Escala intervención de EU en Venezuela so pretexto de la ayuda humanitaria

Nueva York. Aviones militares C-17 estadunidenses despegaron de Florida este sábado para transportar toneladas de "asistencia humanitaria" supuestamente destinada a Venezuela, pero que explícitamente forma parte de la operación de cambio de régimen en el país sudamericano impulsada abiertamente por Washington, mientras que el Comando Sur está preparando "opciones" para posibles misiones en la nación petrolera.

A su vez, el vicepresidente Mike Pence en una conferencia de seguridad en Munich exigió a la Union Europea (UE) declararse como bloque en favor de "reconocer como el único presidente legítimo de Venezuela" al autoproclamado "presidente encargado" Juan Guaidó, ratificado en su puesto por el régimen de Donald Trump.

Todo indica que parte de la estrategia coordinada por Washington es detonar algún tipo de enfrentamiento con el gobierno de Nicolas Maduro el próximo 23 de febrero, cuando Guaidó ha anunciado que se intentará introducir la asistencia a Venezuela desde el pueblo fronterizo de Cúcuta en Colombia, donde se están almacenando los envíos de Estados Unidos.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representantes de los departamentos de Estado y de Defensa, así como ONG estadunidenses se están preparando para trasladar la asistencia ese día en coordinación con Guaidó, afirmaron.

Al mismo tiempo, el multimillonario británico Richard Branson, dueño del grupo empresarial Virgin, está organizando –a petición de Guaidó– un concierto con "talento musical" internacional y regional en Cúcuta el 22 de febrero, el cual se transmitirá en vivo mundialmente y que busca recaudar 100 millones de dólares para asistencia "humanitaria".

Sin embargo, en Estados Unidos casi no se menciona la notable ausencia en este esfuerzo "humanitario" de algunas de las principales entidades internacionales en este tipo de esfuerzo, por ejemplo las agencias de apoyo humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Cruz Roja Internacional y otros.

"La acción humanitaria necesita ser independiente de objetivos políticos, militares u otros", afirmo Stephane Dujarric, vocero de la ONU, a medios esta semana pasada y expresó que la solución debería ser una negociación política de las partes. "Lo que es importante es que la asistencia humanitaria sea despolitizada y que las necesidades de la gente debieran ser la prioridad en términos de cuándo y cómo es usada la asistencia", concluyó Dujarric.

Sin embargo, Washington insiste que sólo está respondiendo a la solicitud del "presidente encargado". Hoy Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado, declaró que “esta misión humanitaria resalta el compromiso firme y la disposición de Estados Unidos para responder a la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, y advirtió que "esta asistencia debe tener permiso para ingresar a Venezuela y alcanzar a los necesitados".

Sin embargo, el gobierno de Trump no oculta su objetivo de usar la "crisis humanitaria" y el envió de esta "asistencia" para su propósito de cambio de régimen, tal como lo ha denunciado el propio gobierno venezolano (https://www.jornada.com.mx/ 2019/02/07/politica/002e1pol).

El enviado especial de Trump para Venezuela, Elliot Abrams –penalmente condenado por mentir al Congreso en torno al escándalo Iran-contras, defensor de regímenes represores y escuadrones de muerte en Centroamérica, y uno de los promotores del intento de golpe fallido contra Hugo Chávez en 2002–, señalo que "nuestra esperanza es que (los militares venezolanos) podrán convencer a Maduro, o sencillamente desobedecerán órdenes para evitar la hambruna del pueblo de Venezuela". (https://www.jornada.com.mx/ 2019/02/14/mundo/023n1mun).

Todo esto nutre la especulación sobre si Washington está contemplando incluir en su intervención política su participación militar para derrocar al gobierno de Maduro. Aunque funcionarios del gobierno de Trump rehúsan confirmar si hay en curso preparativos para acción militar estadunidense, una y otra vez rechazan descartar esa posibilidad. El propio Trump ha repetido cada vez que se le pregunta sobre el posible uso de la fuerza militar que "todas las opciones" están sobre la mesa.

De hecho, el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de las fuerzas armadas estadunidenses, afirmó que "hay un rango de opciones que están sobre la mesa" y que “estamos preparados para proteger vidas estadunidenses y proteger la instalación diplomática en Venezuela, en entrevistas recientes reportadas ayer por el New York Times.

El rotativo informó que oficiales estadunidenses indican que el Comando Sur ha elaborado planes para una serie de misiones potenciales en Venezuela, entre ellas, además de las mencionadas por el almirante Faller, también participar en la entrega de la asistencia humanitaria.

El almirante acusó que hay más de mil asesores militares y de inteligencia cubanos trabajando con el gobierno ruso que han ayudado a mantener la lealtad entre la cúpula militar venezolana.

Señaló que la razón por la cual los altos oficiales venezolanos no se han volteado hasta ahora es que "Maduro ha comprado su lealtad" al ponernos en "la nómina ilícita mediante el narcotráfico, lavado de dinero y todo tipo de negocio en la industria petrolera".

Aunque legisladores demócratas, como Eliot Engel, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja, han insistido en que el presidente no puede usar la opción militar sin aprobación del Congreso. Republicanos, incluyendo el presidente del Comité de Servicios Armados, James Inhofe, han advertido que Estados Unidos tendrá que intervenir militarmente si, por ejemplo, Rusia coloca armas o instala una base militar en Venezuela, ya que eso "sería una amenaza a Estados Unidos".

Al mismo tiempo, aunque pueda que existan diferencias sobre los métodos –sobre todo el uso no autorizado de fuerza militar– hay un consenso bipartidista en la cúpula política y mediática de Estados Unidos sobre un cambio de régimen en Venezuela. La dirigencia demócrata –incluyendo a Nancy Pelosi, presidenta de la cámara baja, además del diputado Engel– ha apoyado la posición de Trump de denunciar y exigir el fin del régimen de Maduro, y sólo algunos legisladores disidentes se han atrevido a cuestionar la narrativa oficial.

Trump, Pence, Abrams y el secretario de Estado, Mike Pompeo, al igual que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, han repetido que el único resultado aceptable es la salida de Maduro y su gobierno. El encargado para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el cubano estadunidense Mauricio Claver-Carone, afirmó hace unos días: "La pregunta ya no es si Maduro acepta (el fin de su régimen) o no, es sobre qué tanto tiempo tomará en que lo acepte".

Mientras tanto, el representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, señaló que está trabajando muy de cerca con la gente de Trump, y su jefe estará presente como invitado en un discurso del mandatario en el sur de Florida, región donde están concentradas las fuerzas antichavistas y anticastristas en este país.

Por primera vez, en tiempos recientes, una operación estadunidense de cambio de régimen se está realizando abierta y explícitamente. Algunos observadores señalan que esta vez en lugar de estar "detrás" de un intento de golpe de Estado, Washington está "adelante", anunciándolo con anticipación.

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Sábado, 16 Febrero 2019 06:22

Crónica desde un Haití al rojo vivo

Crónica desde un Haití al rojo vivo

El pueblo haitiano continúa con las protestas contra el gobierno nacional, al que acusan de corrupción y de la situación crítica que vive el país.


El clima social viene caldeándose en Haití, conforme las frustraciones sociales se acumulan en un polvorín que nunca termina de desactivarse. Después de las intensas movilizaciones del año pasado, con epicentros masivos y radicales en los meses de julio, octubre y noviembre, la tregua tácita de fin de año dio lugar a unas navidades materialmente precarias, pero tranquilas. Pero las festividades no fueron más que un interludio breve. Pronto se reanudarían las batallas contra la carestía de la vida, la corrupción endémica, la crisis social y económica y la ausencia de un modelo de nación para la primera República independiente surgida a la historia de este lado del Río Bravo. Las protestas ya llevan ocho intensas jornadas, y nada parece señalar que vayan a detenerse.


Los primeros síntomas de este nuevo ciclo de protestas se manifestaron en nuestro propio pueblo, cuando jóvenes descontentos por el accionar policial en un conflicto de tierras prendieron fuego a la comisaría de policía de la localidad de Montrouis, en el departamento Artibonite. La respuesta, previsible, fue la rápida militarización de un poblado por lo demás pacífico. Al día siguiente del hecho, las fuerzas especiales del CIMO ya dormían su siesta larga frente al mercado del pueblo, y nadie podía recordar cómo era que habían ido a parar allí, ni con qué propósito. Pero pronto el conflicto comenzó a multiplicarse en diferentes focos del país hasta llegar a la explosiva jornada del 7 de febrero, aniversario de la huida del país del dictador Jean-Claude Duvalier. Desde entonces comenzó a combinarse todo el repertorio de acciones callejeras habidas y por haber: concentraciones esporádicas, inmensas movilizaciones espontáneas, caravanas de motocicletas, huelgas de transportistas, la quema de comisarías y edificios gubernamentales y, sobre todo, miles de barricadas que rápidamente tabicaron la capital y los diez departamentos del país.


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Hace semanas que la escasez de combustible no deja de agravarse. Las largas colas que poblaban las estaciones de gas han cedido paso a puertas cerradas y playones vacíos, sin autos ni transeúntes. Los últimos galones de circulación legal fueron engullidos por el contrabando, y ahora sólo es posible conseguir combustible en la calle, tras arduas negociaciones y a precios imposibles. En estas refriegas es el pequeño consumidor quién lleva todas las de perder, desde el chofer que necesita echar a rodar su motocicleta para comprar su ración diaria de arroz con frijoles, hasta la vendedora que precisa encender su mechero para continuar sus ventas al menudeo en las horas sin sol. Las causas del desabastecimiento tienen que ver con las responsabilidades contraídas por el deficitario Estado haitiano, que adeuda pagos millonarios a la empresa que concentra las importaciones. Los monopolios, sin remordimientos, ajustan cuentas haciendo rechinar los dientes de toda la población con su poder de paralizar el país. Las calles están casi vacías, y los precios de todas las cosas, desde el transporte hasta la alimentación, se han disparado por los aires. La economía cotidiana está deshecha y está paralizado el trajinar diario de quiénes cada día luchan por su subsistencia en el país más pobre (o más bien, empobrecido) de todo el hemisferio.


