Los próximos 10 años entre EU y China: ¿conflictos o G-2?

El histórico G-20 de Osaka –por sus cumbres al margen, más que por su ausencia de concreciones consensuadas– no fue un punto de inflexión, sino que acentuó la dinámica de las tendencias de la "arquitectura estratégica global" (https://bit.ly/2Y22epH) y/o de la "estabilidad estratégica" tripolar de EU/Rusia/China.

 

Dos días después de la cumbre del G-20 en Osaka, se celebró en Pekín el segundo "Diálogo Wanshou de Seguridad Global", donde concurrieron connotados académicos, cuyo tema nodal consistió en elucidar cómo serán definidas las relaciones de China y EU en los próximos 10 años: "por conflictos o por sus esfuerzos para superarlos" (https://bit.ly/30PL7UL).

 

Uno de los asistentes fue el británico Martin Jacques, becario senior de la Universidad de Cambridge y quien publicó hace 10 años el visionario libro Cuando China gobierne al mundo: el fin del mundo occidental y el nacimiento de un nuevo orden global (https://amzn.to/2YfzmWd), quien adujo que la relación de China y EU fue relativamente estable en los pasados 40 años, pero que ya concluyó debido a razones fundamentales.

 

Arguyó que sí habrán tensiones y conflictos, por lo menos en los próximos 10 años hasta que "EU acepte el hecho de que China se encuentra en una posición igual (sic)" y que ya "EU no es más el exclusivo primer país del mundo".

 

Sentenció que "el tiempo unipolar de EU acabó, y hoy nos encontramos ya en el tiempo bipolar (sic), pero tampoco debemos subestimar la dificultad que tendrá EU para cambiar (sic)" cuando encuentra dificultad para "reajustarse conforme va en declive".

 

Según Martin Jacques, EU creó y "está destruyendo" ahora el presente orden global que sustenta el multilateralismo y la globalización, por lo que el "nuevo orden no advendrá en el corto periodo de tiempo, por lo menos no en los próximos 20 años, aunque el viejo orden es débil y ya no es más sostenible".

 

A su juicio, "existe un nuevo orden incipiente dentro del concepto de la Ruta de la Seda" debido a su escala y por las ideas que representa, como el "ganar-ganar, cooperación y elevar los niveles de vida de los países pobres" (https://bit.ly/2OeGiD8).

 

Martin Jacques, pese a su pasado marxista (o quizá debido a ello) y a su amistad con uno de los máximos historiadores de Occidente, otro marxista singular Eric Hobsbawm, no toma en cuenta en su "nuevo orden global" a Rusia, a la que Trump maneja con sumo respeto, no se diga China.

 

El consultor especial del anterior presidente Reagan, Douglas Bandow, becario de CATO Institute – think tank de extrema derecha neoliberal, fundada por el polémico empresario Charles Koch: décimo primero en el ranking de Forbes con una fortuna de más de 50 mil millones de dólares (https://bit.ly/2GqSQkr)–, discrepa de la teoría de Martin Jacques debido a que existen todavía "muchas incertidumbres" cuando Pekín y Washington se han percatado del "peligro de los conflictos" y "desean trabajar seriamente para realizar compromisos (sic)".

 

Zhao Susheng, profesor de la Universidad de Denver, señaló que "aunque China y EU no nacieron para ser socios, tampoco nacieron para ser enemigos" y que será imposible (sic) de que ambos emprendan una guerra fría similar a la de EU y la URSS.

 

Global Times narra que para "algunos académicos, las dos superpotencias deben, y sobrevivirán este periodo de conflicto, ya que el precio de no hacerlo sería inaceptablemente elevado".

 

No faltarán quienes se rebelen de que no aparezcan la Unión Europea (UE) ni India.

 

Sucede que Europa desde la Segunda Guerra Mundial fue apéndice de EU y hoy empieza a liberarse de tal yugo geoestratégico al riesgo de ser balcanizada, mientras que India –quizá por la característica politeísta de la mayoría nacionalista/teológica hindú– busque una equidistancia acomodaticia entre la anglósfera, que la dominó, y el núcleo euroasiático del "triángulo RIC (Rusia/India/China)".

 

El gran defecto de un G-2 entre EU y China, que se ha alejado relativamente en las fechas recientes por la intensidad del "conflicto" tecnológico, es que no considera el otro pilar del verdadero orden tripolar: Rusia (https://bit.ly/2FNcqqT).

 

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El dragón se apodera del mar del Sur de China

Más acá de la guerra tecnológica, cuyo desenlace sigue siendo incierto y, al parecer, lejano, lo que resulta seguro es que China está consolidando sus posiciones para convertir el estratégico mar del Sur de China en un coto cerrado, algo similar a lo que viene siendo el Caribe para Estados Unidos en el último siglo.

El dragón sigue creciendo en todos los aspectos, como lo enseña la última lista de la revista Forbes sobre las 500 mayores empresas del mundo: "Excluyendo Taiwán, 119 empresas de China continental y Hong Kong llegaron a la lista, casi a la par con los Estados Unidos. Este es un cambio histórico", dijo la revista en un comunicado.

Desde 2001, ha habido un cambio significativo en la distribución geográfica de las empresas en el ranking. EEUU tenía 215 en 2001, que cayeron a 121 este año. En tanto, China tenía sólo 10 en 2001 y pasó a las 129 en la actualidad, si se computan las diez de Taiwán en la lista Fortune Global 500 de este año. Tres grandes empresas estatales chinas (Sinopec Group, China National Petroleum y State Grid) se colocan entre las cinco principales compañías este año.

Pero el centro del poder de Pekín se está expresando cada vez más en el mar del Sur de China. Surgen estos días dos datos centrales: además de las siete islas artificiales fortificadas construidas por China en ese mar, consiguió ahora la cesión de una base naval de Camboya que puede trastocar los equilibrios regionales y, en paralelo, se conocieron ejercicios con misiles antibuque en las proximidades de las disputadas islas Spratly y Paracel (Nansha y Xisha).

La primera información proviene del Wall Street Journal que sostiene que China y Camboya firmaron un acuerdo secreto que le permite a la Marina del dragón el acceso exclusivo a la base naval Ream en el golfo de Tailandia durante 30 años. Aunque el Gobierno de Phnom Penh negó la versión, en gran medida porque se trataría de un acuerdo inconstitucional, en los hechos Camboya es el principal aliado de China en la región.

En 2017 el Gobierno de Camboya canceló los ejercicios militares bilaterales Angkor Sentinel con EEUU y ahora los realiza exclusivamente con China. La reacción de Washington no se hizo esperar. Emily Zeeberg, portavoz de la embajada en Phnom Penh, instó al Gobierno camboyano a que respete "su compromiso constitucional de seguir una política exterior independiente".

