España plantea una suba de impuestos a los ricos 

Los primeros presupuestos del PSOE y Unidas Podemos

Los dos partidos que forman el gobierno llegan a un acuerdo que supondrá un aumento en la presión fiscal sobre las grandes fortunas. “La política es elegir qué intereses se defienden”, advierte Pablo Iglesias

 

Pedro Sánchez lleva al frente del gobierno de España desde en junio de 2018, cuando logró desbancar a Mariano Rajoy gracias a una moción de censura. Desde entonces ha ganado dos elecciones generales y ha recabado los apoyos para ser investido presidente, pero todavía no ha conseguido el apoyo necesario para aprobar unos presupuestos generales, las cuentas que con rango de ley amparan toda la acción de gobierno. Por ese motivo, el gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos lleva gobernando desde su conformación con los presupuestos aprobados en 2018 cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy.

Esta situación anómala está a punto de terminarLas dos formaciones que conforman el gobierno de coalición anunciaron este martes un acuerdo para presentar al Congreso unos nuevos presupuestos. La mitad del trabajo está hecho, pero resta lo más difícil, conseguir los apoyos parlamentarios para que salgan adelante.

El acuerdo fue presentado como un gran éxito por los secretarios generales de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una comparecencia conjunta en la que se ha dado por finiquitada la era de la austeridad en España. “Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o ponernos en pie y seguir adelante con energía", afirmó Sánchez. Iglesias fue más directo y optimista: “Inauguramos una nueva época, que deja atrás la etapa neoliberal y de recortes hacia una senda de recuperación de derechos sociales y laborales”.

Más que una declaración de intenciones, el proyecto supone todo un programa político: aumento de impuestos a las rentas más altas, gran inyección a la inversión pública, especialmente en sanidad, e impulso al Ingreso Mínimo Vital.

El PSOE y Podemos llevan semanas negociando el acuerdo, que sólo se ha alcanzado cuando los socialistas dieron su brazo a torcer y accedieron a una de las principales reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias: el establecimiento de un control que ponga freno a los abusos en el precio de los alquileres que está expulsando a los extrarradios de las grandes ciudades a las familias con menos recursos. Podemos también reclamaba que se arbitraran medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, lo que también ha conseguido.

En la presentación del acuerdo, Sánchez reivindicó el carácter progresista del proyecto de presupuestos, excepcionales porque deben dar respuesta a la crisis social y económica provocada por la pandemia, y que supondrán la mayor inversión en protección social de la historia de España.

Para ello cuenta con dos factores también excepcionales: los 27.000 millones de euros extra que se espera recibir de la Unión Europea en una primera etapa (España cuenta con percibir en total en los próximos años 140.000 millones de fondos europeos movilizados para hacer frente a la pandemia) y una reforma fiscal que se traducirá en un aumento de impuestos a las rentas más altas. Se subirá el Impuesto de Sociedades para grandes empresas; se incrementará en un punto el Impuesto de Patrimonio a grandes fortunas (superiores a los 10 millones de euros); habrá una subida en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de tres puntos a las rentas del capital de más de 200.000 euros al año y de dos puntos a los sueldos que superan los 300.000 euros anuales. Esta medida, que afecta a menos del 0,1 por ciento de los contribuyentes, ya ha sido criticada por las fuerzas de la derecha.

También se reducirán las desgravaciones que se aplican a los planes de jubilaciones privadas y se establecerá una tributación mínima del 15% para las denominadas SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria con un capital mínimo de cinco millones de euros.

A ello se sumarán nuevos impuestos, como los que se aplicará a los envases de plástico, un aumento del 10 al 21 por ciento a las bebidas azucaradas, y la puesta en marcha de las tasas ‘Google’ (impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas) y ‘Tobin’ (impuesto a las transacciones financieras).

Todas estas medidas, unidas a una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, supondrán, según los cálculos del gobierno, un incremento en los ingresos del Estado de 33.447 millones de euros en 2021, cuando se espera alcanzar un récord de recaudación de 494.490 millones de euros. Ello permitirá, según Sánchez, sentar las bases para reconstruir todo lo que ha derrumbado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, y también modernizar el sistema productivo español, muy asentado en el sector servicios, especialmente el turismo, al que el vendaval de la pandemia ha arrasado.

El presidente se refirió en especial al estado del bienestar y al sistema nacional de salud, que la crisis sanitaria ha demostrado “que tiene que ser más robusto”.

En relación con el establecimiento de una regulación para el mercado del alquiler, Iglesias subrayó que la política consiste en elegir qué intereses se defienden. "Este Gobierno toma partido en favor de quienes viven de sus salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda”, subrayó.

El acuerdo sobre los alquileres no forma parte de la ley de presupuestos, pero el vicepresidente aseguró que antes de cuatro meses se aprobará una ley que permita la limitación y bajada del precio del alquiler en contratos nuevos y existentes. Esta norma, dijo, ”contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”.

El acuerdo alcanzado por Sánchez e Iglesias es insuficiente. Ahora los dos partidos que conforman el gobierno tienen por delante la difícil tarea de recabar los apoyos necesarios para que los presupuestos salgan adelante en el Congreso. Para ello necesitarán convencer no sólo a las pequeñas formaciones situadas a su izquierda -como Más País, de Iñigo Errejón, o los nacionalistas valencianos o gallegos- sino también a fuerzas independentistas catalanas y vascas y al influyente Partido Nacionalista Vasco.

Por Héctor Barbotta

Desde España

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Lunes, 26 Octubre 2020 05:23

Abriendo puertas

Una manifestante que se opone a la confirmación de Amy Coney Barrett para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Estados Unidos es conminada a bajar de la estatua Contemplación de la Justicia, a la cual se encadenó.Foto Ap

¿Habrá un autogolpe de Estado? ¿Habrá una ola anti-Trump lo suficientemente masiva como para frenar el caos poselectoral que el propio mandatario fomenta? ¿Habrá conflictos armados en algunas calles del país? ¿Intervendrán las fuerzas federales, incluso los militares, si el comandante en jefe les ordena reprimir a opositores? ¿Se rescatará lo que queda de la democracia estadunidense? Nunca antes se habían escuchado estas cosas en una coyuntura electoral en esta nación, y nadie puede pronosticar lo que está por ocurrir.

Varias organizaciones y sus redes dicen estar preparándose para "defender el voto" ante un intento para anularlo o descartarlo por el presidente y su equipo. Algunos se están dedicando a capacitar y alertar a ciudadanos para enfrentar un golpe de Estado por parte del presidente, o sea, un autogolpe para mantenerse en el poder.

En estos días previos a la elección del 3 de noviembre, organizaciones opositoras están dedicadas día y noche a impulsar lo que ya se perfila como una participación electoral histórica (en un país en el cual, cuando hay elecciones presidenciales, casi la mitad de los que tienen derecho al voto decide no participar por varias razones), y con ello generar una ola de votos suficientemente grande como para anular la disputa sobre los resultados que tanto ha promovido Trump desde hace semanas.

