Minería, patrón de crecimiento y finanzas públicas en Colombia

Antecedentes

 

En el mundo la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha llevado a una crisis económica y social que no se sufría desde la Gran Depresión de 1929, y Colombia no ha sido ni va a ser la excepción.

Luego de ser implementadas por el Gobierno nacional varias de las políticas impulsadas por el Banco Mundial, como reducción de la tarifa impositiva media a las empresas, aumento de las exenciones fiscales empresariales, ampliación de la base gravable para las personas naturales con ingresos menores a los del límite inferior obligatorio para declarar impuesto a la renta, eliminación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, entre otras, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento económico para los años 2020 y 2021 de 3.6% y de 3.8%, respectivamente. Sin embargo, “con la pandemia de COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo privado y la inversión”, a tal punto que, según el mismo Banco, en Colombia habría una contracción del 2.0 % en 2020, para luego lograr una recuperación en el 2021 de un 3.4% en 2021.

La proyección prevista inicialmente por el Gobierno nacional era del 4.0% y 4.2% para 2020 y 2021 (MFMP 2019), pero con la irrupción de la pandemia y la necesidad de implantar el confinamiento, ahora espera una contracción entre el 1.5% y 2.0% para el año 2020, llegando a señalar que “este será el peor año en la historia económica del país”.

En este contexto, el Gobierno nacional y grupos de presión empresariales y gremiales han expresado en los últimos días la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para promover ciertas acciones de política públicas con el propósito de promover proyectos en determinados sectores y actividades, en particular el sector minero-energético con la 2 propuesta gubernamental (Mininterior) de adelantar las consultas previas en calidad de derecho fundamental de los pueblos indígenas vía plataformas digitales (online) para realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios ancestrales –muchas de ellas sin tener acceso a servicios de internet– o con el planteamiento empresarial de imponer la modalidad de licencias ambientales express para aligerar la aprobación de proyectos y obras.

Ello con el propósito de lograr una pronta decisión gubernamental para sacar adelante sus planes y proyectos de inversión a la mayor brevedad posible, aún y a costa de la institucionalidad jurídica vigente y de la plena observancia de derechos, políticos sociales y ambientales. Dicho procedimiento podría conducir aparte de una determinada ruptura institucional democrática, a un agravamiento de tensiones sociales y de carácter étnico y campesino que se han ido acumulando en ciertos territorios alrededor de la cuestión social y ambiental, ahora acentuadas de por sí por los rigores de los impactos sociales y sanitarios de la pandemia.

Una argumentación al menos implícita de estas posturas sobre política pública se basan en la convicción de que proyectos como los relacionados con el sector minero-energético han de traer indiscutibles beneficios tanto a las regiones en las que se habrían de desarrollar los mismos como a la economía nacional en su conjunto, para no decir al país en general, al contribuir a generar empleo, ingresos fiscales a nivel local y nacional –con el pago de regalías e impuestos–, divisas internacionales –con la inversión extranjera y la exportación de minerales–, ingresos y consecuentemente crecimiento económico. Es decir, se trataría de un círculo virtuoso inversión-crecimiento-riqueza.

Por supuesto, este círculo virtuoso no se compadecería con la conocida sentencia sobre “la maldición de los recursos naturales” –utilizada incluso por algunas organizaciones internacionales– para representar aquellas situaciones especiales en las que el desarrollo de actividades minero-energéticas no solamente no genera desarrollo económico local, ni mejora de manera apreciable la calidad de vida y el acceso a servicios públicos integrales – con la reducción de pobreza, la desigualdad y la exclusión social– de las poblaciones en los territorios intervenidos, sino que además tiende a generar una “aperezamiento fiscal” y, entre otros, un decisivo desplazamiento de actividades sectoriales más trabajo intensivas/menos capital intensivas como algunos sectores manufactureros o desarrollados acorde con la aptitud del suelo como el caso de ciertas actividades agropecuarias, por ejemplo.

Y sin que necesariamente la actividad minero-energética se logre constituir en una verdadera fuente dinámica de crecimiento económico, de generación de empleo, de encadenamientos productivos a nivel doméstico, de redistribución de ingreso y de fortalecimiento significativo y perdurable de las finanzas públicas a nivel macro, y por el contrario, sí pueda reproducir fenómenos nocivos como una excesiva y no estructural/temporal revaluación de la moneda nacional y una alteración sustancial en precios relativos de bienes y servicios básicos con sus impactos perversos en la asignación de recursos productivos en la economía en una perspectiva duradera.

Más aún, una situación de ese tipo podría resultar aún más grave en la medida en que se llegaran a generar perversos y perdurables impactos socio-ecológicos en fuentes de agua, acuíferos, ecosistemas de especial interés, contaminación y ambiente, que por supuesto han de tomarse con la más prioritaria atención y valoración.

Infortunadamente el modelo neoextractivista que se ha venido desarrollando en Colombia, entre otros países, no ha logrado demostrar la estricta validez de dicha argumentación política y programática tan esgrimida en ciertos círculos. Y ello todavía más en la medida en que se tomen en debida consideración y valoren los impactos ambientales y socioecológicos generados por muchos de ese tipo de proyectos minero-energéticos en una perspectiva duradera.

El cuestionamiento anterior se torna aún más grave y decisivo de cara a la nueva etapa de neoextractivismo que se abriría en el país con macroproyectos mineros y de fracking líderes con tecnologías más complejas e intensivas en capital no suficientemente probadas en ecosistemas de relativa fragilidad –como zonas de cordilleras y hasta de páramos–, con consecuencias ecosistémicas novedosas todavía no dilucidadas técnicamente en el territorio –en acuíferos, biodiversidad, contaminación por la masiva acumulación de desechos y escombros, entre otros– y con afectaciones serias sobre el modelo de desarrollo económico y social en el territorio. Con el agravante de que en variadas regiones se podría abrir paso al aprovechamiento mediante varios proyectos en usufructo de múltiples títulos mineros ya otorgados, que podrían tener impactos de carácter sistémico y perdurable/irreversible sobre la configuración socio-económica y ecológica de los territorios afectados (1).

Ante tal panorama, este quinto documento pretende: (i) presentar unas breves reflexiones conceptuales sobre la tipología de los impactos económicos de proyectos mineros de una nueva etapa de neo-extractivistivismo de tipo enclave, especializados en la exportación de minerales no procesados domésticamente y con tecnologías complejas no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, entre otros rasgos característicos, y (ii) analizar únicamente los impactos en el tipo de modelo de desarrollo, la generación de empleo y los impactos fiscales a nivel local y nacional, sin adentrarse en problemáticas adicionales de particular relevancia local como los severos impactos en la salud de los habitantes, la agudización de inseguridad, la presión inflacionista de precios de bienes y servicios básicos, etc.

1. Acerca de la caracterización de impactos socio-económicos de proyectos mineroenergéticos en la nueva etapa del neo-extractivismo

La actividad minera en Colombia pareciera entrar a una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento – manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.


Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta nueva etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrán de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Aunque en este último campo sería claramente postitivo en términos de ingreso neto divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global.

El impacto fiscal neto sería el valor presente de las cuantías (en $ corrientes, por ejemplo) de los impuestos y regalías pagados por la empresa inversora a lo largo de la duración del proyecto, en tanto que el impacto cambiario neto sería el valor presente de los flujos de ingreso y egreso de divisas por concepto de inversión, exportación, remisión de utilidades, dividendos al exterior y reinversión en el país.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad, al menos como inicialmente se esperaba.

Sobra reiterar que hasta ahora no se han mencionado sino los impactos estrictamente económicos, lo que no es óbice para recalcar la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Hecha esta salvedad fundamental, es de resaltar que algunos de los macro-proyectos que han estado avanzando en etapas de exploración, algunos ya en trámite de licencia ambiental y otros en preparación, corresponden a unos típicos de enclave exportador, de firmas transnacionales, de gran escala a nivel internacional, altamente capital intensivos –de baja generación relativa de empleo–, con tecnologías complejas insuficientemente probadas en ecosistemas frágiles, con diversidad de impactos ecológicos duraderos –sobre fuentes de agua, acuíferos subterráneos, biodiversidad, entre otros– y con volúmenes de desechos y residuos sin precedentes en el país para la clase de ecosistemas a ser intervenidos masivamente.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de las fuentes de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 (2) y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, es claro que no tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

Retornando entonces a los otros impactos importantes, en específico en el campo fiscal y de balanza de pagos, que son recurridos interesadamente sin debido análisis conceptual ni empírico por parte de empresarios y gremios involucrados y no pocos funcionarios públicos responsables, aquí se ilustra la experiencia acontecida la anterior etapa neoextractivista observada en el país desde los 90s hasta finales de la década anterior 2010s, con respecto a los impactos en la composición y dinámica sectorial del PIB, la fiscalidad a nivel nacional y local, y la situación social de las poblaciones de los territorios intervenidos.

2. Modelo de crecimiento: Desplazamiento de actividades productivas generadoras de empleo y redistribuidoras del ingreso

Desde 1990, año de la apertura económica, la estructura de la economía colombiana comenzó a cambiar en varios aspectos, entre ellos: el decaimiento de la actividad agropecuaria e industrial –al punto de que se fueron agudizando procesos de desagriculturización y desindustrialización (Garay et al., 1998) (3), la ampliación del sistema financiero, así como el avance de la actividad minera y de ciertas ocupaciones intensivas en mano de obra desarrolladas mediante actividades informales con elevada precariedad laboral como construcción no empresarizada, comercio al por menor y por cuenta propia, y turismo informalizado, entre otras.

Dicha precariedad laboral implica que los trabajadores carezcan de varios de los componentes de lo que la OIT ha llamado un “ingreso social” digno, en tanto que no perciben los beneficios de la seguridad laboral al primar la informalidad, la contratación laboral precaria: al día día, al destajo, con ingresos inferiores a los de mínimo vital, violando toda la normatividad internacional vigente. El caso de sistemas de contratación de médicos, enfermeras, odontólogos y demás personal de la salud en el país es un hecho que hoy ha salido a la luz pública a raíz de la pandemia.

En efecto, bajo el modelo de apertura económica se han venido observando cambios determinantes en la estuctura económica nacional en la medida en que el sector agropecuario ha pasado de representar del 17% del Valor Agregado Nacional (VA) en 1990 al 7% en 2019, la minería del 5% del VA en 1990 al 13% en 2012 y al 7% en 2019, la industria manufacturera del 19% del VA en los 90s a tan sólo el 13% en 2019. No sobra señalar que el sector agropecuario como la industria manufacturera son actividades que contribuyen a redistribuir el ingreso.

Entre tanto, la participación de la remuneración a los trabajadores en el Producto Interno Bruto ha disminuido sustancialmente en dicho periodo. Es así como a finales de los noventa alcanzó un nivel cercano al 37%, para luego caer de manera sostenida durante toda la primera década del 2000 al 31% en 2010 y luego ascender hasta cerca del 34% en 2018 (Gráfico 1). Por supuesto, mientras que la remuneración a los trabajadores desciende, el excedente bruto de explotación aumenta.