Un dato adicional de la mayor importancia es que la base naval está situada a escasa distancia de un aeropuerto que está siendo construido por una empresa china. Se trata del aeropuerto Dara Sakor, en la costera provincia de Koh Kong, cuya pista supera los 3.200 metros, lo que permite el aterrizaje de grandes naves. Está en construcción además un resort turístico que ocupa 45.000 hectáreas donde se invertirán 3.800 millones de dólares por la china Union Development Group.

Por otro lado, entre el 29 de junio y el 3 de julio, la Armada china realizó pruebas reales con misiles de medio alcance entre las islas Spratly y Paracel, en un bloque de 22.000 kilómetros cuadrados. Entre los misiles probados se encuentra el DF-21D, con un alcance de 1.500 kilómetros, denominado "asesino de portaviones" por su capacidad de caer en vertical sobre el blanco, lo que hace muy difícil la defensa.

Además fue probado el misil DF-26 con un alcance de 5.000 kilómetros, con capacidad para una ojiva nuclear. Este misil puede alcanzar la isla de Guam, donde EEUU tiene una de las más importantes bases militares en el Pacífico.

Según el análisis de Asia Times, "las pruebas fueron una advertencia a Estados Unidos en el sentido de que sus buques de guerra y los portaviones son vulnerables al cruzar el mar del Sur de China, o en caso de acudir en ayuda de sus aliados en las aguas en disputa con Pekín". En esa situación están países como Japón, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi e Indonesia.

Para China, la región del mar del Sur o Meridional es doblemente problemática. Por un lado, la hegemonía en esas aguas tiene un carácter estratégico militar, ya que es el espacio desde el cual puede sufrir una agresión, como ya sucedió en el pasado, con las flotas imperiales inglesa y francesa. Además, un tercio del transporte marítimo mundial atraviesa el mar del Sur de China, que representa el grueso de las exportaciones e importaciones del dragón.

La "libertad de navegación" que reclama Washington va en contra de la soberanía que reclama China, que está convirtiendo esas aguas en espacio de uso exclusivo de su Armada.

En opinión del periodista Jonathan Manthorpe de Asia Times, la retirada del Gobierno de Trump del tratado IRNF (Intermediate-Range Nuclear Forces) crea una situación extremadamente peligrosa. El tratado había sido firmado en 1987 por los presidentes de EEUU y la URSS, prohibiendo los misiles de hasta 5.500 kilómetros: "Se negoció y acordó debido a que tanto la Unión Soviética como la OTAN comprendieron que el despliegue de lo que se llamó 'armas nucleares tácticas' podría desencadenar una escalada de conflictos que llevaría a una guerra nuclear”.

La situación sería similar, en su opinión, a la que se vivió en Europa hace 40 años. Por eso concluye, con ironía, que "sería maravilloso creer que Xi y Trump tienen la misma sagacidad para hacer frente a los peligros de esta situación de la que tuvieron Reagan y Gorbachov".

Más allá de la ironía del periodista, hay dos elementos que son ciertos. El primero es que la situación puede llegar a ser dramática si las dos potencias que se disputan los mares del Pacífico no encuentran las vías del diálogo para resolver los problemas que, por ahora, denominan como "guerra comercial", cuando en realidad es una amplia disputa que abarca desde las tecnologías de punta hasta la hegemonía marítima y militar.

La segunda, es que China no deja de avanzar, paso a paso, en todos los terrenos, como lo demuestra la conversión del mar del Sur de China en algo similar a lo que los romanos llamaban "mare nostrum", en referencia al Mediterráneo.

 

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:15

¿Y ahora, Brasil?

¿Y ahora, Brasil?

Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió?

¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra sino que, al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio.

La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de "jóvenes líderes", "promoción" de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 90. Suscitó movimientos de resistencia que en la década del 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003.

Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador; es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si solo ahora es visible es porque solo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica.

La respuesta democrática. No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo en que lucharon. Lo que hubo fue una vasta destrucción de la institucionalidad democrática y un retorno del capitalismo salvaje y del colonialismo por vía de la siempre vieja y siempre renovada recolonización imperial y evangelización conservadora. La sensación de tener que comenzar todo de nuevo es frustrante, pero no puede ser paralizadora. Por otro lado, es necesario actuar de inmediato para salvar lo que queda de la democracia brasileña. Lo más grave que está ocurriendo no es solo el hecho de que el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado está siendo usado antidemocráticamente (y, por tanto, de manera ilegítima), como bien revela la Operación Lava Jato. Es también el hecho de que el Estado está perdiendo visiblemente ese monopolio con el incremento de actores armados no estatales, tanto en la ciudad como en el campo.

El corto y el mediano plazo no tienen que chocar necesariamente si se tiene una visión estratégica del momento y de las fuerzas con las que se puede contar. Es urgente revolucionar la democracia y democratizar la revolución, pues de otro modo el capitalismo y el colonialismo harán una farsa cruel de lo que todavía resta de democracia. Para este propósito, las diferentes fuerzas de izquierda deben abandonar sectarismos y unirse en la defensa de la democracia. Por otro lado, tienen que evitar a toda costa articulaciones con la derecha, aunque eso cueste la conquista del poder. En las condiciones actuales, conquistar el poder para gobernar con la derecha es un suicidio político.

A corto plazo, veo tres iniciativas realistas. La primera es que los movimientos sociales tienen que reinventar el Foro Social Mundial, esta vez sin tutelas de ONG y con la atención centrada en las exclusiones más radicales vigentes en el país. En ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento negro y el movimiento de mujeres y LGTBI son, en toda su pluralidad interna, los sujetos más creíbles para tomar la iniciativa.

Segunda: el sistema judicial fue llevado a un desgaste extraordinario por la manipulación grosera a la que ha sido sometido por Moro y Cía. al servicio del imperialismo. Pero es un sistema internamente diversificado, y persisten en él grupos significativos de magistrados que entienden que su misión institucional y democrática consiste en respetar el debido proceso y hablar exclusivamente mediante sus fallos. La violación grosera de esta misión denunciada por la Vaza Jato está obligando a las organizaciones profesionales a desmarcarse de los aprendices de brujo. La reciente declaración pública de la Asociación de Jueces para la Democracia en sentido de que el ex presidente Lula da Silva es un preso político, constituye una señal auspiciosa del camino iniciado para recuperar la credibilidad del sistema judicial.

