Estados Unidos: coronacapitalismo y su inminente colapso

La riqueza privada siempre ha prevalecido sobre la salud pública en el manual de instrucciones capitalista. Aun así la enormidad de la crisis y el potencial explosivo de transformación que ésta encierra están cambiando las reglas y puntos de vista sobre el bien común.

 

En su rápido y despiadado auge desde su primera etapa basada en el laissez faire, el capitalismo parece haber llegado de manera inadvertida a su último adiós con la pandemia del covid-19. El coronacapitalismo es portador de enfermedades sociales crónicas, acumuladas en muchas décadas de explotación brutal, pero también ha contraído una nueva enfermedad fatal que no se había experimentado o esperado con anterioridad. Más de 22 millones de estadounidenses se encuentran ahora súbitamente desempleados, y las hinchadas filas de los desempleados, aquí y fuera, crecen cada día que pasa debido a la pandemia.

Este desempleo de masas impuesto está chupando progresivamente el fluido vital, la plusvalía, del capital en general y amenaza con colapsar todo el castillo de naipes levantado por la maximización del beneficio privado. Sin que el trabajo pueda crear más riqueza a través de su productividad en aumento en el lugar de trabajo que la necesitada para su propia supervivencia, hay beneficios en caída o nulos para la mayoría de propietarios privados e inversores corporativos. De ahí las actuales prisas por “abrir América” a pesar de los enormes riesgos para la salud pública. La riqueza privada siempre ha prevalecido sobre la salud pública en el manual de instrucciones capitalista. Aun así la enormidad de la crisis y el potencial explosivo de transformación que ésta encierra están cambiando las reglas y puntos de vista sobre el bien común. La caída del capitalismo, al menos tal y como lo conocemos, está en el horizonte.

La base material para un cambio cualitativo tan deseado se ha estado desarrollando desde hace décadas de decadencia y desesperación; la pandemia tan solo ha acelerado en gran medida y ha expuesto de manera espantosa la depravación y la fragilidad que afrontamos. Si había alguna red de seguridad, la inhumana concentración de riqueza y las políticas misántropas no han hecho más que disolverla. Después de unos 50 años de constante aumento de la desigualdad, los 400 norteamericanos más ricos ahora poseen más riqueza que los 150 millones más pobres de entre nosotros; el 22% de la riqueza generada por el trabajo en EE UU termina en la cartera de la décima parte del 1% más rico, mientras casi el 60% de los hogares norteamericanos carecen de suficientes ahorros como para pagar una factura médica de 1.000 dólares por una emergencia o una reparación del coche. Esas concentraciones obscenas de riqueza y evidentes brechas de desigualdad no se habían vivido desde 1928, justo antes de la Gran Depresión. Y aun así la marcha hacia el abismo continúa.

Las políticas públicas en favor de los ricos, junto con la ideología de darwinismo social que condena a los pobres, alimentan esta desigualdad. Para cualquiera al tanto de las dinámicas de la economía política, está claro que el Estado es un órgano de la clase dirigente, pero no fue hasta el advenimiento del régimen de Trump y la pandemia del coronavirus que este órgano se reveló como su recto. Las políticas públicas predominantes de este régimen misántropo apestan a distancia. El recorte de todos los fondos dirigidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) socava directamente los esfuerzos mundiales para contener y superar la pandemia. Mientras aumenta la venta de armas en EE UU, Trump llamó de manera implícita a una insurrección armada para “liberar” a determinados estados de sus medidas de contención de la pandemia.

Con el recorte legal de la tasa impositiva a las empresas del 35 al 21% en 2017 impulsada por el régimen de Trump, la Hacienda norteamericana dejó de ingresar cerca de 1 billón de dólares, que se añadieron a la cartera de valores corporativos con el objetivo de dedicarlas a lucrativas operaciones de compraventa de acciones. El gargantuesco regalo para los súper ricos norteamericanos en 2020, que lleva el nombre de ley CARES, exaspera en gran medida el robo legal de fondos públicos. Unos 500.000 millones de dólares en así llamados préstamos han sido entregados directamente a las mayores empresas de EE UU sin una supervisión ni rendición de cuentas significativa.

Debido a manejos fiscales, otros 1,2 millones de dólares han sido entregados de media a unos 43.000 millonarios, mientras los estadounidenses en dificultades pueden recibir un ingreso extraordinario de 1.200 dólares. Hay pocas dudas de que el régimen de Trump dirigirá una buena parte de esta generosidad a sus entusiastas simpatizantes y leales socios de negocios. El capitalismo de amiguetes no es nada nuevo para Trump, especialmente cuando en lo referido a su medicamento favorito para combatir el Covid-19: la hydroxychloroquina.

Conflicto de interés

Varias empresas farmacéuticas propiedad de partidarios de Trump están dando por hecho que la agencia sanitaria (Food and Drug Administration, FDA) les va a otorgar un trato de favor en sus esfuerzos de producir en masa esta sustancia no autorizada y potencialmente peligrosa. Sanofi, la empresa francesa que produce la HCQ bajo la marca Plaquenli, también ha atraído a estos partidarios, incluidos tres miembros de la familia Trump que poseen parte de sus acciones, así como al millonario y acérrimo aliado de Trump Ken Fischer, el principal accionista de Sanofi. El secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, también tiene acciones de Sanofi. Si llega la autorización de la FDA, todos están a la espera de estos beneficios caídos del cielo.

Como principal portavoz y camello de la HCQ, Trump muestra su desdén por las advertencias científicas y su irracional lealtad a las prácticas de darwinismo social. Bajo su mandato la dirección de Prisiones compró pastillas de HCQ por valor de 60.000 dólares, sin duda dirigidas a uso experimental entre determinados reclusos de las prisiones federales. De manera similar, su búsqueda alocada de una solución milagrosa para la pandemia ha influido muy probablemente la decisión del gobierno indio de establecer posibles pruebas de la sustancia, como profilaxis, entre miles de habitantes de las villas miseria de Mumbai afectados por la pobreza. De nuevo, humanos vulnerables van a ser usados como conejillos de indias.

Mientras que trapichear con sustancias no testadas es una prioridad para este régimen, no lo es el impulso a políticas conocidas que puedan contrarrestar la inseguridad alimentaria y económica en rápido crecimiento. La New Poor People's Campaign estima que 140 millones de estadounidenses son pobres, un sorprendente 52% de niños estadounidenses son empobrecidos o de bajos ingresos, la mitad de los inquilinos gasta un tercio de sus modestos ingresos en la vivienda, y unos 49 millones de familias soporta una deuda colectiva de 1,5 billones de dólares en préstamos estudiantiles. Y aún así no se hace nada para aliviar ninguno de estos urgentes problemas sociales.

