Martes, 22 Enero 2019 06:22

Economía del exterminio

Economía del exterminio

Quienes ordenan los asesinatos de líderes sociales en Colombia buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia y el futuro de las comunidades

168 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2018, según informó la Defensoría del Pueblo. Y en apenasdiez días de 2019 ya han sido asesinados Gilberto Valencia, Wilmer Miranda, Antonio Gutiérrez, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y José Solano. Un desesperante goteo de nombres y cifras que se van acumulando y pronto desaparecen en una nebulosa de conjeturas, verdades a medias, silencios burocráticos, chismes y hasta hipótesis grotescas como la del ministro de Defensa, quien declaró hace unos meses que a los líderes sociales los estaban asesinando por “líos de faldas”.


En las calles de las ciudades de Colombia, un país predominantemente urbano, casi nadie sabe con exactitud qué son o qué hacen los líderes sociales en las regiones y mucho menos por qué los están matando. La calculada dispersión narrativa y las dudas que el propio discurso oficial arroja sobre estas personas no son precisamente el mejor estímulo para la solidaridad y la acción colectiva. Y es así como, día tras día, se va normalizando el horror. Mañana matarán a Pedro, pasado mañana a Fermina, el viernes a otro Wilson, el domingo a otro Pedro.


Hay algo tristemente irónico en el hecho de que muchas de las fotografías difundidas tras los asesinatos muestran a estas personas en situaciones de alegría cotidiana. A Maritza Quiroz la vemos alimentando a sus ovejas, aferrada a un ramillete de hierbas medicinales o desgranando una mazorca, siempre con los ojos cansados del que ha visto demasiado y, sin embargo, le sonríe al futuro. ¿Quién querría asesinar a una mujer indefensa de sesenta años, desplazada por la violencia paramilitar, líder de las mujeres afrodescendientes y reclamante de tierras?


¿Qué clase de amenaza representaba Maritza Quiroz para quienes dieron la orden de matarla en su parcela, delante de amigos y vecinos?
Parte de la respuesta se encuentra en la denominación de líder social, o mejor, en lo que ese opaco sintagma no deja ver con claridad y es que los líderes sociales son en realidad creadores o sanadores de los territorios. Esa palabra, territorio, debe entenderse como una construcción intelectual, ecológica, política, cultural, donde las alternativas económicas están ligadas a unos usos responsables de la tierra y los recursos.


El concepto de territorio que, con sus diversas prácticas, han elaborado las comunidades campesinas, afrocolombianas o indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional es la principal amenaza para los intereses de una serie de actores tradicionalmente violentos: disidencias de las Farc, minería ilegal, clanes del narco, paramilitares y el viejo latifundio semiproductivo, que cuenta con una nutrida y poderosa representación en el gobierno actual. Más allá del intrincado relato de complicidades, conflictos, recelos o pugnas que puedan surgir entre estos actores, todos ellos comparten el rechazo a la noción popular y plebeya de territorio, hecha desde abajo por gente como Maritza Quiroz o José Solano, que, según recuerda la ecóloga Úrsula Jaramillo Villa en su cuenta de Facebook, “tenía en la cabeza el registro de todos los proyectos que se han hecho en la región, y recordaba minuciosamente por qué habían tenido éxito o fracaso. Tenía absolutamente claro el efecto catastrófico que la minería ilegal ha tenido sobre su comunidad, devastándola particularmente a través de los jóvenes que son seducidos con dinero fácil y prostitución.”


Quienes ordenan estos asesinatos buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia, en definitiva, el futuro de las comunidades, pues consideran que la misma noción de territorio y sus usos plebeyos representan un obstáculo que debe ser eliminado.


Para todos estos actores violentos, las comunidades no son más que un gran banco de cuerpos, asimilable solo como mano de obra barata, brazos armados desechables o a través de la explotación sexual; capital humano forzoso para un contexto económico y político que el antropólogo José Antonio Figueroa ha descrito como un capitalismo lumpen, basado en la administración de la muerte y donde el predominio de la acumulación primitiva y el despojo cancela cualquier horizonte modernizador y sustentable. Eso por no hablar de la catástrofe medioambiental.


Tampoco es casual que muchos de los líderes asesinados hayan participado de una u otra forma en los procesos locales derivados de los Acuerdos de Paz firmados entre el anterior gobierno y la guerrilla de las Farc: las comunidades rurales de todo el país saben que la implementación de esos acuerdos significaría un impulso para la consolidación de sus proyectos territoriales.