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Mientras la agenda internacional se empecina en volver la mirada hacia la agredida Venezuela, la grave crisis haitiana pasa, una vez más, prácticamente desapercibida. Y es que a los motivos del aislamiento que sufre la nación caribeña, en donde los factores políticos y económicos son aún más determinantes que su condición insular o su singularidad lingüística, se suma un hecho fundamental. El ensimismado gobierno nacional de Jovenel Moïse, jaqueado por ocho días de protestas y repudiado por prácticamente todos los sectores de la vida nacional haitiana, viene de dar una significativa señal de alineamiento a la diplomacia de guerra norteamericana, al reconocer en la OEA al autoproclamado Juan Guaidó: “White dog”, como se ha dado en llamar al recientemente ungido “presidente” del Departamento de Estado. La política abstencionista que Haití venía sosteniendo junto a otras naciones caribeñas, había sido determinante para evitar que los Estados Unidos y el Grupo de Lima expulsaran a Venezuela del mismo organismo interregional en el mes de febrero del 2018. Ahora bien, la política pragmática y mendicante de Moïse malamente podría ser confundida con afinidad ideológica con el socialismo del siglo XXI. Al ser jalado de la correa, Moïse volvió rápidamente al redil, traicionando los vínculos históricos del país con Venezuela y, sobre todo, la generosa política sostenida por Hugo Chávez Frías y la plataforma de integración energética Petrocaribe desde el año 2005.
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Así es que a casi nadie conviene hoy señalar que si se trata de urgencias humanitarias, éxodos migratorios, inseguridad alimentaria, represión estatal y ausencia de democracia, el foco de las preocupaciones debería recaer sobre el devastado Haití y las miradas admonitorias sobre su clase política y sus puntales internacionales. Pero es evidente, dado el apoyo irrestricto de los Estados Unidos al apartheid israelí o al desquiciado régimen de la monarquía absolutista saudí, que de lo que se trata es de garantizar la explotación del crudo venezolano y de completar el proceso de recolonización continental, inaugurado con el golpe de Estado en Honduras hace ya exactamente una década. Lo demás son tan sólo coartadas más o menos imaginativas, como las armas de destrucción masiva de Iraq o el patrocinio de Cuba al terrorismo.
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A esta resonante indiferencia ante la crisis haitiana, debemos sumar también una explicación ligada al secular racismo de un mundo colonialmente estructurado desde los tiempos de la esclavitud plantacionista y el comercio triangular. Racismo que hace que diversos sectores, incluso progresistas o de “izquierda”, se encandilen ante la “elegancia” con que luchan en las calles parisinas miles de Chalecos Amarillos (ciertamente dignos), pero desprecian las batallas desesperadas de un pueblo negro y tercermundista que no ha cesado de movilizarse de a cientos de miles, e incluso de a millones, desde la insurrección popular de julio de 2018.

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La palabra “ladrón” tiene en creol, la lengua nacional de los haitianos, una connotación mucho más subida que en otras lenguas continentales como el portugués, el español y el inglés. No es un término de uso tan frecuente ni un vocablo para dispensar a la ligera. El robo es considerado una ofensa grave a toda la comunidad, por lo que en algunas zonas rurales aún se lo castiga severamente, con métodos de justicia autogestionados por las propias comunidades. Por eso es que caracterizar al presidente de la República y a toda la clase política como viles ladrones, es un hecho menos frecuente y aún más significativo que en muchos de nuestros países. La acusación se relaciona al desfalco de fondos públicos, probado por el Senado haitiano e investigado por el propio Tribunal Superior de Cuentas, que inculpa a altos funcionarios de Estado de la actual administración y de la anterior gestión presidencial de Michel Martelly. La suma, dilapidada por la clase política local en convenio con capitales diversos, es de unos 3.800 millones de dólares, previstos para atender las infinitas urgencias de infraestructura que tiene el país. Se trata de fondos que la Revolución Bolivariana otorgara generosamente en el marco de los programas de desarrollo de la Plataforma Petrocaribe.
Si a esta corrupción endémica sumamos la delicada situación de la economía y la sociedad haitianas, podremos comprender fácilmente los rencores acumulados y las ansias de trasformación social, expresadas en las calles por un mosaico que expresa contradictoriamente a sectores sindicales y políticos, urbanos y campesinos, eclesiásticos y empresarios, conservadores y radicales. Algunos indicadores económicos pueden ayudarnos a resumir rápidamente la situación: una devaluación de la moneda nacional, el gourde, de un 20 por ciento a lo largo del 2018; una inflación de dos dígitos que algunos analistas estiman en el orden del 14 o 15 por ciento; el derroche de recursos públicos en prebendas de todo tipo absorbidas por la clase política; el desmanejo económico de un Estado que ni siquiera cuenta con un presupuesto oficial desde que fuera retirado el previsto para el ciclo 2018-2019; los niveles alarmantes de desempleo y la completa informalidad del mundo laboral; la ruina pronunciada de la producción agrícola; el éxodo permanente de los jóvenes, expulsados del campo a la ciudad y de allí a países dónde son discriminados y super explotados; y por último, el hambre que golpea duramente a prácticamente un 60 por ciento de toda la población.


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Un carro blindado de las Naciones Unidas, conducido por militares extranjeros, perdió el control y embistió de lleno a untap tap, el popular medio de locomoción haitiano. El saldo, trágico, fue de cuatro muertos y nueve heridos. Un accidente involuntario, sin dudas. Pero el estupor y la bronca de los ciudadanos de a pie no parece deberse a la impericia del conductor, sino al hecho de no poder entender por qué un carro blindado, un vehículo de guerra, circula amenazante por un país pobre y sin fuerzas armadas, que no representa una amenaza para la seguridad de terceros países. Hace 15 años comenzó la llamada pacificación de Haití, impulsada por las Naciones Unidas y plasmada en la intervención de una fuerza militar y civil multilateral, la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH). Pero al día de hoy, la principal amenaza para la población, más que la inseguridad local (baja si la comparamos con su incidencia en el resto de la región) y aún más que el accionar sus propias fuerzas policiales, lo constituye la presencia de una fuerza de ocupación. Entre los atropellos se cuentan las violaciones sistemáticas a mujeres de los llamados “guetos”, entre siete mil y nueve mil víctimas fatales por la epidemia de cólera traída al país por un contingente de soldados nepalíes, y un número incierto de jóvenes asesinados en las barriadas de la capital Puerto Príncipe. En Haití, cómo podría suceder en Venezuela, la llamada “ayuda humanitaria” no ha sido más que una excelente coartada para violar la soberanía territorial de nuestras naciones. La pequeña nación caribeña es hoy un muestrario de lo que el “capitalismo humanitario” podría generar en Venezuela.


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Diez muertos ya reconocen las fuerzas policiales. Una media centena, e igual número de heridos, afirman enfáticamente sectores de la oposición y los movimientos sociales. En los últimos días, las calles y las redes sociales muestran una serie de imágenes escabrosas. Jóvenes y niños tendidos, agonizando, en las calles de la capital. Un militante popular socorrido por sus compañeros, tras ser derribado por una bala policial en las inmediaciones del parlamento. Una densa humareda negra que cubre la ciudad de forma casi permanente, generando un clima irrespirable. El mercado de Croix-des-Bossales, mil veces incendiado, mil veces reconstruido, otra vez reducido a una maraña de hierros retorcidos. Pero también hay imágenes indudablemente heroicas, con ese heroísmo propio de las gentes sencillas, sin margen, que se animan. Estar en las calles de Haití es hoy mucho más que una opción política y un gesto de coraje: es una necesidad vital, el cross desesperado de un pueblo contra las cuerdas. Hombres en sillas de ruedas o en muletas marchando bajo el sol abrasador de mediodía. Vendedoras y mujeres ancianas gritando sus consignas desaforadas frente a la represión policial. Y también, pequeños gestos de solidaridad internacional que titilan como luces tenues, y llegan al país saltando las barreras del idioma y la desidia.


“Nou gen dwa viv tankou moun” (“Tenemos derecho a vivir como personas”), se lee en una pancarta que sintetiza un programa mínimo, elemental, meramente humano. El programa de un pueblo que aún recuerda las glorias pasadas, que aún cree en las posibilidades de regeneración nacional y que busca fanáticamente, y por segunda vez, su independencia y su dignidad. Un pueblo que sufre, sí, pero que jamás se resigna.

*Por Lautaro Rivara desde Haití para Nodal / Imagen de portada: AP

15 febrero 2019 0
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Sábado, 16 Febrero 2019 06:18

Los gobiernos populares que ojalá vengan

Los gobiernos populares que ojalá vengan

Pasando por medio de los infiernos que viene causando esta guerra de bandas necesitamos construir visiones que devengan en opciones estratégicas de acuerdo a un escenario de confrontación perfectamente previsible para los próximos tiempos. . 

La estrategia norteamericana seguida por los europeos de ahogar de recursos al Estado y por su parte un gobierno que sigue ofrecido a lógica a mafiosas que podría repetirse a su manera en un gobierno tomado por los chivos de la oposición, obliga a las clases subalternas a salirse a como del lugar de este juego cargado a menos que la historia diga lo contrario, de un potencial altísimo de sangre y una guerra que llamaríamos mercenaria, protagonizada por grupúsculos armados desde fuera.


