La tragedia de Jerusalén y el apartheid israelí

La escalada de violencia que comenzó en Jerusalén ya provocó más de 40 muertos. El histórico conflicto entre israelíes y palestinos retorna con fuerza y pone en debate la política israelí en los territorios ocupados. Las alternativas frente al conflicto existen, pero son pocos quienes están dispuestos a apoyarlas y los pirómanos parecen estar ganando la batalla.

La semana pasada la situación en Israel empezó a descarrilarse hacia una tragedia anunciada. En Jerusalén Este (la zona árabe), más precisamente en el barrio de Sheikh Jarrah, los habitantes palestinos de la ciudad encontraron la excusa perfecta para protestar ante la discriminación continua que sufren a manos del gobierno de Israel. Allí, cientos de palestinos –con la presencia solidaria de un puñado de activistas israelíes– elevaron su voz ante la orden de desalojo que recibieron varias familias árabes de parte del Poder Judicial de Jerusalén, el cual argumentó que familias palestinas se encontraban ocupando ilegalmente viviendas que antes de que se conformara el Estado de Israel en 1948 (y Jerusalén se dividiera entre control israelí al oeste y jordano al este) eran de propiedad judía.

Los ocupantes palestinos explicaron una y otra vez que la mayoría de ellos también eran refugiados que, a su vez, habían sido expulsados de poblados que habían quedado bajo dominio israelí con posterioridad al establecimiento del Estado hebreo, y que las autoridades jordanas los habían reacomodado en viviendas que antes eran de judíos. La pregunta que se hacían los damnificados ante la decisión judicial era clara y estaba dirigida hacia el corazón de una cuestión aún no saldada: ¿por qué familias judías pueden presentar reclamos por propiedades que debieron abandonar por la conflagración de 1948, pero ningún palestino puede hacer lo mismo con sus antiguas viviendas hoy ocupadas por israelíes después la guerra, a lo largo y ancho de todo Israel?

Las llamas actuales comenzaron a avivarse hacia un punto de no retorno cuando Haram Al Sharif (la explanada elevada donde se encuentran el Domo de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa y que los judíos también reverencian, pues allí se encontraba el Templo de Salomón), repleto por la festividad musulmana de Ramadán, protestó masivamente en solidaridad con el barrio de Sheikh Jarrah. Los disturbios incluyeron el lanzamiento de piedras y cánticos palestinos en favor de la independencia, y las fuerzas israelíes contestaron con una violenta represión, que si bien no causó muertos aún en Jerusalén por la notoria decisión de la policía israelí de no usar fuego vivo, incluyó imágenes delicadas para el sentimiento palestino, como lo fue el lanzamiento de granadas de estruendo y humo dentro de la mezquita de Al Aqsa (el tercer lugar más sagrado para el islam).

A partir de entonces, todo estuvo servido para la ganancia de los piromaníacos: la organización fundamentalista Hamas –que controla una Franja de Gaza bloqueada por Israel– aprovechó la oportunidad e hizo su entrada triunfal para posicionarse como protectora de los palestinos y así avanzar su disputa interna contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) (que administra algunas ciudades de Cisjordania bajo supervisión israelí y trató de contener las protestas). Para ello lanzó ataques con cohetes contra Israel. Hamas sabe muy bien –de igual manera que lo comprenden los extremistas judíos– que cualquier disturbio acontecido en Haram al Sharif potencia su discurso nacional-religioso a expensas de la posición mayoritaria palestina de llegar a un acuerdo con los israelíes.

A esto se debe que los fundamentalistas de ambos lados anhelen la violencia en Jerusalén, pues los problemas pueden empezar en la mítica ciudad santa pero nunca terminan dentro de sus límites. La realidad es que Hamas le hizo un flaco favor a la causa palestina al entrar en un intercambio violento con Israel, que, al fin y al cabo, mueve el escenario de una lucha de resistencia civil en Jerusalén –que Israel no sabe manejar– a una disputa armada que Israel dominará tarde o temprano.

De esta manera, y desde la noche del lunes, Hamas lanzó 500 cohetes desde Gaza hacia Israel: 150 cayeron dentro de la Franja, otros 200 fueron interceptados por el Domo de Hierro (el escudo antimisiles israelí) y el resto impactó principalmente en ciudades sureñas israelíes causando tres muertes. Israel reaccionó con rapidez y bombardeó masivamente la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, lo que provocó más de 30 muertos, entre ellos varios niños.

