Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras

El mandatario asumió el cargo este sábado en medio de violentas manifestaciones en las calles de Tegucigalpa en protesta por una reelección que consideran ilegítima


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió hoy su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.


Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.


Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país, con la banda presidencial cruzándole el pecho.


Solo cuando apareció sobre el pasto junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.


La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. Hasta el momentoEstados Unidos ha dado por bueno el resultado pero la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones al constatar graves irregularidades antes durante y después del día de votación. El conflicto desató una ola de protestas en todo el país que han dejado hasta el momento 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios quemados y saqueados.


Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando reconoció la división que su reelección ha generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.


Durante una hora, defendió su gestión en tres aspectos: la economía, la reducción de homicidios y su lucha contra la corrupción. “Hemos reducido los homicidios y pusimos en orden las finanzas públicas. Somos el país que mejor lo hizo en Centroamérica” presumió. Sobre corrupción, en un ejercicio de impúdico de funambulismo, el mandatario citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como ejemplo de su compromiso solo unos días después de que el Congreso mutilara las principales competencias de esta Comisión creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la impunidad.


Desde hoy Juan Orlando tendrá que gobernar un país de más de nueve millones personas, que expulsa anualmente 75.000 migrantes y que produce cada año cinco millones de piñas.


Sin embargo, el enérgico abogado de 49 años, que con 22 entró en política, es hoy un mandatario sobre el que recaen sospechas de fraude electoral y acosado por la corrupción y el narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía está señalado por encubrir el envío de una tonelada de cocaína.


“Soy Juan Orlando Hernandez y estoy listo para darlo todo por honduras, por mi pueblo, por todos...el trabajo lo vence todo”, terminó gritando mientras agitaba el puño a la multitud que lo aplaudía. Mientras esto ocurría una batalla campal entre policías y manifestantes se libraba en las calles de Tegucigalpa.

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Graves incidentes en Honduras antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández

La tensión crece en Honduras a una semana de que el presidente Juan Orlando Hernández jure el cargo para un nuevo mandato. Cientos de manifestantes salieron a las calles este sábado para bloquear carreteras del país centroamericano y oponerse a lo que consideran la consumación de un fraude electoral en las elecciones del 26 de noviembre de 2017. El expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 y coordinador de una alianza de izquierda, ha asegurado a la agencia de noticias AFP que la policía mató a un hombre de 60 años en la comunidad de Sabá (Colón) durante la protesta.


"Se han registrado algunas tomas de carreteras a nivel nacional, pero se están despejando en forma pacífica", confirmó un portavoz militar esta tarde. Las autoridades habían desplegado, desde este viernes, a miles de militares y policías en el país para disuadir a los manifestantes convocados por la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Este grupo había hecho un llamamiento para manifestarse en contra de la asunción de Juan Orlando Hernández, el próximo 27 de enero, bloqueando carreteras, accesos de aeropuertos, puertos y fronteras. Una de las zonas afectadas esta tarde fue la carretera principal del país, que conecta la capital, Tegucigalpa, con San Pedro Sula, a 100 kilómetros al norte.


Uno de los que convocaron a la protesta fue Salvador Nasralla, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales del año pasado. El aspirante, un popular expresentador de televisión de 64 años, estuvo presente en una conferencia de prensa este martes, donde enseñó a sus simpatizantes cómo colocarse una máscara de gas para las protestas. Nasralla perdió los comicios después de un retraso de 36 horas en el recuento y la intervención del tribunal electoral hondureño.


El portavoz de la policía dijo que un agente y un militar fueron heridos por piedras arrojadas por los manifestantes en Colón. Otro policía también fue lesionado en las protestas de Taulabé, al norte de Tegucigalpa. Siete personas fueron detenidas por la quema de neumáticos alrededor del país. Las fuerzas del orden respondieron a los manifestantes con gases lacrimógenos. El portavoz militar también confirmó que fueron decomisados varios cargamentos con llantas que iban a ser quemadas para extender las protestas.


El expresidente Zelaya denunció ante las agencias de información internacionales que el hombre fallecido se llamaba Anselmo Villarreal. "La gente dice que escucharon una ráfaga de tiros y el hombre cayó herido y se desangró", dijo. Las organizaciones no gubernamentales afirman que más de 30 personas han muerto desde que iniciaron los enfrentamientos poselectorales. Tanto Zelaya como Nasralla llamaron a sus simpatizantes a extender la ola de protestas hasta el próximo sábado, cuando Hernández pretende iniciar un nuevo mandato en una ceremonia austera que no contará con la presencia de dignatarios de otros países de la región.

 

Tegucigalpa 20 ENE 2018 - 21:40 COT

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Sábado, 09 Diciembre 2017 05:44

La ingeniería del estado de sitio

La ingeniería del estado de sitio

 

Darío Euraque es uno de los historiadores hondureños más reconocidos internacionalmente por su trayectoria y producción académica. Entre otros méritos, ha matizado exitosamente la noción de “república bananera”, idea peyorativa con la que históricamente se asocia a los países centroamericanos y que precisamente se inició y ambientó en Honduras a partir de la novela de Williams S Porter (1862-1910). Además de sus obras históricas, Euraque es autor de un libro testimonial sobre el golpe de Estado de 2009, episodio que vivió en carne propia mientras colaboraba con el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Desde entonces, despojado de su cargo al frente de la gestión del patrimonio cultural del país, regresó al Trinity College, en Estados Unidos, donde estudió y es profesor titular desde hace más de dos décadas. Brecha conversó con él acerca de la débil institucionalidad en Honduras y la influencia de Estados Unidos en su país, pero también sobre los desafíos novedosos que enfrenta una nueva generación de jóvenes que ha comenzado a participar y defender con fuerza sus derechos.


—¿Qué hay de novedoso, y también de continuidad, en lo que acontece actualmente en Honduras?
—Hay ciertos fenómenos que sí son novedosos, otros que no, y que si no se comprenden ambos, uno puede menospreciar, reduciendo lo que está sucediendo a la caricaturización de lo que es un país pobre, o “república bananera”. Lo más novedoso es lo siguiente: por primera vez en la historia del sistema político hondureño, desde la independencia hasta ahora, un gobierno que se quiere reelegir –algo nada nuevo para el país– se enfrenta en una elección general a una coalición de partidos integrados en una alianza electoral. Aunque parezca normal en otros sitios, es totalmente nuevo para Honduras, nunca se había hecho eso. La Alianza de Oposición Contra la Dictadura –así se llama– la conforman tres partidos, todos nuevos, generados a raíz de la resistencia contra el golpe de Estado de 2009. Esto también aporta otra novedad, porque no sólo es que están en “alianza” sino que los partidos más antiguos, el Partido Libertad y Refundación (Libre), del ex presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales, y el Partido Innovación y Unidad (Pinu), socialdemócrata, fundado a comienzos de los setenta, le ceden la candidatura presidencial a Salvador Nasralla, un personaje que en 2011 había fundado el Partido Anticorrupción (Pac). Hasta su título es interesantísimo en un contexto como el de Honduras. Nasralla es un hombre que no tiene vínculos políticos con los partidos antes de 2011 y que es de ascendencia árabe-libanesa. Esto es relevante, dado que en Honduras, aun después del golpe de Estado –no es menor señalarlo–, existió, incluso desde la izquierda, una etnofobia contra la presencia de la “hondureñidad palestina”, en parte porque el gran capital hondureño ha estado en manos de muchas familias de ascendencia árabe-palestina, y en parte porque muchos de ellos, no sólo de familias importantes sino los dueños del gran capital –sobre todo financiero, comercial– y de los principales periódicos de Honduras, radioemisoras y canales de televisión, apoyaron el golpe de Estado de 2009. En ese marco tener a Nasralla como el candidato de esta coyuntura, con ese perfil, es totalmente nuevo en la historia política del país. A ello debe agregarse que, aun si presumimos que no existió fraude –aunque yo creo que existió–, el hecho de que una alianza de estas características, con este candidato, pierda –aunque eso está por verse todavía– con una diferencia de uno o dos puntos es inédito, no sólo en la historia de Honduras, sino de toda Centroamérica.