Por su parte, el gobierno de Iván Duque no parece tener una idea clara sobre lo que debe hacer con los Acuerdos. Obligado por los compromisos internacionales, ha anunciado que seguirá adelante con la implementación, mientras la presión interna, en especial la que proviene del gran latifundio ganadero y el ala dura del uribismo, que no ha ocultado su deseo de “hacer trizas” los Acuerdos, tiende a paralizar todas las iniciativas institucionales emprendidas por la administración anterior para llevar la paz –es decir, una presencia estatal integral- a todas las regiones.


Por desgracia, tras el atentado a la Escuela de Cadetes y la consecuente ruptura de negociaciones con el ELN, el escenario de la implementación es aún más incierto. Con sus recientes alocuciones, Iván Duque, hasta ahora insustancial y errático en cada amague de hacer creíble su rol presidencial, reactivó en pocas horas la vieja lógica del enemigo interno y la amenaza terrorista, algo que en Colombia suele venir acompañado de una escalada de violencia estatal y paraestatal, como se puede comprobar sin esfuerzo en los informes elaborados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.


Todo hace prever que la ambigüedad del discurso oficial seguirá siendo cómplice del capitalismo lumpen y su macabra economía de exterminio.
En definitiva, el peor de los mundos para ser un líder territorial.

 

JUAN CÁRDENAS, escritor colombiano
22 ENE 2019 - 02:24 COT

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En la Argentina los pueblos indígenas son discriminados, silenciados y sometidos a un genocidio silencioso a través del tiempo, expulsándolos de sus tierras ancestrales, destruyendo la biodiversidad de los montes, esencial para su vida y sustento.

No se les reconoce su identidad, ni valoran sus culturas; viven arrinconados sin protección alguna y sufren la represión, en éste caso concreto en la Comunidad QOM La Primavera, en Formosa. De víctimas, los indígenas han pasado a ser acusados de ser los victimarios, con la complicidad de jueces y el gobernador de la provincia de Formosa, un terrateniente feudal que maneja la provincia de acuerdo a sus intereses.

Las consecuencias de la fuerte represión policial ordenada por el juez y el gobernador, Gildo Insfrán, su ministro de gobierno, Jorge Gonzáles, el comisario de Laguna Blanca, Ricardo Cajes, es el asesinato de dos miembros de la comunidad Qom, Sixto Gómez y Roberto López, el día 23 de noviembre y la quema de 17 casas dejándolos en la total indigencia, donde continúan siendo amenazados.

A Buenos Aires llegó Félix Díaz, líder de la comunidad, reclamando el derecho de su pueblo; quien salvó su vida gracias a la ayuda de sus hijos que lo ocultaron en el monte para impedir que lo asesine la policía. Félix intenta tener una entrevista con la Presidenta Cristina Fernández, esperemos pueda lograrla y reclamar el fin de la represión y el respeto a sus tierras según lo establece la Ley 23.160 de Emergencia de Tierras de las Comunidades Originarias del país.

Desde los ámbitos oficiales provinciales y nacional se enarbolan banderas en defensa de los derechos humanos, que se acota a la época de la dictadura militar desde 1976 a 1983, pero no se quiere mirar la situación actual de los derechos humanos que con absoluta impunidad continúan violándolos, como la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los pueblos indígenas, proclamado por la ONU y la Convención 169 de la OIT-

Esto que señalo no es nuevo, es un grave problema estructural que viene desde hace muchos años, podríamos decir desde la conquista y la independencia como nación, que ha cumplido el Bicentenario para algunos, mientras los pueblos originarios continúan excluidos y discriminados.

Todo el manejo hipócrita de la gobernación de Formosa y las graves consecuencias que vive la Comunidad Qom, me recuerda a T. Mentón cuando señala que: “La mayor necesidad de nuestro tiempo es limpiar la enorme basura mental y emocional que atasca nuestras mentes y convierte toda vida política y social en una enfermedad de masas. Sin esa limpieza doméstica no podemos empezar a ver. Si no vemos, no podemos pensar”.

Hay mucha basura mental y debemos actuar rápidamente para evitar mayores males, como es la apropiación de las tierras de los hermanos indígenas en todo el territorio nacional

Reclamamos la intervención de la Provincia de Formosa, la renuncia del gobernador Insfrán y de su ministro de gobierno Jorge Gonzáles, con quien me entrevisté en Buenos Aires hace aproximadamente dos meses para tratar el problema de las comunidades en Formosa y terminó asumiendo la represión en lugar de una solución, beneficiando al terrateniente que quiere apropiarse de las tierras, Cecilio, Pedro y Ariel Celía, siendo uno de ellos el que disparó primero contra Félix Díaz

Reclamamos la destitución y procesamiento del comisario de Laguna Blanca y los policías que intervinieron en la represión y muerte de los hermanos de la comunidad La Primavera, habiendo llegado más de cien policías a caballo y de otras reparticiones de la provincia, mientras la gendarmería nacional se instalaba como espectadora y no para evitar la represión.