Para hacer más complicada la cuestión, Israel se encuentra en una impasse política: el actual primer ministro Benjamin Netanyahu no pudo formar una coalición de gobierno luego de las elecciones y hoy la oportunidad de hacerlo la tiene una heterogénea alianza que integran derechistas e izquierdistas israelíes junto con islamistas árabes israelíes. La escalada violenta sin dudas beneficia al líder del Likud, pues será muy difícil para sus rivales políticos, encabezados por el nacionalista religioso Naftali Bennett y el centrista secular Yair Lapid, conformar en los días por venir una coalición para la cual necesitan el apoyo de los partidos árabes israelíes (un eufemismo para denominar a los palestinos con ciudadanía de Israel). Y cualquier colaboración de los partidos palestinos dentro de Israel en el medio de un conflicto violento será vista como una traición a su pueblo.

Volviendo a Jerusalén, la actual disputa en la ciudad encuentra su origen en el problema irresuelto de su estatus legal y a la fallida partición del territorio de Palestina en un Estado judío y otro árabe. Bajo el plan de partición de las Naciones Unidas, aprobado en noviembre de 1947, Jerusalén –como Belén– se convertiría en un Corpus Separatum, es decir, bajo control internacional y sin manejo efectivo ni del Estado judío ni de los árabes. La tutela internacional –que habría implicado que varios países tuvieran una representación diplomática separada en Jerusalén– nunca llegó a implementarse debido a la guerra que pelearon, en primer lugar, israelíes contra palestinos y, a partir de la Declaración de Independencia israelí, en mayo de 1948, el naciente Estado judío contra cinco países árabes. Hoy, el estado legal de Jerusalén, según las Naciones Unidas y casi todos los países del mundo, no está resuelto y sigue en disputa. Asimismo, la amplia mayoría de la comunidad internacional nunca reconoció la decisión israelí de coronar a Jerusalén Oeste como la capital de Israel en 1949 o la anexión de Jerusalén oriental (luego de la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de manos de Jordania) en 1967. La anexión puso a Jerusalén Este dentro de los límites de Israel, pero no les otorgó derechos plenos a sus ciudadanos árabes, quienes pueden votar para seleccionar al alcalde de la ciudad, pero no así para elegir a los diputados del Parlamento israelí o al mismísimo primer ministro de Israel.

Mientras tanto, hace solo dos semanas, la organización humanitaria Human Rights Watch publicó un exhaustivo trabajo de investigación de 213 páginas titulado Un umbral cruzado, en el que afirma que Israel gobierna un régimen de «apartheid y persecución» sobre los palestinos, lo que fue definido como un crimen de lesa humanidad en la década de 1970.

Durante años, siempre que Israel ha sido acusado de mantener un régimen de apartheid en los territorios ocupados palestinos ha contestado con el argumento de que se trata de una situación «temporal» (producto de la guerra de 1967) y que el futuro de Cisjordania se determinará mediante negociaciones que se han estancado –según los argumentos israelíes– como resultado de la negativa de la parte palestina a participar. Es decir: la responsabilidad es de los palestinos y no del propio Estado israelí, el cual ha motorizado que hoy en día 8% de su población civil –cerca de 700.000 personas– se haya asentado en territorio ocupado en un conflicto militar  (violando una Convención de Ginebra que permite el movimiento de tropas a la zona conquistada pero no así el de civiles) y construido allí más de 120 asentamientos (hay otros 100 en proceso de legalización) que controlan de una forma u otra entre 20% y 30% del territorio total de Cisjordania. 

Antes de la publicación del informe, la cancillería israelí reaccionó defensivamente sosteniendo que se trataba de un «panfleto de propaganda» no relacionado «con los hechos o la verdad sobre el terreno» y escrito por una organización impulsada «durante mucho tiempo por una agenda antiisraelí». Por su parte, el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Michael Biton, sostuvo que «no hay conexión entre el informe de HRW y las verdades legales, sociales y morales [sic] que prevalecen en todo Israel». «El propósito de este informe espurio –sostuvo– no está relacionado de ninguna manera con los derechos humanos, sino un intento de socavar el derecho del Estado de Israel a existir como el Estado-nación del pueblo judío».

El trabajo –y sentencia– de Human Rights Watch no es nuevo y continúa el detallado análisis publicado en enero de este año por la organización israelí B’Tselem, titulado: «Un régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo: esto es apartheid». En ese documento, la institución sin fines de lucro con sede en Jerusalén, cuyos objetivos declarados son documentar las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados por Israel, declara: «Toda el área entre el mar Mediterráneo y el río Jordán está organizada bajo un solo principio: avanzar y cimentar la supremacía de un grupo, los judíos, sobre otro, los palestinos. (…) El régimen israelí ha dividido el área en varias unidades que define y gobierna de manera diferente, otorgando a los palestinos derechos diferentes en cada una. Esta división es relevante solo para los palestinos. El espacio geográfico, que es contiguo para los judíos, es un mosaico fragmentado para los palestinos. (…) Israel otorga a los palestinos un conjunto diferente de derechos en cada una de estas unidades, todos los cuales son inferiores en comparación con los derechos otorgados a los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía avanza de manera diferente en cada unidad, y las formas de injusticia resultantes difieren: la experiencia vivida por los palestinos en la Gaza bloqueada es diferente de la de los súbditos palestinos en Cisjordania, los residentes permanentes en Jerusalén Este o los ciudadanos palestinos dentro del territorio soberano de Israel. Sin embargo, estas son variaciones del hecho de que todos los palestinos que viven bajo el gobierno israelí son tratados como inferiores en derechos y estatus a los judíos que viven en la misma área».

