Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

Publicado enColombia
Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

Publicado enPolítica
Miércoles, 24 Abril 2019 06:25

Un comediante presidente: el Trump ucranio

Volodymyr Zelenskiy en su sede después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Kiev, Ucrania.Foto Ap

Debido a la putrefacta clase política en "Occidente", ahora hay que tomar en serio a sus cómicos, desde Italia –donde el payaso Beppe Grillo gestó al Movimiento 5 Estrellas que encabeza el gobierno– hasta Ucrania, donde el comediante Volodymyr Zelensky aplastó al saliente Petro Poroshenko con más de 73 por ciento de los sufragios.

La cacareada "democracia" teledirigida por los globalistas de Estados Unidos (EU) y la Unión Europea (UE) y su “revolución fake” en la Plaza Maidán (https://bit.ly/2ZrGksL), arruinaron a Ucrania, hoy el más paupérrimo del viejo continente, lo balcanizaron de facto (desde Crimea hasta el Donbass) y lo convirtieron en línea de confrontación entre "Occidente" y Moscú, con el fin de cercar a Rusia e interrumpir la conexión del gas ruso a Europa.

La gestión calamitosa del derrotado Petro Poroshenko, vulgar títere cleptócrata de "Occidente", desembocó en la decepción de la población que prefirió al cómico Volodymyr Zelensky de 41 años de edad.

Pese a la lacerante miseria –donde el salario promedio es de 320 doláres al mes– y a la endémica corrupción, Petro Poroshenko amasó una fortuna de 57 millones de dólares en sólo 12 meses (sic), cuyo 71 por ciento provino de sus dividendos de una subsidiaria en Zurich de Rothschild Bank AG (https://bit.ly/2W67FyR).

"Occidente" ocultó la "corrupta democracia" de Petro Poroshenko por su geopolítica anti-rusa.

The Globalist tilda al comediante de "Trump ucranio" (https://bit.ly/2UNXDWs), mientras Xinhua realiza un sobrio análisis geopolítico de la asunción de Volodymyr Zelensky y publica la opinión del primer ruso Dmitry Medvedev: "el resultado mostró una solicitud explícita a nuevos abordajes para resolver los problemas de Ucrania" –sobre Crimea y la región secesionista del Donbass.

Volodymyr Zelensky habla ruso y ucranio y no falta quienes lo coloquen como peón "serio" del malhechor oligarca Ihor Kolomoisky, que radica en Tel Aviv (https://bit.ly/2OYcGGO).

A juicio de Volodymyr Fesenko, director del Centro Penta para Estudios Políticos Aplicados de Ucrania,“en el mejor escenario, una "paz fría" nos espera”.

Andrei Zolotarev, analista del Centro Tercer Sector de Kiev, juzga que "el nuevo presidente de Ucrania no podrá cambiar el rumbo en forma drástica".
Alexander Gushchin, de la Universidad Estatal para Humanidades de Rusia juzgó que la mejoría en las relaciones de Moscú y Kiev dependen de los lazos de EU y Rusia. Llamó la atención que no haya citado a la UE.

Yevgeny Minchenko, director del Instituto Internacional de la Pericia Política de Rusia, comentó que “la Ucrania actual está diseñada como "anti-rusa", por lo que es casi imposible cambiar esto en el futuro cercano”.

Se ignora si en forma cómica o seria Volodymyr Zelensky haya prometido concluir el conflicto en la parte oriental de Ucrania (la secesionista Donbass) mediante una “poderosa info-guerra (https://bit.ly/2GAkZpJ)”, así como "actuar dentro del formato Normandía" –negociaciones de Francia/Alemania/Rusia/Ucrania sobre la guerra en Donbass– y continuar con el "proceso Minsk": acuerdo para cesar la guerra en el Donbass entre Ucrania, Rusia y las repúblicas secesionistas de Donetsk y Luhansk.

Suena hilarante pretender conciliar el "formato Normandía" con "el proceso Minsk" (https://bit.ly/2DqBra4).

Bryan MacDonald comenta que la "paradoja" de la seudo-revolución de la Plaza Maidán en 2014 –teledirigida por George Soros y la subsecretaria de Estado Vicky Nuland– es que, por sus "secuelas, representó más un reacomodo de las sillas de la cubierta del Titánic, que un verdadero cambio de poder" cuando sus "apoyadores de Occidente" colocaron "sus propios intereses geopolíticos sobre el deseo genuino de cambio de los ucranios" (https://bit.ly/2UyDw9I).

Tampoco hay que soslayar el poder del Parlamento que en seis meses tendrá elecciones y pondrá a prueba en forma seria al presidente comediante.

Su principal problema consistirá en mantener un equilibrio entre Occidente y la imperativa necesidad ontológica de armónicas relaciones con Rusia, cuya matriz histórica inició en Kiev.

El zar Vlady Putin no piensa aún felicitar al "Trump ucranio". Lo serio no empieza todavía.