 

 

Esta tendencia se ve claramente reflejada en el caso del sector de minería al caer la remuneración laboral de un 16.2% del valor agregado (VA) en 1990 a un 13.3% en 2005 y 16.0% en 2018, por ejemplo, con una intensidad superior a la promedio nacional. En el caso del sector petrolero la remuneración de los trabjadores representaba el 16.4% del VA en 1990 y alcanzó un valor de 14.7% en 2018. En este sentido, tendría un relativamente menor impacto directo en la redistribución del ingreso, aunque sí potencialmente indirecto correlativo con la generación de valor agregado doméstico y con el pago de regalías e impuestos a nivel nacional y local.

Los cambios de las remuneraciones han estado asociados a variaciones en la composición del empleo. De acuerdo con el DANE, de los 15 millones 800 mil trabajadores ocupados en 2001, el 0.49% se encontraba laborando en el sector agropecuario, el 13.04% en la industria manufacturera, el 25.88% en el Comercio, el 4.03% en la construcción y el 1.03% en la minería. En 2019, esta misma composición fue: 0.53%, 12.35%, 27.45%, 27.45%, 7.11% y 0.67%, respectivamente.

Guardadas proporciones, estos cambios de composición a nivel nacional también se tienden a observar en el nivel territorial, con la característica de que el desplazamiento de las actividades agropecuarias e industriales se ha dado hacia sectores como el comercio, la 10 hotelería y la construcción, contribuyendo a profundizar tanto la informalidad como la pobreza.

 

 

En efecto, resulta de gran utilidad resaltar que entre la población clasificada como pobre según el índice de IPM, la informalidad en el trabajo supera el 50% y llega incluso hasta el 90%, como se muestra en el Gráfico 2. Y con la peculiaridad de que la mayoría de los departamentos con municipios eminentemente minero-energéticos muestran, en el caso de la población pobre, unos niveles de informalidad cercanos al 90% en 2018.

El potencial desplazamiento de actividades económicas productivas como la agropecuaria debido principalmente a la profundización de la actividad minero-energética (hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros) muestra cómo en departamentos como Casanare, Meta, Cesar, Córdoba y La Guajira, en los que en 1990 el sector agropecuario representaba el 65%, 34%, 46% y 35%, respectivamente, presentaron una reducción porcentual promedio cercana al 34% entre 1990 y 2018, sobresaliendo Casanare con - 54.4%, Cesar con -38.0% y Córdoba con -23.5% (Cuadro 1).

 

 

A esta situación se agrega el hecho que las tasas de crecimiento promedio entre 1990-2018 no difieren sustancialmente entre los departamentos mineros en comparación con la economía local líder de Colombia como la de Bogotá D.C., a excepción del caso del Meta como departamento petrolero que alcanzó una mayor tasa de crecimiento promedio hasta del 6.8% y de La Guajira como departamento carbonífero con una tasa muy inferior de apenas el 2.9%, en comparación con una del 4.8% en el caso de Bogotá. Ello implicaría que, al menos en principio, las actividades de hidrocarburos y, en menor medida y no de manera general, las mineras sí habrían impulsado significativamente el PIB de los departamentos en los que se desarrollaron durante el periodo en referencia.

Pero con el ingrediente de que una vez se ha producido el decaimiento de dichas actividades, ha tendido a decaer correlativamente el crecimiento del PIB en los respectivos departamentos especializados. Es así como cabe destacar que en el caso del departamento de Arauca donde la producción minera representaba el 81% en 1990 pero que en 2018 apenas llegó a ser del 40%, el crecimiento promedio del PIB fue significativamente negativo entre 1990 y 2018 (-1.5% promedio anual), como el único caso excepcional en el país con el departamento de Guaviare (Gráfico 3).

 

 

En términos per cápita se observa cómo la actividad minero-energética debió haber contribuido a que los departamentos especializados se ubicaran entre los departamentos con 13 mayor PIB per cápita en el país en 2018 –en $ constantes de 2015–, en particular los especializados en hidrocarburos: Casanare y Meta, incluso con mayor PIB per cápita que Bogotá D. C., y en menor medida Cesar y Córdoba –con un PIB per cápita cercano al promedio nacional en 2018–, como departamentos eminentemente mineros (Gráfico 4). Se constata nuevamente la muy notable caída del PIB per cápita del departamento de Arauca.

 

 

Paralelamente resalta la fuerte caída del PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015– entre 1990 y 2018 en departamentos como Córdoba, Cesar y Sucre, incluso claramente superior a la promedio nacional. En contraste, los departamentos caracterizados por tener importantes economías campesinas no sufrieron caídas como Boyacá y Santander o las tuvieron mucho menores que el promedio nacional, como Cundinamarca y Nariño (Gráfico 5)

 

 

En consecuencia, es posible apreciar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica 14 impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. Pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de municipios minero-energéticos

Complementariamente, resulta necesario indagar el impacto en pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de los territorios en que se desarrollan las actividades mineroenergéticas. Una primera aproximación se puede adelantar con base en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un indicador del bienestar de la población. El último Censo poblacional de 2018 realizado en Colombia muestra que el IPM de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio superior no sólo al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que además supera comúnmente a los de municipios de muy variadas regiones (Cuadro 2).

 

 

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. En otras palabras, al menos hasta 2018 los municipios mineros hayan podido acercarse suficientemente a los petroleros, y menos aún a la mayoría de regiones no mineras –en especial Bogotá D.C.–, en términos de no haber logrado todavía unos niveles de pobreza multidimensional claramente inferiores a los observados en 2018.

Esta conclusión coincide con los hallazgos analizados por Rudas y Espitia (2014, pp. 71- 72) (4), en el sentido de que “mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. … (Se constata así) una situación generalizada de confluencia de esta actividad minera, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en términos de calidad de servicios en salud y educación y de vivienda) de la mayor parte de la población residente en las zonas de extracción, significativos déficits en la capacidad de las instituciones públicas para brindar atención a los grupos más vulnerables de la población …” (Lo entre paréntesis es propio).

A lo que habría que agregar que los fenómenos de corrupción, captura y cooptación institucional reproducidos en los niveles regionales y locales han conducido al malgasto, desvío y apropiación ilícita de importantes recursos públicos, entre ellos regalías, por lo que se podría haber afectado perversamente tanto la prestación de servicios públicos como otras políticas a favor de la población vulnerable, impidiéndose un mejoramiento de sus condiciones de vida y una reducción de la desigualdad y la pobreza.

4. El impacto del sector de la minería y de hidrocarburos en las finanzas públicas a nivel local y nacional

Uno de los principales impactos potenciales de las actividades minero-energéticas hace relación especialmente a su contribución al reforzamiento de las finanzas públicas en los niveles local y nacional, mediante el pago de los impuestos a la renta y complementarios, de las regalías y otros.

Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

Ello al punto de que, como lo señalan Rudas y Espitia (2013, p. 144), “Colombia comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (5).

4.1 Impuesto a la renta y complementarios a nivel nacional

Detallando el caso del impuesto a la renta y complementarios vale la pena destacar que mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos era de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético –y hasta un 34% a favor del sector financiero– (Garay y Espitia, 2019 y 2020).

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0% (Garay y Espitia, 2020). Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.4% y un 5.0-6.0%, respectivamente.

En otras palabras, el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– habría aportado efectivamente apenas el 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

Este tipo de comportamiento se reprodujo relativamente en las últimas décadas en la medida en que “… por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado (colombiano) percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (Rudas y Espitia, 2013, p. 144).

4.2 Regalías

 

El nuevo Sistema General de Regalías implementado desde el año 2012 ha distribuido recursos a todos los municipios a través de diferentes mecanismos, dispersándose en miles de proyectos a nivel territorial, como se muestra en el Esquema 1.

 

 

El monto de regalías totales distribuido en el año 2012 correspondió a $10.5 billones (1.58% del PIB). Luego en 2013-2014 se presupuestaron $17.7 billones (1.20% del PIB de 2013 y 2014), en 2015-2016 $13.1 billones (0.79% del PIB) y en 2017-2018 $18.2 billones (0.95% del PIB). Es decir, el valor total de las regalías ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

De otra parte, es de mencionar que las regalías directas han representado desde el 31.87% en 2012, al 20.7% en 2013-2014 hasta llegar a menos del 12% en los dos bienios siguientes. Así, entonces, la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50-0.60% del PIB al año en dicho periodo de referencia.

 

4.2.1 A nivel departamental

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP sobre las finanzas públicas de las entidades territoriales, acorde con lo registrado por los departamentos y municipios sobre su ejecución de ingresos y de gastos, se observa que para el periodo 2000-2018:

 

(i) Los departamentos declararon regalías por $74 billones de pesos de 2019. Cerca del 50% de ese monto se concentró en los departamentos de Meta (18%), Casanare (15%), Cesar (7%), La Guajira (8%) y Santander (5%).

 

Y, entre otros, (ii) Los ingresos corrientes departamentales, tributarios y no tributarios (diferentes a regalías), sumaron un total de $155.1 millones de 2019, con una participación de apenas el 12% de los departamentos eminentemente minero-energéticos.

 

En el caso del departamento del Meta, por ejemplo, el valor acumulado de los ingresos tributarios alcanzó un valor cercano a los $531 mil millones en 2018, un 435% más del valor inicial en el año 2000 ($99 mil millones). Entre tanto, las regalías registraron un valor $13.3 billones, con un crecimiento de 5519%, respecto al valor inicial en el año 2000.

Con la peculiaridad de que una situación similar ha acontecido en otros departamentos minero-energéticos, muy diferente a lo sucedido en diversos departamentos y por supuesto a nivel nacional (Gráfico 6).

 

 

Como se muestra a continuación, una situación similar acontece con el caso de municipios eminentemente minero-energéticos con respecto a muchos otros en el país.

Ello es una expresión de lo que en la literatura especializada se ha denominado como la “pereza fiscal”, consistente en que la recepción de regalías tiende a sustituir el compromiso por interponer esfuerzos para la consecución de ingresos fiscales adicionales provenientes de otras fuentes, consecuentes para alcanzar una mayor presión fiscal a nivel local, regional y/o nacional –definida como la proporción de ingresos fiscales en el PIB correspondiente según el nivel de análisis–.

 

4.2.2 Regalías a nivel municipal

 

En el Gráfico 7 se observa que en muchos municipios minero-energéticos el valor las regalías directas ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos tributarios en el periodo 2000-2018, en sentido opuesto al caso de la totalidad de municipios en el país.

Así, por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de 23 que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicho proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

Ahora bien, para analizar estadísticamente la relación entre regalías y pereza fiscal, Garay y Espitia (2019) incluyen el valor de las regalías directas como una de las variables exógenas en un modelo econométrico básico para determinar el grado de influencia tanto en el Valor Agregado per cápita (VapC) –variable proxi del Ingreso per Cápita– como en el Índice de Pobreza multidimensional a nivel municipal en el país, y encuentran que la intensidad de la actividad minero-energética (medida por el valor de regalías directas) en el municipio sí afecta estadísticamente –a un nivel de significancia del 0.01%– de manera directa el VapC municipal pero sin lograr contribuir estadísticamente a la reducción de la Pobreza Multidimensional Rural (Cuadro 3).