—Más aun si tenemos en cuenta la débil institucionalidad histórica de los países centroamericanos, y más incluso en el caso de Honduras.
—Hay un hecho que no se conoce fuera pero es importante: Honduras ha tenido 15 constituciones desde la independencia, con todo, ésta bajo la cual se organizaron las elecciones y que fue violentada con el golpe de Estado de 2009 es una de las que han durado más tiempo. Se remite al año 1981, cuando Honduras y otros países de Centroamérica intentaron transitar a la democracia como forma de dejar atrás las guerras civiles. Hasta entonces Honduras, al igual que los países de la región, salvo Costa Rica, había estado bajo regímenes militares que gobernaban dictatorialmente, más allá de que existía otro texto constitucional de 1965 pero al que nadie le prestaba atención. Por lo afirmado, debe tenerse presente que el país ha tenido en promedio una Constitución cada diez o quince años, lo cual tiene una indudable repercusión en todo el sistema político.


Ahora bien, soslayando los períodos dictatoriales, en los pocos momentos en que ha habido gobiernos civiles, esos mismos gobernantes, para mantenerse en el poder y continuar y neutralizar resistencias, han recurrido al fenómeno que está viviendo Honduras actualmente, y que es un estado de sitio. A este respecto es importante mencionar el trabajo de un colega estadounidense, Kevin Coleman, quien fue el primero en generar un registro sistemático del número de veces y la cantidad de tiempo en que, desde fines del siglo XIX hasta los sesenta del siglo XX, Honduras vivió en estados de excepción durante los cuales la población perdía sus libertades de asociación, reunión o expresión. Obviamente que cuando hay una dictadura se pierde eso, pero lo que no se sabe es que los mismos gobiernos civiles y democráticos han recurrido a este recurso: el hecho de que el presidente Juan Orlando Hernández recurra en Consejo de Ministros al estado de sitio ha sido como sacarse una pluma del bolsillo. Es parte de la ingeniería antidemocrática que usan todos los partidos.
Incluso iría más lejos, eso permea muchos impulsos antidemocráticos y autoritarios de la población hondureña en general, y lleva a que la forma de resolver los problemas sea –a sabiendas de la historia de golpes y estados de excepción– recurriendo a la violencia.


—Por lo que explicas, parece que entonces la Alianza es temporal.
—No. A pesar de esta tradición antidemocrática que de alguna manera acabo de caracterizar, hay una serie de factores que incidieron no sólo en que surgiera un Libre, una figura como Nasralla, sino un Frente de Resistencia Nacional Popular, que si bien ha sido golpeado con asesinatos y más, es posible que todo esto sea quizás una transición a una cultura política mucho más madura. Y allí hay factores clave que pueden explicar esto. Uno es que la población hondureña en general –y la población electoral– es bien joven, y en torno a ella surge el carácter no alienado de su comportamiento electoral con los partidos históricos, sea con los liberales como con el Partido Libre. Entonces tenemos un fenómeno extraordinariamente novedoso y a mi juicio bienvenido: la destrucción del Partido Liberal, un partido que definitivamente perdió la visión social que tuvo en los cincuenta y los sesenta, y que más recientemente apoyó el golpe de Estado, ahora cosecha una adhesión de 15 por ciento. Eso quiere decir que las nuevas generaciones de votantes no cayeron en el tradicionalismo.


—¿Cuánto incidió entonces una figura como la de Nasralla, en su rol de comunicador, relator y presentador de televisión, para cosechar el apoyo de esa nueva generación juvenil de votantes?
—A mi juicio debe añadirse otro elemento que es más estructural que Nasralla y que pasa por el acceso a los medios de comunicación y a una cultura de las redes sociales que no existía tan masivamente en 2009. Desde esa fecha hasta ahora se ha desarrollado toda una cultura de redes sociales que los partidos ya no controlan y que sí la maneja esa juventud, que se articula incluso a nivel internacional. He aquí entonces el vínculo entre ese fenómeno y Salvador Nasralla. Él es ingeniero, estudió en Chile también, pero políticamente no construyó nada en Honduras hasta muy recientemente, y de hecho es conocido en el país por dos papeles muy populares que desempeñó. Uno tiene que ver con ser narrador de fútbol, por radio y televisión. Además cultivó su imagen: es un hombre alto, blanco, lo que en Honduras es una excepción al fenotipo y llama la atención. Es un gran amante del deporte, sobre todo del fútbol, gran defensor de la camiseta hondureña, y tiene una forma particular de narrar o relatar –como dicen en Uruguay– los goles. Entonces miras en sus discursos y parece que nunca se le olvida que ya no está narrando partidos sino que está brindando discursos políticos.


Para finalizar, en torno a su papel mediático, él fundó y conduce un programa de televisión de sorteos que se llama X0 da dinero, muy popular, que se emite en vivo y se ve no sólo en la capital, y que tiene como quince años.


—Resulta inevitable consultarte acerca de Estados Unidos, que ha permanecido extremadamente silencioso en una región donde históricamente su poder se ha impuesto decisivamente.
—Cuando digo Estados Unidos me refiero fundamentalmente a la embajada. No dudo de que tras las sombras está buscando formas de proteger sus intereses. Pero se da una coyuntura muy especial y creo que es importante no reducirla a superficialidades. Lo primero es la Alianza, algo a lo que nunca se ha enfrentado un gobierno estadounidense en Honduras. Están acostumbrados a los viejos políticos tradicionales, y Salvador Nasralla no lo es. Por otro lado está también el grave problema del narcotráfico. En los últimos cuatro años se han extraditado 16 capos a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que desaparecieron las estructuras. Entonces eso es parte de la preocupación, porque en esta coyuntura no desean otro vacío de poder como el acontecido en los meses siguientes al golpe de 2009, cuando los cárteles de México y Colombia prácticamente contribuyeron a la elección de Juan Orlando Hernández en 2013. Y es importante recordar que el hijo del ex presidente Porfirio Lobo –del Partido Nacional, que asumió tras el golpe de Estado–, Fabio Lobo, está preso en Estados Unidos por narcotráfico, condenado a 24 años. No sólo eso: el hermano de Juan Orlando Hernández que es diputado del Partido Nacional ha sido sindicado por uno de los cárteles, el de Los Cachiros, como uno de los puentes del financiamiento que otorgó el narcotráfico a la campaña de Hernández en 2013. Entonces a los estadounidenses les preocupa también que si apoyan a Juan Orlando Hernández –por no querer a la Alianza donde está Zelaya, y que no pueden controlar– apoyan al narcotráfico.


En suma, lo anterior debe contextualizarse y analizarse a la luz de lo que es la política interna de Estados Unidos. Recuérdese la investigación en marcha en torno a las relaciones entre el círculo más inmediato del presidente Trump –y quizás él mismo– con los rusos en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. Por otra parte, debe recordarse que el Departamento de Estado no es bien visto por este presidente, todo lo cual parece explicar también ese silencio. En otros tiempos hubiera habido pronunciamientos mucho más fuertes. Trump ni siquiera ha nombrado un embajador en Honduras. Ese es un contexto de sospecha que no debe menospreciarse.

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Honduras: una resistencia que revela los límites de la represión

La mañana del 30 de noviembre de 2017, la poeta hondureña Melissa Cardoza, feminista radical y acompañante del movimiento indígena, negro y campesino de su país, se comunicó conmigo: “Hoy por la mañana han prendido fuego a la Casa-Museo del Hombre, lugar emblemático del quehacer cultural en Tegucigalpa. Ayer lxs artistxs e intelectuales de Honduras enviaron un manifiesto fuerte a la población para que saliera a defender el estado de derecho. Hoy a las 6 a.m. inició el incendio en el Museo, se ha quemado todo. El poeta Fabricio Estrada escribió: Han tenido que incendiar un museo para alumbrar su era de barbarie”. Hacía cuatro días que las elecciones presidenciales no arrojaban resultados sobre el ganador, ya que las tendencias favorecían al candidato de la oposición, Salvador Nasralla. La amenaza de un fraude, después de que con el 57% de los votos contados Nasralla ganaba con un 5% de ventaja, iba caldeando los ánimos. La población hondureña cuestionó un sistema electoral que, después del golpe de Estado de 2009, sólo ha servido para sostener el estado de las cosas. El sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral colapsó antes de dar a conocer los resultados y, al reinstalarse, el presidente Juan Orlando Hernández, iba ganando por un 1%. Nadie le creyó. La noche del 30 de noviembre, en el puerto de La Ceiba, los militares tiraron de un puente y mataron a José Abilio Soto, quien se manifestaba con una banderita que decía “Fuera JOH”.