AlfredoJalife.com

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"Los ‘chalecos amarillos’ se desarrollaron en un desierto político". Entrevista

La historia social nunca se acaba, menos aún en una sociedad como la francesa donde la idea de igualdad organiza los pilares de la narrativa nacional desde la revolución de 1789. Los «chalecos amarillos» irrumpieron desde la periferia, desde el corazón herido de una Francia a la que se llamó erróneamente «invisible». En un momento en el cual, como casi todas las sociedades occidentales, el país atravesaba una profunda crisis de representatividad, los gilets jaunes construyeron la suya en una zona de aislamiento. A lo largo de todo el territorio, empezaron ocupando las rotondas, es decir, ese lugar circular de cruce de caminos que comunica con rutas que se internan en los pueblitos, esos páramos hace mucho tiempo dejados al abandono por un Estado que cerró estaciones de trenes, escuelas, correos y bancos. De aquella soledad periurbana o perirrural saltaron a la capital francesa, ante el asombro de los analistas de París. El gobierno francés se quedó mudo y paralizado, tanto más cuanto que venía de una serie ininterrumpida de victorias rotundas contra los sindicatos y otros movimientos sociales: impuso su reforma laboral sin muchos sobresaltos y luego la reforma de uno de los mitos de Francia, la empresa nacional de ferrocarriles, la sncf.

Los «chalecos amarillos» atravesaron los intersticios de las certezas del poder y la copiosa ignorancia de los medios. Se vistieron con el chaleco fluorescente que se debe llevar obligatoriamente en los autos y ganaron una visibilidad incuestionable. Con el correr de los días, la visibilidad se tornó en legitimidad y esta, en un respaldo masivo de la población. De las rotondas, que jamás abandonaron, pasaron a París. En la capital francesa armaron uno de los revuelos sociales más intensos de que se tenga memoria. A diferencia de otros momentos de tensión social, los «chalecos amarillos» desplazaron el punto de resistencia. En lugar de los barrios populares, fueron a manifestar en el corazón de la riqueza: los Campos Elíseos y sus súper ricas avenidas adyacentes, donde están concentradas las riquezas más abultadas del mundo. El Estado se asustó. Llegó a sacar a la calle más policías que manifestantes, reprimió con una violencia inaudita, arrestó de forma preventiva, impidió a mucha gente que fuera a las manifestaciones de los sábados. La represión policial dejó, al cabo de dos meses, cientos de detenidos y heridos graves: mutilados de manos o pies, gente que perdió un ojo. En defensa de su modelo, el Estado llegó a violar las propias reglas que él mismo había fijado. Nada disuadió a los «chalecos amarillos». Aunque se fueron dividiendo entre el sector más radical que anhela derribar al gobierno en la calle y otro más moderado que aspira a convertir el movimiento en una entidad política, la insurrección amarilla persiste tanto como su mensaje original: vivimos en un sistema de acumulación demente y de exclusión radical donde se pretende que unos pocos paguen las condiciones de vida de la modernidad. No fueron de derecha ni de extrema derecha, ni tampoco de izquierda o de extrema izquierda, ni tampoco ecologistas. Objeto de múltiples intentos de manipulación y cooptación política, los «chalecos amarillos» no entregaron su fuerza y su legitimidad al mejor postor. Su aparición vino acompañada de varias invenciones sociales: no solo el chaleco, también la articulación entre las redes sociales y la realidad y esa forma inédita de haber bautizado cada manifestación de los sábados como un «acto». Una forma de decir que la gran pieza de teatro sigue en el escenario.


El sociólogo francés Michel Wieviorka ha seguido con rigor los rumbos de esta insurrección popular. Wieviorka es uno de los intelectuales más reputados de Francia. Su obra sociológica teórica se sitúa en una línea que toma en cuenta la globalización tanto como la construcción individual y la dimensión subjetiva de los actores. Con sus primeros trabajos, empezó a construir una suerte de sociología de la acción a partir de los consumidores de la década de 1970. Ello lo llevó a interesarse en los movimientos sociales y en fenómenos como el racismo, el terrorismo y la violencia. En 1989, su libro Societés et terrorisme [Sociedades y terrorismo] le valió un rápido reconocimiento internacional. Sus obras traducidas al español son: El espacio del racismo (Paidós, Barcelona, 1982); La primavera de la política (Libros de la Vanguardia, Barcelona, 2007); El racismo: una introducción (Gedisa, Barcelona, 2009); Otro mundo. Discrepancias, sorpresas y derivas en la antimundialización (fce, Ciudad de México, 2009); Una sociología para el siglo xxi (uoc Ediciones, Barcelona, 2011); La violencia (Prometeo, Buenos Aires, 2018) y El antisemitismo explicado a los jóvenes (Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2018). Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), Wieviorka es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París. Le entrevistó para la revista Nueva Sociedad Eduardo Febbro, corresponsal en Francia del diario argentino Página/12.


-¿Cómo definiría usted el levantamiento de los «chalecos amarillos»? ¿Acaso fue una revuelta fiscal, una revuelta ecológica o, más globalmente, la manifestación de un hartazgo general contra la desigualdad?