 

 

“Ello ratificaría lo analizado en estudios previos sobre el tema como el de Rudas y Espitia (2013) en el que se muestra que, en promedio, los municipios predominantemente mineros tienen menores niveles de calidad de vida que los predominantemente petroleros, y ambos, a su vez, menores que los demás municipios del país (con mayor desarrollo relativo de actividades no extractivas)”. Y con el agravante de que “cuanto mayor sea la importancia relativa de las regalías directas en los ingresos del municipio, ceteris paribus, menor la Tributación per Cápita promedio en el municipio … reproduciéndose así el conocido fenómeno denominado como pereza fiscal … Esto es, que las regalías directas tenderían a desincentivar los esfuerzos locales para aumentar la tributación municipal para el financiamiento de políticas públicas de interés local y territorial” (Garay y Espitia, 2019, p. 249) (Lo entre paréntesis es propio). Un mayor detalle se ilustra en el siguiente Cuadro 4.

 

 

5. A manera de reflexión

 

1. La actividad minera en Colombia pareciera estar avanzando hacia una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento –manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías 25 complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.

Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrá de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad como al menos inicialmente se esperaba.

Y con el agravante de que en presencia de una acendrado rentismo en relaciones societales básicas –consecuente con el usufructo del poder para el favorecimiento de intereses poderosos sin corresponsabilidad social– y de una institucionalidad extractiva –con la trasnferencia de rentas entre sectores y grupos de interés–, en medio de un avanzado estadio 26 de ilegalidad en calidad de práctica social7, como en el caso de un país como Colombia, se malgastan, desvían y apropian ilícitamente importantes y escasos recursos públicos –como los de regalías, por ejemplo– que habrían podido tener una indiscutible rentabilidad social y económica.

2. Ahora bien, bajo el modelo extractivista desarrollado en el país desde los 90s se puede constatar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. De acuerdo con el último Censo poblacional de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio no sólo superior al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que supera comúnmente al de los municipios de muy variadas regiones en el país.

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. 4. Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

En efecto, mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos fue de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético.

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0%. Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.6% y un 5.0-6.0%, respectivamente. Ello conduce a que el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– hubiera aportado efectivamente con cerca de un 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

5. El valor total de las regalías por concepto de la explotación de recursos mineroenergéticos en el país ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

Razón por la cual la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50%-0.60% del PIB al año en 2017-2018.

A lo que habría que agregar como agravante de que tanto a nivel de departamentos como de municipios eminentemente minero-energéticos la recepción de regalías ha dado lugar al fenómeno de “pereza fiscal” en la medida en que, por ejemplo, para el municipio de Puerto 28 Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicha proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

6. Ante la baja generación de empleo y valor agregado, dada la modesta reducción de los índices de pobreza –con mayor razón en cuanto que el IPM de las cabeceras municipales es menor que el de sus correspondientes áreas rurales (Garay y Espitia, 2019)– y de la desigualdad a los niveles municipal y territorial, y en presencia de una modesta contribución a las finanzas públicas por concepto del impuesto a la renta y de regalías, resulta claro que la actividad propiamente minera no se ha erigido como fuente importante de crecimiento económico, de bienestar social y de riqueza en el país en una base perdurable.

Ha de destacarse que por esa razón no puede considerarse como una fuente de apalancamiento de cuantiosos recursos fiscales para el reforzamiento de las finanzas públicas nacionales, opuesto a lo que pareciera ser esgrimido por algunos grupos de presión empresarial y aún gubernamental a propósito de la crisis socio-económica y sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

7. En el campo de la balanza de pagos, es de mencionar que la magnitud de los impactos de actividades mineras en la nueva etapa neo-extractivista ha de depender de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas transnacionales involucradas.

Sería de esperar que el impacto neto sería claramente positivo en términos de ingreso neto de divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción/exportación, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global. Si bien la magnitud del impacto neto –en divisas internacionales– dependerá del proyecto específico, no habría razones suficientes para prever que esta sea elevada como proporción a la suma del valor de la inversión y de las exportaciones, como requisito para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto.

8. Como agravante de lo anterior ha de recalcarse la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de la naturaleza adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, resulta claro que tampoco tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

 

Notas

1 A manera de ilustración, uno de esos territorios podría ser el sur-oeste antioquño una vez se llegara a adelantar el macroproyecto de oro y cobre en Jericó por Anglogold Ashanti.

2 No debe dejar de mencionarse que cerca de dos tercios de las enfermedades y patologías que sufre la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan con el cambio climático.

3 Ver, entre otros, a: Garay, L. J. et al (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996. DNP-Colciencias-Minhacienda-Mincomex-Proexport Colombia. Bogotá, Colombia.

4 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Enero. 

5 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). “Participación del Estado y la sociedad en la renta minera”. En Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Mayo.

6 Esta sub-sección se basa fundamentalmente en: Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 1. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Octubre. Capítulo 2; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 2. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Nota de investigación 8. (en publicación). 

7 El lector interesado puede consultar, entre otros, a: Garay, L. J. (2018). “Una génesis de la ilegalidad: Corrupción, Captura del Estado, Cooptación institucional y Macro-corrupción“. En: Garay, L. J. y Salcedo- Albarán. , E. El gran libro de la corrupción en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, Noviembre.

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Keynesianismo contra el virus: seis billones para rescatar la economía planetaria

La mayor inyección de dinero público de la historia, activada para estimular el sector privado y evitar el colapso de los sistemas productivos y comerciales del planeta, multiplica por seis los recursos destinados a paliar el 'crash' de 2008 y triplica la magnitud de la recesión que ahora pronostican, en términos de PIB, organismos como el Fondo Monetario Internacional-

 

Los gobiernos de las principales economías del planeta y los organismos internacionales preparan la inyección de cerca de seis billones (con ‘b’) de euros para tratar de atajar los efectos que está comenzando a provocar en sus sistemas productivos y comerciales la pandemia del coronavirus, que, tras dispararse los contagios en la India y comenzar a extenderse por África y América, ya ha obligado a confinar a más de un tercio de la población mundial.

Ese volumen de estímulos equivale a un 7,3% del PIB planetario, que en 2018, último año para el que dispone de datos el Banco Mundial, fue de 81,8 billones de euros (85,9 de dólares al cambio actual de 1,05, y multiplica por más tres las previsiones de retroceso del PIB mundial que maneja el FMI (Fondo Monetario Internacional), que se acercan al 2%, y por más de cinco las de un punto y cuarto para este año que los analistas manejaban cuando los países occidentales comenzaron a decretar el confinamiento de sus ciudadanos y a paralizar de manera parcial la actividad económica para frenar los contagios.

El objetivo de esas partidas consiste en evitar mediante inyecciones de liquidez el gripado de un sistema económico semiparalizado por motivos sanitarios. Y su magnitud, aunque las previsiones del FMI apuntan a un retroceso similar al de 2008, resulta más de seis veces superior a los 900.000 millones de euros que los países del G-20 movilizaron entonces.

En esa situación, las apelaciones a un Plan Marshall como el desplegado en la posguerra mundial en Europa que en los últimos días han realizado algunos dirigentes políticos, como el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez o el valenciano Ximo Puig, no dejan de resultar chocantes por dos motivos: la cuantía, ya que aquello subió a 13.400 millones de dólares, el equivalente actual de 85.700 de euros; y su génesis, ya que el 90% de esa cantidad llegó a los gobiernos europeos como donaciones del estadounidense a cambio de contrapartidas, como el despliegue de sus bases militares y facilidades para la instalación de sus empresas multinacionales.

Ahora se trata de activar mediante subvenciones, condonaciones de deudas, aplazamientos de pagos y avales bancarios la mayor movilización de dinero público de la historia, y de canalizarla hacia el sector privado para evitar el colapso de una economía basada en el consumo y que se asfixia cuando la morosidad y la insolvencia se imponen al gasto y la liquidez.

Los dos billones de euros de EEUU y Latinoamérica

Lo que sí coincide con el programa de la posguerra mundial, a grades trazos y tras la escasa aportación del FMI (43.000 millones de euros) y del Banco Mundial (12.000), son los titulares de los dos papeles principales: EEUU y Europa, que, por los datos que se conocen hasta ahora, van a poner en movimiento más de dos tercios de ese volumen de dinero.

El Senado estadounidense aprobó este miércoles sin votos en contra un paquete de dos billones de dólares (1,9 de euros) que incluye, entre otras medidas, ayudas de 500.000 millones para empresas en crisis, otros tantos para pagos directos de más de 3.000 dólares por familia, 350.000 para préstamos a pymes, 250.000 para ampliar las ayudas al desempleo y otros 100.000 para reforzar la atención sanitaria.
Ese paquete económico, que llega después de otros dos que sumaban 108.000 dedicados a financiar políticas de desempleo, acciones de investigación y actuaciones sanitarias, llega otros países de ese continente preparan la movilización de algo más de 140.000 millones de dólares: se trata de Canadá (57.000), México (25.000), Brasil (30.000), Colombia (15.000), Chile (11.000) o Argentina (5.300), cuyos planes sitúan por encima de los dos billones de euros (2,048) la movilización de fondos en América.

El billón de la UE y el BCE

Los estímulos que plantean los gobiernos de Europa y las instituciones comunitarias superan también los dos billones de euros, con el plan de emergencia del BCE (Banco Central Europeo) para poner 750.000 millones de euros a disposición de las entidades financieras y con las herramientas de la UE como principales focos de liquidez.

El Eurogrupo debatía este jueves por cuál de las dos opciones que los gobiernos habían planteado se inclinaba, sin descartar una combinación de ambas. La primera consiste en activar el MEDE, el Mecanismo Europeo De Estabilidad, que dispone de una capacidad de préstamo de 410.000 millones de euros, aunque los planteamientos iniciales apuntaban a préstamos de hasta el 2% del PIB de cada país miembro, lo que supondría un máximo de 330.000.

El plan ‘b’ de la Unión, que ya antes ha había liberado otros 25.000 millones para financiar acciones de investigación sobre el coronavirus, consiste en la emisión de bonos, los polémicos coronabonos que reclaman países del sur como España, Francia e Italia y rechazan otros del norte como Alemania y Holanda.

Se trataría de emitir deuda comunitaria para destinar su recaudación a estimular las economías de sus países miembros cuando cesen los confinamientos y a financiar sus respectivos aparatos sanitarios, lo que evitaría que cada uno de esos estados tuviera que emitir sus propios bonos. El debate de fondo cuestiona la capacidad real de la UE, y el compromiso de sus socios, para plantear políticas económicas propias, y comunitarias.

El billón y medio de los países comunitarios

Los países miembros de la UE, varios de los cuales, especialmente en el sur, llevan semanas implementando medidas sanitarias y también de tipo social ante la proliferación de los contagios en sus territorios y la paralización de sus sistemas productivos con los confinamientos, superan en su conjunto con claridad a las dos grandes instituciones comunitarias, salvo la improbable opción de que la UE combinara las dos herramientas (MEDE y coronabonos), en cuanto al volumen de recursos movilizados, ya que su suma ronda el billón y medio de euros.

Dos de esos países sureños, Italia y Francia, están preparando sendas inyecciones de recursos en su economía de un nivel similar a las que plantea Alemania, que maneja estímulos por valor de 156.000 millones y emisiones de deuda por otros 200.000.

Italia, por su parte, maneja una previsión de 350.000 millones, de los que ya ha comenzado a inyectar 25.000, mientras Francia tiene presupuestado un plan de choque de 45.000 millones para empresas, autónomos y trabajadores al que se añaden otros 300.000 que irá distribuyendo mediante avales para que esos mismos agentes puedan obtener liquidez en el sector financiero.

