Miércoles, 04 Agosto 2021 05:52

Líbano en caída libre

Líbano en caída libre

Cuando el 4 de agosto de 2020 explotaron 552 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de su capital, Líbano ya estaba atravesando una crisis política y económica debido a la pandemia y a la falta de legitimidad de su clase política, en jaque por la serie de manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. A los habituales cortes de electricidad y faltantes de bienes de primera necesidad se le sumaron el desplome de la moneda y un corralito que debilitó la actividad económica.

La explosión complicó aún más el escenario, llevándose la vida de más de 200 personas, hiriendo a miles y dejando sin hogar a cientos de miles y para muchos fue la evidencia del fracaso de todo el sistema político e institucional. El gobierno, paralizado hace 9 meses por la falta de acuerdos internos, pero sobre todo por la puja de intereses entre los líderes de las sectas que lo conforman, prometió una investigación que tendría sus primeros resultados a los 5 días, pero luego de un año aún no se dieron a conocer las responsabilidades del caso y hace pocos días la policía reprimió brutalmente a un grupo de familiares de víctimas que pedían justicia.

La crisis libanesa no se debe sólo a factores internos. Por su propia ubicación geográfica y su composición demográfico-política, este pequeño país de Medio Oriente ha sido desde mediados del siglo XX el epicentro de las intrigas e intereses de diferentes sectores que llevaron al país a la guerra civil (1975-1990) y la creación de Hezbollah en 1982, convertida años más tarde en un partido político con ejército propio, con el apoyo de Irán y Siria. La guerra comenzada en este vecino país en 2011 complejizó aún más el escenario ya que mientras los milicianos de Hezbollah participan en apoyo a la dictadura de al-Assad, más de un millón de sirios que huyeron de la guerra se refugian actualmente en Líbano sumándose a los miles de palestinos, iraquíes y kurdos desplazados por otros conflictos en la región.

El crecimiento y la hegemonía de la agrupación -tanto territorial como política- hace que cualquier posible acuerdo político lo beneficie, y a ello se debe en gran parte la parálisis gubernamental por las presiones de otro actor que disputa la hegemonía en la región; Arabia Saudita, que apoya al sector sunnita. Otro actor interesado en mantener su presencia en el país es Francia, que hoy impulsa una nueva conferencia de donantes para recaudar fondos, la sexta del tipo en los últimos 20 años, la mayoría con condiciones de reformas que nunca se realizaron y a través de las cuales busca mantener su presencia colonial en el país y su rol como baluarte de la civilización occidental.

Si bien los interesados en mantener el statu quo en el país han forjado una clase política capaz de reinventarse y subsistir, el pueblo libanés también ha sabido hacerlo y, a pesar de las incontables dificultades, se ha organizado para sobrevivir a este nuevo trauma social. Aquel día de la explosión miles de personas de todos los puntos del país llegaron a Beirut para ayudar a quitar el vidrio y el polvo que había quedado desparramado por la ciudad, ofrecer viandas y cobijo a los damnificados. Esta red de contención fue fundamental a lo largo de este año y se articula con aquellos sectores que comenzaron en 2019 a pedir una apertura del sistema político que los incluya; estudiantes, trabajadores, organizaciones de derechos humanos y feministas, pueden fortalecerse en esta crisis para construir una alternativa política que salve al país del abismo.

Por Carolina Bracco

03/08/2021

Carolina Bracco es politóloga y doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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Miércoles, 04 Agosto 2021 05:39

La maldita correlación de fuerzas

La maldita correlación de fuerzas

El sentido preciso del populismo

 

Es cierto que no existe ninguna instancia desde donde se pueda medir como es el estado de la "correlación de fuerzas".

La autonomía de lo político no permite ese lugar exterior desde donde se podrían evaluar con objetividad las fuerzas que hacen a la contienda. Esto se torna más verdadero que nunca cuando se percibe la proximidad de un Acontecimiento en ciernes. 

¿Qué pasa si no ganamos ? ¿Y qué pasa si ganamos? discutieron Lenin y Troski en la antesala última de la Revolución. En eso la apuesta es total y no se puede postergar la decisión esperando que lleguen las famosas condiciones objetivas. Lo propio de un Acontecimiento es que no exista regla externa que pueda medir su verdadero alcance. Se lo acompaña por la verdad de su interpelación. 

Sin embargo lo político no se hace solo con el momento instituyente del Acontecer. También juega el suceder de los días corrientes donde las fuerzas que constituyen al antagonismo siguen vivas su curso cotidiano. 

Y en ese caso la llamada correlación de fuerzas aunque siempre estará atravesada por el cálculo imposible, el arte de lo político no puede dejarla ausente.

Toni Negri relata en su biografía que cuando Aldo Moro fue muerto las luchas obreras no iban a poder sostener semejante acto. Fue su lectura de una correlación. Es más, cuando le pregunté en Buenos Aires por el declive de la izquierda italiana, no dudó en responderme que fue a partir de que él fue inculpado por ese crimen y detenido.

En otro sentido, veamos los casos donde se prescinde de la misma: cuando la izquierda vernácula proclama que no se debe pagar la Deuda con el FMI y se debe repartir ese dinero para paliar las heridas del pueblo

¿Quién podría estar en desacuerdo ? Si se mira todo desde las imposiciones del Capitalismo cualquiera de esas medidas se presentan como racionales y justas. Pero si se introduce la lógica de la maldita correlación de fuerzas de inmediato sabemos: 

1) Que si se pudiera tomar una medida semejante no solo no sería necesario ni siquiera pronunciarla, más bien directamente se debería proceder con el acto de justicia.

2) Debería haber un contexto internacional que apoye la decisión para que luego no sea el pueblo el que termine pagando las consecuencias reales de las declaraciones osadas.

Estos sencillos ejemplos son para afirmar una vez más que no tiene sentido estar a favor o en contra de la correlación de fuerzas. Esta es una relación indecidible.

En ciertas ocasiones, la apelación a la misma testimonia de una cobardía política donde las cuentas nunca terminan de salir.

En otras es un ejercicio imprudente que olvida que desde Maquiavelo a Gramsci, el arte de lo político pasa por la construcción efectiva de una mayoría política, una voluntad colectiva que se apropie de la decisión histórica. Y esto no es "posibilismo". Es Populismo en el sentido preciso del término, la radicalidad de una decisión no se mide por sus enunciados sino por sus efectos transformadores. Siempre habrá un momento para no tener en cuenta la correlación de fuerzas y otro para situarse inevitablemente con respecto a la misma.

Jorge Alemán

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Feroz resistencia juvenil a paramilitares de Uribe

Desde el 28 de abril, por la brecha que abrió el paro decidido por las centrales sindicales, cientos de miles de jóvenes irrumpieron en las calles de Colombia mostrando niveles de radicalidad y de organización que sorprendieron a una sociedad cansada de paramilitares y narcos.