A la mañana siguiente otro muerto por los militares, en el mismo puente, un muchacho de 16 años, José Fernando Melgar al que le dispararon desde lejos. Y golpes brutales, violencias verbales, lanzamientos de gases asfixiantes en todo el país. A las 23 horas del 1 de diciembre de 2017, quienes estábamos pendientes de la realidad hondureña anochecimos con la noticia de que, para no tener que comprobar los resultados de la contienda electoral del 26 de noviembre, José Orlando Hernández había decretado diez días de toque de queda. El ejército, a los 15 minutos, mató de un disparo en la cabeza a una jovencita que intentó avisar a su hermano, Kymberly Dayana Fonseca Santamaría.


Sobre Honduras recae desde siempre un silencio mediático que ha convertido al segundo país más grande y más poblado de Centroamérica es un enigma. Desgraciadamente, también ha construido el desinterés para desentrañarlo. Así que cuando un Golpe de Estado (y Honduras después de Bolivia es el segundo país que más golpes de estado ha sufrido en América) saca momentáneamente del anonimato a Honduras, muchos (y hablo en masculino porque son casi siempre hombres) analistas políticos recurren a lugares comunes que no han construido sólo las burguesías locales y la política imperialista de Estados Unidos, sino que fueron reciclados y repetidos por las izquierdas poco críticas.


Según estos analistas, Honduras no es más que el país de donde salió la coalición militar encabezada por los estadounidenses con el apoyo de tropas centroamericanas para derrocar el gobierno legítimo de Jacobo Árbenz en 1954; el país que alberga la base aérea estadounidense de Soto Cano, la más grande de América latina, en Palmerola; el territorio donde se refugiaba la contra nicaragüense durante la guerra sucia que se llevó a cabo contra la Revolución Sandinista; el país cuyo ejército fue reformado por un embajador USA, John Dimitri Negroponte, en la década de 1980 para garantizarse el apoyo irrestricto a las tropas de su país cuando actúan en el Istmo centroamericano o desplazan los militares de su Comando Sur hacia la América meridional.


Todo ello es cierto, por supuesto. Así como es cierto que ha sido un país donde las derechas mundiales han ensayado sus políticas. Como en el Chile de Pinochet se experimentó la imposición del neoliberalismo, en el Honduras de 2009 se editó el modelo de los golpes blandos o golpes parlamentarios que se sucedieron sin éxito en Ecuador, y exitosamente en Paraguay y Brasil, la segunda economía americana.


Después de las retóricas afirmaciones posteriores a la caída del muro de Berlín, era muy difícil que el mundo unipolar volviera a la mano fuerte sin contravenir sus propios postulados de que, donde no había intentos comunistas, eran inútiles los gobiernos fuertes y los golpes militares. En 2009, exactamente veinte años después de la declaración del fin de la historia por parte de los dirigentes neoliberales, en Honduras los golpes de estado se reciclaron. Contra un presidente que se había atrevido a subir el salario mínimo más reducido de América y que intentó una consulta popular para reformar la constitución a través de una Asamblea

Constituyente, se levantó un sector de la derecha parlamentaria, apoyada por las cúpulas religiosas católicas y neoevangélicas, que instó al ejército a sacar de su cama en palacio presidencial a Manuel Zelaya y su familia y mandarlos al exilio en pijama.


Después del golpe militar del 28 de junio de 2009, las mujeres hondureñas salieron a la calle y congregaron alrededor de sus figuras de madres, trabajadoras de los mercados, campesinas, afanadoras, maestras, abogadas, escritoras, feministas y no, todas indignadas, no sólo a decenas de organizaciones populares y juveniles, sino que a los mismos sindicatos que las habían marginado históricamente. Hasta la realización de elecciones, el 29 de noviembre de 2009, elecciones que en el enrarecido clima político de la Honduras que resistía el golpe representaban de hecho un abuso de autoridad, las mujeres y sindicatos hondureños organizaron una protesta visible, caminada, gritada, de cuerpo presente, cada mañana por las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El 15 de septiembre, día en que se conmemora la Independencia de Centroamérica, casi el 8% de la población salió a manifestarse: 600 000 personas desafiaron al Congreso que había decretado un estado de sitio y suspendido las garantías de la ciudadanía. Motociclistas, peatones, señoras que interponían sus autos entre las tanquetas policiales y las y los manifestantes. Honduras respondió que no al golpe. Logró el apoyo de la Organización de Estados Americanos, que suspendió a Honduras como miembro hasta que el país restaurase “el Gobierno democrático” (que sólo podía ser el de Manuel Zelaya). Asimismo, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Suecia anunciaron sanciones económicas para Honduras; el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial suspendieron la ayuda financiera que le otorgaban. Todas las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea se retiraron, mientras muchas feministas llegaban a las sentadas de la poeta Amanda Castro en la Plaza Morazán y a las marchas de apoyo al pueblo hondureño. Contra el Golpe, Poesía llamaron a su acción, que contemplaba lecturas en voz alta, escrituras colectivas, abrazos a la población, huelgas de compras, distribución de donaciones recibidas de manos de otros poetas y de editores de libros y revistas.


El reconocimiento de la legitimidad de las elecciones de noviembre de 2009 por parte de los organismos internacionales golpeó duramente la resistencia hondureña, que poco a poco fue replegándose de las calles. El país se hundió en ocho años de represión, acompañada de un crítico incremento de la delincuencia más letal. Honduras cuenta con más de 90 muertos asesinados por cada 100 000 habitantes, 11 al día, lo cual le valió, en 2013, ser el país con la tasa más alta de homicidios del mundo. La represión contra sindicalistas, activistas de la diferencia sexual y, sobre todo, dirigentes campesinas e indígenas, se ha generalizado. Los feminicidios alcanzan cifras brutales, habiéndose incrementado en un 65% después del golpe. Aproximadamente 53 mujeres son asesinadas al mes, en muchos casos después de ser golpeadas, secuestradas y torturadas. El 3 de marzo de 2016, la dirigente lenca Berta Cáceres, feminista indígena y ecologista, fue asesinada en su casa frente al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió al ataque porque lo consideraron muerto. Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en su asesinato. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", señala el informe de 92 páginas titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda. El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades del pueblo lenca, se maquinó en noviembre de 2015. Berta Cáceres había sufrido dos intentos de asesinato en los meses inmediatamente anteriores a su muerte, a pesar de haber sido galardonada con el premio internacional Goldman en 2015.
Honduras es un país de represión brutal, a la vez que es un país tenazmente vital, aspecto este último completamente invisible a ojos de la prensa mundial. Seis pueblos indígenas y afromestizos, así como una densa población urbana, suman poco más de 9 millones de habitantes, que han resistido las más despiadadas políticas de aniquilación de la protesta y de la organización comunal y colectiva. Si en las décadas de 1970 y 1980 no sostuvo una guerra de liberación nacional es porque sus grupos políticos armados fueron diezmados al nacer, con una letalidad militar sólo equivalente a la mexicana actual. Sin embargo, sus grupos feministas –tardíos, diversos, más autónomos que institucionales- han sido también de los más irreverentes hacia la cultura patriarcal, el control de las familias nucleares, la dominancia de los mandatos católicos y neoevangélicos, la separación entre las demandas de las mujeres urbanas y letradas de las exigencias de mujeres indígenas, campesinas y defensoras garífunas del territorio contra la industria turística y la explotación hídrica y agroindustrial. Interclasista e intercultural, el conjunto de los feminismos hondureños cuenta con voces autónomas fundamentales, capaces de análisis y descripciones propias de los sentimientos políticos y sociales de las mujeres. Por ejemplo, Melissa Cardoza escribió que la segunda noche de queda, cuando una masa de gente se armó de antorchas y desafió a los militares, fue también la noche de las cacerolas que gritan su descontento. “Pero he ahí que del más humilde rincón de una cocina cualquiera, entre los trastos lavados y ordenados que una mujer dejara en su lugar, una tapadera, una olla de frijoles, un sartén para panqueques, un comal tortillero vinieron a salvarnos del naufragio al que nos avienta con intención una dictadura que aprieta la emoción antigua de la derrota hasta intentar devastarnos. Trastes diarios acudieron con sus ruidos a soplar el rescoldo que tenemos en estos territorios llamados Honduras, donde la brasita de la esperanza no se apaga, aunque la machaque la bota militar”.