El candidato demócrata Joe Biden no provoca gran entusiasmo justo por ser otro político centrista del establishment, con una carrera de 47 años; de hecho, eso ha permitido que Trump se presente otra vez como en candado antiestablishment.

Pero esta elección no es un concurso entre los dos candidatos, sino que es un referendo sobre Trump.

Curiosamente, a pesar de que una muy amplia gama de voces distinguidas estadunidenses declaran a Trump como "el presidente más peligroso de la historia", algunos fuera del país expresan que esta elección da igual porque ambos candidatos ofrecen más de lo mismo para el resto del mundo.

Ante ello, tal vez es necesario explicar que Biden como candidato en parte depende de corrientes sociales progresistas poderosas dentro y fuera del partido. Por ello, él ya ha tenido que ceder ante algunas de estas fuerzas para obtener su apoyo, adoptando posiciones como, por ejemplo, declarar que protegerá a los dreamers y prometiendo que en sus primeros 100 días presentará una propuesta para otorgar una ruta a la legalización y hasta ciudadanía para 11 millones de indocumentados, todo gracias a la presión organizada de los propios dreamers y algunas organizaciones latinas.

También ha adoptado partes diluidas de las propuestas de fuerzas progresistas sobre medio ambiente y de salud como resultado de las fuerzas que surgieron con la candidatura de Bernie Sanders y otros politicos progresistas. Y, ni hablar, ha tenido que asumir una posición muy clara ante el estallido antirracista de Black Lives. Todo eso, entre otras cosas, marcan una diferencia con las políticas de Trump y lo que él representa.

Las fuerzas progresistas en Estados Unidos subrayan que la tarea más urgente es deportar a Trump del poder, y eso requiere, por ahora, votar por Biden.

No da igual quien gane y las diferencias entre ambos tienen implicaciones potencialmente de vida y muerte –literal– para millones dentro y fuera de este país.

Para muchos, esto ya no se trata de una elección estadunidense más, sino que es parte de una lucha para frenar la consolidación de un proyecto neofascista, el cual tiene vínculos con sus pares en otras partes del mundo, incluso en América Latina.

Con una derrota de Trump se abre una puerta en el muro que invita a pasar hacia un futuro más democrático en Estados Unidos, lucha que requiere de la solidaridad desde el sur al norte.

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En El Alto, Bolivia, mujeres participan en los festejos por la victoria con mayoría absoluta del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 18 de octubre.Foto Xinhua

La Paz., Vestidos de azul, con banderas indígenas wiphala, danzas y música de pueblos originarios, decenas de miles de personas celebraron ayer en Bolivia la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzada en las elecciones del pasado domingo.

El presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, participaron en la gran festividad en la ciudad de El Alto, adonde llegaron también habitantes de los más lejanos territorios del país andino-amazónico.

Arce y Choquehuanca fueron recibidos en medio de un ritual andino en el que chamanes aymaras –ataviados con tradicionales ponchos y gorros de lana de alpaca– les colgaron coronas de flores al cuello, y en una mesa con palos de madera quemaron una pequeña llama para pedirle a la Pachamama (Madre Tierra) que los acompañe en su gobierno.

"El pueblo conquistó con su lucha la alegría de la victoria. Unidos, al ritmo de moseñadas, bandas musicales y grupos autóctonos, celebramos la recuperación de la esperanza para todas y todos los bolivianos. Con la fuerza del pueblo #VamosASalirAdelante", escribió el presidente electo en su cuenta en Twitter.

Asimismo, Choquehuanca, ex canciller y ex secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aseguró que el MAS, junto a los distintos pueblos ancestrales que conforman el país, organizaciones sindicales, estudiantiles y otras, logró recuperar la democracia.

Luego de casi un año de un gobierno de facto instalado en el poder vía un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, gran parte de los bolivianos celebra la derrota del golpismo.

Las autoridades transitorias (de acuerdo con numerosas denuncias), además de cometer matanzas, perseguir a los dirigentes y simpatizantes del MAS, incurrir en delitos de corrupción y desmantelar los programas sociales y económicos a favor de las mayorías, consumó actos de racismo.

Uno de los primeros fue desconocer la bandera wiphala que ondeaba en el palacio de gobierno, símbolo de la pluriculturalidad de este país, y además, llamar "salvajes" a los indígenas.

El gobierno encabezado por la saliente mandataria de facto, Jeanine Áñez, fue incapaz de atender con eficiencia la pandemia de Covid-19, la cual sirvió de pretexto a su régimen para cometer ilícitos, como la compra de respiradores artificiales a sobreprecio, entre otros.

“¡Un jallalla para todos! Esto es una demostración cultural por la recuperación de la democracia; el pueblo ha recuperado su ajayu y su coraje, el pueblo perdió el miedo”, expresó Choquehuanca en medio de la música, los vítores y la alegría.

El pasado domingo, con una participación superior a 80 por ciento, el binomio del MAS ganó en primera vuelta y de manera rotunda los comicios en Bolivia.

Arce y Choquehuanca obtuvieron 55.09 por ciento de los sufragios, 27.10 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 41.9 sobre Fernando Camacho, de Creemos.

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Domingo, 25 Octubre 2020 05:51

Un plebiscito en modo covid-19

Un plebiscito en modo covid-19

Piñera despliega medidas sanitarias y miles de carabineros en Chile

 

Este domingo Chile decidirá cambiar o mantener la Constitución de 1980, elaborada entre cuatro paredes por la dictadura de Pinochet y que benefició al empresariado en desmedro de los derechos ciudadanos. Tanto, que eso fue el detonante de las grandes movilizaciones iniciadas en octubre del año pasado, lo que obligó al gobierno a acordar un plebiscito.

El votante se va a encontrar con dos papeletas, la primera con la opción “Apruebo” y “Rechazo” el cambio de constitución. La segunda es sobre la forma de redactar la eventual nueva Carta Magna: “Convención Constitucional” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) versus “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos).

Según la Encuesta Data Influye, ganaría el “Apruebo” con un 69 por ciento y la “Convención Constitucional” con un 6. Se estima que esta votación será la que tendrá la mayor participación desde el plebiscito del Si y el No de 1988, donde cayó Pinochet. El voto está marcado por el coronavirus que ya causó 18.313 decesos considerados casos sospechosos, pero sin confirmar. Otro dato relevante es que Chile acaba de superar este sábado los 500 mil contagios confirmados desde que comenzó la pandemia. Es decir, uno de cada 40 habitantes.