Inicialmente fueron grandes manifestaciones, todos los días, que salían de las periferias empobrecidas y llegaban al centro de las ciudades, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimía sin contemplaciones, con exceso en el uso de la fuerza y usando armamento de guerra, como los lanzadores Venom que disparan 30 cartuchos de forma simultánea y que pueden causar unas heridas de gravedad si se usan de una manera indebida.

Lo más notable, empero, es que los y las jóvenes (porque la participación de mujeres es notable) no se echaron atrás ni ante la represión policial ni ante el accionar de grupos paramilitares que tienen un largo historial de violencia.

No puede sorprender, por lo tanto, que los datos aportados por organismos de derechos humanos afirmen que hasta el 7 de julio la policía ha matado a 64 manifestantes, mientras decenas han desaparecido. Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la acción paramilitar se ha cobrado, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, la vida de 753 líderes y lideresas sociales y 276 excombatientes de las FARC firmantes de los acuerdos.

En todas las ciudades se formaron primeras líneas, que son modos de autodefensa colectiva, muy bien organizadas, para impedir que el Esmad agreda y eventualmente asesine a los jóvenes. Pero también son, digamos, un principio de orden: desde cierto lugar en adelante, las primeras líneas impiden el paso a toda persona que parezca policía infiltrado, paramilitar o narco.

También se formaron puntos de resistencia, espacios urbanos liberados de la presencia policial o paramilitar, donde los vecinos se sienten seguros, porque la inseguridad en Colombia la traen los armados, con o sin uniforme. Dentro de esos puntos los jóvenes conviven con la comunidad, que les ofrece comida, agua y baño, en una muestra de que las diferencias pueden convivir en paz y alegría.

Uno de los hechos más comentados durante la revuelta es que los jóvenes de distintas barras del fútbol, que en la vida diaria se odian y enfrentan, convivieron sin el menor problema, así como adultos y jóvenes, en espacios donde también se escuchan los más diversos gustos musicales que van mutando según la hora del día.

En Cali se formaron 25 puntos de resistencia, algunos sobrevivieron más de diez semanas hasta que las topadoras del Esmad los destruyeron. En cuanto las primeras líneas, las hubo de lo más diversas: si bien la mayoría estaban integradas por jóvenes, con cascos, gafas de alto impacto, chalecos y escudos, las hubo también de madres para proteger a sus hijos y de religiosos. Todos llevan las caras cubiertas, para evitar ser identificados.

Sorprende la decisión, el compromiso, la disciplina casi militar y un manejo profesional del espacio y del orden, que les permitió un "récord de 22 horas de confrontación entre la Fuerza Pública y las Primeras Líneas", en la ciudad de Usme, periferia de Bogotá, el pasado 20 de julio.

De hecho, las primeras líneas tienen una disciplina similar a la que puede apreciarse en la Guardia Indígena, que no es vertical ni asalariada como la policía estatal, pero es mucho más efectiva ya que consigue mantener a los muy armados y entrenados cuerpos represivos a prudente distancia.

En todos los puntos de resistencia hay comedores comunitarios, espacios de salud atendidos por brigadistas (llamados puntos fijos) y han montado bibliotecas en centros de atención inmediata de la policía, que previamente fueron desmantelados y ocupados.

En algunas ocasiones, las brigadas de REDPAS en Bogotá y del Bloque Popular de Salud de Medellín se dotan de comandantes que encabezan los grupos para asistir a los heridos, que son muchos y en ocasiones requieren atención especializada.

En Puerto Resistencia, el más emblemático espacio resistente de Cali, los vecinos levantaron un enorme monumento de más de 10 metros de altura, construido en cemento y pintado con emblemas de la revuelta, con los rostros de los asesinados y los escudos de las primeras líneas. El antimonumento Resiste fue construido durante 19 días por cientos de personas, mostrando una energía colectiva y una disciplina para el trabajo sorprendentes.

¿Cómo ha surgido este elevado nivel de organización, con tareas bien definidas para la defensa a través del combate, la división del trabajo para los cuidados y la vida cotidiana?

Creo que un elemento central ha sido la formación que le ha dado a la población el paramilitarismo de un Estado criminal, gobernado por una fracción ultra y fanática como es el uribismo. Una formación por la negativa y para superar el miedo, de forma colectiva.

Todos en Colombia saben de los falsos positivos y de las casas de pique.

Los primeros son civiles que sin participar en ningún combate ni estar siquiera organizados en grupos políticos, fueron asesinados por militares y presentados como "bajas en combate" para obtener beneficios y premios. Según la Junta Especial para la Paz, entre 2002 y 2008 (cuando gobernaba Álvaro Uribe) fueron asesinados de ese modo 6.402 personas. Cerca de 1.500 militares estuvieron involucrados en la práctica de los falsos positivos.

Las casas de pique fueron creadas por los narcos para secuestrar, descuartizar y desaparecer a quienes les molestaban. La práctica fue luego utilizada por los paramilitares y se sigue usando ahora. En Cali aparecieron bolsas con restos humanos, diseminadas en varios lugares, como forma de intimidar a los manifestantes, ya que se presume que sean restos de desaparecidos durante la revuelta.

Lo cierto es que décadas de criminalidad estatal y paraestatal convencieron a varias generaciones de que deben cuidarse, de que ejercer sus más elementales derechos es peligroso y que pueden ser asesinados en cualquier momento. El uribismo ha sido una fuente de aprendizaje inestimable para los jóvenes colombianos que el neoliberalismo les ha robado su futuro y, si no se cuidan, sus vidas.

Raúl Zibechi, agosto 2, 2021

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Martes, 03 Agosto 2021 06:15

México: el referéndum que no fue

México: el referéndum que no fue

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó a un referéndum para juzgar a los ex-presidentes. La escasa afluencia electoral evidenció que la consulta popular solo fue acompañada por el núcleo duro que acompaña al presidente. Se perdió, así, la oportunidad para la realización de un verdadero desagravio colectivo.

El 1 de agosto los mexicanos fueron convocados a las urnas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una consulta popular para enjuiciar a los ex-presidentes del país. Sin embargo, solo 6,5 millones de personas, menos de 8% del electorado, fueron a votar. Quienes concurrieron a las urnas se expresaron casi unánimemente a favor del juicio a los ex-mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que gobernaron durante las últimas tres décadas: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se trató de una votación masiva, pero que se encuentra muy por debajo del 40% necesario para que la consulta popular tenga carácter vinculante. Esto explica la razón por la que ha sido leída como una derrota del obradorismo, aun cuando los obradoristas la consideran un éxito. Pero si bien los millones que acudieron a las urnas mostraron que existe una sensibilidad respecto de la impunidad y la justicia y una disposición a la participación, está lejos de que se pueda considerar como un triunfo del gobierno. La baja asistencia electoral y las interferencias que viciaron el proceso de ejercicio democrático así lo indican.