Ha sido un movimiento social en un contexto de crisis política y social. Es una parte de la sociedad que dice no aceptar sus condiciones de vida, que quiere pagar menos impuestos y, de alguna manera, rehúsa pagar la transición ecológica. Se ha dicho que los «chalecos amarillos» eran una suerte de Francia invisible. En realidad, era invisible solo para quienes no quisieron verla. No era en nada invisible. Muchos trabajos han demostrado la existencia de una Francia que no vive en las mismas condiciones en las que se vive en el centro de París. En este país hay muchas desigualdades sociales, hay regiones que se han convertido en desiertos. Cuando alguien vive en un lugar donde ya no hay trabajo, ya no hay servicios públicos, donde no hay escuela para los niños ni maternidad para atender los nacimientos; cuando no hay más estaciones de trenes, ni correos, en suma, cuando todo esto desaparece, la gente se dice: la vida no es posible.


Ha habido entonces una ceguera política acumulada por parte de los sucesivos gobiernos.


El problema es el tratamiento político de todo esto. No ha habido propuestas políticas pensadas seriamente para esta parte de la población. Esto empezó a gestarse a finales de los años 70, principios de los 80. Pero no es el único problema de este país. También está la problemática de los suburbios. Y todo esto nunca fue objeto de políticas fuertes. No se pensó en reabrir servicios públicos, no se pensó en tomar en cuenta a toda esa gente para la cual el automóvil es indispensable. Hay muchas familias que necesitan hasta dos automóviles. Viven lejos del lugar del trabajo. A menudo, marido y esposa viven a 50 o 60 kilómetros del lugar de trabajo. Tampoco hay escuelas para los niños y entonces tienen que ir a trabajar con el auto y también usarlo para llevar y traer a los chicos de la escuela. Todos estos problemas nunca fueron tratados de manera seria.


-Hay también dos elementos constantes que surgen con esta crisis: la ruptura, en Francia, del sistema colectivo de solidaridad, y el abismo entre la población, sus necesidades y la dirigencia política global. ¿Está de acuerdo?


Sí. Francia, como muchos otros países, vive un proceso de fragmentación. Y en este proceso desaparecen las formas de solidaridad colectiva, o se transforman en nacionalismos y repliegue sobre sí mismo. Pero esto es apenas un aspecto del problema. El otro es la crisis del sistema político. En Francia, las formas clásicas de la democracia liberal, o sea, la representación política, no funcionan más. Los partidos clásicos ya no funcionan y esto explica en mucho los problemas. La gente siente que los partidos políticos no la representan, que están lejos, que esos partidos pertenecen a un tiempo antiguo y que no son los que necesita hoy. En esta situación, el poder está desconectado de la población, sin capacidad de mediación. Pero esta crisis de la representación no atañe solo a los partidos políticos, también engloba a los sindicatos, a las asociaciones.


Estamos en un país donde las mediaciones políticas y sociales se están debilitando, donde el poder ha funcionado de manera tecnocrática. Hay poca política y mucha racionalidad que no toma en cuenta la vida de la gente. Los partidos políticos no funcionan bien. Han perdido la capacidad de plantear propuestas. Esta es la razón por la cual los «chalecos amarillos» se desarrollaron en un desierto político. No hay correas de transmisión política. Está el poder central del gobierno, el presidente, está luego el pueblo y en el medio no hay nada para llevar a cabo una mediación. El gobierno tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, pero los diputados de su partido, La República en Marcha, fueron muy, pero muy poco inteligentes.
Mucho se ha dicho en todo el mundo que Francia volvía a marcar la pauta de la revuelta social. La izquierda radical ve en los «chalecos amarillos» la realización del sueño de una insurrección ciudadana. Sin embargo, el perfil de los «chalecos» es más complejo.


Los «chalecos amarillos» no hablan mucho de insurrección. Pero como la gente necesita tener marcadores históricos, intenta buscar algo que ligue a los «chalecos amarillos» con esas referencias. Y allí, desde luego, aparece la Revolución Francesa. Sin embargo, los «chalecos amarillos» no son un movimiento revolucionario. Sí, es cierto que se habla del presidente Emmanuel Macron y del poder como del rey Luis xvi o de su esposa María Antonieta. Sin embargo, no se trata de un movimiento revolucionario que quiere tomar el poder. Hubo mucha violencia durante las manifestaciones, pero no fueron los actores centrales quienes la desencadenaron. Son otros, son gente que vino a romper cosas y a enfrentarse con la policía, son gente que tiene ideas políticas de extrema izquierda o de extrema derecha. Admito que hubo «chalecos amarillos» que actuaron de forma violenta, pero no son el corazón del movimiento. No se trató de un movimiento que pretendiera acabar en una revolución.


Allí está la idea de que, al no ser un movimiento identificado, puede ser utilizado peligrosamente por uno u otro sector político.