La bondad que expresan masas humanas que están de lado y lado se diluye en esta historia para convertirse en una historia esencialmente confrontativa y no de clases en sus distintas visiones sino de bandas de interés. Salirse de este juego supone un poder alternativo que tome el terreno de la vida, que haga de la política una respuesta práctica del pensamiento colectivo totalmente a distancia del Estado y los partidos que sostienen su legitimidad. Estado , partidos, juego de gestión política, que ya a estas alturas opera superando ideologías o destruyéndolas, convirtiéndolas en parte de su mismo sistema maquinico y tecnocratico de la política . Es un maquinismo político que a estas altura del capitalismo global no es otra cosa que un constructo mediatico sistemático y manipulado por lo cual cada quien va tejiendo su hegemonía, crea sus personajes y ofrecen su demagogia tratando de hacer de las crisis políticas económicas el alimento de su reproducción. Por supuesto siempre cercanos a las corporaciones mundiales y oligarquías nacionales que en definitiva no son más que la realidad misma del decadente capitalismo , son su sol y su sombra.
Nadie que aspire a los mandos centrales militares y estatales puede evitar su invasión y su sueño de un mundo esclavizado a ellas sea cual sea su procedencia Nacional. Estas corporaciones se desechan por un mundo artificial desde el trabajo hasta el alimento que sería creación de su misma tecnología subsumida a lo que desde el club de Roma (hijo del imperio sacroromano) hasta todas las fasonerías y clubes imperiales están inventando. Es un mundo fuera de la tierra, fuera de todo amor a esa diosa paleolítica que creó las condiciones orgánicas, urbanas, tecnológicas, de la civilización humana, antes de ser sociedades de explotación y guerras entre fuerzas y reinos sustentados en la esclavitud y el servilismo hasta llegar a nuestra moderna condición de esclavitud que es trabajo asalariado, la acumulación bárbara en pocas manos, es decir el capitalismo.


Por estos recintos del mundo, que se han emborrachado de esta lógica perversa despojado de esta nación no menos de 500 mil millones de dólares y la dolencia, hambruna, carencia total de medicamentos que esto contrae, las renuncias deseadas por millones de los personajes de mando de Estado al menos que se quiebre en su contra la base estructural de las ffaa no vendrá rápido. Mucho más veloz serán los cuadros de hambre y confrontación mercenaria, desechando las intervenciones extranjeras que no son otra cosa que parte de la película que está planteada. La intervención en si es parte de la película estratégica imperial que sirve como amenaza, como bloqueo armado hasta tanto no se cree el cuadro político completamente favorable a sus intereses. Algo que ya han logrado en la casi totalidad de Suramérica pero la guerra de bandas y la introducción de buena parte de las comandancias de las ffaa en la lógica mafiosa no lo ha hecho tan fácil, más allá de las imbecilidades y guerras internas de una oposición sin propósito otro que no sea sustituir este bandidaje por otro comandado por ellos


Es por ello mismo que se hace tan necesario el diseño estratégico alternativo al infiernillo creado. ¿De qué se trata? Reafirmar un punto sobre el cual pondríamos lo que sobre ello se fraguó como corriente histórica que fue el alma de lo que luchó por ser una revolución. Estamos hablando de la República autogobernante producida políticamente sobre algo que tomó el nombre de proceso popular constituyente. Todas las estructuras de poder y producción territoriales y locales, chupadas y destrozadas hoy por el mando de Estado, incluidos poderes como alcaldías, tienen que ser tomados por el poder común antes de que sea demasiado tarde y las nuevas mafias y el intervencionismo imperial y sus acompañantes se terminen de tragar esta República.


El tiempo es corto, la lucha de bandas y ojalá la huida de estos tránsfugas hoy bajo el mando de Estado los tenemos enfrente sea igualmente corta, pero lo que vendrá a continuación en nada se parece a los sueños de emancipación por los cuales luchamos. El camino es rápido pero la actividad decidida una necesidad que va a la dimensión de un presente casi horroroso. Tenemos que hacernos dueños de los territorios que nos dieron República y del aparataje de servicios por los cuales vivimos como comunidades urbanas. La revolución autogobernante tiene que ser un hecho antes de ser invadidos no por ejércitos sino por modalidades propias de lo sucedido en el medio Oriente.


El poder común y popular convertido en una verdadera síntesis de lo que llamamos gobierno popular tiene que nacer ya...no hay pueblo vencido.

Por: Roland Denis | Sábado, 16/02/2019 03:05 AM

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Viernes, 15 Febrero 2019 06:43

Paralizaron Puerto Príncipe

Paralizaron Puerto Príncipe

La capital permanece con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en las protestas, en las que al menos nueve personas han muerto.

 

Haití entró ayer en su octavo día consecutivo de paralización y protestas en reclamo de la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, situación que está provocando pérdidas millonarias en diferentes sectores.


La capital del empobrecido país, Puerto Príncipe, sigue paralizada, con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días de protestas, en las que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios.


En la exclusiva zona de Petionville, al sureste de la capital, algunos negocios se animaron este jueves a abrir sus puertas, pero el transporte público, al igual que en el resto de la capital, es prácticamente nulo, mientras la situación sigue deteriorándose.


Los 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Aquin, una pequeña ciudad costera del sur de Haití, escaparon este martes, confirmó el portavoz de la policía nacional. Una investigación se inició para determinar las circunstancias precisas de la fuga. Según testigos, una manifestación contra el presidente Jovenel Moise se estaba realizando frente a la comisaría vecina al penal de Aquin, una ciudad de unos 100.000 habitantes.

Los promotores de las protestas anunciaron más movilizaciones para ayer, al tiempo que volvieron a rechazar cualquier tipo de conversaciones con el presidente Moise, quien permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo. Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, se iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la Presidencia de Moise, un empresario del sector banano que llegó al poder sin experiencia en la política.


Las manifestaciones, que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina.


La economía de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1,4 por ciento en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2,2 por ciento que se pronosticó a principios del pasado año y que después fue reducido al 1,8 por ciento. Los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.


Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.


Por su parte el gobierno canadiense decidió ayer cerrar temporalmente su embajada en Puerto Príncipe frente a las protestas antigubernamentales que están sacudiendo las principales ciudades de Haití, en momentos en que un centenar de turistas de Quebec no pueden salir del país caribeño.


“Debido a la incertidumbre actual, la Embajada de Puerto Príncipe está cerrada hoy. Continuaremos evaluando la situación en los próximos días para garantizar que nuestros diplomáticos y sus familias estén a salvo”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado. Los nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores dejaron al menos un muerto el miércoles en Puerto Príncipe. Al menos siete personas perdieron la vida desde que comenzaron las protestas hace una. En medio de las protestas se registraron situaciones de violencia con armas de fuego y el bloqueo de varias carreteras por parte de manifestantes que instalaron barricadas.

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Un balance de las conversaciones del gobierno con el ELN

Ante Colombia y el mundo, a 6 meses de haberse iniciado el Gobierno de Iván Duque y a dos años de haberse instalado la Mesa pública de conversaciones en Quito, el ELN, les comparte un breve balance sobre este proceso de diálogo para la construcción de una salida política al conflicto interno; reseñando acuerdos y pasos logrados, con el propósito de que esta perspectiva sea conocida, y no se renuncie a este esfuerzo por cerrar este largo ciclo de confrontación interna.


Tras el asesinato de Gaitán en 1948, Colombia cayó en una larga noche de atroz violencia, conducida por las élites gobernantes, en estrecha alianza con los Estados Unidos; luego en los años sesenta la insurgencia revolucionaria se alzó para reclamar dignidad, soberanía y participación del pueblo.


Décadas después, en medio de un ascendente conflicto armado, político y social, a finales de los años ochenta, consciente de la ferocidad de la guerra sucia del régimen y de la necesidad de no responder de la misma manera, el ELN formuló la necesidad de Humanizar la guerra. Así, por separado y junto con otras organizaciones insurgentes de la época, suscribió compromisos de regulación, con base en reglas del Derecho Humanitario.


Desde la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar emprendimos varios Diálogos de Paz, a comienzos de los años noventa, en Caracas, Venezuela, y en Tlaxcala, México.


El ELN volvió a explorar esa vía en 1998, haciendo un llamado a la sociedad a participar en el proceso de paz. Tanto en Alemania como en Suiza, y en diferentes territorios de Colombia, desarrolló encuentros con propuestas de solución política, ruta que siguió ensayando en un proceso de diálogo, con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Cuba entre 2005 y 2007, experiencias que no pudieron completarse. Tuvo que esperarse varios años para nuevos acercamientos entre las dos partes contendientes.


El marco del actual Proceso de Paz


La búsqueda continuó en un nuevo proceso, en el que nos hallamos aún, cuando desde 2012 el ELN fue convocado por el presidente Juan Manuel Santos a unos diálogos exploratorios y confidenciales, bajo la condición de realizarlos en medio de la confrontación, en el exterior y sin intermediarios.


Después de cerca de cuatro años de decenas de reuniones secretas en Venezuela, Ecuador y Brasil, fructificó en la firma de un “Acuerdo de Diálogos para la Paz de Colombia”, el 30 de marzo de 2016, y su correspondiente Agenda [1], suscrito por el Estado colombiano y el ELN ante seis países Garantes (Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela), dando noticia de este compromiso al mundo entero en esa fecha.


Enseguida se elaboraron Protocolos entre ambos contendientes para concretar aspectos básicos que se abordan en todo proceso de paz en cualquier parte del mundo, relativos al funcionamiento de la Mesa de conversaciones, el traslado y estadía de la Delegación del ELN; y sobre qué hacer ante una eventual ruptura de los diálogos [2], señalando para esa hipótesis, unas reglas de respeto entre las partes y de retorno a Colombia de los Miembros Representantes del ELN, en concordancia con el Derecho Consuetudinario Internacional.


El acatamiento de ambas partes a lo acordado, tuvo no sólo como fuente los principios de buena fe y confianza legítima que aparecen consagrados en la ley del Estado colombiano y el Derecho Internacional, sino que de acuerdo a las normas de orden público y paz (ley 418 de 1997 y sucesivas reformas), el Estado procedió a la suspensión de las órdenes de captura de los Miembros Representantes del ELN.


Como fue pactado en la Agenda de 2016, el Proceso de Paz acordado no fue de sometimiento de una parte a la otra, sino para desarrollar conversaciones para “terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”.


