Foto: En Caracas, una mujer recoge una caja de alimentos básicos suministrada por el programa de ayuda alimentaria que ofrece el gobierno venezolano, el 30 de abril de 2020.(AP/Ariana Cubillos)

En circunstancias normales, Isaac Cubillan jamás se habría marchado de su país que, para él, lo tiene todo: playas, bellos paisajes, comida deliciosa… Lamentablemente, a pesar de ser uno de los países más idílicos de Sudamérica, Venezuela también es uno de los más volátiles, y con el coronavirus saltando sus fronteras, tiene que lidiar ahora con una crisis en tres frentes: la salud pública, el liderazgo político y una prolongada crisis económica.

El salario mínimo promedio en Venezuela, en mayo de 2020, asciende a 400.000 bolívares mensuales (unos 2,33 dólares USD; 2,12 euros, utilizando el tipo de cambio histórico), complementados con 400.000 bolívares en vales de alimentos. Incluso con dos trabajos y un título en ingeniería química, Cubillan se las veía y se las deseaba para ganarse la vida. Hoy, en cambio, recorre las calles de Buenos Aires como repartidor. Aunque lejos de su vida soñada, es más de lo que podría haber logrado en su país.

El dinero que gana en Argentina le llega para cubrir sus gastos básicos, de alquiler, comida, ahorros y una categoría común a la mayoría de los trabajadores migrantes: las remesas —el dinero que envían a sus familias para mantenerlas—. “Siempre procuro mandar a casa el doble o el triple del salario mínimo venezolano”, dice Cubillan. Aunque sus padres trabajan, sus remesas son críticas para la supervivencia familiar.

Venezuela, donde hace años rebosaba el dinero, gracias al boom del petróleo de los setenta, lleva años siendo de todo menos normal. Sin que haya mediado una guerra ni un desastre natural, la economía venezolana se contrajo casi un 63% entre 2014 y 2019 y arrodilló a la rica nación petrolera. El desplome de los precios del petróleo en 2014, unido a años de mala gestión económica, corrupción y a las severas sanciones impuestas por los Estados Unidos, han provocado una hiperinflación y una escasez crónica de productos de primera necesidad. Una penuria exacerbada por la crisis política que comenzó en 2019, cuando el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró presidente interino del país, provocando protestas generalizadas y fracturando en dos bandos el apoyo internacional.

Hoy, casi el 90% de los venezolanos vive en la pobreza y su diezmado sistema sanitario deja al país especialmente vulnerable frente al coronavirus. Además, se estima que unos cinco millones de migrantes y solicitantes de asilo han salido de Venezuela desde 2015. Se trata del segundo mayor éxodo de la historia moderna, después de la crisis de los refugiados sirios. A medida que el país se va vaciando, quienes se quedan dependen cada vez más del apoyo económico que reciben de los familiares que viven y trabajan en el extranjero.

Sin embargo, esta fuente vital de ingresos también está sufriendo los embates de la pandemia. A diferencia de crisis anteriores, en las que las remesas aumentaron a pesar de las dificultades, esta vez se prevé que las remesas disminuirán un 20% —unos 110.000 millones de dólares, 99.900 millones de euros— según un informe del Banco Mundialpublicado en abril. Por muy necesarios que sean para proteger la salud pública el cierre de las fronteras y los confinamientos, sus consecuencias económicas están siendo catastróficas, en particular para los trabajadores migrantes, más vulnerables a perder su empleo y a que les reduzcan el salario durante una crisis económica.

“Por primera vez, esta crisis ha golpeado por ambos lados al mismo tiempo”, dice Pedro de Vasconcelos, refiriéndose a los obstáculos para enviar y recibir dinero. De Vasconcelos administra el Servicio de Financiación de Remesas, un proyecto en el que participan múltiples donantes —administrado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, un organismo de las Naciones Unidas con sede en Roma— que busca maximizar las remesas para el desarrollo. “Estamos en un momento muy grave”, dice. Las remesas “son el salvavidas de millones de personas, que de una u otra manera dependen de los flujos que les envían sus seres queridos desde el extranjero”.

La importancia de las remesas

A diferencia de las cuantiosas sumas de dinero que llegan a los países en desarrollo a través de la ayuda oficial o de la inversión extranjera directa, las remesas pueden ser cantidades mínimas —de apenas unas decenas o unos pocos cientos de dólares— pero estas modestas transacciones, con frecuencia realizadas a título individual y a menudo a través de canales informales, agregadas, suman cantidades enormes, que llegan directamente a algunas de las familias más vulnerables del mundo en desarrollo.