En su corazón, el movimiento de los «chalecos amarillos» está diciendo: tenemos problemas sociales y queremos que el poder nos responda de manera social, o sea, queremos dinero para vivir mejor, queremos pagar menos impuestos. Son, por consiguiente, demandas sociales. Pero fuera de los «chalecos amarillos», en la extrema izquierda, se dice: «Este movimiento quiere la revolución». En la extrema derecha se dice: «Los ‘chalecos amarillos’ tienen que saber que los problemas de Francia son la inmigración, el islam y la identidad nacional». Cada sector los etiqueta con sus ideas. Pero la verdad es que los «chalecos amarillos» nunca hablaron así. Insisto: no es un movimiento político, no es un movimiento de extrema izquierda o de extrema derecha. Tal vez haya gente adentro radicalizada, más abierta a ideas extremistas, pero en ningún caso fue ese el perfil de los gilets jaunes. No tienen nada que ver con el comunismo, ni con el fascismo. Es muy difícil hacer comparaciones, y no solo históricas, sino también en el espacio de hoy. Hay gente que dice que los «chalecos amarillos» fueron un poco como en Italia, con La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, o como en Reino Unido con el Brexit, o como los votantes de Donald Trump en Estados Unidos y como en Brasil con Jair Bolsonaro. No son comparaciones válidas. Los «chalecos amarillos» son una cosa única y muy distinta de todo lo demás.


-Hay en este movimiento algo que lo diferencia de todas las demás soluciones que los países buscaron colectivamente a través de las elecciones. ¿No han pedido un cambio de poder, que el poder cambie su forma de gobernar?


Exactamente. En Italia hay problemas del mismo tipo. La gente votó por Beppe Grillo (5 Estrellas) o a favor de la extrema derecha de Mateo Salvini. En Reino Unido los problemas también son similares, y allí la gente optó por salir de Europa. A su vez, en Brasil, los electores llevaron a Bolsonaro al poder. Entonces, lo que constatamos es que en todos esos países la respuesta a los problemas sociales fue directamente política. La gente se dijo que con cambios políticos su situación iba a mejorar. En Francia no pasó eso. Aquí, la gente dijo: «Queremos una respuesta del gobierno a nuestros problemas». Hubo una inteligencia colectiva impresionante.


Esto constituye ya una innovación en sí, pero hay más. Por ejemplo, los «chalecos amarillos» nacieron en las redes sociales, pero con un perfil y una dinámica distintos de los que se pudieron ver en otros países o en la «primavera árabe».


Hoy no se puede hablar de movimientos sociales sin tomar en cuenta las redes sociales, internet o los teléfonos móviles. Las nuevas tecnologías de la comunicación son centrales. Sin embargo, la fuerza de los «chalecos amarillos» consistió en decir: «Vamos a articular lo digital con la presencia concreta en todo el territorio nacional». Es decir, la vida concreta de actores que viven y se encuentran en cada lugar y, además, que se tornan visibles con los famosos chalecos amarillos. Entonces, se trata de un movimiento digital con, por un lado, internet y las redes sociales y, por el otro, una dimensión visible en todo el territorio. Los «chalecos amarillos» articularon las dos vertientes. Antes de los chalecos tuvimos Ocuppy Wall Street en eeuu o los indignados del 15-m en España y otros movimientos de este tipo. Ambos tienen una cierta manera de articular las redes con un lugar concreto de encuentro. Pero claro, solo un lugar de encuentro. Aquí, con los «chalecos amarillos», la ocupación, el encuentro, fue en todo el territorio nacional. Además, el mismo chaleco amarillo les dio una visibilidad muy fuerte que funcionó muy bien en la televisión. Desde este punto de vista, estuvimos frente a un movimiento muy innovador. Han sido muy visibles. Por otra parte, ha sido un movimiento horizontal. Aquí no hay ningún líder carismático. Los «chalecos amarillos», al menos hasta ahora, no quieren o no han sido capaces de promover a un líder fuerte.

-Este perfil que los caracteriza ¿no puede acaso volverse un problema, o sea, acarrear su propia extinción?


Los «chalecos amarillos» enfrentaron el problema de transformar la horizontalidad en una verticalidad de tipo político. Habrá que ver.


La lista de innovaciones es larga. Por ejemplo, incluye también la temática ecológica. La revuelta nació con una protesta contra una medida gubernamental destinada, en principio, a financiar la mal llamada transición ecológica. El Poder Ejecutivo pretendía equiparar el precio del gasoil, que es más barato, con el del combustible común.
Sí, el movimiento se desencadenó a raíz del aumento del precio de los combustibles. La gente empezó a decir que los «chalecos amarillos» estaban en contra de la transición ecológica. La verdad es un poco más compleja. Después de que estallara la revuelta, el gobierno dijo que esos impuestos eran para la protección del medio ambiente, pero la verdad es que se trató más que nada de recaudar más impuestos, muy poco se habló antes de ecología. Al mismo tiempo, los «chalecos amarillos» decían: «No estamos en contra de la transición ecológica, pero ¿por qué tenemos que pagarla nosotros?». Son un movimiento que no trata sobre la transición ecológica, no se mete con la ecología, no se opone a la transición ecológica, pero termina introduciendo la idea según la cual hay una contradicción: ¿qué queremos hacer? ¿Queremos financiar la transición ecológica o queremos ayudar a los más pobres a vivir normalmente?


