promovido para ayudar a otros países en vías de desarrollo en el mundo" como inigualable soft power.

En la milenaria China de cinco mil años, sus ominosos "tiempos de turbulencias" han derivado de revueltas campesinas. El milagroso despegue chino, que no sólo es vulgarmente economicista, sino también científico y socio-educativo, exacerbó la brecha urbano-rural en un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados.

El alivio de la pobreza en China ha sido bautizado como un "milagro del desarrollo".

La tasa de pobreza de Estados Unidos hace dos años era de 43.5 millones (alrededor de 15.1 por ciento, frente a 3.3 por ciento de los pobres que quedan en China) y que seguramente se incrementó con la pandemia del Covid-19.

La CIA publica el ranking de los países con el porcentaje de su “población debajo de la línea de pobreza (https://bit.ly/2PSpC5J)”, donde viene Siria en primer lugar –gracias a las guerras de "Occidente" para promover "libertad/democracia/derechos humanos"– cuando México resalta en un nada edificante lugar 30, empeorado por su Índice Gini, uno de los peores del mundo.

Ahora que me adentré al tema candente de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica (https://bit.ly/2R8s9JH), que ha creado una grave crisis transfronteriza con Estadis Unidos, descubrí que su epicentro era Chiapas, que ostenta su peor PIB per cápita de 2 mil 291 dólares (https://bit.ly/3fDsYnI).

El apoteósico modelo chino puede servir muy bien de inspiración para erradicar la peor pobreza de México centrada en Chiapas.

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Cuba será covid-free: cinco vacunas y suma y sigue

Si los resultados son satisfactorios, a finales de agosto seis millones de cubanos, más de la mitad de la población, estarán protegidos. Cuando acabe el año, Cuba será de los primeros países del mundo en vacunar a todos sus residentes

 

El 23 de marzo de 2021, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo ante un grupo de partidarios del Partido Conservador: “La razón de nuestro éxito con la vacuna es el capitalismo, es la codicia, amigos”. Johnson estaba expresando la creencia de que la búsqueda del beneficio privado a través de mercados libres capitalistas genera buenos resultados. Sin embargo, en realidad, los logros de Gran Bretaña en el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca y en el lanzamiento nacional de la vacunación tienen más que ver con las inversiones estatales que con los mecanismos del mercado. El dinero del gobierno subvencionó el desarrollo de la vacuna en la Universidad de Oxford, y es el Servicio Nacional de Salud, financiado por el Estado, el que ha llevado a cabo el programa de vacunación. Lo que Johnson no reconoció es que el motivo por el que Gran Bretaña tiene actualmente el quinto peor índice de mortalidad por covid-19 en el mundo, con más de 125.000 muertes (casi 1.857 por millón de habitantes), y suma y sigue, es el capitalismo y la codicia.

El Gobierno británico, como la mayoría de los regímenes neoliberales, se negó a tomar las medidas necesarias para ralentizar y detener la transmisión comunitaria; desde el principio fue incapaz de proporcionar a los trabajadores del sector de la salud y de la asistencia social los EPI adecuados y otros recursos que podrían haber salvado la vida de cientos de personas que trabajaron en primera línea y que fallecieron a consecuencia de ello. El Gobierno británico contrató a empresas privadas para que llevaran a cabo actividades esenciales, la mayoría con poca o ninguna experiencia; por ejemplo, en lugar de equipar al sistema comunitario de médicos de cabecera del Servicio Nacional de Salud para que se hicieran cargo del “seguimiento y localización” de casos, el gobierno repartió 37.000 millones de libras a Serco para administrar parte del sistema. Desde el punto de vista de la salud pública ha sido un desastre; sin embargo, según los celebrados principios del capitalismo y la codicia de Boris Johnson, en efecto se ha lucido. Los mayores beneficiarios de la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia han sido las corporaciones privadas que han obtenido enormes beneficios. La tarifa media diaria de los aproximadamente 2.500 consultores de Accenture, Deloitte y McKinsey es de 1.175 euros, y algunos cobran 7.780 euros al día.

Johnson ya ha trazado una hoja de ruta para reabrir la economía. Como consecuencia, incluso el escenario más optimista predice una tercera ola entre septiembre de 2021 y enero de 2022 que comportará al menos 30.000 muertes más en Gran Bretaña. Estas muertes son evitables. Sin embargo, precisamente porque el gobierno británico funciona movido por el capitalismo y la codicia, insiste en que tenemos que aprender a “vivir con el virus” para que el negocio empresarial pueda continuar.

Contrariamente a las afirmaciones de Johnson, esta pandemia ha ratificado que las necesidades de la atención médica pública no pueden satisfacerse adecuadamente con un sistema basado en la búsqueda de beneficios. De hecho, es en la ausencia del afán de lucro capitalista en lo que se basa la extraordinaria respuesta nacional e internacional a la covid-19 por parte de la Cuba socialista, que ahora tiene cinco vacunas en fase de ensayo clínico y está lista para ser una de las primeras naciones en vacunar a toda su población.

Al reaccionar con rapidez y determinación, al movilizar su sistema de salud pública y un sector biotecnológico líder en el mundo, Cuba ha mantenido un número bajo de contagios y muertes. En 2020, Cuba confirmó un total de 12.225 casos de coronavirus y 146 muertes en una población de 11,2 millones, lo cual la sitúa entre los índices más bajos del hemisferio occidental. En noviembre de 2020 se abrieron los aeropuertos, lo que provocó un aumento de contagios: en enero de 2021 se contabilizaron más infecciones que en todo el año anterior. El 24 de marzo de 2021, Cuba había registrado menos de 70.000 casos y 408 muertes. La tasa de mortalidad fue de 35 por millón y la tasa de letalidad fue tan solo del 0,59% (2,2% en todo el mundo; 2,9% en Gran Bretaña). En un año, 57 brigadas de médicos especialistas del Contingente Internacional Henry Reeve cubano habían tratado a 1,26 millones de pacientes con covid-19 en 40 países; se adhirieron 28.000 profesionales de la salud cubanos que ya trabajan en 66 países. Los logros de Cuba son todavía más extraordinarios si se tiene en cuenta que, desde 2017, la administración de Trump lanzó punitivamente 240 nuevas sanciones, acciones y medidas para endurecer el bloqueo de 60 años a Cuba, incluidas casi 50 medidas adicionales durante la pandemia, que solo al sector de la salud le costaron más de 200 millones de dólares. 

