La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

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Evo Morales se asila en Argentina y será reconocido como refugiado "en pocas horas"

El canciller Felipe Solá ha concedido el permiso de entrada en el país al expresidente boliviano, que renunció al cargo forzado por un golpe de Estado, con la condición de no hacer "declaraciones políticas" en el país.

 

El expresidente de Bolivia Evo Morales arribó el jueves a Argentina, dijo el canciller Felipe Solá a un canal de noticias local, y agregó que al líder indígena se le otorgaría la condición de refugiado en las próximas horas.

Morales llega al país sudamericano tras haberse asilado a mediados de noviembre en México, a los pocos días de renunciar a su cargo en medio de una crisis política en Bolivia por la acusación de la Organización de Estados Americanos de irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre.

 El líder indígena había obtenido su cuarto mandato consecutivo en esos comicios. Morales renunció tras un golpe de Estado apoyado por altos de estamentos del Ejército y de la Policía, que denunciaron irregularidades en el proceso ilectoral. Dichas irregularidades, denunciadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), han quedado en entredicho con el paso de las semanas.

"Les he dado asilo para que entren al país", dijo Solá a la cadena de televisión TN, donde explicó que el exmandatario aterrizó en la mañana del jueves en el aeropuerto internacional de Ezeiza, acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera y otros ciudadanos bolivianos.

"La condición de refugiado la da el Ministerio del Interior, se la va a conceder supongo que en pocas horas", explicó Solá, quien agregó que se le solicitó a Morales "el compromiso de no hacer declaraciones políticas en Argentina".

Argentina limita con Bolivia en su frontera noroeste y el país cuenta con una importante comunidad inmigrante de ciudadanos bolivianos. Los hijos de Morales, Evaliz y Álvaro, se encuentran en Argentina desde finales de noviembre

12/12/2019 15:54 Actualizado: 12/12/2019 17:24

REUTERS

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Jueves, 12 Diciembre 2019 06:55

Una reforma de pensiones que no convence

Una reforma de pensiones que no convence

Críticas de sindicatos y partidos políticos opositores en Francia 

Las centrales sindicales fijaron para el próximo 17 de diciembre una nueva jornada de huelgas y protestas en todo el país.

El proyecto para reformar el sistema de pensiones francés salió hoy de la nebulosa y, fuera del patronato, no convenció a ninguno de los actores sociales. Sindicatos y partidos políticos cuestionaron la reforma presentada por el Primer Ministro Edouard Philippe al cabo de dos años de negociaciones, varios meses de tergiversaciones y casi una semana de fuertes huelgas en los transportes públicos. El Ejecutivo introdujo algunas concesiones a los sindicatos, pero, en lo global, resguardó la arquitectura de una jubilación “universal por puntos” tal como la definió el presidente Emmanuel Macron cuando aspiraba a la presidencia en 2017. ” Injusto”, ”un engaño”, ”todos pierden”, la oposición política y los sindicatos salieron de inmediato a demoler una reforma que, lejos de ser decorativa, transforma en muchos aspectos la estructura de las pensiones. La consecuencia social era previsible: las centrales sindicales llamaron a continuar el movimiento y fijaron para el próximo 17 de diciembre una jornada de huelgas y protestas.

 

Entre el momento en que se cristalizó el conflicto y el anuncio del contenido de la reforma el Ejecutivo perdió un aliado de mucho peso. El sindicato CFDT no había participado en las huelgas, pero ahora dio vuelta su posición. Su Secretario General, Laurent Berger, declaró que “se acababa de atravesar una línea roja”. La CGT, el principal motor de la protesta, acusó al Primer Ministro de haberse “burlado de todo el mundo”. La reacción revela el trastorno profundo del equilibrio de fuerzas. En lo concreto, los sectores políticos y sindicales que tenían un perfil reformista y, por consiguiente, estaban de acuerdo con un cambio en el sistema de jubilaciones lo empiezan a cuestionar fuertemente. Según el plan presentado por el jefe del Gobierno, la edad legal de la jubilación se mantiene a los 62 años, pero con una variable que extiende “la edad del equilibrio a los 64 años”. Así, la sospecha de que la reforma conduciría a trabajar más años se confirma sin ambigüedad.

El patronato francés, agrupado en el Medef, está satisfecho. Este sector conserva todos sus privilegios. Sin embargo, más allá de los círculos patronales no hay nadie que adhiera a la línea oficialista. A la izquierda, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, juzgó que “Macron acaba de instaurar la jubilación a los 64 años”. Los ecologistas hablan de “fractura” del país, los socialistas de “norme injusticia”, los comunistas de un “sacrificio” y la extrema derecha de “reforma terrible”.

Envuelta en las formulaciones técnico retóricas aparece una realidad ya adelantada por el sindicalismo: habrá que trabajar más, aportar más y, en suma, ganar menos. El principio de una jubilación universal por puntos contaba, hasta ayer, con muchos adeptos. Personalidades como Thomas Piketty (autor del libro El Capital en el Siglo XX) alentaban una restructuración de las pensiones en esa dirección para que hubiera menos desigualdades entre los regímenes especiales (hay 42). Incluso la opinión pública defendía (76%) la urgencia de una reforma capaz de preservar la originalidad del sistema por reparto al mismo tiempo que introducía más equidad en los cálculos. La reforma presentada por el primer ministro asusta, no solo por la variable de los 64 años sino, también, porque amenaza con romper definitivamente con el sistema solidario que rige desde finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Dicho sistema ya ha sufrido muchas alteraciones justificadas por la competencia mundial, el multilateralismo o la globalización. 