-Pero toca el tema de la justicia fiscal, el famoso artículo xiii de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 donde se expresa claramente que se paga según lo que se tiene. Allí aparece la noción plena de igualdad.


Ocurre que hubo una falta inicial, un pecado original cometido por el presidente Macron. Cuando llegó al poder en 2017, lo primero que hizo fue modificar el impuesto aplicado a las grandes fortunas, el isf. El gobierno inició su trayectoria política con esta medida y otras más que estaban claramente a favor de las empresas. La gente empezó a decir que el gobierno les daba mucho a los ricos, a las empresas, y al final es a nosotros a quienes nos toca pagar. Hay una idea muy fuerte de que Macron es el presidente de los ricos y de los poderosos; que es, además, un presidente arrogante, que habla de manera negativa y displicente sobre muchos temas. Por ejemplo, una vez dijo que, para la gente que no tiene trabajo, es muy fácil encontrar uno. «Basta con cruzar la calle y hay un trabajo». Tal vez, a veces, sea así para algunos, pero para la mayoría de la gente no es el caso. Hay muchos ejemplos sobre la falta de inteligencia política y sentido social de muchos integrantes del aparato de poder. El caso más extraordinario es el del presidente del grupo parlamentario del partido de gobierno, La República en Marcha. En un momento de la crisis de los «chalecos amarillos», Gilles Le Genre dijo: «Fuimos demasiado inteligentes». Eso equivale a decir que los otros eran demasiado estúpidos. En suma, son gente arrogante, gente que no sabe hacer política. Son gente que aplica la política del poder.


En este sentido, el rechazo a la arrogancia de los ricos fue muy poderoso. Jamás se había visto en Francia una manifestación en la que la gente atacara, en París, el barrio de los ricos, ni menos aún los símbolos de la nación, como el Arco de Triunfo o la Tumba del Soldado Desconocido. Esta vez sí. No fueron la Plaza de la Bastilla, la Plaza de la Nación o la Plaza de la República los escenarios de la confrontación, sino los Campos Elíseos o la Avenida Foch. No hay que olvidar que este movimiento no nació en París sino en el interior. Puede que haya gente en París con alguna simpatía o sensibilidad cercana hacia los «chalecos amarillos», pero no fue la mayoría. El corazón de los «chalecos amarillos» está fuera de la capital. En tiempos pasados, los momentos importantes, insurreccionales, con movimientos sociales fuertes, surgían en París, eran genuinos de la ciudad. Pero los «chalecos amarillos» acuden a la capital desde el interior del país para manifestar con la intención de ir lo más cerca posible del poder político. Y el poder político está en París, en los alrededores de los Campos Elíseos. El movimiento no manifestó en esos barrios porque ahí se encontraba el dinero o la riqueza, sino porque allí se encontraba, precisamente, el poder político. Y como el dinero, la riqueza y el poder político residen en los mismos lugares, los unos porque viven allí y los otros porque en esas zonas funciona, precisamente, el poder político, ocurrió lo que vimos. Al menos al principio, los «chalecos amarillos» ocuparon los barrios pudientes no como una crítica contra los ricos, sino para llegar lo más cerca posible de donde estaba el poder presidencial.


-¿Qué lecciones deja la insurrección amarilla francesa en el campo político y social?


Este movimiento significa que salimos de un mundo y entramos en otro. Significa que salimos de un tipo de sociedad y nos dirigimos hacia un perfil nuevo de sociedad. Y lo que realmente estaban diciendo los «chalecos amarillos» era precisamente esto: no queremos pagar para este cambio. No queremos ser ni los que van a desaparecer, ni los que van a empobrecerse. No nos corresponde a nosotros pagar por este cambio. Los «chalecos amarillos» plantean la pregunta clave: ¿quién va a pagar por eso?