Cuba ha pasado a la ofensiva en la lucha contra la covid-19 movilizando el sistema de salud público comunitario, centrado en la prevención, para realizar visitas diarias a domicilio, detectar y tratar casos de forma activa y encauzar al sector de las ciencias médicas con el objeto de adaptar y crear nuevos tratamientos para los pacientes y vacunas específicas contra la covid-19. Estos avances no solo traen esperanza a Cuba, sino al mundo entero.

¿Qué caracteriza a las vacunas cubanas?

En todo el mundo se están desarrollando unas 200 vacunas para la covid; el 25 de marzo de 2021, 23 candidatas habían avanzado a ensayos clínicos de fase III. Dos de ellas eran cubanas (Soberana 2 y Abdala). Ningún otro país latinoamericano ha desarrollado su propia vacuna hasta ese punto. Cuba tiene tres vacunas candidatas más en ensayos en fases anteriores (Soberana 1, Soberana Plus y una vacuna intranasal sin aguja llamada Mambisa). ¿Cómo se explica este logro? El sector biotecnológico de Cuba es único; de propiedad y financiación totalmente estatal, libre de intereses privados, los beneficios no se buscan a escala nacional y la innovación se canaliza para satisfacer las necesidades de salud pública. Decenas de instituciones de investigación y desarrollo colaboran compartiendo recursos y conocimientos en lugar de competir entre ellas, lo que facilita una vía rápida desde la investigación y la innovación hasta los ensayos y la aplicación. Cuba tiene la capacidad de producir entre el 60 y el 70% de los medicamentos que consume el país, un imperativo derivado del bloqueo de Estados Unidos y del coste de los medicamentos en el mercado internacional. También hay fluidez entre las universidades, los centros de investigación y el sistema de salud pública. Estos elementos han demostrado ser vitales en el desarrollo de las vacunas cubanas para la covid-19.

A escala mundial se están desarrollando cinco tipos de vacunas para la covid-19:

– Vacunas de vectores virales que inyectan un virus inofensivo no relacionado modificado para entregar material genético del SARS-CoV-2 (Oxford AstraZeneca, Gamaleya y SputnikV);

– Vacunas genéticas que contienen un segmento de material genético del virus SARS-CoV-2 (Pfizer, Moderna);

– Vacunas inactivadas que contienen virus SARS-CoV-2 desactivado (Sinovac/Butantan, SinoPharm, Bharat Biotec);

– Vacunas atenuadas que contienen virus SARS-CoV-2 debilitado (Codagenix);

– Vacunas proteicas que contienen proteínas del virus que desencadenan una respuesta inmunitaria (Novavax, Sanofi / GSK).

Las cinco vacunas cubanas en fase de ensayo clínico son todas vacunas proteicas; llevan la parte de la proteína de la espiga del virus que se adhiere a las células humanas; genera anticuerpos neutralizantes para bloquear el proceso de unión. La doctora Marlene Ramírez González explica que son “vacunas de subunidades, uno de los métodos más económicos, y el tipo para el cual Cuba tiene el mayor conocimiento e infraestructura”. De la proteína S –el antígeno o parte del virus SARS-CoV2 en el que se centran todas las vacunas para la covid porque induce la respuesta inmune más fuerte en humanos– las candidatas cubanas se basan solo en la parte involucrada en contacto con el receptor de la célula: el dominio receptor-obligatorio (RBD, por sus siglas en inglés), que es también el que induce la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Esta estrategia no es exclusiva de las vacunas cubanas. Sin embargo, Soberana 02 sí se distingue del resto de candidatas del mundo como la única “vacuna conjugada”. Actualmente está en la fase III de los ensayos clínicos, combina RBD con toxoide tetánico, que potencia la respuesta inmune… Cuba ya había desarrollado otra vacuna con este principio. Se trata de Quimi-Hib, “la primera de su tipo en ser aprobada en América Latina y la segunda en el mundo”, contra el Haemophilus influenzae tipo b, cocobacilo responsable de enfermedades como meningitis, neumonía y epiglotitis”.

Idania Caballero, científica farmacéutica de BioCubaFarma, señala que las vacunas se apoyan en décadas de estudios médicos y trabajo en materia de enfermedades infecciosas: “La tasa de mortalidad en Cuba por enfermedades infecciosas, incluso en tiempos de covid, es inferior al 1%. Cuba vacuna hoy contra 13 enfermedades con 11 vacunas, ocho de las cuales se producen en el país. Gracias a los calendarios de vacunación se han eliminado seis enfermedades. Las vacunas producidas con estas tecnologías se han administrado incluso a niños en los primeros meses de vida”.

Las vacunas Soberana las produce el Instituto Finlay en alianza con el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Biopreparados. En su nombre viene implícita su importancia económica y política; sin un producto nacional, Cuba tendría dificultades para acceder a vacunas extranjeras, ya sea por el bloqueo de Estados Unidos o por el coste de las mismas. Las vacunas Soberana insertan información genética en células superiores de mamíferos. Soberana Plus es la primera vacuna del mundo para pacientes convalecientes de covid-19 que llega a los ensayos clínicos.

Las otras vacunas, Abdala y Mambisa, nombres que también rinden homenaje a la lucha de Cuba por la independencia, las produce el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Estas vacunas insertan información genética en un organismo menos evolucionado, un microorganismo unicelular (la levadura Pichia Pastoris). Se apoyan en el extraordinario historial del CIGB, incluidas sus vacunas contra la hepatitis B, utilizadas en Cuba durante 25 años.

