Diez semanas y la protesta en Hong Kong no cede 

Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno. Se suspendieron varios vuelos. 

Tras la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Hong Kong, autoridades locales anunciaron la suspensión de varios vuelos. Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno", luego de que cientos de manifestantes vestidos de negro volvieran a ocupar las instalaciones de la terminal con carteles y barbijos, mientras coreaban distintas consignas.

"Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30 hs. (5.30 de la Argentina)", indicó un comunicado de la jefatura aeroportuaria, que también pidió a los pasajeros que abandonen la terminal, e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar bajo qué condiciones. El lunes, una manifestación similar había provocado la cancelación de 300 vuelos.

Frente al conflicto, China lanzó la advertencia más dura desde el inicio de las movilizaciones, diez semanas atrás, a través de videos que se difundieron por medios oficiales, en los que se puede ver a las fuerzas policiales agolpadas en la frontera de la región, aparentemente listas para reprimir y despejar las zonas de conflicto.

La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997. Desencadenada por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, las protestas en Hong Kong extendieron sus reivindicaciones al denunciar un retroceso en las libertades y derechos individuales, y, a su vez, una injerencia cada vez mayor del gobierno chino.

El lunes, durante la primera jornada de protestas en el aeropuerto, más de 5 mil personas invadieron la terminal para denunciar la violencia policial. La jefa de gobierno de Hong Kong designada por Beijing, Carrie Lam, alertó sobre las peligrosas consecuencias que las protestas podrían ocasionar. "La violencia, ya sea su uso o justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa", aseguró el martes en rueda de prensa. "La situación en Hong Kong la semana pasada me hizo temer que podíamos llegar a esta peligrosa situación", agregó.

Lam defendió la actuación policial que, según ella, está basada en sólidos lineamientos. "Los policías toman decisiones en momentos puntuales en defensa de la seguridad de la gente. No se puede decir que hayan hecho algo mal", señaló. "Hemos oído muchos discursos de odio contra la Policía. Esto no es beneficioso para Hong Kong", añadió.

Pero sus declaraciones no lograron ni por asomo detener a los miles de manifestantes que este martes por la tarde regresaron al aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, con 74 millones de pasajeros anuales. Los manifestantes endurecieron la protesta levantando barricadas con carros de equipaje que bloqueaban los pasillos que conducen a las zonas de embarque de las terminales.

"¡Defiendan Hong Kong! ¡Defiendan las libertades!", gritaban los manifestantes, mientras pegaban vinilos en las paredes con la expresión: "¡Ojo por ojo!". Ésa fue la frase que caracterizó a la protesta, luego de que una mujer sufriera una grave lesión en el rostro que le habría hecho perder la vista de un ojo durante una manifestación en la noche del domingo. Varios manifestantes, de hecho, exhibían uno de sus ojos tapados con una venda.

El jefe de la policía local, Stephen Lo, se limitó a decir por la tarde que estaban siguiendo de cerca la situación en el aeropuerto, tras preguntarle si planeaban dispersar a los manifestantes. Según el diario estatal chino Global Times, la policía se planteaba el uso de la fuerza según las circunstancias que se dieran en el aeropuerto.

Por la noche, en las afueras de la terminal, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos protestantes, mientras trataban de escoltar a dos hombres (según los activistas, espías infiltrados) para ser trasladados en ambulancia. El camino de los agentes se vio bloqueado por cientos de manifestantes, lo que llevó a la policía a despejar la calle usando gas pimienta y deteniendo a al menos a dos personas.

Los medios oficiales chinos calificaron a los manifestantes de "gánsteres", y amenazaron con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. El movimiento, cada vez más radicalizado, constituye un desafío inédito para el gobierno central, que el lunes dijo ver en las protestas "signos de terrorismo".

Distintos funcionarios y organizaciones internacionales se manifestaron frente al conflicto. Amnistía Internacional pidió a la policía "contención" para evitar una mayor escalada de violencia, en respuesta al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la ex colonia británica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que "nadie salga lastimado, ni nadie sea asesinado", en medio de las nuevas protestas. "Lo de Hong Kong es una situación difícil", dijo el presidente frente a periodistas en Nueva Jersey.  

El mandatario también se refirió a la movilización de tropas chinas en el territorio, según informes de la inteligencia estadounidense. "Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!", aseguró Trump vía Twitter.