Incluso antes de la pandemia, unos 27 millones de estadounidenses carecían de seguro sanitario, cerca del 66% de los impagos de los hogares se debían a la incapacidad de pagar facturas médicas, y solo en 2018 cerca de 250.000 campañas médicas de la plataforma GoFundMe fueron lanzadas por familias en apuros. En las últimas dos semanas de marzo, 3,5 millones de estadounidenses perdieron la cobertura sanitaria dependiente de su contrato de trabajo y millones más no tenían permisos familiares ni bajas por enfermedad retribuidas.

Ningún otro país en lucha contra la pandemia se enfrenta a estos retos adicionales para la supervivencia. El hambre comienza a asomar su fea cabeza en EE UU como nunca lo había hecho en tiempos modernos; 11 millones de niños viven en hogares con alimentación precaria, Feeding America, una organización nacional de 200 bancos de alimentos, estima que unos 17 millones de estadounidenses pueden pasar hambre pronto. Y aún así el régimen de Trump propone recortes en las cartillas de alimentación y en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés). La mentalidad tipo “que coman pasteles” ha arraigado y se cobra su peaje.

Mientras los animales salvajes deambulan cada vez más por algunas calles desiertas y se amontonan las kilométricas filas de coches para conseguir alimentos, hay quienes no solo han escapado del mortífero impacto de la pandemia, sino que durante ella han incrementado en gran medida su riqueza. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo con una riqueza neta de 138.000 millones de dólares, ganó recientemente otros 24.000 millones extraídos de la plusvalía generada por los expuestos trabajadores de Amazon.

Varios otros milmillonarios estadounidenses (Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Elton Musk, Larry Ellison, Larry Page, Bill Gates) vieron su enorme riqueza crecer 20.000 millones en total a comienzos de abril. En el mismo periodo, cerca de cinco millones de trabajadores norteamericanos solicitaron seguro de desempleo, la mayoría de ellos mientras perdía la cobertura sanitaria asociada a sus contratos. Millones de norteamericanos que antes vivían pendientes de las ayudas ahora sobreviven día a día. Muchos no lo han logrado. A mediados de abril cerca de 34.000 norteamericanos han muerto de covid-19 (la cifra superaba los 100.000 a finales de mayo). Las víctimas mortales en todo el mundo se proyectan por millones para este verano, y la tasa de desempleo en EE UU puede llegar a un 30% sin precedentes. Una atrocidad sin precedentes requiere de una respuesta sin precedentes.

Si los milmillonarios y el sistema que los produce han perdido alguna vez su razón de ser es ahora. Hay que distribuir la riqueza. Fomentar la sanidad pública. Acabar con la pesadilla. Dona Nobis Pacem (Danos la paz)

 

1 jun 2020 06:51

counterpunch

Werner Lange es profesor de sociología retirado y veterano activista pacifista. Artículo original: Corona Capitalism and its Coming Collapse Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Nueva York resiste la brutalidad policial disparada por Trump 

Protestan por cuarto día consecutivo contra el racismo 

 “Somos los más pobres y nos matan, no valemos nada” dijo Brianna, hija de inmigrantes. Ella se sumó a las marchas en repudio por el asesinato del afrodescendiente George Floyd.

 

Brianna no va a marchar hoy porque tiene que trabajar doble turno. Me cuenta que su familia es del Caribe y que sus padres son inmigrantes, pero ella nació acá, en Nueva York. Es su último día en Starbucks porque hay una ola de despidos a raíz de la crisis económica que desencadenó el brote de coronavirus. Todo está unido, es imposible disolver el efecto dominó. Le pregunto qué siente. Está enojada, la desigualdad se percibe en todo. En los cheques de estímulo que no llegan a los inmigrantes, en los trabajadores racializados, como su padre, que quedaron en la calle. “Somos los más pobres y nos matan, no valemos nada”.

Es el cuarto día consecutivo de protestas esparcidas a lo largo de Nueva York. La ironía es que el movimiento que denuncia el racismo estructural y, en particular, la violencia policial, fue coronado con una policía aún más violenta. El sábado, las diversas manifestaciones terminaron en golpizas, balas de goma a los ojos, policía montada y patrulleros pasando, literalmente, por encima a ciudadanos. Las autoridades no parecieron coincidir con esta lectura, al menos en principio. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, dijo en conferencia de prensa luego de las revueltas del sábado, que no iba a echarle la culpa a los oficiales que estaban “intentando lidiar con una situación imposible”.

El país está literalmente en llamas, durante el sábado las protestas acompañadas de saqueos y patrulleros incendiados se multiplicaron por las principales ciudades de Estados Unidos, dando continuidad a las movilizaciones que se habían iniciado en Minneapolis el martes pasado, como reacción al asesinato del afroamericano George Floyd a manos de Derek Chauvin efectivo de la policía, el día anterior.

“¿Cómo deletreamos racista? P-O-L-I-C-Í-A” repite en una voz gutural la masa de manifestantes en Nueva York. Solo se ven los ojos de las personas por los tapabocas y están encendidos. Es que recordemos que esta ciudad fue el epicentro mundial del coronavirus, y, si bien esta amenaza ha pasado a un segundo plano, no es un elemento menor. La tasa de mortalidad del virus en personas negras y latinas duplicó a la de los blancos, lo cual hizo evidente la desigualdad estructural que arroja constantemente a estas poblaciones a los márgenes. Eso también es violencia.

En Manhattan la movilización del domingo comenzó pacífica, en parte porque ha habido incidentes que terminaron con cientos ciudadanos heridos y 345 detenidos, la noche anterior. La reunión tuvo lugar en Bryant Park, frente a una de las entradas de la Biblioteca Pública de Nueva York y comenzó a bajar por la quinta avenida hacia el sur. “Sin justicia no hay paz” se escucha en una voz grave, pesada.

Los drones nos sobrevuelan, detrás de nosotros, una decena de policías. La marcha se multiplica cuadra a cuadra, de los comercios abiertos y los edificios salen con celulares en alto algunas personas, a sumarse por unos segundos. El ajetreo me detiene frente a un edificio lujoso de departamentos sobre la calle 33, cruzo miradas con el guardia de seguridad, afroamericano, que ha salido de su posición. “No estoy marchando porque estoy trabajando, pero sería uno de ustedes si no”, me dice.

Seguimos avanzando hacia donde comenzamos, la marcha ha hecho una rotonda, ensanchándose, sumando gente a cada segundo. Se respeta el distanciamiento social y cada un par de cuadras el paso se detiene pidiendo que nos pongamos de rodillas. “Sin justicia no hay paz”, decimos.

Tamu es afrodescendiente, nació en Luisiana. “Es importante la unidad en un momento como este”. Es la primera marcha a la que puede asistir, porque hasta ahora su trabajo no se lo permitió, “sentís la discriminación, la sentís todo el tiempo, la siento cuando salgo a correr y las mujeres blancas se alejan, es el color de mi piel, es mi ropa. Tenemos que presentarnos de cierto modo para no resultar amenazantes y protegernos, y eso nos lleva a la sumisión”. En cuanto la despido, una chica blanca para su auto en una de las calles transversales. Se baja y alza un cartel “si no ves el problema, sos parte de él”. La marcha aplaude.