La decisión de HRW de utilizar el término «apartheid» y de calificar de «persecución» las políticas israelíes hacia los palestinos también se produce semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por Israel (y también de Hamas) desde 2014 en los territorios ocupados. Una decisión que el por ahora primer ministro israelí, el investigado por corrupción Netanyahu, calificó burdamente como de «antisemita».

La pregunta que se impone entonces es la siguiente: ¿es comparable la situación en Israel/Palestina a la Sudáfrica del apartheid? En 1927, el líder sionista Haim Arlosoroff (quien posiblemente hubiese ocupado el lugar de David Ben Gurion de no haber caído asesinado por rivales sionistas de derecha), mucho antes de la creación del Estado de Israel y la instauración legal del apartheid sudafricano, escribía: «Creo que vale la pena encontrar un equivalente a nuestro problema en los anales de asentamiento de otros países». Según Arlosoroff, las comparaciones con Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda estaban equivocadas, pero «Sudáfrica es casi el único caso en el que hay similitud, con nuestras condiciones y problemas, para permitirnos una analogía». Aquellos familiarizados con la historia sudafricana saben que el régimen de permisos para la población «de color» fue uno de los aspectos más notorios del apartheid y procedimientos similares (pero no por eso idénticos) son una parte inherente al orden al que están sometidos millones de no ciudadanos palestinos.

Si bien la caracterización de Israel como un estado de apartheid deja de lado algunos aspectos únicos de la ocupación israelí, en muchas otras cuestiones las similitudes son sorprendentes: Israel controla todo el registro de la población en los territorios ocupados, todos los palestinos deben llevar tarjetas de identificación emitidas por Israel y su identidad está sujeta a verificación por parte del ejército israelí en todo momento. Existe un complicado sistema de permisos y regulación tanto del movimiento dentro de Cisjordania como de los desplazamientos fuera de la zona: hay más de 100 tipos de permisos para entrar en Israel desde Cisjordania, en lo que constituye el sistema más sofisticado de control de una población en todo el mundo. El grado de cooperación de un palestino con el ejército israelí es directamente proporcional a su capacidad para viajar libremente, y solo una pequeña parte de la población –un par de decenas de miles entre casi tres millones– tiene permisos para trabajar en Israel, al oeste de la Línea Verde, límite internacionalmente reconocido entre los israelíes y los palestinos.

Al día de hoy, solo existen dos opciones en el conflicto israelí-palestino: la primera es dos Estados para dos pueblos, lo que implica una contienda palestina por la independencia nacional y la aceptación israelí de que ese Estado palestino se establezca en la totalidad de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. La segunda alternativa es un Estado para todos, en el que la disputa palestina se concentre en una lucha para alcanzar derechos civiles y humanos plenos. Hay un tercer proyecto que incluye una federación israelí y palestina, pero nadie aún la ha puesto en agenda. La segunda y tercera opción parecen muy lejanas al día de hoy simplemente porque no cuentan con un masivo apoyo en los respectivos pueblos.

Es probable que el punto más cuestionable para aquellos que definen a Israel como un Estado de apartheid radique en presentar los deseos palestinos solamente como una lucha de derechos humanos o de igualdad ante la ley. Incluso si los palestinos pudiesen construir sus casas en cualquier espacio de Tierra Santa o si la cantidad de derechos que poseen no estuviesen supeditados al lugar en el que residen (los palestinos de Israel tienen más derechos que los palestinos de Jerusalén, los de Jerusalén más que los de Cisjordania y los de Cisjordania más que los de Gaza), el combate palestino continuaría, pues el deseo de la mayoría es la independencia nacional y no un Estado para todos. Asimismo, es sorprendente que no esté en el principal interés de Israel conformar un Estado palestino para que exista a su lado: esta es la única alternativa para que el Estado de Israel pueda seguir manteniendo su carácter judío, pero también ser un Estado democrático. 

