Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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Trabajadores presos: ¿La otra cara de las políticas económicas en Venezuela?

30-07-21.-Más de 100 trabajadores venezolanos están presos o judicializados. Estos son los casos que, hace una semana y en el Palacio de Justicia de Caracas, denunciaron militantes de izquierda, dirigentes gremiales y familiares de los encarcelados. Son 152, puntualizó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV; 36 de ellos ya están en cárceles y uno solo tiene sentencia: Rodney Álvarez.


Más de 20 son del sector petrolero, explicó el dirigente sindical José Bodas, secretario general de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela. Todos, sentenció, “son presos políticos, presos de este gobierno porque este gobierno quiere aterrorizar a la clase trabajadora para seguir aplicando este paquetazo de hambre”.

El ejecutivo de Nicolás Maduro ha planteado un programa económico sobre el cual pocos detalles se conocen, y una ley antibloqueo que garantiza el secreto de las transacciones, lo que podría dar pie a privatizaciones “a la rusa”, como lo han denunciado organizaciones gremiales.

Las detenciones de trabajadores ocurren “cuando, en el uso pleno de su ejercicio sindical, van a exigir la defensa de los derechos contractuales” y este hecho se convierte en una forma de amedrentar a otros, apuntó Sánchez.

“¿Por qué se criminaliza a la clase trabajadora? Porque el gobierno tiene un paquetazo antiobrero y antipopular que es el plan económico que ellos llaman de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, que “no es más que un paquetazo antiobrero y antipopular”, acusó Bodas.

“Estos presos no entran en la agenda ni del gobierno, que es su verdugo; y tampoco entran en la agenda de la oposición de derecha que se sienta con el gobierno”, aseguraron los manifestantes ese jueves 22 de julio. “Solo podemos confiar en nuestra propia fuerza”, resaltaron, e insistieron en “la unidad para la lucha con una perspectiva independiente, tanto del gobierno, que es nuestro verdugo, como de la oposición de derecha aliada al imperialismo”.

Los familiares de los presos se fueron agrupando, convencidos de que eran excepciones. “Nuestra mayor sorpresa fue cuando nos dimos cuenta de que hay más de una centena de trabajadores presos por un presidente que dice llamarse obrero”, aseveraron.

Pero no son solo los presos. Han ocurrido, también, despidos y jubilaciones: “Más de 50 trabajadores y activistas están luchando” solo en el sector petrolero, señaló Bodas.

No dudaron en calificar al gobierno de “antiobrero, fascista y, de paso, neoliberal”, y aseguraron que los dirigentes oficialistas “soltaron el morral de Chávez y agarraron el maletín de Fedecámaras”.

Luis Zapata, de la Alternativa Popular Revolucionaria, afirmó que “sigue la criminalización y la judicialización de la clase obrera venezolana” y llamó a los trabajadores a organizarse. “Va a seguir la represión. El gobierno lleva un camino con un proyecto neoliberal que va a ser reprimir, precarizar todas las condiciones de vida para la clase trabajadora”.

Este jueves 29 de julio se difundieron las nuevas tablas salariales del sector universitario, acordadas entre la administración de Maduro y la federación de trabajadores universitarios. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) consideran que los firmantes de este convenio son organizaciones “de maletín”, supuestamente vinculadas con el oficialismo y no representativas de la voluntad mayoritaria del sector.

Los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno de Maduro no quiere discutir contratos colectivos de verdad y prefiere mantener “a los trabajadores venezolanos con un salario de hambre de tres dólares”, mientras encarcela a quienes protesten “porque quieren que los trabajadores tengamos miedo”, como lo expuso Bodas.

“Con la movilización y la lucha los vamos a sacar de la cárcel”, prometió Bodas, trabajador de la industria petrolera por más de 30 años. La persecución “no va a parar a la clase trabajadora”, reitera Sánchez.

Por Vanessa Davies-Contrapunto | Viernes, 30/07/2021

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ferrAn de vargas

 Inaugurados el viernes pasado los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, leemos, escuchamos y vemos mucha información sobre una sociedad tan desconocida en nuestro país como la japonesa. Para deshacer algunos de sus mitos y conocer los aspectos más políticos de Japón, hablamos con Ferran de Vargas, doctor en traducción y estudios interculturales, máster en estudios de China y Japón y especialista en política y estudios culturales en Asia oriental y especialmente en Japón y que ha publicado recientemente el libro ‘Izquierda y revolución. Una historia política del Japón de posguerra (1945 a 1972)’.

 

Hace una semana se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en Japón. Leemos, escuchamos y vemos mucha información deportiva, pero también, quizás por primera vez en mucho tiempo, nos llegan noticias sobre una sociedad y una cultura tan desconocida en nuestro país. Aunque pueda parecer lo contrario por la cantidad de anime (dibujos japoneses), suhsi y ramen que consumimos.

Para huir de los mitos occidentales sobre Japón y entender mejor la sociedad japonesa más allá de los tópicos, hemos hablado con Ferran de Vargas (Barcelona, 1989). De Vargas es doctor en traducción y estudios interculturales, máster en estudios sobre China y Japón y especialista en política y estudios culturales en Asia oriental y especialmente en Japón. De Vargas ha estudiado cómo se conjugan los movimientos sociales con el arte y especialmente en cómo todos estos movimientos influyeron en la izquierda japonesa, la otra gran desconocida de Japón.

De Vargas ha publicado recientemente uno de los pocos libros, si no el único, donde se trata la historia de la aparición y la caída de la izquierda japonesa. Izquierda y revolución. Una historia política del Japón de posguerra (1945-1972) abarca la historia política de Japón desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1972. Un periodo donde la izquierda japonesa fue la gran protagonista.

El libro forma parte de la Colección Estudios Japonesas de Edicions Bellaterra y ha sido financiado por el Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental, con el apoyo del Grup de Recerca GREGAL. En él se habla de la evolución de la izquierda japonesa y de su papel a través de diferentes hechos históricos, prácticamente desconocidos en España y en todo occidente. Ocupaciones de fábricas y empresas durante la posguerra; el Partido Comunista enviando guerrillas a las montañas para intentar sublevar a los campesinos siguiendo el ejemplo de la revolución maoísta; la movilización de masas más grande de la historia japonesa contra el Tratado de Seguridad entre EEUU y Japón; o las grandes luchas del 68 japonés, olvidadas siempre cuando se habla de 1968 desde occidente, con masivas movilizaciones contra la Guerra de Vietnam.

O como la llaman en Vietnam, la Guerra Americana. Después de todo, tal como explica De Vargas, Japón fue durante muchos años, el lugar del mundo con más bases americanas.

"La motivación principal del libro fue contrarrestar la imagen que tenemos habitualmente de Japón", explica De Vargas. Principalmente los tópicos occidentales en torno a la sociedad japonesa, como pueden ser el hecho de ser una sociedad conservadora, sumisa, pasiva o poco politizada. "Japón, dependiendo del momento histórico, demuestra todo lo contrario", afirma el autor del libro.

Para De Vargas, era importante hacer este libro porque varias generaciones de jóvenes han crecido con el anime o más recientemente con la gastronomía o el cine japonés. Esto, explica De Vargas, "ha sido una puerta de entrada a la cultura japonesa muy despolitizada". Aunque, como explica el autor, Japón fue el epicentro del marxismo en Asia (todas las obras que influyeron en el maoísmo fueron primero traducidas al japonés y después al chino).