La otra lección que aporta esta revuelta concierne a la forma misma de la insurrección: hoy ya no hay movimientos sociales importantes si no son capaces de articular lo digital, o sea, internet y las redes sociales, con la presencia concreta, física, en el terreno. Ambos son necesarios. Si un movimiento es solo virtual, no funcionará. Hacen falta las dos dimensiones: las nuevas tecnologías de la comunicación y la presencia territorial masiva. Esto es nuevo. El repertorio de las formas de acción colectiva ha cambiado. Desde luego, no son los primeros que demuestran esto, pero los gilets jaunes lo han llevado a la práctica de forma muy, muy fuerte. Hay más lecciones. Este movimiento es simpático en términos sociales. No es un azar que 70% de la población lo respalde. Sin embargo, los «chalecos amarillos» son una catástrofe en muchas otras dimensiones: ¿cómo se construirá Europa con un movimiento que obliga al gobierno a no obedecer las reglas comunes europeas en términos de presupuesto? A su manera, los «chalecos amarillos» debilitan la construcción europea. En segundo lugar, en cierta forma, los «chalecos amarillos» han sido un movimiento en favor del automóvil, lo que es contrario a la transición ecológica. Esto ocurrió en un país que era uno de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Los «chalecos amarillos» son socialmente simpáticos y, al mismo tiempo, introducen problemas de otra naturaleza. Y estos problemas son las temáticas del futuro. Se trata de un movimiento defensivo cuyo costo consistirá en hacer que el futuro sea mucho más difícil, inclusive para los actores del movimiento. Aclaro que los «chalecos amarillos» no son antimodernos, pero sí dicen que no quieren pagar por la modernización y el cambio. Es eso.
Michel Wieviorka


Presidente entre 2006 y 2010 de la Asociación Internacional de Sociología (ais/isa), es actualmente director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y preside el directorio de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre en París.

Por Michel Wieviorka
19/04/2019

 

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Evo confía en su legado para ganar en octubre

La oposición presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años, pero sólo tiene ciertas expectativas con Carlos Mesa.

Bolivia plurinacional y descolonizada, ese país que “está en los ojos del mundo” como lo definió su canciller Diego Pary, avanza hacia sus elecciones del 20 de octubre. El gobierno de Evo Morales ratificó el rumbo con una premisa inequívoca: la autodeterminación. Acompañado por índices que le dan la razón en casi toda la economía, como el incremento de su PBI que seguirá creciendo en 2019. La oposición desflecada se presentará a los comicios que cuestiona porque se apoya en el referendo del 2016 cuando el presidente cayó derrotado. Esa limitación que le cerraba la posibilidad de ir por un cuarto mandato, fue sorteada en 2017 por el Tribunal Constitucional que lo habilitó para buscar su tercera reelección. La atomización de las fuerzas que enfrentarán al gobernante MAS podría sintetizarse en una frase reciente de uno de sus referentes, el empresario Samuel Doria Medina: “El enemigo no es Evo, es la dispersión del voto”.


Aún con múltiples factores que inciden en su complejidad, o lo que es igual, en la comprensión de lo que Bolivia significa hoy como modelo emergente, el país tiene un rumbo que se percibe con nitidez. La defensa de sus recursos naturales, el crecimiento de sus exportaciones –con el gas natural como estandarte-, una inflación acumulada en 2019 que ronda hasta ahora el 1 por ciento, la suba de las jubilaciones y la baja del desempleo que en 2018 llegó a su mínimo histórico (4,2 por ciento) son algunas de sus políticas. Todo eso conseguido en un contexto regional desfavorable.


La irrefutable dimensión de estas cifras, obliga a la oposición a centrarse en lo que considera una ilegítima candidatura de Morales. Pero en el camino hacia las presidenciales, sus expresiones más derechistas cometieron errores no forzados. Como la carta que doce diputados y senadores le enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que evitara la nueva postulación de Evo (ver aparte). Hasta el principal candidato opositor en las encuestas, el ex presidente Carlos Mesa, dijo que era “inaceptable” pedirle a EEUU que interponga sus “buenos oficios” en los asuntos internos de Bolivia. Dio una razón lógica según su perspectiva política: la carta le permite al gobierno “victimizarse”.


La oposición que presentará ocho candidatos diferentes para ver quién podría desbancar al MAS después de 13 años en el poder, solo tiene ciertas expectativas con Mesa. Algunas encuestas lo dan muy cerca del presidente en la intención de voto. Todos los aspirantes a ocupar la flamante Casa Grande del Pueblo (que desde 2018 reemplaza al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno) tuvieron que pasar por una polémica elección primaria en enero pasado en su propia fuerza. Hubo baja participación porque los presidenciables no competían contra nadie. Cada uno lo hizo por una formalidad legal. Esa movida política le permitió al oficialismo ratificar la candidatura de Evo, como para tomar envión.


Pero lo que marca el pulso de la campaña es que el gobierno siempre toma la iniciativa y fija los temas de discusión. El 31 de marzo pasado, Evo lanzó en Pando –al noroeste del país– el Plan 2030, que incluso es superador de la llamada Agenda Patriótica 2025. Como dijo el presidente, consiste en “la construcción de plantas de industrialización y gasoductos hidrocarburíferos hacia el Pacífico”.


En el mismo acto Morales negó que Bolivia estuviera aislada en el continente por apoyar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. “No estamos solos, falsamente quiere decirlo alguna derecha: por apoyar a Maduro, a Venezuela, Bolivia se queda sola. Más bien, pueblos, gobiernos progresistas y estados soberanos apoyan estas políticas que permitan garantizar la paz y no estar con intervenciones militares y pensando en cómo dominar con cualquier pretexto nuestros recursos”.