Al desarrollar diferentes plataformas de vacunas, esas instituciones evitan competir por los recursos. Caballero explica que “Cuba tiene la capacidad de producir dos cadenas vacunales independientes, con más de 90 millones de vacunas anuales, manteniendo la producción requerida de otros productos para el mercado interno y para la exportación”. Las vacunas cubanas requieren tres dosis y, al ser estables a temperaturas de entre 2 y 8 grados, no requieren costosos equipos especiales de refrigeración.

Ensayos en fase III y ‘estudios de intervención’

A finales de marzo, los ensayos de fase III estaban en marcha para Soberana 2 y Abdala, cada uno de los cuales incorporaba a más de 44.000 voluntarios mayores de 19 años en regiones con alta incidencia de covid-19. Soberana 2 se administra en La Habana y Abdala en Santiago de Cuba y Guantánamo. El análisis y seguimiento de los pacientes del ensayo de fase III continuarán hasta enero de 2022 para investigar si previenen la transmisión, cuánto dura la inmunidad y otras preguntas que ningún fabricante de vacunas puede responder aún. Sin embargo, otros 150.000 sanitarios en La Habana están recibiendo inyecciones de Soberana 2 como parte de un ‘estudio intervencionista’, una forma de ensayo clínico que puede autorizarse después de que se haya demostrado la seguridad de los medicamentos en la fase II. Los estudios de intervención no incluyen pruebas de doble ciego ni placebos. Otros 120.000 sanitarios del oeste de Cuba recibirán Abdala en las próximas semanas. A finales de mayo de 2021, otros estudios intervencionistas en la capital administrarán la vacuna a 1,7 millones de personas en La Habana, la mayoría de la población adulta, lo que significa que 2 millones de cubanos estarán completamente vacunados.

Si los resultados son satisfactorios, en junio se iniciará la verdadera campaña nacional de vacunación, que priorizará a los grupos según factores de riesgo y comenzará por los mayores de 60 años. Para finales de agosto de 2021, seis millones de cubanos, más de la mitad de la población, estarán protegidos y para finales de año, Cuba se encontrará entre los primeros países del mundo en vacunar completamente a toda su población.

Los científicos médicos cubanos confían en tener la capacidad y la experiencia para adaptar sus formulaciones, tecnologías y protocolos de actuación vacunales para abordar nuevas variantes. Los próximos pasos son que Soberana 1 y Soberana Plus entren en ensayos de fase II y se lanzará un nuevo estudio con jóvenes de 5 a 18 años.

Cuba y China forman equipo con Pan-Corona

El CIGB de Cuba se ha asociado con colegas en China para trabajar en una nueva vacuna llamada Pan-Corona, diseñada para ser efectiva en diferentes cepas del coronavirus. Utilizará partes del virus que se conservan, no expuestos a variaciones, para generar anticuerpos, combinados con partes dirigidas a respuestas celulares. Los cubanos aportan la experiencia y el personal, mientras que los chinos aportan los equipos y recursos. La investigación se llevará a cabo en el Centro Conjunto de Innovación Biotecnológica de Yongzhou, en la provincia china de Hunan, que se instauró el año pasado con equipos y laboratorios diseñados por especialistas cubanos. Gerardo Guillén, director de ciencias biomédicas del CIGB, afirmó que la propuesta “podría proteger contra emergencias epidemiológicas de nuevas cepas de coronavirus que puedan darse en el futuro”. El proyecto se basa en casi dos décadas de colaboración en ciencias médicas entre Cuba y China, incluidas cinco empresas conjuntas en el sector biotecnológico.

Una vacuna para el hemisferio sur 

Los profesionales cubanos han recibido diez medallas de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante 26 años; sus productos biotecnológicos se exportaban a 49 países antes de la pandemia, incluidas las vacunas utilizadas en los programas de inmunización infantil en América Latina. Cuba ha manifestado que sus vacunas para la covid-19 se exportarán a otros países. Esto brinda esperanza a las naciones con ingresos bajos y medianos que simplemente no pueden permitirse vacunar a sus poblaciones a los precios elevados (entre 10 y 30 dólares por dosis) exigidos por las grandes farmacéuticas. En febrero de 2021, la Oficina de Periodismo de Investigación informó que la empresa estadounidense Pfizer ha estado “intimidando” a los países latinoamericanos para que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el coste de cualquier causa judicial futura en relación con sus vacunas para la covid-19.

A través de un acuerdo con el Instituto Pasteur de Irán, 100.000 iraníes participarán en los ensayos clínicos de fase III de Soberana 2 y otras 60.000 personas participarán en Venezuela. Otros países, incluidos México, Jamaica, Vietnam, Pakistán e India, han manifestado su interés en recibir las vacunas cubanas, al igual que la Unión Africana, que representa a las 55 naciones de África. Es probable que Cuba aplique una escala variable a sus exportaciones de vacunas para la covid-19, como lo hace con la exportación de profesionales médicos, por lo que lo que cobra refleja la capacidad de pago de los países.

Lo que ha logrado Cuba es notable, pero como afirma Caballero: “Sin el injusto bloqueo de Estados Unidos, Cuba podría tener más resultados y mejores”. Cuba se ha convertido en un líder mundial en biotecnología porque tiene un estado socialista con una economía de planificación centralizada, que ha invertido en ciencia y tecnología y antepone el bienestar humano a las ganancias; es decir, con la ausencia de capitalismo y codicia que celebra el primer ministro británico Johnson.

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Helen Yafee 2/04/2021

Este artículo se publicó originalmente en inglés en Counterpunch.

Traducción de Paloma Farré.

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Sebastián Piñera acusado de genocidio por las comunidades mapuches en Chile

Comunidades mapuches de la región del BioBío y de la Araucanía en Chile, presentaron una querella contra el presidente Sebastián Piñera por genocidio, responsabilizándolo de todos los actos de violencia y represión en los territorios.