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Manifestantes se apartan del gas lacrimógeno que usa la policía contra ellos.   Imagen: EFE

Nuevos enfrentamientos, huelga general y el bloqueo del metro sumieron este lunes a Hong Kong en el caos, en tanto las autoridades acusan a los manifestantes de querer "destruir" al territorio semiautónomo y la vida de sus habitantes.

Este lunes de tarde fueron lanzados gases lacrimógenos en varias zonas de la megalópolis contra manifestantes enardecidos en el marco de la huelga general, un acontecimiento muy raro en la excolonia británica.

La megalópolis, que atraviesa su mayor crisis política desde su retrocesión a China en 1997, ya vivió en los dos últimos meses otras jornadas de manifestaciones masivas que desembocaron en confrontaciones entre policías antimotines y grupos radicales.

Tras enfrentamientos durante todo el fin de semana, los manifestantes se dirigieron en hora pico, este lunes de mañana, a varias estaciones clave de la red del Metro para bloquear las puertas de los vagones y evitar que los trenes marchasen.

Esta acción relámpago paralizó durante horas una red que normalmente marcha con una eficacia extraordinaria.

Tamañas "acciones en nombre de ciertas demandas (...) han minado seriamente la ley y el orden de Hong Kong, y están empujando a nuestra ciudad, que todos amamos, al borde de una situación muy peligrosa", señaló la jefa del ejecutivo local, Carrie Lam, en su primera conferencia de prensa en dos semanas.

Haciendo referencia a eslóganes revolucionarios, presentó la protesta como un atentado a la existencia de Hong Kong.

"Yo diría que (los manifestantes) están tratando de derribar Hong Kong, de destruir por completo la vida de más de siete millones de personas", dijo Lam ante periodistas, afirmando que "el gobierno será enérgico en el mantenimiento de la ley y el orden en Hong Kong para restaurar la confianza".

Bajo el principio "Un país, dos sistemas", Hong Kong disfruta hasta 2047 de libertades desconocidas en el resto de China. Pero cada vez son más las voces que se alzan preocupadas porque Beijing ignore este acuerdo y aumente su control.

Este lunes de tarde, tuvieron lugar siete manifestaciones simultáneas, algo que constituye un desafío para las fuerzas del orden, que enfrentan una dura prueba desde hace dos meses, al tiempo que despiertan la cólera de los manifestantes.

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La justicia de Colombia ordena la captura del exjefe de las FARC Jesús Santrich

El exguerrillero, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, había incumplido una citación judicial

 

Jesús Santrich, quien hizo parte del equipo negociador de la extinta guerrilla de las FARC, ya es un prófugo de la justicia. La Corte Suprema de Colombia emitió este martes una orden de captura contra el todavía congresista que ha tensado durante meses la implementación de los acuerdos de paz, y pidió a Interpol una circular roja para su detención tras no presentarse a declarar en un proceso de narcotráfico. Debido a su “inasistencia injustificada”, el alto tribunal resolvió “dictar orden de captura con fines de indagatoria en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes”.

Hace menos de dos meses Seuxis Paucias Hernández Solarte —el nombre legal de Santrich— salió de la cárcel, donde permaneció más de un año por un presunto delito de narcotráfico. Desde entonces, asumió su escaño en el Congreso –uno de los diez que el acuerdo garantiza a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los diálogos–, agitó permanentemente la tensión política en un país profundamente polarizado y hace poco más de una semana, el 30 de junio, abandonó su esquema de seguridad y desapareció en un espacio de reincorporación en el norte del país. Desde entonces se desconoce oficialmente su paradero, por lo cual había gran expectativa por la citación judicial de la mañana de este martes.

La anticipada inasistencia del exguerrillero, quien sufre una aguda deficiencia visual, había generado todo tipo de reacciones a lo largo de la jornada. “Jesús Santrich se ha burlado de la justicia”, reaccionó en Twitter el procurador Fernando Carrillo, jefe del organismo que sanciona a funcionarios públicos, quien ya había solicitado el arresto en espera de la decisión de los jueces. “Inaceptable la conducta de Santrich. Debe ser excluido del proceso. Y ordenar su captura”, había señalado Humberto de La Calle, exjefe negociador del Gobierno.

La FARC, por su parte, tomó distancia de los excomandantes que se encuentran en paradero desconocido y no han comparecido ante los llamados de la justicia, entre los que también se encuentra Iván Márquez, el jefe negociador de la insurgencia durante los diálogos de La Habana. “Jesús Santrich no solamente es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él. Nos decepciona y lastima profundamente”, señaló la fuerza política en una declaración pública. “Su no presentación a la diligencia citada el día de hoy, desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido”.

