El gobierno del Líbano busca aplacar la protesta social

El movimiento de protesta comenzó el jueves pasado tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería de internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada.

 

El gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció ante la prensa que la coalición gubernamental que lidera adoptará "medidas esenciales y necesarias".

En este sentido, prometió un "presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población", una bajada del 50 por ciento de los sueldos del presidente y de los expresidentes, de los ministros y los diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. "Los hemos escuchado. Si su petición es elecciones parlamentarias anticipadas [...] yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición", declaró.

Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

 

 "Mentira"

 

Pero los anuncios de Hariri, retransmitidos en directo por altavoces por el centro de Beirut, en los principales puntos de encuentro de los manifestantes, no parecieron convencer demasiado.

Miles de manifestantes respondieron al grito de "¡revolución, revolución!" y "el pueblo quiere la caída de régimen", principales lemas coreados en estos cinco días de protestas.

"Mentira, es una mentira", declaró Chantal, una manifestante de 40 años, que llevaba la bandera libanesa pintada en la cara. "Es puro maquillaje. ¿Quién puede garantizar que las reformas se aplicarán?", preguntaba.

"Estas decisiones no se tomaron como moneda de cambio", declaró Hariri en la rueda de prensa. El gobierno "no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación", agregó.

"Ustedes son la brújula, son ustedes quienes hicieron actuar al Consejo de Ministros, es su movimiento el que condujo a estas decisiones", sostuvo Hariri.

Pero esto no hizo que los manifestantes cambiaran de postura, y el lunes por la noche continuaban pidiendo que toda la clase política dimitiera, acusándola de incompetente y corrupta. "¡Todos quiere decir todos!", se escuchaba en las calles.

El movimiento de protesta comenzó de manera espontánea el jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

"Es difícil apagar el volcán con soluciones de último minuto", declaró Imad Salamey, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, entrevistado el lunes antes de que se anunciaran las reformas.

 

 Escasez de agua y de electricidad 

 

Según la prensa libanesa, el objetivo es provocar un "shock" prometiendo la puesta en marcha de reformas que fueron imposibles por disputas y divisiones políticas.

En los últimos años, la vida cotidiana de los libaneses se ha degradado, con incesantes cortes de agua y electricidad, 30 años después del fin de la guerra civil (1975-1990). Más de una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

Desde la mañana del lunes, manifestantes cortaron varias rutas en todo el país para impedir que los empleados puedan ir a sus lugares de trabajo, mientras que en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias para salir a las calles.

Bancos, universidades y escuelas estaba cerrados este lunes, en medio de este movimiento de protesta que paraliza al país.

El domingo, cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país, reclamando un cambio radical de un sistema político acusado de corrupción y clientelismo, en medio de la crisis económica.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

También el dirigente chiíta Nabih Berri, que lleva casi 30 años como presidente del parlamento, fue blanco de las críticas, acusado de haberse aferrado al poder. "¿Qué había antes de Nabih Berri? ¡Adán y Eva!", rezaba una pancarta en la capital.

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Cacerolazos, saqueos y represión en Chile

Continúan las movilizaciones y los saqueos en el país, con los militares sofocando las manifestaciones. El presidente Piñera volvió a declarar el toque de queda y afirmó: "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable" en alusión a los grupos que causan barricadas, robos e incendios.

Crece la protesta social y la violencia en las calles de Chile. Según datos oficiales, ocho personas murieron y más de 200 resultaron heridas, la gran mayoría de ellas en la capital, Santiago. La Fiscalía Nacional informó que hasta este domingo son 1462 los detenidos tras las protestas que iniciaron este viernes como producto del rechazo al aumento del boleto de subte, que fue finalmente suspendido el sábado. Sin embargo, se extienden las movilizaciones y los cacerolazos en el país, se producen nuevos enfrentamientos entre civiles y fuerzas militares y policiales, y se repiten los saqueos en varios puntos de la ciudad. El presidente Sebastián Piñera volvió a declarar el toque de queda y dijo que el país está "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable", en relación a los grupos violentos que han sumido al país en un estado de emergencia que ya se ha cobrado varias vidas humanas.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", dijo Piñera en una comparecencia pública ante la prensa. El mandatario conservador afirmó que entiende que los ciudadanos se manifiesten por lo que les preocupa, pero agregó que las personas que están causando incendios, barricadas y saqueos son "verdaderos criminales". 