En 2003 y 2010 hubo dos reformas del sistema de pensiones. En 2016 se trastornó la ley laboral con el fin de adaptarla a los imperativos de la competitividad de las empresas y en 2018 Emmanuel Macron llevó a cabo una reforma sustancial de la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. En cada caso hubo huelgas y manifestaciones sin que los actores sociales lograran preservar sus derechos. El año 2019 apunta a terminar como concluyó el anterior y empezó este: manifestaciones, enfrentamientos, bloqueos y gases lacrimógenos. En 2018-2019 fueron los chalecos amarillos, en 2019-2020 serán las pensiones las que mantendrán ardiente la llama social. Pasado, presente y futuro, nuevas generaciones, ya jubilados o por venir, todo el mundo está concernido por la reforma. Ferrocarriles, educación nacional, policías, hospitales, profesiones liberales y hasta los miembros de la Opera de Paris, hoy en huelga, se preparan a pasar una navidad en pie de guerra social. El primer ministro, Edouard Philippe, se anotó un punto histórico: aspiraba a apaciguar al país y dividir a los contestatarios y a los sindicatos, pero alcanzó la meta opuesta: todos se aliaron contra él. La reforma reveló al final su auténtica naturaleza. No se trataba únicamente de “retocar” la arquitectura sino de introducir recortes y economías.

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La huelga en Francia paralizó el transporte público

Trenes, subtes, colectivos o aviones: viajar resulta una hazaña en estos días

Hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y París y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. 

 

 Francia sigue caminando sobre la cuerda de la incertidumbre y de la huelga. Desde finales de la semana pasada, la huelga lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones ha paralizado el transporte público. Los porcentajes de participación han sido y continúan siendo elevados y, hasta que el Ejecutivo no haga público el contenido completo de la reforma, la batalla social seguirá en pie y la gente caminando. Este lunes hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y la capital francesa y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. Trenes, subtes, micros o aviones, viajar resulta en estos días una hazaña.

Este martes 10 de diciembre puede ser peor. Los sindicatos (CGT y Fuerza Obrera) reactivaron para mañana una nueva huelga nacional con el objetivo de forzar al gobierno a corregir el borrador de la reforma. Siguiendo la promesa hecha durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017, el presidente Emmanuel Macron presentó las grandes líneas de una reforma que apunta a unificar los 42 regímenes jubilatorios existentes en uno solo a partir de un sistema donde el cálculo se hará mediante puntos. Como los cambios previstos afectan sobre todo a los ferroviarios, ello explica la altísima adhesión en ese sector.

París es en estos días un caos. Los turistas que llegaron la semana pasada ya tienen cierta experiencia. Los que lleguen en estos días deberán tener una paciencia de monje, piernas sólidas, abrigos para el invierno y también suerte. Encontrar una bicicleta o una trotinette (monopatín) libre es como sacarse el número de la lotería. Los parisinos ya curtidos en el uso de las dos ruedas son los más felices. En medio de un enjambre incalculable de autos y nervios son los únicos que logran llegar a destino. 

A quienes vengan por estas fechas les quedan un par de alternativas: caminar, traer una mini bicicleta plegable en el equipaje o comprar una en París. Si hay alguien que ya ganó con la huelga es la empresa Blablacar y su aplicación. Blablacar es una idea que consiste en compartir el auto entre determinados trayectos con otras personas desconocidas inscriptas a través de la aplicación. La idea ecológica se tornó en una excelente estrategia en un momento de urgencia social. Pese a las trabas y al hecho de que la huelga se instala en el periodo de las fiestas de Navidad, la opinión pública todavía respalda al movimiento. Según una encuesta publicada este fin de semana, 53% de los franceses respalda la huelga. El movimiento ingresa en su cuarto día sin que se intuya un debilitamiento o un cambio de posición, ni por parte de los sindicatos ni del gobierno. La intersindical promete que resistirán hasta que el Ejecutivo “retire el texto completo de la reforma”, según declaró este domingo el Secretario General de la CGT, Philippe Martinez. El problema, por ahora, es que el gobierno mantiene escondido el texto y recién este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, romperá el suspenso y la ambigüedad que ha acompañado desde el principio la presentación de la reforma. 

Mientras tanto, los sectores concernidos están muy movilizados, y en muchos casos hasta radicalizados. Basta con dar un par de vueltas en las terminales de los autobuses o en las estaciones de trenes de París para medir no sólo la dureza de un conflicto social sino, también, el encono del que es objeto Emmanuel Macron y la convicción de que “a este poder la única forma de derrotarlo es poniéndolo de rodillas” (Claude, sindicalista de la compañía nacional de ferrocarriles, SCNF).

La base sindical mantiene su motivación tanto como la base parlamentaria del presidente le exige que “sea claro”. La ausencia de una pedagogía transparente complicó el juego gubernamental hasta convertirlo en una encrucijada política. La reforma no apuntaba al principio a ahorrar como en años anteriores, sino a cambiar la metodología de cálculo y establecer así una suerte de equilibrio entre los regímenes existentes. 