En 2007, el ex-primer ministro Ehud Olmert dijo que si la solución de dos Estados para dos pueblos colapsara, Israel «enfrentaría una lucha al estilo sudafricano por la igualdad de derechos de voto, y tan pronto como eso suceda, el Estado de Israel habrá terminado». Tres años después, el militar más condecorado del Estado hebreo, el también ex-primer ministro Ehud Barak, expresó el mismo parecer. Y en 2015 lo hizo, para sorpresa de más de uno, el propio ex-jefe del Mossad, el fallecido Meir Dagan. Ya un par de años antes Yuval Diskin, el destacado jefe del sigiloso servicio secreto interno israelí, el Shin Bet, lo había puesto con estas palabras: «Si no deseamos seguir gobernando a otro pueblo y convertirnos así en un Estado de apartheid condenado al ostracismo, no hay más alternativa que otorgar plenos derechos, incluido el derecho al voto, a los palestinos. En tal escenario, no hay necesidad de mantener más discusiones sobre el futuro de la visión judía y democrática tal como la plantearon nuestros padres fundadores, la misma visión en la que fuimos criados y educados. La misma se derretirá y desaparecerá».

Por lo tanto, y más que nunca, los líderes israelíes actuales deberían recordar las antiguas palabras esgrimidas por el aclamado escritor, poeta y crítico social afroestadounidense James Baldwin: «No todo lo que se enfrenta se puede cambiar. Pero nada se puede cambiar hasta que se enfrente». 

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El gasto militar mundial aumenta pese a la pandemia

Casi dos tercios del gasto total corresponden a cinco países: Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido.

A pesar de las crisis económicas y la pandemia de covid-19, el gasto militar total aumentó en 2020, según un estudio realizado por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés).

En total, el gasto militar global aumentó en 2020 a 1,9 billones de dólares el año pasado, lo que supone un aumento del 2,6 % respecto al 2019.

Los cinco países que más gastaron en 2020 —y juntos representan el 62 % del gasto militar mundial— fueron Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido. El gasto militar de China creció por vigésimo sexto año consecutivo al marcar 252.000 millones de dólares en 2020.

Sin embargo, algunos países, como Chile y Corea del Sur, reasignaron parte de su gasto militar ya planificado a la respuesta a la pandemia, indica SIPRI.

Otros, como Brasil y Rusia (pese a un aumento del 2,5 %, en el caso del país euroasiático), gastaron considerablemente menos de lo que sus presupuestos militares marcaban inicialmente para 2020. 

Casi todos los miembros de la OTAN aumentaron sus gastos militares en 2020. Así, 12 miembros de la OTAN gastaron el 2 % o más de su PIB en sus fuerzas armadas, el objetivo de gasto de la alianza, en comparación con los 9 miembros que llegaron a ese porcentaje en 2019.

"Podemos decir con cierta certeza que la pandemia no tuvo un impacto significativo en el gasto militar mundial en 2020", resumió Diego Lopes da Silva, investigador del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI.

Publicado: 27 abr 2021 09:26 GMT

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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Colombia y Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos

Las autoridades colombianas evitaron vincular las maniobras aéreas con una futura intervención militar en Venezuela. Previamente, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, había expresado: "El momento para que Maduro se vaya es ahora".

Fuerzas especiales de Estados Unidos y Colombia, países aliados en la ofensiva diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, realizaron ejercicios militares aéreos en conjunto. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador de Washington en Bogotá, Philip Goldberg, viajaron hasta el fuerte militar de Tolemaida para observar las maniobras aéreas. 

El ejercicio fue realizado una semana después de que Estados Unidos y sus principales aliados en América Latina se comprometieran en una cumbre realizada en Bogotá a reforzar su lucha contra el terrorismo. En ese encuentro, se intensificaron las críticas contra Maduro, sobre quien el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que "es tiempo de que se vaya". Las autoridades colombianas, sin embargo, evitaron vincular los ejercicios aéreos con una futura intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

"El objetivo de este ejercicio es el de continuar fortaleciendo la interoperabilidad de nuestras fuerzas", dijo a la prensa Holmes Trujillo, quien subrayó la importancia para el gobierno de contar con "aliados firmes como Estados Unidos y Brasil para enfrentar las amenazas trasnacionales". De la práctica aérea participaron militares brasileños como observadores.

"Este tipo de ejercicios nos permite también realizar intercambios de información e identificar las áreas a reforzar para obtener resultados muy contundentes en asuntos de interés mutuo", agregó el ministro de Defensa colombiano.

Los militares colombianos y estadounidenses practicaron operaciones de salto en Tolemaida, la mayor base del Ejército colombiano ubicada en el municipio de Melgar, a 123 kilómetros de Bogotá, donde se entrenaron unidades colombianas de contraguerrilla, con la asesoría de Estados Unidos.