El que no ve que es parte del problema, desde ya, es Donald Trump. Sus declaraciones en Twitter a lo largo de estos días han demostrado que su administración no tiene ninguna intención de reconocer el reclamo, sino ensanchar el pecho en un falso heroísmo, jactándose del accionar policial y de la guardia nacional. Hace horas, además, afirmó que declarará a ANTIFA como organización terrorista. ANTIFA (abreviación para antifascista), es el nombre que se usa para designar a un grupo amorfo, y muchas veces atomizado, de izquierda que apoya a poblaciones oprimidas. No solo no es una organización centralizada, sino que sería inconstitucional proscribir la actividad de una agrupación basado en ideología.

 A Trump no le importa no estar amparado por una figura legal para declarar terrorista a ANTIFA. Hay una intencionalidad clara del discurso político en encontrar un enemigo interno, ubicarlo entre el pueblo y sus protestas. Y en los medios nunca faltan periodistas defendiendo paredes, condenando la violencia de una población violentada, que pide justicia con urgencia.

Mientras escribo en mi casa en la calle 30, al Este de la ciudad de Manhattan, se escuchan los gritos de los manifestantes, a quienes tuve que abandonar. A las 7 de la tarde se suman a las voces del pueblo en movimiento los aplausos diarios reconociendo el esfuerzo de los trabajadores esenciales del estado de Nueva York, que en un 75 por ciento son personas de color. Una vez más, es imposible separar una cosa de la otra. “El silencio blanco es violencia” es otro de los cánticos que siempre vuelve al desolador “no puedo respirar”, la última frase pronunciada por George Floyd en vida.

Por Malén Denis 

Desde Nueva York


Nueva jornada de manifestaciones en todo el país

Estados Unidos: la protesta no cede y se impone el toque de queda en 40 ciudades 

 

Las mayores movilizaciones se registraron en los estados de Minnesota, Nueva York, Washington y Florida en repudio por la brutalidad policial. 

Al menos unas 40 ciudades de Estados Unidos impusieron este domingo toques de queda en respuesta a las jornadas de protesta que se replican en todo el país por la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba siendo detenido por agentes de la Policía de Mineápolis. Así, el toque de queda rige en Miami, Orlando, Atlanta, Chicago, Detroit, Kansas, Cleveland, Seattle, Philadelfia, Portland o Dallas, entre otros. Horas antes, la Guardia Nacional de Estados Unidos confirmó la movilización de 5 mil efectivos en 15 estados y el distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington D.C., para contener los disturbios derivados de las protestas por la muerte de Floyd. 

La muerte de Floyd se ha convertido en el último símbolo de la violencia policial contra los ciudadanos negros y provocó la mayor ola de protestas de los últimos años en Estados Unidos.  El domingo, las mayores movilizaciones se registraron en los estados de Minnesota, Nueva York, Washington y Florida. Hasta el momento se reportaron dos muertes vinculadas a las protestas que se iniciaron el miércoles: una ese mismo día en Minneapolis, y la segunda, el viernes en Detroit.

En el estado de Minnesota, epicentro de las manifestaciones, una nueva manifestación tuvo lugar por la tarde en Saint Paul, ciudad lindera a Minneapolis, frente al Congreso local, desafiando el toque de queda vigente. Alrededor del Capitolio estatal se desplegó un importante contingente de efectivos policiales para contener a los manifestantes. En tanto, un conductor embistió con un camión cisterna a una multitudinaria manifestación en Minneapolis, aunque milagrosamente no se registraron heridos. 

Miles de personas avanzaban por la autopista I-35W, que estaba cortada al tráfico, cuando el camión cisterna arremetió a gran velocidad contra los manifestantes. "El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital con lesiones leves. Está detenido. No parece que ningún manifestante haya sido atropellado por el camión", informó el Departamento de Seguridad Pública de Minesota. La policía aprovechó la ocasión para dispersar la multitudinaria protesta, que según definió el mismo Departamento de Seguridad Pública era "pacífica". Los agentes rociaron con gases lacrimógenos con el objetivo de despejar la autopista.

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Twitter sufrió fuertes pérdidas por la Orden Ejecutiva de Donald Trump, luego de que el mandatario acusara a la red social de padecer un sesgo izquierdista .Foto Ap

Suena paradójico que Trump, con 80 millones de seguidores en Twitter, se enfrasque en una feroz batalla contra la polémica red social que cuenta con 330 millones de suscriptores al mes en el mundo.

A diferencia de los discriminados multimedia, la "sección 230" de la Enmienda de Decencia (sic) en Comunicaciones –que depende de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)– otorga inmunidad a los gigantes de Internet frente a cualquier reclamo de libelo y/o difamación en la fase desinformativa de la Postverdad(https://bit.ly/36Iwkzk).

Una insólita censura a los tuits de Trump y la cuenta oficial (sic) de la Casa Blanca–que el presidente juzgó como un atentado a su inalienable libertad de expresión (https://bit.ly/36KAoz1)– orilló a que Trump utilizara una "Orden Ejecutiva" para intentar controlar a Twitter, en particular, y a las redes sociales,en general. Trump acusa a Twitter Inc. de EU de estar en contra de los conservadores y padecer sesgo izquierdista.

Hay que tener mucho cuidado con la doble cara de Twitter, que en EU es más proclive a la agenda anti-Trump, mientras que su impugnada directiva en Latinoamérica estuvo controlada por el madrileño Pepe López de Ayala, aliado del fascista Partido Popular Español que opera(ba) en México con los golpistas Felipe Calderón y su socio Enrique Krauze Kleinbort (https://bit.ly/3gx7E1r).

Entre los 10 primeros ( top ten) tenedores de acciones de Twitter Inc. se hallan en los tres primeros los megabancos de Wall Street: The Vanguard Group Inc., con 10.10 por ciento; Morgan Stanley Investment Management –del que es socio el itamita Jesús Reyes Heroles GG, quizás en premio por su entrega del petróleo mexicano–, con 5.7por ciento, y el ubicuo BlackRock, con 4.81 por ciento (https://cnn.it/36IsWo6).

Hoy la capitalización de mercado de Twitter Inc. es de 25 mil millones de dólares, que sufrió fuertes pérdidas con la prohibitiva Orden Ejecutiva de Trump, y que representan 4 por ciento (sic) de la capitalización de mercado de Facebook, con 2 mil 600 millones de suscriptores activos al mes.

No hay comparación en finanzas ni en suscriptores entre Twitter y Facebook que elabora su divisa digitálica: la Libra(https://bit.ly/2Xjdj3v).

En el top ten de Twitter Inc. figuran la japonesa Nomura –aliada de la banca Rothschild–, y Credit Suisse , vinculada a George Soros en la caja española FCC.

Resalta que los cuatro gigabancos BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity controlan la mitad de Wall Street (https://bit.ly/2XeKUeW).