Si lo sumamos todo, los migrantes enviaron el año pasado desde todos los confines de mundo, una cifra récord de 554.000 millones de dólares (502.900 millones de euros) a sus familias en los países en desarrollo, según el informe del Banco Mundial. Una cifra que eclipsa la inversión extranjera, a menudo considerada el principal indicador de la evolución de los flujos de recursos dirigidos a los países en desarrollo. Se estima que 800 millones de personas, es decir, una de cada nueve personas en todo el mundo, se benefician de las remesas cada año, según el FIDA.

Y quizás lo más importante, estas pequeñas cantidades de dinero suelen llegar como un reloj. Sean cuales sean las circunstancias, “ayudo a mi familia enviándoles dinero dos o tres veces al mes, para que puedan comprar los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dice Cubillan.

Para hacernos una idea de la importancia de este flujo de dinero que recorre el mundo desde el trabajador migrante hasta su familiar, debemos pensar en qué se utiliza este dinero. Para Vasconcelos, las remesas pueden ser entendidas como la forma de ayuda al desarrollo más personal, porque se usan “para poner comida en la mesa, sacar a la gente de la pobreza, pagar facturas o comprar medicinas”.

Garantizar que las remesas puedan enviarse a la familia de manera fácil y barata es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (también llamado Pacto Mundial para la Migración). Conocidos también como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS son un ambicioso intento de salvar el planeta y proteger a sus habitantes más vulnerables a través de 17 objetivos y 169 metas mensurables.

El Objetivo 10 de los ODS, que pretende reducir las desigualdades, incluye la reducción a menos del 3% de las comisiones que se cobran por la transferencia de las remesas. El Pacto Mundial para la Migración no llega a establecer un objetivo específico, pero entre sus 23 objetivos pide explícitamente que se promueva “una transferencia más rápida, segura y barata de las remesas y que se fomente la inclusión financiera de los migrantes”.

Sin embargo, el costo del envío de remesas sigue siendo elevado, por razones que van desde la limitada competencia en el mercado hasta obstáculos regulatorios y falta de transparencia. Según el informe del Banco Mundial, el precio medio de enviar 200 dólares (182 euros) era del 6,8% del costo total en el primer trimestre de 2020, más del doble del objetivo del ODS.

Una crisis dentro de otra

El desplome de las remesas nos indica también lo devastadores pueden llegar a ser los daños provocados por el coronavirus. Durante una crisis, los migrantes suelen seguir enviando dinero a sus hogares. De hecho, son los momentos en los que “[la cantidad de remesas enviadas] básicamente sube. ¿Por qué? Porque las familias las están apoyando… La inversión más importante de los migrantes es la inversión en sus seres queridos”, dice De Vasconcelos.

Las remesas suelen ser resilientes, como pudimos observar durante las crisis financieras de 2008 y 2009, cuando las remesas mundiales dirigidas a los países en desarrollo sólo disminuyeron en torno al 6%, mientras que la inversión extranjera directa se redujo en un 40% y la deuda privada y los flujos de capital cayeron un 80%. Sin embargo, el Banco Mundial predice que en 2020 veremos la mayor disminución de remesas de la historia reciente, algo que repercutirá no sólo a los migrantes y sus familias.

Dado que América Latina es hoy el epicentro de la pandemia, el agotamiento de las remesas es uno de los factores que podrían contribuir a una contracción económica sin precedentes de la región del 5,3%.

Esta crisis conducirá a estas economías ya frágiles y con un enorme peso de la economía informal, a “la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región”, según una declaración de abril de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)”.

En paralelo a la disminución de la demanda de servicios turísticos y al desplome de los precios de las materias primas, la CEPAL cita la reducción de las remesas como uno de los cinco factores que contribuyen a dicha contracción regional sin precedentes. Podría seguirle un efecto de cascada, ya que la CEPAL prevé que habrá 29 millones más de personas en situación de pobreza, un aumento del desempleo desde el 8,1% en 2019 hasta el 11,5% y un efecto directo en la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas.