La ambigüedad de la propuesta inicial se colocaba, desde el inicio, en una línea débil entre legitimidad y legalidad, ya que sugería la posibilidad de revertir la impunidad a través de un juicio político (una Comisión de la Verdad o un Tribunal Popular), pero también de abrir el camino a «liberar» acciones legales que, de tener sustento jurídico, debieran perseguirse de oficio, sin necesidad de un referéndum. Desde un inicio la consulta se podía leer, alternativamente, como una forma de «justicialismo» simbólico o como un intento de legitimar en las urnas el recurso a la legalidad. Ambas lecturas son reveladoras de la condición real y de las percepciones del Estado de derecho reinante en México.

Por otra parte, diversos poderes –institucionales y fácticos– obstaculizaron el proceso. La Corte Suprema difirió la fecha para que no coincidiera con las elecciones intermedias de junio pasado, a la vez que modificó la pregunta haciéndola más abstracta y confusa. La última redacción preguntaba: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) no fomentó la asistencia a las urnas, argumentando falta de recursos, al tiempo que frenó la campaña de los promotores. El partido mayoritario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó el cambio de fecha y de pregunta para no retrasar el proceso y, sin convicción, con el desgaste de la elección intermedia a cuestas, llamó a votar, pero sin saber ni querer movilizar más allá de las inercias propias de una maquinaria electoral de corte tradicional.

La consulta fue, a fin de cuentas, otra oportunidad fallida de Morena de lograr un protagonismo y no figurar como una simple emanación del carisma presidencial o una agencia de distribución de cuadros y funcionarios en los distintos ámbitos de representación o de la administración pública. Por su parte, el presidente López Obrador no quiso meterse en la contienda para resguardar su figura institucional (incluso no fue a votar), a pesar de que el tema del juicio a los ex-presidentes emana directamente de su caracterización del neoliberalismo como corrupción y despojo del sector público por parte de la que denomina «la mafia del poder». Por último, la arremetida de la prensa opositora y del ejército de opinólogos y «comentócratas» que son las voces –y hacen las veces– de una oposición partidaria desacreditada, sin proyecto, liderazgos ni bases organizadas, hizo lo propio descalificando el proceso y llamando a la abstención.

En estas condiciones adversas, la gran mayoría de la población no fue a votar por desidia o desinterés, por ser opositores a la Cuarta Transformación o por estar decepcionados por tres años de malabarismos progresistas-conservadores. Los casi siete millones que fueron a las urnas, descontando el décimo que votó en contra, corresponden a la base dura del obradorismo, tanto la ideológica como la clientelar, a la cual hay que sumar a aquellos sectores progresistas y de izquierda, activos y conscientes, más o menos (des)organizados, que no pertenecen orgánicamente al campo obradorista pero que fueron parte de las luchas antineoliberales de las décadas pasadas y de las que están en curso.

Sorprendente, en este sentido, ha sido el llamado a votar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otras organizaciones más o menos independientes del obradorismo, en particular las que fueron víctimas de represión o las que representan a sectores afectados por las decisiones políticas del gobierno. También ha sido manifiesta la participación espontánea de muchos ciudadanos que vivieron y padecieron los sexenios de los presidentes anteriores, sintiéndose agraviados en sus creencias y en sus condiciones de existencia.

Más allá de la pequeña política, dos sentidos profundos de la consulta permiten sopesar lo que quiso ser y lo que fue solo en parte, dejando la sensación de un ejercicio fallido. El de fondo es que se trataba de un necesario desagravio colectivo. El de forma implicaba la apertura de una instancia institucional de democracia participativa.

La consulta popular sobre el juicio a los ex-presidentes quería y podía ser el acto de apertura de un proceso de desagravio. En efecto, la memoria colectiva registra tres décadas de historia nacional marcadas por un serie interminable de agravios que un connotado intelectual obradorista, Pedro Miguel, trató de enlistar en un artículo en La Jornada. Todo aquellos que fueron (fuimos) parte de esta historia de abusos de poder y de despojo de lo público, y de las resistencias y las luchas que le correspondieron, se sintieron interpelados por una consulta que pretendía revertir la impunidad de los responsables y sufrieron las interferencias que finalmente la hicieron descarrillar.

En un país presidencialista en el que la concentración real y simbólica del poder en una figura unipersonal sexenal es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio hacia los ex-presidentes es parte de sentimientos políticos difusos y persistentes. Esto no deja de distorsionar la percepción de la real conformación del poder político, el andamiaje tecnocrático y partidario, el entramado con los poderes fácticos. Valga la ironía de la historia de que, en el discurso obradorista que acompañó la consulta, Salinas era acusado del fraude de 1988 por el que resultó electo, sin contemplar que, en su realización, jugó un papel protagónico el secretario de gobernación de aquel entonces, Manuel Bartlett, hoy aliado de López Obrador e integrante de su gobierno.

En todo caso, el resultado de la consulta, más allá del triunfalismo de López Obrador –para quien todo siempre es un éxito– trunca el camino institucional de un posible desagravio colectivo al restarle legitimidad al camino propiamente judicial que apuntaba a desmantelar las ataduras que garantizan la impunidad de los ex-presidentes. Al mismo tiempo, es evidente que los millones que fueron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento difuso y de una voluntad política que serían más que suficientes para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y de juicio político.

Por otro lado, la consulta popular representaba la inauguración de una forma de democracia participativa que había tenido sus antecedentes más relevantes en algunas convocatorias masivas de corte antineoliberal en la segunda mitad de la década de 1990, promovidas y realizadas por movimientos sociales y partidos opositores: el zapatismo, que hizo de este formato una práctica recurrente y distintiva, pero también el movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000 y el mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, en contra de la deuda contraída por el gobierno de Zedillo, en una consulta en la que votaron tres millones de personas.

Por otra parte, hay que señalar que, en la retórica obradorista actual, parece confundirse la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de la consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, el presupuesto participativo (reducido actualmente a microprácticas hiperburocratizadas en la Ciudad de México), la democratización de los espacios laborales y educativos, la participación asamblearia comunitaria o territorial y el reconocimiento de dinámicas autónomas de organización como formas de participación y democracia directa. Así que, como respuesta inmediata a la decepción respecto de los resultados de la consulta, el obradorismo, después del ritual triunfalista, se proyectó hacia delante. López Obrador declaró que, en ocasión de la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022, la participación será masiva, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no, por ejemplo, modificar la ley actual de consulta que fue elaborada durante el sexenio de Peña Nieto. Amén de la apertura de otras formas de democracia participativa, la próxima convocatoria, ligada a la continuidad de la figura unipersonal del presidente de turno, teñirá inevitablemente de una lógica plebiscitaria el uso incipiente de la forma referéndum.