Mitos de un país desconocido

Cuando se trata de hablar de mitos occidentales, Japón se lleva el pleno. "Lo primero que me viene a la cabeza es eso que alguien se inventó de la huelga a la japonesa. Incluso cuando hacen huelga se supone que trabajan más. Es un mito totalmente falso", explica de Vargas. De hecho "es un mito con sus orígenes aquí, desconocido totalmente en América Latina o el mundo anglosajón".

Otro mito de la sociedad japonesa es la supuesta tendencia a la armonía y la no confrontación de los japoneses. De Vargas matiza en este caso. Mientras hay una parte de cierto en ello, realmente se magnifica más de lo que es en realidad. "Es cierto que cuando vas a Japón experimentas menos conflicto social cotidiano con la gente, pero hay otras formas de expresar el descontento y la no conformidad".

En Japón, explica el autor del libro, "se han visto episodios donde los japoneses, como cualquier otra cultura, o incluso con formas más radicales, demuestran su disconformidad de forma violenta cuando ha sido necesario". Las imágenes de las manifestaciones japonesas con los cascos y los largos palos para enfrentarse a la policía es, seguramente, de las más conocidas por aquellas personas interesadas en el país nipón. Japón, reconoce De Vargas, "es una sociedad de muchos contrastes con, a veces, muy pocos matices".

Otro de los grandes mitos sobre Japón, afirma De Vargas, es que es un país conservador. Esto en realidad, como en cualquier otro lugar del mundo, siempre ha dependido del momento histórico. "Si se ha vendido en occidente a Japón como un país conservador, ha sido por intereses políticos o geoestratégicos". En los EEUU, afirma De Vargas, le convino mucho que Japón fuera un país conservador. "Puso muchos recursos y dinero para que en Japón gobernara la derecha".

Unos Juegos poco populares

El buen recuerdo de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 ha persistido durante todos estos años. Pero el Japón actual no tiene nada que ver con el de aquella época. En 1964 hacía pocos años que había salido de la posguerra y no existía aún la crítica al modelo olímpico y lo que conlleva en términos de especulación y destrucción del territorio.

Ahora, afirma De Vargas, Japón hace tiempo (desde los años 90) que está en un periodo de decadencia, del que todavía no se ha recuperado. Esto ha hecho que estos Juegos Olímpicos, y más tras el desastre de Fukushima, "se estén viviendo con mucho escepticismo". "Había una cierta ilusión al principio", pero con la crisis sanitaria mundial, y también por diversas polémicas que han rodeado los Juegos, "esto se ha ido disipando a medida que se acercaba la fecha de inauguración". "La población japonesa está mayoritariamente en contra de los JJOO", afirma De Vargas. Además, el Gobierno "no ha gestionado muy bien la crisis sanitaria. Han ido bastante lentos en todo. Actualmente todavía hay muy poca gente vacunada".

Los JJOO por otra parte, han sido salpicados por varias polémicas sexistas, a las que se le han sumado las dos últimas. La dimisión del compositor de la música de la ceremonia de inauguración, después de que se descubriera una antigua entrevista en que admitía haber realizado acoso escolar a discapacitados. Y la última dimisión el pasado 22 de julio, de uno de los directores artísticos de la ceremonia inaugural para bromear sobre el holocausto.

De Vargas sitúa el interés de acoger los Juegos por parte del Partido Liberal Democrático de Japón (jiyu-Minshuto, abreviado PLD) -derecha conservadora en el poder desde hace tiempo- en el hecho de querer aprovechar un momento de euforia nacional "para intentar imponer su principal objetivo, que es cambiar la Constitución. Concretamente el artículo 9, el cual no permite a Japón tener un ejército convencional". "La sociedad japonesa está bastante dividía en este punto y se necesitan dos terceras partes de ambas cámaras, la alta y la baja, para hacer esta reforma". Al PLD le faltan las dos terceras partes de la cámara alta. "Tenían la intención de aprovechar toda la euforia olímpica para volver a ganar las elecciones y conseguir las dos terceras partes en las dos cámaras". Esto, argumenta De Vargas, es también lo que quieren los EEUU, "un Japón con un ejército fuerte para tener un aliado en la zona en un momento que China comienza a ser una amenaza".

La respuesta a los JJOO por parte de la sociedad japonesa ha sido sorprendente según De Vargas. "Ha habido un cierto movimiento, teniendo en cuenta lo dormida que está la sociedad japonesa, con un par de episodios que incluso han salido en los medios de comunicación". Pueden parecer cosas menores, afirma el especialista, pero tratándose de Japón, "que hayan intentado apagar la llama olímpica", muestra un rechazo a los Juegos probablemente mayor de lo que se puede percibir. "Desde el 2019 ha habido movimientos organizados, que a pesar de no ser masivos, se han opuesto a los JJOO".

De Vargas recuerda que actualmente todavía hay mucha gente sin casa a causa del tsunami que mató alrededor de 20.000 personas en 2011. "La gente todavía no tiene casa y esto ha sido un fuerte contraste con todo el dinero que se han gastado en los Juegos". Después de todo, Tokio 2021 serán los JJOO más caros de la historia.

Barcelona

28/07/2021 16:24 Actualizado: 30/07/2021 08:53

Por Manel Ros

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Rafael Uzcátegui: Maduro creó su burguesía con unos ricos pichirres

Rafael Uzcátegui es un dirigente izquierda de muchos caminos recorridos y sostiene que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene nada que ver con la construcción del socialismo.

El secretario general del partido "Patria para todos" en disputa, se toma la tarea de dejar bien clara su posición política frente a la coyuntura: "No soy parte del Polo Patriótico" y asume que está integrado a la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

-Esa diferencia que usted está marcando… ¿implica una ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro?

-Sí. Una ruptura muy seria.

-¿A qué se debe esa ruptura?

-Vamos a graficarla con una imagen en concreto: la declaración del coronel Wilmar Castro Soteldo cuando habla de la construcción de una burguesía revolucionaria y nunca el presidente Maduro, ni Diosdado Cabello, ni ninguna autoridad del PSUV la ha negado. Quiere decir que si se va a construir una burguesía revolucionaria es que hay muchos ricos y… ¿esos ricos de dónde surgieron?

-¿Quiénes son esos ricos esos ricos?

-Son los nuevos ricos

-¿De dónde surgieron esos nuevos ricos?

-Cuando tú veas los bodegones en Venezuela vas a conseguirlos.

-¿Pero necesariamente son gente corrupta?

-Cuando tú consigues un personaje que está injustamente preso, porque no debería estar preso, como Alex Saab es esa burguesía. Digamos que Saab es como decir la vanguardia de esa burguesía que se dedica a la importación y a la exportación. A la exportación de lo que no producen y a la importación de muchos alimentos, de muchas mercancías. No se supera lo que fue la sociedad rentista del puntofijismo del pasado.

-¿Esto es lo que marca la ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Esta declaración de Wilmar Castro?

-No. Teníamos ahí todo un debate, todo un conjunto de cosas. Digamos un segundo elemento: ¿Sabe cuántos trabajadores hay presos? Entre 160-170 y otros con medidas judiciales.

-¿Pero es un gobierno obrerista? Se dice obrerista.

-En el reconocimiento que hace el rector Roberto Pincón señala claramente que ellos siguen las instrucciones de la Comisión de Diálogo y esa Comisión decidió que la izquierda no puede tener partido. Hoy en Venezuela, que exista un partido de izquierda autónomo soberano es algo muy difícil y muy duro

-¿El PSUV no es un partido de izquierda?