Para mitigar este impacto, el Banco Mundial y varios organismos de las Naciones Unidas lanzaron un llamado mundial a la acción para apoyar a los migrantes y el flujo de remesas. Entre las medidas propuestas figuran la declaración de los proveedores de servicios de remesas como un servicio esencial, la reducción de los costos de las transacciones y la aprobación de políticas de protección social que incluyan a los migrantes.

Maltrecha por las sanciones internacionales, la economía venezolana ya estaba derrumbándose. Se prevé que el PIB del país se reduzca un 10% adicional y que la tasa de inflación alcance el 500.000%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2019. El doble revés que supone la pandemia y el desplome de los precios del petróleo deja a sus ciudadanos más necesitados de las remesas que nunca.

Para los venezolanos que trabajan en el extranjero, como Cubillan, dejar de enviar dinero a casa no es una opción. “No puedo ni pensar en dejar de enviar dinero a mi familia, porque no me sentiría bien conmigo mismo y mucho menos en estos tiempos de incertidumbre”.

24 junio 2020

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Publicado originalmente en Equal Times

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Las remesas de emigrantes caerán este año un 20% en todo el mundo, la mayor caída “en la historia reciente”

 

 

El zarpazo de la pandemia sobre los mercados de trabajo hunde las transferencias de los desplazados a sus familias y añade presión sobre los países emergentes, según el Banco Mundial

La pandemia va camino de convertirse en una hidra de mil cabezas para los países emergentes. A la brutal salida de capitales de las últimas semanas y el hundimiento en la cotización de las materias primas ―de las que dependen muchos países del bloque― se suma ahora la constatación de un hecho que flotaba en el ambiente desde hace días: la dentellada sobre los mercados de trabajo de las economías avanzadas repercutirá, y mucho, sobre las remesas que envían los emigrantes a sus familias en sus países de origen. El Banco Mundial proyecta este miércoles “la mayor caída de la historia reciente” en el volumen total de estas transferencias por la disminución de los salarios o, en los peores casos, por la pérdida de su puesto de trabajo. Las remesas se hundirán un 19,7% desde el máximo histórico del año pasado, hasta los 445.000 millones de dólares (411.000 millones de euros), según las cifras del organismo multilateral. Un desplome que se cebará con los hogares de los emigrantes en las naciones de ingresos bajos y medios, que tienen en esta fuente de ingresos una “línea de vida financiera”. También para los propios países de destino de ese dinero, para los que las remesas son "una fuente de ingresos vital” y que ya están sometidos a una presión mucho mayor que en la crisis financiera de hace una década.

Los migrantes constituyen uno de los grupos sociales más vulnerables ante terremotos en el mercado de trabajo como el que ha desatado la crisis del coronavirus. “La recesión está pasando una severa factura a la capacidad de enviar dinero a casa y añade argumentos para tratar de acortar el periodo de tiempo hasta la recuperación de las economías avanzadas”, subraya en una nota el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Las mayores disminuciones en los envíos de dinero por parte de los emigrados las sufrirán los países de Asia central y Europa (-27,5% interanual en 2020), África subsahariana (-23,1%) y Asia meridional (-22,1%). Algo menores, aunque igualmente notables, serán las caídas en Oriente Medio y el norte de África (-19,6%), América Latina y el Caribe (-19,3%) y el este de Asia y el Pacífico (-13%). Sin embargo, y a pesar del desplome agregado, las remesas ganarán importancia como fuente de entrada de divisas a los países de ingreso medio y bajo. El motivo es puramente comparativo: la caída en la inversión extranjera directa será aún mayor, de cerca del 35%, y las llegadas de capitales a sus mercados de renta fija y variable se desplomarán, atención, un 80%.

El eslabón más débil

Toda la literatura económica apunta en una única dirección: las remesas son un factor clave para aliviar la pobreza y la pobreza extrema, mejora la nutrición de quienes se quedan y reduce el trabajo infantil en los países de origen. Y su caída, claro, "afectará a la capacidad de gasto de las familias, con la mayor parte de su dinero teniendo que ser dedicado a alimentación y necesidades inmediatas”, subrayan los técnicos del organismo con sede en Washington. También resultará en un aumento de la carestía y, algo especialmente grave en las circunstancias actuales, “reducirá el acceso de las familias a los muy necesarios servicios sanitarios”.