Sin contar el control del Pentágono de la joyas estratégicas de Silicon Valley mediante el DIB (https://bit.ly/3doPa1e), ¿Existe realmente la disociación entre los cuatro gigabancos de Wall Street que controlan financieramente las redes sociales (Twitter/Facebook/Google/Amazon) y su directiva administrativa muy maleable ideológicamente hablando?

Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook se desmarcó de la política de Twitter y comentó que "no piensa que las redes sociales deban realizar verificación de hechos sobre lo que postean los políticos" cuando “el discurso político es una de las partes más sensibles en una democracia, y la gente debe ser capaz de ver lo que dicen los políticos (https://cnb.cx/2TS2vaz)”.

En mi investigación forense descubrí que Twitter en EU opera a favor de la agenda globalista de Soros. Luego que éste vendió su participación en Facebook y Google, porque ya no las podía controlar, descubrí el acercamiento de Mark Zuckerberg con la agenda anglosajona del "nacionalismo económico" en Gran Bretaña –en su colusión con Cambridge Analytica para impulsar al Brexit– como en EU, donde Facebook se ha mostrado menos hostil a Trump (https://bit.ly/3eyLJoz).

El grave problema deriva de la ausencia de una legislación moderna que defina los derechos y obligaciones de las redes sociales que no pueden ser al mismo tiempo una plataforma lucrativa y erigirse en un tribunal inquisitorial Supra y Metaconstitutional, al estilo Torquemada que redireccione e induzca el control mental de los ciudadanos acorde con sus intereses financieros y electorales.

http://alfredojalife.com

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El desempleo en Colombia se dispara hasta el 19,8% en abril

Los desempleados pasan de 2,5 millones hasta más de 4 millones en el primer mes completo de cuarentena para frenar la pandemia

 

Colombia ya siente con fuerza la dentellada económica provocada por el coronavirus. La tasa de desempleo, el tradicional talón de Aquiles de una de las economías más estables de América Latina, se disparó hasta el 19,8% en abril, el primer mes completo de la cuarentena nacional decretada por el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación de la covid-19. El dato divulgado este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística está en línea con las proyecciones más pesimistas y representa casi el doble con respecto a la tasa de abril de 2019.

En un mes, más de 5,3 millones personas dejaron de estar ocupadas en el país andino, la cuarta parte de los puestos de trabajo. En ese mismo periodo, los desempleados pasaron de 2,5 millones a 4,1 millones, mientras la población ocupada se ubicó en 16,5 millones de personas. Como se anticipaba, los sectores más golpeados fueron industria manufacturera, comercio, restaurantes, actividades artísticas y de entretenimiento. Si se amplía el periodo de febrero a abril, la tasa de desempleo se ubica en 14,6 %. El pasado marzo, cuando los colombianos llevaban cerca de una semana sometidos a las inéditas medidas de confinamiento, el desempleo ya había subido al 12,6%.

Colombia arrancó este año con los mejores números entre los países grandes de la región. El crecimiento de los dos primeros meses superaba el 4%, pero la incertidumbre de marzo, cuando se inició la cuarentena, bastó para frenar ese impulso y cerrar el trimestre con un crecimiento de 1,1%. Es probable que el pasado abril quede registrado como el mes de peor desempeño económico en la historia de Colombia, coinciden diversos analistas. Para este año, el Ministerio de Hacienda prevé una desaceleración en torno a -5,5%, aunque para el Fondo Monetario Internacional la caída será de -2,4%.

Después de más de dos meses del llamado “aislamiento preventivo obligatorio”, el país se apresta a pasar a una nueva fase que relaja las medidas de confinamiento a partir del lunes. El Ejecutivo ha insistido en recuperar la “vida productiva” –más no la “vida social”– mediante una reactivación económica escalonada. Desde hace varias semanas, sectores como la construcción, la manufactura y algunos comercios están autorizados a salir a las calles bajo ciertos protocolos, y a partir de junio las numerosas excepciones también cobijan las "actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales, así como los museos, bibliotecas y peluquerías, entre muchas otras.

Aunque exhibe con orgullo una de las economías más estables de América Latina, que solo ha acabado un año en negativo en más de medio siglo, Colombia también ha mantenido una tasa de desempleo “inaceptablemente alta”, como reconocía en noviembre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El año pasado volvió a ubicarse por encima de los dos dígitos (10,5%) y el coronavirus amenaza con llevarla por encima del 20 % en 2020.

La preocupación también se asienta en el frente de la larga lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para 2018, Colombia había reducido el porcentaje de su población por debajo de la línea de pobreza hasta el 27 %. Un reciente estudio de la Universidad de Los Andes advierte que la pandemia puede representar un retroceso de dos décadas, hasta los tiempos en que cerca de la mitad de la población se ubicaba por debajo de ese umbral.

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El gobierno de España aprobó un ingreso mínimo para paliar la pobreza en plena pandemia

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará orientado a familias que se encuentran en situación o riesgo de pobreza. "Hoy nace un nuevo derecho social en España. Es un día histórico para la democracia", dijo el vicepresidente Pablo Iglesias.

 

El gobierno de España aprobó el primer Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel nacional. Con esta medida pretende llegar a 850 mil hogares que integran casi 2,4 millones de personas. El mismo estará orientado a familias que se encuentran en situación o riesgo de pobreza. "Hoy nace un nuevo derecho social en España. Es un día histórico para la democracia", señaló el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El ingreso oscilará entre 462 y 1.015 euros al mes (500-1.200 dólares), dependiendo de la composición del hogar, que puede ser unipersonal. De acuerdo con el gobierno esta ayuda supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema en el país. La medida llega en medio de una crisis económica severa causada por la pandemia del coronavirus. En España hubo unos 950.000 nuevos desocupados desde el inicio del confinamiento.

 

"Justicia social y recuperación económica"

 

La medida estaba incluida en el programa de gobierno acordado entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Sin embargo su aplicación se aceleró ante las consecuencias económica de la pandemia. Podrán pedir esta ayuda hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales, siempre que la persona tenga entre 23 y 65 años y lleve al menos tres años constituido el hogar. Cuando es una pareja, el hogar debe estar formado desde hace un año. Se requiere también al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España, excepto para las personas vulnerables en situaciones de violencia de género o explotación sexual.

El presidente de España Pedro Sánchez destacó el carácter permanente de la medida. “Ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país", explicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El gobierno informó que un 30 por ciento de los beneficiarios serán menores. Los montos fijados por el ejecutivo nacional establecen un mínimo para todo el país que las distintas comunidades autónomas podrán mejor. Su asignación dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar. Durante el primer mes de vigencia del ingreso mínimo, el gobierno actuará de oficio con la intención de llegar rápidamente a unos 100.000 hogares que cumplen con los requisitos, sin que sea necesario que lo soliciten. El coste anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros, equivalente a un 0,24 por ciento del PIB de 2019.