-Dejó de ser un partido de izquierda, primero porque abandonó la política principal.¿Cuál era? Que los trabajadores eran el sujeto de cambio, el sujeto revolucionario y… ¿cuál es su sujeto de cambio? La burguesía revolucionaria, los nuevos ricos.

-Usted dice que ahora hay muchos ricos y si hay muchos ricos eso no termina siendo malo. ¿Porque entonces cambiar una posibilidad de tener más recursos de dinamizar la sociedad? ¿No es una salida a la crisis económica que tiene el país y a la crisis social que tenemos?

-En primer lugar fue una riqueza súbita, de la noche a la mañana. En segundo lugar ni siquiera se diferencia de los ricos del puntofijismo, porque siguen siendo unos ricos rentistas: son pichirres, no invierten, no corren el riesgo económico. Invierten en bodegones, invierten en la importación de mercancía, en lo fácil. No son capaces, ni siquiera de convertirse en un agente para producir, para convertir la sociedad venezolana en una sociedad productiva que fue una de las grandes aspiraciones y los grandes reclamos que hizo el PPT y en el cual incluso presidente Maduro dijo que compartía y Chávez nunca lo negó. Chávez hizo grandes inversiones en el campo.

-¿Qué paso con esas inversiones, Rafael?

-Terminaron arruinándola como hicieron los neoliberales del pasado. Arruinaban al Estado. Eran empresarios fracasados pero ricos. Así como aquellos banqueros que quebraban los bancos pero nunca salían quebrados ellos, salían muy ricos. Un ejemplo de ellos es el señor que se suicidó en Lacteos Los Andes. Venía de siete u ocho empresas todas quebradas. Entonces consigues un conjunto de técnicos, incluso de ministros y de gente que está al frente de la economía que son fracasados totalmente.

-¿Su ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro es definitiva o esta sujeta que haya un espacio de diálogo?

-Lo definitivo es que sus políticas yo creo que no van a cambiar porque la riqueza no es neutra. Un capital que no se reproduce muere entonces hay muchos ricos en la dirección del PSUV. Hay muchos ricos en el Gobierno. Hay gente muy muy rica la cual tiene que reproducir sus capitales.

¿Y ustedes han denunciado esto a alguna instancia contraloría ministerio público?

-Abiertamente una de las denuncias la hicimos en el propio Polo Patriótico en el propio PSUV y parece ser que la memoria es muy corta. Nosotros venimos de 20 años de contradicciones.

-Pero se tardaron en romper. Eso es lo que le reclama a la gente.

-Nosotros no apoyamos a Chávez en el año 1999. Aristóbulo dijo que Chávez se había fumado una lumpia. Chávez rectifica, porque Chávez se equivocó en muchas cosas y dejó abierto gazapos en la Constitución. Los dejó abiertos y los trato de corregir y enmendar en la reforma, sobre todo lo que tiene que ver con las empresas y las asociaciones. En este caso siempre estuvo ahí, pero Chávez fue un revolucionario de izquierda, aun cuando tenía rasgos autoritario, fue de izquierda a diferencia de Nicolás. Nicolás entra abiertamente tratando de montar un modelo que pretende parecerse al modelo chino. La primera diferencia es que en China a los corruptos lo fusilan.

-¿Y aquí hay que fusilar a los corruptos?

-Sí. ¿Por qué razón? Porque son los principales chupa sangre.

-¿Pero ustedes han formalizado las denuncias ante alguna instancia que no sea el PSUV?

-Nosotros hemos ido y participamos de la denuncia abierta. Ahora tenemos un serio problema. Hace tres meses me acusé a la Sala Constitucional de estar al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela porque todos los partidos, la gran mayoría de los partidos de izquierda han sido intervenidos por juntas ad hoc. Hay una especie de símil con los protectores. Las juntas ad hoc son a los partidos lo que los protectores de las gobernaciones. A la izquierda se le niega todo, absolutamente todo. Se le niega la posibilidad de tener organización, de tener partido, de participar en sindicatos, es decir, la participación y el protagonismo fueron liquidadas.

-¿Por quién?

-Por el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral le sigue el juego en eso. Es tan así que uno de sus rectores Roberto Picón, acaba de confesar que ellos siguen las instrucciones de la Mesa de Diálogo. No siguen lo que reglamenta, por lo que establece la Ley y la Constitución, que es el derecho a la participación y el protagonismo. El derecho a elegir, el derecho a ser elegido todo eso está mermado. Es el impedimento que exista una organización de izquierda y la crítica de izquierda. ¿Tú quieres inscribir un partido fascista nazi en Venezuela? El Consejo Nacional Electoral te lo permite.

-¿Y a ustedes no se los han permitido?

-A nosotros no nos lo han permitido.

-¿A qué se debe esa persecución y esa discriminación?

-Hay un modelo en el cual Nicolás y el PSUV tratan de ocupar el espacio de la izquierda. El martirio, el sacrificio de la izquierda que todos conocemos las cuales hemos vivido. Hoy la dirección del Psuv, mayoritariamente, ni siquiera participó en el 4 de febrero y el 27 noviembre. La mayoría de los ministros no tienen nada que ver.

-¿A qué atribuye ese cambio?

-Hay una avanzada que se ha posesionado y que hoy la conseguimos en las elecciones del estado Carabobo. ¿Quienes se enfrentan? ¿Quienes son los protagonistas para la consulta al candidato a gobernador en el estado? Dos neoliberales abiertamente. Uno, en el caso de Vielma Mora, acusa a Lacava que cambió los ojitos de Chávez por un vampiro.

-Pero fue Chávez quien dejó esta dirección nacional. Además dijo "confíen en ellos".

-No solamente la dejo. Yo creo en las imágenes y el presidente Chávez tuvo la posibilidad de dejar en orden su partido y dejó sucesiones y dejó candidatos. Las últimas imágenes hay que registrarlas.

-¿A qué se refiere?

-¿Quienes estaban allí?

-Estaban Elías Jaua, Rafael Ramírez, por ejemplo.

-Eso cambió. Estaba Giordani. ¿Quienes lo despiden en el aeropuerto? Hay un acuerdo seguramente establecido por el presidente Chávez en ese momento de cómo se iba a conducir o cómo se iban a relacionar. Eso ha cambiado totalmente. Hoy vemos a un Diosdado Cabello disminuido en el PSUV, muy golpeado, tratando de sobrevivir y el presidente Maduro parece ser el que es el que ha venido construyendo una mayoría y esa mayoría se expresa.

-Eso es lo que dice la historia que suele ocurrir en este tipo de proceso. ¿Le sorprende?

-No. Yo tengo 74 años, he corrido y he vivido. Parte de nuestro debate tiene que ver con la experiencia histórica de la caída de la Unión Soviética. Hay una especie de tentación, de inercia que te lleva a lo que hemos llegado: una burocracia que se ha hecho rica, que se ha hecho millonaria.

-¿Y se está repitiendo esa historia?

-Te voy a poner un ejemplo. Un disidente cubano llega a Estados Unidos y es pobre. Un disidente venezolano llega a Estados Unidos y es rico. Isea, Garcia Plaza, Alejandro Andrade del que pocos hablan que reconoció en un juicio que se apoderó de 1.363 millones de dólares y los describe. Hay un juicio en Estados Unidos en el cual el entrega 1.000 millones de dólares al fisco norteamericano.

-¿Cual es la situación del PPT al día de hoy en esta disputa?