Sin embargo, desde las recientes Fiestas Patrias del 18 de septiembre, cuando el gobierno finalmente autorizó reuniones sociales, en teoría, restringidas, la ciudadanía ha comenzado a tomarse las calles. Se ve sobre todo los fines de semana, aprovechando la primavera y el progresivo desconfinamiento de la ciudad. Y no sólo para retomar las protestas en el sector de Plaza Baquedano/Plaza Italia, sino también en los parques, malls, locales comerciales con aforo reducido o los restaurantes que han dispuestos sus mesas en las calles aunque con discutibles medidas de distancia social sumados a la falta de mascarilla para comer y conversar.

El gobierno de Sebastián Piñera ha asegurado medidas para proteger a los votantes que según estimaciones recientes llegarían a un ochenta por ciento de los 14.796.244 habilitados para votar. El ministro del interior Víctor Pérez prometió fiscalizaciones en la calle. “Al interior de los recintos electorales no se puede fiscalizar, la fiscalización es externa (…) Esperamos que las personas que tengan covid 19 se queden en sus casas, para que se cuiden ellas mismas y cuiden a los demás”.

El gobierno también anunció que va a desplegar 23 mil carabineros para resguardar la seguridad, junto al establecimiento anillos perimetrales que buscarán evitar el contacto de los votantes luego que salgan de los lugares de votación. Los locales donde se votará, principalmente colegios, serán sanitizados varias veces al día con amonio cuaternario y nanoparticulas de cobre. 

Un detalle es que además del uso obligatorio de mascarillas y la distancia social, serán los propios votantes deberán llevar lápices tipo bic de color azul en reemplazo del clásico lápiz mina de procesos anteriores. Esto debido a que otro tipo de lápices impiden la legibilidad del voto y que colores pasta como el rojo permiten que el voto se vea desde el exterior. También están prohibidas las remeras o cualquier alusión visible a las opciones en disputa. 

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Sábado, 24 Octubre 2020 06:09

La derrota del racismo

Luis Arce y David Choquehuanca, elegidos presidente y vicepresidente de Bolivia, durante la campaña electoral. AFP, MAS

El nacimiento de un nuevo ciclo político en Bolivia

 

Tras el abrumador triunfo del MAS y con el fin del régimen de Áñez, se abre un nuevo escenario que va más allá de un simple retorno de los partidarios de Evo Morales al Palacio Quemado: ahora la derecha es más fuerte que en 2005 y las bases masistas se encuentran empoderadas y movilizadas luego de su tenaz resistencia al despotismo.

 

En sus primeras declaraciones, el presidente electo, Luis Arce Catacora, esbozó modos y maneras diferentes a las practicadas por Evo Morales en sus 14 años de mandato: «Vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a trabajar y vamos a reconducir el proceso de cambio sin odios y aprendiendo y superando los errores como Movimiento al Socialismo [MAS]».

Esas declaraciones encarnan lo que siente una parte del 52 por ciento del electorado que el domingo 18 votó por la candidatura Arce-Choquehuanca. De primar ese sentimiento, es posible que Bolivia se encamine ahora en una dirección distinta a la que predominó durante los gobiernos de Morales-García Linera y, en especial, durante el año en que gobernó Jeanine Áñez.

Es que algo importante parece haber cambiado en el seno del MAS, en particular entre las dirigencias que permanecieron en el país durante un año plagado de incertidumbres y haciendo frente al odio racista desplegado por el gobierno golpista. Un cambio que se refleja en las palabras dichas el lunes 19 por la presidenta del Senado, la masista Eva Copa, sobre el anunciado retorno de Morales: «Nosotros no creemos que sea el momento adecuado, él tiene temas que solucionar todavía. Pero nosotros a la cabeza de Luis Arce y como Asamblea [Parlamento] tenemos tareas que culminar».

UN RESULTADO TRANSPARENTE

Explicar por qué el MAS, sin Morales como candidato, recogió siete puntos más que lo hecho hace un año atrás requiere una doble mirada. Por un lado, a la hora de desmenuzar los resultados, casi todos los analistas colocan en un lugar destacado la gestión del gobierno de Áñez y en particular la del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

«Áñez fue la gran jefa de campaña del MAS», dijo el lunes a la emisora Erbol el politólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés Roger Cortez, quien agregó que habría que dar «medallas especiales a los ministros de Gobierno y Defensa». El caso de Murillo enseña los peores rasgos de un gobierno de transición que deseaba quedarse el mayor tiempo posible. El rechazo a Murillo provino no sólo de una parte importante de la población, sino también de varios ministros que renunciaron a sus cargos por disconformidad con sus declaraciones, ya que acostumbraba a lanzar amenazas e investigaciones contra oponentes, periodistas y compañeros de gabinete que osaran cuestionarlo. El racismo y las posiciones ultraderechistas enajenaron del oficialismo incluso a parte de las clases medias que se pronunciaron contra Morales en octubre de 2019.

Lo cierto es que el MAS ganó en los cinco departamentos de mayoría indígena: en La Paz superó el 68 por ciento y en Oruro, el 62 por ciento; en Cochabamba votó por encima del 65 por ciento; en Potosí alcanzó el 57 por ciento y en Chuquisaca, el 49. Ganó también en Pando, con el 45 por ciento. Carlos Mesa, sin fibra y muy escorado a la derecha, ganó en Tarija con casi diez puntos de ventaja, pero en Beni con un margen más ajustado.

La polarización territorial es evidente, tanto como el crecimiento de una nueva derecha radical. Recordemos que en las elecciones de 2014 el MAS había obtenido el 49 por ciento de los votos en Santa Cruz y que ahora quedó estancado allí en el 35 por ciento, a contracorriente de su ascenso en el resto del país con respecto a 2019. En ese departamento ganó con holgura el domingo el ultraderechista Luis Fernando Camacho, con el 45 por ciento de los votos.

Para Cortez, la victoria del MAS se explica por el predominio de un electorado conservador, pero no en el sentido ideológico de la palabra, sino en su adhesión al pragmatismo. Una buena parte de los votantes, afirma, se inclinó por Arce «por la situación que vive el país, porque, aunque conoce las fechorías del gobierno del MAS, también sabe y recuerda los resultados que este obtuvo en materia de pobreza e igualdad». En suma, votó por lo conocido, ya que «Arce tiene mejores posibilidades que sus contrincantes de hacerlo bien».

Sin embargo, el analista no se muestra nada optimista de cara al futuro inmediato. Sostiene que el MAS va a tener en contra enemigos más poderosos que los que tuvo en las elecciones: el coronavirus y la inminencia de una segunda ola, y una economía con ingresos decadentes por exportaciones de gas e inversiones en petróleo que, en vistas del actual contexto internacional, difícilmente llegarán.

EL FACTOR CHOQUEHUANCA

El vicepresidente electo tiene una extensa trayectoria política. Durante el gobierno de Morales fue canciller (2006-2017), hasta que el jesuita Xavier Albó tuvo la ocurrencia de mencionarlo como eventual candidato a la presidencia del MAS, ya que el referendo de 2016 había denegado a Evo esa posibilidad. Mantiene un largo diferendo con el exvicepresidente Álvaro García Linera (quien lo tildó de «pachamámico» por su apoyo a la espiritualidad ancestral) y Evo lo aceptó como vice para estas elecciones a regañadientes, presionado por las bases y los movimientos sociales, que se empeñaron en defender su candidatura (véase «La última palabra», Brecha, 24-I-20).