En ese rediseño intervinieron dos factores: hay sectores (ferroviarios) que pierden privilegios adquiridos luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): con el paso de las semanas, la variable presupuestaria (menos peso de la jubilación en el PIB) se introdujo entre los intersticios de la reforma. Esa posibilidad de una pérdida de derechos global o de la necesidad de trabajar más años es la que sembró tanto la confusión como la movilización contra el proyecto. 

Mayoritariamente, la gente siente que “hay gato encerrado” en el asunto, que de una u otra forma “se perderán derechos”, es decir, dinero. Al ala liberal del gobierno ceder ante la CGT le resulta una afrenta de clase. El éxito de la huelga y simpatía que acarrea el movimiento han cambiado las normas. Los sindicatos recuperaron su poder de convocatoria luego de un largo periodo de derrotas sociales. Recién el miércoles se sabrá hasta donde puede maniobrar un gobierno asustado por la amenaza de una insurgencia social generalizada.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 06:23

Obsceno

El museo Guggenheim ofreció el año pasado al presidente Donald Trump un escusado de oro de 18 kilates, obra de Maurizio Cattelan llamada America, en préstamo para decorar la Casa Blanca. El magnate había pedido un Van Gogh.Foto del Museo Guggenheim

La semana pasada, entre la cacofonía del impeachment, el berrinche en la OTAN y las amenazas contra el país vecino (designar como terroristas a los cárteles mexicanos y el envío de inspectores para cuestiones de derechos laborales en México que, por cierto, no se respetan en Estados Unidos), brotaron varias noticias que por sí solas y/o en combinación son obscenas.

Primero, una combinación obscena: el régimen de Trump anunció la semana pasada que aprobó una medida que anula la asistencia alimentaria federal para unos 700 mil estadunidenses con el objetivo de expulsar a un total de 3 millones –entre ellos cientos de miles de niños– del programa para combatir hambre. Ese es el regalo de Navidad para los pobres.

En esa misma semana se reportó que el uno por ciento de los más ricos ahora concentran una riqueza de 35.4 billones de dólares, casi lo mismo que toda la clase media de Estados Unidos. Y el 10 por ciento más rico de los hogares ahora concentran 63.8 de la riqueza, casi el doble del total en manos de todos los demás, según estadísticas oficiales reportadas por Bloomberg.

Según algunos cálculos, las reducciones de impuestos otorgadas por el régimen actual a los más ricos supera un billón de dólares, mientras ese mismo gobierno busca ahorrar al reducir los programas para combatir el hambre entre su población.

Vale recordar que en la última elección presidencial, 40 por ciento del total de las contribuciones a las campañas presidenciales provino del .001 por ciento más rico de estadunidenses, un grupo compuesto de 24 mil 949 mega ricos.

No fue la única obscenidad.

Según un informe que se difundió casi sin atraer atención, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna reveló que en mayo de 2018 al implementarse las medidas para separar a niños de sus familias inmigrantes, el gobierno calculaba que más de 26 mil menores de edad serían separados bajo su política de cero tolerancia. O sea, el régimen de Trump estaba preparado para imponer la máxima crueldad posible de separación, más bien secuestro, de por lo menos otros 20 mil niños antes de que tribunales federales ordenaran un alto (no se sabe la cifra exacta hasta la fecha, pero se calcula que aproximadamente entre 4 y 5 mil niños fueron separados desde 2017).

en tanto, no cesa la campaña oficial contra la verdad. Tan efectiva ha sido la táctica del régimen para poner en duda los hechos y la verdad misma, así como a los mensajeros (sobre todo los periodistas), que aunque todas estas obscenidades son reportadas todo continúa como si nada. 63 por ciento de estadunidenses confía poco o nada en políticos electos, 57 no confía en funcionarios nombrados por presidentes, y 52 confía poco o nada en los medios noticieros, según el Centro de Investigación Pew. Entonces, políticos y periodistas pueden debatir o reportar estas obscenidades, pero las mayorías no les creen.

Mientras, siguen asombrando las opiniones de los que si le creen al presidente que más ha engañado o distorsionado los hechos (según el conteo del Washington Post más de 13 mil mentiras): la mayoría (53 por ciento contra 47 de republicanos, opina que Trump es mejor presidente que Abraham Lincoln, según una encuesta de la revista Economist.

Para acabar en el baño… Trump comentó el viernes en una reunión en la Casa Blanca que impulsará una investigación sobre las normas de eficiencia del uso de agua, señalando que hay asuntos que le preocupan relacionados con elementos de baño en el país, sobre todo los inodoros. La gente los está usando 10, 15 veces, en lugar de una sola, desperdiciando mucha agua, y el líder del último superpoder mundial indicó que la agencia federal de regulación ambiental está indagando este asunto bajo mi sugerencia.

No se sabe si esta obsesión es resultado de que su Casa Blanca supuestamente rechazó el año pasado un ofrecimiento del Museo Guggenheim de un escusado de oro sólido de 18 kilates –obra de arte de Maurizio Cattelan llamada America– para instalar en la residencia presidencial.