La mañana del 5 de diciembre, Honduras fue sorprendida por un hecho tan sorprendente como trascendente. Cientos de policías de la unidad antidisturbios, conocida como Cobras, y los efectivos de la policía metropolitana se autodefinieron como pueblo que no puede reprimir al pueblo. Desde el lunes 4 de diciembre, los Cobras, una élite policial desplazada por la creación de la Policía Militar de Juan Orlando Hernández, habían salido a las calles de Tegucigalpa para mostrar su rechazo a la orden de reprimir a la población. Muchos civiles los recibieron con aplausos, algunas señoras les pasaron botellas de agua, comida y hasta flores.

Cubriéndose la cara para no ser reconocidos por las autoridades y la policía militar (que sigue reprimiendo a los y las manifestantes y ha entrado a disparar en los barrios donde en tiempos de paz no se apersona, propiciando la duda acerca de las finalidades de limpieza social de la represión), gritaron que no quieren reprimir a su gente, “ya no queremos combatir al pueblo". Acto seguido, marcharon con las y los manifestantes reclamando el recuento de votos y el fin del toque de queda. Uno de ellos le dijo a la escritora feminista Jessica Isla que sobre de ellos se dispara sin que nadie los proteja, porque el presidente Juan Orlando Hernández actuó contra la constitución al buscar la reelección. Hasta 2015, la presidencia hondureña tenía proscrito aspirar a un segundo mandato, pero un fallo de la Corte Suprema levantó la prohibición constitucional, provocando el enojo de la oposición. La rebelión de la policía antimotines, así como el hecho que el toque de queda es violado por masas de jóvenes todas las noches, revelan que la autoridad de Juan Orlando Hernández es muy frágil y que la mayoría de la población busca poner fin a 9 años de vejámenes.


En estos días de rebelión contra un fraude electoral que sólo garantizaría la continuidad de gobiernos de dudosa representación política, todos electos en las condiciones de inestabilidad propiciadas por el golpe de 2009, la prensa internacional ha hecho hincapié en el peligro del desborde de la rabia popular. La prensa local, por el contrario, ha resaltado la participación juvenil en las manifestaciones. En las páginas de “memes” y caricaturas contra el fraude circulan imágenes de jóvenes encapuchadas, muchachos indignados y, en general, se hace referencia a una revuelta de “millenials”. Se trataría de una revuelta de personas que nunca conocieron la democracia en su vida adulta.


Jessica Isla no niega la enorme participación juvenil, pero sostiene que más que a un sector etario habría que referirse a las mujeres para dibujar el panorama social de las y los inconformes: “Se ha hablado mucho en los medios y otros espacios de la participación de la juventud. Y eso está bien, no es mi intención negarlo. Sin embargo bajo ese velo de juventud se hacen invisibles otra vez a las mujeres, que no olvidemos, fueron junto a la población joven la mayoría de votantes y buena parte de las que están resistiendo en las casas y en las calles, como el Golpe de Estado de 2009. Son las mujeres las que están entregando flores a los policías, son ellas las que se movilizan, son las que abrazan a las fuerzas represoras para que no disparen, son las que cocinan para la masa de gente que se mueve, son las que limpian y finalmente, somos las que atendemos víctimas, cosemos heridas y enterramos a nuestros muertos”.

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Miércoles, 06 Diciembre 2017 06:54

En Honduras hay una dictadura avalada por EU

En Honduras hay una dictadura avalada por EU

¡Hoy gobiernan los mismos que perpetraron el golpe en 2009!


En el país hay leyes militares que invaden el ámbito civil. Se han suspendido las garantías constitucionales, se ha centralizado el poder, se ha suspendido el debate. En el Congreso hay serias limitaciones a la democracia. Han saqueado al Estado. El presidente no se podía postular a otro mandato y lo hizo...

Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras (electo para el periodo 2006-2010) fue víctima de un golpe de Estado en 2009 y ahora es coordinador de la Alianza Opositora contra la Dictadura, coalición electoral que sostiene al candidato Salvador Nasralla contra el candidato José Orlando Hernández, actual mandatario que busca relegirse del conservador Partido Nacional. El conteo final del Tribunal Supremo Electoral dio la victoria a Hernández con 42.98 por ciento de los votos, contra 41.39 de su rival, pero tras una "caída del sistema" informático del conteo de votos y alegaciones de fraude electoral, Nasralla, respaldado por sus seguidores en las calles, no ha reconocido el resultado y ha pedido el recuento de los votos.

–¿Cómo interpreta lo que ha sucedido en Honduras a raíz de las elecciones del domingo 26, la "caída del sistema", las denuncias de fraude electoral, las protestas callejeras y el estado de sitio?

–Bueno, esto es un asalto al poder por los que ya lo asaltaban en 2009, es decir, hay una continuidad del golpe de Estado.

–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acaba de anunciar que sí van a cotejar 5 mil 100 actas más, las que se enviaron después de la caída del sistema informático. ¿Aceptan este conteo? ¿Qué más piden como oposición?

–Nosotros estamos exigiendo que se cuenten todas las actas y todos los votos porque hemos detectado, con pruebas, una contaminación de los servidores, de las bases de datos, de las transmisiones, de los registros. Todo eso está contaminado. Entonces están pidiendo que se averigüen todas las actas, voto por voto. Sí, bueno, Honduras es un país pequeño, y eso se puede hacer, eso se hace en tres días, es algo rápido.

–¿Hay un paralelo con lo que vivió usted en 2009 tras el golpe de Estado?

–Pues sí, ¡son los mismos los que están gobernando! Salieron vencidos, derrotados. El tribunal electoral el día de las elecciones, el domingo 26, declaró que estábamos 5 puntos arriba y se había contabilizado 70 por ciento de los votos. Y después se van tres días todos los servidores, y ahora nos dicen que vamos perdiendo...

–El tema de la relección del actual mandatario, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que fue posible gracias a un controvertido fallo de la Corte Suprema. ¿Fue legal lo que se hizo? Porque también ése fue un argumento que se usó para dar el golpe en su contra en 2009, y en cambio ahora se legalizó.

–Sí, es extraño que ahora que se violó claramente la Constitución, estos organismos internacionales, por ejemplo de Estados Unidos, guarden silencio. Aquí estamos en estado de sitio, la gente está en las calles, hay muertos, asesinatos, y el Departamento de Estado de Estados Unidos no se pronuncia. Yo pienso que han de avalar el fraude y luego el Departamento de Estado dice defender la democracia (...) Pero si fuera Nicaragua o Venezuela, ya estarían los marines aquí con lo que está pasando.

–¿Ha habido alguna intervención de Estados Unidos que ustedes detectaron o algún papel más directo en estas elecciones?

–Sí, aquí estamos en países bajo la dominación del dólar. Hay que decir que ellos manejan todo aquí, o sea, claro que sí.

–¿Cómo juzga el hecho de que hay sectores de la policía que se han rehusado a obedecer las órdenes y a aceptar el estado de sitio que impuso el presidente Hernández?