En conclusión, una consulta que podía ser un importante acto político, una señal de un viraje significativo, aun limitado y relativo, respecto del historial de agravios e impunidad de las últimas tres décadas y de apertura de nuevas formas de participación política, resultó, por una serie de factores y de responsabilidades que incluyen a los mismos promotores, en un ejercicio fallido que corre el riesgo de asentar un antecedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares que no sean de carácter estrictamente plebiscitario. 

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Pedro Castillo quiere fortalecer la Celac y reactivar Unasur

Claves de la política exterior del nuevo gobierno de Perú

“Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que sólo afectan a los pueblos”, dijo el nuevo canciller Héctor Béjar. La derecha quiere un ministro alineado con EE.UU. 

 

Una política exterior “abierta y democrática”, que priorice la integración regional, el fortalecimiento de organismos como la Celac y el Grupo Andino, y la reactivación de Unasur, anunció el nuevo canciller peruano Héctor Béjar al asumir el cargo este lunes. En su primer discurso como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “la autonomía e independencia serán un principio esencial de la nueva diplomacia peruana, las decisiones se tomarán en función de los intereses del nosotros, que es la expresión colectiva de la nación, y no de intereses de otros”. Es una declaración que anuncia un cambio de una política exterior que en el último tiempo ha sido cuestionada por su dependencia de Washington.

Blanco de la derecha

El nuevo canciller peruano, sociólogo de 85 años, es un viejo militante de la izquierda que participó en las guerrillas guevaristas de los años sesenta. Es un reconocido intelectual y profesor universitario. Su viejo pasado guerrillero y su larga militancia izquierdista lo han convertido en blanco de la derecha, que exige su salida del gabinete con un discurso abiertamente macartista que se ha convertido en hegemónico en los medios. La derecha quiere un canciller alineado con la política exterior estadounidense, que se dedique a condenar a Cuba y Venezuela, que se olvide de Unasur y la integración regional. Béjar no entra en ese perfil. Por eso presionan para lograr su salida.

El canciller puso énfasis en decir que su gestión trabajará por fortalecer la integración y cooperación regional “sin distinciones ideológicas”. “América Latina -precisó- es y será la prioridad geográfica y sociológica de la política exterior. Es nuestro entorno inmediato, territorial, histórico, económico, social y cultural. El espacio de nuestra propia historia. Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó Unasur. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización, como el organismo de cooperación y consulta que afirme en este mundo global la identidad propia de Sudamérica. Reinsertaremos vigorosamente la presencia peruana en la Celac, trabajaremos en su fortalecimiento e impulsaremos su capacidad de acción”, señaló. También anunció una política para “revalorar” y “modernizar” la Comunidad Andina, formada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Distancia con el Grupo de Lima

No mencionó al Grupo de Lima, formado para promover la caída del gobierno venezolano y convertido en vocero internacional de la oposición al régimen de ese país, que el Perú ha integrado con entusiasmo en los anteriores gobiernos, pero fue claro en señalar que el nuevo gobierno se guiará por el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros países” y que en ese marco buscará contribuir a un diálogo entre los distinto sectores venezolanos y no el enfrentamiento con el gobierno de ese país. Un claro distanciamiento del Grupo de Lima.

“Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna”, anunció, revelando la intención de un acercamiento al Grupo de Contacto, que, a diferencia del Grupo de Lima que apuesta por el enfrentamiento, busca el diálogo entre todas las partes en conflicto en Venezuela, “Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, que se respeten los derechos sociales de los venezolanos. Tengan en cuenta que en Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal”, apuntó, para escándalo de la derecha. 

En una de sus primeras acciones como canciller, Béjar se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y expresó su intención de mejorar las relaciones entre ambos países. La derecha le saltó al cuello. Béjar, tranquilo, respondió que su tarea es mejorar las relaciones “con todos los países”, que se ha reunido y lo seguirá haciendo con distintos cancilleres, parte esencial de su trabajo. En un breve encuentro con los medios, le preguntaron si se reunirá con el embajador en Lima del fantasmal gobierno de Juan Guaidó, reconocido por los anteriores gobiernos peruanos. “No sé quién es ese señor, no lo conozco”, respondió irónico.

Fue enfático en condenar los bloqueos, como los que sufren Cuba y Venezuela, aunque no mencionó directamente a estos países al referirse a este tema. “Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos”, dijo en su discurso con el que se estrenó como canciller.

El presidente Pedro Castillo ha enfatizado que su prioridad es la lucha contra la pandemia y la vacunación, y Béjar ha indicado que eso se trasladará a la política exterior promoviendo iniciativas a nivel regional “para establecer acuerdos y estrategias comunes”. “Sudamérica y América Latina -afirmó- tienen una deuda pendiente con sus pueblos para articular una acción conjunta y responsable en la lucha regional contra la covid- 19. Nuestros países tienen la obligación ética de cooperar en esta lucha, independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos”.

En el inicio de su gestión, el canciller destacó que la defensa de los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, de los pueblos indígenas, de las minorías sexuales, las políticas de igualdad de género, la defensa del medioambiente, serán parte central de la nueva política exterior peruana

Por Carlos Noriega

02/08/2021

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Seguidores de Ebrahim Raisi celebran su victoria en las elecciones presidenciales de Irán, en Teherán. — Majid Asgaripour/WANA / REUTERS

La asunción de la presidencia por Ebrahim Raisi esta semana coincide con uno de los momentos más delicados de Irán, tanto en el interior como en sus relaciones con EEUU y en las negociaciones para la vuelta al acuerdo nuclear. Raisi tiene que adoptar inmediatamente decisiones difíciles en un país sacudido por las protestas, acosado por Israel y con una economía necesitada con urgencia de oxígeno.

 

La concurrencia de elementos cargados de violencia ha conducido a Irán a una tensión sin precedentes justo cuando esta semana se produce el cambio en la presidencia del país con la entrada del conservador Ebrahim Raisi, quien deberá hacer frente a una de las situaciones más complejas de los últimos años.

Las recientes protestas en la provincia de Juzestán, que se iniciaron el 15 de julio y luego se extendieron a otras regiones, incluida Teherán, han sido reprimidas por las autoridades con resolución y con un balance de muertos significativo. Juzestán se encuentra en el golfo Pérsico, justo al lado de Irak, y está habitado por una población de lengua árabe que en parte tiene ambiciones secesionistas.