Para algunos, su presencia en la boleta fue clave para el triunfo holgado del domingo. Pablo Solón, exembajador ante la ONU por el gobierno de Morales (2009-2011), lo escribió sin matices al día siguiente de las elecciones: «El MAS no ganó por Evo, sino a pesar de Evo. Evo quería marginar a David Choquehuanca, que es el candidato elegido por las organizaciones sociales, principalmente indígenas de las tierras altas y los valles. El triunfo del MAS fue aplastante en las áreas rurales de estas regiones en gran medida debido a la candidatura de David».

En esas regiones es donde el MAS recuperó los niveles de votación más altos que tuvo en su historia y que habían caído hasta mínimos en octubre de 2019. Este domingo, en Oruro, Potosí y La Paz el voto masista creció entre 15 y 18 puntos en sólo un año. El desastroso gobierno de Áñez y Murillo parece no bastar para explicar este repunte.

Solón recuerda en su blog que en el congreso del MAS de este año «las organizaciones sociales indígenas del altiplano y los valles asumieron una determinación democrática desde las bases que hicieron prevalecer a medias frente a Evo, porque su posición original era “David presidente”». La conclusión del exdiplomático es lapidaria: los resultados de estas últimas elecciones demuestran que en 2019 el MAS se habría evitado contratiempos si hubiera dejado de insistir en la reelección de Morales, forzada a contrapelo de un plebiscito y de la propia Constitución.

Lo cierto es que el factor Choquehuanca no es un asunto de afinidades personales, sino un emergente de las relaciones entre la cúpula del MAS (Morales y García Linera) y las organizaciones sociales. Es probable que en los primeros meses no se repitan escenas de intimidación y cooptación de los movimientos como las vistas durante los gobiernos pasados del MAS, sino que la pelea interna se focalice en arrinconar al nuevo vice, contando con la neutralidad del nuevo mandatario.

«Arce está decidido a mostrar otra cara», explicó Cortez, «pero la situación interna del MAS es complicada». El analista vaticinó, incluso, que el actual presidente podría no cumplir los cinco años de su mandato, ya que a los problemas internos del partido de gobierno se debe sumar una crisis económica que no dará tregua.

MOVIMIENTOS Y PROCESO DE CAMBIO

El director del periódico Pukara, de orientación indianista, Pedro Portugal, señaló este martes que «cuando Evo Morales renunció al poder, tras las elecciones fallidas de 2019, se vislumbró que sectores populares e indígenas eran contrarios al expresidente o estaban indiferentes a su suerte» (Página Siete, 20-X-20).

Pukara reúne a buena parte de la intelectualidad aymara en evidente pugna con García Linera por el relato histórico-político del proceso político boliviano (el exvicepresidente lidera a su vez lo que los indianistas denigran como «el entorno blancoide» de Morales). Según su director, Choquehuanca se movió a sus anchas en el mundo andino durante la campaña electoral. Entre otras cosas, relata, además, que como canciller fue discriminado y excluido de un gobierno en el que se lo consideraba un mero «representante indígena». El conflicto que tuvo con Linera, e indirectamente con el mismo Evo Morales, le habría servido para congeniar con sectores indígenas que empezaban a tener una actitud crítica al MAS, sostiene Portugal.

Prueba de ello son las charlas que Choquehuanca mantuvo durante la campaña con Felipe Quispe, el Mallku, histórico dirigente aymara del altiplano que asumió el liderazgo de varios bloqueos con los que, en agosto, protestaron contra la constante postergación de las elecciones ejercida por el régimen (véase «En suspenso» , Brecha, 28-VIII-20). Días antes de los comicios, Quispe dijo que iba votar por el MAS para respaldar a Choquehuanca: «En estas elecciones tenemos que votar para nuestros propios hermanos que están como candidatos, [como es] el caso de nuestro hermano David Choquehuanca» (Eju.tv, 15-X-20).

Quispe mantuvo tensos enfrentamientos con Morales durante el ciclo de protestas del período 2000-2005, que se saldó con la llegada del MAS al gobierno. Cuando su hijo Ayar fue asesinado en mayo de 2015 en una plaza de El Alto, llegó incluso a acusar indirectamente a su excompañero de guerrilla, el entonces vicepresidente, García Linera, de haber sido el inspirador del crimen (Correo del Sur, 3-VI-15).

Lo cierto es que los vientos no corren a favor de los cuadros que encabezaron el gobierno de Evo. Las juventudes del MAS se han pronunciado en contra del retorno inmediato del expresidente, apelando a la figura andina de la rotación: «Las 20 provincias hemos propuesto que el hermano presidente Evo Morales no tenía que volver porque él ya ha trabajado» (Radio Fides, 19-X-20).

Las bases de los movimientos sociales parecen tener claro que no debe repetirse el libreto anterior, en particular en las relaciones con el gobierno. El exdirigente fabril Oscar Olivera, referente principal de la guerra del agua –que en abril del año 2000 dio inicio al ciclo de protestas antineoliberales–, dijo a Brecha que «la gente confía en reconducir el proceso de cambio» y se mostró favorable a Choquehuanca.

Solón coincide con esta apreciación: «La clave para un relanzamiento del proceso de cambio no está tanto en el futuro gobierno, sino en la capacidad de autogestión y autonomía de las organizaciones sociales y su capacidad de retomar un curso de propuestas alternativas a todos los niveles». Además, piensa que las demandas de 2003, articuladas en torno a la Agenda de Octubre que inspiró al primer gobierno de Evo, están agotadas y que es necesaria una nueva estrategia.

Un dato mayor a tener en cuenta en el nuevo período será la casi inevitable repetición del proceso de entrega de prebendas a dirigentes, una historia que se arrastra desde la revolución de 1952, en reiteración de un vínculo corrupto que ya es cultura política y práctica asentada. Esto viene agravado por el surgimiento durante los gobiernos del MAS de lo que Solón denomina «nueva burguesía», un clase social «asociada a la burocracia estatal, los contratos con el Estado, el comercio, el contrabando, las cooperativas mineras y la producción de la hoja de coca ligada al narcotráfico».

Piensa que estas nuevas elites seguirán incidiendo en el gobierno y en el partido. «El futuro gobierno del MAS es ya un espacio en disputa». Pero ahora la palabra la tendrán, una vez más, las bases sociales rurales y urbanas, esas que llevaron a Morales al gobierno, que lo dejaron caer al no movilizarse en su defensa y luego pelearon y se sacrificaron contra la derecha racista hasta doblegarla. Acumulan una larga experiencia y sabiduría y las pondrán en juego en los próximos meses.