Santrich también está citado el próximo 29 de julio ante la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), encargada de investigar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado, por el caso por secuestro contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De incumplir esa cita, puede perder los beneficios jurídicos derivados del acuerdo que cobija a unos 13.000 exguerrilleros en tránsito a la vida civil. Su caso ha dado sobrada munición a los críticos del pacto, incluido el presidente Iván Duque. "Es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justica", declaró el mandatario luego de conocer el fallo de la Corte Suprema.

Por Santiago Torrado

Bogotá 10 JUL 2019 - 02:18 COT

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Manifestantes en Hong Kong toman el Congreso

Tras cerca de tres horas de ocupación, pasada la medianoche local la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento.

 

En una jornada de caos sin precedentes, decenas de miles de manifestantes salieron a la calle ayer y al menos un centenar irrumpió en el Parlamento de Hong Kong, después de derribar la puerta de entrada. La protesta a favor de la democracia y contra el gobierno pro Beijing de Carrie Lam había comenzado temprano a propósito del 22º aniversario del traspaso a China de la soberanía de la antigua colonia británica. Estas nuevas manifestaciones se suman a las que vienen dándose desde principios de junio para reclamar contra el proyecto de ley del gobierno que autorizaría las extradiciones a China continental.

En cada aniversario del traspaso de la soberanía, activistas locales por la democracia organizan enormes manifestaciones para pedir por sus exigencias democráticas, incluyendo la posibilidad de elegir a un nuevo Ejecutivo local por sufragio universal. Este año, unas 550.000 personas se habían volcado a las calles hongkonesas para exigir la renuncia de Lam y el abandono del proyecto de ley de extradición a China. “No a la extradición a China”, “Hong Kong levantate”, se leía en muchos cárteles que portaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes vestidos de negro, que recorrieron pacíficamente los cerca de tres kilómetros que separan el Parque Victoria de la zona de Admiralty, donde se encuentra el Parlamento y la sede del Gobierno. Sin embargo, poco antes de la tradicional ceremonia de izamiento de las banderas de China y Hong Kong, todo se desbandó. Al llegar a Admiralty varios cientos de manifestantes se dirigieron hacia la sede del Legislativo y allí un grupo de ellos comenzó a tumbar las barreras de acero que protegían la entrada de la institución para después usarlas para derribar las puertas de cristal blindado del Parlamento. 

Tras casi cinco horas de asedio, los manifestantes, protegidos por escudos de fabricación casera, cascos amarillos y paraguas, superaron el blindaje desplegado por la policía, que optó por retirarse, según informó el diario local South China Morning Post en su edición digital. Alrededor de un centenar de personas irrumpieron, entonces, en el edificio abriéndose paso al romper ventanas, mientras cantaban las consignas de la protesta. En las primeras horas de la noche, habían ocupado el principal recinto del Parlamento, pintado gratifis en las paredes y de negro el escudo de la ciudad, y desplegado una bandera de la época colonial británica en el podio. 

Tras cerca de tres horas de ocupación -pasada la medianoche local-, no obstante, la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento. Los manifestantes que habían tomado el edificio huyeron antes de que las autoridades ingresaran y mientras las unidades antimotines lanzaban gases lacrimógenos contra otros grupos que se encontraban en los alrededores. 

A la sede parlamentaria también habían acudido algunos diputados opositores que, aunque mostraron su rechazo a la violencia, destacaron que a los manifestantes se les había agotado la paciencia tras semanas de masivas protestas sin que el Gobierno local atendiese sus demandas. “Estamos en la crisis política más grave desde el traspaso de la soberanía a China, es una situación sin retorno”, dijo el diputado independiente y activista, Eddie Chu, quien, además, expresó su temor a una intervención del Ejército chino en Hong Kong si Lam no es capaz de resolver la crisis políticamente.

Hace semanas, Hong Kong está inmersa en una ola de protestas multitudinarias y violencia política de tono ascendente debido a un intento del gobierno de modificar las leyes de extradición, lo que permitiría que los sospechosos sean enviados a China para ser juzgados. 