La tercera iniciativa debe producirse en el sistema político-partidario. Las elecciones municipales de 2020 son la oportunidad para comenzar a frenar a la extrema derecha y dar ejemplos concretos de cómo las fuerzas de izquierda pueden unirse para defender la democracia. Tres ciudades importantes pueden ser la plataforma para la resistencia: Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. En Río de Janeiro, Marcelo Freixo del PSOL es el candidato indiscutible para articular las fuerzas de izquierda. En las otras dos ciudades, son indispensables dos cuadros importantes del PT: Fernando Haddad en Sao Paulo y Tarso Genro en Porto Alegre. Se trata de dos políticos que salieron fortalecidos de la crisis, el primero por el modo extraordinario en que enfrentó a Bolsonaro y por las condiciones en que lo hizo, y el segundo por haber sido uno de los mejores ministros de la historia de la democracia brasileña y por la integridad que mostró durante todas las crisis por las que pasó el PT mientras fue titular del gobierno. Los demócratas brasileños deben transmitir a estos políticos el sentimiento de que su momento llegó nuevamente, ahora para comenzar todo de nuevo y desde el nivel local.

* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Gran Bretaña y EE.UU vuelven a agitar las aguas del Golfo Pérsico

Quién miente y quién dice la verdad en este conflicto cuyo objeto no es otro que el de obligar a Teherán a negociar el acuerdo nuclear del cual Washington se apartó.

 

Un imperio debilitado, azotado por sus arrancias políticas internas, enfrenta una crisis en uno de los lugares del mundo más críticos de la historia del siglo XX. El otro imperio, su aliado, está enfrascado en su nacionalismo grosero, sus alianzas regionales de dudosa eficacia, su guerra sucia contra Irán y su ineficacia en la escena internacional. Gran Bretaña y Estados Unidos vuelven a involucrarse en una crisis en el Golfo Pérsico que remite a las fracturas y reiterados enfrentamientos que tuvieron lugar después de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y el famoso episodio conocido como “la guerra de los tankers” que sacudió el estrecho de Ormuz en los años 80. Este corredor marítimo situado entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos (Golfo de Omán y Golfo Pérsico) es el pulmón por donde transita el petróleo y el gas que alimenta el sistema mundial y uno de los puntos del planeta donde se cristaliza otra confrontación respaldada por la Casa Blanca: Irán y Arabia Saudita. En 2018, por esa vía circularon 21 millones de barriles de petróleo bruto por día --ello equivale al 35% del petróleo mundial--, y una cuarta parte del suministro mundial de gas natural. A su vera está Arabia Saudita, segundo productor de petróleo, y Qatar, primer productor de gas licuado.

Como en el siglo XX, es muy posible que todo concurra a un nuevo desastre tal y como el imperio del Norte se ha empeñado en activar desde que decidió poner sus narices en esa zona del mundo para garantizar el suministro de petróleo y la perennidad de su alianza con Arabia Saudita. Washington, Londres y Riad llevan décadas y décadas intentado romper la hegemonía regional de Irán. Casi 70 años después de haber literalmente destrozado la región con el golpe de Estado fomentado en 1953 por la Casa Blanca y el M16 británico para derrocar al Primer Ministro nacionalista iraní Mohammad Mossadegh y poner a un lacayo en su lugar, el conflicto vuelve a encarnarse con los mismos actores y las mismas metas. Entre 1984 y 1987, cuando estalló la “guerra de los tankers”, se destruyeron en el Golfo Pérsico cientos de barcos. Luego, el 19 de octubre de 1987, un barco de guerra norteamericano, el USS Vincennes, derribó un Airbus de Iran Air con 290 pasajeros a bordo que se dirigía a Dubai. Ahora, todo regresa a su cauce conflictivo. Desde mayo de 2019, seis barcos fueron misteriosamente saboteados cuando ingresaban en el Golfo, hubo un dron norteamericano derribado, la intercepción, en aguas de Gibraltar, del petrolero Grace 1 y el arresto posterior de su tripulación y, volviendo al Golfo, la captura de dos buques británicos y acusaciones y amenazas cruzadas en todas las tonalidades posibles. Parece una remake de la década de los 80, espolvoreada en estos tiempos de trumpismo matonero e inoperancia de una Gran Bretaña sin capacidad de respuesta política racional a la crisis.

 La casi guerra del estrecho de Ormuz es también una guerra retórica que tiene, por razones recientes, un claro perdedor. Los mismos que en 2002 y 2003 organizaron la gran mentira de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en manos del ex dictador iraquí Saddam Hussein para invadir a Irak ocupan altos puestos en la administración Trump. Es el caso de John Bolton, a quien se considera el “armador” de las pruebas falsas contra Hussein que la administración del ex presidente George W. Bush presentó ante Naciones Unidas (lo hizo el ex Secretario de Estado Collin Powell). Bolton es actualmente consejero de Donald Trump para la seguridad nacional y figura junto a Mike Pompeo en el rango de quienes sólo contemplan soluciones por la fuerza. En cuanto a los medios que se han asociado al disparate de estos meses, basta con recordar que, en 2003, cuando se presentaron las fotos falsas y los diagramas fabricados sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el New York Times validó esas pruebas falaces con el ya memorable titular: “Inobjetable” (en Francia y Alemania los medios decían “es mentira”).

¿Quién agredió a quién ? ¿Quién miente y quien dice la verdad en este conflicto revisitado cuyo objeto no es otro que el de obligar a Irán a negociar el acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se apartó ?. El estrecho de Ormuz no escapa a un destino que se tensó a partir de los años 50. Ello lo convirtió en un volcán de agua estratégico. Tres crisis colocaron al estrecho en el ojo del mundo: el descubrimiento en Arabia Saudita (1951) del yacimiento de petróleo más grandes del mundo ( Ghawar): la crisis petrolera de los años 70 derivada, a su vez, de la guerra del Kippur entre Israel y una coalición de países árabes bajo el mando de Siria y Egipto: y, en 1979, la Revolución Iraní liderada por quien había vivido hasta entonces exiliado en Francia, el Ayatola Jomeini. La victoria en un Irán esclavizado de una revolución islamista en un país chiíta no hizo más que despertar los demonios adormecidos de las potencias sunitas de la región. Washington encontró al títere sangriento que fue Saddam Hussein para encargarse de la guerra: un sunita lo suficientemente obediente como para activar más tarde una guerra contra Irán y ahogar en un interminable río de sangre y represión a la mayoría chiíta de su país. Fue el mismo Hussein quien, en abril de 1984, extendió la guerra a las aguas cuando atacó los barcos petroleros iraníes en la isla de Kharg. Akbar Hachémi Rafsandjani, presidente en ese entonces del Parlamento iraní y posteriormente presidente de la República (1989-1997), advirtió: ”el Golfo Pérsico será accesible para todos o para nadie”. Fue accesible sobre todo para las armas con las cuales Irán e Irak trasladaron el conflicto al Golfo Pérsico: Mirage F1, misiles Exocet, aviones Phantom, Tomcat y Super-Etendard, minas anti navíos. La guerra de los tankers hundió centenas de barcos y sirvió de resorte para que Washington se insertara como salvador mediante el operativo “Earnest Will” (1987), con el cual “acompañó” a los petroleros que venían a buscar el oro negro a Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, los tres países del Golfo aliados de Saddam Hussein. Un avión civil derribado con 290 personas, más de 500 barcos destruidos a lo largo de cuatro años, cambios estratégicos en Irán y una guerra sin salida aplacaron el conflicto en las aguas del estrecho. Hubo, en los años siguientes, brotes de crisis semejantes a la de hoy. Cuando en mayo de 2018 Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní las cartas ya estaban mezcladas: el estrecho de Ormuz volvería a ser un detonador. Sólo que entre los años 80 y 2019 los actores-compradores no son los mismos: el 76% del petróleo que transita hoy por el estrecho va hacia China, Japón, Corea del Sur y la India. A medida que aumente el riesgo, subirá el precio del petróleo, el de los transportes y los seguros. Tal vez un ramo de razones suficientes para que alguno de los imperios de Oriente le diga al imperio de Occidente y su colérico emperador que ya es hora de dejar de jugar al Far West en aguas estratégicas.