De los ejercicios participaron soldados del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia junto a 40 miembros del Ejército Sur y 75 paracaidistas de la 82º División Aerotransportada de Estados Unidos. Esta división, recordada por su participación en la Batalla de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Vietnam, del Golfo, Afganistán e Irak, participó por primera vez en un ejercicio militar en territorio colombiano.

La "amenaza" venezolana

Las maniobras aéreas siguieron a la visita que realizó a principios de la semana pasada el secretario de Estado, Mike Pompeo , quien se reunió en Bogotá con el presidente Iván Duque y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.

Pompeo, quien participó de una conferencia regional contra el terrorismo, anunció más apoyo a Guaidó en sus esfuerzos por terminar con lo que llamó la "tiranía" de Maduro. Al mismo tiempo, denunció el amparo del gobierno venezolano a la milicia chiita Hezbollah, considerada por Estados Unidos como el brazo "terrorista" de Irán. 

"El momento para que Maduro se vaya es ahora", manifestó en su cuenta de Twitter Pompeo. "El presidente Trump sigue firmemente comprometido con eso", agregó en otra de sus publicaciones.

"Hemos visto la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro", dijo por su parte el presidente de Colombia, Iván Duque, tras el encuentro. Expresó además que América Latina se encuentra amenazada por "organizaciones criminales transnacionales".

Al ser consultado sobre si el ejercicio aéreo militar del domingo estaba destinado a preparar una intervención sobre Venezuela, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, señaló que lo que representa es la "amistad" entre ambos países. Cabe recordar que en 2008, año de fuerte ofensiva contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, el entonces mandatario echó a Goldberg , quien se desempeñaba como embajador. 

Goldberg insistió en que "Venezuela representa una amenaza y riesgo" para la región, pero evitó relacionar los ejercicios en Tolemaida con una futura intervención militar de Estados Unidos. Esa postura fue replicada por el resto de los funcionarios colombianos.

El ministro de Defensa Holmes Trujillo destacó por último que los ejercicios militares le permitirán a ambos países "obtener resultados muy contundentes" en la lucha contra las drogas. A pesar de de una política institucional que incluye décadas de cooperación militar y miles de millones de dólares invertidos, Colombia sigue siendo el principal proveedor mundial de cocaína, y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.

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Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

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Evo Morales viaja a Cuba y última su salida definitiva de México para instalarse en Argentina

El expresidente boliviano planea trasladarse al país austral para tener un contacto más directo con los dirigentes de su partido

El expresidente de Bolivia Evo Morales estudia su salida definitiva de México, donde ha permanecido como asilado político desde hace casi un mes, después de renunciar a la presidencia de su país tras las presiones populares y de los militares. Morales ha salido este viernes del país con dirección a Cuba y tiene pensado instalarse, después, en Argentina, una vez que Alberto Fernández tome posesión del cargo, el próximo martes.

Morales ha partido de México en un vuelo comercial. Las fuentes consultadas aseguran que el avión no ha salido desde el aeropuerto de Ciudad de México. Tras el adelanto de la noticia por EL PAÍS, la Cancillería mexicana ha confirmado el viaje: "Según nos informó, se trata de un viaje temporal", ha asegurado el portavoz de Exteriores, Roberto Velasco, a través de Twitter. El Gobierno mexicano ha brindado tanto a Morales, como al que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera como a la exministra de Salud, Gabriela Montaño -que le acompaña en el viaje a Cuba- una identificación que, como asilado, le permite entrar y salir del país.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y poder reunirse con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún con fecha por concretar. Cuándo decidirá partir hacia Argentina es aún una incógnita. Las autoridades mexicanas han recomendado al exmandatario boliviano que se desplace siempre desde México, en vuelo comercial.

Morales buscaba asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández, el próximo martes, pero desde Argentina, el equipo del aún presidente electo le han transmitido que es mejor que espere a que asuma el cargo, pues antes no le pueden dar todas las garantías de asilo y seguridad, ya que sería una decisión que aún depende de Mauricio Macri. En ese caso Morales, esperará hasta la próxima semana o la siguiente, según las fuentes consultadas, para volar hacia Argentina. No obstante, no está descartado que se desplace directamente desde La Habana. El exmandatario cubano Raúl Castro ha sido invitado a la toma de posesión de Fernández.

El expresidente boliviano aspira el asilo en Argentina, para poder tener un contacto más directo con los dirigentes de su formación, el Movimiento al Socialismo. No obstante, uno de los aspectos que más le preocupan al entorno del mandatario, según las fuentes oficiales mexicanas, es la seguridad, ya que dan por hecho que en México está más protegido. Desde que llegó al país norteamericano hace casi un mes, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar del Gobierno mexicano y en la última semana se había desplazado ya a una casa particular.