Por su parte Iglesias subrayó que este ingreso viabiliza la redistribución de la riqueza. “Es absolutamente imprescindible para la recuperación económica", sostuvo el miembro de UP. Además recalcó la importancia de que esos recursos no irán a paraísos fiscales sino al consumo para dinamizar la economía del país. Actualmente están en situación de pobreza extrema unos 600.000 hogares y 1,6 millones de personas que viven con ingresos entre 245 y 362 euros al mes. "No hay libertad si no se llega a fin de mes", aseguró Iglesias. Por su parte la ministra de Trabajo Yolanda Díaz también recalcó el carácter histórico de la medida. “El propósito de este gobierno de no dejar a nadie atrás se sustancia en una prestación estructural, destinada a permanecer, y que era un compromiso con nuestro país", sostuvo Díaz. En el resto de Europa ya se aplican medidas similares por lo que España llega rezagada, aseguró Andoni Montes, analista de la Fundación Alternativas a la agencia EFE. "El IMV pone a España en un contexto de la normalidad europea", explicó Montes. Según el analista el país no poseía una política de protección social tan ambiciosa como otros de su entorno.

 

Un plan para alentar el empleo

 

Desde las entidades empresariales y la ortodoxia económica marcaron los peligros del programa social que planteó el gobierno. Entre la oposición política, el portavoz en el Senado del conservador Partido Popular Javier Maroto consideró muy grave que el gobierno pretenda usar para este ingreso los fondos de las pensiones de retiro. Por su parte el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi recalcó que este sistema no tiene ningún sentido si no conduce hacia lograr más empleos. "No podemos tener un país subvencionado", recalcó el representante del sector. Además pidió que el IMV se aplique de manera idónea y con la obligación de que los beneficiarios no puedan rechazar ofertas de trabajo.

Sin embargo el gobierno explicó que la asistencia será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo. De esta forma los beneficiaros van a poder realizar en paralelo trabajos temporales o por cuenta propia sin perder el beneficio. El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada familia y el umbral fijado para cada tipo de hogar. Este límite de patrimonio, que aumenta según el número de personas que forman el hogar, parte de 16.614 euros netos (unos 18 mil dólares) para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros (48 mil dólares). Sólo al sobrepasar ese monto los beneficiarios perderán la asignación. Antes de esta crisis, 4,5 millones de hogares españoles se encontraban en riesgo de exclusión social o pobreza severa. Esto suponía casi el 25 por ciento del total de la población, según un estudio del Banco de España de marzo pasado.

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Por una renta básica (transitoria) para nueve millones de familias en Colombia

Coalición de 54 senadores presentan proyecto de Ley para una Renta Básica de Emergencia

 

Una coalición de 54 senadores colombianos, integrantes de 9 partidos, radicaron el miércoles 27 de mayo el proyecto de Ley por medio del cual se entregaría a nueve millones de familias colombianas, unos 30 millones de personas pobres y vulnerables, una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual.

Bajo el título “Por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia, estos senados pretenden que el “[…] Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid.19”.

De acuerdo a los firmantes, “[…] el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad […]”.

La iniciativa surgida de esta coalición […] propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano…”. El ingreso solidario reconoce $ 165.000 a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscar complementar sus ingresos

La propuesta de los 54 congresistas es realista con la situación de empobrecimiento, hambre, angustia e inseguridad sobre su presente y futuro próximo que domina en millones de hogares obligados a permanecer en encierro, para prevenir la multiplicación del virus, pero sin garantizarles por parte del ente nacional condiciones básicas económicas, alimentarias, mentales– para que permanezcan en sus casas. Una realidad de penuria que ha llevado a multitud de hombres y mujeres a saltarse el confinamiento y salir a las calles a vender todo tipo de mercancías, buscando con ello reunir unos pesos con los cuales garantizar el alimento de los suyos, así como tener con que pagar arriendo y otros gastos del día a día.

El mandato del gobierno, “quédate en casa” desconoce el extenso empobrecimiento que domina en la sociedad colombiana, con más de 13 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan por cuenta propia, viviendo al día y, por lo tanto, obligarlos al confinamiento sin ingreso alguno es condenarlos a la crisis total, con la cual no morirán por contagio viral sino por contagio –empobrecimiento– económico. El empobrecimiento ya existente ahora se extiende producto del desempleo que va ganando cada día mayores indicadores, y con la multitud de comerciantes y empresarios que han decidido cancelar sus negocios.

Por otra parte, al tiempo que radicaban esta iniciativa la misma coalición anunció que en las próximas semanas radicaran una propuesta de “[…] Reforma Tributaria Estructural (que garantice) que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.

Y precisan, “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados –el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas– así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.

Al tiempo que así obraban los integrantes de 9 partidos, se conocía que el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptaba la propuesta de renta básica. Horas después, en contravía de una propuesta que pretende aportar a sobrellevar en mejores condiciones económicas la presente coyuntura por parte de 30 millones de connacionales, el gobierno a través del presidente Iván Duque oficializaba el apoyo al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas, aportándole medio salario mínimo por cada uno de estos. Como en otras medidas tomadas por decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocado en apoyar a los que más tienen con el prurito de evitar que la industria quede liquidada.

Por ahora, y ante la propuesta de renta básica en curso y la iniciativa de próxima reforma tributaria estructural, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica así como de justicia tributaria: ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué por ingresos dignos? ¿para que se trabaja? ¿qué se entiende por desarrollo? ¿qué se entiende por gobierno y para quién se gobierna? ¿qué es la solidaridad? ¿cuál es la diferencia entre renta básica y subsidios? ¿podría plantearse que la sociedad colombiano avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿cómo haría para ello? ¿qué es la justicia? ¿por qué el que más tiene debe tributar más? ¿cómo construir una sociedad de iguales?

Estos y otros interrogantes, estas y otras propuestas, requieren la movilización nacional de los excluidos, que sin romper normas básicas de salubridad deben salir por diferentes espacios públicos, sin dejarse contener por las redes sociales, para hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos, que en este país millones están excluidos y requieren ser tenidos en cuenta, además de que la pandemia –para ser vencida– debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, entre ellos y en primera instancia a vivir en dignidad.

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Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

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Privatizaciones y política pública en AL

La pandemia que enfrenta la humanidad ha puesto de relieve la necesidad de que todos los países cuenten con sistemas de salud pública con capacidad de respuesta ante eventualidades que ponen en riesgo a sus poblaciones. Tras décadas de predominio de la visión neoliberal, en la que se desmantelaron prácticamente todas las áreas económicas de participación significativa del Estado, como la siderurgia, fertilizantes, etcétera, nos damos cuenta ahora, en medio de esta crisis, que también se privatizó la noción de que salvaguardar la salud de su población era responsabilidad del Estado.