La espita de las protestas es la escasez de agua debido a una sequía sin precedentes, pero los manifestantes exigen un cambio de régimen con consignas contra el líder supremo Ali Jamenei y el gobierno. Lógicamente, las protestas se alientan desde el extranjero, especialmente desde Israel, y no es casual que la seguridad iraní haya anunciado la detención de un grupo de agentes del Mosad que pretendían desestabilizar el país, algo que no es la primera vez que ocurre.

Pocos días después, el jueves por la noche, un petrolero japonés operado por una compañía israelí fue atacado en el golfo de Omán en otro incidente de este tipo, aunque, a diferencia de los anteriores, en esta ocasión murieron dos tripulantes, uno británico y otro rumano, lo que ha incrementado la tensión.

Israel acusó inmediatamente a Teherán y lo mismo han hecho Washington y Londres. Es evidente que Israel pondrá toda la carne en el asador para perjudicar a Irán, a ser posible con nuevas sanciones internacionales. Se da la circunstancia de que Israel ha atacado a "decenas" de barcos iraníes, principalmente en el Mediterráneo, según indicaron hace apenas unos meses fuentes oficiales a The New York Times.

La enorme capacidad desestabilizadora que Israel inyecta en Oriente Próximo tiene su punto de apogeo en Irán, un enfrentamiento que reporta grandes beneficios al estado judío, tanto en sus relaciones con otros países árabes como a la hora de apartar la atención de la ocupación y anexión de los territorios palestinos y sirios.

Irán tiene innumerables motivos para responder a los ataques directos o interpuestos de Israel, ataques que se dan con tanta frecuencia que si Teherán no responde de una manera u otra, podrían incrementarse.

Este probablemente es el motivo del ataque con drones contra el petrolero operado por la compañía israelí, es decir enseñar los dientes a un enemigo que continuamente le hostiga, bien directamente o bien a través de grupos iraníes teledirigidos desde Tel Aviv.

Todavía es pronto para determinar si este contexto de violencia continuada, que nada indica que vaya a detenerse pronto, incidirá en las negociaciones que conducen Irán y la administración de Joe Biden sobre el programa nuclear iraní.

Las últimas revelaciones señalan que las negociaciones están bloqueadas por dos cuestiones. La primera es la desconfianza de Teherán respecto a los americanos. Los iraníes exigen un mecanismo que garantice que EEUU no abandonará unilateralmente el acuerdo nuclear cuando le apetezca, como ocurrió con Donald Trump en 2017. Aparentemente, la administración Biden no parece estar en condiciones de ofrecer esas garantías y blindar el acuerdo.

Por su parte, Washington condiciona la firma del acuerdo a que Teherán se comprometa a abrir una segunda negociación sobre sus programas balísticos al margen del programa nuclear. Los iraníes consideran que ese es un terreno tabú y que tienen derecho a desarrollar la industria armamentista no nuclear sin cortapisas de ningún tipo.

Un analista de la página Informed Comment, especializada en Oriente Próximo, sugería este lunes que quizá sería beneficioso un Irán nuclear puesto que daría más estabilidad a la región. Desde luego, un Irán nuclear adquiriría una capacidad de disuasión que obligaría a Israel a pensárselo dos veces antes de ejecutar sus continuos planes de desestabilización.

El analista presentaba otros casos de nuclearización que inicialmente parecían problemáticos pero que se han revelado positivos, como cuando China obtuvo la bomba en los años sesenta. Poco después la India hizo lo mismo, y poco después Paquistán hizo lo propio. En todos estos casos la capacidad nuclear no significó el fin del mundo sino que probablemente trajo mayor estabilidad.

Aunque algo parecido podría ocurrir con un Irán nuclear, Israel no está dispuesto a tolerarlo por dos motivos. En primer lugar porque quiere mantener su supremacía nuclear exclusiva y en segundo lugar porque el programa nuclear iraní le permite a Israel mantener en vilo a toda la región y apartar la atención de la ocupación de los territorios palestinos y sirios.

Este es el panorama con que se encuentra el nuevo presidente Ebrahim Raisi, quien por un lado tiene seguir negociando con EEUU el programa nuclear y por otro debe buscar medios para disuadir a Israel de la hostilidad permanente contra la república islámica, como acaba de ocurrir en el golfo de Omán, todo sin olvidar la agitación interna derivada principalmente de las sanciones económicas impuestas por las potencias occidentales.

03/08/2021 10:07

Eugenio García Gascón

Protestas no autorizadas contra las restricciones para contener la pandemia en Berlín el 1 de agosto de 2021. — CLEMENS BILAN / EFE

La Justicia alemana había prohibido las manifestaciones convocadas por negacionistas al considerar que no estaba garantizado el distanciamiento social.

 

Varios miles de personas participaron este domingo en Berlín en diversas protestas no autorizadas contra las restricciones para contener la pandemia del coronavirus con un balance provisional de alrededor de quinientas detenciones, informan los medios.

Según indicó la Policía de Berlín en su cuenta de Twitter, centenares de manifestantes, que pretendían participar a pie en una caravana de coches en protesta por las medidas anticovid que sí contaba con el visto bueno de las autoridades, se congregaron esta mañana en una acción espontánea no autorizada. En declaraciones a la cadena regional rbb, el portavoz de la Policía, Thilo Cablitz, habló de hasta dos mil manifestantes.

La Policía indicó que los manifestantes trataron de romper los cordones policiales y aislar a los agentes, por lo que las fuerzas de seguridad hicieron uso de gases lacrimógenos y porras.

"En varios puntos del oeste de la ciudad hay todavía grupos grandes de personas que tratan de concentrarse y de ponerse en marcha. Nuestras barreras están siendo ignoradas y los agentes están siendo agredidos. Se han producido detenciones", tuiteaba la policía poco antes de las 14.00 horas.

Por la tarde, otras dos mil personas se congregaron en torno a la Columna de la Victoria, en la céntrica calle del 17 de junio, avenida que parte de la Puerta de Brandeburgo y atraviesa el parque Tiergarten, a pesar de que las autoridades habían prohibido previamente la concentración convocada por la iniciativa "Querdenken 711", a la que pretendían asistir hasta 22.500 participantes.

El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo confirmó el sábado la prohibición de 17 manifestaciones convocadas para este domingo por movimientos anticovid, integrados mayoritariamente por negacionistas y conspiranoicos, al considerar que no estaba garantizado el respeto a las medidas de higiene y distanciamiento.