En paralelo al curso general de la economía —el PIB global caerá un 3% este año, la mayor contracción desde la Gran Depresión, para rebotar un 5,8% el próximo— habrá que esperar a 2021 para ver una recuperación de los flujos de remesas a escala global: crecerán entonces un 5,6%, hasta cerca de 470.000 millones de dólares. Una cifra, sin embargo, notablemente menor de la registrada en los años precedentes e “incierta” por la propia evolución del coronavirus. En el pasado, apuntan los técnicos del Banco Mundial, las remesas han actuado de forma contracíclica: los trabajadores mandaban más dinero a sus familias en tiempos de crisis y privación en casa. “Esta vez, sin embargo, la pandemia ha afectado a todos los países, creando incertidumbres adicionales”. Pero en plena recesión en los países avanzados, los migrantes son el eslabón más débil, “los más vulnerables a la pérdida del empleo y a la reducción de los salarios en su país de acogida, más que los trabajadores nacionales".

Cambio de tendencia en la migración interna

Aunque el grueso del estudio publicado este miércoles por el Banco Mundial se centra en las remesas internacionales (las enviadas por personas que emigran a otro país), el organismo llama a las autoridades de los países emergentes a “no ignorar” la situación de los migrantes internos, unos movimientos que más que duplican las salidas al extranjero. “Los confinamientos, las pérdidas de empleo y las medidas de distanciamiento social han creado un proceso caótico y doloroso de retorno masivo de inmigrantes [a sus localidades o regiones de origen] en India y muchos países de América Latina”, desgrana el reporte publicado este miércoles. “Los Gobiernos deben afrontar los desafíos que enfrentan los migrantes internos, incluyéndolos en los servicios de salud, las transferencias directas y otros programas sociales, así como protegiéndolos frente a la discriminación”. Hasta ahora, concluyen, las respuestas de los Ejecutivos a la crisis del coronavirus “han dejado fuera a los migrantes y sus familias”.

Madrid - 22 abr 2020 - 08:00 COT

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 De izquierda a derecha, Alex Caputo-Pearl, Austin Beutner y Eric Garcetti anuncian el acuerdo. Richard Vogel AP

El alcalde de la segunda ciudad más poblada de EE UU se presenta como facilitador de un pacto "histórico" que pone la presión en el sistema de financiación estatal de las escuelas públicas


La mayor huelga que ha visto Los Ángeles en tres décadas terminará previsiblemente este miércoles después de que el sindicato de profesores y la autoridad escolar de la ciudad anunciaran un acuerdo provisional para solucionar el conflicto. El acuerdo fue anunciado este martes por la mañana después de una última jornada de negociación que duró 21 horas y acabó pasadas las seis de la madrugada. Termina así una huelga que ha dejado sin clase a medio millón de alumnos durante seis días lectivos.


La huelga de los profesores, en defensa de la educación pública, se venía gestando desde hacía meses y se hizo efectiva el pasado lunes. El segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos tiene un alumnado en su mayoría latino y con pocos recursos, y aun así los profesores lograron que solo el 30% de los alumnos fueran a clase el primer día. El apoyo a los profesores fue creciendo durante la semana pasada y la huelga fue presentada como un símbolo de la defensa de la educación pública en general, más allá de las reivindicaciones salariales. El distrito escolar calculó que las pérdidas fueron de 125 millones de dólares en los primeros cuatro días.


“Hemos visto a toda la ciudad salir a apoyar la educación pública”, dijo este martes por la mañana el alcalde, Eric Garcetti, al anunciar el acuerdo, que calificó de “histórico”. La ciudad estadounidense, la segunda más poblada del país, no había visto una huelga indefinida de profesores desde hacía 30 años. “Es momento de empezar un nuevo día en la educación pública de Los Ángeles”.


Garcetti se erigió el pasado sábado en mediador entre el sindicato de profesores (UTLA, que representa a 34.000 profesores) y la autoridad escolar de la ciudad (Lausd, independiente del poder político y con 900 colegios públicos). Limpió su agenda y citó a las partes en su propio despacho, donde se han llevado a cabo las negociaciones durante todo el fin de semana. El acuerdo, presentado por los firmantes como una apuesta por la educación pública sin precedentes recientes que se puede tomar como ejemplo para el resto del país, es un importante capital político para Garcetti, en un momento en que está valorando presentarse a presidente de Estados Unidos.