 

Por Raúl Zibechi
23 octubre, 2020

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Lunes, 19 Octubre 2020 06:10

La decisión

 El movimiento Black Lives Matter ha logrado sacudir a Estados Unidos con la alianza de una amplia gama de organizaciones sociales. La imagen, de archivo, durante una protesta en Portland.Foto Ap

Corrupto, traficante de influencias, mentiras sobre engaños, sobre falsedades, incompetente, neofascista, xenófobo, el que dio la orden para separar familias inmigrantes a la fuerza y enjaular a niños inmigrantes, violador y hostigador sexual, rechazador de la ciencia, racista, enemigo de la prensa, represor y macartista, antimexicano y constructor de muros, gánster y bully, delincuente de sus obligaciones fiscales y de servicio militar son sólo algunas de la palabras que todos hemos tenido que reportar de manera objetiva y con amplia evidencia una y otra vez a lo largo de los últimos cuatro años.

Concluirá su primer plazo en la Casa Blanca con más de 220 mil estadunidenses fallecidos (hasta ayer) –más que cuatro veces los perecidos en Vietnam– en gran medida por su manejo de la pandemia, y con una pérdida neta de empleos (unos 3.9 millones y contando) entre otros desastres y como un presidente que fue impeached.

Donald Trump no puede resolver los problemas más urgentes de la nación porque él es el problema más urgente de la nación, declara la junta editorial del New York Times, la cual advierte que la relección del magnate representa la amenaza más grande a la democracia estadunidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero a pesar de todo eso también tenemos que reportar que, cuatro años después, este sujeto goza de más de 40 por ciento de aprobación en los sondeos. ¿Qué hacer con eso?

Al mismo tiempo, el senador socialista democrático Bernie Sanders, como aspirante presidencial este año fue el político nacional más popular del país, y su candidatura fue una grave amenaza a la cúpula del Partido Demócrata, la cual se dedicó a descarrilarla. Pero él y sus millones de seguidores son expresiones de algo nuevo que continúa; vale recordar que hoy día según los sondeos, la mayoría de los jóvenes de Estados Unidos favorecen el socialismo, y que 40 por ciento de todos los estadunidenses expresaron preferir vivir en un país socialista sobre uno capitalista. ¿Qué hacer con eso?

De hecho, Trump declaró la semana pasada que la elección es una decisión “entre una pesadilla socialista y el sueño americano”, aunque para socialistas como Sanders, esa elección es una entre Trump y la democracia.

Tal vez la noticia más importante de esta coyuntura política no es la contienda entre Trump y su contrincante demócrata Joe Biden y la pugna entre republicanos y los demócratas que impera en los medios, sino el surgimiento de un masivo aunque fragmentado movimiento social conformado por diversas corrientes que de repente se encuentran en las calles y en el ciberespacio que incluyen –a veces juntos, a veces por separado– la amplia coalición bajo la etiqueta de Black Lives Matter (su parte más políticamente dinámica es Movement for Black Lives, una red de 150 organizaciones) y sus aliados multirraciales e intergeneracionales, junto con viejas y nuevas expresiones latinas, maestros rebeldes, enfermeras heroicas, azafatas que eligieron a una socialista como su líder nacional, inmigrantes que salvan y reconstruyen a este país todos los días, ambientalistas –sobre todo los jóvenes que han amanecido con Greta–, estudiantes contra la violencia de las armas, ni hablar de los diversos movimientos encabezados por mujeres y la comunidad gay, que en su conjunto está sacudiendo a este país y que ofrece la promesa de consolidarse en el gran movimiento progresista que se requiere para rescatar a Estados Unidos de sí mismo.

Dicen que el futuro del experimento estadunidense está en juego en esta elección. Por ahora hay una gran batalla entre defender los mecanismos ya deteriorados de la elección, con una multitud de iniciativas, coaliciones y redes preparándose –tardíamente– para defender la expresión de la voluntad popular, porque ni eso está garantizado en esta crisis democrática.

Pero aquí, más que una elección, se vive un momento de decisión sobre y entre el futuro y el pasado de Estados Unidos, con implicaciones planetarias.

https://www.youtube.com/watch?v= dWUa7aAIfLE&feature=youtu.be

https://youtu.be/Kgdfxeh0WtE

https://www.youtube.com/watch?v= quSvEOzZqhI

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Domingo, 18 Octubre 2020 05:33

La hora de los militares

La hora de los militares

Desde Rio de Janeiro. Siguiendo el ejemplo de Donald Trump, su guía e ídolo, el brasileño Jair Bolsonaro (foto) miente como quien respira.

Hay que reconocer, sin embargo, que de las tantas promesas disparadas durante la campaña electoral de 2018 dos – y solamente dos – Bolsonaro viene cumpliendo con rigor olímpico.

La primera surgió cuando le preguntaron qué país pretendía construir si fuese electo. “Primero vamos a destruir todo, luego veremos”, prometió. No hay como negar que lo viene haciendo de manera ejemplar, y abarcando todos, absolutamente todos, los campos.

Con menos de dos años su gobierno ataca con formidable ferocidad lo que fue construido a lo largo de décadas. La salud pública, el medioambiente, el patrimonio nacional, la educación, la ciencia, la tecnología y las investigaciones, las artes y la cultura, la economía, los programas sociales, la política externa y la imagen del país en el mundo, empleos, en fin, si más no hizo es porque le faltó tiempo y porque había muchísimo para destruir.

La segunda promesa que Bolsonaro cumple atentamente fue lanzada cuando anunció que tendría como candidato a la vicepresidencia al muy reaccionario general reformado Hamilton Mourão. En aquella ocasión, aseguró que se encargaría de esparcir militares por todo su gobierno.

Bueno: todos los ministros – cuatro – que tienen despacho en el palacio presidencial son militares. De sus 23 ministros, la mitad salió de las casernas, con destaque para un general en activo, Eduardo Pazuello, al frente del ministerio de Salud. Lo primero que hizo fue reemplazar a médicos e investigadores por uniformados. Y hace poco admitió que, cuando llegó al despacho que ocupa, no tenía idea de cómo era el SUS, el Sistema Universal de Salud que ya fue referencia en el mundo y ahora sobrevive a duras penas.

Hay policías militares y militares retirados ocupando puestos clave en instituciones y departamentos creados para protección del medioambiente. Hay uniformados en un sinfín de consejos administrativos de estatales y sociedades mixtas. Ya se perdió la cuenta del número de oriundos de casernas que ocupan puestos de diferentes niveles en el gobierno, pero se sabe que superan a los ocho mil. Siquiera en la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 hubo tantos.

Ahora mismo Bolsonaro nombró a tres uniformados para completar los cinco puestos de dirección de la agencia nacional de protección de datos, que trata de todos los habitantes del país. Hay un bien fundado temor de que en lugar de proteger los datos de los brasileños su función sea la de vigilar a cada uno de nosotros.