-El PPT está judicializado y nosotros lo llevamos a la Sala Plena porque recusamos la Sala Constitucional y declaramos que están al servicio del PSUV. En esa sentencia a la cual la Ilenia Medina le dan la junta ad hoc, le da la protección del PPT, porque es una protectora, se me sentencia a mí y se me declara Traidor a la patria. Las acusaciones son que yo no asumo las decisiones del Polo Patriótico y el presidente. Eso es la sanción. Cuando eso sucedió hace diez meses, se trato de liquidarme moralmente y lo intentó hacer la alcaldesa de Caracas. Yo fui al siguiente día a la fiscalía y no hay ninguna causa.

-No hay nada contra usted.

-Absolutamente nada. Entonces fue algo montado, algo mentiroso, porque además me golpearon, además agredieron una señora de 80 años y expusieron al escarnio público a más de 30 mujeres a declarar e intentando que declararan contra mí. Que yo asistía a esa residencia. Es una residencia de hace 53 años.

-Usted ha podido conversar con la alcaldesa con Erika Farías sobre esto que ocurrió.

-Nunca, siendo ella una persona a la cual conozco. Nos conocemos antes de llegar Chávez al gobierno. Nos conocemos de muchos años, incluso ella fue parte de una organización con la cual tenía amplísimas relaciones.

-¿Entonces no hay ninguna investigación abierta contra usted?

-No. La investigación la solicité yo. Al siguiente día interpuse un recurso que permanece, un recurso administrativo que permanece en la consultoría jurídica. Yo señalo al Fiscal General de la República que hace una especie de solidaridad automática y trata de evitar que su compañera sea judicializada como corresponde por lo que hizo.

-El PPT en este momento está en a la espera de esta decisión de sala plena del TSJ. ¿Cuándo vence a ese período para darle a la decisión?

-Las cosas en la sala plena o son muy rápidas o son muy lentas.

-Van a las elecciones las elecciones. Va el PPT o la APR al proceso.

-Vamos con la Alternativa Popular revolucionaria, con nuestros candidatos

-¿Con qué tarjetas van?

-Vamos en este momento con la tarjeta del Partido Comunista pero hay otras organizaciones nacionales y regionales como Izquierda Unida, el Partido Revolucionario de los Trabajadores así como partidos como Nuevo Orden Revolucionario, un partido regional como Guaiquerí en el estado Nueva Esparta que está solicitando que se le reconozca y se le dé la habilitación para existir. Hay unos que tienen diez años pidiendo su legalización, pero el CNE no nos responde ¿por qué? Porque hay una decisión expresa de que no exista ninguna organización de izquierda. Hay una imagen que usó un dirigente del PSUV "hay que quitar el oxígeno a la APR".

-¿Quien dijo eso?

-No te lo voy a decir ahorita lo tengo reservado.

-¿Van a llevar candidatos a todo el país?

-A todo el país. Ya anunciamos la candidatura de Antonia Muñoz en Portuguesa y estamos debatiendo candidatos como Eduardo Samán para Caracas, Nerio Galván en el caso de La Guaira. Estamos debatiendo en todo el país con mucha libertad. Mucha democracia y en consulta directamente con nuestros militantes.

-¿Podrían ustedes llegará a alianzas con otros factores de la oposición, digamos la mesa de diálogo, lo que se llama la Alianza Democrática? ¿Recibirían el apoyo de ellos o estarían dispuestos a conversar?

-Mira es que esa Alianza Democrática es parte de la mesa y esa mesa fue la que impidió por ejemplo resolver el asunto de Redes, siendo Redes parte de la Alianza Democrática. Inmediatamente que se dan las elecciones parlamentarias nosotros denunciamos que hay una sobre representación del PSUV. El PSUV tiene cerca de 60 diputados que no le pertenecen ¿por qué? Porque nunca hubo, ni siquiera quisieron responder cuáles eran las bases de cálculos para designar los candidatos. Lo pidió el MAS en la reunión con el Consejo Nacional Electoral, antes de las elecciones los pidió el PCV, yo lo solicité por un twitter que retwiteo Mari Pili Hernández. En el CNE hay un recurso administrativo del PCV y nuestro de la APR y el MAS se fue a la sala constitucional ¿por qué? Porque nosotros denunciamos varias cosas, entre ellos una prórroga que nadie sabe por qué se convocó. Porque no había gente en las mesas.

-¿Usted participaría en la activación de un revocatorio contra Nicolás Maduro?

-No es ahora en este momento un debate nuestro. No es un debate para la APR, es un debate para otros que han ido al CNE a solicitarlo desde ya y en los términos constitucionales se dan. Ahora, habría que discutir y habría que debatirlo. Ahora, lo más importante es que nosotros somos una opción revolucionaria. La Alternativa Popular Revolucionaria es la izquierda organizada.

¿Y son una opción de poder en cada uno de esas alcaldías y gobernaciones o sólo terminan siendo candidatura simbólica para que la izquierda de verdad no desaparezca?

-La opción de poder te lo da tu convocatoria y en eso estamos. Nosotros aspiramos como aspiran todos a que el pueblo venezolano nos comprenda, nos entienda. Que el pueblo venezolano sepa que tiene organizaciones y tiene revolucionarios que están dispuestos a hacer lo que siempre hicieron desde la izquierda con sus valores éticos, con la honradez, con la transparencia, con la decencia, con honestidad porque en fin de cuentas nosotros aspiramos a un socialismo que sea honesto que sea honrado que sea transparente que sea decente y que sea ético.

Vanessa Davies-Contrapunto 28-07-21

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Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución

No se puede ser insensible al dolor que por falta de alimentos y de medicamentos ahoga a gran parte del pueblo cubano. Tampoco podemos pasar por alto las manifestaciones realizadas, en las que se ha pugnado y clamado por comida y por fármacos, pero también por libertad, y algunos hasta por el fin de la dictadura.

Lamentablemente, el Estado cubano carece de recursos financieros para superar esta crisis; por lo que la cooperación solidaria internacional y una apertura general les urge, pues les permitiría obtener créditos y empréstitos, para ir resolviendo la situación y tener tiempo para planificar su nueva era.

Sobre la situación cubana se ha divulgado muchísimo.

En este espacio hago un breve análisis sobre las causas y las posibles soluciones.

Profeso el respeto, la libertad y la democracia para la convivencia pacífica, bajo el estado de derecho, y sustento la tolerancia en todos los órdenes.

Por supuesto que el principal problema u obstáculo inicial del proceso revolucionario cubano ha sido el bloqueo o embargo de los Estados Unidos de América hacia Cuba, mismo que fue ordenado hace casi 60 años por el entonces presidente John F. Kennedy como represalia "leve", en lugar de invadir Cuba, como se lo aconsejaba el Pentágono.

Sin embargo, el daño provocado por el bloqueo ha sido atroz durante cerca de seis décadas. Por esa razón casi la totalidad de países miembros de Naciones Unidas, reiteradamente han solicitado su anulación, México incluido desde siempre; menos Estados Unidos e Israel, como ocurrió recientemente.

Pero seamos sinceros: no únicamente el bloqueo tiene a Cuba con tanta necesidad, escasez y pobreza.

No podemos dejar de comentar, con la mejor intención, lo errático de muchas de las estrategias gubernamentales en lo económico, lo social y lo político, pues no han sido plenamente benéficas para el pueblo, que padece mucho y posee muy poco.

Cuando fui embajador de México en Cuba en varias ocasiones conversé con el entonces comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y en alguna de ellas lo hice sobre la necesidad de una apertura general, económica, política y social.