Morales llegó como asilado político a México el 12 de noviembre, dos días después de renunciar a su mandato y tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México se hizo cargo de sacar del exlíder boliviano de la región cocalera donde se había resguardado, una odisea en la que estuvieron implicados varios gobiernos latinoamericanos -algunos, como el de Perú, no permitió que el avión aterrizase en Lima a la vuelta, aunque sí sobrevolar el espacio aéreo- y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El expresidente llegó a México acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también estudia la posibilidad de instalarse en Argentina. Según las fuentes consultadas, García Linera tampoco descarta permanecer en México, donde se ha recibido una serie de ofertas para poder impartir clases en universidades.

Por JAVIER LAFUENTE

México 7 DIC 2019 - 09:41 CET

Público

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Con un imponente desfile militar China celebra su 70 aniversario

Cientos de miles de personas participaron del imponente desfile militar celebrado en Beijing, China, en conmemoración a los 70 años de la fundación de la República Popular, y aprovechado como excusa para que el gigante asiático destaque su influencia estratégica a nivel mundial. Tras la exhibición militar, el Ejército Popular de Liberación (EPL) marchó por la avenida Changan hasta llegar a la plaza de Tiananmen, para rendir honores al presidente Xi Jinping. Mientras el presidente chino daba su discurso ante una multitud, en Hong Kong las protestas prodemocráticas escalaban en su nivel de violencia, registrando al primer manifestante herido de bala desde el inicio de las movilizaciones.

"Ninguna fuerza puede impedir que el pueblo y la nación chinos avancen", dijo el presidente Xi Jinping ante una multitud, en un discurso trasmitido por la televisión nacional, desde la plaza de Tiananmen. “Durante los últimos 70 años, los chinos de todos los grupos étnicos han trabajado arduamente con un sólo corazón y un mismo espíritu para obtener numerosos logros notables que ganaron la alta estima del mundo”, agregó.

El megadesfile militar incluyó camiones que transportaban misiles nucleares, aviones no tripulados de ataque supersónico y decenas de otras armas desarrolladas por el país durante los últimos 20 años. El ambicioso desfile y las palabras de Xi dejaron en claro que China está dispuesta a potenciar su influencia estratégica mundial. Beijing busca desplazar a Estados Unidos como el poder dominante en la región del Pacífico, e intentará hacer valer su poderío en cuestiones tales como el Mar del Sur de China, Taiwán y Hong Kong.

Sobre el territorio de la ex colonia británica, Hong Kong, se produjeron nuevas manifestaciones que dejaron como saldo al primer herido de bala desde el inicio de las protestas hace ya seis meses, en rechazo a un proyecto de ley de extradición a China que luego fue retirado, pero que para los opositores al gobierno puso en evidencia la erosión de sus derechos desde que la antigua colonia fue devuelta a Beijing. La vocera policial, Yolanda Yu, dijo que el oficial disparó en el pecho de un joven de 18 años al sentir temor por su vida cuando un grupo de "alborotadores" se dirigió hacia él.

El adolescente es una de las dos personas que se encuentran en estado crítico después de las violentas protestas que dejaron un saldo de 51 heridos, según la autoridad de Salud de Hong Kong. Hasta la fecha, la policía sólo había utilizado armas de fuego para dispersar a los manifestantes con disparos al aire. Un video que se viralizó de forma inmediata en las redes muestra a un oficial que luego de separarse de su grupo dispara a quemarropa contra un manifestante que se acercaba con un palo. 

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Bolsonaro, cada vez más enfrentado a los militares

Julio fue un mes traumático en las relaciones entre el presidente Jair Bolsonaro y las Fuerzas Armadas brasileñas.

Comenzó con un plato fuerte: el 5 de ese mes el vicepresidente Hamilton Mourão concedió una entrevista a la revista Crusoé, en la que reveló haber recibido un pedido del presidente para "actuar con mayor moderación", a la vez que rechazaba "la desconfianza del presidente en los militares que estarían interesados en tomar el poder".

Esos días Bolsonaro felicitó a su vice por haber estado una semana sin hablar con la prensa, ya que las declaraciones de Mourão, o la atención que recibe por parte de los medios, suelen molestarle.

El enfrentamiento principal saltó el 19 de junio, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento de Santos Dumont (pionero de aviación brasileña), que la Fuerza Aérea celebra todos los años en Brasilia.

Sorprendió la ausencia del presidente, que algunos explicaron por el incidente de la detención en Sevilla, España, de un miembro de la comitiva de Bolsonaro que se dirigía a Japón para participar de la cumbre del G20, en un aparato de la fuerza aérea portando cocaína.