Los protagonistas del acuerdo dieron pocos detalles del mismo. A lo largo de la tarde iba a ser distribuido entre las asambleas de profesores para que lo ratificaran en votación. Los profesores obtienen un 6% de aumento salarial. Pero el líder del sindicato UTLA, Alex Caputo-Pearl, destacó que el punto más relevante es eliminar una provisión que permitía al distrito escolar saltarse los límites en el número de alumnos por clase. Las clases en Los Ángeles se sitúan fácilmente alrededor de los 35 alumnos. Según Caputo-Pearl, el acuerdo hará que en los próximos tres años esa cifra baje hasta 7 u 8 alumnos por clase, una de las principales demandas.


Austin Beutner, comisionado del distrito escolar, insistió en que el problema no es la defensa de la educación pública sino el presupuesto. “Siempre hemos estado de acuerdo en los objetivos, el problema es como pagarlo”. Las escuelas públicas de California se financian principalmente con presupuestos estatales que reparte Sacramento. Los Ángeles recibe 16.000 dólares por alumno al año, mientras la ciudad de Nueva York (el distrito escolar más grande del país) recibe 20.000, aseguró Beutner.


La macrohuelga indefinida iba más allá de los detalles. Se trataba de encontrar un compromiso para aumentar en general y de forma sostenida la inversión en educación pública. California tenía hace 40 años las mejores escuelas públicas del país. Existe el consenso en que la revolución antiimpuestos de finales de los años 70 destruyó el sistema impositivo y eso afectó gravemente a los colegios, que hoy están entre los últimos de Estados Unidos. Las partes agradecieron al nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, su disposición a liberar nuevos recursos para educación y se comprometieron a aportar futuras medidas que permitan más inversión. “No podemos resolver 40 años de fala de inversión en unos pocos días”, dijo Beutner.

 

Por PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL
Los Ángeles 23 ENE 2019 - 02:45 COT

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La deuda global alcanza un nuevo récord histórico tras crecer un 60% en diez años

La directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde sitúa la cifra en 157 billones de euros.


La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió hoy de que la deuda global ha alcanzado un nuevo récord, situándose en los 182 billones de dólares (157 billones de euros).


"La deuda global -ambas, la pública y la privada- ha alcanzado un récord histórico de 182 billones de dólares, casi un 60 % por encima de la registrada en 2007", apuntó Lagarde en un discurso en la sede del FMI, en Washington.


La directora del FMI explicó que después de una década de condiciones financieras "relativamente fáciles", los niveles de la deuda han alcanzado nuevos máximos en economías avanzadas, emergentes y en países con ingresos bajos.


Este contexto, según Lagarde, ha dejado a los Gobiernos y las compañías de alrededor del mundo "más vulnerables" ante un endurecimiento de estas condiciones financieras.
"Las economías emergentes y en desarrollo están ya sintiendo la presión a la vez que se ajustan a la normalización monetaria en el mundo avanzado", apuntó.
Lagarde alertó, además, de que este proceso de ajuste "podría ser todavía más desafiante" si se acelera de manera inesperada, lo que podría causar correcciones de los mercados, fuertes movimientos de los tipos de cambio y un mayor debilitamiento de los flujos de capital.
Estimaciones del FMI


De acuerdo a las estimaciones del FMI, las economías emergentes -excluyendo China- podrían afrontar potencialmente una deuda de hasta 100.000 millones de dólares. Por otro lado, Lagarde subrayó que el análisis del Fondo demuestra que los países con mayor experiencia en la flexibilidad en los tipos de cambio experimentaron menos pérdidas de productividad después de la crisis financiera global.


En su discurso, la directora del FMI también aseguró que el actual contexto de políticas proteccionistas desatado por EE.UU. ha empezado a tener efecto en la economía global, cuyo crecimiento se verá ralentizado, de acuerdo a las previsiones del organismo.


El Fondo proyectó en julio un crecimiento global del 3,9 % para 2018 y 2019, aunque Lagarde adelantó hoy que los próximos pronósticos, que se darán a conocer en Bali (Indonesia) del 8 al 14 de octubre en la asamblea anual del Fondo y del Banco Mundial (BM), serán "menos brillantes".