Es decir para superar la violencia de manera dialogada y procesual, con participación de la sociedad (punto 1º), en búsqueda de “Democracia” y “Transformaciones para la paz” (puntos 2º y 3º), o sea mínimos cambios verdaderos, con una visión de justicia comprensiva de los derechos de las víctimas (punto 4º).


Especificando aspectos propios del fin del conflicto (punto 5º), como “sacar la violencia de la política” y para avanzar en “el tránsito del ELN a la política legal”, indicando contenidos esenciales como los siguientes: “a. Definición de la situación jurídica del ELN y sus integrantes; b. Condiciones y garantías de seguridad para el ELN; c. Condiciones y garantías para el ejercicio de la política para el ELN; d. Tratar la privación de libertad de los miembros del ELN procesados o condenados...”
Inicio de la fase pública en Ecuador


A partir de situaciones contenciosas relacionadas con asuntos humanitarios referidos a la privación de la libertad de varias personas, materia tratada y resuelta por las partes el 10 de octubre de 2016 en Caracas, en enero de 2017, las partes suscribimos los “Acuerdos de “Cotacachi, Imbabura”, del 18 de enero de 2017 [3], por los que procedimos a dejar en libertad personas retenidas por el ELN. el Gobierno concedió 2 indultos y nombró a dos Gestores de Paz del ELN; que permitió la instalación de la Mesa en la fase formal y pública el 7 de febrero de 2017, en Ecuador.


Ambas partes, conscientes de ajustes necesarios, habíamos convenido desde octubre de 2016 no sólo tratar el primer punto concerniente a la “Participación de la Sociedad en la construcción de la Paz” (punto 1º), y establecer una sub mesa para simultáneamente tratar el sub-punto 5f: “Dinámicas y acciones humanitarias”. Esta última materia concentró gran parte de los debates de ese ciclo, siendo suscrito por las partes un Acuerdo de reconocimiento de un “Marco de Referencia Común” [4], para realizar dinámicas humanitarias, mediante acciones y acuerdos de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con los que se disminuya la intensidad del conflicto.


En los dos ciclos posteriores se avanzó en Acuerdos atinentes el Reglamento de funcionamiento de la Mesa, la constitución del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación (Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Suiza); y se llegó al Acuerdo de Pedagogía y Comunicación para la Paz, el 5 de junio (Comunicado conjunto Nº1 y Comunicado conjunto Nº3, del 16 de febrero y el 6 de junio de 2017), entre otras materias.


A finales de julio de 2017, ya en el tercer ciclo de los diálogos, se dio mandato a una Comisión de las partes para preparar un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN), pactado el 4 de septiembre en la Cancillería ecuatoriana en el “Acuerdo de Quito” [5], horas antes de la llegada a Colombia de Su Santidad el Papa Francisco.


Dicho Acuerdo comprendió ocho (8) Protocolos cuya aplicación fue supervisada por delegados de las partes y por Misiones de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Las partes solicitaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la verificación y monitoreo del cese al fuego [6], que tuvo vigencia 101 días, a partir del Primero de octubre de 2018, el que tuvo importantes logros.


En octubre de 2017, en las condiciones propiciadas por el Cese al Fuego, las partes contendientes desarrollaron actividades de pedagogía en diferentes zonas del país, para darle cumplimiento en sus diferentes y respectivas estructuras y territorios del ELN.


Un primer Acuerdo sobre Participación de la Sociedad, permitió realizar las Audiencias Preparatorias, en octubre y noviembre en la ciudad de Bogotá, en las que integrantes de la Mesa de conversaciones interactuaron directamente con cientos de organizaciones e instituciones colombianas, escuchando sus experiencias y sus propuestas en torno a esa participación y a la metodología de la misma [7].


Así mismo el 3 de noviembre de 2017 se suscribió un Acuerdo referido a un Programa Puntual de Desminado Humanitario, y se realizó el día 17 de ese mes la Segunda Audiencia de la Mesa sobre el Chocó (la primera se efectuó el 31 de agosto de 2017) atendiendo ambas partes a delegados y delegadas de organizaciones civiles de ese departamento, en la perspectiva de pactar en ese territorio unos compromisos humanitarios, con la participación de las comunidades, el Gobierno y el ELN, para aliviar a la población de los efectos del conflicto armado.


El 1º de diciembre de 2017 terminó el 4º ciclo de la Mesa de Conversaciones iniciado el 23 de octubre, siendo uno de los acuerdos establecer en Bogotá una Mesa Transitoria relativa al Cese al fuego, para buscar solución a hechos violatorios, y a diferencias de interpretación, surgidas sobre los Protocolos del cese. Así mismo en esta ronda, el 25 de octubre se estableció el Fondo con recursos del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC) al proceso, para financiar gastos de la Delegación del ELN en el Proceso de Paz y algunas actividades de la Mesa de Conversaciones.


Del 10 de enero al 15 de marzo de 2018 el proceso de conversaciones sufrió una crisis que finalmente se superó, siendo iniciados este día los trabajos del 5º ciclo [8]; en el que, se comenzó la evaluación del Cese al Fuego por las partes, la ONU y la Iglesia Católica. De igual modo se reconocieron, evaluaron y proyectaron las Audiencias Preparatorias para el diseño de la participación de la sociedad en el Proceso de Paz.


Los trabajos fueron desarrollados con intensidad hasta el 18 de abril de 2018, fecha en la cual se suspendió abruptamente la Mesa de Conversaciones, por la decisión de Ecuador de dejar de ser país Garante del proceso.


Conversaciones en Cuba


En Maiquetía, Venezuela, el 5 de mayo de 2018, las partes acordaron solicitar a la República de Cuba ser la nueve sede y pactaron proyectar trabajos de cara a un nuevo Cese al Fuego, el desarrollo de la Participación social, en búsqueda de un “Acuerdo Marco”, que diera continuidad al Proceso Paz y a la Mesa de conversaciones. Agradecieron a Venezuela por la hospitalidad, así como a los países que estuvieron dispuestos a albergar la Mesa. De esa reunión se emitió el Comunicado conjunto Nº 11 [9].


En La Habana, el día 9 de mayo, las partes se reencontraron y dieron continuidad desde el siguiente día al 5º ciclo, dando mandato a las Comisiones y Sub-mesas que tratarían los temas acordados: Cese al Fuego y Participación de la Sociedad. Además se realizaron encuentros con la Iglesia Católica, plataformas y redes de trabajo de Mujeres por la paz, las Naciones Unidas (ONU); al igual que con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para el desarrollo de acciones humanitarias.


Del 25 al 29 de mayo el ELN cumplió a cabalidad el Cese al Fuego Unilateral ofrecido al país para el desarrollo de la jornada electoral, así como se hizo de nuevo otro cese de varios días en junio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido el actual presidente Iván Duque. En absoluto estos gestos fueron correspondidos por el Estado colombiano.


El 15 de junio de 2018 las partes emitieron un comunicado de cierre del 5º ciclo de las conversaciones, dando a conocer sus conclusiones generales [10].


Del 2 de julio al 1º de agosto de 2018, se desarrolló el sexto y último ciclo de conversaciones, en el cual se debatieron las bases de un nuevo Cese al Fuego y de Asuntos Humanitarios, también sesionó la Sub-mesa de Participación, quedando avanzados los trabajos conforme a los mandatos que la Mesa otorgó.


En dicha labor asistieron oficiales activos de la Fuerza Pública, así como sesionaron la Plenaria de la Mesa en reuniones bilaterales ampliadas con la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y otros delegados presidenciales y facilitadores.


Aunque no se logró la firma de un nuevo Cese al Fuego, sin duda quedaron expuestas por las partes posiciones y avances a considerar en desarrollo del Proceso de Paz.


En este ciclo también se lograron acuerdos parciales sobre el diseño de la participación de la sociedad referidos a los “Fundamentos” de la misma, quedando pendientes por concluir lo referido al carácter y la metodología.


Congelamiento unilateral por el actual Gobierno


Cumplidos seis meses desde la posesión de Iván Duque, nos hallamos los miembros representantes del ELN en La Habana a la espera de una decisión constructiva del Jefe del Estado y el restablecimiento de dicha Mesa de Conversaciones.


En el intercambio realizado con la administración Duque se han dado hechos concluyentes, encaminados no sólo a la solución de situaciones humanitarias, sino indicando razonablemente de modo más amplio, el interés de sostener encuentros para debatir y tratar distintos temas, ajustes o nuevas reglas en el proceso, como es de público conocimiento.


Nunca el ELN ha dicho que hay temas vedados; por el contrario está dispuesto a escuchar, y para ello ha pedido se produzcan reuniones y condiciones propicias. Sin embargo, la respuesta ha sido la dilación y el decaimiento de la Mesa de Conversaciones.


El ELN en estos meses liberó miembros de la Fuerza Pública capturados y otras personas retenidas, sino que declaró y cumplió a cabalidad un cese al fuego unilateral, entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019. Sin embargo, el Gobierno mantiene unas “líneas rojas” y exige requisitos previos al ELN, que han obstaculizado el reinicio de las negociaciones de paz.


El Presidente Duque el 18 de enero de 2019, en reacción a la operación sobre el cuartel de la Policía Nacional en Bogotá, realizada por el ELN un día antes, pidió se activaran las órdenes de captura de quienes integramos la Delegación de Diálogos.


Además, el Gobierno Nacional, tomo la determinación de no cumplir el “Protocolo de Procedimientos ante una Ruptura de los Diálogos”, suscrito el 5 de abril de 2016 entre dignatarios de ambas partes y en presencia de lo Países Garantes del Proceso.


Tal posición la mantiene, pese a que múltiples voces entre ellas la de Cuba y Noruega, como países Garantes, así como Alemania y otros Estados, junto con expertos juristas, tratadistas y dirigentes políticos, y distintas y diversas organizaciones; los que han recordado que corresponde cumplir ese pacto, pues no hacerlo echa por tierra los pilares del Derecho Internacional, compromete la responsabilidad y la credibilidad internacional de Colombia, configura un crimen de perfidia, crea un nefasto precedente a nivel mundial, e inhabilita esfuerzos internacionales para futuros procesos de paz, entre otras razones.