–Digo que no se podría gobernar con un pueblo en contra y la misma policía dijo que no iba a reprimir el pueblo, aunque el presidente lo ordenara.

–Por otro lado, sí hay militares en las calles y hubo varios muertos.

–Las violaciones a los derechos humanos en este país son graves: Honduras está catalogado en Ginebra como país violador a los derechos humanos, así están las cosas.

–¿Cuál fue el papel de los observadores electorales de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos en estas elecciones?

–Apenas ayer tanto los observadores de la UE como los de la OEA hicieron un buen informe, pero los otros días han estado muy débiles, desinteresados.

–Los observadores han pedido que haya revisión de actas, más flexibilidad con los tiempos para tener un proceso más transparente. En su opinión, ¿se debió a las presiones populares o de la oposición?

–Pues ellos han visto, se han dado cuenta de cómo se maneja el tema de los documentos electorales, de la manipulación, de las computadoras y ahora están conscientes; también la OEA.

–¿Por qué con su partido LIBRE decidieron apoyar al candidato Salvador Nasralla?

–Es una conveniencia política, una alianza de varios para ganarle a la dictadura.

–La coalición que formaron se llama Alianza Opositora contra la Dictadura. ¿En qué sentido hay dictadura en Honduras?

–Bueno, aquí hay leyes militares que invaden el ámbito civil. Se han suspendido las garantías constitucionales, se ha centralizado el poder, se ha suspendido el debate así como la democracia. Yo ahora soy diputado y en el Congreso Nacional hay serias limitaciones a la democracia también. Entonces, los índices de violencia son altísimos, han saqueado al Estado. Han violado la Constitución: el presidente no se podía postular a un nuevo mandato y, en cambio, lo hizo y ahora está ganando las elecciones con un fraude. Aquí hay una dictadura montada y está avalada por Washington.

–¿Aceptarán el resultado del recuento electoral de las boletas que hará el TSE?

–Está contaminado el Tribnal Electoral y los resultados también, no lo aceptamos.

–¿Entonces cuál sería la propuesta en este caso?

–El conteo total de votos para la transparencia del sistema.

–¿Y en dado caso, ir a votar otra vez es una opción posible para ustedes?

–Habría que hacer leyes específicas para ello, pero sí es una opción que se aceptaría.

–Después del golpe de 2009 y dos gobiernos de derecha. ¿Qué necesitaría Honduras para una siguiente etapa, para levantarse?

–Bueno, la democracia es el camino, darle a la gente, al pueblo, oportunidades de opinar, de ir a consultas. Hay que pasar a una democracia participativa en la cual el pueblo tome las decisiones. El gobierno ya no funciona, a los gobiernos hay quitarles facultades y dárselas al pueblo.

–En Honduras se vivió una época oscura, de gran represión a defensores de derechos humanos y activistas sociales. ¿Cuál es su opinión en el caso de la activista Berta Cáceres?

–Como dije, Honduras ha sido condenado como país violador de los derechos humanos desde Ginebra y es en todo este contexto de violaciones que ha sido asesinada una activista defensora del medio ambiente como Berta Cáceres.

@FabrizioLorusso

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Martes, 05 Diciembre 2017 17:03

Luna llena de Honduras

Luna llena de Honduras

 

La luna roja de diciembre por la ventana
(llena en la noche larga)
sonríe por sus adentros.
Las corridas furtivas del toque de queda
la llenan de orgullo.

 

 

 

Nadie lo sabe pero en Honduras
se prepara el mejor café de Centroamérica
y las mujeres salen a la calle
para vender rábanos y lanzar consignas
defienden hijas y mueren por montones
Son lencas y la luna les sonríe porque ama el agua
son chortís, garífunas, mestizas
todas tienen niñas ancestrales en el río Gualcarque.
Son las que resisten a las masacres
y están locas, locas de pinturas y versos.

 

¿Puede una copla lo que la prensa calla?
En el universo de neón de las noches urbanas del norte
las pantallas titilan en la nada
de pronto es caliente el trópico a oscuras
las ametralladoras erizan la piel de miedo.
Los cuerpos de agua de la luna roja
se van secretos porque el ejército dispara
en los ojos de una muchachita en el torso de un hermano
son cuerpos de mujeres y cargan antorchas
por las calles de Tegucigalpa.

 

 

Inmensas, unen el fuego del norte y el agua del sur
las que piden favores a la luna
y gritan se enojan se ríen a carcajadas
desparajientas.

 

Nadie lo sabe pero la tierra de Honduras
es la más firme del istmo que corre de Belice a Panamá
roca que congrega el magma de sus hermanas.
La prensa calle que Honduras no es un portaviones
no es una estrategia geopolítica
no es sólo maquila. Honduras es una pacifista
que se viste de guerra como su Morazán
y cultiva zanahorias, se enfrenta a la palma de aceite
a la riqueza que empobrece.
La luna roja de diciembre descansa en la roca firme de Honduras.

Francesca Gargallo Celentani
2 de diciembre de 2017

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Martes, 05 Diciembre 2017 07:30

Final de escrutinio con denuncia de fraude

El candidato Salvador Nasralla acompañado del coordinador de su campaña, el ex mandatario Manuel Zelaya.

 

Honduras se sumerge en una crisis tras las elecciones presidenciales del 26 de noviembre

El mandatario Hernández quedó a un paso de ser reelecto, pero su rival Nasralla reclamó revisar más de cinco mil actas y dijo estar listo para mostrar las pruebas ante la OEA. En el país rige el estado de sitio y siguen las protestas.

 

El presidente Juan Orlando Hernández quedó a un paso de ser reelecto en Honduras al finalizar el escrutinio de los comicios del 26 de noviembre, con el país bajo estado de sitio y creciente tensión por denuncias de irregularidades. Su rival, Salvador Nasralla, dijo que no puede “aceptar nunca” los resultados y reclamó revisar 5173 actas en las cuales asegura que estuvo el fraude.

Según el conteo final del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Hernández, del derechista Partido Nacional, mantenía una estrecha ventaja sobre el popular presentador de televisión Nasralla, de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, comandada por el derrocado mandatario Manuel Zelaya.

Con 99,96% de las actas contadas, el presidente aparece al frente con el 42,98% de los votos mientras que el candidato opositor obtenía el 41,39%.

Sin embargo, la misión de observadores de la Unión Europea (UE) advirtió que el proceso electoral no está terminado y no debe declararse un ganador mientras no se presenten y evacuen los reclamos e impugnaciones.

“El proceso electoral está lejos de estar terminado”, advirtió la eurodiputada portuguesa Marisa Matias, en rueda de prensa.

La alianza opositora acusa al gobierno de cometer fraude en contubernio con el TSE. Según Nasralla y Zelaya, 5174 actas fueron alteradas durante el lento proceso de escrutinio y transmisión de datos. Zelaya dijo que tales actas habrían sido ingresadas al sistema de cómputo después de constantes interrupciones, una de cinco horas, a partir de la cual Hernández tomó ventaja en el conteo de votos.

Diez horas después del cierre de las urnas, el TSE anunció el primer informe de resultados, con 57% de las mesas contadas, que daban a Nasralla una ventaja de cinco puntos. Pero tras varios cortes, los resultados se revirtieron.

Nasralla dijo ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que está listo para ir a mostrar ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington, “las actas del fraude contra la Alianza de Oposición contra la Dictadura” y que lo “reciban como presidente electo” de Honduras.

En tanto la OEA instó a ambos contendientes a llegar a un acuerdo para la revisión de actas y verificar supuestas irregularidades en las elecciones, para superar así la crisis en el país por sospechas de fraude. “El único camino posible para que el pueblo hondureño pueda aceptar y (...) reconocer ganador en este proceso electoral, es que se llegue a un acuerdo entre los principales candidatos”, declaró el jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente boliviano Jorge Quiroga, al presentar un informe.