Washington


01/10/2018 19:26 Actualizado: 01/10/2018 19:26

 

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Jueves, 19 Julio 2018 07:37

Mamás x 2. Uribismo x 3

Mamás x 2. Uribismo x 3

¡Vamos a donde mis mamás o preguntémosle a mis madres!, así en plural, son unas de esas frases que pronuncio a menudo y que para el círculo de amigos, amigas y conocidos suenan tan “natural” que ya no reparamos en el carácter particular que tiene utilizar la figura materna de una forma distinta a la singular; cosa que no debiera ser curiosa pues habitamos un país donde el 35 por ciento de las personas son criadas por múltiples mujeres, mamás, abuelas, tías… en últimas madres, también en plural.

Desde hace más de 13 años mi vida familiar dio un giro inesperado. Mi mamá, que hasta ese momento había sido una mujer soltera, que tuvo algunos novios en mi infancia, conoció a una mujer y se enamoró perdidamente de ella. El amor le llegó a mi madre en el cuerpo de una mujer y para medio mundo la vida pareció tener un antes y un después desde ese instante; un antes en donde argumentábamos ser personas “abiertas”, “con amigos gays”, sin problema alguno con el tema, y un después en donde la cosa ya no era con amigos, la cosa ya no era discursiva, era una madre, una hermana, una tía, una hija lesbiana, lesbiana y con hijo, ¡lesbiana y enamorada!

Para hacer corta la historia, desde hace 13 años el discurso de la igualdad, el amor, la diversidad y la aceptación dejó de ser discurso y se transformó en práctica efectiva, con todos los problemas que ello implica, el primero y más complejo, darse una miradita al espejo y chocar contra los propios prejuicios, las expresiones machistas, los chistecitos homofóbicos, la carga cultural de un país conservador hasta el tuétano del cual todos hacemos parte, en mayor o menor medida, y en el que todos –algunos más y otros menos–, cargamos con un godito adentro; el segundo, luego de la mirada introspectiva, el cómo asumirlo con los otros, ¿cómo se comparte esa noticia?, ¿hay un manual para hijos de mamás lesbianas?, ¿y si alguien dice algo feo?, ¿y si alguien opina una cosa que no me guste?...


Al final lo asumí con toda. Si la felicidad y el amor le llegó a mi mamá con otra mujer, yo sería su primer defensor, pues siempre consideré que todos somos iguales en derechos y no deben existir ciudadanías de segunda. Esta era la oportunidad perfecta para vivir en carne propia lo que pensaba y hacer mía su lucha, que en últimas es la misma de todos aquellos que creemos en las múltiples posibilidades de ser, sin que eso nos cueste o nos haga menos dignos. Con el paso del tiempo la familia entera se transformó en una familia defensora de la diversidad, de la igualdad, del amor; marchamos, gritamos, tocamos, exigimos, comentamos, hablamos, damos la cara, defendemos el amor, y defendemos la diversidad como un elemento fundamental para pensarnos un país distinto, una paz posible, un rumbo distinto, una mejor sociedad.

 


La lucha por la diversidad no es una lucha de otros


En la coyuntura actual, tras el triunfo del uribismo –fuerza política anacrónica, feudal, machista, misógina, homófoba y guerrerista–, la incertidumbre frente a los posibles retrocesos que tengamos como familia diversa están a la orden del día. Duque ha mostrado posiciones ambiguas y contradictorias en cuanto al reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias; una cosa era Duque congresista, que mostraba una actitud relativamente “progresista” frente a estos temas, y otra cosa el Duque candidato de la mano de Ordoñez, Viviane, y pastores radicales cristianos, pues en campaña prefirió no tocar estos temas para no perder los votos que comulgan con la idea de un solo modelo de familia, una sola forma de ser, una visión que indilga a las diversidades sexuales un papel deshonroso, pecaminoso y malvado.


Desde nuestro rol como familia diversa, desde el privilegio (o el problema) de ser visibles y de tener acceso a recursos para dar la lucha, estaremos atentos y vigilantes, defenderemos el amor y la diversidad, así como la paz, así como la vida, y esperamos que por fin las múltiples luchas sociales, fragmentadas, se unifiquen en la denominada resistencia a este gobierno, una resistencia cívica, pacifica, pero contundente en sus mensajes. ¡No dejaremos que en Colombia triunfe la venganza, el odio, la guerra y el horror!
La lucha por la diversidad no es una lucha de otros (rosaditos, afeminados, machorras y gente “rarita”), es una lucha por el otro, por ese otro que también me constituye, es la lucha por la multiplicidad, por el espíritu, por la libertad, por los cuerpos libres, por el amor, por la vida digna.