 

El anuncio fue realizado por el lonko Alberto Catalán, quien explicó a radio Cooperativa que “las comunidades mapuche de las comunas de Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt, en conjunto con comunidades de Lautaro, le comunican al Pueblo Nación Mapuche y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: venimos a interponer una querella en contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique por su calidad de autor del crimen de genocidio, contemplado en el Artículo 11 de la Ley 20.357, y del artículo sexto del estatuto de Roma”.

La comunidad mapuche además busca responsabilizar no solo a Piñera, sino que también a todos los responsables políticos, materiales y encubridores.

Señalaron en un comunicado que actualmente se "ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial".

Añaden que la "militarización" de su territorio "ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos". Como consecuencia de esa militarización, afirman, han sufrido "golpes, baleadas, torturas y asesinatos", sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Por otro lado, hace meses las comunidades mapuches vienen recuperando sus territorios, tomados de forma pacífica, sin hacer ningún tipo de daño, sino que todo lo contrario, quieren cuidar sus tierras, su naturaleza para sus familias.

Las comunidades de Lautaro vienen denunciando los desalojos de terrenos, que son parte de una investigación de la fiscalía de alta complejidad, para hacer un barrido con las fuerzas de Carabineros.

Es por eso que las comunidades están haciendo un llamado a la autoorganización y la autodefensa para proteger los territorios recuperados y brindar una seguridad entre ellos.

El Gobierno de Piñera y sus aliados, son responsable de todos los actos de represión, tanto contra el pueblo mapuche, como el pueblo trabajador. Utilizando instituciones podridas como es Carabineros para reprimir a todos quienes están en contra de sus políticas.

La comunidad mapuche que presentó la querella califica esta situación como una "guerra de baja intensidad", con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su "enemigo interno".

"Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio", afirmaron en el pronunciamiento.

Durante el último año se han producido varios incidentes derivados del recrudecimiento de las relaciones entre el Gobierno y los mapuches, fundamentalmente en La Araucanía.

Es por eso que es importante solidarizarse con el reclamo mapuche asediados por un Gobierno represor que los encarcela y expropia sus tierras en favor de las grandes corporaciones mineras y del agronegocio, para beneficiar a empresarios que se roban todos nuestros recursos naturales y territorios desde hace cientos de años.

Viernes 2 de abril | 09:45

Con información de Telesur.

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Cuando los obreros tomaron el cielo por asalto A 150 años de la Comuna de París

El 18 de marzo de 1871, los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad de París; mantuvieron el control durante 71 días. Aunque no respondió a un plan premeditado, la Comuna de París quedó asociada a la Internacional y la raíz común de «comuna» y «comunismo» favoreció el deslizamiento de sentidos. Aunque finalmente fue derrotada a sangre y fuego y muchos de sus participantes fueron fusilados, su difusión global capturó la atención tanto de las clases dominantes como de los sectores populares. Muchos de los símbolos de la izquierda surgieron de ella. Y los communards exiliados alimentarían a las corrientes socialistas en diversos países, incluso en América Latina.

 

El 18 de marzo de 1871, los trabajadores y los sectores populares de la ciudad de París tomaban el cielo por asalto. La metáfora homérica, que alude a los titanes que tuvieron la osadía de irrumpir en el Olimpo reservado a los dioses, quedó estampada en una carta que ese mismo año Karl Marx le enviaba a su amigo, el médico socialista Ludwig Kugelmann.

A partir del día siguiente, la prensa oficial francesa denunció ante el mundo la temeridad del «populacho» que había formado su propio ejército y convocaba a elegir su gobierno comunal. En pocos días, la prensa de todo el globo se hacía eco de las imputaciones de su par francesa: la Comuna de París era obra de la Internacional, la temible Asociación Internacional de los Trabajadores. Y tras la internacional obrera se escondía un sabio maléfico, empeñado en destruir la obra de la civilización: el «prusiano» Karl Marx, aquel Prometeo que había robado el moderno saber burgués –la Economía Política– para volverlo contra la propia burguesía y entregarlo al proletariado.

Aunque la investigación histórica pudo demostrar sobradamente que en modo alguno la Comuna había sido obra de la Internacional, nunca como entonces la historia de esta asociación obrera alcanzaba semejante difusión global. La prensa del mundo, en Occidente y en Oriente, informaba a sus lectores sobre los fines de la Internacional, de sus congresos sucesivos, de sus líderes. Algunos diarios transcribían incluso sus proclamas. «Gracias a la Comuna, la Internacional se ha convertido en una potencia moral en Europa», señalaba Friedrich Engels tres años más tarde en una carta a Friedrich A. Sorge fechada el 12 de septiembre de 1874.

Al mismo tiempo, el nombre de Marx aparecía por primera vez en la primera plana de la gran prensa internacional, acompañado por grabados que revelaban al mundo su melena leonina y su rostro barbado. El mundo burgués comprendía que el comunismo no era una amenaza potencial, el producto febril de oscuros conspiradores o la lucubración racionalista de los constructores de utopías, sino un peligro real que de pronto podía acontecer en la ciudad que era el símbolo mismo de la civilización moderna. La Comuna abrigaba el fantasma del comunismo. Y aunque la Comuna de París lejos estuvo de adoptar un programa comunista, la presencia fantasmática de la Internacional era para sus detractores la prueba evidente de su estrategia final. «Commune» en francés quiere decir comuna, ayuntamiento. La Comuna de París no es más, literalmente hablando, que el ayuntamiento de la Ciudad Luz. Pero la palabra «commune» compartía la misma raíz que «communisme», lo que favoreció el deslizamiento de sentido. El término «comunismo», si bien formaba parte del vocabulario político de las vanguardias desde la década de 1830, no se difundió a escala internacional sino con los hechos de la Comuna. 