Siempre he pensado que no existe un gobierno en el mundo que quiera la ruina para su pueblo, y es el caso del de Cuba, donde sus gobernantes han creído en las bondades de sus estrategias, pero al no ver los mejores resultados, es muy válido que piensen en rectificar y en cambiar; de allí la necesidad urgente de que innoven y diseñen mejores políticas públicas, acordes con las del mundo actual, preservando su soberanía, en democracia, buscando el desarrollo integral, con inversiones que impulsen su crecimiento económico, la generación de empleos y riqueza.

Eso sería verdaderamente trascendental.

Desde mi punto de vista, en Cuba ha llegado el momento del cambio en todos los órdenes, es decir de una nueva etapa de su revolución, como hicieron los chinos bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping. No se trata de un regreso al capitalismo salvaje, pero sí de uno con sentido social y con justicia distributiva en el que pague más impuestos quien gane más, como existe en las naciones nórdicas, o de un socialismo democrático con economía capitalista abierta y mixta, como en lo económico viene sucediendo en China, aunque a ellos también les falta la democratización política.

Por lo anterior, considero que es urgente: 1. Un mayor diálogo, sin represión y sin coartar las libertades; 2. Una amplia apertura de su economía, más eficaz, más rápida y menos gradual que la que hasta hoy está en operación; 3. Autorizar la existencia de partidos políticos, para arribar a un régimen democrático con elecciones libres, más allá del partido único; 4. El libre tránsito dentro del país y el extranjero como parte de sus libertades y derechos humanos; 5. La libre adquisición de bienes y servicios, muebles e inmuebles, sin restricciones, para quienes dispongan de recursos económicos, pues ello reactivaría la economía; 6. Impulsar más aún la agricultura y la ganadería, y fomentar la industrialización y el turismo; 7. Continuar, con mayor fuerza, los avances en educación, investigación científica y tecnológica, en salud y medicamentos; 8. Permitir y tolerar la operación ilimitada de Internet y de las redes sociales, pues se trata de un avance mundial que propicia la libre expresión, y que no debe restringir o bloquear ningún gobierno, aunque requieren de regulaciones, para evitar difamaciones y calumnias; pero es preferible la expresión a la censura;9. Dialogar y tomar acuerdos con Estados Unidos, para lograr cambios de actitudes de su gobierno hacia la isla, y operar cambios del régimen cubano hacia el gobierno estadunidense.

Muchas de estas adecuaciones requieren de reformas constitucionales y legales, pero significarían un cambio muy importante para destrabar, resolver y avanzar.

Confío en el talento y en la visión del presidente Miguel Díaz-Canel para empeñarse y lograrlo; confío también en que el presidente Joe Biden cambie y mejore su discurso y sus estrategias para con Cuba, pues dada su experiencia y madurez, es de esperar que busque negociaciones y acuerdos con el gobierno cubano, y que decrete el fin del bloqueo, dándole continuidad al proceso de apertura iniciado por el presidente Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con Cuba.

La comunidad cubana en el exterior deberá abandonar el radicalismo y desempeñar una función de participación madura y abierta con diálogo civilizado para contribuir a la distensión.

La dirigencia cubana deberá, también, flexibilizar sus actitudes con sus hermanos de la diáspora residente en el extranjero.

Lo deseable es que esta crisis encuentre cauces de solución pacífica lo más pronto posible, sin violencia, en bien del pueblo cubano y por la tranquilidad y la paz de la región de la que formamos parte.

En crisis anteriores México fungió como mediador.

Debe imponerse la fuerza de la política, y jamás la política de la fuerza.

 

Heriberto M. Galindo Quiñones,fue embajador en Cuba, cónsul general en Chicago, dos veces diputado federal y recientemente senador de la República

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Lunes, 26 Julio 2021 06:23

Una apuesta por la libertad

Una apuesta por la libertad

Los sistemas de protección social, como casi todo, pueden estar mejor o peor diseñados. Un ejemplo de una medida de protección social mal diseñada es, indudablemente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un derecho vacío desde su nacimiento que aprobó el examen gracias al marketing político. Un fracaso que no es plato de buen gusto para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas.

Frente a una política mal diseñada como el IMV, en Euskadi contamos con un programa de rentas mínimas más o menos competentemente diseñado -aunque con su progresiva degradación-. En sus más de 30 años de trayectoria, y según los datos del propio Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido evitar que en Euskadi durante la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave o un 20,2% el número de personas en situación de pobreza relativa. En el mismo período de tiempo, el número de personas con privación material ha incrementado un 105%, un 83,7% las familias que no pueden cubrir los gastos básicos y un 122,5% los impagados o atrasos en los pagos de alquileres o hipotecas. Tampoco podemos olvidar que solo una de cada dos personas que acceden al sistema de RGI consiguen superar la pobreza y que un tercio de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social ni siquiera acceden al sistema. Competentemente diseñado, repito.

Esto no es algo que ocurra solamente en los 'países del sur'. En Europa, entre el 20% y el 60% de las personas en situación de pobreza, por distintos motivos -laberinto burocrático, estigmatización o rechazo de lo que puedan considerar caridad-, no acceden a la última red del estado de bienestar. Pero, por lo que sea, ésta no es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Al fin y al cabo, 'solo' el 20,25% de los hogares de Euskadi se encuentran en riesgo de pobreza y, tú y yo, con suerte, nos salvamos -de momento-. El propio sistema se ha encargado de dibujar esa línea imaginaria entre la primera y la tercera persona. “Yo”, “nosotros” y “ellos”.

Entonces, ¿debemos tener alguna aspiración como sociedad? Si es así, ¿nos conformamos con tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Y con tener una tasa de pobreza entre el 15% y el 18%? Sería un error por nuestra parte resignarnos y es por ello que debemos apostar por una clara mejora en las condiciones materiales de la mayoría social que, además, actúe como un seguro vital ante las inseguridades y las inestabilidades económicas. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está claramente amenazada.

Diariamente encontramos numerosos artículos sobre la transición económica o la modernización de nuestro sistema productivo. Sin embargo, uno de los retos que no copa tantos titulares pero que también tenemos que abordar en este siglo XXI es la modernización de nuestro sistema de protección social. Es inútil tratar de afrontar las realidades actuales con políticas del siglo pasado que ya han mostrado sus limitaciones. La alternativa que más interés ha suscitado durante los últimos años, en parte por su eficacia tanto económica como técnica, ha sido la renta básica. Una asignación monetaria pública incondicional, individual y universal. Pero no nos engañemos: aunque la reciban todas las personas, no todas las personas salen beneficiadas en términos monetarios porque su financiación se realiza mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico tendría que aportar más a las arcas públicas.

Países como Finlandia, Escocia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Kenia, Namibia, India o, incluso, la ciudad de Barcelona, ya están explorando mediante proyectos piloto sistemas que garanticen el derecho universal a la protección frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Sí, asistencialismo. Porque si algo diferencia a los sistemas actuales y a la renta básica es la diferente concepción expresada en términos de libertad. El IMV o la RGI ayudan a las personas una vez estas han caído. Ofrecen una prestación a cambio de una contraprestación -habitualmente mediante un proceso de intervención laboral-, lo que conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. La renta básica, por su parte, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía de partida, otorgando un aumento de libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Además, los resultados obtenidos en los proyectos piloto nos permiten observar que la renta básica ha conseguido aumentar el bienestar y la seguridad económica de las personas, mejorar su salud mental, comportar una mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las propias instituciones y mejorar también la oferta laboral.

En un momento de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de desempleo creciente, de degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población, en definitiva, de amenaza a la libertad, cabría ser valientes y no seguir parcheando una herida que está desangrando a una grandísima parte de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a garantizar unos mínimos vitales a todas las personas? Para ello es necesario pasar del miedo y de la contención a la libertad y la prevención.