El gobierno de la provincia de Formosa es aliado del gobierno nacional, pertenece al mismo partido peronista K. El gobierno nacional tiene que tener claro que sostener a una gobernación que reprime y margina a los pueblos originarios no es ético, ni bueno para el mismo gobierno y el país, al que contaminan con la basura mental y acciones facinerosas y represivas.

He tratado estos días de comunicarme con el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en Casa de Gobierno, sin resultado alguno, pareciera que frente a éstos conflictos los teléfonos y celulares están “ocupados para no oír, ni ver”.

El reclamo que quería hacerle es: el envío urgente de una comisión investigadora para determinar los responsables de los asesinatos, la quema de viviendas y se respete el derecho de los pueblos originarios y enviarles ayuda humanitaria, les falta agua y alimentos y reponer sus bienes quemados por la policía y los matones Celía. La gendarmería nacional es dirigida y dependiente del gobierno nacional, debe dar orden de protección a la Comunidad La Primavera y evitar mayores males. Estas desgracias pasan en el país y el gobierno sabe que en Formosa su aliado Insfráin no lo va a hacer.

El gobierno trata de “negociar” frente a la grave situación, entre el gobernador y la comunidad La Primavera, es decir en romance campero, “les quieren enroscar la víbora”; no deben caer en negociar con los asesinos; es necesario tener claridad conceptual y mucha firmeza, los crímenes cometidos contra los indígenas y la destrucción y quema de las casas no pueden quedar en la impunidad.

Es necesario señalar que viajaron a la Comunidad la Primavera, algunos diputados, representantes del INADI, de organismos de derechos humanos, Amnesty Internacional llevando solidaridad y apoyo, pero no es suficiente, hay que encontrar soluciones permanentes y el derecho de verdad y justicia.

La pregunta es si tiene que haber muertos y heridos, donde la desgracia y el dolor se instale para que los funcionarios del gobierno reaccionen y piensen qué van hacer para paliar o lo que es peor silenciar el dolor de los pueblos originarios, para que nada cambie.

La Argentina no es soberana, nos han transformado en feudos medioevales. Tengo que señalar que otros gobernadores hacen lo que quieren y no lo que deben, como en La Rioja y San Juan, que actúan como feudos y desconocen la ley nacional de protección de los glaciares para beneficiar a sus socios y aliados de empresas transnacionales mineras como la Barry-gold y La Alumbrera.

¿Bicentenario, democracia, derechos humanos, para quien? Debemos liberar la palabra para comprender qué estamos viviendo. El antiguo proverbio dice: “El pez no ve el agua, porque vive en ella” y muchas veces el agua está contaminada y podrida y no se ve.

Por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
Buenos Aires, 2 de diciembre del 2010



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El gigante alemán de las autopartes, el grupo Schaeffler, hoy herido de muerte por la crisis global, fue acusado ayer de usar las cabelleras de al menos 40.000 víctimas del campo de exterminio nazi de Auschwitz. La empresa germana se habría servido de los cabellos para hacer telas en sus fábricas ubicadas en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
 
Las acusaciones fueron hechas luego de que historiadores polacos del mayor campo de concentración nazi encontraran nueva evidencia: en efecto, los estudiosos del museo que lleva el nombre del campo y funciona allí hallaron rollos de telas hechos con pelos de los internos en una antigua dependencia utilizada por la empresa en aquella época en la región de Silesia, al sur de Polonia.
 
El hallazgo fue el último de una serie de malas noticias para la golpeada empresa. El grupo, que emplea a alrededor de 200.000 personas en todo el mundo (cuyos productos son comercializados a través de las marcas LUK, INA y FAG), acusa actualmente una deuda de unos 14 mil millones de dólares y, además, enfrenta la perspectiva de la bancarrota.
 
El mes pasado, Maria-Elisabeth Schaeffler, la extravagante dueña del grupo –siempre vestida con tapados de piel–, apareció en un acto sindical y lloriqueó pidiéndole a la canciller alemana, Angela Merkel, que le concediera a su empresa un rescate millonario. En un intento por blanquear el comportamiento de su empresa durante aquellos tiempos, la señora Schaeffler reconoció que la compañía se sirvió para sus fábricas de trabajo esclavo proporcionado por los campos nazis. Curioso: en las publicaciones oficiales la historia de la empresa sólo empieza en 1946.
 