El acontecimiento

La Comuna de París no respondió en modo alguno a un plan premeditado. Antes bien, fue hija de un encadenamiento de circunstancias imprevisibles: la Guerra Franco-prusiana, la derrota del ejército imperial francés, el sitio de París, el advenimiento de la Tercera República francesa al mismo tiempo que la unificación alemana bajo el Imperio de Guillermo I. 

La catástrofe de los ejércitos de Luis Bonaparte en Sedán, en septiembre de 1870, había significado el derrumbe del Segundo Imperio francés y la simultánea proclamación de la República. El proletariado así como los sectores más avanzados del pueblo manifestaban una abierta desconfianza hacia la nueva Asamblea Nacional –dominada por monárquicos y republicanos moderados– y hacia el Gabinete que presidía Adolphe Thiers, a cuyos integrantes consideraban no solo dispuestos a aceptar las más humillantes y onerosas condiciones de paz impuestas por Alemania, sino también a traicionar la recién fundada Tercera República en pro de una nueva monarquía borbónica.

París había resistido un sitio de cuatro meses que culminó en enero de 1871 con la victoria del ejército prusiano y la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania, nada menos que en Versalles, en territorio francés. Pero como los ejércitos alemanes solo tuvieron cercada la ciudad capital sin atreverse a tomarla, el combativo y organizado pueblo parisino pudo rechazar la rendición, desafiando así a su propio gobierno. Tanto fue así que el Ejecutivo que presidía Thiers y la Asamblea Nacional decidieron instalarse en Versalles, intentando doblegar desde allí a la ciudad rebelde. El proletariado parisino no solo aquilataba una extensa tradición de luchas sociales y políticas sino que, además, contaba ahora con pertrechos y experiencia militar: las circunstancias históricas lo habían convertido en un proletariado armado, mientras el enemigo alemán o los republicanos burgueses no lograran desarmarlo.

En una inédita situación de doble poder, París se vio obligada a darse una forma de organización y de gestión, no solo para sostener su resistencia al gobierno de Versalles, sino incluso para asegurar su funcionamiento y su abastecimiento. La estructura política aquí creada tomó por base la Guardia Nacional, que había sido movilizada en septiembre de 1870 para asegurar la defensa de la capital y cuya tradición revolucionaria se remontaba a 1789. No era otra cosa que una milicia ciudadana, compuesta por todos los varones mayores de 18 años, con amplia mayoría de proletarios y artesanos. En febrero de 1871, la Guardia parisina creó una estructura electiva y piramidal, la Federación de la Guardia Nacional (de allí que se designase a los comuneros como «federados»), compuesta por los delegados de las compañías y los batallones de la milicia parisina; su cúspide la ocupaba un Comité Central. 

La Comuna nació en París el 18 de marzo de 1871, cuando los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad. El pueblo parisino se había levantado al descubrir que el gobierno provisional intentaba arrebatarle por sorpresa las baterías de cañones que habían comprado por suscripción popular para defender la ciudad. Las fuerzas del ejército terminaron confraternizando con la población sublevada. Cuando el general Lecomte ordenó disparar contra la muchedumbre inerme, los soldados lo hicieron bajar de su caballo y lo fusilaron. Otro tanto hicieron con el general Thomas, veterano comandante responsable de la represión durante la rebelión popular de junio de 1848. En ese momento Thiers ordenó a los empleados de la administración nacional evacuar la capital. Ante el vacío de poder, la Guardia Nacional convocó de inmediato a elecciones comunales sobre la base del sufragio universal (masculino). Su Comité Central entregó entonces el poder provisional al consejo municipal elegido democráticamente, con predominio de republicanos radicales y blanquistas.

Sitiada París, primero por los prusianos y luego por los versalleses, los comuneros debieron gobernar una ciudad asediada. Promulgaron una serie de decretos (sobre educación popular, separación de la Iglesia del Estado, indulgencia con los alquileres impagos o abolición de los intereses por deudas) dictados por la urgencia y la necesidad antes que por la definición de un orden social cuyos trazos ni siquiera alcanzaron a definir durante sus dramáticos 71 días de vida. 

Cercada en parte todavía por las tropas prusianas, hostigada por la prensa de Versalles con calumnias que a su vez replicaba la prensa internacional, empobrecida, incomunicada, aislada del resto de las fuerzas progresistas de la nación, la Comuna de París soportó con heroísmo durante más de dos meses el bombardeo y el asedio del gobierno provisional. Finalmente, el 21 de mayo el ejército de Versalles logró franquear la Porte de Saint-Cloud, y a lo largo de una semana conquistó militarmente una ciudad que le ofreció una dramática resistencia. Los encarnizados combates se sucedieron barrio a barrio, calle a calle. Los últimos 147 resistentes se parapetaron detrás de un muro del Cementerio de Père-Lachaise, donde fueron fusilados y enterrados en una fosa común.

El 28 de mayo –una vez concluida la llamada «Semana Sangrienta» y con ella la experiencia comunalista–, el saldo era de unos 30.000 comuneros muertos y 43.000 prisioneros, de los cuales 10.000 fueron condenados, unos a la cárcel y otros al exilio en Nueva Caledonia. París se mantuvo bajo la ley marcial durante cinco años.

Las interpretaciones

La experiencia de la Comuna fue leída de los modos más diversos, incluso durante su mismo decurso. Sus enemigos más encarnizados –aristócratas y clericales, monárquicos legitimistas y orleanistas, republicanos conservadores y moderados– coincidieron en denostarla, pero con argumentos diversos. Para los ultramontanos era abominable por el simple hecho de ser una revolución, y la leyeron como una consecuencia de la secularización de las costumbres que había impulsado la burguesía liberal. Los republicanos, que no podían condenar a la tradición revolucionaria de la que habían surgido, la vieron como el producto de la liberación de los «bajos instintos» de una plebe incontrolada compuesta por turbas frenéticas libradas a su propia suerte.