Lo obsceno –por supuesto incluyendo las guerras y las intervenciones– es por ahora política oficial.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 06:21

Multitudinaria protesta en Hong Kong 

Multitudinaria protesta en Hong Kong 

Una inmensa multitud de activistas prodemocracia participó este domingo en Hong Kong en una manifestación por los seis meses del inicio de sus protestas, y en la que se quiso ofrecer a las autoridades una "última oportunidad" para responder a sus reivindicaciones.

La concentración fue una de las más concurridas desde que comenzaron las protestas en este territorio semiautónomo.

Los organizadores estimaron en unos 800.000 el número de participantes. La policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que 183.000 personas concurrieron en la marcha, su estimación más elevada desde hace meses.

La excolonia británica está sumida desde junio en su peor crisis desde su retrocesión a Beijing en 1997, con manifestaciones casi diarias para exigir reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas.

Esta manifestación se celebró dos semanas después del triunfo de los candidatos prodemocracia en las elecciones locales del 24 de noviembre, una fecha en la que las autoridades aseguraron que una mayoría silenciosa de hongkoneses discreparía con los manifestantes, pero finalmente no fue así.

Este domingo, los manifestantes quisieron dejar clara su ira hacia Beijing y hacia la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, que se niegan a escuchar sus reivindicaciones pese al resultado claro de las elecciones locales.

"Da igual la manera en la que expresemos nuestras opiniones: manifestación pacífica, elecciones... El gobierno no quiere escuchar", lamentaba un manifestante de 50 años que dijo llamarse Wong. "Ellos solo obedecen las órdenes del partido comunista chino", dijo.

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El pulso por el futuro. Cincuenta días en la calle

La revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediática y políticamente por los partidos políticos. Sin embargo, no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y, progresivamente, de los pueblos originarios.

 

 “Volvimos a ser pueblo”: un sencillo cartel pintado sobre papel, colocado por una comunidad de vecinos sobre la avenida Grecia, es un grito de protesta contra el neoliberalismo que convirtió a las gentes en apenas consumidoras. Pero también conforma todo un programa político y una ética de vida, en apenas cuatro palabras.

No muy lejos de allí, la céntrica Plaza de la Dignidad, nombre con el que la revuelta chilena ha rebautizado a la Plaza Italia, parece zona de guerra. Los comercios están cerrados en varias cuadras a la redonda, engalanados con pintadas multicolores que denuncian la represión e incitan a la revuelta contra las más diversas opresiones. Los y las jóvenes no la quieren abandonar. Sostienen que el día que la protesta abandone la calle estará todo perdido. Una lógica implacable, pero difícil de sostener después de 50 días de movilizaciones.

La mayoría de las pintadas en muros de los alrededores, y en muros de todo Chile, cientos de miles, denuncian la violencia de Carabineros. “Nos violan y nos matan”, “No más abuso”, “Pacos asesinos”, “Paco culiao”, y así indefinidamente. Sobre una lágrima de sangre que resbala por una pared se puede leer: “Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara”.

Los medios de la derecha destacan que los muros “rayados”, que se pueden ver hasta en los más remotos rincones de la ciudad, ensucian Santiago. Como suele suceder, conceden mayor importancia a las pérdidas materiales que a los ojos de los 230 manifestantes cegados por los balines de los carabineros y que a las vidas de las casi tres decenas de asesinados por las fuerzas represivas desde mediados de octubre.

Además de los dedicados a Carabineros, abundan también los muros feministas, donde se ataca frontalmente la violencia machista y el patriarcado. Pintadas en tonos violetas y lilas que se entremezclan con las jaculatorias contra la represión. Pero la palma a la creatividad en las protestas se la lleva la performance “Un violador en tu camino”, creada por Las Tesis, un colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso. Ha sido reproducida millones de veces en las redes y replicada en casi todas las capitales latinoamericanas y europeas.

Incluso los medios del sistema (desde Radiotelevisión Española y Cnn hasta el argentino Clarín) debieron dar cuenta de esa intervención callejera, una denuncia a ritmo de rap que pone en la mira tanto al gobierno como a los jueces y la policía. El seguimiento masivo que ha despertado muestra tanto la indignación mundial con la salvaje represión en Chile como la creciente influencia del feminismo en las protestas, con voces y estilos propios.

Las estatuas son un tema aparte. Se dice que son más de treinta las figuras de militares y conquistadores que fueron grafiteadas, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta el sur mapuche. En la Plaza de la Dignidad, la figura ecuestre del general Baquedano ha sido pintada y tapada parcialmente. La historiografía de arriba lo considera un héroe de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, cuando el país vecino perdió su salida al mar.

En Arica, los manifestantes destruyeron una escultura en piedra de Cristóbal Colón, que llevaba más de un siglo en el lugar. En La Serena, rodó la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre y en su lugar los vecinos colocaron la escultura de una mujer diaguita. En Temuco removieron el busto de Pedro de Valdivia y su cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

Pedro de Valdivia está en la mira de los manifestantes. El militar, que acompañó a Francisco Pizarro en la guerra de conquista y exterminio en Perú, fundó, con el mismo método, algunas de las principales ciudades de Chile, desde Santiago y La Serena hasta Concepción y Valdivia. Es una de las figuras más odiadas por la población. Su estatua estuvo a punto de ser derribada en la céntrica Plaza de Armas.