De hecho, el historiador de la empresa desechó las acusaciones y dijo que no había evidencia que apoyara la teoría de que el grupo Schaeffler procesara industrialmente los cabellos de los prisioneros de los campos nazis durante la Segunda Guerra. Pero el doctor Jacek Lachendro, historiador del museo de Auschwitz, le dijo al canal de televisión alemán Der Spiegel que 1,95 tonelada de tela hecha de cabellos humanos había sido descubierta en una fábrica de Schaeffler de telas y partes de tanques, en la ciudad de Kiertz, luego del retiro de los alemanes tras el fin de la guerra. La cantidad de tela, proveniente de los cabellos de 40.000 prisioneros de Auschwitz, fue descripta por el canal Der Spiegel como rollos de tela compacta amarronada. El doctor Lachendro declaró que posteriores análisis mostraron que algunos de ellos contenían rastros de gas Zyklon-b, el gas utilizado por los nazis para exterminar a millones.
 
Ex trabajadores de la fábrica en Kiertz que fueron entrevistados en el programa dijeron que ellos recordaban la entrega en 1943 de dos vagones llenos de cabello humano. Kiertz queda a tres horas en automóvil del campo de Auschwitz.
 
A los prisioneros, por rutina, se les cortaba el cabello al momento de llegar a los campos. El aparato de muerte nazi lo usaba para hacer frazadas para el ejército y medias para la marina. Aún hoy en día, en el museo de Auschwitz se exhibe un depósito lleno hasta el techo con cabello de los prisioneros, originalmente destinado al llamado “reciclado humano”.
 
 
La fábrica textil de Kiertz, donde se habrían procesado todos estos rollos de cabello pertenecía, antes de la guerra, al grupo Davistan AG, de origen judío. Pero como muchas otras empresas con este origen, fueron expropiadas por los nazis. Así, el imperio de los Schaeffler se fundó sobre las cenizas del Davistan luego de que los hermanos Wilhelm y Georg ocuparan sus inmuebles. Durante la guerra, los hermanos fabricaron armas para el ejército nazi. Luego de la guerra, adaptaron sus máquinas y se convirtieron en uno de las principales autopartistas.
 
Sin embargo, la ruinosa adquisición por parte del grupo del fabricante de neumáticos Continental, unido a los efectos de la crisis, pusieron hoy al grupo al borde de la quiebra.

Por Tony Paterson *
Desde Berlín
 
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
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Miércoles, 25 Agosto 2010 09:39

Colombia deja aflorar una parte del dolor

Las últimas décadas en Colombia han estado marcadas por una intensa operación de exterminio de la oposición, la intelectualidad, sectores críticos con quienes controlan el poder, los movimientos sociales y todas aquellas personas establecidas en zonas consideradas estratégicas por los diseñadores de tal plan de exterminio, a saber: campesinos establecidos en zonas donde se ha descubierto petróleo, oro u otros metales preciosos, o en sitios valorados como tales por quienes pretenden controlarlo.

Fruto de esa operación, que en ocasiones pretenden hacer pasar como algo casual o ajeno a los hilos del poder, han quedado regados por todo el territorio nacional miles y miles de cuerpos, muchos de ellos enterrados de manera clandestina en fosas comunes, pero otros muchos sometidos a desaparición forzadas.

De acuerdo con un informe presentado el martes 24 de agosto de 2010 por Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación, en los últimos 22 años, relacionando solamente los asesinatos cometidos por los paramilitares, en Colombia se cuentan 157.000 asesinatos y 32.000 desaparecidos, cifra escandalosa que explica el drama vivido por los habitantes de Colombia. Drama que aún no termina.

Pero si bien lo informado por el Fiscal colombiano llena de pavor a cualquiera, los informes provenientes de las ONG de derechos humanos proyectan las cifras al doble o hasta el triple. Calculan estas organizaciones que en Colombia se pueden haber asesinado por parte de organizaciones defensoras –que han contado con el apoyo oficial– del establecimiento hasta 500 mil personas. En el caso de los desaparecidos, las víctimas también se multiplican.

Confían estas organizaciones en que las investigaciones desprendidas de las declaraciones de algunos jefes paramilitares ayuden a revelar plenamente la magnitud del genocidio cometido en esta parte del continente americano.

Esta es una parte de su deseo y del propósito de su trabajo. Pero la otra es que se establezca con toda precisión quiénes son los autores intelectuales de semejante operación política y militar, desarrollada en poco más de dos décadas. Para ellas, y para el conjunto social colombiano, cuando esto ocurra, la sociedad recobrará su sendero de convivencia y tranquilidad.

Mientras llega ese día, con seguridad se escucharán otros informes como el presentado por el Fiscal General de la Nación, que muestran una parte, al menos, del inmenso drama que sobrelleva esta sociedad, pero que no corren el velo que recubre el monumental magnicidio llevado a cabo en Colombia, en particular sus propiciadores y los intereses económicos, políticos, internacionales y de todo tipo que están detrás del drama.

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