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Estados Unidos envía tropas a Arabia Saudita

Crece la tensión con Irán en el Golfo Pérsico

 

Estados Unidos desplegará soldados en Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con Irán, que hacen temer un conflicto. Con esta medida los aliados pretenden garantizar la estabilidad en la turbulenta región del Golfo, según pudo leerse en comunicados separados presentados desde Ryad, capital de Arabia Saudita, y del Comando militar central de Estados Unidos (Centcom). 

Si bien no revelaron el número de tropas que serán desplegadas en el reino, ubicado a unos 200 kilómetros de las costas de Irán, los medios estadounidenses revelaron que 500 soldados se asentarán en la base aérea militar Prince Sultan, al sur de la capital saudita. El anuncio se realizó un día después de que las fuerzas armadas iraníes notificaran la confiscación de un buque petrolero británico en el estratégico estrecho de Ormuz en el Golfo, por donde transita un tercio del petróleo que se comercializa por vía marítima, aumentando las previsiones de conflicto.

"Basado en una cooperación mutua entre Arabia Saudita y Estados Unidos y en su deseo de reforzar todo lo que pueda preservar la seguridad de la región y su estabilidad el Rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidense", indicó el ministerio de Defensa saudita. “Para Estados Unidos el despliegue tendrá un efecto disuasorio suplementario y reforzará nuestra capacidad para defender a nuestras tropas y nuestros intereses en la región frente a amenazas emergentes y creíbles", añadió.

"El rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidenses con el fin de aumentar el nivel mutuo de cooperación para preservar la seguridad de la región y su estabilidad, y garantizar la paz", indicó un portavoz del ministerio de Defensa saudita, citado por la agencia estatal SPA.

El viernes la tensión volvió a aumentar en la región del Golfo. Irán anunció la confiscación de un petrolero con bandera británico en el estrecho de Ormuz por "no respeto del código marítimo internacional". Horas antes, Trump había anunciado que un barco estadounidense, el USS Boxer, derribó en el Golfo un avión no tripulado iraní que se aproximó peligrosamente al navío. "Su dron se acercó demasiado a nuestro barco. Si los drones se acercan mucho, los derribaremos", sentenció.

Desde Irán negaron que el avión no tripulado perteneciera a sus fuerzas armadas. De hecho, el vicecanciller iraní, Abas Araqchi, redobló la apuesta al afirmar que tal vez el gobierno norteamericano derribó a uno de sus propios drones.

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se deterioraron sensiblemente en mayo de 2018, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015 y reimpuso duras sanciones contra el país asiático. Ese acuerdo firmando entre Teherán y el Grupo de los Seis (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) tras varios años de esfuerzos, preveía una limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian a su economía. En respuesta a la salida del acuerdo del gobierno norteamericano, Irán también comenzó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos, buscando de esa manera forzar a sus socios a salvar el pacto.

Además, Trump y su aliado Arabia Saudita acusaron a Irán de atacar a petroleros y drones en el Golfo desde mayo de este año. Desde el Pentágono anunciaron que estaban planeando una coalición internacional para escoltar a los buques comerciales en el Golfo. Irán negó estas acusaciones y amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en caso de ataque.

La última vez que Arabia Saudita alojó a soldados estadounidenses fue en 2003, cuando estos se retiraron tras el fin de la guerra contra Irak. Ryad acogió a las fuerzas estadounidenses, principalmente aéreas, durante 12 años, desde la operación "Tormenta del desierto" de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, y hasta el fin de la guerra de 2003, en la que se derrocó a Sadam Hussein.

En la base Príncipe Sultán, a unos 80 km al sur de Ryad, llegaron a estar estacionados 200 aparatos estadounidenses, en el punto máximo de las operaciones durante la guerra en Irak. Cada día se gestionaban más de 2.700 misiones desde los cuarteles generales de Arabia Saudita. En contrapartida a la presencia de militares estadounidenses, estos formaban a sus homólogos sauditas.

No obstante, las relaciones entre los dos países durante esos 12 años de cooperación no siempre fueron buenas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, orquestados por Osama bin Laden, de origen saudita.

La administración Trump recibió críticas en su país por sus escasos esfuerzos para castigar a Arabia Saudita, después del asesinato el año pasado del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Trump alabó reiteradamente al poderoso príncipe heredero saudita y ministro de Defensa del reino, Mohamed bin Salmán.

El jefe del Centcom, Kenneth McKenzie, se comprometió a trabajar enérgicamente para garantizar la seguridad marítima en las aguas estratégicas del Golfo durante una viaje que realizó el jueves a la base aérea Prince Sultan. La visita se produjo después de que la Cámara de Representantes estadounidense votara a favor de bloquear 8.100 millones de dólares en venta de armas al reino y otros aliados, lo que probablemente será vetado por Trump.

Según los analistas, el despliegue pretende fortalecer los lazos entre Washington y Riad, especialmente las deterioradas relaciones militares. "Estas tropas están allí para preparar la base aérea Prince Sultan para el posible despliegue de un escuadrón aéreo", sostiene el analista Andreas Krieg, profesor del King's College de Londres. "Estados Unidos intenta aumentar sus opciones militares en caso de un ataque a Irán. Para el príncipe heredero se trata de mostrar que Estados Unidos sigue siendo un importante garante de la seguridad y está comprometido con la seguridad saudita", subraya Krieg.