Pero el hecho más simbólico sucedió en Concepción, 500 quilómetros al sur de Santiago. Cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de la Independencia, donde derribaron su estatua el mismo día, 14 de noviembre, que se conmemoraba el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto a manos de Carabineros. El crimen suscitó una amplia reacción popular en 30 ciudades del país. En algunos barrios de Santiago hubo cortes de calles y caceroleos durante más de 15 días. Un año después, la mapuche es la bandera más ondeada en las protestas chilenas.

TRAWÜN MAPUCHE EN SANTIAGO.

El último sábado de noviembre, la Coordinación de Naciones Originarias, nacida durante el estallido, convocó a un trawün (encuentro, en mapudungun), en el centro ceremonial de Lo Prado, en la periferia de la ciudad. Acudieron mapuches de diversos barrios de Santiago (Puente Alto, Ñuñoa, Pintana, entre otros), donde ya han realizado varios trawün locales. El encuentro se inicia con una ceremonia dirigida por tres longkos (autoridades comunitarias), seguida con cánticos y rezos de unas sesenta personas bajo un sol vertical. Luego de que la Pachamama les concediera permiso, se iniciaron las discusiones en dos grupos para abordar cómo deben posicionarse en los debates sobre una reforma de la Constitución.

Las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, participaron tanto o más que los varones, ataviados con vinchas azules. Rápidamente se constataron dos posiciones. Una proponía participar en las elecciones para la Convención Constituyente a celebrarse en abril (véase recuadro). Como los partidos que firmaron el pacto denegaron la posibilidad de que los pueblos originarios tengan un distrito electoral especial, el debate se trasladó para discutir los caminos a seguir. Esta posición ha venido creciendo desde el estallido, aunque nació hace casi dos décadas, y recibe el nombre de “plurinacionalidad”. Ya que los mapuches no quieren ser elegidos en los partidos existentes, algunos participantes (varias de ellas mujeres) propusieron la formación de un partido electoral mapuche. Esta corriente de pensamiento tiene mayor arraigo en las ciudades, particularmente en Santiago, donde viven cientos de miles de mapuches. Su núcleo está en las y los universitarios que emigraron del sur y hoy están establecidos en la ciudad. Emite un discurso coherente y potente, y argumenta que hay poco tiempo para tomar este camino, ya que la convocatoria para elegir constituyentes se concreta en abril.

La otra corriente defiende la autodeterminación y la autonomía, posiciones tradicionales de las comunidades mapuches del sur, las más afectadas por la represión del Estado chileno, por la militarización de sus territorios y por el despojo a manos de las empresas forestales. Esas son también las comunidades que encabezan la recuperación de tierras y las que mantienen viva la llama de la nación y la identidad tradicional mapuche. Durante el trawün, una mujer de mediana edad recordaba que “ya tenemos nuestro propio gobierno y nuestro parlamento, no necesitamos de los políticos”. Y un joven vehemente se preguntaba: “¿Realmente queremos tener un escaño dentro de la política winka [blanca]?”.

ASAMBLEAS, BARRIOS Y CLASES.

El colectivo Caracol, que trabaja en educación popular en los espacios y territorios de las periferias, sostiene en sus análisis semanales que el “acuerdo de paz” firmado a las tres de la madrugada del 24 de noviembre por todo el arco político –menos el Partido Comunista– le otorgó “una sobrevida” al gobierno de Piñera (colectivo Caracol, 25-XI-19).

El propio nombre del pacto delata a sus inspiradores. Si se trata de paz, dice Caracol, es porque hubo una guerra, que es lo que viene diciendo Piñera desde el primer día del estallido. La convocatoria a una convención constituyente acordada en contra de una asamblea constituyente como la que defienden los movimientos impone varios filtros.

“Esta Convención no estará compuesta por ciudadanos ni representantes de los movimientos sociales y populares, sino por quienes designen los partidos políticos existentes”, estima Caracol. Agravio al que deben sumarse los dos tercios requeridos para que se apruebe cualquier propuesta, lo que supone un veto mayor para las propuestas de la calle. “Han demostrado que los cabildos abiertos que se han desarrollado por todo Chile no les interesan, porque no les interesa la deliberación popular”, sigue el colectivo Caracol.

Daniel Fauré, fundador de la organización, analizó en diálogo con Brecha que la decisión del gobierno de convocar a una constituyente se tomó cuando contempló la confluencia entre la protesta callejera y el paro nacional, la unidad de acción entre trabajadores sindicalizados, pobladores y jóvenes rebeldes. “Es el boicot a las asambleas territoriales, cabildos abiertos y trawün”, señaló.

Llegados a este punto, debemos recordar que la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet se abocó a una profunda reconstrucción urbana con fines políticos. Cuando Salvador Allende llegó al gobierno, en noviembre de 1970, casi la mitad de la ciudad de Santiago estaba conformada por “campamentos”, espacios tomados y autoconstruidos por los sectores populares, que de ese modo se configuraron como sujeto político, bajo el nombre de “pobladores”, y fueron centrales en el proceso de cambios cegado por la dictadura.