En la vereda opuesta, todo el arco de la izquierda revolucionaria de su tiempo la reivindicó como un hito inaugural. Las lecturas que hicieron las izquierdas eran de algún modo proyecciones de las múltiples tendencias políticas que convivieron en su seno, desde republicanos radicales a mutualistas, pasando por socialistas de las más diversas escuelas (incluso de la positivista); desde adeptos de la centralización política a ultranza (como los blanquistas, los seguidores del revolucionario Auguste Blanqui) hasta partidarios de las diversas corrientes federalistas, unas más radicales, otras más moderadas. 

Como ya ha sido señalado, la Comuna no fue un producto de la Internacional. De acuerdo con lo que Engels expresaba en una carta a Adolph Sorge, fechada el 12 de septiembre de 1874, la Internacional «no había movido un dedo para darle vida». Y, a pesar de ello, la Comuna era «hija espiritual de la Internacional». Solo un tercio de los delegados y de los integrantes del Comité Central de la Guardia Nacional pertenecía a las secciones francesas de la Internacional. Y apenas 13 sobre los 90 fueron elegidos para la Asamblea comunal del 26 de marzo, en la que había emergido una «elite oscura» de ilustres desconocidos. Pero tampoco estos 13 revolucionarios llevaban adelante una estrategia común. Marx exhortaba desde Consejo General de la Internacional con sede en Londres a la clase obrera europea en general (y a la británica en particular) a la solidaridad con la Comuna, mientras que en la correspondencia que mantenía con algunos de los comuneros de París, como Auguste Serraillier, Léo Fränkel y Eugène Dupont, aconsejaba prudencia, señalando los inconvenientes que acarrearía el ataque abierto al gobierno republicano mientras durase la ocupación alemana así como el creciente aislamiento político de París. Marx consideraba imposible una victoria militar y aconsejaba a los comuneros negociar con Versalles una paz honrosa.

Pero no todos los dirigentes políticos franceses participaban del realismo de Marx; en especial, discrepaban los republicanos radicales y los blanquistas, los exponentes de la tradición jacobina. A esta vertiente insurreccionalista a ultranza se sumarían muy pronto los bakuninistas, con el propio Mijaíl Bakunin que había viajado a Francia apenas comenzada la guerra.

El 30 de mayo de 1871, apenas dos días después de concluida la Semana Sangrienta, Marx leía en el Consejo General londinense su célebre alocución, La guerra civil en Francia, una pieza magistral de equilibrio político. Había concebido un texto que, sin renunciar a sus ideas ni a su estilo, pudiera conformar a las distintas tendencias que convivían, no sin tensiones, en el Consejo. Antes que optar por una estrategia de debate público sobre las diferencias que separaban las diversas escuelas socialistas, Marx ensayó una lírica defensa de la experiencia comunera, en la que solo entre líneas es posible leer, por ejemplo, la crítica a los exponentes del insurreccionalismo neojacobino –«supervivientes y devotos de revoluciones pasadas»–, al exceso de escrúpulos democráticos de los republicanos moderados –que llevaron al Comité Central de los federados a delegar rápidamente el poder–, o a los herederos de Proudhon –que no se atrevieron a tocar la sacrosanta propiedad de la banca–. Estos y otros inevitables errores –como la demora de las milicias en marchar sobre Versalles– no podían oscurecer su mérito histórico, que no consistía en otra cosa que en su propia existencia. Ahora que había sido derrotada, que los hombres y las mujeres que la sostuvieron eran fusilados o detenidos, que la prensa burguesa derramaba por el mundo las calumnias más inicuas, la Comuna debía ser saludada por los trabajadores de todo el mundo como un primer ensayo, fallido pero heroico, de gobierno obrero, como «la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo».

En un primer momento, el Consejo General aceptó sin discusión la alocución de Marx y decidió su publicación en diversos idiomas. El comunero Charles Longuet, futuro yerno de Marx, tradujo al francés el texto original de Marx redactado en inglés, y más tarde Engels editaría la versión alemana. Pero en los días que siguieron, los dirigentes sindicales ingleses George Odger y Benjamin Lucraft retiraron su firma objetando los pasajes más duros sobre el gobierno republicano de Versalles. Marx se dio a conocer entonces como el autor intelectual de la alocución, pero su decisión no pudo evitar, junto con la renuncia de sus dirigentes, la salida de las trade unions británicas, uno de los dos pilares sobre los cuales se había fundado la Internacional en 1864. Esta defección, sumada al hostigamiento que las diversas secciones sufrieron después de la Comuna por parte de los gobiernos europeos y a la lucha de fracciones que comenzaba a desatarse abiertamente entre marxistas y bakuninistas, marcó el declive de la Primera Internacional.

Como señaló el historiador alemán Arthur Rosenberg, «el escrito de Marx sobre la Guerra Civil de 1871 tiene una importancia histórica excepcional». En desacuerdo con muchos de los métodos de la Comuna –en primer término, la insurrección misma–, le habría resultado tanto más sencillo deslindar cualquier responsabilidad sobre el curso que tomaron los acontecimientos. Sin embargo, no le importó mostrarse ante la opinión pública como quien tenía la razón, sino que, al contrario, «hizo suya audazmente la Comuna y desde entonces el marxismo tiene una tradición revolucionaria ante los ojos de la humanidad». Esta apropiación marxiana de la Comuna fue tan resistida por los anarquistas (para Bakunin no fue sino la expresión de un «travestismo verdaderamente grotesco») como canonizada por los comunistas de todo el mundo, desde los rusos que en 1917 hicieron de la forma comuna el precedente del sóviet, hasta los chinos de la Comuna de Cantón primero y de la Comuna de Shanghái después. 

El folleto de Marx circuló en cientos (sino miles) de ediciones; usualmente, con un prólogo escrito por Engels para la edición alemana de 1891 que (en franco contraste con el análisis de Marx) presentaba la experiencia comunera como un ejercicio de «dictadura del proletariado». Muchas ediciones añadían también artículos de Lenin, en los que la Comuna francesa era asimilada al sovietismo ruso.