Ante el triunfo electoral de este uribismo x 3, con mis mamás x 2 resistiremos. Y a usted que lee esto le decimos, no nos deje solos, vamos a multiplicarnos, vamos a resistir, vamos a defender el amor, ¡NI UN PASO ATRÁS!

* Politólogo, candidato a Magister en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos.

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Lunes, 16 Julio 2018 06:51

A gritos

A gritos

Los gritos de dolor y susto que se escuchan de niños pidiendo por sus padres, imágenes de caras aterrorizadas y traumatizadas, innumerables cuentos de padres e hijos sobre cómo fueron separados por hombres uniformados, son las historias de nada menos que uno de los mayores secuestros masivos en la historia contemporánea –todo, parte de una política oficial.

Se supone que buena parte de estas familias serán reunificadas antes de finales de mes, bajo una orden judicial contra el régimen de Trump. La gran ola de condena universal –nutrida por magníficas expresiones de denuncia, acciones de desobediencia civil y más (https://bit.ly/2Lf4zGu)– ya había obligado al presidente a suspender la práctica de arrebatar a niños de los brazos de sus padres.
Pero hoy día siguen separados miles de niños –algunos detenidos en albergues, donde tenían prohibido hasta abrazarse para consolarse– y, aunque ahora el gobierno está reunificando a algunas familia separadas, un par de preguntas necesitan respuesta: ¿Cómo se permitió esto? ¿Quedarán impunes los responsables?


Aproximadamente 3 mil y, posiblemente, hasta 4 mil (es que el gobierno no sabe cuántos exactamente) niños fueron arrancados a la fuerza de los brazos de sus padres desde el año pasado hasta junio de este año por el régimen de Trump. Las autoridades insisten en que esto es legal y explican que cuando capturan a un migrante indocumentado cruzando la frontera está cometiendo un delito, y como cualquier delincuente es enviado a la cárcel y como resultado la consecuencia es ser separado de su familia.


Pero casi todas estas familias se presentan ante autoridades solicitando asilo, y eso no es un delito. Abogados explican que las leyes nacionales e internacionales garantizan el derecho de un refugiado a buscarlo.


De hecho, hace sólo unos días un juez federal emitió un fallo contra el régimen de Trump afirmando que el gobierno está violando sus normas al encarcelar a solicitantes de asilo en lugar de otorgarles una libertad condicional (lo cual se hacía en la abrumadora mayoría de los casos antes de este gobierno) mientras esperan el proceso de su caso ante un tribunal de inmigración.


Buscar asilo no es delito. El ilícito lo está cometiendo el gobierno al intentar criminalizar a los refugiados, separar a sus familias, incluyendo arrebatarles a sus niños bajo justificaciones oficiales ,que van de argumentos legales torcidos (casi siempre rechazados por los jueces, hasta la fecha) a “seguridad nacional”y hasta la Biblia. A esta práctica se le debe llamar lo que es: secuestro.


Esta política no es nueva en la historia de este país. Políticas oficiales llevaron a que miles de niños indígenas fueran secuestrados de sus familias para ser lavados de su cultura (idioma, costumbres, historia). Fue una práctica común contra las familias esclavas. Se separaron y/o encarcelaron en campos de concentración a familias japonesas-estadunidenses. “Fueron caracterizados como alimañas infestando Estados Unidos, como una amenaza a la seguridad nacional”, recuerda la escritora y crítica literaria Michiko Kakutani, cuya madre fue una de las 120 mil personas de descendencia japonesa internadas en centros de detención en la costa oeste del país, durante la Segunda Guerra Mundial, sin ningún proceso debido de ley.


Es increíble observar a este gobierno presentarse como juez ante otros países y sostener intercambios respecto de la cooperación sobre valores compartidos, incluyendo democracia y justicia.
Los gritos y sufrimiento de niños deberían colocar al responsable, a este juez, en el banquillo de los acusados. Logarlo es responsabilidad y deber de esta sociedad y de los representantes de lo que llaman comunidad internacional.


Mientras tanto, perdón por tener que repetir mucho lo que ya se sabe. Perdón por insistir. Perdón por no hacerlo de manera suficientemente efectiva para ya no tener que hacerlo más. A veces uno tiene que gritar también.