En la actualidad, y según un mapeo de Caracol, existen en Santiago unas 110 asambleas territoriales, organizadas en dos grandes coordinaciones: la Asamblea de Asambleas Populares y Autoconvocadas, en la zona periférica, y la Coordinadora Metropolitana de Asambleas Territoriales, en la zona central. Estas asambleas contrastan, y a veces compiten, con las más institucionalizadas juntas de vecinos. Aunque hubo un trabajo territorial previo importante, la mayoría de estas organizaciones se formó durante el estallido. Realizan actividades culturales recreativas, organizan debates entre vecinos, ollas comunes, asisten a los heridos y detenidos en las marchas y promueven caceroleos contra la represión. Muchos de sus integrantes participan en las infaltables barricadas nocturnas.

Pero al igual que en los tiempos del dictador, tampoco el Chile pospinochetista puede aceptar el activismo de los pobladores. Su clase dominante chilena no puede concebir que los “rotos” salgan de sus barrios, que hablen y ocupen espacios. Un relato de Caracol sobre un enfrentamiento ocurrido a fines de noviembre, cuando un grupo de pobladores fue a manifestarse a un shopping del sector más exclusivo de Santiago, lo dice todo: “Bastó que un grupo de personas de la clase popular se aparecieran en el patio de su templo del consumo en La Dehesa para que la clase alta saltara despavorida llamándolos a ‘volver a sus poblaciones de mierda, rotos conchadesumadre’” (colectivo Caracol, 25-XI-19).

Si es cierto que la revuelta de octubre de 2019 cierra el ciclo iniciado el 11 de setiembre de 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, también debe ser cierto que se abre un nuevo ciclo, del que aún no sabemos sus características principales. Por lo que se puede ver en las calles de Santiago, este ciclo tendrá dos protagonistas centrales: el Estado policial –brazo armado de las clases dominantes– y los sectores populares, afincados en sus poblaciones y en el Wall Mapu o territorio mapuche. El pulso entre ambos configurará el futuro de Chile.


 El pacto de los partidos por una nueva Constitución

Atado y bien atado

“Es hora de reencontrarnos”, proclamó exultante en la sede del Congreso el senador Felipe Harboe, cuando en la madrugada del 15 de noviembre los representantes de los principales partidos políticos pusieron por fin su firma al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Harboe, ex subsecretario del Interior durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, agradeció “a todos quienes contribuyeron para llegar a este acuerdo”: léase, a los partidos de la derecha en el gobierno, a los de la ex Concertación, a algunos sectores del Frente Amplio, a los principales medios de comunicación de Chile y a las cámaras empresariales, como la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyos voceros se apresuraron al día siguiente a celebrar “la buena política” de la que hicieron gala los firmantes del pacto y a llamar al retorno de la “paz social” (Emol, 15-XI-19).

El acuerdo establece, en primer lugar, un plebiscito en abril del próximo año. Los chilenos deberán responder entonces si quieren o no una nueva Constitución, y, en caso de que así sea, qué tipo de órgano debería redactarla. Las opciones para esto último serán dos: una “convención mixta constitucional”, compuesta en un 50 por ciento por ciudadanos electos ad hoc y en un 50 por ciento por parlamentarios, o una “convención constitucional” en la que todos los miembros serían electos específicamente para ese rol.

Sea cual sea la opción que gane, los constituyentes serán elegidos “con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados”. Además, la Convención Constituyente deberá aprobar las normas con un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Funcionará por nueve meses, con posibilidad de una prórroga de otros tres meses. Luego, lo que haya aprobado se someterá a un referéndum ratificatorio y, finalmente, deberá contar con el visto bueno del Congreso.

A pesar de la algarabía que mostraron los mercados al día siguiente de anunciado el acuerdo, siempre hay algún detallista que queda disconforme. “Al verdadero protagonista, que es la gente, nadie le ha preguntado nada”, ha dicho a la prensa el secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier. Ni su partido ni el Progresista, ni varios de los que integran el Frente Amplio, respaldan lo acordado en el Congreso el 15 de noviembre.

Tampoco lo hace la llamada Unidad Social –integrada por más de un centenar de organizaciones sociales y en gran medida protagonista de las movilizaciones que tienen lugar desde el 18 de octubre–, que considera que el acuerdo “se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y “a medida de los partidos políticos”. Entre los integrantes de la Unidad Social están la Central Única de Trabajadores, las principales federaciones estudiantiles de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, la Coordinadora No+Afp, así como organizaciones de los pueblos originales, medioambientales y de pobladores.

Los movimientos rechazan el cuórum elevado “que perpetúa el veto de las minorías”, el mínimo de 18 años de edad para participar del proceso constituyente, la falta de mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género, y consideran que los mecanismos de representación y elección establecidos por el pacto son “funcionales a los partidos responsables de la actual crisis política y social”. En su lugar, han llamado a continuar con asambleas populares, cabildos y trawün a lo largo del país como parte de un proceso que desemboque en una asamblea nacional constituyente “convocada y electa por el pueblo, sin intervención del Congreso ni del ejecutivo de turno”.

Francisco Claramunt

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:29

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Incendios, saqueos y reforma constitucional

Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile

 La policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. La oposición criticó el proyecto de reforma de la comisión de expertos.

 

 Luego de cumplirse 50 días del estallido social en Chile, la policía detuvo a 136 personas durante las marchas que se extendieron hasta la madrugada del sábado. En Santiago, Valparaíso y Concepción se registraron saqueos e incendios en comercios y edificios públicosHubo nuevos manifestantes con heridas en los ojos pese a que la policía se había comprometido a dejar de usar balines y perdigones. Por otra parte, la oposición criticó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el viernes por la comisión de expertos convocada para este fin.