La difusión internacional

Los días de la Comuna mantuvieron en vilo al mundo entero, tanto al orden burgués como a los sectores populares. Los medios de prensa transcribían en primera plana los bandos de una y otra parte, los modernos magazines ilustrados reproducían escenas de los combates o de la vida comunera bajo la forma de grabados y litografías. Mientras la gran prensa burguesa reproducía las noticias más fantásticas sobre hechos de violencia y destrucción atribuidos a la plebe de París, los medios de prensa minoritarios de los republicanos radicales, de los federalistas españoles y de los socialistas de todo el mundo se empeñaban chequear la información y en publicar fuentes fidedignas. La Comuna impactó fuertemente en la prensa española así como en toda la América Latina.

Los exiliados de la Comuna refugiados en Londres, en Bruselas o en Ginebra comenzaron a publicar sus testimonios y sus balances en el mismo año de 1871. Una intensa folletería popular de celebración de la experiencia comunera y de denuncia a los procesos judiciales nutrió la cultura de izquierdas de las últimas tres décadas del siglo XIX, tanto anarquista como socialista, proyectándose incluso a comienzos del siglo XX. El republicano federalista español Manuel de Cala publicó entre 1871 y 1872 dos volúmenes titulados Los comuneros de París, con prólogo de Pi y Margall, que todavía se reeditaban en Buenos Aires en 1929. La vibrante Historia de la Comuna de 1871 del periodista socialista Lissagaray, publicada en Bruselas en 1876 durante el exilio de su autor, fue un verdadero best-seller de su tiempo. Eleanor, la hija menor de Marx y por aquel tiempo pareja de Lissagaray, la tradujo al inglés. 

Del lado anarquista, la obra más popular fue la de Louise Michel, una educadora que había encabezado la manifestación de mujeres que impidió que los cañones parisinos pasaran a mano de los versalleses. La Commune. Histoire et souvenirs (La Comuna. Historia y recuerdos), publicado en París en 1898 cuando hacía ya varios años que su autora había retornado de su deportación en Nueva Caledonia, se tradujo enseguida al español en Barcelona, conociendo a comienzos del siglo XX sucesivas ediciones populares que se leían en todo el mundo de habla hispana. También alcanzó enorme popularidad La Commune (1904), una historia novelada de los hermanos Paul y Victor Margueritte, que fue traducida al español en Barcelona en 1932, en los albores de la Segunda República.

Los exiliados de la Comuna se esparcieron por Europa y América llevando sus relatos heroicos, sus programas políticos y sus rencillas internas. Allí donde se afincaban, lanzaban periódicos en francés, publicaban folletos y fundaban secciones de la Internacional. Fueron comuneros franceses quienes crearon la primera sección francesa de la Internacional en la Buenos Aires de 1872. Otros ex-communards se instalaron en Chile, Uruguay y Brasil, según las pistas que siguió Marcelo Segall. 

Alicia Moreau, una de las figuras señeras del socialismo argentino, era hija del comunero Armand Moreau, que se había exiliado en Londres con su familia antes de instalarse en Buenos Aires. El movimiento socialista internacional celebró el 18 de marzo como una jornada popular, al menos durante tres décadas. Jóvenes intelectuales socialistas como Leopoldo Lugones y José Ingenieros lanzaron en la Buenos Aires de 1987 el periódico La Montaña, fechándolo el 12 Vendimiario del año XXVI de la Comuna, conforme el calendario revolucionario adoptado en 1871. Todavía a comienzos del siglo XX la portada del semanario socialista argentino La Vanguardia correspondiente al 18 de marzo estaba dedicada a homenajear a la Comuna. En el México de 1874 aparece un periódico bisemanal, La Comuna, que poco después nacionaliza la experiencia parisina y pasa a titularse La Comuna Mexicana. Dos años después, el periódico mexicano El Hijo del Trabajo daba a conocer las biografías de los principales líderes de la experiencia comunera. 

La memoria de la Comuna se mantuvo viva en América Latina más allá del exilio francés. El socialista chileno Luis Emilio Recabarren y el anarquista peruano González Prada, entre muchísimos otros, le consagraron artículos en la prensa obrera de su tiempo. El Centenario de la Comuna fue celebrado en 1971 con reediciones de aquellas obras clásicas, con suplementos especiales que le consagraron periódicos y revistas, y con un Coloquio internacional realizado en París. El Berliner Ensable presentó entonces en París Los días de la Comuna, la pieza teatral de Bertold Brecht. 

Todavía resonaban los ecos de Mayo de 1968, cuando los estudiantes de la nouvelle gauche le disputaron a la tradición comunista la herencia de la Comuna. Tan constantes fueron las referencias de los enragès a los episodios de la Comuna de 1871 que la compilación de Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet sobre Mayo del 68 llevó por título Journal de la Commune étudiante.

Los herederos de la tradición leninista –los comunistas, los trotskistas y los maoístas–, venían celebrando en la experiencia comunera la dimensión insurreccional y los atisbos de una «dictadura del proletariado», remarcando siempre la «gran lección» de 1871: la clase obrera no puede triunfar sin un partido revolucionario. En un camino abierto por el movimiento situacionista, el filósofo francés Henri Lefebvre ofrecía en 1965 a sus alumnos de la Universidad de Nanterre una lectura alternativa, en la que el final trágico de la experiencia comunera no debía opacar su decurso como un acontecimiento lúdico y festivo. 