Como lo hicimos el 21 de enero de 2019, cuando la Dirección Nacional del ELN explicó las razones de ese hecho bélico y asumió su responsabilidad, expresamos entonces y ahora que nos duelen los muertos de ambas partes y que no nos ufanamos de los contendientes caídos.


Así mismo formulamos con plena conciencia nuestro deber de seguir trabajando por la paz, por la solución política al largo conflicto armado, construyendo acuerdos para una salida basada en cambios básicos urgentes.


Tal expectativa es legítima, no sólo por tratarse de un mandato constitucional y legal conforme a la juridicidad estatal, sino por ser una obligación jurídica, ética y política internacional de los Estados, buscar la paz por vías dialogadas conforme a instrumentos y valores del derecho más avanzado de los pueblos y naciones civilizadas, hacia una resolución definitiva y firme, solucionando las causas y aliviando las consecuencias de la confrontación.


Compromisos por la paz


No sólo existe un Acuerdo general suscrito entre el Estado colombiano y el ELN en 2016 y acuerdos posteriores que desarrollan esa Agenda, sino que le da sustento a este proceso un profundo anhelo de solución política que gran parte del pueblo colombiano ha respaldado y que cultiva a diario esperando que ambas partes volvamos a dialogar, para lo cual nos han hecho un llamamiento.


El ELN creyó y cree en la buena fe, en la confianza legítima entre las partes, como principios rectores de éste y otros procesos de paz en el mundo. Así mismo ratifica su compromiso con un cese al Fuego Bilateral y con el derecho humanitario estando abierto a llegar a acuerdos en estas materias.
Le planteamos de nuevo al Presidente Duque se aplique el Protocolo de retorno a Colombia, con los procedimientos y las garantías ya fijados. Del mismo modo mantener y darle continuidad a las conversaciones de paz.


La Delegación de Diálogos del ELN invita a las organizaciones sociales, al movimiento popular, a los dirigentes políticos, a la Iglesia Católica, a líderes religiosos, a entidades humanitarias, a plataformas de mujeres, medio ambiente y derechos humanos, a organismos internacionales, a representantes de otros gobiernos y parlamentarios en otros países, así como a académicos y asociaciones de jueces, tomar en cuenta los acuerdos y avances que acá hemos reseñado (ver lista de anexos), construidos junto con el Estado colombiano, y hacer depósito urgente de los mismos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que este acumulado de pactos y propuestas sea preservado por Naciones Unidas, para cuando exista voluntad de reiniciar el proceso de paz, convencidos que el futuro de Colombia no puede ser la guerra.

Notas


[1] http://eln-paz.org/index.php/delegacion/acuerdos/13-acuerdo-de-dialogos-para-la-paz
[2] https://eln-voces.com/protocolo-de-procedimientos-ante-una-ruptura-de-los-dialogos
[3] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/34-comunicado-conjunto-n-01
[4] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/50-finalizacion-primer-ciclo-de-conversaciones
[5] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/77-acuerdo-de-quito
[6] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/98-funciones-de-la-onu-durante-el-cese-bilateral
[7] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/102-estamos-listos-para-la-participacion-comunicado-conjunto
[8] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/166-comunicado-conjunto-n-7
[9] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/192-comunicado-conjunto-n-11
[10] http://eln-paz.org/index.php/comunicados/comunicados-conjuntos/218-comunicado-conjunto-n-15

 

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Aspecto de la manifestación convocada por Juan Guaidó, presidente de la AN, ayer en Caracas.Foto Afp

La ayuda humanitaria ingresará a Venezuela el día 23 "sí o sí": Guaidó

Multitudinarias marchas, tanto de opositores como de chavistas, en Caracas y otros puntos del país

 

Caracas. "La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela", advirtió este martes Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (AN, declarada en desacato), ante decenas de miles de seguidores congregados en la zona este de la capital, al anunciar que la asistencia otorgada por Estados Unidos ingresará al país el 23 de febrero, un mes después de que se proclamó "presidente encargado", en una declaración que el mandatario, Nicolás Maduro, calificó de intento de violación de la soberanía.

Desde una tarima, Guaidó pidió a unos 250 mil voluntarios organizarse este fin de semana en asambleas, cabildos y campamentos humanitarios itinerantes para crear un plan que habilite el acceso a la ayuda. “Atentos –dijo–, porque tendremos que ir en caravanas, en protesta, en organización, en movilización”.

Mientras la multitud ondeaba banderas de Venezuela y pancartas con consignas como: "No más dictadura", Guaidó llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a sumarse a su movimiento y permitir el ingreso de la "ayuda" al país.

Alimentos y medicinas enviados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos a petición de Guaidó, reconocido por unos 50 países como "presidente encargado", están almacenados desde hace cinco días en un centro de acopio instalado de la ciudad colombiana de Cúcuta, que conecta con Táchira, en Venezuela.

El puente de Las Tienditas no está en uso desde 2015 debido a un ataque de paramilitares colombianos. Este acceso fue bloqueado hace una semana por el ejército venezolano con un camión cisterna, dos contenedores de carga pesada y una malla de metal para evitar el paso de la "ayuda". El gobierno ha acusado que la entrega de esa "asistencia" sería el pretexto para una intervención militar estadunidense.

Con la finalidad de agilizar el ingreso se habilitó el lunes pasado un segundo centro de acopio en el estado brasileño de Roraima, también fronterizo con Venezuela, pero ha recibido fuertes críticas porque el gobierno del presidente neofascista Jair Bolsonaro no solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la autorización para instalarlo.

En el Día de la Juventud Invencible, el presidente Maduro encabezó en el centro de Caracas una multitudinaria protesta en rechazo a una "intervención imperialista" en la que se recordaron a los muertos que dejaron las protestas del mes pasado.

"Yo quiero la paz para Venezuela, todos queremos la paz, que los tambores de guerra se alejen, que las amenazas de invasión militar se alejen", dijo el mandatario mientras los asistentes vestidos con playeras y gorras rojas gritaban: “yanquis, go home”.

Las manifestaciones opositoras y chavistas se repitieron en otros puntos del país, como en el poblado de Ureña, perteneciente a Táchira, y en el suroriental estado de Bolívar, entre otros.

En entrevista para la cadena británica BBC, Maduro dijo que "en Venezuela no hay hambruna" y enunció varios puntos de la campaña de Washigton en contra del país petrolero, que van "desde un bloqueo económico, la difusión de noticias falsas y la amenaza de acciones militares, hasta la preparación de un golpe de Estado".

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo durante una reunión con los gobernadores en Caracas que la ayuda enviada por Estados Unidos "viene contaminada y envenenada, es cancerígena, se podría decir que son armas biológicas". Relacionó las acciones estadunidenses con la intervención a Nicaragua en 1986, donde camuflaron armamento militar en camiones de asistencia alimentaria.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó a Guaidó a dialogar en el Mecanismo de Montevideo. Durante un encuentro con los 120 miembros del Movimiento de Países No Alineados en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, expresó que su gobierno quiere "profundizar la cooperación con agencias de la ONU en ámbitos en los que la economía venezolana ha sido muy impactada".

 

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Sí se puede: los movimientos vuelven a la calle en Brasil

Los movimientos sociales brasileños están recuperando las calles durante el primer mes del gobierno de Jair Bolsonaro. Entre el 10 de enero y el 5 de febrero el Movimiento Pase Libre (MPL) realizó cinco manifestaciones en Sao Paulo, en pleno verano, contra el aumento de la tarifa del autobús a 4,30 reales (1,2 dólares o 23 pesos mexicanos ¡cada trayecto!). Lo que supone que una parte considerable del salario mínimo debe ser invertido para moverse por la ciudad.


Recordemos que el MPL fue el movimiento que protagonizó las jornadas de Junio de 2013, protestando contra el aumento del transporte en plena Copa de las Confederaciones, y demandando por el acceso igualitario a la ciudad. Sao Paulo tiene más de 300 helipuertos utilizados por la elite empresaria, mientras la población trabajadora debe gastar entre 3 y 4 dólares diarios y cuatro a cinco horas para transportarse en la megalópolis.


Cinco años atrás las movilizaciones del MPL fueron duramente reprimidas y en respuesta salieron a la calle 20 millones de personas durante el mes de junio, protestando contra la desigualdad. La derecha tuvo la capacidad de montarse sobre la oleada de descontento, mientras la izquierda estaba desconcertada, y aprovechó la coyuntura para desestabilizar al gobierno de Dilma Rousseff.


Ahora el MPL vuelve a las calles, que en realidad nunca abandonó. Las cinco manifestaciones tuvieron características comunes, que se pueden seguir en las crónicas del artista plástico e historiador Gavin Adams (https://outraspalavras.net/author/gavinadams/).,


La primera es que participan mayoritariamente jóvenes, varones y mujeres, en general estudiantes activistas. La segunda es la masiva presencia policial, con tanques anti-disturbios llamados caveiroes (por la calavera pintada que tienen), blindados que se usan habitualmente en las favelas. También había soldados, motocicletas y coches policiales, en un despliegue intimidatorio evidente. La represión con balas de goma y gases lacrimógenos fue constante asícomo los cercos a los manifestantes (kettling, una técnica inaugurada en Brasil durante el Mundial de Fútbol 2014 por el gobierno de Dilma), que inmovilizan cientos de personas.


La tercera es que las manifestaciones fueron combativas, tanto por los lemas que se coreaban como por haber hecho frente a la policía, con firmeza y serenidad. Los jóvenes se dispersan en pequeños grupos, para evitar que nadie quede aislado y sea víctima de los verdes.


La cuarta es que las marchas oscilaron entre 500 y 15 mil personas, cifras importantes en el verano paulista y, sobre todo, ante el clima de furor bolsonarista que se respira en Brasil. Son militantes organizados, que están dispuestos a salir a la calle contra viento y marea, desafiando el aislamiento y la represión.