La normativa, duramente cuestionada por una mayoría de hongkoneses y cuyo debate fue suspendido indefinidamente, aumentó los temores de que este territorio semi-autónomo devuelto a Beijing por Reino Unido el 1 de julio de 1997, pierda una serie de libertades de las que gozan sus ciudadanos bajo la modalidad “un país, dos sistemas”. Esta modalidad fue requisito para el acuerdo Londres-Beijing previo a la devolución de la isla y deberá aplicarse a la antigua colonia durante 50 años.

Lam, quien recibió severas críticas por tratar de impulsar la legislación, prometió ser más receptiva al sentimiento público, pero no ha respondido directamente a las demandas de los manifestantes. En un discurso tras la ceremonia de izamiento de la bandera que conmemoraba el aniversario de la entrega, Lam dijo que las protestas y las dos marchas que atrajeron a cientos de miles de participantes le enseñaron que necesita escuchar mejor a los jóvenes y las personas en general. “Esto me hizo dar cuenta de que yo debo recordarme todo el tiempo de la necesidad de captar los sentimientos públicos con precisión”, dijo.

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Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.

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La nueva movilización, estimada en 2 millones de participantes, contra el controvertido proyecto de ley para autorizar extradiciones a China continental, obligó a la gobernante, Carrie Lam, a ofrecer "disculpas" y a reconocer "defi ciencias" en su gobierno, los cuales propiciaron conflictos sociales. El sábado pasado ya había anunciado la suspensión de la polémica enmienda. Foto Ap.

Cerca de dos millones de personas marcharon en contra de la brutalidad policial y criticaron a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam.

Casi dos millones de personas inundaron ayer las calles de Hong Kong para exigir que se retire definitivamente el proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. La masiva manifestación, que duplicó la del domingo pasado, forzó a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam, a pedir disculpas por haber provocado, según dijo, conflictos y disputas. Hoy, los habitantes de la ciudad están llamados a una huelga general.

 “Fuera Lam, no a la ley de extradición a China”, gritaban en cantonés los manifestantes que enarbolaban también carteles como “Libre Hong Kong” o “No a la brutalidad policial”, mientras caminaban pacíficamente entre los grandes rascacielos de la isla que alberga al centro de la ciudad. En la marea humana –30 por ciento de los habitantes de Hong Kong– se movían jóvenes, adultos, ancianos, familias con niños pequeños y bebés, discapacitados en sillas de ruedas, profesores, estudiantes y trabajadores de todas las ramas. La gran mayoría de ellos marchaban hacia el Parlamento vestidos de negro, en señal de duelo por la pérdida de libertades que, a su juicio, está viviendo la ciudad en los últimos años y que ha terminado de concretarse con el proyecto de ley de extradición impulsado por Lam. 

“Si se aprobase esa ley, el modelo de ‘un país, dos sistemas’ que China se ha comprometido a respetar al menos hasta el traspaso final de la soberanía en el año 2047 se destruiría”, dijo Monique Mok, una estudiante de literatura de 22 años que vestía una camiseta negra con el lema “Queremos conservar nuestra democracia”. En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong –hasta entonces colonia británica– a China. En ese momento, Beijing se comprometió a respetar un estatuto especial durante 50 años, por lo que, desde entonces, administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Así, mientras que Hong Kong ha mantenido su propia legislatura, sistema económico, independencia judicial y su moneda, Pekín controla los asuntos exteriores y de defensa. Por ello, los hongkoneses gozan de libertades que son poco comunes en la China continental

Al concluir la manifestación a medianoche, diez horas después de su inicio, los organizadores del Frente Civil de Derechos Humanos cifraban la asistencia en casi dos millones de personas. Sin embargo, la cifra de asistentes no pudo ser confirmada en fuentes independientes. La Policía local habló, por su parte, de 338.000 asistentes, pero reconoció que no habían contado a la gente en las calles adyacentes y solo la del recorrido original. En cualquier caso, se trató de la mayor manifestación registrada en el distrito desde 1997.

Muchas personas, especialmente las de más edad, aseguraban haber acudido a la marcha por la indignación que les causaron las imágenes de la represión  policial durante la manifestación del pasado miércoles, una violencia pocas veces vista en la ciudad. “No queremos ver un Tiananmen en Hong Kong”, comentó el profesor universitario jubilado Dan Yiu mientras intentaba a duras penas hacer pasar el carrito de su nieta entre la muchedumbre. “Si China tiene que hacerse con el control total de nuestro territorio dentro de 28 años, queremos que al menos lo haga más despacio, no a esta velocidad”, clamaba Yiu. Lam justificó la represión del miércoles alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas. “Policía de Hong Kong, debes protegernos, no dispararnos”, se leía ayer en una pancarta.