La Policía ha desplegado en la capital alemana hasta 2.250 agentes para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones y disolver posibles concentraciones no autorizadas. Cablitz había indicado ya por la mañana que la Policía monitorea toda la ciudad, consciente de que habrá "acciones descentralizadas".

berlín

01/08/2021 21:21

EFE

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Lunes, 02 Agosto 2021 05:46

Sufragio inefectivo

Marchas y acciones de desobediencia civil se llevan a cabo en Estados Unidos en rechazo a iniciativas republicanas para la supresión del voto. El fin de semana el reverendo William Barber y el cantante Willie Nelson participaron en una manifestación en defensa del derecho al voto, afuera del Congreso de Texas. Foto Afp

 

 

Marchas, acciones de desobediencia civil, canciones de lucha y esperanza, reverendos y líderes de derechos civiles arrestados, todo en demanda por nada más y nada menos que lo que se supone es el principio más elemental de cualquier lugar que dice ser una democracia: el derecho al voto.

Estas escenas no son de hace más de 50 años, aunque algunas de las mantas, canciones y hasta participantes sí lo son; es en estos últimos días que reaparece, por necesidad, el movimiento por el sufragio efectivo en el país que pretende ser el modelo de la democracia para el mundo. Ahí estaba el reverendo Jesse Jackson, joven lugarteniente de Martin Luther King, el reverendo William Barber y la reverenda Luz Theoharis, quienes encabezan la Campaña de los Pobres (resucitando la última iniciativa de lanzada por King antes de ser asesinado). A las acciones del pasado fin de semana en Texas, se sumó Luci Baines Johnson, la hija del presidente Lyndon B. Johnson, quien promulgó en ley – con King como testigo a su lado– uno de los grandes triunfos del movimiento de derechos civiles de los 60: la Ley de Derechos al Voto de 1965. Ahora, medio siglo después, llama a defender ese logro.

Junto con esa demanda, también hay otras contra leyes y medidas que obstaculizan el ejercicio democrático básico de que la mayoría gana: en particular la maniobra parlamentaria en el Senado conocida como el filibuster, que es empleada por la bancada minoritaria para frenar intentos de la mayoría para aprobar legislación. En estas últimas semanas, los republicanos han amenazado con usarla con el fin de frenar dos proyectos de ley para restablecer derechos al voto, así como otros proyectos de asistencia social para los pobres y los migrantes, entre otros.

"Estamos atestiguando una insurrección política", declaró el reverendo Barber al indicar que esta campaña continúa movilizándose en 40 estados y sumando a nuevas voces –incluyendo ahora el Consejo Nacional de Iglesias, representando a 38 congregaciones nacionales protestantes– y que exige la restauración de la Ley de Derechos al Voto, el fin del filibuster, un incremento del salario mínimo a 15 dólares la hora y trato digno a 11 millones de migrantes indocumentados. "Vemos la conexión entre este ataque contra los derechos al voto y todos los otros temas que importan a los 140 millones de pobres y personas de ingresos bajos en este país", subrayó.

Hasta la fecha, 18 estados controlados por el Partido Republicano han promulgado 30 leyes para suprimir y limitar el voto desde el año pasado; se han impulsado más de 400 proyectos de ley en casi todos los estados para suprimir el voto. Estas iniciativas son atinadas directamente contra el voto de los pobres y de minorías –sobre todo afroestadunidenses, latinos e indígenas– así como el de los jóvenes. Los estrategas republicanos saben que no pueden mantener el control sobre varios estados o ganar elecciones nacionales sin esfuerzos para desalentar y suprimir el voto de estos sectores.

No es nada nuevo. Al nacer esta república, el derecho al voto fue otorgado sólo a los hombres blancos con propiedades, y la supresión de éste está íntimamente ligado a las raíces racistas y xenófobas que siguen envenenando y ensangrentando a este país hasta hoy día. Una de las principales justificaciones para limitar el voto es evitar el fraude electoral –algo que es microscópico– y se argumenta, sin sustento, que muchas elecciones –incluyendo las presidenciales– son fraudulentas por la participación ilegal de migrantes.

Pero tal vez lo más asombroso es que la cúpula de este país que no ha logrado garantizar el sufragio efectivo (vale recordar que el voto para elecciones presidenciales no es directo y por lo tanto, la mayoría no necesariamente determina el ganador), y que requiere de un movimiento nacional para luchar por el derecho al voto, aún no se avergüenza en proclamarse juez y jurado de la democracia en otros países.

Prince. Welcome 2 America. https://open.spotify.com/track/2St53T2Yitx2E3gA674RP0?si=709de550f080499b

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Castillo le toma juramento a Francke, quien asume como ministro de Economía. Imagen: EFE

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, había gatillado el conflicto. 

 

El presidente Pedro Castillo completó su gabinete ministerial, que había quedado incompleto por diferencias internas. Después de un día de tensiones y especulaciones, en la noche del viernes el economista Pedro Francke, figura clave en el equipo de Castillo, volvió al gabinete para ocupar la cartera de Economía y Finanzas. Lo mismo hizo el jurista Aníbal Torres, que había dejado vacante el portafolio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos se habían bajado en el último minuto del gabinete ministerial que fue juramentado cerca de la medianoche del jueves. Lo hicieron por discrepar con la designación del congresista del oficialista partido Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

Bellido es cuestionado por pasadas declaraciones homofóbicas y machistas, recordadas ahora y criticadas duramente por sectores progresistas aliados a Castillo. Desde la derecha, con un masivo apoyo mediático, lo pretenden descalificar adjudicándole supuestas simpatías con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas, por haberse referido a los senderistas como “peruanos equivocados que también tienen derechos”.

Compromiso

El jefe del gabinete ministerial emitió un comunicado en un intento de bajarle el tono a las críticas que se le hacen. Señaló que ratificaba su “más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos” y su rechazo “categórico” a “toda forma de violencia y de terrorismo”. De origen andino, indicó haber vivido “en carne propia” la discriminación y expresó que trabajará por la igualdad de derechos. “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que están profundamente arraigados en el país”, escribió, rectificando pasadas afirmaciones.

Retorno

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, gatilló la primera crisis del gobierno recién estrenado. Castillo habló con ellos y los convenció de volver. Asumieron sus cargos la noche del viernes, quedando así completo el primer gabinete del histórico gobierno de izquierda encabezado por un campesino y maestro rural que ha logrado una importante conexión con los sectores populares, de los que él mismo proviene.

Pedro Francke, de 60 años, es un respetado economista con larga militancia en la izquierda. Fue jefe del plan económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Para la segunda vuelta, las izquierdas se unieron para respaldar a Castillo y Francke pasó a convertirse en su principal asesor en temas económicos. Fue pieza clave en elaborar el llamado “Plan Bicentenario” presentado por Castillo para la segunda vuelta y base de lo que será su política económica.