El hecho del que el MPL retorne con fuerza a la calle, contribuye a animar a otros colectivos. El día de la cuarta marcha, a fines de enero, había cuatro movilizaciones: la del MPL; otra contra el desastre de la minera Vale en Brumadinho que costó la vida de 300 personas entre muertos y desaparecidos bajo el barro; un acto de los Sin Techo (MTST) por el derecho a la vivienda; y otro de apoyo al diputado Jean Wyllys, que desistió del cargo por estar amenazado por los paramiliatres que ya asesinaron a su compañera de partido, Marielle Franco.
Es interesante constara cómo la derecha ya no puede convocar masas a sus actos. En enero realizaron también una concentración en Sao Paulo contra Renán Calheiros, un ex aliado de Lula que era candidato a encabezar el senado. Convocada por el grupo Vem Pra Rua, que cuatro años atrás sacaba millones a las calles, apenas acudieron 150 manifestantes. En contrate, la manifestación en defensa de los pueblos indígenas, cuyos territorios están en la mira del gobierno, agrupó más de dos mil personas


La última cuestión es sin duda la más importante. Luego de la quinta manifestación el MPL decidió cerrar el ciclo de actividades en el centro de la ciudad para trasladarse a los barrios. Algo así ya hicieron varios grupos del MPL en la decena de ciudades donde actúan, luego de que la derecha copara las marchas en 2013. Sin embargo, es una decisión de profundo contenido político, que muestra los objetivos a largo plazo de movimiento: organizar a las camadas más pobres en sus propios territorios, allí donde no llegan ni los sindicatos ni los partidos de izquierda, pero sí los evangélicos y las milicias paramilitares.


El MPL está articulando las luchas del pasado con las que están naciendo y se proyectan hacia el futuro, en un arduo trabajo de organización pero también mostrando que es posible tomar la iniciativa aunque los analistas y los políticos de arriba digan que no hay condiciones para ello. Todo un ejemplo de ética abajo y a la izquierda, que está abriendo los senderosdel futuro.


11 febrero 2019

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Lunes, 11 Febrero 2019 06:43

Distancia del poder

Distancia del poder

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Yanis Varoufakis, ex ministro de hacienda griego y forjador de la iniciativa política de izquierda DIEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), sostuvieron un breve intercambio por medio digital.

El primero afirmó: “He estado preguntándome cómo será el lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin siquiera tener el bosquejo de un plan para conseguirlo de forma segura”. El segundo replicó: "Probablemente sea muy similar al lugar reservado para quienes diseñaron una unión monetaria sin una unión bancaria apropiada y, una vez que la crisis estalló, transfirieron cínicamente las gigantescas pérdidas de los bancos a los hombros de los más débiles que pagan impuestos".

Este intercambio es indicativo de las grandes tensiones que se han creando y profundizado en la Unión Europa y en el mecanismo monetario del euro como moneda común.

Es sólo uno de los diversos elementos de dichas tensiones que han cobrado un creciente impulso nacionalista, populista y xenófobo en los países de la región. La situación económica se ha sostenido sin superar la crisis financiera de 2008, con una fragilidad institucional y mayor desigualdad económica en muchas de esas naciones. El proyecto de una Europa integrada política y económicamente está en una de sus etapas más bajas.

El Brexit está en el centro del conflicto como expresión de las contradicciones existentes. Los políticos británicos han mostrado durante mucho tiempo su incapacidad para formular un proyecto nacional y se han empantanado en un plan que no cuaja.

Una de las preguntas que surgen al respecto tiene que ver con las fuertes discrepancias que hay entre la ciudadanía y los políticos; esto, en términos de las voluntades que se expresan cuando se vota y los mandatos que se reciben y cómo se ejecutan en el tiempo.

Vale la pena considerar si los políticos pro Brexit siguen representando la voluntad de los votantes en el referendo de 2016 una vez que se conocen más las consecuencias adversas del proceso. Habrá que discutir cómo se estipulan las responsabilidades de los legisladores y de los responsables del gobierno. Gran Bretaña tiene un sistema parlamentario, y es ahí donde se ha sostenido la primera ministra mediante una serie de componendas partidarias.

Un proceso similar en cuanto a la representatividad y capacidad de gobernar se aprecia ahora en España. Con una derecha relanzada, un secesionismo catalán duro y manifestaciones de rompimiento en materia presupuestal ponen al borde de la caída al gobierno en funciones.

En Venezuela, el conflicto político y social escala día tras día. Las estructuras legales son endebles y la injerencia externa se amplía incluso con la avenencia de la oposición al gobierno. El sistema está roto.

¿Y los ciudadanos qué quieren? ¿Cómo expresan sus deseos y sus exigencias disímiles? ¿Cómo responden los regímenes democráticos a estas contradicciones? ¿Cuáles son las formas del autoritarismo o de apertura que prevalecen? ¿Qué sabemos y cómo lo sabemos? Me refiero a la democracia tal como existe en el siglo XXI. En esta región, los casos de Venezuela, Brasil o México muestran algunos de los puntos divergentes.

Un recorrido por el territorio político en América Latina muestra claramente la diversidad que adoptan los conflictos. La distancia entre los gobiernos y los ciudadanos crece, los grandes consensos se debilitan, las referencias comunes en la sociedad se desdibujan o son de corta duración.

Ningún gobierno debería abrogarse la representación unívoca de la voluntad o incluso de las preferencias de los ciudadanos. El acto de votar es un momento político que, para convertirse en compromiso entre quien elige y quienes gobiernan y legislan, exige referencias comunes que son, me temo, las que se han ido perdiendo.

Las sociedades no son homogéneas y no puede forzarse esa cualidad desde el Estado o el gobierno. Son las instituciones sociales y políticas, con sus inescapables imperfecciones, las que pueden provocar algún sentimiento de compromiso, incluso de lealtad, algunas referencias compartidas que hagan posible la convivencia social en el ámbito definido.

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Lunes, 11 Febrero 2019 06:30

¡Ahí vienen los socialistas!

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez forma parte del nuevo grupo de congresistas estadunidenses que se identifican como "socialistas democráticos".Foto Ap

Suenen las alarmas, ahí vienen los socialistas, declaró el jefe del régimen estadunidense en su informe presidencial. No se sabía que Estados Unidos estaba amenazado por el socialismo, supuestamente eso se había terminado con el desmantelamiento de un muro.

Fue el estreno de uno de los mensajes de la campaña de relección y acompañará a la otra amenaza representada por los inmigrantes "peligrosos". Seguramente se decidió con harta nostalgia recurrir de nuevo a la amenaza del "socialismo"; siempre ha funcionado antes.

Pero a diferencia de las últimas décadas, lo más curioso es que ahora tal vez tengan cierta razón.

En su informe a la nación esta semana, Trump, después de autoelogiar su deseo de cambiar el régimen de Venezuela, inmediatamente agregó que “estamos alarmados por nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país… Nacimos libres y permaneceremos libres. Esta noche renovamos nuestra determinación de que América nunca será un país socialista”.

No era accidental que Venezuela fuera parte del mensaje, ya que el mandatario y sus aliados han intentado atacar a algunos demócratas como promotores de un socialismo estilo venezolano.

A finales del año pasado, el Consejo de Asesores Económicos del la Casa Blanca emitió un informe sobre la amenaza, cuyo primer párrafo afirma que "Coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx, el socialismo está resurgiendo en el discurso político estadunidense", y señala que propuestas políticas de "autodeclarados socialistas están generando apoyo en el Congreso y entre gran parte del electorado".

Claro, es un término muy ambiguo, y aparentemente para algunos, están hablando de políticos como el senador Bernie Sanders y un grupo de nuevos diputados/as –entre las más conocidas Alexandria Ocasio-Cortez– que se identifican como "socialistas democráticos", quienes lejos de ser radicales –no proponen sustituir el sistema capitalista– serían considerados como "moderados" en tiempos de Franklin D. Roosevelt. Pero sus propuestas para promover y ampliar los programas de apoyo social, educación, salud y gravar más a los más ricos son calificadas por sus enemigos de "socialismo".

Es un término con raíces en movimientos masivos a lo largo de casi siglo y medio en este país, y fue empleado para reprimirlos en las campañas contra "los rojos", quienes frecuentemente eran inmigrantes. A la vez, vale recordar que el maestro político de Trump, el abogado Roy Cohn, fue el brazo derecho del senador Joe McCarthy en su campaña anticomunista de los años 50. Esa palabra, desde entonces, se convirtió en definición del "enemigo" a lo largo de la guerra fría.

Pero la nueva alarma sobre el socialismo promovida por Trump y sus aliados, no es necesariamente imaginada. Como hemos reportado repetidamente en La Jornada, al mismo tiempo que estaba surgiendo el fenómeno neofascista de Trump, también había otro fenómeno: una creciente percepción positiva del "socialismo". De hecho, Gallup reportó el año pasado que por primera vez las bases demócratas expresaban una percepción más positiva del socialismo (57 por ciento) que del capitalismo (47 por ciento). No sólo eso, sino que entre todos los jóvenes (18 a 29 años), la mayoría tienen una percepción positiva del socialismo.

Casi todos que expresan este apoyo están hablando de reformas y límites al capitalismo, no su sustitución; o sea, una visión socialdemócrata. El propio Sanders emplea como modelo para sus propuestas los países escandinavos.

Sin embargo, seguramente es alarmante que todas las encuestas recientes muestran que "el socialista" Sanders le ganaría a Trump en la elección presidencial de 2020 (y por más de 10 puntos). Mas aún, mayorías de estadunidenses apoyan las propuestas políticas presentadas por los "socialistas democráticos", en torno a seguros de salud, mayores impuestos sobre los ricos, más recursos para escuelas públicas y una economía más justa.

¿Y si de repente Estados Unidos es gobernado por un régimen socialista, habrá algún país o tal vez la OEA que envíe fondos a la "oposición" y amenace con intervenir para "rescatar" a este pueblo de su expresión democrática?

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Duquismo, modelo de Desarrollo y política fiscal 2019-2022

Este artículo comenta las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y evalúa el sistema fiscal que lo soporta.