El presidente aludía a socios estratégicos como Rusia e India. El mandatario de este último país, Ram Nath Kovind, llegó a Santa Cruz de la Sierra a fines de marzo con promesas de invertir en la industria del litio, el corredor ferroviario bioceánico, la salud, energía, tecnología y el desarrollo espacial. No fue una mera expresión de deseos del estado plurinacional. La ratificó la cancillería india en un comunicado: “El litio de Bolivia y nuestras necesidades proporcionan sinergias naturales. A medida que Bolivia se embarca en la industrialización de sus recursos, India es un socio dispuesto a suministrar conocimientos, tecnología y habilidades”.


Este contexto de expansión de la economía combinado con decisiones políticas fuertes, ya había sido anticipado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una visita a Moscú en febrero. Dijo frente a Vladimir Putin que “la presencia rusa en América del Sur no solamente es necesaria, es imprescindible”.


Las críticas al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que se apoyó en el derecho a elegir y ser elegido que esgrimió Evo basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, parecen el único insumo que les queda a los opositores para llegar con chances electorales al 20 de octubre. El sábado último, antes de viajar a la Argentina para entrevistarse con Mauricio Macri, el líder del MAS se presentó en la Cancillería donde jugó cuatro partidas simultáneas en las Jornadas Estudiantiles de Ajedrez Presidente Evo. En una libre asociación de ideas entre el juego ciencia y los comicios que se vienen, declaró: “En las elecciones siempre hago jaque mate a la oposición”.
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El mundo a merced de dos dueños de casinos: Trump y el israelí Sheldon Adelson

Los casinos han unido las vidas de Trumpy Sheldon Adelson. En 2017, días después de haber sido ungido presidente, Trump –quien poseyó dos casinos que quebraron en Atlantic City– solicitó al primer nipón Shinzo Abe la construcción de casinos en Japón para favorecer a su amigo/aliado/socio Sheldon Adelson (https://bit.ly/2XAvdw5).

Chris McGreal, del The Guardian, asevera que Sheldon Adelson "conduce la política del Medio Oriente de Trump".

Sheldon Adelson, multimillonario del imperio Casino Las Vegas Sands, con una fortuna de 35 mil millones de dólares (número 14 en EU en el ranking de Forbes), dio al Partido Republicano 82 millones de dólares para las elecciones de 2016 cuando sus puntos de vista y su "apoyo indefectible al primer Netanyahu de Israel representan ahora la línea oficial de EU" (https://bit.ly/2McJCJV). ¡Cómo dejan los casinos!

Un año antes Sheldon Adelson, más israelí que estadunidense, había sido demandado por su anterior director Stevens Jacobs por crapulosas operaciones de juego en su casino de Macao (China): le imputó haber colaborado con el “crimen organizado (el c á rtel Las Triadas)” y sobornado a los funcionarios (https://bit.ly/2ViEScU). ¿No es la práctica común de los dueños de casinos?

En la elección de 2012, Sheldon Adelson "invirtió" 150 millones de dólares para desbancar al "socialista" –"estigma político" que vuelve a resonar con los publicistas de Trump– y "anti-Israel" Barack Obama (https://bit.ly/2ZlZVKU).

Según Chris McGreal, Sheldon Adelson ha dejado la impronta de sus "pasiones políticas" en “una gama de las decisiones más controvertidas de Trump, la abolición del Acuerdo Nuclear con Irán, el traslado de la embajada de EU a Jerusalén (https://bit.ly/2DntqTm) y el nombramiento del ultra-halcón John Bolton como consejero de Seguridad Nacional”.

El objetivo de Sheldon Adelson, de 85 años de edad, es "entrelazar al Partido Republicano con Israel". ¿No es el rol de los "evangelistas sionistas" (https://bit.ly/2COnHG5) asentados en el “Cinturón Bíblico ( Biblebelt)”?

NYT expuso que Sheldon Adelson es miembro del "Consejo Nacional de Seguridad fantasma (sic)" que asesora a Bolton.

Nadie dice si Trump gobierna, o está hipotecado por este gabinete en las penumbras, o es una vulgar polichinela a quién el Deep State (https://nyti.ms/2IXZ1il) coloca en jaque cuando se portal mal.

Sheldon Adelson financió el vuelo privado y los viáticos de la "delegación" de Guatemala para asistir al traslado de la embajada de EU a Jerusalén(https://bit.ly/2UOXLVF). ¡Que baratos!

También financió la nueva matriz de AIPAC (American Israel Publics Affairs Committee): el grupo cabildero más poderoso a favor de Israel en EU.

Sheldon Adelson sigue comprometido con el irredentista supremacismo racista del "Gran Israel" y admite que “Israel no será un país democrático. ¿ So what?”.

William Binney, del portal Sic Semper Tyrannis (https://bit.ly/2GB3rdf), afirma que el "verdadero patrón de John Bolton es Sheldon Adelson", quien ha lubricado al Partido Republicano con decenas de millones de dólares "con el fin de reconfigurarlo a su propia imagen".