El “Plan Bicentenario” se distancia de las propuestas más radicales del gobernante Perú Libre, que se define marxista-leninista, como la estatización de la economía, que Francke ha descartado. También lo ha hecho Castillo. La propuesta de Francke incluye un aumento de la inversión pública, incrementar impuestos a las transnacionales mineras, facilitar créditos para los campesinos y micro y pequeños empresarios, entre otros puntos. Según ha trascendido, Francke habría exigido para volver al gabinete que se respalde su plan económico. Castillo le dio esa seguridad. Eso quedó evidenciado en un mensaje que el jefe del gabinete mandó por sus redes sociales antes que se confirme el retorno del economista: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el Plan Bicentenario”.

El ministro de Economía juró “por un avance sostenido hacia el buen vivir, por la igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional”. Un claro mensaje al jefe del gabinete y sus pasadas expresiones discriminatorias contra las mujeres y las minorías sexuales. En un mensaje posterior enviado por twitter, Francke destacó "la necesidad urgente de recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados, promoviendo inversión privada y la pública”. Señaló que su gestión estará cercana “a los más vulnerables, impulsando de manera responsable el cambio que los peruanos esperan”.

Internas

El ministro de Justicia Aníbal Torres, de 78 años y nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, que volvió al gabinete junto con Francke, encabezó el equipo legal del presidente que se enfrentó en los tribunales electorales a las demandas del fujimorismo que pretendía anular votos de Castillo para robarle el triunfo. Todas esas demandas fueron ganadas por el equipo jurídico que dirigió Torres. El jurista había criticado a Vladimir Cerrón,  secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, por una sentencia por corrupción que tiene, lo cual disgustó a la dirigencia partidaria, pero Castillo insistió con su designación. En el pulseo entre Castillo y Cerrón, con este último presionando para buscar ganar espacios de poder en el gobierno, la designación de Bellido es un punto para el segundo, pero el regreso de Francke y Torres fortalece a Castillo.

Aciertos y errores

“Hubiese sido grave que Pedro Francke no asuma como ministro, eso habría generado problemas económicos. El nombramiento de Bellido ha sido un error porque ha configurado un escenario de confrontación. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y está obligado a negociar y concertar para gobernar. Es un gabinete atravesado por las contradicciones internas”, le señaló a Página/12 el historiador y analista político Nelson Manrique.

En opinión del sociólogo Alberto Adrianzén, "el regreso de Francke al gobierno es positivo, satisface a sectores de izquierda aliados a Castillo y también al centro, pero tiene poco significado para la derecha, que ha optado por la confrontación y la polarización, y que está en el camino de buscar tumbarse al gobierno. El comportamiento de la derecha y los medios en estos días es impresionantemente golpista. Creo que en los próximos meses la derecha apostará a destituir a Castillo desde el Congreso o a un golpe”.

Adrianzén dice que Bellido “quizá no es la mejor opción” para encabezar el gabinete, pero está convencido que “la derecha siempre va a encontrar algo para confrontar”. “La derecha que perdió las elecciones -precisa- quiere imponerle su política a Castillo y habría atacado igual con cualquier otro jefe de gabinete que no esté alineado con sus políticas. Que por unas opiniones se acuse a Bellido de apología al terrorismo como se está haciendo es puro macartismo”.

La oposición de derecha tiene los votos en el Congreso para negarle la confianza al gabinete Bellido que tanto critica, con lo que éste tendría que dimitir, pero hacerlo los pondría a un paso que el presidente Castillo pueda disolver el Parlamento y llamar nuevas elecciones legislativas, a lo que está habilitado si se censuran dos gabinetes. Eso los frenaría.

“El mayor peligro es que en el Congreso no dejen gobernar para crear las condiciones para sumar los votos necesarios para declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo”, advierte Manrique. La derecha tiene ahora 79 votos de los 87 que necesita para sacar al presidente. 

Por Carlos Noriega

31/07/2021


¿Cuáles son las propuestas de Pedro Francke, el nuevo ministro de Economía de Perú?

La designación del economista es la principal carta del flamante mandatario peruano para generar tranquilidad en los mercados.

31/07/2021

Las imágenes que transmitían los medios peruanos en la noche del jueves eran elocuentes: el economista Pedro Francke se retiraba por la puerta de atrás del Gran Teatro Nacional, caminando solo, sin hacer declaraciones, mientras que puertas adentro el presidente de Perú, Pedro Castillo, designaba a 16 de los 18 integrantes de su equipo, incluyendo al primer ministro Guido Bellido, un nombamiento que luego le costaría al gobierno múltiples críticas, por derecha y por izquierda.

Las fotos de Francke cabizbajo contrastan con otras imágenes que también tuvieron amplia difusión, en las que aparecía triunfante, festejando desde un balcón el triunfo electoral y con los brazo en alto, al lado de Castillo.

Desde aquel momento, apenas unas horas después de que se conocieran las proyecciones de voto favorables al candidato de izquierda, la opción de Francke como eventual ministro de Economía se consolidó como la versión más consensuada dentro de la danza de nombres para el gabinete, una certeza solo equiparable al nombramiento de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Este viernes casi a la medianoche, y tras un cónclave de dos horas que tuvieron más temprano, Castillo logró finalmente nombrar a Francke como ministro de Economía y Finanzas. “Por un avance sostenido y el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, sí juro”, dijo Francke al momento de la juramentación, en lo que podría interpretarse como un mensaje a Bellido y a los sectores alineados con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Lejos de las posiciones más conservadoras de la izquierda tradicional peruana, Francke ha cultivado un perfil técnico y moderado, tanto al frente de cargos públicos como en su rol de asesor de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, principal socia “limeña y urbana” de Castillo.

En los momentos más duros de la campaña electoral, Francke tuvo que reafirmarse en ese papel. "No tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones y no haremos estatizaciones”, repetía Francke en cada entrevista, mientras Keiko Fujimori insistía con sus planes de “frenar la llegada del comunismo” al país.

La carrera y el programa económico

En el acto de juramentación lo llamaron por su nombre completo: Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé. El profesor y magister, de 60 años, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una amplia experiencia en la administración pública.

Fue director de Foncodes, un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y gerente del Seguro Social de Salud del Perú (conocido por el acrónimo Essalud) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). También se desempeñó como asesor parlamentario en temas de educación y salud, y fue economista senior de desarrollo humano del Banco Mundial.

Como asesor técnico de la candidatura de Mendoza (Juntos por el Perú), Francke mostró sus cartas en materia de política económica. El programa de esa fuerza política tenía como meta recuperar tres millones de puestos de trabajo en 2022 y una fuerte apuesta a reactivar la economía desde el gasto público.

Se apuntaba al financiamiento de programas de empleo temporal, entrega de bonos a sectores vulnerables y compras públicas de productos agrícolas. Un programa del Ministerio de Economía llamado “Reactiva Perú” sería la herramienta para activar estos planes.