Los muertos reconocidos hasta el momento fallecieron en circunstancias similares. Por un lado, dos mujeres murieron en medio de un saqueo a un supermercado en la comuna de San Bernardo, y una tercera persona permanece internada en grave estado, con el 75 por ciento de su cuerpo quemado. También el sábado por la noche, un hombre murió en otro incendio dentro de un supermercado, esta vez en la comuna de Quinta Normal. Mientras tanto, el domingo por la tarde el cuerpo de bomberos de la comuna de Renca informó la muerte de cinco personas, cuyos cuerpos se encontraron calcinados en las bodegas de Kaiser. La tienda de ropa interior femenina fue primero saqueada y luego incendiada. Los fallecidos no serían trabajadores del local.

El Ministro Chadwich sostuvo además que dos civiles fueron heridos de bala, pero no dio más detalles al respecto. La Fiscalía Nacional informó que, hasta este domingo, son 1462 los detenidos en Chile. El ministerio público dijo que del total de detenciones, 614 ocurrieron en Santiago y 848 en el resto del país.

Violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes volvieron a desatarse el domingo en varios puntos de Santiago. Un cacerolazo popular, que sonó fuerte en gran parte de la capital, volvió a derivar en enfrentamientos con las fuerzas militares y los carabineros, que reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. 

Frente al caos en las calles, el presidente Sebastián Piñera decretó por segundo día consecutivo el toque de queda. Esta vez el inicio de la medida se adelantó a las 19 horas, extendiéndose hasta las 6 de la mañana del lunes. "El toque de queda regirá a partir de las siete de la tarde; estén en calma y estén todos en sus casas", dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del "estado de emergencia" que rige para cinco regiones de Chile.

Luego de mantener una reunión en casa de gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, Piñera dijo: "La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla".

“Un verdadero oasis”

El jueves, cuando el malestar social empezaba a verse reflejado en las estaciones de metro, el presidente dio una entrevista al Financial Times donde calificó a Chile como “un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada”. Antes, el Ministro de Trabajo Nicolás Monckeberg había sugerido entrar al trabajo a las 7.30 para llegar más rápido, y el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine recomendaba tomar el metro a las 7 para evitar las subas. Los distintos funcionarios no hicieron más que avivar el conflicto.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, medida suspendida por el gobierno el sábado. Sin embargo, el anuncio no fue suficiente porque las protestas derivaron en diversos reclamos sociales. Detrás de una supuesta estabilidad política y de las cifras macroeconómicas positivas que exhibe el país, amplios sectores sociales quedaron excluidos, evidenciando una profunda desigualdad social.

Muchos en Chile recordaron los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la imponente presencia de militares en las calles, que no sólo custodian los puntos críticos de la ciudad (centros de reunión de manifestantes y todas las estaciones del subte), sino que además patrullan las calles con tanquetas y jeeps. Aviones militares completan el escenario sobrevolando las calles de Santiago, mientras se extienden las barricadas en las calles.

Los protagonistas de las manifestaciones que coparon las calles de Santiago son en su mayoría los jóvenes, que recorren las calles en grupos y con pañuelos en el cuello. "Tenemos que traer estos pañuelos no para taparnos la cara sino para protegernos de los gases", explicó Elisa. Otro de los jóvenes manifestantes llevaba un cartel que decía: "El robo y el saqueo lo hacen ustedes, HDP". "El pueblo unido jamás será vencido", gritaban a coro los estudiantes, repitiendo una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Prácticamente todos los comercios permanecen cerrados y hay escaso transporte público, en tanto se repiten suspensiones y cancelaciones de vuelos. Hay además cortes de luz y se registra falta de agua en algunas regiones de Chile. Los estudiantes llaman a seguir movilizando en las próximas horas. Para el lunes, la mayoría de las universidades y los colegios ya suspendieron sus clases.

 


 

El “Chile despierto” cuestiona el modelo de país heredado tras la dictadura

 

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia.

Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher

El Salto

2019-10-21 11:00

 

Son tiempos convulsos para América Latina. Apenas nos habíamos recuperado de las protestas masivas por el paquetazo de ajustes de Ecuador, cuando pocos días después el gobierno chileno anunciaba la subida del pasaje del metro. Este hecho fue leído por amplias capas de la sociedad como el detonante del descontento social acumulado, que se vio intensificado con las políticas económicas del actual gobierno. Las revueltas estudiantiles de inicios de siglo y la contundencia del movimiento feminista de los últimos tiempos hicieron soñar al pueblo chileno con un sueño antiguo, que se manifestó con intensidad estos días en las calles del país.

 

Evasiones masivas y desobediencia civil

El jueves comenzó la tensión en Chile, después de que el gobierno anunciara la subida del billete de metro días antes. El viernes comenzaron las protestas y las primeras evasiones masivas en el metro de Santiago de Chile. Ante esto, La Moneda tachó a las primeros impagos en las estaciones de metro como “delincuencia pura y dura”. Este discurso fue extendiéndose, de la misma manera que lo hacía el cansancio de amplios sectores del país. La olla empezó a hervir gradualmente, hasta que las protestas, los disturbios y los saqueos se intensificaron en el territorio.

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia: el Estado de Emergencia y el toque de queda total en algunas provincias. Estos hechos fueron leídos por la sociedad civil como una suerte de reminiscencia de la dictadura que vivió Chile durante casi veinte años.

Mientras los tanques y los soldados trataban de controlar la ciudad, el desacuerdo crecía exponencialmente por todo Chile, los manifestantes decidieron quedarse en las calles durante estos dos días a pesar del toque de queda, para exigir que los militares se replegaran.

Hasta el momento y según el balance oficial del gobierno, el Ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó que por los disturbios del sábado y el domingo, hay al menos ocho muertos, más de sesenta y cinco heridos, cuarenta saqueos y casi mil detenciones.

 

“No son 30 pesos, son 30 años”

Esta es una de las consignas que se gritaban con más fuerza en las revueltas de Chile estos días. Las protestas comenzaron con la punta del iceberg que supuso la subida del precio del pasaje del metro, una chispita que cayó sobre un bidón de gasolina.

Según el sociólogo Carlos Ruiz, “el país lleva sumido en una fuerte privatización y mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana desde los años 60 y que continuó intensificándose después de la llegada de la democracia. Como explica Carlos y denuncian más de 300 organizaciones sociales en un comunicado emitido el domingo, el aumento del pasaje es el detonante para un país que sufre la precarización generalizada de la vida y las privatizaciones de los suministros básicos como el agua, la energía, la educación y la salud. A esto se añaden salarios y pensiones muy bajos en amplios sectores de la población.

El modelo chileno, admirado por su solvencia y estabilidad económica, “es hoy el país más desigual y con mayor concentración de riqueza de la OCDE, no sólo de América Latina”, nos cuenta Carlos en una entrevista para El Salto.

“El chileno es un individuo privatizado que no tiene ningún sistema de protección, al revés, hay subsidios estatales para la acumulación privada, para que el individuo pueda acudir a una clínica privada para curarse. Estos niveles no se dan en ningún lugar de América Latina ni de Europa”. Por eso hay una propensión a la movilización muy alta que tiene que ver con esa privatización excesiva que asfixia la vida. Esto podría ser una de las fuentes del descontento social que hoy se expresa en las calles, continúa el sociólogo Carlos Ruiz.

 

Cuando la sociedad desborda la política

Una de las cosas que más llama la atención en las revueltas de Chile es la ausencia de dirigencia política. Según las fuentes consultadas y algunos vecinos y ciudadanos de diversa clase, las protestas fueron protagonizadas por amplias capas de población sin necesariamente una tutela partidaria. Son jóvenes profesionales, estudiantes, mujeres, escolares, trabajadores, gente mayor la que está protestando en las calles del país. “Yo estuve en el cacerolazo anoche cerca de mi casa y estaba la gente con sus niños en el cochecito, abuelos, gente en sillas de ruedas. Es el pueblo chileno, es la generalidad de la gente, inclusive hay personas de los sectores altos que nunca antes se habían manifestado y que hoy también han estado en la calle pidiendo sobre todo la retirada de los militares en las calles”, cuenta María Emilia Tijoux que participó en la acción de su barrio durante el toque de queda de la noche del sábado.