Esta privatización de la responsabilidad estatal frente a la salud pública justificó que se quebrara la estructura de atención sanitaria, dejando que el sector privado atendiera los requerimientos de salud pública. El sector privado se ocupó de generar espacios rentables de atención médica, sin responsabilizarse de la atención de los requerimientos sociales. Frente a este quiebre de la capacidad de atención pública de la salud, la respuesta fundamental para evitar que la pandemia cobrara más vidas ha sido el confinamiento. Ello ha reducido significativamente la expansión del contagio, evitando fallecimientos, pero ha detenido abruptamente el funcionamiento económico.

El haber privilegiado lo privado frente a lo público en la salud en muchos países ha costado miles de vidas y costará decenas de millones de puestos de trabajo en el mundo. El colapso económico se propagará durante varios meses, provocando contracción de las actividades productivas y comerciales y, consecuentemente, una masiva pérdida de empleos en todos los circuitos económicos. Enfrentaremos una espiral recesiva que solo será posible detener, y después revertir, a través de la acción de los estados. La participación del sector privado es importante, pero lo decisivo es la acción estatal.

Corresponde a los gobiernos responder enérgica y eficientemente. Priorizar claramente las acciones a instrumentar es fundamental. La mayor prioridad, por supuesto, está en reforzar nuestros diezmados sistemas de salud, protegiéndolos presupuestalmente, recuperando la noción de que corresponde al Estado atender la salud pública. En segundo lugar, importa que a nivel regional latinoamericano nos propongamos impulsar la producción de equipos médico-sanitarios, así como de formar profesionales dedicados a la salud primaria de la población. En tercer lugar, es necesario ampliar las medidas económicas destinadas a proteger a la población que está siendo duramente golpeada por la crisis y que no cuenta con herramientas que le permitan defenderse.

Las acciones deben buscar impactar inmediatamente, por lo que parece útil remitirse a experiencias de apoyos generales, como el de adultos mayores en la CDMX o el ingreso ciudadano universal, que han probado ser de instrumentación relativamente sencilla, aplicándolos a nivel de los estratos con menores ingresos. El cuarto asunto es resolver la fuente de financiamiento del gasto implicado en las acciones anteriores. El monto de recursos que habrá que utilizar será de alrededor de 5 por ciento del PIB de cada país. La fuente con la que es posible y necesario financiar estas acciones es la tributaria. Es indispensable, y políticamente conveniente, que acordemos una amplia y progresiva reforma fiscal en la región que amplíe la capacidad financiera de nuestros estados.

Esta fuente de financiamiento, sin embargo, no aporta recursos de inmediato. Por su propia naturaleza demora un buen tiempo para que los nuevos ingresos se recauden. Por eso, se requiere acudir a otras fuentes. La más obvia es el endeudamiento público, tanto interno como externo. Sin embargo, aún con costos a la baja, es evidente que amplía las necesidades presupuestales para el servicio de la deuda en los ejercicios siguientes. En el caso mexicano, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda pública equivale a tres puntos del PIB. Contratar más deuda es indudablemente comprometer pagos futuros mayores.

Por eso, ante urgencias sociales evidentes es conveniente dejar de pagar los intereses de la deuda pública externa, tanto con bancos privados como con organismos financieros internacionales, durante el tiempo necesario para que las economías recuperen su ritmo de crecimiento. No se piensa en posponer este pago de intereses, como han planteado los bancos privados en México, sino eliminarlo.

La crisis ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que son ciertamente inadecuadas. Recuperar la solidaridad como un valor global, permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalidad ha relegado. Es el tiempo de que juntos gobiernos y sociedad civil nos asociemos para construir un futuro mejor.

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Miércoles, 27 Mayo 2020 06:36

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Mirate
así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos
mirate
así

(Torturador y espejo. Mario Benedetti. A once años de su muerte)

Cuesta escribir esta opinión personal, pero debo hacerlo para tomar partido ante tanta degradación moral. Me obliga el corazón y la memoria en razón de conocer a algunos líderes amenazados y asesinados en meses recientes en mi departamento, el Cauca, en el suroccidente colombiano, a donde regresé unos meses para terminar mi trabajo final de doctorado en Comunicación de la Universidad de Sofía. Justo cuando por allí paseaba un funcionario que refleja claramente la vileza de una clase política adicta a la guerra y a las órdenes de Estados Unidos. Así que es aparentemente desde la distancia que juzgo. Pero no es así. Lo hago habiendo estado por muchos años muy cerca de la guerra.

Queriendo no desprenderme del todo de lo que pasa en mi continente, en medio de las evidencias por la acción de mercenarios contra Venezuela el 3 de mayo pasado, me encuentro un titular: el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 13 de mayo que Cuba alberga y apoya “terroristas”. Se basa en la siguiente prueba: no ha sido entregada al gobierno de Iván Duque la comisión negociadora del ELN (Ejército de Liberación Nacional: única y última guerrilla revolucionaria de Colombia), comisión que hace dos años está en la isla caribeña a petición tanto del Estado colombiano como de esa insurgencia, para el desarrollo de diálogos de paz que el actual gobierno de extrema derecha decidió no continuar.

Entre Washington y Bogotá se ha tejido una estrategia de presión a Cuba, a Venezuela y contra las posibilidades de conversaciones de paz, valiéndose del hecho de que Cuba nunca extraditará a luchadores políticos rebeldes que están allí por un acuerdo internacional como Noam Chomsky, Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y muchos otros eruditos han dictaminado (https://rebelion.org/docs/258251.pdf; https://www.elespectador.com/noticias/politica/academicos-la-onu-hay-que-salvaguardar-cuba-de-los-ataques-desde-bogota-articulo-893278).

Consultando hace unos días Telesur para seguir algunas noticias, hallo una opinión, la de Piedad Córdoba (https://www.youtube.com/watch?v=tsTWwRe1hC0). No comentaré el muy buen análisis político que ella hace, sino un detalle que me motivó a pensar sobre esa miseria moral de mi país, o, mejor dicho, de su estamento político, y en particular de quienes encarnan esa despreciable condición de lacayos, cuando felicitan tal decisión de USA, a todas luces una decisión inmoral e ilegal. Sólo hay que consultar por Internet: Ceballos / Colombia celebra la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha antiterrorista…

Lo que como periodista y profesora me llamó la atención, fue lo dicho por la ex senadora Córdoba sobre cómo posa Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, encargado de escenificar el beneplácito oficial. Piedad Córdoba se refiere a la “gestual-corporal” de Ceballos. Sugerida esa clave, la del lenguaje o el código de la “gestualidad-corporal”, voy a las declaraciones de ese funcionario. No a uno, sino a muchos vídeos suyos en los últimos meses (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/). Me produjo más inquietud el hecho de haberle visto a Ceballos durante una visita suya a la ciudad de Popayán. Sinceramente me pareció un funcionario cualquiera, de ningún modo sobresaliente. Un burócrata.