"Los sauditas le dicen a Washington: si se quedan con nosotros, nos quedaremos con ustedes", analiza James Dorsey, investigador en la S. Rajaratnam School of Internacional Studies de Singapur. "Los estadounidenses están intentando decir: los respaldamos", añade.

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Vladimir Putin escucha a personas afectadas por las inundaciones en Tulún, Rusia.Foto Ap

No cualquiera en cualquier lugar se atreve a definir la estratégica arquitectura global como Andrey Kortunov, director general del think tank Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC, por sus siglas en inglés) –creado por decreto presidencial y fundado por varios ministerios relevantes (https://bit.ly/2Y3mLFl)– en una entrevista al portal oficioso chino Global Times durante el Octavo Foro de la Paz Mundial celebrado en Pekín (https://bit.ly/2Gm4CfY).

 

Prefiero iniciar por su conclusión cuando aborda que la arquitectura estratégica global de la tríada China/Rusia/EU” es crucial para el mundo.

 

A la pregunta de cómo las relaciones de China/EU/Rusia afectan el orden (sic) mundial, Andrey Kortunov –quien mantiene una estrecha interlocución con el Kremlin– responde categóricamente que tal tríada define las reglas del juego (sic) ya que si Rusia y EU no desean desarmarse, nadie estará dispuesto a desarmarse, así como si China y EU no pueden ponerse de acuerdo en el libre comercio, ¿quién lo haría entonces?.

 

Su diagnóstico del mundo, muy similar al del zar Vlady Putin en su histórica entrevista al Financial Times sobre la fragmentación global (https://bit.ly/2L0vAO6), es un tanto lúgubre: el mundo unido (sic) que conocemos hoy podría bien fracturarse en varios bloques competitivos. Esto no es un muy brillante prospecto para cualquiera. Si se gesta una guerra tecnológica entre Pekín y Washington, otros (sic) países no podrán sentarse sobre el muro y tendrán que elegir su lado en esta guerra.

 

A mi juicio, es muy clara su alusión de que Rusia se inclinará más del lado chino desde el 5G de Huawei hasta la magnificente Inteligencia Artificial (IA) que hoy encabeza China, mientras que –desde Baby Bush pasando por Obama hasta Trump– la hostilidad de EU ha ido in crescendo imponiendo sanciones a diestra y siniestra contra Rusia a quien Washington orilló torpemente a los brazos más fraternales de Pekín.

 

El concepto de la estratégica arquitectura global, como sustento para un nuevo orden tripolar –un G3 de EU/Rusia/China–, se basa en la archisabida estabilidad estratégica (https://bit.ly/2FNcqqT) de las tres superpotencias planetarias: Rusia y EU en materia nuclear, y EU y China en el rubro geoeconómico, con sus respectivos traslapes, cuando Washington ha sido relegada a un segundo lugar en ambos segmentos geoestratégicos.

 

La filosofía del nuevo orden tripolar, a juicio de Andrey Kortunov, se basa en el supuesto de que entienden sus responsabilidades y que operarán compromisos entre ellos, pero que también tendrán que tomar en cuenta los intereses de los pequeños países, ya que, de lo contrario, el mundo no sería un lugar seguro y sustentable.

 

El influyente estratega estadunidense doctor Michael Ivanovitch coincide en la estructura del G-3 (https://cnb.cx/2xDZpeO), planteada por el pensador ruso Andrey Kortunov.

 

Andrey Kortunov no oculta los desafíos y oportunidades fundamentales en la cooperación de China y Rusia, lo cual no obsta para su compromiso en el largo plazo y su visión futura como la “manera de reconciliar la ruta de la seda de China con la Unión Económica Euroasiática, o como manejar las crisis internacionales que puedan afectar a ambos”.

 

Comenta que es probable que EU abandone Afganistán, ante lo cual rusos y chinos deberán colaborar para prevenir la expansión del fundamentalismo islámico a sus territorios (sic) o a sus países vecinos. ¿No fue fundado el Grupo de Shanghái (https://bit.ly/2O8yVNA) para ese propósito?

 

Andrey Kortunov enfatiza que las relaciones de Moscú y Pekín deben ir más allá de la seguridad, para cooperar en las “áreas de desarrollo y hightech”; desde el software operativo para los teléfonos inteligentes hasta la IA.

 

Devela que el zar Vlady Putin realizó dos propuestas específicas a Trump: fortalecer el control estratégico de armas y apaciguar los contenciosos de Siria/Irán/NorCorea.

 

Resaltó que Trump es demasiado “inteligente” para no entrampar a EU en otra guerra sangrienta y despilfarradora por que ante todo piensa en su relección.

 

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El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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El conflicto entre Turquía y EEUU va más allá de los S-400 rusos

Las amenazas de Washington de aplicarle a Ankara la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de EEUU (CAATSA) si compraba los misiles S-400 rusos han caído en saco roto y Tayyeb Erdogan acaba de instalarlos en el suelo turco con el orgullo de haber añadiendo otro fracaso a la política exterior de Donald Trump. El Sultán turco tampoco ha declarado tres días de luto oficial por la suspensión de la venta de cazas F-35 por parte de EEUU, quien mira con la impotencia cómo se le escapa del control una de las principales piezas de la arquitectura de la OTAN en Eurasia.

Turquía no es el primer país de la Alianza Atlántica que adquiere armas rusas. Grecia, Eslovenia y Bulgaria compararon S-300 y el mundo no llegó a su fin. ¿A qué se debe, entonces, esta furia de EEUU contra Ankara?

Los turcos, ya en 2013, buscaban misiles no estadounidenses y lo negociaron con la compañía china CPMIEC, pero tuvieron que abandonar la idea por las sanciones que EEUU habia impuesto a esta empresa, acusada de proveer misiles a un Irán bajo las sanciones. Fue así como Rusia recibió el encargo tras un concurso de licitación: fue “el acuerdo más importante en la historia moderna [turca]” afirmó un Erdogan eufórico.

Las razones de Turquía

La profunda desconfianza de Erdogan (y la sociedad) hacia EEUU, que fue acentuada por a) el golpe de estado fallido de julio del 2016, organizado en la base militar de la OTAN en Incirlik, y el papel de Moscú en salvar la vida del propio presidente turco (el asesinato del embajador ruso en Ankara fue la represalia), y b) el Proyecto de Nuevo Oriente Próximo de los NeoCon, que consiste en desintegrar los poderosos estados de aquella región, y crear, de paso, un estado kurdo de los restos de Irak y Siria.