España, con un "escudo social"  de 200.000 millones en avales y aplazamiento de impuestos y en prestaciones para suspensiones de contrato de asalariados y ceses de actividad de autónomos, se sitúa en el nivel inmediatamente inferior, aunque muy por encima de las previsiones de otros países comunitarios como Portugal, que movilizará algo más de 3.000, o Dinamarca, con apenas 350.

A esas cifras hay que añadirles las de dos potencias económicas geográficamente europeas aunque no participan en la UE. Se trata de Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson, ha anunciado tras sus reticencias iniciales un programa de 360.000 millones de euros (330.000 de libras) tras un primer plan de 34.000, y de Rusia, que inyectará en su economía otros 145.000.

Los 600.000 millones de Asia y Australia

En Asia, el país que mayor esfuerzo va a hacer para tonificar sus sistemas productivo, comercial y financiero, que ya renqueaban antes de la pandemia, será Japón, que tiene previsto movilizar 460.000 millones de euros (56 billones de yenes) dentro de un programa que, como en el caso de EEUU, incluye pagos directos a las familias.

Le sigue en volumen de dinero movilizado, aunque a mucha distancia, China, el país en el que comenzó la pandemia, si bien su peculiar sistema económico de capitalismo de Estado hibridado con una especie de desarrollismo postcomunista lleva a su Gobierno a reducir este capítulo al equivalente a 79.000 millones de euros, en este caso reduciendo el nivel de reservas que los bancos deben mantener para garantizar su funcionamiento.

Desde el inicio de los contagios, su producción industrial se ha reducido en más de una octava parte mientras el retroceso en la captación de inversiones se acercaba al 25%.

Turquía, con 14.000 millones de euros; Corea Sur, con 7.500, y Vietnam, con 1.700, son otros de los países asiáticos que han decidido poner en marcha planes de estímulo internos, lo que sitúa por encima de los 560.000 la movilización de recursos en ese área geográfica.

Por último, a falta de conocer las reacciones de los gobiernos africanos, en varios de cuyos países, como Suráfrica, ha comenzado esta semana a constatarse la existencia de contagios, y de India, los programas de mayor cuantía en otras áreas se localizan en Arabia Saudí, que tras la suspensión de las peregrinaciones a La Meca va a activar el equivalente de 30.000 millones de euros (120.000 de riales), entre los que se incluye el aplazamiento de impuestos a pymes, y en Australia, con otros 10.000.

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La salida de capitales de los países emergentes alcanza los 83.000 millones desde el inicio de la crisis

El FMI advierte de que el coronavirus ha provocado la mayor fuga de dinero del bloque desde que hay registros

El Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre una de las mayores sangrías financieras desde que comenzó la crisis del coronavirus: la fuga de capitales de los países emergentes. Según los cálculos del organismo con sede en Washington, el bloque en vías de desarrollo ha sufrido ya la salida de 83.000 millones de dólares (77.400 millones de euros, casi tanto como el PIB de Uruguay) de sus mercados de renta fija y variable. Hace menos de dos semanas, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) calculaba esa pérdida en 30.000 millones: una cifra enorme, pero incomparable en todo caso con este último recuento del Fondo. La llegada del virus a Europa y a EE UU ha empeorado las cosas en los mercados financieros y los emergentes están pagando parte de la factura. Es “la mayor salida de capitales [del bloque] desde hay que registros”, constata su directora gerente, Kristalina Georgieva, en una nota publicada este lunes tras la conferencia telefónica entre los líderes del G20.

La preocupación del FMI es especialmente importante con el grupo de naciones de ingresos bajos. “Las economías avanzadas”, apunta Georgieva, “están en general en una posición mejor para responder a la crisis, pero muchos países emergentes y de bajos ingresos encaran desafíos significativos: están viéndose negativamente afectados por las salidas de capitales y su actividad doméstica se verá severamente impactada" por el coronavirus. Cuando los inversores huyen de activos de riesgo, los países pobres y los emergentes son el eslabón más débil de la cadena; el que primero salta. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Se añade, además, otro factor: son, en su mayoría, exportadores netos de materias primas y estas están sufriendo uno de los golpes más severos de la crisis por la doble parálisis de la industria y del consumo.

El comunicado, en el que la jefa del FMI aplaude la acción fiscal de los Estados miembros, pinta un escenario muy oscuro para la economía mundial a corto plazo y algo más luminoso en un horizonte temporal más largo. “Nuestro pronóstico para 2020 es negativo: una recesión al menos tan fuerte como durante la crisis financiera o más. Pero esperamos una recuperación en 2021 y, para llegar a ella, es capital priorizar la contención [del virus] y reforzar los sistemas de salud. El impacto será severo, pero la recuperación será tan rápida y tan fuerte como sea el freno al virus".

En el caso particular de los países emergentes, el Fondo valora las acciones de varios bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal de EE UU, para inyectar liquidez en el mercado. Este grupo de países, que enfrenta una presión sin precedentes recientes -con varias monedas latinoamericanas, por ejemplo, en mínimos históricos, es el más beneficiado por esas acciones. Pero, más allá de los institutos emisores, el propio organismo debatirá en las próximas semanas la posibilidad de abrir nuevas líneas. “Son circunstancias extraordinarias en las que muchos países están tomando medidas sin precedentes. Nosotros, en el FMI, haremos lo mismo”, promete Georgieva.

Madrid - 23 mar 2020 - 15:34 COT

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Lunes, 20 Enero 2020 06:10

¿Se avecina una crisis?

¿Se avecina una crisis?

Luego de la crisis financiera de 2008 se preguntaba recurrentemente cómo era posible que no se hubiese previsto.

Los economistas académicos y profesionales estaban en otra cosa, asentados en las respectivas conveniencias, y aún no parecen advertir del todo ni expresamente lo que ocurrió y su significado.

Los políticos y funcionarios en los ministerios de hacienda y bancos centrales aceptaban de buen modo los excesos que ocurrían en los mercados y se adaptaban a la “exuberancia irracional”, término que englobaba lo que sucedía. Pero no se impulsaba reacción alguna para frenarla y reorientar el destino de los fondos para invertir; en cambio, era como si se echara más leña al fuego.

A medida que ha pasado el tiempo, lo que se repiten son las advertencias de las derivaciones negativas de dicha crisis: las de carácter social, productivo, comercial y la fragilidad financiera que persiste en el mundo, disfrazada de distintas maneras.

Apenas hace unos días, la directora del Fondo Monetario Internacional dijo en una reunión en el Instituto Peterson de Washington DC que las tendencias económicas actuales se asemejan a las observadas en la década de 1920 y que culminaron en la Gran Depresión.

Se centró en el hecho de que la desigualdad económica al interior de los países se ha acrecentado y que, en el caso de los países de la OCDE, llega a cifras récord. Esto, predijo, junto con el cambio climático y el proteccionismo comercial agravarán la agitación social y la fragilidad financiera.

Deberán discutirse los escenarios políticos vigentes y también la visión del FMI, institución cuya propia historia y entorno político están de por medio y que no puede obviarse.

La enorme intervención que hizo la Reserva Federal, inundando con liquidez los mercados financieros, luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, llevó a una política monetaria que provocó un entorno de tasas de interés prácticamente de cero.

Este ambiente se mantuvo de diciembre de 2008 a finales de 2015, para luego irse ajustando hacia arriba, progresivamente, hasta el 1.75 por ciento actual.

Así se regresaba a lo que se considera la norma de la política monetaria. Pero está muy lejos de fincar un escenario de crecimiento sostenido, con una mejor distribución, menor volatilidad en los mercados de dinero y de capitales y menos confrontación de los intereses nacionales.

El proceso provocó distorsiones significativas en la asignación de las inversiones que buscaban mejores retornos, como es igualmente la norma. Así ocurrió en los mercados de bienes raíces, acciones y bonos, y, en general, en los precios relativos de todos los activos, en una perspectiva altamente especulativa.

La generación de valor en la producción se relegó, beneficiando los rendimientos provenientes de las rentas, con un impacto más grande en la desigualdad de los ingresos y la riqueza.

El fenómeno, iniciado en Estados Unidos, se propagó a otros países y en Europa, por ejemplo, hay casos de tasas negativas de interés para los depósitos.

El dinero disponible para la inversión de tipo financiero se coloca en mercados con mayores rendimientos, como fondos de bienes raíces; índices de inversión en las bolsas de valores; los que se colocan en mercados fuera de Estados Unidos y Canadá; los bonos de distintos tipos; el petróleo o el oro. En todos estos casos los retornos han estado por encima de la inflación promedio.

Los bancos, como los de Estados Unidos que estuvieron en el centro de la crisis financiera, se restructuraron siguiendo un patrón definido por el Tesoro y la FED, en un fuerte proceso de concentración de los activos que controlan. Sus ganancias se han recuperado con creces en el ambiente especulativo predominante. En esencia, un entorno de bajas tasas de interés favorece los márgenes que se ganan cuando se realizan las transacciones en los distintos mercados.

En este contexto es que se ha propuesto la noción de un estancamiento secular. El reducido crecimiento productivo exacerba la diferencia entre el ahorro y la inversión, y se provoca así una hipertrofia del sistema financiero. La política fiscal puede reforzar el efecto adverso cuando se reducen los impuestos a los estratos de más altos ingresos.

Lo que ha quedado fuera de foco es la necesidad de generar producción y empleo, aumentar el ingreso relativo de la gente que trabaja y ordenar la política fiscal y monetaria para aminorar las distorsiones que ocurren a partir del ámbito de las operaciones financieras.

Las advertencias sobre las condiciones de persistente inestabilidad, desigualdad, estancamiento, calentamiento global y confrontación social no pueden sino seguir creciendo, pero por lo pronto yacen en un campo poco fértil para que las políticas vigentes se transformen.

¿Qué papel juega la constante advertencia de una posible crisis?

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Estas son las predicciones del Banco Mundial para la economía global en 2020

La nueva encuesta macroeconómica del organismo contiene malas previsiones para EE.UU. y China y buenas para Rusia, México y Brasil.

 

El Banco Mundial evaluó el pasado miércoles que la economía global crecerá en 2020 solo un poco más rápido que el año pasado, según la encuesta macroeconómica del organismo titulada 'Perspectivas económicas mundiales'.

De acuerdo con las previsiones de la institución financiera, en 2020 el aumento del producto interno bruto mundial (PIB) será del 2,5%, en comparación con el 2,4% de 2019. A este repunte contribuirá una recuperación parcial de los niveles de inversión y comercio.


Al mismo tiempo, una desaceleración en el crecimiento afectará a las economías desarrolladas, como EE.UU. y los países de la zona euro (del 1,6% al 1,4%).


Por su parte, las grandes economías emergentes, excepto China, crecerán más rápido (del 3,5% al 4,1%), aunque este fenómeno no tendrá alcance mundial.

 

Según el Banco Mundial, el crecimiento de aproximadamente un tercio de los países con economías emergentes se desacelerará debido a los menores indicadores de exportación e inversión. Asimismo, están presentes los riesgos asociados con la agravación de los conflictos comerciales, una desaceleración más fuerte en el crecimiento de las grandes economías y la inestabilidad financiera en los países en desarrollo.