 

El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia decreta que “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”.

 

El PND no es equivalente al Presupuesto General de la Nación (PGN). Están relacionados, pero son diferentes: el PND hace referencia al “Plan de inversiones” durante el período de gobierno presidencial y el PGN es el instrumento financiero anual del Estado que equilibra el total de ingresos públicos, según fuentes, y el total de gasto público, según funciones del Estado y beneficiarios.

 

El PGN 2019 aprobado por el Congreso tuvo un valor inicial de $258,9 billones. Con la “ley de financiamiento” (primera reforma tributaria de Duque) que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2019, el PGN se incrementó en $7.8 billones, para un total de $266,7 billones, equivalente al 26,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019. La estructura porcentual del PGN 2019 es: 61 por ciento para funcionamiento del estado, 20 por ciento para el pago de deuda pública y el 19 restante para inversión.

 

Las bases del PND del presidente Iván Duque (2018-2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, describe el conjunto de lineamientos y programas de la política pública durante su gobierno. Este se enmarca en la ecuación: “legalidad más emprendimiento igual a equidad”. Su fundamentación se inspira en las ideologías populistas de derecha; en general, carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Los 12 componentes y los 38 lineamientos que estructuran al mismo describen una lista general de los buenos deseos de su gobierno, pero no presentan articulación, coordinación y correspondencia con los obstáculos, identificados en las bases del PND, que limitan el desarrollo del país o los factores que aceleran el cambio social (diagrama 1).

 

p12

 

 

La contradicción es explicita al comparar el discurso populista de derecha del PND frente al monto, estructura y asignación real del PGN 2019 (diagrama 2). Este último expresa la inflexibilidad inercial de la hacienda pública colombiana (determinada por los poderes fácticos que definen quiénes pagan y quiénes se benefician de la carga tributaria) y su carácter corporativista, asistencial y clientelar. Las finanzas públicas son, por antonomasia, un problema de economía política. Éstas crean lazos económicos y políticos entre el Estado, las fuentes de los ingresos y los grupos privados que se apropian del gasto público. El presupuesto materializa la política pública. Las acciones gubernamentales, como lo afirmó el premio Nobel de economía 1986 James McGill Buchanan, persiguen el autointerés de políticos y cabilderos, en vez del bienestar público.

 

Los poderes de facto, la oligarquía (empresarial, financiera y terrateniente), fuerzas armadas y de policía, tecnocracia y clase política, iglesias cristianas y evangélicas, todos mantienen intactos sus privilegios coloniales. Ellos gozan de fueros especiales que se traducen, entre otros, en exenciones tributarias y apropiación generosa del gasto público.

 

En Colombia, durante la década de 1970, el total de recaudo tributario del Gobierno nacional era de alrededor del 9 por ciento del PIB. El control directo de éste para el año 2019 escala a 26,1 por ciento. De acuerdo con la Ley de Wagner, el desarrollo económico de un país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público, por dos tipos de razones: i) una sociedad más desarrollada es también más compleja con un mayor número de conflictos entre sus miembros, lo que exige una mayor intervención del Estado en su solución; ii) por la caracterización de los bienes y servicios públicos como bienes superiores y elásticos (su consumo o cantidad demandada se incrementa cuando aumenta el ingreso real de la sociedad), es decir la elasticidad-renta del gasto público es mayor que la unidad.

 

Estamos ante una realidad que sorprende: en contra del poder realmente existente entre nosotros, las tres últimas generaciones de colombianos dieron vida a la profunda y rápida modernización de la economía, la sociedad y las mentalidades, pese a lo cual el Estado no se transformó ni correspondió a éstos cambios.

 

El desproporcionado crecimiento de este Estado no generó sinergia con la producción económica o la elevación de la productividad y la eficiencia, o con los resultados en términos de florecimiento humano y progreso social. La causa de esta situación es simple, por el lado de los ingresos, la política fiscal mantiene la tradición de sobreexplotar a la clase trabajadora, mediante la regresiva estrategia de imponer crecientes y abusivos tributos a los ingresos laborales, gastos (IVA a la canasta de consumo familiar) y pequeña propiedad (negocios caseros, vivienda o vehículos), y de obstaculizar el crecimiento, progreso e innovación de la pequeña y mediana empresa con impuestos y parafiscales que alcanzan hasta el 70 por ciento de sus utilidades (sin restar las deducciones y subsidios al capital o la evasión y la elusión, práctica común de algunos empresarios)1.

 

Por el lado de los egresos, la característica general son los gastos improductivos: corrupción (de acuerdo con estudios de la Procuraduría, ésta alcanza una suma igual a 32 billones de pesos al año, cerca del 4% del PIB), nóminas burocráticas sobrevaloradas (los salarios de los 1,3 millones de funcionarios públicos son, en promedio, cinco veces más altos que lo percibido por los trabajadores comunes; además, los congresista y altos mandos del Estado devengan ingresos equivalentes a 50 salarios mínimos legales al mes), captura de rentas públicas por parte de partidos políticos y los socios de sus negocios, sostenimiento de un sobredimensionado aparato militar, policivo y de justicia al servicio del Gobierno y el capital y no de la ciudadanía común, y abigarrados programas de asistencialismo populista social con fines electorales, donde los políticos pueden sacar ventajas a sus intereses personales y de grupos, los cuales, a la vez, promueven y reproducen la dependencia social, la mentalidad mendicante y el sometimiento político, en lugar de la autonomía y el trabajo productivo y digno (así, por ejemplo, el programa de transferencias monetarias condicionadas “familias en acción” cubre a 2,5 millones de hogares con hijos menores de 18 años de edad).

 

La cultura corporativista dominante hace ver a los colombianos que el éxito no deriva del trabajo o del emprendimiento, sino del clientelismo y los contactos personales: del “saber quién” en lugar del “saber cómo”. En resumen, a la política y la economía las han marcado durante mucho tiempo las prácticas poco democráticas como el “patrimonialismo”, el “corporativismo” y el “clientelismo”2.

 

Economía y finanzas públicas

 

Colombia es presa del “mito de los recursos naturales”: la idea de que lo que hace ricos a los países es lo que se encuentra bajo su suelo o en la asignación “providencial” de bienes naturales. La mentalidad extractiva de las clases hegemónicas o dominantes es parte constitutiva del legado colonial. De acuerdo con la descripción de Daron Acemoglu y James Robinson3, las instituciones económicas y políticas “inclusivas” protegen los derechos de propiedad y fomentan la innovación y el cambio tecnológicos; al contrario, las instituciones económicas y políticas “extractivas” están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar al subconjunto dominante. En América Latina, afirman, las instituciones políticas y económicas extractivas de los conquistadores españoles han perdurado, condenando a gran parte de la clase trabajadora a la pobreza.

 

Durante las últimas décadas, la productividad nacional ha contribuido desfavorablemente al crecimiento económico (la productividad de los factores –capital y trabajo– es negativa durante lo corrido del siglo XXI). Las causas de este adverso comportamiento son muchas: incluyen la informalidad generalizada (dos tercios de la población económicamente activa), la baja inversión (20% del PIB), la poca pertinencia y la mala calidad de la educación, la insuficiencia del sistema de salud, la precariedad y falta de financiamiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la creciente corrupción, instituciones burocratizadas e ineficaces y una infraestructura deficiente o inexistente4. El crecimiento a largo plazo está determinado por la productividad, la que a su vez depende de la sofisticación tecnológica, el nivel educativo y las capacidades y destrezas de la fuerza laboral.

 

El crecimiento anual promedio de la economía colombiana en los últimos sesenta años alcanza un 4,1 por ciento. Durante los años 1960-1979 el ritmo anual medio de la actividad económica fue de 5,2 por ciento. Entre 1980 y 2002 el incremento anual cayó a 3 por ciento. Gracias al boom de las materias primas (petróleo y minerales), entre los años 2003 a 2014 la riqueza del país se expandió a una velocidad de 4,8 por ciento anual. Con el desplome y volatilidad de los precios de los hidrocarburos, entre 2015-2017, la economía disminuyó su cadencia a 2,3 por ciento anual. En 2018 el crecimiento fue de 2,7 por ciento y para el año 2019 se espera un crecimiento no superior a 3 (Gráfico 1).

 

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El boom de las materias primas ocultó a la sociedad colombiana grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las ramas de actividad y trabajadores, el atraso tecnológico, la poca diversificación de la economía, la corrupción público-privada y en la falta de competitividad de sus empresas. Mientras en los países desarrollados se innova y se crean nuevas fábricas, en Colombia se intensifica la actividad extractiva, se multiplican los centros comerciales y proliferan las ventas ambulantes.

 

La estructura económica refleja la deformidad de los países periféricos y subdesarrollados. La macrocefalia del sector terciario (comercio, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, comunicaciones y servicios) aporta el 66,1 por ciento del PIB; el sector primario (recursos naturales, agropecuario, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras) contribuye con el 12,1 por ciento; y el sector secundario (industria manufacturera, construcción, suministro de electricidad y gas, y distribución de agua) el otro 21,8 por ciento del PIB (Diagrama 2).

 

 

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Como un claro reflejo de este desempeño y estructura económica, las últimas tres generaciones de connacionales han tenido que enfrentar un alto nivel de desempleo, flexibilización y precarización de sus condiciones laborales: la tasa de desempleo es de 11 por cada 100 trabajadores en promedio anual durante los años 1960 a 2018. Durante los años 1960-1979 el porcentaje medio de la población económicamente activa sin trabajo fue de 8,9 por ciento. Entre 1980 y 2002 la tasa de desempleo se elevó a 12 por ciento. Durante el boom de las materias primas, 2003-2014, el desempleo apenas disminuyó a 10,7 por ciento, toda vez que las actividades extractivas son poco generadoras de puestos de trabajo. Durante la recesión de la economía en los años 2015 a 2017, el desempleo registró una tasa de 8,4 por ciento, si bien, la gran proporción de los ocupados permanecieron en actividades de “cuenta propia”, “trabajadores familiares sin remuneración” e informalidad. En los años 2018-2019 la tasa de desempleo vuelve a estar por encima del 9 por ciento. La fuerza de trabajo ocupada se distribuye en un 18 por ciento en el sector primario; un 19,5 por ciento en el secundario; y el 62,5 por ciento labora en el terciario (diagrama 2).