La dimisión de Lam era una de las peticiones más escuchadas entre los manifestantes. “Personalmente creo que ya no puede gobernar Hong Kong, ha perdido a la opinión pública”, afirmó Dave Wong, un manifestante de 38 años que trabaja en finanzas. Ayer, seis horas después del inicio de la manifestación y ante la gigantesca convocatoria, Lam      –quien ya el sábado había anunciado la suspensión del proyecto de ley– emitió un comunicado en el que pidió disculpas, aunque en ningún momento habló de su renuncia. “La jefa del Ejecutivo reconoce que las deficiencias en el trabajo del Gobierno han creado controversias sustanciales y disputas en la sociedad, decepcionando y entristeciendo a mucha gente”, se limitó a señalar la nota.

Aún si la mandataria dimite, sólo la retirada total del controvertido proyecto sería capaz de calmar los ánimos de los manifestantes, que también demandan que se dejen de definir las protestas como disturbios, como ha hecho Lam, y la libertad de los detenidos. La oposición del proyecto de ley reúne a abogados, organizaciones jurídicas, líderes empresariales, cámaras de comercio, periodistas y diplomáticos occidentales. Según los detractores, el proyecto de ley colocaría a la población de la excolonia británica a merced del sistema judicial de China, al que consideran opaco y bajo influencia del Partido Comunista. Dentro de las pruebas que esgrimen los opositores se encuentran los casos de personas desaparecidas en Hong Kong que posteriormente reaparecieron en China y a disposición de la justicia. Los círculos empresariales temen, asimismo, que la reforma perjudique la imagen internacional de Hong Kong y su atractivo como centro financiero.

En medio de la presión de la que está siendo blanco la jefa del Ejecutivo, se anunció ayer la liberación del militante prodemocrático Joshua Wong, líder de la célebre “revolución de los paraguas” de Hong Kong en 2014. El joven de 22 años, que pidió en vano la elección del jefe de gobierno por sufragio universal, será puesto en libertad hoy.  

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Martes, 04 Junio 2019 09:18

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

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Lunes, 03 Junio 2019 10:04

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

Publicado enEdición Nº257
Para la ONU, la tortura de Assange es psicólogica

Pidió a EE.UU. que cese la persecución política del fundador de WikiLeaks

Según la máxima autoridad en tortura del organismo, el ciberactivista australiano estuvo expuesto a una prolongada tortura psicológica.

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, sufre síntomas propios de “tortura psicológica”, dijo ayer el relator especial de la ONU sobre la Tortura, quien pidió el cese la “persecución colectiva” en su contra, sobre todo de Estados Unidos.


Melzer visitó el jueves a Assange en la prisión de Londres donde cumple condena por haber incumplido en 2012 las condiciones de la libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador. De manera paralela, el ciberactivista australiano, de 47 años, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere llevarlo a juicio bajo la acusación de espionaje.


Assange no compareció el jueves a una audiencia de extradición por estar mal de salud, y luego WikiLeaks advirtió que su fundador estaba física y mentalmente deteriorado y que perdió mucho peso desde que fue encarcelado, hace siete semanas. Aunque no está aislado, Melzer expresó su preocupación por los límites a sus encuentros con abogados y la falta de acceso a documentos que serían clave para su defensa. Acompañado por dos médicos, Melzer constató que “es obvio que el contexto extremadamente hostil y arbitrario contra Assange le ha terminado afectando”, informó en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


“Además de los problemas físicos, Assange mostraba todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, entre ellos un estrés extremo, una ansiedad crónica y un intenso trauma psicológico. Las pruebas son abrumadoras y claras”, prosiguió. “Assange estuvo expuesto de forma deliberada y durante varios años a varias formas de trato o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó Melzer, quien acusó a todos los gobiernos implicados en este caso de no adoptar las medidas básicas para que se respeten “los derechos humanos más básicos y la dignidad” del periodista. En este sentido, consideró que “al mantener una actitud de complacencia en el mejor de los casos, y de complicidad en el peor, estos gobiernos han creado una atmósfera de impunidad”.


Assange se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Este mes, Suecia reabrió el caso contra Assange, que había cerrado en 2017 por falta de pruebas. El australiano siempre mantuvo que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. El mes pasado, Assange fue detenido por policías británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, revocara el asilo diplomático.

 

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El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

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