Malas previsiones para EE.UU. y buenas para México y Brasil


Se espera que la tasa de crecimiento del PIB de EE.UU. se reduzca este año del 2,3% a 1,8% debido a los efectos de la guerra comercial con China. El crecimiento en la zona euro se desacelerará significativamente, del 1,4% al 1%, en medio de una baja actividad en la industria.


La economía china también continuará desacelerándose. En 2019, su crecimiento se estimó en el 6,1%, mientras que en 2020 puede llegar al 5,9% y el próximo año al 5,8%.


Mientras tanto, en Japón la economía creció un 1,1% el año pasado y se espera un aumento del 1% en el 2020. En Rusia, el PIB este año crecerá del 1,2% a 1,6%, y el próximo año al 1,8%. En 2019, el crecimiento en la Federación de Rusia, según el banco, ascendió al 1,2%.

Además, se espera una fuerte aceleración en el crecimiento del PIB en Brasil (del 1,1% al 2%), en México (del 0% al 1,2%), en Arabia Saudita (del 0,4% al 1,9%), en Turquía (del 0% al 3%) y en la India (del 5% al 5,8%).


No obstante, el Banco Mundial indica un fuerte aumento en la carga de la deuda, la cual alcanzó el 170% del PIB en los países en desarrollo, lo que representa 54 puntos más comparando con el 2010. Esta circunstancia aumenta los riesgos de inestabilidad financiera.

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Jueves, 26 Diciembre 2019 05:45

2020, lo que viene en la economía mundial

2020, lo que viene en la economía mundial

Octubre se despedía con el extendido pronóstico de que una nueva recesión de la economía mundial se acercaba con horizonte en 2020. Las oscilaciones bruscas en el mercado financiero, muy sensible a las noticias políticas.

Y también a los informes de la marcha de la economía real por parte de los gobiernos de las principales potencias,lo mismo que a la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; el breixit frustrado todavía entonces, la desaceleración del comercio mundial y la crisis inminente o abierta en países emergentes importantes como Brasil, Turquía, Argentina, entre otros, alimentaban las opiniones de los especialistas y encendían las alarmas de las principales instituciones del capital financiero.

Para mediados de diciembre se alcanzó el primer acuerdo en la guerra comercial, luego de establecida una tregua a principiosde noviembre,en medio del creciente ruido de un nuevo posible crak. Quedaron suspendidos los aranceles de productos electrónicos y consumo masivo que deberían entrar en vigencia hacia finales de año.

El 28 de noviembre los mercados de bonos y acciones de Wall Street alcanzaban un nuevo máximo histórico. Al tiempo se conocía que la FED, el banco central norteamericano, mantenía los tipos de interés sin provocar una nueva baja, sugiriendo que el pánico provocado en el banco central estadounidense por la perspectiva de recesión se atemperaba.

Mientras tanto el abultado triunfo electoral de Boris Johnson en el Reino Unido, llevó tranquilidad al centro financiero de Londres, el segundo más importantes del mundo, esta tranquilidad se expresó en la recuperación de la bolsa.

Pero a pesar de las aparienciasel sentimiento que domina a los mercados es la incertidumbre. Desde octubre también se está desarrollando a nivel global un ascenso de luchas populares, ciudadanas y obreras que se plantan frente a los ataques del capital contra el nivel de vida de los pueblos.

El despertar del pueblo chileno mostró al mundo el verdadero significado del “oasis” neoliberal, y la clase obrera francesa, en una huelga con pocos puntos de referencia en ese país, está hiriendo de muerte a la reforma de la previsión social. La incertidumbre que esto lleva a los mercados puede medirse también por el juicio político a Donald Trump aprobado recientemente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Por su parte se ha confirmado que la recesión en el terreno de la producción mercantil ya es global, que se mantiene el pobre crecimiento económico de las principales economías, que continúa la caída en la evolución del comercio mundial, y que crece el volumen de deuda corporativa y de los ciudadanos, al tiempo que se espera una reestructuración de la deuda soberana de Argentina que ha entrado, de hecho, en un nuevo default.

Más allá de las señales positivas que buscan y pretenden transmitir los operadores financieros, la perspectiva de que se aproxima una nueva crisis se mantiene y las razones hay que buscarlas en la profunda depresión del sistema capitalista que lleva ya más de una década.

Depresión económica y proteccionismo

Como señalábamos en agosto de 2918 [1] la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China se explica por un proceso económico estructural que recorre a todo el sistema capitalista desde el último crack producido en 2008.En otras palabras no es la causa de la actual tendencia a la recesión sino la consecuencia de la crisis, por eso las treguas serán episódicas y los acuerdos que se alcancen no resolverán los problemas de fondo.

La actual depresión es, por su duración y magnitud la tercera de su tipo en el capitalismo moderno. La primera de ellas se manifiesta entre 1870 y 1890, y desemboca en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y la segunda se produce a partir del colapso de 1929 y culminaría en la Segunda Guerra.

En los últimos diez años el crecimiento no ha recuperado el nivel previo a la crisis de 2008, la inversión productiva mantiene su curva descendente y la productividad del trabajo no ha crecido. Es decir que todos los principales indicadores para medir la salud del sistema están mostrando un deterioro constante. Es una característica de estos periodos depresivos el proteccionismo, con sus consecuentes disputas comerciales.

Decadencia imperialista y estancamiento económico

A pesar de los niveles que ha alcanzado la especulación del capital financiero la economía muestra claros síntomas de estancamiento prolongado: El crecimiento de Estados Unidos en el último trimestre, el periodo que va de julio a septiembre, muestra un crecimiento mediocre de 2,1%, menor que el del trimestre anterior pero superior a las del resto de las economías del G7.

Así por ejemplo Canadá ha crecido el 1,7, Japón el 1,5 la Unión Europea al 1,2 y el Reino Unido a 1%. Mientras tanto el FMI pronostica apenas un crecimiento de 2,5% de la economía mundial. Por otra parte China y la India tendrán su peor crecimiento en casi 30 años.

La decadencia imperialista se expresa además por otros dos factores centrales para medir la vitalidad del sistema: el crecimiento de la inversión productiva y el de la productividad del trabajo. Ninguno de ellos logra salir de los parámetros de estancamiento de la última década.

Como señala Michael Roberts en su artículo El mundo de fantasía continúa [2] : Según la Junta de la Conferencia de los EE. UU., a nivel mundial, el crecimiento de la producción por trabajador fue del 1.9 por ciento en 2018, en comparación con el 2 por ciento en 2017 y se prevé que regrese al crecimiento del 2 por ciento en 2019. Las últimas estimaciones extienden la tendencia a la baja en el crecimiento de la productividad laboral global de un tasa promedio anual de 2.9 por ciento entre 2000-2007 a 2.3 por ciento entre 2010-2017. Esto significa que el tan anunciado incremento de la productividad del trabajo con la utilización de las nuevas tecnologías no ha llegado aún.

Llegamos a la clave del estancamiento, la débil y decreciente inversión productiva. Según los datos obtenidos esta se encuentra alrededor de un 30% por debajo de los niveles que había alcanzado antes del crack de 2008. Esta debilidad en la inversión se debe fundamentalmentecomo, a que las ganancias en la economía productiva siguen cayendo, confirmando una vez más, por si hiciera falta, la ley de Marx a la caída de la tasa de rentabilidad.

La amenaza de la deuda corporativa y la sobreacumulación del capital ficticio

Otro de los índices que ha sobrepasado peligrosamente los niveles previos al estallido de 2008 es el que hace a las deudas corporativas. La deuda de las compañías es casi tres veces más de lo que era a fines de 2008, llegando en la actualidad a 8 billones de dólares, un 50% superior a inicio de la recuperación en 2011.

Mientras que la propia calificación de los créditos ha deteriorado su calidad, así esta deuda de baja calidad es hoy el doble de lo que representaba entonces. Esto sin tener en cuenta las llamadas empresas zombis, es decir empresas que no alcanzan a obtener ganancias suficientes como para pagar sus deudas y siguen funcionando gracias a seguir aumentando sus deudas. Según estimaciones de consultoras financieras hay en la OCDE 548 de estas compañías, un nivel apenas inferior que las que hubo en el momento más crítico de 2008.

La baja tasa de ganancia en los sectores productivos que señalábamos más arriba estimula la sobreacumulación de capital ficticio. El principal destino de la rentabilidad que obtienen y el efectivo que atesoran las empresas está destinado a la especulación financiera.

Las operaciones fundamentales a que se destina esta especulación son tanto en Estados Unidos como en Europa, la recompra de acciones de las propias compañías que se ha convertido en la categoría más grande de inversión en activos financieros, alcanzando la cifra de 1 billón de dólares.

El coctel de deuda y especulación financiera está provocando una sobreacumulación de capital ficticio que ya está en los niveles previos a la crisis de 2008.

Entonces, aunque no se ha producido aún la recesión que temían los operadores financieros desde octubre pasado y al mantenerse las ganancias obtenidas de la especulación, esperan en 2020 repetir la performance de 2019, un objetivo que por cierto significa apenas continuar con el estancamiento.

El hecho es que no esperan reiniciar un ciclo de crecimiento vigoroso del sistema, y que frente a esta esperanza pobremente optimista la alternativa sigue siendo que el sistema reproduzca la lógica de sus crisis repitiendo un nuevo crack de consecuencias imprevisibles.

El camino que deberemos recorrer en 2020 transita entre el proceso de rebeliones que continuarán conmoviendo al mundo y la perspectiva de una nueva crisis económica mundial.  

Por Carlos Carcione

Rebelión


Notas:

[1] Proteccionismo y crisis económica mundial: ¿Cuál es la lógica de la guerra comercial de Trump? http://lis-isl.org/2018/08/17/proteccionismo-y-crisis-economica-mundial-cual-es-la-logica-de-la-guerra-comercial-de-trump/

[2] https://thenextrecession.wordpress.com/2019/11/28/the-fantasy-world-continues/

Carlos Carcione. Coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

Publicado enEconomía
Miércoles, 18 Diciembre 2019 09:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Publicado enColombia
La falsa generosidad de los superricos, por qué Bill Gates es una amenaza para la sociedad
 

Si Gates representa una fuerza negativa neta en la política mundial, ¿por qué recibe tan buena prensa? Para empezar, hace importantes donaciones a una gran cantidad de medios de comunicación corporativos. 


El mes pasado, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, superó al CEO de Amazon, Jeff Bezos, para convertirse una vez más en el individuo más rico del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Animado por un enorme aumento del 48 por ciento en el precio de las acciones de Microsoft este año, Gates ha retomado el título que tuvo por última vez en 2017.

Ese resultado se debe en parte a los caprichos de Donald J. Trump. Recientemente Microsoft sorprendentemente derrotó la oferta de Amazon por un contrato de computación en la nube para el Pentágono extremadamente lucrativo de 10.000 millones de dólares que convertirá instantáneamente a la compañía en uno de los contratistas militares y de seguridad más importantes del mundo. Esta decisión - alega Amazon - se debió a la interferencia del presidente que guarda rencor personal contra Bezos, cuyo Washington Post ha mantenido una campaña de "resistencia" contra él.

Gates también apareció recientemente en las noticias atacando el impuesto al patrimonio que han propuesto los candidatos demócratas a la nominación presidencial Elizabeth Warren y Bernie Sanders. "Estoy totalmente a favor de los sistemas impositivos superprogresivos, pero cuando dices que debo pagar 100.000 millones, empiezo a hacer un poco de matemática sobre lo que me queda", dijo el nativo de Seattle . (Según registro, todavía tendría más de 6.000 millones).