 

La explicación a la caída promedio del crecimiento económico durante los últimos sesenta años en relación con la menor tasa de desempleo y crecimiento de la fuerza de trabajo es sencilla: expresa la informalidad del mercado laboral, la menor productividad conjunta de los factores capital-trabajo y el parasitismo estatal unido al creciente gasto público improductivo.

 

La repartija del pastel

 

Distribución primaria del ingreso. El valor del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el año 2019 se estima en $1.025 billones (pesos corrientes). De acuerdo con la estructura de la distribución primaria del ingreso, el 69,4 por ciento es apropiado por los dueños del capital, patrones o empleadores (4,4% de la población ocupada según posición ocupacional) y el 30,4 por ciento por la clase trabajadora ocupada (22,3 millones de trabajadores). En impuestos netos, directos e indirectos, el sector empresarial transfiere al Estado el 20 por ciento de sus ganancias o utilidades (el ingreso neto disponible de la clase capitalista para consumo, ahorro e inversión es 49,4% del PIB) y los trabajadores otro 6,1 por ciento (a través del IVA a la canasta familiar, consumos, ingresos o impuestos a la propiedad del hogar; el ingreso disponible neto de todos los trabajadores y sus hogares para cubrir sus necesidades básicas es de sólo 24,3% del PIB). Estas dos transferencias (de los ingresos de empresarios y los trabajadores hacia el Estado) explican la apropiación del 26,1 por ciento del PIB por parte de la hacienda pública.

 

Distribución secundaria del ingreso. Uno de los problemas más graves del país, en la fase redistributiva, es la corrupción, en especial durante los procesos de contratación pública y en la ejecución de obras de infraestructura y programas sociales. Esta se ha vuelto sistemática. De acuerdo con las estimaciones conservadoras de la Procuraduría General de la Nación, producto de la corrupción endémica que acompaña al gasto público se pierde al año por lo menos el 2 por ciento del PIB (algunos cálculos llegan al 4% del mismo). La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos, realizada en el país en agosto de 2018, no logró superar el umbral para ser aprobada; en consecuencia, las siete propuestas quedaron en manos del Congreso y del Presidente. Pero a nadie le interesó seguir con el tema, ni al Congreso (dominado por el Centro Democrático, partido político opositor a la consulta anticorrupción) o al presidente Duque (vocero de los partidos del establecimiento, de las iglesias evangélicas y de los sectores poblacionales de la derecha colombiana), ni a los partidos políticos del establecimiento o a la gran mayoría de la ciudadanía. La corrupción es un hecho aceptado culturalmente y parte “natural del paisaje político”.

 

Otro componente importante del gasto público son las transferencias al capital financiero nacional y extranjero vía pago de la deuda pública. En 2019, el gobierno de Duque destina el 5,3 por ciento del PIB al servicio (pago de intereses principalmente, porque postergó mediante renegociación el pago del principal o capital) de la deuda pública. El Estado gasta por encima de la capacidad fiscal (el déficit alcanza el 3,5% del PIB) el cual es financiado con aumentos de la deuda pública (alcanzó el 53% del PIB al finalizar 2018) y el aumento del índice de precios al consumidor o inflación (en 2018 fue de 3,2%) que en la práctica es otro impuesto pagado por la clase trabajadora.

 

Insaciables. Los partidos políticos conforman carteles cuyo objetivo es la captura de rentas, el control de la burocracia del Estado o el intercambio mafioso de “favores”. Esto les permite subyugar la contratación pública y sujetar al Estado a la compinchería patrimonial o partidista en lugar de a la burocracia “meritocrática” proclamada por Max Weber –el gran sociólogo alemán– como sello distintivo del Estado moderno. Todo esto conduce a que el Estado sea débil, ineficaz, despilfarrador, corrupto y contrario a los intereses públicos. En pagos a la alta tecnocracia, directores de las ramas de poder y congresistas, unido a la captura de rentas, los partidos políticos del establecimiento logran apropiarse 2,1 por ciento del PIB (adicional al 2% de la corrupción). Además, con la “Ley de financiamiento”, el presidente Duque entregó, a partir de 2019, el 20 por ciento del PGN al manejo directo y discrecional de los congresistas; revivió, de esta forma, lo que antiguamente se conocía como “auxilios parlamentarios” y después, coloquialmente, “mermelada”.

 

Debido al crónico conflicto social5, en 2019 la administración Duque asigna 4,6 por ciento del PIB a gastos de las fuerzas militares, policía y justicia. La mano dura seguirá siendo la norma, pese a lo que pudiera pensarse como reflejo del Acuerdo de paz logrado con las Farc. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es la nación suramericana que más porcentaje de su PIB destina al gasto militar.

 

Por su parte, el gasto público social y los subsidios asistencialistas concentran el 10 por ciento del PIB. A pesar de su continuo aumento desde los mandatos constitucionales de 1991, el sistema institucional social se caracteriza por su precariedad, ineficiencia, baja calidad de los servicios, corrupción, desfinanciamiento y desvió hacia los estratos socioeconómicos privilegiados (en particular los subsidios a las desmesuradas pensiones que ganan los altos exfuncionarios de las diferentes ramas del poder público, oficiales retirados de las fuerzas armadas y los ex congresistas y miembros de la clase política).

 

El apalancamiento público en favor del crecimiento económico es marginal. A las actividades de mejoramiento de la infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, la administración Duque solo aporta en 2019 el 2 por ciento del PIB. También la dimensión ambiental es poco representativa dentro de las prioridades del Gobierno, cuenta con apenas el 0,1 por ciento del PIB.

 

La trampa de un Estado patrimonial, corporativista, asistencial y clientelista al servicio de los poderosos

 

Crecer en términos económicos cuesta, y para hacerlo por encima del necesario 5 por ciento anual el país está obligado a invertir por lo menos el 29 por ciento del PIB, en lugar de su promedio actual de 20 por ciento. El coeficiente de inversión relaciona la formación bruta de capital fijo con el PIB. La mayor transferencia de recursos privados, de empresarios y trabajadores al Estado, no genera un efecto multiplicador en la economía; al contrario, resta la capacidad de consumo, ahorro e inversión de la sociedad. Además, los crecientes impuestos que deben pagar la clase trabajadora mengua sustancialmente la demanda efectiva y afecta negativamente su calidad de vida. Estas dos situaciones debilitan la productividad, el crecimiento económico, el progreso social y el florecimiento humano. Las múltiples reformas tributarias durante las últimas tres décadas no han impulsado la inversión en las empresas, ni mejorado el bienestar de la clase trabajadora, ni fomentado el bienestar y la convivencia colectiva; al contrario han debilitado la productividad, fortalecido y profundizado al Estado clientelista, patrimonial, corrupto, belicista y corporativista.

 

Asimismo, el crecimiento de la riqueza de una sociedad requiere de instituciones económicas y políticas “inclusivas”. Además, este es impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación de calidad, las infraestructuras, el incremento del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, las restricciones a la compinchería política, la exclusión de los carteles políticos lumpen, la captura de rentas y la plutocracia que distorsionan la competencia en los mercados y la implementación de regulaciones financieras que reducen las burbujas especulativas. La sociedad colombiana es inviable si sigue dependiendo de las instituciones económicas y políticas “extractivas” y “rentistas”, continúa aupando la corrupción, la acumulación violenta, las burbujas inmobiliarias y explotando una mano de obra barata, poco educada y en expansión.

 

Para que esta sentencia no sea malentendida, es necesario recordar que en las últimas tres décadas los países que más han avanzado política, económica y socialmente son los que han logrado un consenso a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, la continua mejora de la competitividad, la internacionalización de sus comunidades y economías, la productividad y el desarrollo sostenible, las mejoras en infraestructura, la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la inclusión social (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, promover y garantizar los derechos humanos, la justicia y la paz). Los países que se han desviado de este consenso han fracasado en diversos grados y dimensiones6.

 


 

1 Según el informe “Paying taxes 2018”, del Banco Mundial y Price wáter house Coopers (PWC), la tasa total de impuestos y contribuciones que pagan las empresas en Colombia está en 69,8 por ciento: 22,2 por ciento recaen directo sobre las ganancias; 18,6 por ciento están ligados a impuestos laborales y 29 por ciento se pagan por otros impuestos.
2 El patrimonialismo se refiere al secuestro del gobierno por poderosos intereses privados; el corporativismo es la tendencia de un grupo o sector político, empresarial, sindical, profesional o social a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia o la democracia, ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros; el clientelismo define un patrón político en el que los caudillos o jefes políticos locales obtienen votos y lealtad política de grupos de seguidores a cambio de protección y acceso a los recursos del Estado.
3 Acemoglu, Daron y Robinson, James. (2013). Por qué fracasan los países. Editorial Planeta Colombiana S. A. pp. 95-98.
4 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S.A. Colombia, p. 50.
5 En Colombia, durante 2018 el número de homicidios volvió a aumentar a la cifra de 1.000 asesinatos en promedio cada mes. Durante el año 2016 los asesinatos habían descendido a 10.674; en 2017 se elevaron a 10.868; y en 2018 las víctimas de la violencia homicida alcanzaron la cifra de 11.600. La tasa de homicidios por 100.000 habitantes tocó un máximo de 79 en 1991; después, en al año 2016, cayó a un mínimo de 21,9; en 2017 reinició su alza al registrar un valor relativo de 22; en 2018 mantiene la tendencia creciente con 23,2.
6 Reid, Michael. (2018). El continente olvidado. Una historia de la nueva América Latina. Editorial Planeta Colombiana S. A. Colombia, p. 430.
* Economista político y filósofo humanista. Miembro de los comités editoriales de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

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