La ola de protestas parece no tener fin

Durante las marchas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado se registraron saqueos de comercios. También ataques a comisarías e incendios de micros del transporte público. El saldo a nivel nacional fueron 136 detenidos, según informó en la tarde del sábado la Subsecretaria del Interior. Uno de los hechos más relevantes fue el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicada a pocos metros de la Plaza de la Dignidad. Es la tercera vez desde el inicio de las protestas que este edificio es incendiado. Miles de personas se reunieron pacíficamente en la zona de la plaza. Pero alrededor de ella centenares de encapuchados se enfrentaron a la Policía. Hechos similares se replicaron en Valparaíso (centro) y Concepción (sur) dejando 63 heridos entre civiles y uniformados.

Los chilenos también marcharon para manifestarse en contra del cambio climático, en consonancia con la Cumbre del clima que se dió en España. El evento tenía como sede la ciudad de Santiago de Chile, pero ante las protestas tuvo que mudarse a Madrid.

En tanto, las lesiones oculares que sufrieron los manifestantes alcanzaron las 352 desde el inicio de la crisis, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Dos de ellas quedaron ciegas producto de balines y perdigones. La Policía se comprometió hace dos semanas a dejar de utilizar este tipo de armamento, pero los heridos en los ojos han seguido creciendo, según informaron organizaciones humanitarias. "Coincidimos con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), hay conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", sostuvo Sergio Micco, director del INDH. "Estamos frente a una situación de denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos", agregó Micco. Estas críticas van en línea con las de Human Right Watch (HRW) y la CIDH que señalaron el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del estado.

Críticas al proyecto de Reforma Constitucional

El viernes se conoció el texto donde se propone la normativa para modificar la Carta Fundamental de Chile. El mismo fue redactado por una comisión técnica que surgió del “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” firmado por un gran abanico de partidos políticos. Las críticas no tardaron en llegar desde sectores de la oposición referidas a las trabas que pone a una participación amplia en el proceso de reforma. Siete partidos de oposición firmaron un documento donde se comprometen a asegurar que se incluya a sectores indígenas, de mujeres e independientes. “Reafirmamos nuestra voluntad de llevar adelante en Chile un proceso constituyente democrático y participativo donde la ciudadanía sea protagonista. En ese sentido, mantenemos nuestra convicción de garantizar la ejecución del acuerdo suscrito el 15 de noviembre pasado y lamentamos la falta de disposición del oficialismo para llegar a acuerdos que permitan mayor apertura del proceso“, señalaron mediante un comunicado. Los partidos firmante del mismo son Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical. “Consideramos imprescindible continuar avanzando hacia una serie de medidas que, en el marco de lo acordado, lo hagan más inclusivo, profundice su representatividad y garantice la participación de todos los sectores de la sociedad”, sostienen los partidos de la oposición.

El comunicado especifica la forma en que estos sectores deberían formar parte de la reforma constitucional. “Los pueblos originarios por medio de escaños reservados; mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, informaron en el comunicado.

El documento presentado el viernes por la comisión de profesionales establece que el Presidente debe convocar al plebiscito nacional el día 26 de abril de 2020. En él se preguntará a los votantes si quieren o no una nueva Constitución, y qué organismo debe ser el encargado de realizarla. Las dos opciones entre las que podrán elegir son una “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. Este documento ahora será elevado al Congreso para su discusión. Los legisladores tienen hasta el 25 de junio para realizarle modificaciones.


Se cumplieron 50 días del estallido social

Sube a 352 el número de manifestantes con heridas oculares en Chile

Al menos 352 personas han sufrido heridas oculares en Chile por represión policial con balines de goma disparados con escopetas, informó un organismo chileno. Se cumplieron 50 días de estallido social en el país y continúan las manifestaciones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) informó este viernes que en 21 de esos casos se produjo el estallido o la pérdida de un ojo mientras que el resto corresponde a lesiones o traumas. La cifra supone un incremento de 111 personas respecto al anterior reporte del INDH, del pasado 3 de diciembre.

Ayer, la Policía volvió a reprimir luego de que miles de personas volvieran a tomar las calles de Santiago para marcar los 50 días desde el comienzo de la ola más grande de protestas en el país en décadas.

Desde hace semanas, los chilenos protestan por la desigualdad social y económica heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y contra una elite política integrada por un pequeño número de las familias más ricas del país, entre otras cuestiones.

La crisis es la peor en tres décadas de retorno a la democracia y ya ha dejado 26 muertos y más de 12 mil heridos, según la Organización de Estados Americanos (OEA), además de 20.600 detenidos.

Las heridas oculares se han convertido en uno de los mayores traumas del estallido social de Chile, que se alargan ya por 50 días y que han dejado al menos 23 fallecidos. Los casos más paradigmáticos son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos al ser presuntamente disparados con una escopeta de balines de goma y con una bomba lacrimógena, respectivamente, por agentes policiales.

El INDH, un ente público pero autónomo e independiente, difundió también que 3.449 personas han sido heridas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de octubre, de las que 1.982 habrían sido por disparos de bala, balín, perdigones u objetos no identificados, informó la agencia de noticias EFE.