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Estados Unidos retira la protección a 200.000 salvadoreños y abre la puerta a su deportación

Los inmigrantes tendrán 18 meses para conseguir un permiso legal o abandonar el país


Primero fueron los inmigrantes nicaragüenses, después los haitianos y ahora los salvadoreños. El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas), un programa especial que evita la deportación, para unos 200.000 inmigrantes salvadoreños. Es uno de los golpes más severos de la Administración del republicano a los inmigrantes en Estados Unidos.

Los ciudadanos salvadoreños acogidos bajo el TPS tienen 18 meses, hasta septiembre de 2019, para salir de EE UU o conseguir otro permiso de residencia legal para poder quedarse. Si no lo hacen, a partir de entonces, serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados.
El trauma es enorme. Muchos salvadoreños llevan años afincados en EE UU desde que emigraron de su país tras la sangrienta guerra civil en los años ochenta y noventa. Tienen hijos nacidos en EE UU, que, a diferencia de sus padres, poseen la ciudadanía y no pueden ser expulsados. El programa se inició en 2001 después de que El Salvador sufriera dos devastadores terremotos.


El TPS se ha convertido en un blanco fácil para la política de mano dura en inmigración de Trump. Los críticos sostienen que se concibió para ofrecer protecciones migratorias temporales y no permanentes. Los defensores alegan que es inseguro para los inmigrantes volver a sus países.


El Departamento de Seguridad Interior debe decidir con frecuencia si renueva o no las protecciones. El TPS, que ahora beneficia a 10 países, se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. El resultado es que inmigrantes que ya están presentes en EE UU no pueden ser deportados a sus países de origen por su inestabilidad.


Las anteriores cancelaciones del TPS afectaron a muchos menos inmigrantes. En noviembre, no se renovó el amparo (también con un plazo de 18 meses) a 59.000 haitianos, cuyo programa se inició tras el terremoto de 2010, y tampoco a 5.300 nicaragüenses, protegidos tras el huracán Mitch de 1998. En septiembre, se retiró ese estatus a unos mil inmigrantes sudaneses.


Sin embargo, el Gobierno estadounidense decidió posponer, al próximo julio, la decisión sobre la suerte de 86.000 hondureños a la espera de analizar si es seguro que vuelvan a su país, sacudido por una ola de violencia. Y mantuvo la protección a una cincuentena de inmigrantes de Sudán del Sur hasta mediados de 2019.


En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Interior utilizó argumentos muy similares a las cancelaciones para Haití y Nicaragua. “Las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”, señaló un comunicado del departamento que dirige Kirstjen Nielsen. Subrayó que ya no hay una “disrupción sustancial de las condiciones de vida” en ese país y que EE UU ha deportado a inmigrantes salvadoreños en los últimos años (unos 39.000 en los últimos dos), lo que “demuestra que se ha abordado la incapacidad temporal de El Salvador de retornar adecuadamente a sus nacionales después del terremoto”.


Nielsen replicó la táctica, de pasar la patata caliente al Congreso, empleada por Trump con el programa DACA, que finalizará en marzo y, si no se evita, permitirá la deportación de unos 800.000 inmigrantes que llegaron de niños a EE UU. “Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la ausencia de un estatus legal migratorio duradero a aquellos protegidos actualmente por el TPS”, señaló. “Los 18 meses de retraso de la terminación dan tiempo al Congreso para redactar una potencial solución legislativa”.


Los legisladores, sin embargo, han sido incapaces por ahora de hallar un consenso sobre DACA y parece improbable que, dado el control republicano de las cámaras, prospere una ambiciosa reforma sobre el TPS.


Según el Centro de Estudios Migratorios, un 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en EE UU durante al menos 20 años. Un 88% de ellos trabajan y un 10% se han casado con estadounidenses. Una cuarta parte de los salvadoreños vive en California y una quinta en los suburbios de la ciudad de Washington.


Organizaciones latinas y políticos de origen hispano, demócratas y republicanos, criticaron con dureza la decisión del Gobierno de Trump. “Estados Unidos ha dado la espalda a su promesa de dar refugio a aquellos que sufren violencia y persecución en sus países natales”, denunció Oscar Chacón, director de Alianza Americas. “Aunque las condiciones de vida pueden haber mejorado ligeramente, El Salvador enfrenta ahora un problema significativo con el narcotráfico, las bandas y el crimen”, agregó el congresista republicano Mario Díaz-Balart. El demócrata Bob Menéndez lamentó los “impulsos nativistas” de la Administración republicana.

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