En respuesta, Warren se disculpó y solicitó la oportunidad de reunirse con Gates para explicar cuánto pagaría en virtud del plan. "Prometo que no son 100.000 millones", dijo . Pero Sanders ha sido mucho más directo en su oposición a los superricos, declarando categóricamente "los multimillonarios no deberían existir".

En todos los medios Gates se presenta como uno de los "buenos multimillonarios", un filántropo de buen corazón dedicado a regalar toda su fortuna a causas necesitadas. Su organización caritativa, la Fundación Bill y Melinda Gates, es la más grande de su tipo en el mundo, con más de 50.000 millones de dólares en activos. Su visión y generosidad se enfatizan constantemente en los titulares, como lo demuestran los siguientes ejemplos.

"Bill Gates: filántropo", BBC , (2/1/10).

"Por qué Bill Gates piensa que acabar con la polio vale la pena", NPR , (5/8/13).

"Cómo Bill Gates pretende limpiar el planeta", The Guardian , (2/4/18).

"Lo que Einstein y Bill Gates nos enseñan sobre el viaje en el tiempo", NBC News , (5/10/17).

"Bill Gates y otros multimillonarios se comprometen a asumir el cambio climático", NPR , (30/11/15).

"Bill Gates sobre acabar con la enfermedad, salvar vidas: 'El tiempo está de nuestro lado'", Al-Jazeera , (27/04/19).

"Bill Gates da 4.600 millones de dólares a la caridad en la mayor donación desde 2000", The Guardian , (15/8/17).  

Hay algunos problemas con esa narrativa. En primer lugar, si Gates está tan comprometido en regalar su dinero, ¿por qué sigue enriqueciéndose? Esta no es una pregunta trivial, su patrimonio neto ha aumentado de 75.000 millones de dólares en marzo de 2016 a la asombrosa cifra de 106.000 millones de dólares en la actualidad - según la revista Forbes- un aumento de más del 40 por ciento en solo tres años.

Lee Camp , un comediante político que cubre en su programa Redacted Tonight temas como la desigualdad rampante, dijo a Mint Press News:

“Es una enfermedad de nuestro sistema que incluso existan multimillonarios. La ONU estima que harían falta 30.000 millones de dólares para acabar con el hambre mundial por año. Gates o Bezos podrían acabar con el hambre en el mundo por varios años. Ni siquiera podemos comprender ese nivel de riqueza. Es una sociopatía. Así que no digo que Gates no haga cosas buenas a veces, pero no debe ser visto como un héroe. Todos los multimillonarios deben ser vistos como enfermos de la cabeza. Necesitan profesionales de la salud mental para trabajar con ellos antes de que sea demasiado tarde para la humanidad".

No existen los regalos gratis dice Linsey McGoey, profesora de sociología de la Universidad de Essex, Reino Unido y autora de No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy . Es profundamente escéptica sobre la filantropía en general, afirmando que en realidad y a la larga, puede dañar la democracia."La filantropía puede y se está utilizando deliberadamente para desviar la atención de las diferentes formas de explotación económica que sustentan la desigualdad global en la actualidad", dijo a Mint Press News.

“El nuevo 'filantrocapitalismo' amenaza la democracia al aumentar el poder del sector corporativo a expensas de las organizaciones del sector público, que enfrentan cada vez más restricciones presupuestarias, en parte al remunerar excesivamente a las organizaciones con fines de lucro para prestar servicios públicos que podrían prestarse de manera más económica sin participación del sector privado".

Por lo tanto, las grandes donaciones otorgan a Gates un enorme poder sobre la educación, la salud y las políticas sociales de países enteros.

¿A dónde van los miles de millones de Bill?

Como señaló el Departamento de Asuntos Exteriores, "pocas iniciativas políticas o estándares normativos establecidos por la Organización Mundial de la Salud se anuncian antes de que el personal de la Fundación Gates las haya examinado de manera informal y no oficial". En este sentido, su riqueza es extraordinariamente antidemocrática, lo que le otorga poder de veto sobre las decisiones y direcciones de las organizaciones que deberían ser tomadas colectivamente por los más altos representantes de la población mundial y no por un hombre muy rico. Y Gates está lejos de ser omnipotente, ya que sostiene muchas de las suposiciones condescendientes sobre los países en desarrollo y la mejor forma de organizar el mundo que uno esperaría que tuviera un rico friki de la tecnología estadounidense.

McGoey explica el problema con esta actitud corporativa hacia el desarrollo:

“La Fundación Gates lleva veinte años defendiendo implacablemente las 'soluciones empresariales' para la desigualdad y la pobreza. A través de este enfoque corporativo, el Sr. Gates personalmente y la Fundación Gates en general han mejorado el poder y la influencia de las corporaciones en todos los niveles de toma de decisiones, a nivel regional, nacional e internacional. La Fundación Gates ha ayudado a hacer de la filantropía una doncella para el poder corporativo en lugar de ayudar a que el sector sin fines de lucro actúe como un control sobre las ganancias corporativas y los abusos de poder". https://twitter.com/betty__cam/status/1196933769862643713  

Un ejemplo de cómo la Fundación aumenta el poder corporativo es su estrecha relación con la muy controvertida farmacéutica y química gigante Monsanto Corporation, a quien ayudó a obtener una posición más fuerte en África. También supervisó un defectuoso ensayo clínico de la vacuna contra el VPH en India en 2009, donde 23.000 niñas pobres de entre 9 y 15 años estuvieron expuestas a medicamentos potencialmente letales sin el consentimiento de sus padres, provocando siete muertes. También está obsesionado por controlar la población de África a través de la planificación familiar, por temor a un aumento de la población . Como tal, parece estar más interesado en eliminar a las personas que sufren más que en la fuente del sufrimiento mismo.

Gates es también una de las personas más importantes que lidera el asalto a la red de educación pública estadounidense en forma de “escuelas chárter”. Dichas escuelas privatizan efectivamente el sistema de escuelas públicas, donde el público sigue pagando la factura de la escuela, pero no tiene influencia ni interviene en cómo se administra. No se ha encontrado que aumenten los puntajes de los exámenes, pero son muy populares tanto en el sector privado como en el derecho religioso, mientras que la gran mayoría de los maestros de escuelas públicas sindicalizados se oponen a ellas. Pero, como declaró Associated Press , "no hay un campeón más grande [de escuelas autónomas] que Bill Gates", que ha invertido enormes cantidades de dinero en el movimiento, incluso financiando el documental de escuelas autónomas Esperando a Superman.

Poder adquisitivo e influencia

Si Gates representa una fuerza negativa neta en la política mundial, ¿por qué recibe tan buena prensa? Una razón pueden ser sus importantes donaciones a una gran cantidad de medios de comunicación corporativos. Por ejemplo, la Fundación Gates suscribe toda la sección de Desarrollo Global de The Guardian y le ha dado al periódico británico más de 9 millones de dólares . Al estudiar su base de datos de donaciones, se deduce que también ha contribuido con más de 3 millones NBC Universal, más de 4 millones al influyente periódico francés Le Monde, más de 4,5 millones NPR1 millón Al-Jazeera, y la asombrosa cantidad de 49 millones de dólares para el programa Media Action de la BBC, por nombrar solo algunos. El que paga al flautista -se dice- elige la melodía. McGoey afirma que el motivo de que los multimillonarios donen a las organizaciones de medios es principalmente "para ayudar a legitimar la idea espuria de que los grandes actores corporativos pueden rectificar los daños económicos y la desigualdad económica que a menudo sus prácticas han agravado".

Gates mismo es el jefe de un gigantesco imperio mediático. Ya confiamos a Microsoft las redes sociales (LinkedIn), entretenimiento (Xbox), hardware y software como Windows Phone y Windows OS. La compañía también posee participaciones en gigantes de los medios como Comcast AT&T . Y la "MS" en " MSNBC " significa "Microsoft".

Es una historia similar a la de Jeff Bezos, quien, además de las innumerables empresas de medios de Amazon, posee el Washington Post, que el grupo de vigilancia de los medios Fairness and Accuracy in Reporting ha demostrado constantemente que desciende a poco más que un medio de propaganda para los intereses de su jefe. Parece que una vez que los multimillonarios han comprado todo el material mundano posible, lo único que queda por comprar son el poder y la influencia.

Si bien los medios de comunicación pueden estar llenos de historias que cantan las alabanzas de Gates, presentándolo como un buen multimillonario (a diferencia del presidente actual), la realidad es que un hombre con esa cantidad de poder, ya sea político (como Trump) o económico (como Gates y Bezos) tiene un efecto altamente corrosivo en la democracia y la sociedad en general.  

Si bien son retratados como visionarios, los multimillonarios a menudo se ven de otras maneras muy importantes. Justo cuando aparecían informes sobre los bajos salarios de los trabajadores de Amazon y las impactantes condiciones de trabajo Bezos declaró que la única forma en que podía gastar los recursos financieros que acumulaba era explorando el sistema solar y más allá. Compartir las ganancias con su mano de obra asediada parece que realmente no se le ha ocurrido.

Si queremos avanzar hacia una sociedad mejor la filantropía de los superricos debe ser examinada, ya que con demasiada frecuencia lo que parece ser un regalo generoso es en realidad una acción calculada destinada a aumentar su poder, imagen o influencia. Como dijo el exprimer ministro británico Clement Attlee, “La caridad es una cosa fría, gris y sin amor. Si un hombre rico quiere ayudar a los pobres, debe pagar sus impuestos con gusto, no repartir dinero a su antojo”. Bill Gates no es solo un tipo rico que no está seguro de querer pagar más impuestos, es una amenaza para la sociedad. 

Alan MacLeod es escritor del equipo de Mint Press, así como académico y escritor de Fairness and Accuracy in Reporting. Su libro, Bad News from Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting fue publicado en abril.

Por Alan Macleod

Mint Press News

Traducido del inglés Para Rebelión por J. M.

Publicado enSociedad
Sábado, 07 Diciembre 2019 17:02

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Paro Nacional: exigencias y finanzas públicas

Un país que busca zafarse del histórico lastre de desigualdad, opresión, explotación, injusticia, violencia y corrupción que lo caracteriza, eso es lo que destaca por estos días con las notorias movilizaciones de juventud que vive un presente de negaciones y reconoce en sus progenitores un futuro de amplias carencias y frustraciones. El fin del modelo neoliberal, y la vivencia de democracia directa, integral, plural y plebiscitaria resume las demandas levantadas por las nuevas generaciones. En perspectiva de ello, este artículo compara las exigencias de la protesta social y el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020.

 

El Comité nacional de Paro de manera enfática y enérgica declara: “mientras no haya una solución real a los 13 puntos no se suspende la protesta social”. Del otro lado, el presidente Iván Duque, quien de manera arrogante y autoritaria trató de desconocer las protestas y reprimirlas violentamente, aceptó finalmente llevar a cabo un diálogo directo con los voceros de las protestas sociales a nivel nacional. Sin embargo, el primer encuentro entre las partes, el martes 3 de diciembre, terminó sin avances para delinear una hoja de ruta o definir la metodología para negociar el pliego de exigencias. El Gobierno busca dividir al movimiento, polarizar a la sociedad, desatar el miedo, desgastarlo vía agotamiento y conducir el debate hacia temas abstractos e intrascendentes.