“Nosotros teníamos una boda y de camino a la celebración vimos cómo la gente se empezaba agolpar con sus cacerolas, empezaron las hogueras y después las barricadas, una vez que el gobierno declaró el toque de queda también en Valparaíso. La gente se fue uniendo de manera espontánea, sin ninguna dirigencia, era una suerte de revuelta popular que expresaba el cansancio que se había acumulado durante mucho tiempo” cuenta una de las vecinas de Valparaíso que fue sorprendida por el toque de queda en su ciudad.

Carlos Ruiz sugiere que una de las claves para entender estas revueltas, vendría de la mano de este divorcio entre política y sociedad que se lleva incubando en Chile. “La política no está recogiendo los procesos sociales, y esto no es sólo un problema del gobierno actual sino también del anterior. Los últimos dos gobiernos tienen un respaldo de un cuarto del electorado posible. Este es un país que desde hace mucho tiempo no está con grandes mayorías políticas y tiene las tasas más bajas de participación electoral que hay en América Latina. Hay una desindentificación con la política muy fuerte y esto no ha sido canalizada por ningún partido hasta el día de hoy, ni siquiera por el Frente Amplio (fuerza de izquierdas alternativa a los partidos mayoritarios)”.

Ahora bien, continúa Carlos, esto no debiera ser leído por un desinterés en la política de una sociedad anestesiada, sino que desde los 2000 en adelante, las huelgas estudiantiles, las manifestaciones contra el sistema de pensiones y las marchas feministas estarían advirtiendo de un cansancio acumulado que requeriría de algún tipo de respuesta política.

Estos reclamos sociales y este descontento que llevaban expresándose con mayor contundencia estas dos últimas semanas fueron de alguna manera dejados a un lado por el presidente chileno que leyó las protestas como “una marcha más” y según cuenta Lucía Dammert, experta en seguridad y gobernabilidad, “esta indolencia del ejecutivo pudo provocar la rapidez del estallido”. Según sugieren las investigadoras Dammert y M. Tijoux las tensiones podrían haberse aliviado si el gobierno hubiera optado por el diálogo político, sin embargo el presidente decidió una respuesta policial y militar sin precedentes desde la venida de la democracia explica la socióloga Lucía Dammert.

 

¿Y cómo continúa la historia?

Las protestas siguen en Chile, las cacerolas no vuelven a sus casas, las ciudades chilenas a pesar del toque de queda siguen bullendo en varios puntos del país. Los sindicatos están evaluando un paro nacional y huelga para las próximas jornadas.

Ante esta situación, desde las organizaciones sociales han emitido una carta en la que señalan la necesidad de “un nuevo pacto social” que toque los temas que se quedaron enquistados durante la Transición. Según las analistas consultadas, la sociedad civil está pidiendo resultados en el presente, algún tipo de señal a favor del clamor ciudadano si no será muy difícil que Chile abandone las revueltas. Después de la virulencia de los disturbios y de las acciones represivas que han dejado muertos, baleados, calcinados, heridos y casi mil detenidos, algunos piden la renuncia del Presidente.

Con este tablero, la gran incógnita será cómo gestionará esta situación Piñera. Chile en tan solo un mes celebrará dos eventos internacionales de gran seguimiento mediático: la Cumbre del Clima y la Final de la Copa Libertadores. “El presidente tiene que encontrar una estrategia si quiere sobrevivir con algo de legitimidad y yo creo que es ineludible hacerse cargo del llamado ciudadano, pero por otro lado no hay que olvidarse que en Chile también existe una derecha económica muy dura que valora el control y el orden, tampoco es tan claro que el presidente vaya a firmar un nuevo contrato social porque puede perder una base importante de su electorado”, afirma Lucía Dammert.

Lo que sí parece que se dibuja es que, como dicen los chilenos, “el país ya no es el mismo”, las protestas tocaron la sociedad chilena en profundidad, atravesaron generaciones y revivieron antiguos terrores.

Las preguntas y los debates son muchos, ¿cómo será canalizada esta revuelta popular por las instituciones? ¿será posible un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil movilizada que asiente las bases para un entendimiento?
El Chile del crecimiento y la estabilidad económica parece hacer aguas con virulencia y con una sensación de no retorno en uno de los contextos más complicados de su historia democrática.