Augusto Heleno, el ultra-reaccionario general reformado que ocupa el puesto de ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, admitió, por esos días, que la delegación oficial brasileña que participó de la conferencia cumbre sobre clima realizada el pasado diciembre en Madrid tuvo entre sus integrantes a cinco “agentes de información y seguridad”, o sea, espías. Recibieron carnets que les permitía acompañar todas las reuniones, inclusive las más cerradas. Su misión: observar no solo miembros de Organizaciones no Gubernamentales, pero integrantes de la misma misión oficial que actuasen “contra la imagen del país”. Siquiera en la dictadura militar eso había ocurrido: la tarea les tocaba a funcionaros de las embajadas, conocidos por todos.

Bolsonaro eligió milimétricamente a los militares que esparció por su gobierno. Todos y cada uno de ellos representan lo que de más duro y reaccionario hubo en la pasada dictadura. Los más importantes son admiradores confesos del símbolo principal del horror, el fallecido Carlos Brilhante Ustra, uno de los más sádicos y sangrientos torturadores de los tiempos abyectos. El vicepresidente Mourão, por ejemplo, sigue elogiándolo a todo momento.

Debe de haber, entre los uniformados en actividad, algunos – o a lo mejor muchos – de índole efectivamente democrática. Bolsonaro se esmeró a la hora de evitar a todos y de cada uno de ellos.

Frente a semejante escenario, ¿para qué un golpe militar? Al fin y al cabo, el gobierno ya está militarizado…

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Sábado, 17 Octubre 2020 06:24

Horas de incertidumbre

Manifestante del partido MAS frente al Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, Bolivia, el 5 de octubre. XINHUA, MATEO ROMAY

La previa de las elecciones bolivianas

Polarizada y bajo la amenaza de un nuevo ciclo de protestas y represión, Bolivia celebra elecciones generales este domingo 18. Sus habitantes se preparan para lo que pueda ocurrir mientras enfrentan la crisis económica y una avalancha de rumores y noticias falsas sobre lo que sucederá este fin de semana.

Soledad, de 22 años, cuida las tres bolsas de mercado y los quintales de arroz, azúcar y harina que acaba de comprar. Mientras espera que su mamá adquiera otros productos de la canasta familiar, cuenta que llegó temprano al mercado para abastecerse porque «cualquier cosa puede pasar» después de las elecciones nacionales de este 18 de octubre en Bolivia. Como la suya, otras familias hacen compras en la populosa calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz para aprovisionarse, principalmente, de alimentos secos. Tras la experiencia de los conflictos poselectorales del año pasado, no quieren quedar desabastecidas.

Son las 8 del martes 13 de octubre, y en este sector hay más movimiento que en los días anteriores. Algunas personas hacen fila en la tienda de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, porque ahí el precio es menor que en otros lugares; otras ya abordan los taxis con varias compras. La harina es el producto más demandado porque, además, restan pocas semanas para la celebración de Todos Santos y los paceños requieren de esa materia prima para hacer los panes que ofrecerán a sus difuntos el 1 de noviembre.

Faltan cuatro días para las ansiadas elecciones nacionales, que fueron pospuestas tres veces debido a la pandemia del coronavirus. Los bolivianos las esperan con mucha incertidumbre porque se trata de un evento sin igual, ya que se realizarán después de la anulación de los resultados de los anteriores comicios a causa de un presunto fraude electoral. El fantasma de los conflictos sociales de 2019 –que duraron 35 días y en los que murieron 35 personas– toma más fuerza. Por ello, las gasolineras también se llenan de automóviles, públicos y privados, que buscan proveerse de combustible. El panorama es similar en los supermercados y mercados de La Paz y de la ciudad de El Alto.

Soledad dice que los conflictos del año pasado la sorprendieron con pocos alimentos y que le afectó el incremento de los precios de productos frescos; por eso, en esta oportunidad, también se surtió de verduras, que almacenará en su refrigerador.

Esta joven, que está en el último año de la carrera universitaria de Bioquímica, espera que no ocurra nada similar a 2019 tras estas elecciones y que los adeptos de las fuerzas políticas acepten el resultado, sea cual sea. Eso sí, quiere que haya un proceso eleccionario justo. Así, piensa que se podría evitar que haya una nueva convulsión social y que actúen las fuerzas coercitivas, algo que el gobierno ya anticipó.

«La presidenta lo ha dicho con claridad: “No se hagan a los vivos”. La Policía Nacional va a actuar, el Ejército va a actuar; nosotros no estamos de adorno», afirmó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a inicios de este mes, tras su retorno de Estados Unidos.

POLARIZACIÓN

Wendy Chambi está segura de su voto. Sin dudarlo, dice que apoya a Luis Arce, candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, a quien ya llama presidente. Dice que le gustan sus propuestas de «llevar adelante el país» y asegura firmemente que no desea que Carlos Mesa, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC), asuma la presidencia, porque «endeudará al país».

Ella tiene 32 años y es comerciante de artesanías en plena Ceja de El Alto, uno de los lugares más céntricos y populares de esa urbe. La mayor parte de los pobladores de esa ciudad apoyan al MAS y se levantaron para respaldar a Morales luego de que renunciara el 10 de noviembre del año pasado, tras 14 años en el poder.

Es mediodía y en medio de su puesto de venta de carteras y billeteras de cuero, guantes de lana y llaveros artesanales, Wendy asegura que el MAS ganará en primera vuelta, aunque sea con pocos puntos de diferencia, y que triunfará incluso en el caso de una eventual segunda vuelta.

—¿Y si gana Mesa? –le pregunto.

—No vamos a permitir, porque van a haber más bloqueos, convulsión, marcha. No va a ser normal nuestro país.

Asegura que, aunque gane Mesa en una segunda vuelta, habrá más presencia del MAS en la Asamblea Legislativa, lo que ocasionaría un escenario de ingobernabilidad. Esa posible situación también le causa incertidumbre.

La última encuesta de preferencia electoral, realizada el 11 de octubre y elaborada por la consultora Ciesmori para las redes televisivas Unitel y Bolivisión, coloca a Arce en primer lugar (32,4 por ciento) y a Mesa en segundo (24,5 por ciento), con una diferencia de 8,1 por ciento entre ambos candidatos, lo que significaría una segunda vuelta. Por debajo, y en tercer lugar, se encuentra Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 10,7 por ciento. Hubo un 8,6 por ciento de encuestados que no quiso revelar su voto y los indecisos alcanzan el 6,2 por ciento.

Un joven se acerca al puesto de Wendy y pregunta por los llaveros, pero no los compra. La vendedora, quien trae mercadería desde el departamento de Cochabamba, relata que la venta no es como antes. Hasta octubre del año pasado, en un día bueno vendía un valor de 400 bolivianos (57 dólares), ahora sólo llega a 100 bolivianos. Siente que, desde que Jeanine Áñez gobierna el país, la economía entró en crisis y que para revertir esa situación votará por el MAS, al igual que el gremio al que pertenece.