Para Lefebvre, la Comuna habría sido una fiesta inmensa que el pueblo de París se habría regalado a sí mismo y al mundo, una fiesta «de los desheredados y de los proletarios, fiesta revolucionaria y de la revolución, fiesta total, la más grande de los tiempos modernos». Y a contrapelo de las lecturas hasta entonces dominantes, entendió que las notas que definían la experiencia comunera eran una espontaneidad incontenible, una gran pluralidad, su carácter internacionalista, su genio colectivo (desprovisto de grandes jefes), la ausencia de un partido que por detrás pudiera controlar todo lo que sucedía, así como un antibelicismo y anticolonialismo ejemplificados en el derribo de la Columna Vendôme, símbolo de las victorias napoléonicas. Lefebvre abrió el camino a aquellas lecturas contemporáneas que repusieron la historicidad de la Comuna, al extraerla de la genealogía que la inscribía como un prolegómeno de la Revolución Rusa de 1917. Esto no significa, ni mucho menos, que se trate simplemente de devolverla a Francia, porque la Comuna tampoco encuentra su lugar en la historia del republicanismo nacional francés. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, las apelaciones a las formas comunales son cada vez más frecuentes en las más diversas experiencias políticas de resistencia al poder, en las que no faltan siquiera las referencias expresas a la experiencia de 1871. «La referencia a la Comuna –escribe Deluermoz, el último gran historiador de este acontecimiento– parece alimentar las demandas cada vez más presentes de un poder más horizontal así como el principio de un ‘movimiento sin líderes’ que caracterizan a muchas de estas protestas contemporáneas».

Estas demandas sociales alimentan nuevos significados y recuperan otras imágenes, más próximas a la subjetividad política contemporánea. Es el caso de la Comuna de Louise Michel y la de tantas mujeres que a pesar de quedar excluidas del sufragio «universal», jugaron un rol crucial en la defensa de París. O de la Comuna de los artistas y de los poetas, la de Gustave Courbet y Honoré Daumier, la de Rimbaud y Verlaine. También es la Comuna del poeta Eugéne Pottier, autor de aquellos versos de «La Internacional» que, años después, con música del belga Pierre Degeyter, iban a convertirse en el himno de los trabajadores de todo el globo. O la Comuna de los laicistas y de los educadores. Está también la Comuna del general Jarosław Dąbrowski y la de tantos polacos e italianos que se batieron en París por una causa que consideraban universal. Está la Comuna de los clubes políticos, de los periódicos revolucionarios que libraban una lucha desigual con los grandes medios de prensa, la Comuna de los pasquines pegados en la pared, la Comuna que adoptó la bandera roja convirtiéndola, 150 años atrás, en emblema universal del socialismo y estandarte internacional de la liberación de los trabajadores. 

La Comuna fue fecunda forjadora de imágenes y de símbolos que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía le dicen algo a nuestro presente. La historiografía del siglo XXI vuelve a los archivos y elabora nuevos relatos del acontecimiento de 1871. La literatura y el arte de nuestro presente vuelven a ponerla en escena, tal como lo ensayó a comienzos de nuestro siglo el director británico Peter Watkins con su docudrama monumental La Comuna de París, apelando a actores no profesionales. Una actualidad que disgustaba a François Furet. El historiador liberal francés había sostenido que «ningún acontecimiento de nuestra historia moderna, y acaso de toda nuestra historia, ha sido objeto de tal sobreinversión de interés en relación con su brevedad». Eric Hobsbawm coincidía en cierto modo al señalar que la Comuna «no fue tan importante por lo que consiguió como por lo que presagiaba; fue más formidable como símbolo que como hecho». Justamente por eso, señalaba, los historiadores deberían «resistirse a la tentación de despreciarla retrospectivamente».

Referencias bibliográficas

José Álvarez Junco: La Comuna en España, Siglo Veintiuno, Madrid, 1971. 

Mijaíl Bakunin: «Lettre au journal La Liberté de Bruxelles», Zúrich, octubre de 1872, en Œuvres, Stock, París, 1910, t. IV.

Quentin Deluermoz: Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Seuil, París, 2020.

Diógenes de Giorgi: La Comuna de París en la prensa montevideana de la época, Biblioteca de Marcha, Montevideo, 1971.

François Furet: La Révolution. 1770-1880, Hachette, París, 1988.

Gastón García Cantú: El socialismo en México (siglo XIX), ERA, Ciudad de México, 1969.

Georges Haupt: «La Comuna como símbolo y como ejemplo» en El historiador y el movimiento social, Siglo Veintiuno, Madrid, 1986.

Heinrich Koechlin: Ideologías y tendencias en la Comuna de París, Proyección, Buenos Aires, 1965.

Eric J. Hobsbawm: La era del capitalismo, Guadarrama, Barcelona, 1981.

La Commune de 1871. Colloque de Paris (mai 1971), Éditions Ouvrières, París, 1972.

Henri Lefebvre: La proclamation de la Commune, Gallimard, París, 1965.

Karl Marx: «La guerra civil en Francia», en Karl Marx: Antología, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2015. 

Miklós Molnár: El declive de la Primera Internacional, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974.

Boris Nicolaïevski y Otto Maenchen-Helfen: La vida de Carlos Marx, Ayuso, Madrid, 1973.

  1. Prosper-Olivier Lissagaray: Historia de la Comuna, Estela, Barcelona, 1971 (2 vols.).

Michèle Riot-Sarcey: Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, París, 2016.

Jules Rocher (ed.): Lettres de communards et de militants de la Ie Internationale à Marx, Engels et autres dans les journées de la Commune de Paris en 1871, Bureau d’Éditions, París, 1934.

Arthur Rosenberg: Democracia y socialismo. Historia política de los últimos ciento cincuenta años, Cuadernos de Pasado y Presente, Ciudad de México, 1981.

Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet: Journal de la Commune étudiante. Textes et documents: novembre 1967-juin 1968, Seuil, París, 1969.

Marcelo Segall: «La Comuna y los excommunards en un siglo de América Latina» en Boletín de la Universidad de Chile Nº 109-110, 4-5/1971. 

Edgar Straehle Porras: «Mayo del 68, la Comuna de parís y la tradición revolucionaria. Una aproximación desde Henri Lefebvre» en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política Nº 13, 7-12/2018.

Horacio Tarcus: Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2007

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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