Que el Pentágono haya armado a los kurdos sirios con misiles antitanques Javelin y TOW, y Ankara a algunas facciones del Estado Islámico para combatir a los kurdos, significa que EEUU y Turquía ya están en guerra, aunque través de terceros -que hacen de carne de cañón-, y en el suelo de otra desgraciada nación. Rusia – el enemigo leal de Turquía -, ha neutralizado a Erdogan, permitiendo su ataque mortal a Afrin, la bastión kurda en Siria, para que se desgastara en el pantano sirio. El régimen islamista de Erdogan -que no reconoce las singularidades nacionales-, también aprovecha este rasgo en la teocracia chiita iraní para juntos perseguir a los kurdos de ambos países en el territorio iraquí, queriendo impedir un imposible estado kurdo unitario.

Diversificar sus proveedores de armas: El intento del golpe de estado del 2016 demostró a Ankara que, para derribar los aviones de guerra de EEUU en su cielo, necesita misiles de otro país. Cuando los F-16 bombardearon el Parlamento turco, Ankara no tenía ningún arma fuera del control de la OTAN. Turquía puede recuperar el acuerdo con China, suspendido en 2013, y comprar los misiles FD-2000 por los que iba a pagar 4.000 millones de dólares. ¡La independencia armamentística está siendo tan vital para los estados como la autosuficiencia energética o alimentaria!

Turquía sospecha que EEUU está atacando sus intereses en la región, en alianza con Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Israel y Emiratos Árabes Unidos: Libia ha sido la última parada de esta coalición anti-turca. Dice Ibrahim Karagul, editor en jefe del diario Yeni Safak, del partido gubernamental Justicia y Desarrollo que “desde los Balcanes hasta el norte de Siria, desde el Egeo hasta el Mediterráneo, desde la isla de Creta hasta Sudán, desde Libia hasta el Golfo Pérsico, se está implementando un plan extremadamente insidioso para limitar el área de influencia de Turquía…y luego ahogarnos en el Mediterráneo». Turquía, que ha fracasado en dos de sus intentos políticos en ganar ventajas en la región- provocando la crisis de refugiados, y revelar el crimen de Khashoggi-, ha instalado bases militares en el llamado «Triángulo de paz», Qatar, Somalia y en la isla de Sudakin, para “protegerse” de los enemigos.

Construir una política exterior multidimensional, desde que Europa le dio portazo: ahora Turquía intenta recuperar los viejos dominios-mercados del imperio otomano en el sur.

El descubrimiento de una bolsa de gas en las costas chipriotas, cuyo valor asciende a 35.000 millones de dólares, y que ha aumentado la tensión en el Mediterráneo Oriental entre Chipre, Egipto, Grecia e Israel. Turquía reclama su parte, mientras las autoridades grecochipriotas – que han otorgado la licencia de perforación ExxonMobil-, han emitido órdenes de arresto para la tripulación de barcos de perforación turcos, que son escoltados por los buques de guerra de este país. Siendo Grecia miembro de la OTAN e Israel equipado por armas estadounidenses Ankara sienten la necesidad de obtener un sistema de defensa no vinculado con la OTAN para defenderse ante una posible guerra.

 La negativa de EEUU a vender sus misiles Patriot a Turquía, y para más inri, retirar en 2015 los que habia instalado en la frontera turco-siria, bajo el pretexto del «alto costo de su despliegue». Erdogan se quejaba de que EEUU habia abandonado a Turquía ante un posible ataque de Siria o de los kurdos de este país.

Los motivos de la ira de Washington

El S-400 Triumf es el sistema de misiles antiaéreos capaz de identificar aeronaves o misiles a una distancia de hasta 600 kilómetros e interceptarlos a una velocidad de hasta 4.8 kilómetros por segundo. Turquía, después de China es el segundo país del mundo en recibir este artefacto ruso e India y Arabia Saudita serán los siguientes, mientras Rusia ya fabrica el sistema S-500 «Prometheus». La industria armamentística de EEUU pierde una suculenta venta de 2.200 millones de euros,  a pesar de que los S- 400 valen casi la mitad que sus homólogos Patriot. Además, al contrario de EEUU, Rusia y China no imponen condiciones para cómo, cuándo y dónde usar sus armas vendidas. Turquía ha acordado con Rusia la producción conjunta de los sistemas S-400, aunque lo más seguro es que el Sr. Putin sólo le asigne la fabricación de los tornillos de esta joya de la corona las armas rusas, por si se le ocurre a Erdogan la idea de ofrecer los secretos del invento a EEUU a cambio de recibir la cabeza de los kurdos de PKK.

La creciente relación entre Turquía y China: la posición geopolítica turca se ha unido al poder y la influencia china en la“Iniciativa del Corredor Medio» (Middle Corridor) que en el marco de la Nueva Ruta de la Seda une Anatolia a Asia Central y China, y a este espacio con el Corredor Internacional Transcaspiano (TITR), en el que participan también Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Polonia, Ucrania y Rumania. Una “pequeña” parte del diseño estratégico chino de comercio que supera la capacidad creativa de los políticos estadounidenses.

Infringir las sanciones impuestas al gas ruso: el gasoducto Turk Stream de 800 kilómetros construido en 2018 llevará el gas eslavo al mercado turco y de allí al sur y sureste de Europa.

La guerra comercial de EEUU con Turquía es la “pedagogía del terror”: ¡Será castigado quien desobedezca a Washington! La caída del valor de lira en un 30% el año pasado, y por ende, el aumento de los precios de las importaciones en Turquía, junto con la desaceleración de su economía (el crecimiento del 2.6% en 2018, comparando con el 7,4 del 2017), unidos a la corrupción y las políticas neoliberales del gobierno han golpeado la popularidad de Erdogan, derrotando a sus hombres en las elecciones de Estambul. El objetivo de EEUU, que ha anunciado el traslado de las fábricas de la construcción de piezas del F-35 de Turquía a otros países, es destrozar la economía turca.

La guerra entre ambas potencias continuará: Si EEUU deja de vender las piezas de repuestos para los aviones estadounidenses que posee Turquía, equivaldría a un desarme a toda regla. Por lo que, Erdogan, de momento no saldrá de la OTAN, aunque seguirá utilizando la retórica “anti-estadounidense”, y le culpará a Trump de todos los males del país. La mitad de la sociedad que es su electorado le creerá, y la otra mitad que es la oposición le apoyará por la “patria querida amenazada”. Según el Centro Universitario de Investigaciones Económicas y Sociales de Bahçeşehir de Turquía (BETAM), el 38% de los niños y las niñas menores de 15 años del país – unos 8 millones-, vivieron en 2016 en la situación de pobreza, con un aumento de 300.000 en comparación con 2015.