El contexto en medio del cual está planteada la negociación no puede ser más revelador de la arrogancia oficial: el Presupuesto General de la nación 2020 (PGN) ya está aprobado por el Congreso, recinto donde prosigue el trámite de la reforma tributaria de aliento gubernamental y, además, se mantiene como fiera al asecho el nuevo paquete de reformas neoliberales promovido por la Ocde, el FMI y la extrema derecha colombiana.

No obstante, en el campo de fuerzas en pugna todavía se encuentran espacios político y financieros para adelantar reformas estructurales. Por ejemplo, se pide, de parte de la ciudadanía democrática, poner fin a la sangrienta historia de pogromos aplicada por las élites dirigentes como método de reproducción de su poder y adelantar reformas que promuevan el desarrollo social, la democracia y la dignidad humana. Un caso emblemático puede ser, de llegar a conquistarse esta exigencia, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios y reorientar el gasto improductivo que implica mantener esta unidad especial de la Policía nacional hacia el financiamiento de la educación pública (Recuadro: Esmad, violencia, represión y educación).

 

Los puntos en la mesa de negociación

 

El movimiento social que nutre el Paro nacional, integrado por sindicatos, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, pensionados, profesionales, defensores de derechos humanos, intelectuales democráticos y ciudadanía consciente, rechazan enfáticamente las reformas laboral y del régimen de pensiones que aseguran prepara el Gobierno y que éste niega, así como el plan de privatizaciones, la falta de compromiso de la administración Duque con el Acuerdo de Paz, la reforma tributaria impulsada por el Presidente con el fin de aliviar las cargas impositivas al gran capital y gravar aún más a las clases media y popular; además, exige medidas contra el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, ex-combatientes de las Farc, ambientalistas y defensores de derechos humanos, poner fin a la corrupción y ampliar el gasto social, entre otras causas (Recuadro: Las 13 reivindicaciones en litigio).

 

Indicadores de sufrimiento social

 

Un país de extremos. En una de sus caras una oligarquía que concentra tierra, industria, bancos, comercio, propiedad accionaria, con exabruptos como que el 1 por ciento concentra el 20,5 por ciento del total de ingreso y la riqueza de Colombia, según la información tributaria, por lo cual la nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La desigualdad social, según estudios de la Cepal, es resultado de una compleja matriz de determinantes, que se asienta en la heterogeneidad estructural de sus sistemas productivos y en la cultura del privilegio; la pertenencia a distintos estratos socioeconómicos o clases sociales constituye uno de los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, junto con el género, la edad (ciclo de vida), la condición étnico-racial y el territorio, entre otros.

La otra cara de la concentración de la riqueza es la pobreza generalizada de la población; en 2019 el 27,2 por ciento vive bajo condiciones de insatisfacción de sus necesidades esenciales para poder llevar un mínimo de vida digna. El modelo de economía rentista, excluyente y extractivo que impuso la oligarquía criolla no genera empleo decente: una décima par- te de la fuerza de trabajo se mantiene en desempleo abierto y el 65 por ciento vive del rebusque y labora en condiciones informales, precarias y de bajo ingreso.

Durante la administración Duque los indicadores del sufrimiento social han detenido sus tendencias positivas y comienzan a dar muestras de deterioro y empeoramiento tanto en la violencia, la desigualdad y la pobreza como en las tasas de desempleo. Las modificaciones impulsadas por su gobierno de conceder un descuento del 100 por ciento del impuesto a las ventas (IVA) a la importación de bienes de capital, con un costo fiscal anual para la nación de $6,5 billones, provoca la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías modernas con la consiguiente destrucción de más puestos laborales. Una medida, que de ser aprobada, promoverá la destrucción de puestos de trabajo, una realidad en aumento: durante octubre de 2018 a octubre de 2019 se eliminaron 285.000 empleos, la tasa de desempleo pasó de 9,1 a 9,8 por ciento; la cifra de desempleo promedio durante 2019 es de 10,7 por ciento (Gráfico 1). A las personas hundidas en la pobreza se les une ahora una población superflua confinada en suburbios o aislada en el inhumano sistema carcelario.

El presupuesto General de la Nación 2020

 

El PGN es, en Colombia, el reflejo del antagonismo de clases. Es cuidadosamente planeado y perfilado para favorecer a los más ricos y exprimir cada vez más a los trabajadores, a los pobres y a la clase media. La hacienda pública es una maquinaria de gasto improductivo y corrupción que favorece a las élites políticas, empresarios, fuerzas armadas y de policía, tecnócratas y al capital financiero transnacional. Las finanzas públicas no se corresponden con las necesidades del desarrollo económico y social sostenible, a pesar que su participación en el producto bruto nacional va en creciente desde la segunda mitad del siglo XX. Su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión o elusión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases medias y populares, además del endeudamiento público (externo e in terno) de carácter estructural; y su sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento y una propensión errática de la inversión pública y de los gastos de bienestar social. El proceso de expansión del Estado tiene, entonces, no un sentido orgánico y virtuoso, sino una dirección burocrática, rentista, corrupta, autoritaria, guerrerista y represiva (Ver diagrama del Presupuesto General de la nación, 2020).

El valor total del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el año 2020 está estimado en 271,7 billones de pesos. Las fuentes de los ingresos provienen principalmente de los impuestos directos, esto es, impuesto sobre la renta y complementarios (26%), los impuestos indirectos, como el tributo a las ventas, al consumo y a la gasolina, entre otros (32,3%) y los recursos de capital de la nación, esto es, excedentes financieros y recursos de endeudamiento externo e interno (29,9%); los establecimientos públicos aportan el 6,4 por ciento de los ingresos del Presupuesto nacional.

La estructura del gasto se distribuye de la siguiente manera: Servicio de la deuda pública externa e interna (21,5%), funcionamiento (63,6%) e inversión (14,9%). El comparativo entre los presupuestos generales de 2019 y 2020 permite destacar los siguientes hechos: i) el PGN aumenta 9 por ciento; como proporción del PIB eleva su participación de 23,9 a 24,3 por ciento; ii) los gastos de funcionamiento crecen en 9,9 por ciento, en relación al PIB con- centran 15,0 en 2019 y 15,4 por ciento en 2020; iii) el crecimiento económico viene dependiendo del rápido endeudamiento público, entre 2019-2020 aumentó el servicio de la deuda en 14,2 por ciento (5% del PIB en 2019 y 5,3% en 2020); según las cuentas alegres y desacertadas del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2019, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6 por ciento del producto inter- no bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de nuevas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, y la postergación del pago de capital, la cifra escalará al 56 por ciento del PIB en el Gobierno Duque (2018-2022); iii) en contraste, la inversión decae en 0,9 por ciento; en proporción del PIB la inversión pierde participación al pasar de 3,9 en 2019 a 3,6 por ciento en 2020 (además, según informes de la CGN, una cuarta parte de los recursos de inversión son desviados a través de prácticas corruptas).

De acuerdo con la Ley del PGN 2020, las partidas presupuestales con mayor incidencia son las siguientes: i) Salud, educación, agua potable y propósito general a través del SGP: $43,8 billones; ii) Pensiones: $43,3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la nación (el 80% de los subsidios se orienta al 20% de quienes devengan las pensiones más altas: clase política y altos funcionarios del Estado); iii) Aseguramiento en salud: $19,3 billones; iv) Otras transferencias para educación (Instituciones de Educación Superior Públicas, Fondo de prestaciones del magisterio): $6 billones; v) Fuerzas, militares, policía, Fiscalía y Justicia: $47.7 billones.

Al distribuir el 100 por ciento del gasto, según las funciones principales que desempeña el Estado colombiano, se tiene, sobre un 100 por ciento: i) Servicio de la Deuda Pública nacional: 21,5%, ii) Desarrollo social, trabajo y cultura: 44,9%, iii) Ciencia, tecnología e innovación, crecimiento económico e infraestructura: 5,9%, iv) Fuerzas militares, policía y justicia: 17,5%, sostenibilidad ambiental y Corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible: 0,4%, v) Dirección del Estado, normatividad, control, fiscalización, regulación y políticas públicas: 9,8%.

En Colombia, la distribución del gasto social por funciones se orienta principal- mente al asistencialismo y la protección social; esta función concentra el 43,9 por ciento del gasto social (los recursos destinados a las políticas de protección social consideran los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, transferencias condicionadas en efectivo a hogares pobres, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva). La distribución del gasto social en las otras funciones es, en términos porcentuales: educación: 26,4; salud: 24,0; vivienda y servicios comunitarios: 4,1; recreación, deporte y cultura: 1,2; protección del medio ambiente: 0,5.

El gasto social viene cayendo en Colombia, medido como proporción del PIB o en dólares constantes de 2010 per cápita**. El gasto social representaba el 13,4 por ciento del PIB en 2017 y bajó a 12,6 en 2018; de otra parte, en dólares constantes per cápita cayó de 1.016 a 975 en estos dos años. El gasto social, como proporción del PIB, es significativa- mente más bajo en Colombia respecto a otros países de América Latina en 2018: Uruguay (17,2%), Brasil (17,7%), Chile (16,4), Argentina (13,5%).

 

 

¿Hacia dónde quiere llevar al país la extrema derecha?

 

Colombia es un país gobernado por la extrema derecha, a pesar que el centro es la opción por la cual se inclina la mayoría de connacionales. En la Encuesta de Cultura Política, aplicada a personas mayores de 18 años, el Dane realiza la siguiente pregunta respecto a la posición ideológica de la población: En una escala de 1 a 10, donde 1 significa izquierda y 10 significa derecha ¿dónde se ubicaría usted? En la aplicación de la encuesta en el año 2019, el 41,0% de las personas residentes en las cabeceras municipales y el 34,6% de la población en centros poblados y rural disperso se ubicaron en la posición ideológica de Centro. En la posición ideológica de Derecha se ubicó el 25,4% de las personas en cabeceras municipales y el 31,5% de la población en centros poblados y rural disperso. La posición ideológica de Izquierda, fue elegida por el 12,2% y 10,0% de la población de cabeceras y centros poblados-rural disperso, respectivamente.

El candidato del partido de la extrema derecha, el Centro Democrático, Iván Duque, se convirtió en octubre de 2018 en el presidente de Colombia en unas elecciones muy reñidas en las que su contendor Gustavo Petro logró la votación más alta de la historia de la izquierda en el país. El ungido de Uribe pasó del 39% logrado en la primera vuelta a un 54% en la segunda y decisiva que lo puso como el nuevo habitante de la Casa de Nariño. Duque obtuvo 10.372.697 votos frente a los 8.034.087 logrados por Gustavo Petro; el voto en blanco se ubicó en el 4% con 808.333 votos. Tras cumplir los pri- meros 100 días de gobierno, se desplomó la popularidad de Iván Duque de 53,8 a 27,2 por ciento. A finales de noviembre de 2019, la encuesta de Invamer que se llevó a cabo durante las jornadas de pro- testa, la aprobación de la gestión del presidente Duque cayó en picado y apenas alcanza el 24 por ciento. En conclusión, a Duque actualmente lo apoya únicamente la población militante e ideológicamente fanática de los partidos políticos de la ex- trema derecha, en concordancia con los resultados de la encuesta de Cultura Política del Dane.