He pasado días enteros analizando muchas muestras. Para ello escucho decenas de entrevistas de radio y televisión. Incluso me he puesto a indagar sobre su trayectoria. Efectivamente, el perfil es fácil de establecer. Y me lo corroboran hechos que se han producido en los últimos días.

Ceballos no sólo es alguien sumiso, sujeto a las decisiones de otros, o sea alguien dispuesto a ser “empleado”, a estar subordinado, sino alguien que simula ahora, y lo ha hecho siempre, una preparación que no tiene. Ha fingido para trepar donde le permitan seguir actuando de forma ladina. Como cuando fue viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, quien le concedió el puesto por una suerte de deuda familiar a una ex senadora suya, hermana de Ceballos, quien lamentablemente falleció por enfermedad.

Así que esta costumbre parece se asentó en Miguel Ceballos, probando el mismo método en su estancia en Estados Unidos con funcionarios de ese país y con adeptos en la derecha para reforzar campañas contra una perspectiva de paz negociada. Basta repasar sus columnas de opinión adversando los acuerdos suscritos con las FARC. Hasta el cargo de hoy, concedido por Iván Duque con la adicional circunstancia de haber tenido una plaza en una universidad conservadora en Bogotá, la Sergio Arboleda, donde el presidente estudió.

Sin ningún mérito intelectual y ético, encaramó entonces como Alto Comisionado de Paz en un país donde la guerra no la vive él ni su clase social, sino los pobres. Su visión y su ocupación no son otras que la del propagandista y el tramposo. De eso ahora doy fe, tardíamente sí, y en la distancia, por la circunstancia de hallarme fuera del país. Intento recordar bien lo que aquella vez le escuché en Popayán sobre los acuerdos de paz y cómo respetarían lo firmado. Vagamente recuerdo su folclórico discurso, rodeado de sus escoltas militares.

Leo que en mi ciudad recientemente pasó otra vez en abril. Participando en un nuevo acto de propaganda contrainsurgente: presentar como “desmovilizados por voluntad propia” a guerrilleros del ELN, no desertores sino capturados en una operación militar en el Cauca. Precisamente cuando la guerrilla del ELN estaba en cese al fuego unilateral como gesto al pueblo colombiano por la pandemia del COVID-19.

Retomo lo que Pablo Beltrán, jefe guerrillero de la Delegación de Diálogos en Cuba, ha manifestado en varias entrevistas fácilmente accesibles por Internet: Ceballos ha engañado sistemáticamente. Mintió una y otra vez de forma descarada prometiendo cosas que nunca ha cumplido. Hay una operación de perfidia desde hace tiempo puesta en marcha. Desde cuando arribó Iván Duque al poder, financiado por dineros del narcotráfico y el paramilitarismo (ver por ejemplo el caso de la “Neñepolítica”). Ceballos usó a un coronel de inteligencia, Sarmiento, funcionario de su Oficina, para que hablara con el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, a quien capturaron luego de conversar con Uribe Vélez. Hoy ese portavoz insurgente está preso.

Es fácil descalificar o sospechar de lo anterior. Pues está dicho por Pablo Beltrán, un contradictor político alzado en armas.

Forzada a hallar más argumentos objetivos, entre decenas de opiniones, subrayo apenas tres. De personas por completo ajenas a la guerrilla, que hacen parte del estamento político, y que tienen posiciones comprometidas con la paz. Una la del ex negociador de los acuerdos de paz de Estado, ex ministro, ex vicepresidente y ex magistrado Humberto de La Calle Lombana.

De La Calle escribió en El Espectador el 17 de mayo pasado: “Los protocolos suscritos para los miembros del ELN obedecen a una práctica milenaria sin la cual se harían imposibles las conversaciones entre antagonistas armados… la actitud de Cuba de honrar el compromiso adquirido con el Estado colombiano ni significa apoyo a la barbarie ni fomento del terrorismo. Uno mi voz a quienes lamentan esta actitud de Estados Unidos, pero con más fuerza critican la intervención del doctor Ceballos aplaudiendo y cobrando un apoyo que no engrandece nuestra política exterior y que puede tener efectos funestos no solo para cualquier salida con el ELN, sino frente a las propias FARC”. Y cita instrumentos convencionales absolutamente sólidos en la tradición diplomática, como los que a efectos similares firmó Noruega para el proceso con las FARC. Remata De La Calle: “Es inaudito que se acuse a Cuba simplemente por honrar la palabra empeñada con el gobierno de Colombia. La afirmación de que eso fue suscrito “con otro gobierno” carece de toda validez internacional” (https://www.elespectador.com/opinion/cuba-ha-apoyado-la-paz-columna-919882).

Humberto de La Calle había opinado ya en el diario El Tiempo, cuando el ELN declaró el cese unilateral al fuego: “Creo que el gobierno debería aprovechar esta circunstancia para reabrir una Mesa aunque su agenda se limite solo a aspectos humanitarios por ahora” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-coronavirus-mueve-la-agenda-de-la-paz-y-la-guerra-con-el-eln-478680).

Ceballos no sólo no hizo nada positivo para corresponder a esa manifestación constructiva de la guerrilla del ELN. Hizo lo contrario. Sacó de un foso de desprestigio a dos desertores del ELN, Francisco Galán y Carlos Arturo Velandia, que habían sido hace muchos años comandantes medios de esa insurgencia, y los nombró para fingir unas conversaciones inexistentes, interpretado con razón ese hecho por el ELN como “inamistoso”, según expresó el comandante Beltrán. Es lo menos que se puede esperar de Ceballos, señor Beltrán, teniendo claro su papel como agente de la guerra. A ese rol se refiere otro político muy conocido por su defensa de la paz negociada, el senador Iván Cepeda.

Cepeda, quien condena la lucha armada y no puede ser tildado de subversivo, acaba de pedir públicamente la renuncia del Alto Comisionado Ceballos. Las palabras de Cepeda son cristalinas (https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-pide-renuncia-del-alto-comisionado-para-la-paz-miguel-ceballos-articulo-920187). Primero, señala cómo Ceballos ha “desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes”. Y enfatiza indignado por el agravio de Ceballos a Cuba: “Tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”.

Cepeda incursiona con fundamento en un terreno que no es extraño al derecho penal internacional, como dicen los expertos: “El señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional, en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba”. Y agregó: “Eso nos lleva a pedirle que renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado para la paz. O pedirle al Gobierno que le ponga otro nombre al cargo, porque usted ha sido un alto promotor del conflicto armado en Colombia”.