24/07/2021

Por Julen Bollain

es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica.

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Sábado, 24 Julio 2021 07:00

Cuba: las vidas y la libertad importan

Miles de personas asisten a un acto de apoyo a la revolución, en La Habana (Cuba).- EFE

En Cuba se ha producido un estallido de protesta popular. No ha sido un golpe de Estado ni un motín provocado artificialmente por ¿miles? de agentes a sueldo del imperialismo. Ha sido una protesta en la que han participado personas con mentalidades muy diferentes, precisamente porque su motor no ha sido ideológico sino social, reclamando la atención de las necesidades básicas de la vida.

En este estallido se han cruzado dos crisis:

- el dinosaurio estructural que ya estaba allí: baja productividad, caos burocrático e ineficacia,  ausencia de canales de reivindicación en un país sin derecho de huelga y con un sindicato único sometido al Estado, desvinculación creciente de la población respecto a decisiones en las que no participa y que no mejoran sus vidas, grave escasez de divisas, nuevas generaciones sin recuerdo de los momentos en que se alcanzaron logros sociales (en alfabetización, sanidad, educación) pero que  han vivido su desgaste y deterioro, etc.

- la chispa que prendió el estallido, esto es, las consecuencias sociales de la fuerte reducción del turismo a causa de la pandemia y las consecuencias del plan de ajuste "Tarea ordenamiento", destructor de muchos de los accesos gratuitos o subvencionados a determinados bienes o servicios básicos, lanzado por Díaz-Canel -obsesionado en una condena recurrente del "igualitarismo"- y el PCC a través de reformas monetarias, laborales y económicas que benefician a los capitalistas cubanos y extranjeros y que han cargado sobre la clase trabajadora y el pueblo llano el coste de todas las dificultades,

Como señala Leonardo Padura: "Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no sólo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

Frente a quienes se tiran a la cabeza los sufrimientos de otros, decimos: las vidas cubanas importan, las vidas colombianas importan, las vidas de las mujeres saudíes importan, la vida de los nicaragüenses importan, las vidas kurdas importan, las vidas sirias importan.

Las vidas cubanas importan: lo más urgente

  1. El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
  2. Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas. Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad social. Consideramos que nuestros sindicatos y la Confederación Internacional de Sindicatos deberían pronunciarse en igual sentido.
  3. Cuando la población es abandonada a su suerte tiene derecho a buscarse la vida como puede, por lo que no tendría sentido oponerse a la "medida estrella" anunciada por el gobierno cubano como aparente concesión ante el malestar social, consistente en dejar entrar en Cuba a personas cargadas de alimentos y medicamentos. En todo caso, y como medida de emergencia, el gobierno cubano debería tratar de retirar de todos los obstáculos que la legislación cubana o los reparos del régimen puedan poner a la entrada en Cuba de alimentos básicos y medicinas de cualquier procedencia, y regularla de manera que su distribución permita que lleguen a quienes más lo necesiten, sin permitir "el mercado negro"; las medicinas deben llegar a través del sistema sanitario, no porque te visite tu tío de Miami, aunque sea legítimo conseguirlas de esa manera si el sistema sanitario no las proporciona.
  4. Cuba ha creado dos vacunas pero tiene dificultades para fabricarlas masivamente y sufre carencia de las jeringuillas necesarias. Se han puesto en marcha diversas campañas para recoger dinero con el que comprar millones de jeringuillas y enviarlas a Cuba, como la de SODEPAZ en España. Ahora bien, esa es una responsabilidad que también debe ser asumida por la comunidad internacional, y por España y nuestro gobierno muy en particular. La iniciativa COVAX debe activarse inmediatamente y llegar a sus beneficiarios mejor antes que después. Si la lucha contra la pandemia no puede ser victoriosa mientras África y América Latina sigan careciendo de vacunas, por lo que el apoyo a esos países no sería sólo solidaridad sino autodefensa, por lo que instamos al Gobierno PSOE-UP a hacerlo, opinen lo que opinen del régimen cubano.
  5. Las penurias y dificultades del pueblo cubano son atribuidas por el Gobierno cubano y por todos aquellos que a nivel internacional lo apoyan al embargo USA, y ya son décadas justificando las dificultades en las que vive la población repitiendo el mantra del embargo. Siendo esté injusto, no es riguroso atribuir al embargo estadounidense (que no incluye alimentos y medicinas) todas las dificultades económicas de Cuba. Menos riguroso es aún justificar con ello el autoritarismo del régimen, como si el silenciamiento de un pueblo le hiciera más fuerte para soportar presiones exteriores. Sin embargo, el embargo tiene consecuencias negativas para la población cubana y se ha convertido en excusa y nube de humo para justificar el fracaso del sistema burocrático implantado en Cuba pese a los logros iníciales tras el derrocamiento de la dictadura de Batista. Por ello, es necesario mantener la exigencia de que los gobernantes de EEUU apliquen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo; eso puede llevar tiempo incluso aunque Biden quisiera hacierlo, pero, en esa transición, la Administración Biden puede derogar o dejar de aplicar las medidas restrictivas adicionales impuestas por Trump, especialmente dañinas; hay que presionar en ese sentido derogatorio del embargo, aunque no ayuda a conseguir apoyo social el que se haga en un sentido que implique a la vez solidaridad con el régimen (post)castrista, en vez de solidaridad con el pueblo cubano en su conjunto, tanto con partidarios como con opositores al régimen o con indiferentes.
  6. Junto a las respuestas inmediatas, de emergencia, junto a la necesidad de intentar que el gobierno cubano cambie de actitud en los asuntos urgentes citados, y junto a las acciones internacionales que ayuden a paliar las dificultades inmediatas que padece la sociedad cubana, no podemos dejar de señalar que hay cambios más profundos imprescindibles que requieren un cambio de régimen en Cuba, cambios que, tanto si llegan por una vía "a la española" (pactada) como si llegan por una vía "a la portuguesa" (revolucionaria), significarían una "salida" del régimen (post)castrista. Entre ellos citaremos el fin del sistema constitucional de partido único y de dominio del Estado por éste, el pleno reconocimiento del derecho de asociación, el derecho a formar sindicatos independientes del Estado, el derecho de huelga y, quizá lo más importante de todo, la libertad de expresión.

Cuba es una dictadura

El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría, Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las libertades civiles nos puedan ser indiferentes.

Aquí estamos hablando de Cuba, porque las vidas cubanas importan. Podemos hablar de otras cosas, y lo hacemos, pero hoy hablamos de Cuba porque Cuba importa, como nos importa Arabia Saudita cuando hablamos de ese país sin por ello tener que hablar de Cuba.

La raíz del autoritarismo cubano es vieja. Estamos hablando de un régimen vigente desde hace décadas, siguiendo el modelo estalinista clásico de partido único, con matices caribeños. No es este el lugar para analizar el proceso que llevó en pocos años de una revolución democrática con fuerte carga social a un nuevo despotismo; en ello influyó el acoso externo y las agresiones militares sufridas en 1961, ya que la militarización de las revoluciones siempre favorece a las franjas más autoritarias del movimiento, pero de ninguna manera puede decirse que el único o mejor camino fuera la conversión/inmersión del Movimiento 26 de julio (1953-1962) en el  Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1962-1965) y su cristalización estalinista como Partido Comunista de Cuba (desde 1965 hasta ahora) y como dictadura de partido único, con episodios terribles tan tempranos como la persecución iniciada en 1962 contra las personas homosexuales y su internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (1965-1968); hasta 1988 no fue derogada la Ley de ostentación homosexual.