El ascenso atemorizador en el país de la extrema derecha está bien expresada por el ultraneoliberalismo radical de los partidos y organizaciones políticas, por el maniqueísmo y fundamentalismo político y religioso de las sectas cristianas y evangélicas, por las fuerzas guerrerista del ejército, la policía y los paramilitares, por la intelectualidad autoritaria y anti- democrática, por el sector empresarial clasista y la fuerza terrateniente premoderna, todos apoyados por el monopolio de los medios de comunicación, las organizaciones financieras internacionales (FMI y BM) y el gobierno conservador estadounidense. Durante el Paro nacional, el gobierno y las fuerzas de extrema derecha han hecho acopio de las tradicionales tácticas y estrategias utilizadas por los fascistas en estas circunstancias: generar terror dentro de las clases medias, implementar políticas que favorecen al gran capital, tomar medidas autoritarias y represivas, asesinato de opositores, desconocimiento de la protesta social, instalar la mentira como eje de la propaganda oficial y mostrar arrogancia frente a la ciudadanía democrática y sectores populares, además de exhortar la lucha de clases, el racismo, la violencia de género y etaria, la xenofobia y la homofobia.

La pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué vendrá después del conservadurismo atroz de la derecha colombiana que domina la política, la institucionalidad, la economía y el presupuesto público? Los sectores más fanáticos de los partidos de extrema derecha están presionando al gobierno de Duque para implementar una política militarista de tierra arrasada que pueda degenerar en un genocidio y apurar con la puesta en vigencia del “paquetazo” neoliberal. Entre tanto, el 79 por ciento de los encuestados por Invamer considera que las cosas van empeorando en el país y están indignados por el ejercicio bárbaro y deshumanizante del poder y el control político ejercido históricamente por esta oligarquía lumpen y sus esbirros que la protegen. No más explotación, opresión, corrupción, mentira, manipulación y violencia asesina es lo que pide la ciudadanía decente, digna y democrática. El Gobierno no cuenta con legitimidad ni tiene gobernabilidad. El momento es disruptivo; las nuevas generaciones exigen una democracia radical, pluralista y revolucionaria. ¿Se atreverá la extrema derecha, como históricamente lo ha practicado desde la Conquista, la Colonia y la Independencia, a realizar un nuevo genocidio o pogromo (saqueo y matanza de gente indefensa) para preservar sus eternos y excluyentes privilegios de clase y continuar reproduciendo por siempre su poder monopólico?

** Cepal, Panorama Social de América Latina 2019.
* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


Esmad, violencia, represión y educación


El Esmad, instrumento violento y represor fue creado durante el gobierno del partido conservador, representado por Andrés Pastrana, en el año 1999; la adminis- tración Duque lo reforzó con grupos antisurgentes provenientes del ejército. Con su desmonte, el país, de una parte, se ahorraría medio billón de pesos y evitaría que este grupo de gamberros siga cometiendo violaciones a los derechos humanos y vulnerando la dignidad humana, y de otra, podrían aumentarse los recursos finan- cieros del sistema educativo. El Esmad cuenta con 3.876 integrantes, 3.770 hombres y 106 mujeres, y operan con un presupuesto anual que supera los 490.000 millones de pesos. Del sistema educativo hacen parte 12,5 millones de estudiantes, 80,5% en la educación básica y 19,5% en la educación superior; el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Nacional para el año 2020 es de 43,1 billones de pesos (funcionamiento e inversión). El costo anual de cada miembro del Esmad es de 126,5 millones de pesos y el gasto por estudiante de 3,5 millones; en consecuencia, con el pago a cada agente del Esmad se pueden financiar 37 estudiantes. La elección es entre malgastar el presupuesto público en rubros que suscitan el conflicto armado o construir un futuro en paz, con desarrollo socio-económico y dignidad humana. Colombia es el país que más gasta, en cifras absolutas y relativas al PIB, en compra de armamento y financiamiento de una desmesurada fuerza represiva.

 


Recuadro

 

Las 13 reivindicaciones en litigio

 

Los puntos sobre la mesa colocados por el Comité Nacional de Paro Nacional son los siguientes:

1. Retiro del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Los cambios marginales que se introdujeron en la reforma tributaria, como respuesta al paro nacional (3 días sin IVA y reducción parcial en el pago de salud de las pensiones inferiores a un salario mínimo), no fueron impedimento para que el texto que actualmente se debate en el Congreso mantengan los beneficios tributarios a las empresas; estos cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ aún le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el año 2020, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. El día martes 3 de diciembre de 2019, las comisiones económicas del Congreso, en sesión conjunta, aprobaron la reforma tributaria en primer debate, la cual consta de 136 propuestas.
2. Derogatoria inmediata del Decreto 2111 del 2019, por el cual se crea el Holding Financiero. El gobierno nacional tiene participación directa e indirecta en dieciocho (18) entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o que desarrollan actividades conexas al servicio financie- ro público. El valor patrimonial de estas entidades asciende a $15,8 billones de pesos, de los cuales la participación de la Nación equivale a $14,9 billones de pesos. Con esta medida el Gobierno busca con- solidar un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados de carácter privado que existen en el país.
3. Derogatoria de la Circular N° 049 de 2019 sobre estabilidad laboral reforzada
4. Disolución del Esmad y depuración de la Policía Nacional, responsables del asesinato del joven estudiante Dilan Cruz.
5. El Gobierno se abstendrá de tramitar la reforma al Sistema de Pensiones. Esta busca aumentar la edad de pensión, equiparar las edades para pensionarse entre mujeres y hombres, aumentar de 16 a 20% las contribuciones, incrementar las semanas de pago, reducir el porcentaje de los beneficios y acabar con el sistema de reparto medio y Colpensiones.
6. El Gobierno se abstendrá de realizar reformas laborales, tramitando además la derogatoria de los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno ha considerado establecer un salario del 75% respecto al SML para la contratación de jóvenes (14 a 29 años).
7. El Gobierno no adelantará proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria. Un total de 160 billones de pesos, unos 50.000 millones de dólares, es el ‘avalúo’ de las propiedades del Estado que, tras la aprobación del Plan de Desarrollo, quedaron más expuestas a la privatización. El Ministerio de Hacienda ya presentó ante el Congreso el Plan de Enajenaciones, con lo cual quedan oficialmente disponibles para que cualquiera de ellas sea puesta en venta. La cartera de las finanzas públicas ha hablado de echar mano de las privatizaciones, entre 2019 y 2022, para disponer de 30 billones de pesos, de los cuales, 6 billones (0,6%) del PIB ya están incluidos en el Plan Financiero. Los posibles activos colocados en la lista de ventas públicas están conformados por Ecopetrol, Cenit (filial de Ecopetrol en transporte de hidrocarburos) e Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).
8. El Gobierno iniciará de inmediato con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior y el actual Gobierno entre otros: Estudiantes universitarios, Organizaciones indígenas,Trabajadores estatales, Fecode, Sectores campesinos y agrarios
9. Trámite con Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los pro- ductores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en este sector.
10. El Gobierno abordará con Defendamos La Paz, el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana.
11. Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción.
12. Derogatoria del impuesto o Tarifazo Nacional relacionado con el tema de Electricaribe. Desde el mes de octubre de 2019, entró en vigencia una sobretasa al servicio de energía que impacta directamente a los estratos 4, 5 y 6 de todo el país. Esta arbitraria sobretasa golpea la factura de 2,8 millones de clientes en viviendas y comercios. El Gobierno estima que anualmente se recaudarán con esta sobretasa cerca de 130.000 millones de pesos para subsanar las arcas de Electricaribe, empresa que registra un déficit en caja superior a 294.000 millones de pesos producto del saqueo a que fue cometido por las corruptas élites políticas de la Costa y las transnacionales que manejaron el negocio de la energía.
13. Definición de las políticas ambientales, protección de los páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

 

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Publicado enEdición Nº264
Martes, 17 Septiembre 2019 09:07

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

¿Quién eligió a Ursula von der Leyen?

Si hubo algo providencial en Europa en este julio de 2019 fue la canícula. Esta ocultó un asunto también revelador de los desarreglos actuales, claro que en este caso, democráticos. Cegados por el sudor, en efecto, pocos europeos se dieron cuenta de que el discurso político con el que los alimentaban desde hace por lo menos tres años acababa de ser dinamitado. Y la prensa, ocupada en otras “investigaciones”, no se esforzó mucho por hacer que se enteraran.


Centenares de millones de electores europeos eran acunados hasta entonces por un gran relato maniqueo. La política de la Unión Europea y la elección del 26 de mayo pasado se reducían al enfrentamiento entre dos campos: los liberales contra los populistas (1). Ahora bien, el 2 de julio, una vez concluida la elección de los eurodiputados, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión recomendó que la ministra demócrata-cristiana alemana Ursula von der Leyen se convierta en presidenta de la Comisión Europea. La idea se le habría ocurrido a Emmanuel Macron. Su sugestión, naturalmente, fue retomada por la canciller alemana Angela Merkel, pero también por… el primer ministro húngaro Viktor Orban.


Categorías artificiales


Sin embargo, desde su elección, el presidente francés no había dejado de jurar que se mostraría intratable frente a los nacionalistas y los “populistas”, generadores de “pasiones tristes”, “ideas que, tantas veces, encendieron los braseros donde habría podido perecer Europa”. Les “mienten a los pueblos” y les “prometen el odio”, había proclamado Macron (2), que incluso desistió de su irreprochable modestia para retar a dos de esos incendiarios, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y Orban: “Si quieren ver en mi persona a su principal oponente, tienen razón”.


El 16 de julio pasado, cuando los eurodiputados confirmaron la elección de los jefes de Estado y de Gobierno, las proclamas de campaña –“progresistas” contra nacionalistas– cedieron nuevamente el paso a una configuración política muy distinta. Los parlamentarios socialistas votaron unos en contra de Von der Leyen (los franceses y los alemanes, sobre todo), otros a favor (los españoles y los portugueses). Estos coincidieron con los nacionalistas polacos y los compinches de Orban. Es decir, precisamente aquellos a quienes Marine Le Pen cortejaba unos días antes para formar con ellos un grupo común en Estrasburgo… En definitiva, la candidata de Macron deberá su elección a la Presidencia de la Comisión Europea, conquistada gracias a una mayoría de solamente nueve votos, a una coalición heteróclita que comprendía a los trece parlamentarios húngaros fieles a Orban así como a los catorce eurodiputados “populistas” del Movimiento 5 Estrellas, en ese momento aliados a Salvini.


Semejante cartografía del escrutinio nos aleja con seguridad de las historietas que se fabrican todas las mañanas y que están dirigidas a los niños europeos juiciosos y disciplinados. No obstante, podemos apostar que, incluso cuando las temperaturas hayan vuelto a ser normales en el Viejo Continente, la mayoría de los periodistas seguirán remachando las categorías artificiales que les preparó a fuego lento Macron.

 

1. Véase Serge Halimi y Pierre Rimbert, “Liberales contra populistas, una oposición engañosa”, Le Monde diplomatique, edición Colombia, septiembre de 2018.
2. Discurso en La Sorbonne, París, 26-9-17.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Víctor Goldstein

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