El tribunal electoral anunció ayer que había finalizado el conteo de votos, pero aún restaba contabilizar 18 mesas de votación. De todas maneras, el presidente del TSE, David Matamoros, dijo que la proclamación del próximo presidente puede llevar unos 22 días, debido a que tras el conteo de votos viene una fase de impugnaciones que debe cumplirse, según la ley.

En ese período el órgano electoral podría aceptar la demanda opositora de revisar más de 5.000 actas que a su juicio presentan problemas, como lo pidieron los observadores internacionales. Además, continúa el escrutinio de votos para 128 diputados del Congreso, autoridades de 298 municipios y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

El gobierno decretó el viernes estado de sitio durante diez días, incluyendo un toque de queda nocturno, en reacción a las movilizaciones, violentos choques con policías y militares y saqueos de negocios en varias ciudades del país por denuncias de fraude e irregularidades en la elección.

El mandatario llamó ayer a respetar el plazo legal de impugnaciones antes de proclamar al ganador de las elecciones y, en tono conciliador, pidió a todos los sectores del país “construir una nueva Honduras”.

Suman 12 las víctimas fatales y 700 los detenidos “por violar el toque de queda nocturno”, según dijo el subcomisionado de la Policía Nacional, Jair Meza. En ciudades de todo el país, miles de opositores salieron a las calles sonando cacerolas para reclamar la victoria de Nasralla, durante la noche del domingo y madrugada de ayer, desafiando el toque de queda.

Con música de la campaña opositora en equipos de sonido a alto volumen, los manifestantes gritaban “Fuera JOH” por las iniciales del presidente hondureño, que solo pudo competir gracias a un polémico fallo judicial que avaló que postulara a la reelección, pese a que la Constitución lo prohíbe.

A todo esto, un grupo de agentes de la fuerza especial Cobras de la Policía de Honduras se declaró en huelga de “brazos caídos” por la crisis política en el país, agudizada desde el pasado miércoles con el inicio de manifestaciones. “En estos momentos estamos de brazos caídos (...), para manifestar nuestra inconformidad por lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros somos pueblo y no nos podemos estar matando con el propio pueblo, nosotros tenemos familia”, dijo a periodistas un portavoz de los manifestantes, que estaba con el rostro cubierto. Según los principales medios de prensa de Honduras, en las Fuerzas Armadas del país también habría malestar por la crisis, lo que fue rechazado por el portavoz militar, Jorge Cerrato.

 

 

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Honduras: Paro Cívico contra el Fraude Electoral

ALAI AMLATINA, 30/11/2017.- Algo que era imposible en materia estadística, a criterio de analistas y futurólogos del Partido Nacional, caso de Chano Rivera y Ebal Díaz, se está dando en Honduras. El Partido Nacional de Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza, presenta documentación donde él gana las elecciones generales del 26 de noviembre y no Salvador Nasralla de la Alianza Opositora contra la Dictadura, aun cuando después de haberse escrutado el 60% de las actas válidas, el triunfo le favorecía a este último por un margen de 5%.

Después de la primer declaratoria sobre las elecciones en Honduras por miembros del Tribunal Nacional Electoral (TNE), su presidente, David Matamoros Batson, militante de dicho partido político, anunció que ya no se darán más resultados hasta que se tenga el 100% de las actas, lo que sucederá el jueves 30 de Noviembre de 2017; hoy se habla que puede ser la semana próxima. Sin embargo, en las páginas del TNE siguieron aparecieron actas cuyos resultados dan como ganador a JOH con un margen de menos de 1%. El Ingeniero Salvador Nasralla denunció que David Matamoros autorizó solo la promulgación de actas donde los resultados le favorecen a JOH, dejando para nueva orden aquellas que le favorecen a él, caso de los departamentos y centros de mayor población urbana y joven.

Salvador Nasralla de buena Fe, firmó un acuerdo con miembros de la OEA encabezados por el golpista Jorge Quiroga, donde se compromete a respetar los resultados del TNE siempre y cuando se respeten los números de las actas en poder de todos, pero seguidamente los miembros del Tribunal Electoral conformado por miembros del Partido Nacional, Democracia Cristiana (cuyo dueño es Arturo Corrales Álvarez, el Gurú caído, Unión Democrática y el Partido Liberal), no así por representantes de miembros de los Partidos de la Alianza ( LIBRE, PINU-SD y del PAC robado a Nasralla), anunciaron que el sistema se cayó, por lo que no ingresaran nuevas actas, que para los militantes de la Alianza Opositora corresponden a departamentos y municipios donde se gana holgadamente la casilla presidencial.

El argumento de Salvador Nasralla para suscribir dicho acuerdo sin el consentimiento de las bases de la Alianza, es que JOH, una vez que alcanzara y superara a Nasralla, el TNE lo declararía Presidente. Ello, además, fue denunciado por autoridades del Partido Alianza contra la Dictadura, por lo que han llamado a todos los militantes para que se vengan a la ciudad capital a defender el triunfo de Nasralla, ya que se lo quieren robar con un fraude.

Han habido protestas en todo el país, denunciado esta nueva maniobra del Partido Nacional en contubernio con miembros del Tribunal Electoral (se excluye a Ramiro Lobo de la UD) y algunos representantes de los observadores internacionales que, según el argumento de las autoridades de la Alianza, todavía no se pronuncian sobre la falta de ingreso de las actas procedentes de los departamentos y municipios donde le dan el triunfo a su candidato. Los observadores hablan y exigen mayor celeridad al TNE, pero solo se procesan actas donde JOH ganó. Nasralla exige un contento aleatorio, para evitar y no permitir un fraude electoral que solo beneficia a JOH y su grupo.

Al parecer, la suerte está echada, y el TNE con apoyo de la OEA, iglesias evangélicas fundamentalistas, cierto grupo de la empresa privada ligada a la industria maquiladora y empresas extractivas, dirigentes campesinos corruptos y la mayor parte de los medios televisivos, darán a conocer resultados donde JOH gana por poco margen, pero gana. En el caso de la Embajada Americana, llama la atención su silencio cómplice, y es de esperar que reconozca a JOH como presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo aunque sea una elección ilegitima, y su gobierno haya sido cuestionado por actos de corrupción.

Todos estos elementos, permiten argumentar que en Honduras se está fraguando un fraude electoral de magnitudes insospechables para la economía y sociedad hondureña. El calificativo político es el de Golpe Técnico o de Mano Blanda, ya que lo poderes seguirán funcionando pero la voluntad popular ha sido de nuevo burlada. Muestran además una institucionalidad electoral viciada y corrupta, que responde al interés de grupos y poderes fácticos, más que a los deseos y manifestaciones de los electores.

Si este robo de una elección presidencial se consuma, los dirigentes de la Alianza Opositora deben convocar a un Paro Cívico a toda la población hondureña para protestar de dicha forma en contra del fraude. Igualmente, en aquellos casos donde existe alteración de actas, pedir un conteo público por urna y municipio con representación de ellos y observadores independientes. El paro cívico es una forma de protesta pacífica de la mayor parte de la población que rechaza el continuismo ilegitimo de JOH y el robo de las elecciones a Salvador Nasralla. El coteo, para demostrar que su lucha ha sido limpia.

Este fraude y las denuncias que vienen de todo el país, deben ser documentados y trasladados a la Fiscalía General de la Republica, para que proceda de oficio, igual a la Corte Suprema de Justicia. A criterio de miembros del equipo antifraude del Partido de Alianza contra la Dictadura, no importa que dichas instituciones sean controladas por el Presidente de la Republica, lo que importante es mostrar la evidencia del zarpazo a la democracia y que sirva de evidencia para que el mundo se pronuncie en contra de esta práctica corrupta y antidemocrática.

Tegucigalpa, DC, 30 de Noviembre de 2017

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Ciencia deslocalizada: ensayos clínicos de la industria con los pobres de Latinoamérica

Ministros de Salud puestos por la industria sólo para aprobar leyes permisivas, médicos que engañan a los pobres e incultos para que participen en los ensayos y muertos escondidos bajo las alfombras, desvelados por una investigación de los académicos Antonio Ugalde y Nuria Homedes.