Actualmente, el régimen (post)castrista está en transición, pero es una transición que no conlleva más democracia, sino que sigue, dentro de sus posibilidades limitadas, el modelo chino de apertura al capitalismo, manteniendo el poder monopolista del Partido Comunista de Cuba, sin liberalización política; para los inversores extranjeros en Cuba, se trata de un gran "chollo", ya que pueden realizar sus negocios sin el incordio que suponen los sindicatos, las huelgas... En China y Cuba gobiernan partidos comunistas que identifican la continuidad socialista como que ellos sigan mandando, lo que no es obstáculo para que China sea hoy ya un país esencialmente capitalista y Cuba vaya por esa misma senda aunque más movida por el ansia de supervivencia de su grupo dirigente que por un proyecto claro.

En primer lugar, no hay elecciones libres, libertad de partidos ni libertad de prensa. Es un poder no elegido por el pueblo cubano. Todo sistema de partido único es dictatorial, aunque haya dictaduras que permiten varios partidos o que dominan sin partido mediador. En esto no hay renovación ni apertura, como se reconocía abiertamente en un artículo publicado en el periódico del PCC, Granma, el 10 de abril de 2020, y escrito por Michel E. Torres Corona:

En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.

Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.

Dicha Constitución cubana de 2019 lo deja clarísimo: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Otro elemento de carácter dictatorial es la imposibilidad de constituir organizaciones sindicales independientes del PCC y del Estado; todos los intentos de llevarlo a cabo han sido duramente reprimidos. En la práctica, en Cuba hay un sistema de sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, en cuyos estatutos se proclama que la "CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba Esto no puede entenderse simplemente como una estrecha relación entre un partido y un sindicato, como la mantuvieron durante mucho tiempo en España UGT y PSOE, Obviamente, no  se reconoce el derecho de huelga, ni en el sector público ni en el sector privado.

Por último, un tercer rasgo dictatorial, quizá el más significativo y determinante de todos, es la ausencia de libertad de expresión y de manifestación en Cuba, pese a que constitucionalmente están reconocidos tales derechos, ya que diversas leyes y prácticas frecuentes convierten en papel mojado lo dicho en la Constitución. Las Damas de Blanco sufrieron centenares de detenciones y actos de acoso. Una y otra vez, periodistas y personas disidentes que han expresado opiniones molestas para los gobernantes terminan siendo acusadas de los delitos más extravagantes como supuestos enemigos de la patria y agentes a sueldo del imperialismo.

A modo de ejemplo de la alergia que la libre expresión y la creación artística y cultural produce al aparato del PCC y del Estado, mientras se ha abierto la puerta a las inversiones extranjeras capitalistas, se preciso una lista de las actividad económicas que no podían desarrollarse por cuenta propia y entre ellas, "casualmente", estaban las galerías de arte comerciales, la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, la producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, las transmisiones de radio, la programación y transmisiones de televisión, las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario.

Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible, como en España tenemos que luchar también por esa libertad de expresión plena que está siendo violentada en bastantes casos.

"Las izquierdas" ante un desafío estratégico

Con la crisis cubana ha vuelto a aflorar un tremendo lastre de la izquierda: un pavor reverencial a diferenciarse del régimen cubano y a combatir sus injusticias y su falta de libertad. Se buscan excusas de uno u otro tipo: el bloqueo, la defensa de la revolución, el vomitivo cinismo de las derechas, la añoranza de Sierra Maestra, las evidentes injerencias de las sucesivas administraciones de EEUU, las acciones de un exilio al que se descalifica y deshumaniza sin distinciones como "gusanos". Referencias que, tanto cuando son 100% falsas como cuanto tienen parte de verdad, se usan para incurrir en una falta de autonomía crítica frente a regímenes y situaciones donde no sólo la gente sufre sino que además está sometida a regímenes totalitarios y autoritarios como la vecina satrapía Ortega-Murillo en Nicaragua. Como explicó Marx, toda ideología es "falsa conciencia" para autoconfirmarse, distorsionan la realidad tanto como sea necesario. Ese mecanismo es evidente en las reacciones ante la crisis cubana de Casado y Ayuso, o de Vox o Cs, actuando como si el régimen cubano fuese la única dictadura existente pero también en declaraciones como las de Belarra o Villanueva, desde Podemos, negando la evidencia de que Cuba padece una dictadura e ignorando las responsabilidades del gobierno cubano en lo ocurrido.

Los recuerdos de las banderas revolucionarias triunfantes opacan la responsabilidad del apoyo y solidaridad hacia quienes luchan por la vida y por la libertad en el día de hoy, dando así unas bazas muy útiles a la peor derecha en todo el mundo para que se haga con la bandera de una "libertad" que en sus bocas es la libertad del privilegio y la explotación.

23/07/2021 

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Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades

Parte 1

 

¿Criminalizando Estados?

 

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o "civilizados por la cultura" para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada” (1) a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

 

 

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones (2), más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán (3) y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

 

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

 

 

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

 

 

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

 

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

 

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación….Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

 

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

 

1. Es una expresión para referirse a determinada cantidad de dinero entregada para obtener algún tipo de permiso o garantía.

2. Comisión Mexicana para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH y Federación Internacional de los Derechos Humanos-FIDH, 2019.

3. Comité para la Protección de los Periodistas.

 

 

Referencias

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La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla (incluye versión .pdf)

 

 

Fuentes: El tábano economista

Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre las redes sociales se queda (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Vendedor de casa, presentador de reality show, defensor de las libertades individuales y los derechos de los consumidores, de un día para el otro pasó a ser un obcecado regulador y querellante de las grandes empresas tecnológicas. La metamorfosis y los zigzagueos del expresidente Trump tienen apariencia peculiar, pero como veremos no son inocentes.

Después del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de alborotadores empeñados en evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Biden, todas las principales plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, desconectaron las cuentas del presidente Donald Trump. Las empresas citaron reglas internas sobre el uso indebido de sus plataformas para difundir información errónea e incitar a la violencia.

Las grandes tecnológicas actuaron como la computadora Multivac del cuento de Isaac Asimov “sufragio universal” (año 1955). El autor supuso para un lejano futuro en el momento de escribir el cuento, el sufragio universal en el que toda la población expresa su voluntad a través del voto, habría dado lugar a otro mecanismo en el cual el presidente sería elegido por un único elector en representación de todo el país. Este votante será elegido por una gran computadora llamada Multivac, un gran engaño de simulación democrática, al igual que las tecnológicas, ellas son las elegidas para censurar a un usuario en el nombre del país.

Dadas ciertas características, que veremos más adelante, las redes sociales se atribuyen la acción estatal de restringir el discurso de una persona, rol que extrañamente podrían ejecutar los privados por carecer del poder de policía para efectuarlo. Lo cierto es que, no sólo lo hicieron con el presidente de la mayor potencia mundial, sino que distrajeron la atención entre dos temas centrales. La capacidad monopólica de sus empresas por un lado y por otro su anhelo de autorregulación de publicaciones en sus redes, lo que la Corte Suprema americana llamo “La plaza pública moderna”, donde los oradores tienen derecho a exigir acceso a sus plataformas del mismo modo que tienen derecho a participar de debates en plaza pública. 