La Federación Gremial de El Alto, uno de los sectores más numerosos –con cerca de 100 mil afiliados– y con mayor poder de movilización en aquella urbe, es aliada del MAS; incluso una de sus representantes es candidata a diputada por ese frente. Su secretario ejecutivo, Rodolfo Mancilla, asegura a Brecha que Arce es la única opción sólida para mejorar la situación del país. «En estos últimos diez meses no hay economía. Estamos fregados. So pretexto de pandemia, nos han encerrado más de 60 días, luego hemos vuelto a salir [a vender], pero la economía ha caído, ya no es igual; estamos obligados a apretarnos el cinturón», afirma.

Mancilla, quien es originario del área rural, como la mayoría de los comerciantes en El Alto, cree que las encuestas mienten y que el MAS ganará en primera vuelta. Para garantizar los resultados, los militantes de ese partido harán control social en todos los recintos electorales.

El dirigente teme que haya un posible fraude, postura que manejan hace algunos meses los líderes del MAS. Desde el mes pasado, Arce viene afirmando que Mesa sólo puede ganar en caso de que haya fraude, y que no confía en el órgano electoral.

Ante ese tipo de afirmaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explica a Brecha que esa instancia garantiza «la mayor transparencia» en los comicios. Romero señala que se saneó el padrón, se rediseñó la cadena de custodia del material electoral, se reforzaron los sistemas de resultados preliminares y de cómputo, y se garantizó la presencia de cuatro misiones veedoras internacionales y de dos plataformas de organizaciones nacionales de la sociedad civil. «Hacemos una exhortación a la ciudadanía y a todos los actores políticos, sociales y regionales a que acudamos en un ambiente tranquilo», acota.

VOTO ÚTIL

Mientras viaja en una cabina del teleférico Amarillo desde el sur de La Paz hacia Sopocachi, Pati, una joven de unos 35 años, evita hablar de política porque teme que las otras tres personas, que se dirigen a la urbe alteña, se molesten con su posición. Ella votará por CC porque dice que no «hay otra opción» que tenga oportunidad frente al MAS; cree que el partido de Morales ya tuvo su turno de gobernar por 14 años y que el país requiere una renovación.

Son las 19.45 y Pati regresa de su trabajo, en la banca privada, a su hogar. Tras bajar de la cabina, apura el paso para tomar movilidad, pues en La Paz aún hay restricción de circulación desde las 20, a causa de la pandemia. Ya en la calle, dice que Mesa es una persona preparada y que por ello este domingo le dará su voto, aunque admite que se trata de un «voto útil», es decir, para que no retorne el MAS al gobierno.

Aunque espera que este domingo gane Mesa, o que al menos se apunte a una segunda vuelta, Pati dice que, en caso de que ganara el MAS, ella respetará los resultados; sin embargo, no todos los partidarios de CC opinan igual. Muchos de los militantes afirman que, si su candidato no triunfa, saldrán nuevamente a las calles a «defender su voto». Lo mismo piensan los seguidores de Camacho, la opción radical contra el partido de Arce.

Redes de desinformación

Pati, Soledad, Wendy y el dirigente gremial de El Alto tienen algo en común: se informan, principalmente, por las redes sociales. Por ello, la primera asegura que Mesa afirmó públicamente que pedirá dinero prestado del exterior; la segunda, que los masistas se alistan activamente para convulsionar las calles, y el tercero, que el candidato de CC tiene Alzheimer.

«Ahí está la certificación médica, que este señor [Mesa] es un olvidadizo está en las redes sociales», afirma Mancilla con mucha seguridad, pese a que la anterior semana esa información fue desmentida. Y es que una de las características de estas elecciones es que campea la desinformación, principalmente, en las redes sociales. Esto se incrementó a mediados de julio, cuando se reforzaron las campañas políticas.

Adriana Olivera, subeditora de Bolivia Verifica –medio digital que se dedica a la verificación de noticias– explica que los bulos circulan principalmente en Facebook, Twitter y Whatsapp, y que el análisis de las noticias falsas desmentidas por el medio indica que tienen el fin de asustar a la gente. «Desinforman sobre las encuestas, sobre las propuestas políticas, pero también sobre el hecho de que ambos bandos se estén armando de cara a las elecciones.»

Karen Gil
16 octubre, 2020

 

Con el politólogo y sociólogo boliviano Fernando Mayorga

La duda central

Francisco Claramunt

—Por estos días la ONU, la Unión Europea (UE) y la Iglesia Católica manifestaron de forma conjunta su preocupación por el «clima de confrontación política» en Bolivia. ¿Cómo cree que puede influir este contexto en lo que suceda el domingo?

—Ha habido acciones de violencia, más que nada perpetradas por grupos parapoliciales organizados el año pasado, secundando el golpe de Estado contra Evo Morales, y que desde entonces han actuado de manera impune, incluso con el cobijo del gobierno y la Policía. En los últimos días esos grupos atacaron la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Sucre. Ha habido también enfrentamientos e incidentes entre simpatizantes del MAS y otras fuerzas, pero han sido muy focalizados. El clima de temor y de violencia proviene más que nada por el riesgo de que los grupos parapoliciales puedan llevar adelante acciones durante y después de las elecciones. Sin embargo, ese ambiente no va a tener efectos inhibitorios en la asistencia a las urnas. Tampoco la pandemia los tendrá, puesto que ahora todos los actores políticos están impulsando la participación. Todo parece indicar que vamos a tener una asistencia mayor al 85 por ciento, el porcentaje histórico en Bolivia en los últimos 20 años.

—Esta semana el ministro de Gobierno instó a la Policía a que el día de las elecciones «vuelva a ponerse del lado correcto de la historia», en referencia al rol de la institución en los sucesos de noviembre. ¿Este tipo de comentarios se trata de exabruptos puntuales o responden a un comportamiento general del gobierno durante la campaña?

—El gobierno es fruto de un golpe de Estado y tuvo como primer objetivo proscribir al MAS y desmantelar su base organizativa. Como parte de esa conducta, la presidenta interina fue, en su momento, candidata para estas elecciones, aprobó una serie de decretos anticonstitucionales –puesto que permitían acusar de sedición a cualquier persona, de manera arbitraria– y encabezó una persecución a militantes sindicales y militantes del MAS. Cuando vino la pandemia y se tomaron medidas como la cuarentena rígida, estas tuvieron un carácter represivo y selectivo, con presencia militar y policial focalizada en lugares donde la población es mayoritariamente leal al MAS. Ahora el gobierno tiene un discurso de apoyo a Carlos Mesa –puesto que es el único que podría forzar una segunda vuelta– y lo acompaña de amenazas. Este martes, el ministro de Justicia dijo que el MAS «va a salir a matar más gente» si pierde. Lamentablemente, el Tribunal Superior Electoral [TSE] no ha llamado la atención a las autoridades por este tipo de intervenciones. Se trata de un gobierno que en 11 meses de gestión no sólo se ha caracterizado por su fracaso total en la lucha contra la corrupción, sino por su desvarío discursivo. La única motivación de su accionar político es la desaparición del MAS, la ilusión de que ese partido no sólo pierda las elecciones, sino que pueda disgregarse en el corto plazo.