A todo esto se suma la voz del ex presidente Ernesto Samper, quien tampoco puede señalarse como afín a la guerrilla. Samper directamente en diferentes ocasiones ha calificado a Ceballos como un agente de corte militar, un Comisionado de Guerra. Dice en su cuenta de Twitter (@ernestosamperp ) el 14 de mayo: “Si el alto comisionado para la Guerra Ceballos representa la voluntad de paz del presidente, bien podrían nombrar, para ser coherentes, a un descendiente de Herodes en el ICBF para que cuide a los niños y a una cuota de Trump para que maneje Migración Colombia”. Y el 18 de mayo insistió: “¿Dónde estaba la canciller cuando Ceballos celebró el desconocimiento de los acuerdos de Colombia con Cuba y Noruega sobre la terminación de los diálogos con el ELN que, según Pepe Mujica, tendrá consecuencias muy graves para el derecho de la humanidad a entenderse a las buenas?”. Agrega Samper: “Se tiene que expedir el certificado de defunción de la política internacional de Colombia”. (https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-tiene-que-expedir-el-certificado-de-defuncion-de-la-politica-internacional-de-colombia-ernesto-articulo-919607).

Entonces, Ceballos ahí es verdugo y sepulturero. Un Estado puede conducir una política de exitoso desarme de las guerrillas, como el gobierno Santos lo hizo nombrando gente inteligente o preparada para ello, que destapa las cartas en la mesa, siendo entonces la contraparte, como fueron las FARC, la que con sus luces escoge el camino: negociación o más guerra; o puede ese mismo Estado, pero ahora en manos de mediocres, pretender esa desmovilización jugando en el tablero de su casa con soldaditos de plomo, como Ceballos lo hace en su confinamiento mental.

Hay momentos en que a un ser racional es ya imposible pedirle sea razonable. Como igualmente es inútil pedirle a alguien que perdió toda decencia y compostura, que no se arrastre más y levante la cerviz. Resulta infructuoso también pedirle no se sumerja más en la pequeñez. De ahí que decir “Alto” comisionado le quede grande. Samper y Cepeda tienen razón. Debe cambiarse el nombre.

Pudiéndolo en todo caso hacer, rectificando de algún modo, al menos recordando sus estudios de Derecho, dado que ha pasado por alguna universidad y ostenta que sabe algo de la materia, Ceballos debería haber estudiado experiencias donde cumple una función el derecho internacional, como nos lo dice De La Calle. Ya no lo hará. Pero lo que sí le queda pendiente a Ceballos es asumir la responsabilidad penal futura que implica hacer parte de una maquinaria de guerra sucia, como en su momento en distintos regímenes genocidas cumplieron esa tarea de distracción y ocultamiento funcionarios que le homologan. Goebbels, entre los nazis, con producciones como Theresienstadt, para presentar a ojos de visitantes “la bondad del matadero”.

Sin disimulo Ceballos actúa no sólo como el propagandista que es sino como transmisor de amenazas, según afirmaciones suyas en vídeo y por escrito hace escasos días, el 15 de mayo, en las que advierte solapadamente a los guerrilleros y “a sus familias”, para enseñar la bondad de una paga y la conveniencia de más cosas, a cambio de la rendición. Lean ustedes mismas: “Es muy importante también, hacer un llamado de nuevo, a todos aquellos que hacen parte del ELN, -para ellos ya existe una ruta establecida-, para que den ese paso a la desmovilización, y opten por preservar su vida y opten por preservar la vida de sus familias” (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/Paginas/integrantes-grupos-armados-busquen-transito-legalidad-tendran-beneficios.aspx).

Amenazar y matar a familiares de gente del ELN no es nuevo. El propio Carlos Velandia, hoy al servicio de Ceballos, cuando era militante tuvo que afrontar cómo fue salvajemente asesinado su hermano. Ceballos sabe de qué habla. Lo que ignora, o de lo que no se da cuenta al mencionar a las “familias”, es que sus hijos crecen en un país donde él como padre en lugar de sembrar esperanzas de paz, está cultivando procesos de guerra que tarde o temprano devuelve tempestades.

Una esperaría que tanto oscurantismo y entreguismo de este funcionario, fuera un poco vergonzante para él. Pues dejará una mancha imborrable agrediendo a Cuba, ovacionando que ese país sea injustamente considerado cómplice del “terrorismo”, cuando el régimen para el que trabaja Ceballos promueve acciones armadas totalmente ilegales con mercenarios amparados en bases militares, paramilitares y de narcotraficantes en suelo colombiano. Hechos prohibidos en las normas de los derechos humanos y del derecho internacional. Hay que ver la diferencia entre el anterior Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el actual comisionado de guerra(https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ivan-mora-el-embajador-cubano-que-se-la-jugo-por-la-paz-491076).

Nadie por sí sólo corregirá el rumbo, nadie. Ni el asalariado Ceballos, ni su padrino Uribe, ni su jefe Duque, ni si dios Trump. Sólo la política, de vez en cuando guiada como producción de hechos de coerción o de arrinconamiento y sanción ética que no da escape al violador, obligará a que Ceballos o su sucesor tomen otro camino. Por ahora no renunciará, senador Cepeda. Nada lo obligará. Ni a Duque a cambiarlo. Salvo para promocionarlo.

Ceballos tampoco devolverá su diploma de abogado y otras credenciales que le abultan. Definitivamente el cargo público de comisionado “para la paz” en un país en guerra, le quedó muy grande, mientras juega con fuego y riega pólvora. Por eso, a la hora de juzgar el atentado del ELN en el que mató a 22 policías en enero de 2019 en Bogotá, ¿no cabría hacer un juicio ético a quien había podido evitarlo?

En el país donde vivo una célebre película me recuerda a Ceballos. Se llama en español “Un minuto de Gloria”, de Petar Valchanov y Kristina Grozeva (2016). Ceballos es Julia Staikova. La funcionaria desalmada. La expresión de la perversión que se encadena en una burocracia a espaldas de la humanidad, de la dignidad y de la paz. Debería Ceballos verla y tomar nota de lo que al final recibirá su nombre. Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden.

Por María Celeste Pérez Almada | 27/05/2020

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Protesta de trabajadores ayer en Quito, contra el paquete de políticas para enfrentar la crisis dejada por la pandemia.Foto Ap

Quito. Sindicatos y organizaciones sociales salieron ayer a las calles y plazas en varias zonas de Ecuador, en rechazo a las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno ante una fuerte crisis de liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.

El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajando los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.

Las medidas llevaron a sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales a recorrer, con carteles y consignas en contra del gobierno, las calles del centro de Quito, donde se mantiene un duro confinamiento por el creciente número de contagios y muertes por el coronavirus. Protestas similares se reportaron en Guayaquil y Portoviejo.

“Con esta ‘ley de inhumanidad’ todos los trabajadores regresan a ser peones, a ser esclavos”, aseguró a Reuters Mesías Tatamuez, presidente del sindicato Frente Unitario de Trabajadores, quien exigió al presidente que deje de pagar la deuda externa y con eso atienda la emergencia sanitaria.

A las protestas se unieron trabajadores del ferrocarril, cuya empresa, con más de 400 empleados, fue cerrada por decreto.

Las marchas de esta jornada son demostración de la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia.

Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales, en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo que busca reducir los subsidios.

El centro histórico de Quito, donde se ubica el Palacio de Gobierno, estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.

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