Comencemos con lo más oculto, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta permite a los operadores de sitios web elegir quién y qué aparece en sus páginas sin temor a ser responsables. En la Ley de Decencia en las Comunicaciones del año 1996 se encuentra una de las herramientas más valiosas para proteger la libertad de expresión y la innovación en Internet: la Sección 230 dice “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el relator de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información” En otras palabras, los intermediarios en línea que alojan o vuelven a publicar discursos, están protegidos contra una serie de leyes que, de otro modo, podrían utilizarse para responsabilizarlos legalmente de lo que otros dicen y hacen.

Este marco legal y de políticas ha permitido que los usuarios de YouTube o cualquier plataforma carguen sus propios videos, Amazon ofrecen innumerables reseñas de usuarios, Facebook y Twitter albergar anuncios clasificados, gratis o pagos, para cientos de millones de usuarios de Internet. Dado el gran tamaño de los sitios web generados por los usuarios, Facebook tiene más de mil millones de usuarios, Twitter 340 millones. Los consumidores de YouTube cargan 100 horas de video por minuto, por lo que no sería descabellado que aparecieran contenidos objetables en sus redes sociales. Este sería el discurso ingenuo.

La capacidad de las redes sociales en intervenir en las elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de Brexit, Argentina, Brasil etc son conocidas. Los dueños de las redes tenían preferencia en la interna Demócrata, y una de ellas era deshacerse del ala progresista del partido y de Elizabeth Warren en particular, una de las candidatas favoritas allá por octubre del 2019. Ella proponía según una grabación filtrada de una reunión de la empresa publicada por The Vergesegmentar a las grandes empresas tecnológicas. Pero el problema no radicaba sólo en desmembrar los monopolios, sino que la candidata aseguraba que la plataforma le había dado a Trump rienda suelta para mentir “para después pagarle a Facebook enormes sumas de dinero para difundir esas mentiras a los votantes estadounidenses”, haciendo referencia a Fake News y Trolls.

En ese momento Kamala Harris se había retirado de la interna demócrata por tener sólo el 1% de los votos. Cuando fue convocada por Biden los magnates de las Big Tech respiraron tranquilos, Harris mantiene fuertes lazos con Silicon Valley más allá de haber nacido y haberse educado en San Francisco. De su cercanía surgió la idea de un acuerdo. Las tecnológicas apoyarían la campaña de los demócratas y ellos se comprometen a votar porque las empresas se autorregulen y no sea el gobierno quien ponga un marco regulatorio. El desmembramiento como veremos, judicializado a esa altura parece inevitable. Pero la pregunta sigue siendo ¿Por qué es tan importante conformar a los nuevos zares de los mediáticos?

Gran parte del público mundial se informa a través de las redes sociales y por lo tanto las mentiras y el apoyo de los dueños de las redes, puede inclinar la balanza hacia el partido elegido, multiplicando falsedades y eliminando cuentas de otras tendencias por contener información sospechosa, según ellos mismo. El escándalo de Cambridge Analytica, el ceder Google datos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entre otras para beneficio de sus propios intereses forma parte del combo información y datos, que de hecho influye en las tendencias y los humores de los votantes.

El periódico NYT a través de un estudio, público el impacto que tuvo la suspensión de las cuentas en las redes sociales del ex presidente Trump. Nos resultará central en esta parte del artículo, para mostrar la fuerza de la gozan las redes sociales y el poder de digitar y modificar tendencias de opinión. Donald Trump antes de la suspensión de sus cuentas tenía: 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. Para tener una idea, el programa de política en horario central más visto de la tv América en FoxNews tiene 3 millones de espectadores, es decir, Trump no necesita de los medios convencionales.

Cuando 17 plataformas entre ellas Facebook y Twitter inhabilitaron las cuentas de Donald Trump después del asalto al Capitolio, perdió el acceso directo a sus megáfonos más poderosos. El 4 de junio, Facebook anunció que al expresidente de Estados Unidos no se le permitiría regresar a su servicio hasta por lo menos enero de 2023, con el argumento de que su presencia en las redes representa un riesgo para la seguridad pública.

The New York Times examinó las casi 1600 publicaciones de Trump en redes sociales desde el 1 de septiembre hasta el 8 de enero, el día en que le suspendieron sus cuentas en las plataformas. Rastrearon la interacción de las redes sociales con decenas de declaraciones que escribió en su sitio web personal, en su sitio de recaudación de fondos para la campaña y en los correos electrónicos enviados a una lista de suscriptores.

Antes del veto, una publicación en redes sociales con interacción promedio generaba 501.000 “me gusta” y “compartir”, por lo que publicación al menos se duplicaba. Después del veto, dicha cantidad se desplomó a 36.000.  También se cerraron otras cuentas populares en las redes sociales a menudo tomaban sus mensajes y los publicaban. El hecho es que el presidente desapareció de la escena, ese es el riesgo de la autorregulación, los dueños de las redes pueden optar como Multivac, quien es digno de ser replicado y quien callado.

En cuanto al segundo tema El Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó el 6 de octubre del 2020 los hallazgos de su investigación de más de 16 meses sobre el estado de la competencia en la economía digital, especialmente los desafíos presentados por el dominio de Apple, Amazon, Google y Facebook y sus prácticas comerciales.

El informe, titulado Investigación de la competencia en el mercado digital: informe y recomendaciones del personal mayoritario, totaliza más de 400 páginas, lo que marca la culminación de una investigación que incluyó siete audiencias del Congreso, la producción de casi 1.3 millones de documentos y comunicaciones internas, presentaciones de 38 expertos en antimonopolio y entrevistas con más de 240 participantes del mercado, ex empleados de las plataformas investigadas y otras personas. Si les interesa está aquí .

“Tal como existen en la actualidad, Apple, Amazon, Google y Facebook poseen cada uno un poder de mercado significativo en grandes sectores de la economía. En los últimos años, cada empresa ha expandido y explotado su poder de mercado de manera anticompetitiva”. “Nuestra investigación no deja lugar a dudas de que existe una clara y apremiante necesidad de que el Congreso y las agencias de aplicación de las leyes antimonopolio tomen medidas que restauren la competencia, mejoren la innovación y protejan nuestra democracia. Este informe describe una hoja de ruta para lograr ese objetivo”.

La lista de recomendaciones incluye:

  • Separaciones estructurales para prohibir que las plataformas operen en líneas de negocio que dependen o interoperan con la plataforma;
  • Prohibir a las plataformas participar en la auto-preferencia;
  • Exigir que las plataformas hagan que sus servicios sean compatibles con las redes de la competencia para permitir la interoperabilidad y la portabilidad de los datos;
  • Obligar a que las plataformas proporcionen el debido proceso antes de tomar medidas contra los participantes del mercado;
  • Establecer un estándar para proscribir adquisiciones estratégicas que reduzcan la competencia;
  • Mejoras a la Ley Clayton, la Ley Sherman y la Ley de la Comisión Federal de Comercio, para alinear estas leyes con los desafíos de la economía digital;
  • Eliminar las cláusulas de arbitraje forzoso anticompetitivas;
  • Fortalecimiento de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia;
  • Y promoviendo una mayor transparencia y democratización de las agencias antimonopolio.

Ambas disputas están relacionadas, tanto el poder monopólico como la autorregulación, pero esta última está más oculta por las consecuencias políticas y de espionaje que acarrea. Nadie sabe bien en que terminarán, pero en varios países de Latinoamérica, aun no regulado la captación de datos, las fake news, pueden producir mucho daño. Recuerden que si al establishment no le gusta a quien votaron, se agitará el fantasma del fraude. Quizás Multivac y las redes puedan digitar quien será el próximo defensor del statu quo según el país que corresponda.   

Por Alejandro Marcó del Pont | 15/07/2021

Publicado enEconomía
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