Sin embargo, Bolsonaro no sólo dejó plantados a la cúpula militar sino a los embajadores de Japón, Ucrania y Estados Unidos, todos ellos aliados cercanos de su Gobierno, para participar en el ceremonia del Día Nacional del Fútbol, también en Brasilia. Del acto castrense tampoco participó Mourão ni el ministro de Defensa.

El mismo día, en el ya tradicional Café de la Mañana, con los medios, Bolsonaro atacó al gobernador de Maranhão, Flavio Dino, miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por el modo como lo hizo, se trató de un ataque a todos los nordestinos, la región más pobre de Brasil que vota masivamente por Lula y contra la ultraderecha que representa el presidente.

Agregó que los gobernadores del Nordeste "intentan todo el tiempo a través de la desinformación, manipular a los votantes". Fue interpretado como un ataque racista, ya que en la región predomina la población afro. El ataque a Dino fue justificado por algunos, por su actitud tibia respecto a la cesión de la base de cohetes de Alcántara (en su estado) a los EEUU.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente todos los gobernadores del Nordeste, firmaron una nota donde expresan "sorpresa e indignación profunda" con las declaraciones de Bolsonaro.

Ese día, en una entrevista en el conservador O Estado de São Paulo, el general de Luiz Eduardo Rocha Paiva condenó las declaraciones del presidente señalándolas como "antipatriotas" e "incoherentes", por dividir al país.

Rocha Paiva es un destacado militar, ahora en la reserva, que fue comandante de la Escuela de Comando y del Estado Mayor del Ejército, y secretario de general del arma. Además respaldó con vigor el golpe de Estado de 1964, por lo que sus pares lo tienen en gran estima.

El presidente no perdió la ocasión para contraatacar. Acusó al prestigioso general de ser un aliado del gobernador comunista y agregó una ofensa gratuita: "Inadvertidamente descubro una sandía, un defensor de la guerrilla de Araguaia".

"Sandía" es el nombre que se da entre los militares a los que, sin decirlo, simpatizan con la izquierda: verdes por fuera y rojos por dentro. La guerrilla de Araguaia fue la principal lucha armada en la selva durante la dictadura.

Dentro y fuera de los cuarteles hubo gran malestar. El redactor jefe de la página Defesanet, Nelson Düring, dijo que el ataque a Rocha Paiva era "una ofensa ignominiosa y deshonrosa", y relata una serie de ofensas anteriores recibidas por las Fuerzas Armadas, que no habían trascendido.

El editorial lo considera "el último de una serie de desaciertos entre la presidencia y los comandos militares".

El mismo día 21, el gurú de Bolsonaro, el profesor Olavo de Carvalho, que reside en EEUU, difundió un video con ataques muy fuertes a los militares que rodean al presidente. Se interpretó que el video estuvo inspirado por uno de los hijos del mandatario, Carlos Bolsonaro, que en esos momentos estaba en Virginia visitando a su referente ideológico.

Una respuesta más dura aún provino del hermano del insultado, el general Paulo Ricardo da Rocha Paiva. Una carta abierta pone el dedo en las principales diferencias de los uniformados con el presidente. Dice que lo votó pese a unas declaraciones que fueron una "señal roja", cuando dijo que "Alcántara es para ustedes", en referencia a los EEUU.

Sin medias palabras, denuncia el "acoplamiento militar automático con el Tío Sam y la OTAN", abandonando a los aliados de la región sudamericana. El tono del extenso escrito del general retirado es fuerte, frontal y por momentos agresivo, cargado de adjetivos peyorativos. Bolsonaro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y guardar silencio, lo que evidencia que los cuarteles no lo están mirando con buenos ojos.

Las razones de semejantes deslices del presidente son más oscuras aún. La antropóloga Isabela Oliveira Kalil, en una extensa entrevista en el diario Valor, sostiene que una parte de la base social de Bolsonaro se siente defraudada y exige un gobierno más derechista aún.

Un estudio etnográfico en la zona metropolitana de Sao Paulo, focalizado en los comportamientos conservadores, muestra que entre los varones de 40 a 45 años hay mucha disconformidad porque observan que Bolsonaro no se comporta como extrema derecha, razón por la cual lo votaron.

El principal punto de insatisfacción es que esperaban una liberalización mayor en la tenencia de armas.

Antes de terminar el mes, el presidente tuvo otro desliz verbal que le puede costar caro. Aseguró que sabe cómo desapareció el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil durante la dictadura militar.

Se trata de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, desparecido luego de haber sido detenido por agentes del régimen en 1974. Las declaraciones de Bolsonaro pueden constituir delito, ya que dice conocer cómo se produjo un crimen que está encubriendo.