 

 

Un artículo de Antonio Ugalde y Nuria Homedes, dos académicos que realizan su labor en universidades norteamericanas e impulsores de la organización Salud y Fármacos, titulado “El impacto de los investigadores fieles a la industria farmacéutica en la ética y la calidad de los ensayos clínicos realizados en Latinoamérica“, nos ha impactado.

 

Sabemos desde hace años que las multinacionales farmacéuticas han derivado la realización de los ensayos clínicos a países con legislaciones menos desarrolladas. Sistemas menos garantistas facilitan la realización de los ensayos al simplificar trámites y controles.

 

Sin embargo, el texto de Ugalde y Homedes nos introduce en una corrupción mucho mayor de lo que imaginábamos, con ministros de salud puestos por la industria sólo para aprobar leyes permisivas, médicos que engañan a los pobres e incultos para que participen en los ensayos y muertos escondidos bajo las alfombras.

 

El texto es una descripción de un horror y una violencia que hasta ahora pensábamos estaba lejos de la institución de la medicina: una industria farmacéutica corruptora y médicos colaboradores “comprados” que parasitan la ya débil sanidad pública de algunos de los países analizados. Es una reproducción casi exacta de las tácticas industriales de las maquiladoras en la frontera mexicana: explotación del hombre por el hombre y, en este caso, además, el daño se multiplica ya que esta producción industrial de ensayos clínicos tiene un elevado riesgo de sesgos estructurales y fraude que contribuyan a sobre-estimar efectividad y seguridad.

 

Dos vacunas ahora utilizadas ampliamente fueron testadas en Latinoamerica en un contexto que, como relatan los autores, imposibilita garantizar unos mínimos criterios de calidad y rigor: Prevenar (pneumococo) y Cervarix (Papilomavirus).

 

En Argentina, un conocido pediatra y fiel colaborador de la industria, a través de su propia CRO (Contract Research Organization), reclutó 14.000 bebes para incluirlos en el ensayo Clinical Otitis Media & Pneumonia Study (COMPAS) llevado a cabo en cuatro provincias, entre las que se incluía la más pobre del país, Santiago del Estero. El objetivo, testar la vacuna anti-neumocócica, Prevenar, de GSK (que pagaba 350 dólares por bebé).

 

Las tácticas de este médico eran bien conocidas. “Entre 1996 y 2003, en el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba se llevaron a cabo 19 ensayos, la mayoría fase III, 16 de los cuales dirigidos por el mismo administrador: el jefe del departamento de pediatría. Los médicos de la municipalidad reclutaban pacientes en los centros públicos de los barrios más marginados. En diez años (1996-2006) las empresas pagaron unos 24 millones de dólares por los ensayos”.

 

Tras vacunar a más de 14.000 niños, la muerte de 12 bebes obligó a parar el ensayo. La investigación subsecuente demostró graves violaciones de los protocolos. El investigador principal fue suspendido pero rehabilitado rápidamente: "Demostró su poder político cuando el gobernador de la provincia le abrió las puertas a todos los hospitales provinciales después de que la municipalidad –por violaciones normativas– le prohibiera seguir administrando ensayos en sus instituciones”.

 

En la provincia de Córdoba, controlada por este individuo, se realizan un tercio de todos los ensayos de Argentina. El Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Infantil, según una auditoría realizada a petición de la Municipalidad de Córdoba, permitió que el investigador (el jefe de pediatría) y el co-investigador principales estuvieran presentes en la reunión en que se discutió su protocolo.

 

En esta misma provincia, en 2005, un periodista investigador analizó las actas de la Comisión Provincial de Investigación en Seres Humanos, una de cuyas funciones era el control de los CEICs. Descubrió que en 34 de las 75 reuniones que ese año mantuvo la Comisión había conflictos de interés. La Comisión sólo tenía cuatro miembros y ocasionalmente las decisiones las tomaban una o dos personas.

 

Los investigadores y el promotor del ensayo COMPAS, tras una investigación del organismo regulador (ANMAT), tuvieron una multa administrativa por incumplimiento de los criterios de inclusión y violaciones durante la obtención del consentimiento informado. Poco después, el director de la ANMAT, que había sido criticado por la industria farmacéutica por ser demasiado exigente, fue cesado sin explicación alguna y la norma sobre consentimiento informado cambiada para facilitarlo (“consentimiento exprés”).

 

En Costa Rica la situación es parecida. Desde 1986 tres ejecutores de ensayos clínicos han ocupado el cargo de ministro de Sanidad. El Ministerio de Salud ha aprobado en este tiempo normas favorables a la industria.

 

En Costa Rica unos pocos médicos realizan el grueso de los ensayos clínicos. Entre 1993 y 2004, un miembro de la junta directiva de una CRO local dirigió 50 ensayos clínicos, que representaban el 27% de todos los ensayos que se realizaron en el país, y el director de otra CRO dirigió 24 (el 12% del total). En 2004, un informe de la unidad de investigación y bioética de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), que cubre la atención a la salud del 90% de la población costarricense, informó que el 53% de los 83 ensayos que se realizaron en la institución tenían lugar en el Hospital Nacional del Niño. La falta de garantías quedó demostrada cuando en 2010, a raíz de una demanda iniciada por la sociedad civil, la Sala Constitucional prohibió las investigaciones biomédicas hasta que hubiera una ley que las regulara.

 

Una de las razones para organizar una universidad privada en Costa Rica fue ejecutar ensayos. Un médico fiel, tras pedir un permiso de ausencia de un puesto importante en la CCSS, tomó el cargo de decano de Medicina de la nueva universidad, y seis años después ya se habían realizado 216 ensayos.

 

Esta universidad privada y las CRO del país han organizado su propio CEIC para aprobar con más facilidad los ensayos que gestionan (los autores les llaman CEIC privados).

 

En Costa Rica se han desarrollado los ensayo clínicos más importantes para testar la vacuna del papiloma de GSK Cevarix. Empezaron en 1985 y continúan hasta hoy, con un presupuesto de más de 20 millones de dólares. Una buena parte de lo que se conoce sobre el VPH proviene de allí. La investigación sobre factores de riesgo empezó en 1985 en Guanacaste, por entonces, la región más pobre del país. La dirección de la empresa que administraba el cuantioso contrato del ensayo de la vacuna para el VPH, estaba en manos de altos cargos del Ministerio.

 

En el ensayo iniciado en 2004, ni la auditoría interna de la CCSS pudo acceder a los consentimientos informados. Un informe de la Junta Directiva del Colegio de Médicos cuestionó las imprecisiones del consentimiento, las contradicciones en el texto, las omisiones y las manifestaciones que se podrían considerar engañosas. No se mencionaba que uno de los objetivos era monitorizar la aparición de efectos adversos, ni que se estudiaba la efectividad de la vacuna en mujeres infectadas con VPH. Se daba a entender que la vacuna evitaría la infección por VPH pero no mencionaba que había una elevada probabilidad de que ya tuvieran la infección o la hubieran tenido. Aunque la ejecutora del ensayo era una empresa local privada, en el formulario del consentimiento informado aparecía el nombre de la CCSS, dando a entender a las participantes que la CCSS, una institución en la que los ciudadanos confían, era la ejecutora. Hay evidencia de que muchas de las mujeres no entendieron el consentimiento. También se daba a entender que el ensayo era de interés público cuando los mayores beneficiarios han sido las empresas privadas, en particular, la patrocinadora GSK.

 

Los autores concluyen que “la numerosa bibliografía sobre el cumplimiento de las recomendaciones médicas confirma que muchos pacientes no las entienden y no las cumplen, situación que es más frecuente en pacientes con niveles educativos bajos, como la gran mayoría de los sujetos de investigación en América Latina. Si un sujeto no ha entendido las recomendaciones médicas y además no se ha enterado de que participa en un experimento y que la validez del mismo requiere cumplir estrictamente las recomendaciones que recibe, es muy probable, a no ser que se lo supervise de cerca, que no las cumpla. Si se enferma, puede acudir a otro médico que desconoce su participación en el ensayo o automedicarse, sin que sienta que debe comunicarlo al personal del ensayo".