Además, el organismo ha interpuesto un total de 685 querellas contra la acción de los agentes del Estado, de ellas 6 por homicidio, 11 por homicidio frustrado, 108 por violencia sexual y 544 por torturas y tratos crueles.

El director del INDH, Sergio Micco, señaló que en Chile se están dando "conductas reiterativas en orden al uso y abuso de escopetas antidisturbios", algo en lo que dijo coincidir con el informe que este viernes emitió la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sobre la situación en el país.

La CIDH expresó su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, al gobierno del presidente Sebastián Piñera que ordene "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se defendió de las acusaciones, con el argumento de que su compromiso "ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".

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Domingo, 08 Diciembre 2019 05:26

Nuevas protestas en Irak

Nuevas protestas en Irak

Miles de iraquíes volvieron a salir a las calles el sábado para protestar contra el régimen y su aliado iraní, después de la muerte de 20 manifestantes a manos de un grupo armado en Bagdad, lo que hace temer una escalada de la violencia. Poco después de esta matanza el viernes por la noche, un dron lanzó al amanecer un mortero contra la casa del líder chiita Moqtada Sadr, un ataque que podría "desencadenar una guerra civil", advirtió su portavoz, Salah al Obeidi, que pidió al mismo tiempo "moderación".

Moqtada Sadr, político versátil y exjefe de milicia que entregó oficialmente las armas pero conserva miles de combatientes, no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. El líder chiita fue el primero que había reclamado la salida del gobierno de Adel Abdel Mahdi, cuya dimisión fue aceptada el 1 de diciembre por el Parlamento.

El sábado, los manifestantes acudieron en masa a la plaza Tahrir, epicentro de la protesta en Bagdad, y a las calles en las ciudades del sur, para reclamar la caída del todo el sistema, a pesar del gran despliegue policial.  El viernes por la noche fue atacado un aparcamiento de varias plantas que ocupaban los manifestantes en las inmediaciones del puente Senek. Murieron 20 manifestantes y cuatro policías, y un centenar de persona resultaron heridas, según un último balance de fuentes médicas.

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Evo Morales viaja a Cuba y última su salida definitiva de México para instalarse en Argentina

El expresidente boliviano planea trasladarse al país austral para tener un contacto más directo con los dirigentes de su partido

El expresidente de Bolivia Evo Morales estudia su salida definitiva de México, donde ha permanecido como asilado político desde hace casi un mes, después de renunciar a la presidencia de su país tras las presiones populares y de los militares. Morales ha salido este viernes del país con dirección a Cuba y tiene pensado instalarse, después, en Argentina, una vez que Alberto Fernández tome posesión del cargo, el próximo martes.

Morales ha partido de México en un vuelo comercial. Las fuentes consultadas aseguran que el avión no ha salido desde el aeropuerto de Ciudad de México. Tras el adelanto de la noticia por EL PAÍS, la Cancillería mexicana ha confirmado el viaje: "Según nos informó, se trata de un viaje temporal", ha asegurado el portavoz de Exteriores, Roberto Velasco, a través de Twitter. El Gobierno mexicano ha brindado tanto a Morales, como al que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera como a la exministra de Salud, Gabriela Montaño -que le acompaña en el viaje a Cuba- una identificación que, como asilado, le permite entrar y salir del país.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y poder reunirse con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún con fecha por concretar. Cuándo decidirá partir hacia Argentina es aún una incógnita. Las autoridades mexicanas han recomendado al exmandatario boliviano que se desplace siempre desde México, en vuelo comercial.

Morales buscaba asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández, el próximo martes, pero desde Argentina, el equipo del aún presidente electo le han transmitido que es mejor que espere a que asuma el cargo, pues antes no le pueden dar todas las garantías de asilo y seguridad, ya que sería una decisión que aún depende de Mauricio Macri. En ese caso Morales, esperará hasta la próxima semana o la siguiente, según las fuentes consultadas, para volar hacia Argentina. No obstante, no está descartado que se desplace directamente desde La Habana. El exmandatario cubano Raúl Castro ha sido invitado a la toma de posesión de Fernández.

El expresidente boliviano aspira el asilo en Argentina, para poder tener un contacto más directo con los dirigentes de su formación, el Movimiento al Socialismo. No obstante, uno de los aspectos que más le preocupan al entorno del mandatario, según las fuentes oficiales mexicanas, es la seguridad, ya que dan por hecho que en México está más protegido. Desde que llegó al país norteamericano hace casi un mes, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar del Gobierno mexicano y en la última semana se había desplazado ya a una casa particular.

Morales llegó como asilado político a México el 12 de noviembre, dos días después de renunciar a su mandato y tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México se hizo cargo de sacar del exlíder boliviano de la región cocalera donde se había resguardado, una odisea en la que estuvieron implicados varios gobiernos latinoamericanos -algunos, como el de Perú, no permitió que el avión aterrizase en Lima a la vuelta, aunque sí sobrevolar el espacio aéreo- y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El expresidente llegó a México acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también estudia la posibilidad de instalarse en Argentina. Según las fuentes consultadas, García Linera tampoco descarta permanecer en México, donde se ha recibido una serie de ofertas para poder impartir clases en universidades.

Por JAVIER LAFUENTE

México 7 DIC 2019 - 09:41 CET

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