El colapso del orden regional, establecido en 1916 por el acuerdo Sykes-Picot, hoy se manifiesta en el fin de los estados árabes modernos: Irak, Libia, Siria. La nueva estructura regional, aunque tiene de protagonista a un ruidoso EEUU, se está trazando como siempre sin la participación de los pueblos, aunque bajo la supervisión de los viejos imperios: chino, ruso, persa y turco. Aquí, EEUU es, simplemente, irrelevante, aunque muy peligroso.

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Jueves, 18 Julio 2019 07:50

"El acuerdo no era necesario"

Protesta de los movimientos sociales contra el acuerdo del gobierno ecuatoriano con el FMI

Según el autor, se hizo por razones políticas y no por necesidad económica y perjudica el empleo y el crecimiento

 

 Mientras miles de ecuatorianos salen a las calles esta semana para protestar en contra del ajuste un nuevo informe económico proyecta un futuro negro para el país a partir de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según el informe del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR), un think tank progresista con sede en Washington, a partir del acuerdo firmado en marzo, que incluye un préstamo de 4,200 millones de dólares, "Ecuador experimentaría una reducción de su PBI per cápita, un mayor desempleo, y una mayor inestabilidad macroeconómica”. 

Al teléfono desde México DF, el doctor en economía  e investigador de la UNAM, Andrés Arauz, coautor de informe, explicó a Página /12 por qué gobierno de Lenin Moreno firmó en marzo de este año el acuerdo por 4.200 millones de dólares con el organismo internacional. El organismo ya entregó 900 millones, y el resto será entregado en los próximos tres años, en tanto el gobierno ecuatoriano cumpla con los compromisos asumidos en el acuerdo.

En el informe titulado  “Obstáculos al crecimiento: El programa del FMI en Ecuador”, Arauz señaló que decisión de pactar con el FMI tiene una dimensión política que va más allá de la necesidad económica. "Este momento no está dada la coyuntura para establecer tratados de libre comercio, como pretende Estados Unidos. Entonces, ante la amenaza de que retornen gobiernos progresistas buscan anclar la política económica, basada en modelos neoliberales."

En ese sentido, el caso de Ecuador es ejemplificador. "No había una economía recesiva, ni necesidad de implementar este tipo de acuerdo con el FMI”, sostiene Arauz. “La economía estaba en crecimiento. Si bien había problemas fiscales, no iban más allá de lo normal para un país que tiene una política de inversión proactiva. No era para nada necesario el acuerdo," señaló Arauz. "Se hubiera podido manejar con las herramientas que tenía el gobierno. Pero se implementaron medidas para llevar al país a este lugar: hubo una recesión autoinducida, crearon una ley de austeridad que le quitó herramientas al fisco para el manejo la política económica”.

La demanda por parte del FMI de reducir el déficit también recayó sobre el gobierno ecuatoriano, que se verá sometido a un fuerte ajuste fiscal con el objetivo de llegar al superávit de sus cuentas. "Esto implicaría recortes salariales y despidos de hasta 140 mil empleados del sector público; aumento de los precios de los combustibles y la electricidad al reducir los subsidios; incremento de las tarifas de servicios públicos; subida de los impuestos indirectos: probablemente el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y de la eliminación de las exenciones del IVA que actualmente benefician a la mayoría de los hogares,” dice el texto.

El acuerdo implica además un ataque directo a los derechos de los trabajadores ecuatorianos. “La desregulación laboral, más la privatización y liberalización del comercio contribuirán a incrementar la productividad laboral y, por lo tanto, a aumentar el proceso de devaluación interna; siempre y cuando los salarios reales se mantengan muy por debajo del incremento de la productividad”, sostiene el informe.

Según el informe, el programa acordado con el FMI implicará para Ecuador  una recesión para este año y un incremento del desempleo en cada uno de los tres primeros años del acuerdo. "Incluso así, estas proyecciones son optimistas,” concluye el informe . "El acuerdo con el FMI exige eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años han tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico, reducir el desempleo y reducir la desigualdad y la pobreza”. 

Consultado sobre el caso argentino, el investigador del CEPR destaco varias similitudes. “Se tomaron medidas parecidas para liberar la economía, fundamentalmente el permiso que dieron tanto Macri como Moreno para la libre transferencia de divisas al exterior. A su vez, tanto en Argentina como en Ecuador se modificó la manera en que el Banco Central administraba las reservas. Todo para volver a un régimen liberal”.

Mientras tanto, en rechazo al acuerdo con el FMI organizaciones sociales ecuatorianas llevaron adelante un paro con movilización que empezó el lunes y termina el viernes. Representantes de sectores mineros, campesinos, maestros y de la salud se acoplaron a la medida, que tuvo eje en las grandes ciudades pero se extendió por todo el territorio ecuatoriano.

“El pueblo ecuatoriano consciente continúa profundizando las acciones de resistencia contra el Gobierno neoliberal presidido por Lenin Moreno, contra sus amarres con el bloque de poder y cartel de medios de comunicación para la sumisión del país al FMI, como otra cadena para atarlo más al imperialismo”, expresa parte del comunicado de la convocatoria lanzada por las organizaciones sociales.

La represión policial de manifestantes en la ciudad de Guayaquil fue denunciada a través de diferentes videos en las redes sociales.  “La huelga nacional es en rechazo a las políticas agrarias que benefician a terratenientes, a las transnacionales y en defensa de la naturaleza, por el agua y la vida", señaló un vocero del  Movimiento Nacional Campesino FECAOL,  uno de los movimientos sociales que organizó la protesta.

 

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Para derrotar a la extrema derecha, la izquierda debe abrazar un Brexit socialista e internacionalista

La Unión Europea consagra el Thatcherismo en el continente: la creencia de que puede ser reformado desde dentro es engañosa.

 

 


2019-07-17 15:41:00

Paul Mason ha hecho una importante contribución al debate desde la izquierda en relación al Brexit. Esta aportación es importante porque Mason es el mayor europeísta dentro de la izquierda militante. La UE es esa anti-democrática y capitalista organización que se ha convertido en un pilar de la globalización y la capitana de la desigualdad.

Su artículo contenía el habitual macartismo de culpabilizar a quienes se oponen a la UE. El ataque de Mason a Eddie Dempsey, un sindicalista antifascista, es un clásico ejemplo de ello. Es imprescindible que nos movamos más allá de este tipo de politícas de la izquierda.
Mason tiene razón al argumentar que existe una amenaza de una reacción desagradable de la derecha. Pero la verdad es que esta amenaza se intensificará si se abandona el Brexit. La decisión de abandonar la UE se tomó en un referéndum con la votación más numerosa de la historia británica.