—¿Hay garantías de que estas elecciones serán limpias?

—Sí. De la misma forma que lo fueron las del año pasado, que fueron anuladas por denuncias de fraude nunca comprobadas. Era cuestión de tiempo que se revelara que el comportamiento de la misión electoral de la OEA en aquel entonces fue tendencioso y formó parte de una lógica conspirativa. No hubo fraude porque el sistema electoral boliviano tiene varios elementos de resguardo. Ahora, tras lo sucedido el año pasado, se suma la presencia de una multitud de observadores internacionales, sobre todo de la UE. Va a haber mucha atención internacional. Y el TSE –salvo algunas acciones criticables, como las que mencionaba antes– ha tenido en general un desempeño aceptable. Considero que no es conveniente plantear dudas sobre este proceso electoral. Además, dudo de que se dé un resultado que invierta las tendencias de voto que están vigentes ahora.

—¿Ese resultado será respetado por ambos bloques?

—Esa es la duda central. La distancia entre Luis Arce y Carlos Mesa podría ser algo mayor al 10 por ciento. Y si eso no aparece, si la distancia apenas supera ese porcentaje, será decisiva la posición que tomen los rivales de Arce. De la misma manera en la que, si hay una diferencia menor a 10 puntos y hay segunda vuelta, será muy importante la posición del MAS. En ambos casos, el rol de los candidatos y de los líderes va a ser fundamental para que se concluya el recuento y se respeten los resultados. Hay que recordar que el año pasado la crisis empezó a raíz de una especulación en torno a resultados que no eran siquiera preliminares, sino fotografías de las actas. A las 8 de la noche había una diferencia de siete puntos a favor de Evo Morales respecto de Carlos Mesa y este declaró que ya estaba decidida la segunda vuelta. Al otro día la OEA dio un informe muy irresponsable: cuando el recuento estaba en el 95 por ciento de las actas, dijo que por la situación de polarización y por la diferencia muy estrecha –puesto que Evo Morales tenía entonces un 10,3 por ciento de diferencia con Mesa– era recomendable convocar a segunda vuelta. Un acto inverosímil porque nunca se vio que una misión de observación recomendara algo semejante, sin siquiera haberse llegado al recuento final oficial. Allí empezó la espiral que derivó en el golpe. Para este domingo hubiera sido adecuado un compromiso previo de aceptación de los resultados si es que no se pueden probar irregularidades, pero no lo hubo y ahora estamos con ese riesgo. Existe un contraste entre la amplia participación y confianza de la población, y el riesgo de que alguno de los sectores ponga en cuestión el resultado.

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Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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Las consecuencias de la dolarización en países latinoamericanos

16.10.20 - Algunos economistas ven a la dolarización como una solución efectiva ante una hiperinflación, pero esta medida puede implicar un enorme costo social, dependencia política y hasta crear vulnerabilidades económicas.

Ecuador, Panamá y El Salvador fueron dolarizados en diferentes escenarios, mientras que Argentina y Venezuela practican una dolarización espontánea.

Varios analistas económicos consultados por BBC Mundo coincidieron en que la dolarización, considerada erróneamente como una fórmula mágica para solucionar la devaluación de la moneda local y la inflación a niveles incontrolables, es una receta llena de ventajas y desventajas que no garantiza efectos positivos en los países que la adoptan.

Según el economista Pablo Dávalos, esta medida puede causar efectos negativos a largo plazo porque se ha visto en la práctica que "la dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco".

Panamá

En 1904, este país decidió tener dos monedas nacionales, el dólar y balboa, pero con el tiempo esta última, si bien continúa vigente, ya no se imprimen billetes y casi no se la utiliza.

Cuando este país optó por esta medida, EEUU tenía el control del canal de Panamá y ahora esta nación es conocida por ser el paraíso fiscal donde varios políticos y personalidades realizan lavado de dinero.

Según Dávalos, la dolarización logró que "Panamá se convierta en un paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo".

Ecuador

Adoptó la dolarización en enero del año 2000 cuando la hiperinflación que había alcanzado el 96% y su moneda nacional, el sucre, se había devaluado.

Esta medida provocó masivas protestas que derivaron en una crisis política irreversible y le terminó costando la salida del Gobierno al presidente de ese entonces Jamil Mahuad.

Si bien la dolarización consiguió evitar una devaluación profunda y repentina, esto no evitó que el país atraviese por serios problemas económicos que siguen vigentes.

La economista Gabriela Calderón considera que la crisis económica de Ecuador se debe a un déficit fiscal de unos 8.000 millones de dólares y no tiene nada que ver con la moneda que usa el país.

Es cierto que la dolarización pudo detener la inflación, generar la estabilidad de precios y proteger los ahorros de las personas, pero esta medida también provocó la distorsión en los sistemas de precios internos y destruyó la industria local impidiendo la generación de empleos y la industrialización.

El Salvador

En 2001 este país se dolarizó para cumplir con una condición que imponía el Tratado de Libre Comercio con EEUU para eliminar los aranceles aduaneros de ambos países.

Entonces, para proteger sus intereses económicos optó por la implementación de dos monedas nacionales, el colón y el dólar. Al igual que en Panamá, la moneda local dejó de circular y el dólar se transformó en la única moneda utilizada en el país.

"La dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales", explicó el economista Pablo Dávalos.

No obstante, esta medida tuvo un costo social enorme que se está pagando con el dolor de los migrantes al convertirlos en "el principal producto de exportación", pues este país vive de las remesas que son enviadas por los salvadoreños que viven en el extranjero.

Argentina y Venezuela

Si bien estos países no optaron por la dolarización, practican una dolarización espontánea debido a la devaluación que continúan sufriendo sus monedas nacionales en medio de las crisis económicas que enfrentan.

En Argentina, la moneda nacional sufre devaluaciones cada vez que la situación económica se complica, por eso la gente busca en el dólar una protección a su dinero. Mientras que en Venezuela la dolarización es practicada de manera informal y cada vez hay más dólares que bolívares en circulación.

En todos los casos de dolarización, los economistas observan esta medida hace vulnerable a la economía de un país porque no puede defenderse de algún shock externo, ya que no es posible ajustar el tipo de cambio para amortiguar el impacto de los ciclos económicos. Además, los hace dependientes de las decisiones político-económicas que toma EEUU, sin mencionar que el consumo se vuelve inaccesible para gran parte de la población y se consolida la desigualdad que ya es un problema estructural latente en varias naciones.

 

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