En una entrevista publicada el 21 de marzo por Ojo Público, Francke aseguraba que el Estado peruano está en condiciones de afrontar estas inversiones con los fondos disponibles en el Tesoro Público. Estos gastos públicos, según el economista, generarían condiciones macroeconómicas y de infraestructura que permitirían luego dinamizar la inversión privada.

“Es innegable que el sector privado genera más inversión que el público, pero en esta crisis, las empresas tampoco están en su mejor momento. No nos oponemos a que ingresen a dinamizar la economía, pero es un trabajo en que el Estado no puede estar de costado”, declaró el economista al medio peruano.

Luego de esa etapa para superar los impactos de la pandemia, el programa de Juntos por el Perú establecía metas más ambiciosas, como una reforma tributaria, un impuesto a las grandes fortunas (superiores a los 100 millones de dólares) y un aumento de la carga tributaria sobre las grandes propiedades.

En entrevistas más recientes, Francke propuso avanzar hacia una “economía popular con mercado”, según informó Radio Programas de Perú. “Queremos que progrese y se desarrollen la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas y los emprendedores que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos”, declaró en julio, cuando su nombre ya se consolidaba como alternativa para el Ministerio de Economía.

“Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos una inflación controlada, lo demás es pura mentira”, dijo el economista, en respuesta a los ataques que recibía del fujimorismo.

En cuanto al espacio tributario para aumentar la carga tributaria a empresas mineras, un tema sensible para la economía peruana, Francke se ha mostrado cauteloso pero resuelto a avanzar: “Hay un espacio económico que permite obtener más recursos al Estado, manteniendo respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. El Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, especialmente ahora. Es potestad del Estado cambiar las reglas tributaria”.

Las críticas de Cerrón y sus allegados

El gradualismo de Francke es una garantía para los mercados, pero también despierta críticas por izquierda, tal como se vio incluso antes de su nombramiento oficial.

Aunque no habló públicamente sobre el tema, los principales medios peruanos especulan que Francke no asumió el jueves debido a la molestia que le habría generado la designación de Guido Bellido como primer ministro. Bellido es un hombre cercano al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y antes de su designación había hecho comentarios críticos hacia Francke.

“Se está evaluando (para Economía) a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke. A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido”, había dicho Bellido.

El ahora “premier” también se había manifestado contra la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas (BCR), tal como pretenden Castillo y Francke. “¡Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo”, posteó Bellido en su cuenta de Facebook.

Cerrón, por su parte, le salió al cruce a Francke, también desde sus redes sociales. “Francke repite con frecuencia que se necesitan funcionarios de “alto nivel”. Eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos”, tuiteó Cerrón el domingo 25.

La continuidad de Velarde en el Banco Central

En Perú el nombre de Julio Velarde es sinónimo de “tranquilidad en los mercados”. El presidente del BCR lleva 15 años en ese cargo técnico y a mediados de junio manifestó su intención de retirarse de la función pública. Sin embargo, Castillo le pidió el sábado 26 de junio que siga en el cargo.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCR. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Francke reconoció que esa propuesta de Castillo buscó ser una señal para “reforzar la idea de continuar con la estabilidad monetaria” y mantener los niveles de inflación bajos “tal como lo viene trabajando el BCR”. Estas señales gradualistas generaron “calma en los mercados” y una reacción “positiva” en el tipo de cambio, según un relevamiento que publicó unas horas después el diario peruano La República. Francke también le pidió a Socorro Heysen, titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que siga en el cargo, para “cuidar el sistema financiero” del país.

Más allá de tensiones políticos y señales al mercado, Francke deberá enfrentar una situación compleja. La pandemia provocó la peor caída del PBI en los últimos 30 años y se estima que 30% de la población -unas tres millones de personas- perciben ingresos menores a los 100 dólares mensuales, según publicó The Economist.

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Un manifestante sostiene un cartel que dice "Libertad" durante la protesta en París . Imagen: EFE

La norma exige la presentación de un certificado de vacunación completo contra la covid-19 o un test negativo reciente para acceder a lugares culturales y de ocio. 

 

La policía de Francia reprimió una multitudinaria manifestación en París este sábado donde miles de personas protestaron en contra del certificado nacional de vacunación contra el coronavirus que el gobierno francés prevé introducir. Las jornadas de protesta contra el pasaporte sanitario se extendieron en un centenar de localidades del país, según el ministerio del Interior participaron más de 200 mil personas.

Más de 14 mil personas salieron a las calles en Paris donde a su vez el gobierno ordenó el despliegue de unos tres mil agentes de las fuerzas de seguridad. En la capital confluyeron diversos reclamos, desde movimientos anti-vacuna hasta personas en contra de las medidas del presidente Emmanuel Macron. La marcha se mantuvo pacífica hasta que decenas de personas se atrincheraron en la Plaza de la Bastilla donde la policía reprimió con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Las protestas se replicaron en más puntos del país, en el tercer sábado consecutivo de manifestaciones en contra del pasaporte sanitario en Francia. Este sábado más de 200 mil personas se unieron a la convocatoria. Según el ministerio del Interior hubo un aumento en la cantidad de asistentes en comparación a las jornadas anteriores del 17 y 24 de julio donde marcharon 110 mil y 160 mil personas respectivamente.

Cerca de cinco mil personas marcharon en Marsella y en Lyon, la tercera ciudad más poblada de Francia, más de mil personas participaron de las manifestaciones. En la ciudad de Limoges, unas tres mil personas marcharon de forma pacífica, según informaron medios locales. Mientras que en las localidades del sudeste protestaron más de 20 mil personas, las marchas más concurridas fueron en Montpellier (8.500) y en Niza (6.500).

Pasaporte sanitario

La ley que extiende el uso del pasaporte sanitario fue aprobada por diputados y senadores el pasado domingo. La norma vigente desde el 21 de julio exige la presentación de un certificado de vacunación completo contra la covid-19 o un test negativo reciente para acceder a lugares culturales y de ocio. Además, a partir del 9 de agosto será obligatorio el pasaporte sanitario para ir a un bar o un restaurante, y para viajar en avión y en otros transportes de larga distancia.

La candidata derechista, Marine Le Pen, se mostró en contra del certificado sanitario y la obligatoriedad de vacunación del personal médico, pero no participa en las manifestaciones. Aunque en Twitter aseguró que las protestas deben hacer que el gobierno rectifique su decisión. Por su parte, el líder de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, consideró el certificado sanitario como una "mala idea".

Este sábado las autoridades sanitarias informaron 43 nuevas muertes por covid-19, mientras que el número total de pacientes hospitalizados es de 7.409, 36 más que la víspera.  Además insistieron en que la mayor parte de las personas que requieren ingresos hospitalario no están vacunadas.

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