Esto no fue ciertamente la expresión de una política de extrema derecha, sino la visión establecida de millones de votantes laboristas y conservadores. Si votar no puede producir un cambio, entonces nuestra política está en crisis. Apoyamos la prioridad de la democracia. En las últimas elecciones, los dos partidos principales se presentaron en manifiestos que prometían respetar el resultado del referéndum. El voto de Ukip fracasó y el de los Laboristas se reactivó. Es la falta de voluntad de la clase dominante al llevar a cabo el Brexit, y no el propio Brexit, lo que está llevando a la ira popular.

También es cierto que la izquierda no ha podido articularse ni hacer campaña en torno a una visión democrática de renovación nacional. Parte del problema es que el euroescepticismo en el seno laborista desde una postura más izquierdista, inicialmente encarnado por Barbara Castle, Tony Benn, Michael Foot y Jeremy Corbyn, ha sido sofocado por las responsabilidades del liderazgo, mientras que la derecha euroescéptica del partido, ejemplificada en Hugh Gaitskell, Denis Healey, Peter Shore y Ernest Bevin, fueron eclipsados por la progresiva globalización de la tercera vía. El resultado ha sido una ausencia de liderazgo para posibilidades democráticas y socialistas en el Brexit desde dentro del Partido Laborista, que se ha materializado en un rechazo a los votantes del Brexit que apoyan a los laboristas, al calificarlos de “xenófobos y racistas”. Respaldamos su voto y las posibilidades socialistas que se abren a través del restablecimiento de la soberanía democrática.

El argumento de Mason es que es una falacia autocumplida en el sentido de que abandona el terreno de la disputa democrática sobre el significado del Brexit y luego denuncia a todos los que no están de acuerdo con él como si le hiciesen el juego al fascismo. Mason ha adoptado la táctica de Hillary Clinton de reducir a los votantes del Brexit a un “saco de deplorables”. Eso da lugar a que la extrema derecha pueda reclamar sus afectos políticos.

Nuestro segundo punto es que siempre que la izquierda socialdemócrata ha adoptado una política pro-UE en Europa, ha sido diezmada. En Francia casi ha desaparecido, en Holanda y Bélgica ahora es marginal, en Alemania el Partido Socialdemócrata va por detrás de Alternativa para Alemania (AfD) en las urnas, y en Italia las fuerzas combinadas de las grandes tradiciones comunistas y socialistas no pudieron reunir ni la mitad de los votos del Movimiento Cinco Estrellas, cuyo lema era “vete a la mierda”.

La parálisis colectiva de la izquierda continental, particularmente su ala socialdemócrata, es una advertencia sobre el coste de abandonar las posibilidades de cambio democrático dentro del estado nación. Existen severas restricciones sobre lo que se puede lograr dentro de la UE y los votantes de la clase trabajadora lo saben.

La alternativa a esta historia estuvo representada brevemente por el Partido Laborista de Corbyn en las últimas elecciones generales, cuando el partido se comprometió a “respetar el resultado del referéndum” y propuso políticas que eran claramente contrarias a las limitaciones del Tratado de Lisboa. Esto ha sido posteriormente amenazado por la deriva hacia el remain (a favor de permanecer en la Unión Europea). El Partido Laborista podría haber liderado una campaña democrática a favor del Brexit, pero se ha negado a hacerlo. Nuevamente, las consecuencias de esto favorecen inevitablemente a la derecha.

El consenso emergente en torno a la postura remain, liderado por el Partido Laborista, se basa en la noción de la tercera vía en la que el objetivo principal de nuestra política es preservar y proteger las operaciones sin fricción del capitalismo. El capitalismo, sin embargo, es un sistema económico vorazmente duradero y robusto que no requiere del cuidado o de la protección constitucional. La democracia, por el contrario, es el mejor medio para resistir su dominio y eso no es posible dentro de las limitaciones de la UE. Esta postura conduce a una política de decepción o a la inevitable traición. Tampoco puede ser descrita como una “narrativa de esperanza”. Es más una promesa vacía que lleva al desencanto.

Esto se relaciona con el tercer engaño de la izquierda pro-UE; su negativa a reconocer la imposibilidad de reformar la propia UE. Han construido una posición en torno a “permanecer y reformar” (Mason) o “revuelta y transformación” (el gabinete en la sombra de Clive Lewis hacia el gobierno) que es claramente imposible dentro de las estructuras de los Tratados de Maastricht y Lisboa.

La UE se basa en los tratados y la máxima autoridad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para resolver disputas. Los tratados se basan en la prioridad de las “cuatro libertades” (de circulación de mercancías, de personas, servicios y capitales) y las normas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transformar estos tratados en una dirección socialista es ciertamente imposible. Al menos 15 gobiernos socialistas tendrían que ser elegidos simultáneamente, incluso para iniciar un cambio en el tratado, y el requisito de “consenso” en cualquier convención subsiguiente, y de ratificación unánime, permite el veto de cualquier estado miembro. La experiencia de Syriza en Grecia es una prueba fehaciente de la desesperanza del enfoque de “permanecer y reformar”. Mason informó bien sobre ese asunto. 

Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es evidentemente correcto, pero yerra en no ver que el Thatcherismo en un continente sería claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.Existe una profunda distinción entre globalización e internacionalismo. El movimiento obrero y la izquierda en general, sería prudente al recordarlo. La UE es una fuerza globalizadora que subordina el trabajo al capital y la democracia al derecho de los tratados. No debemos agradecer nuestros derechos laborales o estado de bienestar a la UE, sino a la lucha política del movimiento obrero durante más de un siglo. Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es obviamente correcto, pero no ve que el Thatcherismo en un continente sea claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.

Estamos viviendo un interregno, un período que Antonio Gramsci describió como un momento en el que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Uno de esos fenómenos morbosos es el compromiso de la izquierda con el mercado único, la unión aduanera y la soberanía del Tribunal de Justicia; hacia la eternidad capitalista de la UE. Por el contrario, instamos a una política basada en la democracia, las reformas económicas radicales y el internacionalismo.

La forma de derrotar a la extrema derecha es que la izquierda abarque un Brexit internacionalista y democrático.

 

the full brexit

The Full Brexit es un grupo a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea formado por Maurice Glasman, Costas Lapavitsas, Mary Davis, Chris Bickerton, Wolfgang Streeck y Richard Tuck. Artículo publicado en Newstatesman: To defeat the far right, the left must embrace a socialist and internationalist Brexit, publicado con permiso por El Salto.

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