El desgaste que viene sufriendo Bolsonaro obedece a que una porción de la sociedad, que coincide con las posiciones más ultras de sus hijos y de su gurú (Olavo de Carvalho), le exigen una posición más derechista aún. En tanto, las colisiones con los militares puede ser el principal factor de deterioro de la apoyatura de un presidente que lleva poco más de medio año en el cargo.

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Al menos 57 muertos en una cárcel del norte de Brasil

Se trata del episodio más violento en las cárceles del vecino país en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

 

Al menos cincuenta y siete presos fallecieron, diceciseis de ellos decapitados, tras la rebelión ocurrida en un reclusorio de Altamira, en el norteño estado de Pará. Se trata del episodio más violento en las cárceles de Brasil en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

Todo comenzó este lunes cerca de las siete de la mañana en el Centro de Recuperación de Altamira, sur paraense, en el extremo este de la Amazonia que desde hace algunos años se ha convertido en corredor de drogas colombianas destinadas al mercado europeo y campo de disputa de entre facciones.

Una nube de humo negro surgió poco después a desde el interior del Centro de Recuperación de Altamira donde miembros del Comando Clase A incendiaron un contenedor ocupado por sus rivales del Comando Vermelho, una de las organizaciones más antiguas del país formada hace décadas en las favelas de Río de Janeiro.

Los atacantes salieron del Pabellón A munidos con antorchas y cuchillas incautadas en la cocina del presidio, según las informaciones de la Superintendencia del Servicio Penitenciario paraense. Dos agentes penitenciarios fueron hechos rehenes y luego liberados.

Decenas de reclusos murieron asfixiados o calcinados en medio de los colchones en llamas dentro del contenedor de metal y concreto, al cual los peritos del Instituto Médico Legal sólo ingresarían a última hora de la tarde debido a la alta temperatura del material.

Un muro rodea al presidio frente al cual se reunieron las compañeras de los internos,las mismas que ya se habían movilizado en ese lugar hace dos meses para exigir la separación de las bandas a fin de impedir el enfrentamiento que finalmente ocurrió.

"Yo solo quiero la lista para saber si mi marido está vivo", gritaba la señora Rosángela da Costa ante los reporteros o cuando se acercaba algún vehículo oficial al portón de la cárcel.

El paso de ambulancias y camionetas del Instituto Médico Forense era permanente, y más tarde las autoridades anunciaron el envio de camiones refrigerados para trasladar los cadáveres hacia Belém, la capital estadual.

Cerca del mediodía, circuló un video de mala definición, donde unos hombres festejaban la carnicería pateando lo que al parecer eran las cabezas de sus enemigos.

Desde Brasilia el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, eludió hablar con los medios a los que distribuyó un comunicado burocrático sin anunciar un viaje al lugar de los hechos.

En la nota oficial se informó sobre la puesta en en alerta a la Fuerza Nacional de Seguridad y el traslado de los cabecillas de la revuelta a otros reclusorios.

El comunicado no hizo mención a la superpoblación del presidio que según el Consejo Nacional de Justicia albergaba a más de trescientos cuarenta internos cuando sólo puede alojar a ciento cuarenta y tres.

El exjuez de la causa Lava Jato y actual ministro de Jair Bolsonaro es autor de un proyecto de reforma del sistema de seguridad pública cuyas fundamentos conducen al incremento de la población carcelaria de un país con más de setecientos mil internos, la tercera más numerosa del mundo. El setenta por ciento de esas cárceles está superpoblada y un número importante presentan cuadros de hacinamiento, indicó el estudio del Consejo de Justicia.

Por la noche Amnistía Internacional señaló que la matanza es reflejo de cárceles "superpobladas" y un sistema de seguridad "agotado" .

La propuesta legislativa de Moro, inspirada en este concepto perimido citado por Amnistía, cuenta con el apoyo de la Bancada de la Bala, formada principalmente por policías además de miembros de otras fuerzas de seguridad como los agentes penitenciarios y el apenas disimulado respaldo de las "milicias" paramilitares.

El Comando Clase A, supuesto responsable de la mascre, es una organización que contaría con la presencia, o al menos la connivencia del paramilitarismo de Pará.

Una organización surgida al calor de la guerra por el control de los reclusorios, el tráfico de armas y drogas que le plantan cara a las mafias de proyección nacional como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, este último aparecido en San Pablo en los años 90.

El caso del Comando Clase A guarda semejanzas con la Familia del Norte, la banda formada en Manaus, desde donde mide fuerzas con el Primer Comando paulista y el Comando Vermelho Carioca.

La Familia estuvo envuelta en las rebeliones de Manaus en mayo y las de principios de 2017, también en esa capital, que inició una cadena de disturbios carcelarios amazónicos causantes de un centenar de muertos.

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