Sheldon Adelson incrustó en los más altos niveles, del siempre rotatorio equipo de Trump, a varios neoconservadores straussianos quienes "han tenido un éxito considerable, particularmente en el tema de Irán" y también en el caso de Venezuela” –se pudiesen agregar Nicaragua y Cuba, pero que fracasó con Norcorea.

Según William Binney, “ahora que el Rusiagate está muerto, las relaciones de EU con Rusia no mejoran” debido justamente a la fauna neoconservadora.

En forma estrujante, la "única preocupación de Sheldon Adelson, según sus propios términos, es proteger a Israel por lo que aboga el bombardeo nuclear de Irán". ¡Mega-Uf!

William Binney agrega que Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy secretario de Estado, es otro vástago de Sheldon Adelson.

Por "azares" lúdicos del destino, la"estabilidad estratégica global" está en manos de dos casineros, Trump y Sheldon Adelson –con la operatividad del eje neoconservador Bolton/Pompeo–, mientras el botón nuclear de EU –que se desdibuja cada vez más para parecerse a Israel en la fase de Netanyahu y Jared Kushner– lo detenta uno, si es que no los dos.

Ahora resulta que la política exterior se hace en los casinos de EU e Israel. ¡La decadencia total!

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La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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La opaca transparencia: Assange, Lula y Moro

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición. Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.


Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y diez meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.


La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judicial es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.


Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sérgio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no se ha resuelto en sentencia firme. De aquí a cincuenta años, si todavía hay democracia, este caso se estudiará como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.


No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.


Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaron de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizá sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sérgio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulador de las instituciones jurídicas y judiciales existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.


El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ejercerse en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden avalarse democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro como verdugo útil y, por eso, descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

19 ABRIL, 2019

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

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Más de 500 detenidos por las protestas contra el cambio climático en Londres

Miles de personas se han sumado esta semana al movimiento promovido la organización ecologista Extinction Rebellion por en un intento por forzar al Gobierno a tomar medidas para hacer frente al calentamiento global.

Más de 500 personas han sido arrestadas esta semana y 10 han sido acusadas desde que comenzó la protesta de Extinction Rebellion para reclamar a las autoridades británicas medidas drásticas para frenar el cambio climático, según el último balance que ha proporcionado este miércoles la Policía Metropolitana.

Activistas de la organización ecologista Extinction Rebellion han alertado al diario local The Guardian de que los detenidos estarían siendo trasladados a comisarías a las afueras de la capital británica. "Los que han sido detenidos están siendo llevados a muchas partes, incluso fuera de Londres", ha indicado un portavoz.

Miles de personas se han sumado esta semana al movimiento en un intento por forzar al Gobierno a tomar medidas para hacer frente al calentamiento global. "La gente no quiere esto pero la inacción por parte del Gobierno ante este tipo de emergencia nos deja sin alternativa", ha explicado la organización.


El martes las manifestaciones se extendieron a las zonas de Marble Arch, Waterloo Bridge, Oxford Circus y Parliament Square, lo que provocó atascos en las áreas colindantes.
Este miércoles se proponían paralizar también el metro de Londres, si bien no han conseguido su objetivo porque, entre otras cosas, se han desplegado efectivos adicionales y se ha bloqueado la señal WiFi. La anécdota de esta tercera jornada la han protagonizado cuatro activistas que se han encadenado a la valla de la casa del líder laborista, Jeremy Corbyn, de acuerdo con la cadena de noticias BBC.

Varios de los manifestantes ubicados en el puente de Waterloo, según ha podido saber la corresponsal de Público en Londres Cristina Casero, llevaban protestando desde el lunes para solicitar al gobierno medidas urgentes para acabar con la crisis climática. Según los activistas, los agentes han procedido a su detención alegando que estaban interrumpiendo el tráfico, una información confirmada por uno de los policías allí presentes. Asimismo, los activistas han confirmado a Casero que, una vez puestos en libertad, volverán al mismo sitio a continuar con la protesta.


La organización Extinction Rebellion

Extinction Rebellion asegura que cuenta con 331 grupos de acción afiliados en 49 países distintos y denuncia que 222 de sus activistas han sido detenidos en todo el mundo en acciones de desobediencia civil no violenta. En noviembre fueron detenidas 85 personas en Londres cuando miles de activistas, familias y pensionistas bloquearon cinco puentes del Támesis.

En Reino Unido, Extinction Rebellion exige al Gobierno emisiones cero de gases de efecto invernadero para 2025 y un plan de emergencia ciudadano similar al impulsado durante la Segunda Guerra Mundial.


Casi un centenar de intelectuales han suscrito un manifiesto de Extinction Rebellion publicado en octubre en The Guardian. "Se ha roto el contrato social y por consiguiente no solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber moral puentear la pasividad y flagrante dejación de funciones del Gobierno y rebelarnos para defender la vida", explica el texto.

18/04/2019 11:27 Actualizado: 19/04/2019 10:12
PÚBLICO / AGENCIAS

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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