 

Además de las consecuencias que pueda tener en la salud del sujeto, la falta de seguimiento a las recomendaciones tiene un impacto importante en la validez de los resultados del ensayo. Otros comportamientos de los administradores fieles en América Latina, consecuencia de las presiones para acelerar su ejecución, que ponen en entredicho la validez de los datos y violan principios éticos y normativos incluyen: 1) utilizar equipos en malas condiciones; 2) falsificar resultados analíticos; 3) no reportar efectos adversos; y 4) retener en el experimento sujetos que, por sus condiciones de salud, debieran ser retirados.

 

"Los investigadores principales no temen las consecuencias civiles o criminales de las violaciones normativas porque cuentan con la protección de poderosísimas empresas transnacionales, conocen la lentitud y debilidad de los sistemas que, con excepciones, caracterizan a los sistemas jurídicos latinoamericanos y saben que si el caso llegara a juicio puede prescribir antes de que se prueben las irregularidades", añaden.

 

Además, "en los pocos casos en los que ha habido sanciones económicas en América Latina, han sido tan pequeñas que no son disuasivas. Como se ha indicado, algunos investigadores/administradores fieles han sido despedidos por violaciones normativas o éticas, pero en ocasiones siguen trabajando en su práctica privada, reciben apoyo y recursos de las innovadoras o han vuelto a sus cargos".

 

Por último, "la falta de controles durante la implementación del ensayo pone en peligro la validez de los resultados. La posibilidad de que se aprueben medicamentos que no son seguros o eficaces aumenta”.

 

Fraude científico y explotación humana. ¿Dónde está la indignación?

 


Abel Novoa, Médico de familia y presidente de la organización NoGracias

 

 

 

El artículo ha sido originalmente publicado por NoGracias, organización civil independiente por la transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la asistencia sanitaria y la investigación biomédica.

 

 

 

 

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La ingeniería fiscal ha ganado la partida

La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trusts, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.

Son vehículos como las bien conocidas en España Sicav, pese a que hay algunas diferencias entre ambas fórmulas. Ya no se trata del mercado de la discreción bancaria, sino del de la ingeniería fiscal.


La evasión fiscal se ha desplazado progresivamente hacia esas estructuras legales. Los trusts se han convertido en la principal herramienta de sustracción fiscal para las grandes fortunas, en el sustituto más eficaz del secreto bancario. El trust es un vehículo de derecho que permite a una persona desprenderse de sus haberes para no aparecer como el propietario a ojos del fisco, y así evitar tener que pagar impuestos por esos bienes. En cuanto al beneficiario del trust, que en principio sí debería pagarlos, no se exige su identidad en el momento de abrir una cuenta en las jurisdicciones de los territorios offshore británicos. En éstos, el banco que abre la cuenta puede no exigir la identidad del beneficiario si el trust es “discrecional e irrevocable”.


Los grandes bancos situados en el continente europeo también se han lanzado al mercado de los trusts, pero conservan la identidad de los constituyentes. Los bancos anglosajones practican un uso menos restrictivo, reteniendo tan sólo informaciones sobre la sociedad de gestión y de administración. Esto les permite una opacidad completa sobre la persona que desea escapar al fisco. Llegan así a una confidencialidad todavía mayor sin secreto bancario en el sentido formal del término. Incluso si, en el marco de una investigación determinada, las legislaciones obligan a esas plazas financieras a entregar la información sobre sus clientes, éstas no pueden proporcionar datos de los que no disponen. La generalización de ese tipo de montaje es una mutación del sistema financiero internacional en beneficio de las finanzas anglosajonas. Las grandes fortunas, por tanto, se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”. Al contrario, como ocurre con las firmas internacionales, convendría hablar de “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos.

El caso Luxleaks, revelado al final de una investigación, muestra cómo 340 multinacionales han podido establecer un total de 548 acuerdos con el Gran Ducado de Luxemburgo. Este país ofrece a las multinacionales todo un abanico de herramientas para optimizar de manera totalmente legal la imposición sobre sus actividades.

El tax ruling permite a una empresa preguntar por anticipado cómo será tratada su situación por la administración fiscal de un país, y obtener ciertas garantías jurídicas. Las autoridades luxemburguesas se han atrincherado tras la legalidad de sus prácticas. El primer ministro del Gran Ducado ha asegurado que el ruling está “conforme a las leyes internacionales” y es “compatible con los estándares comunitarios y los de la Ocde”.

De hecho, el ruling no es exclusivo de Luxemburgo. Todos los estados, en Europa o en otros lugares, muestran tener la misma imaginación a la hora de atraer o retener a las grandes empresas y los capitales. La evasión fiscal, privilegio de las grandes fortunas y de las multinacionales, no está, como la lucha contra el fraude fiscal, en el centro de las políticas nacionales y comunitarias. La posibilidad de no pagar impuestos se restringe así cada vez más a las capas sociales más privilegiadas. La distinción entre fraude y evasión fiscal indica que la gobernanza mundial se efectúa “por arriba” y se deslinda así de este proceso de formación de un bloque de poder constituido por el gran capital y las clases medias superiores.

* Sociólogo, autor de El final del Estado de derecho. Esta nota fue publicada por Diagonal, en España, en febrero de 2015, tres meses después de que el Consorcio de Periodistas de Investigación filtrara centenares de acuerdos fiscales suscritos por bufetes de abogados con el fisco de Luxemburgo en favor de grandes trasnacionales.

 


 

Busquen al arquitecto


Las sociedades offshore no son necesariamente ilegales, lo que pasa es que la legalidad internacional ha sido armada para que ese tipo de empresas puedan existir en beneficio de los más poderosos. Es un problema de arquitectura, de concepción del sistema. Quien esto dijo, meses atrás, sabe de lo que habla: el economista John Christensen es actualmente director de Tax Justice Network (Tjn), una ong dedicada a investigar los paraísos fiscales y las empresas que en ellos se refugian. Durante mucho tiempo estuvo del otro lado del mostrador. Trabajó para la consultora Deloitte y fue asesor por más de una década de los gobiernos de las británicas islas Jersey, su lugar natal, ubicadas en el lugar 16 entre el centenar de países y territorios que más favorecen la opacidad y el secretismo financieros. Tomás Lukin, periodista del diario Página 12, lo entrevistó esta semana para saber su opinión sobre “el caso Macri”. Si el presidente argentino montó por intermedio del bufete Mossack Fonseca una offshore en Bahamas, paraíso fiscal número 25 del planeta, para invertir en Brasil, es muy probable que ello obedezca al intento de evadir el fisco de los dos países, “lo que los expertos llaman la doble no imposición”, señaló el director de Tjn. “Bahamas es una de las jurisdicciones con mayor grado de secretismo en el planeta. (Su) modelo de negocios está basado en la venta de secretismo financiero y legal que facilita una enorme variedad de crímenes de guante blanco. No sólo canalizan maniobras de evasión fiscal sino también otro tipo de operaciones vinculadas al abuso de información privilegiada en el sector privado, la malversación, la corrupción o el fraude”, dijo. Y de manera general apuntó: “la mayoría de las familias ricas y grandes empresas que crean estructuras offshore lo hacen para eludir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital, a la herencia, a los ingresos y otros tributos, y a las propiedades. Les gusta utilizar nombres sofisticados como ‘administración patrimonial’ (wealth management, en inglés), pero al final del día se suele reducir a la evasión fiscal”. Los paraísos fiscales forman de hecho parte del sistema. Algunos los consideran como una “enorme falla”, como una tara a corregir, pero otros los ven como una válvula de escape necesaria para proteger las ganancias de los hacedores del propio sistema. “A pesar de algunos avances observados a lo largo de los últimos años, los paraísos fiscales continúan bloqueando los cambios necesarios para hacer públicos los registros de información sobre los fideicomisos y compañías offshore. Y nada de eso sería posible sin la complicidad de Estados Unidos e Inglaterra”, había dicho anteriormente Christensen al propio Página 12.

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