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Evo ganó pero iría a ballottage con Mesa

 El presidente de Bolivia se imponía con el 45 por ciento de los votos, pero le faltaban puntos para evitar la segunda vuelta. Carlos Mesa obtenía un 38 por ciento.

Con incertidumbre y tensión, el desenlace de las elecciones en Bolivia se prolongaba hasta casi la medianoche del domingo. El escrutinio se plantó a las 2 horas y 20 minutos de haberse cerrado la votación con el 83,76 de los sufragios computados. Con ese porcentaje Evo Morales deberá revalidar su victoria en la primera vuelta en un segundo turno. No sacaba el 10 por ciento de diferencia sobre Carlos Mesa indispensable para ganar sin el 50 % más uno de los votos. El presidente les habló a sus partidarios en el Palacio Quemado, la ex Casa de Gobierno, anunciando su cuarta victoria electoral consecutiva, pero dejó en suspenso si se podría evitar el ballottage. Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) se había pronunciado antes: “Hemos logrado un triunfo, estamos en segunda vuelta”. El denominado conteo rápido como lo llaman acá, hacia presumir que los resultados totales y definitivos se conocerían relativamente temprano. Pero no pasó. Entre las 20.20 (hora de Bolivia) y el cierre de esta edición, festejaba el MAS, el partido del gobierno, y también CC, la segunda fuerza.

La demora en conocerse el 16,24 por ciento de los votos pendientes, según los medios, distintos analistas y el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), se debía a que provienen del campo, donde el MAS ha mantenido una hegemonía histórica. El voto rural será el que en definitiva decida qué pasará con la continuidad de Morales en el gobierno.

Al cierre de esta edición ni siquiera se podían tener datos del TSE. Esa incógnita sobre los sufragios de las zonas más alejadas de las grandes ciudades se trasladó a las calles de esta capital, donde tanto masistas como partidarios del ex presidente Mesa se adjudicaban la victoria. Unos con realismo y cautela. Es que Evo efectivamente sacaba el 45,28 por ciento de los votos, pero le faltaban los puntos necesarios para evitar la segunda vuelta; y otros porque cuando se conoció el 83,76 de los sufragios emitidos, llegaban a la segunda vuelta con el 38,16 para Mesa. La diferencia de 7,12 por ciento entre los dos candidatos, tomado en cuenta que ninguno superaba el 50 %, marcaba la certeza de un nuevo turno electoral.

En la hipótesis de un ballottage, se trataría de una elección muy diferente a esta. El MAS iría a esa instancia fijada para el 15 de diciembre con su base electoral intacta, pero competiría contra una oposición que se aglutinaría detrás de la candidatura de Mesa. Oscar Ortiz, de Bolivia dice NO, anunció su respaldo al ex presidente. Es previsible que el coreano-boliviano Chi Hyun Chung llame a votar por Mesa. Entre los apoyos en las urnas que juntaron el tercero y cuarto de los candidatos suman un 13,18 por ciento, un porcentaje que puede ser decisivo para dirimir el resultado en el ballottage.

El presidente les habló a sus partidarios en la ex Casa de Gobierno, acompañado por su compañero de fórmula, Álvaro García Linera: “Entendemos las informaciones preliminares y como siempre esperamos el voto del campo”, dijo y recordó cuando en 2002, en su primera incursión como candidato a presidente, los votos se demoraron por una nevada. “Vamos a esperar al último escrutinio del voto nacional para continuar con nuestro proceso de cambio”, agregó.

Mesa, en cambio, no esperó al cierre del escrutinio y ante su militancia salió a confirmar que forzaba el ballottage de diciembre: “Es un triunfo incuestionable que nos permite decir, con absoluta certeza y asusta seguridad, que estamos en segunda vuelta. Este triunfo se lo debemos a la claridad de pensamiento del pueblo boliviano. Mi agradecimiento a todas estas personas, millones de bolivianos que han decidido votar por Comunidad Ciudadana”-

Bolivia tiene nueve departamentos –el equivalente a nuestras provincias- donde Evo ganaba en cinco de ellos: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando. Mesa triunfaba en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija. La votación para el Congreso le adjudicaba la victoria al MAS en ambas cámaras, aunque con el detalle clave de que en el Senado, el oficialismo cedía su mayoría (por la pérdida de siete bancas). Las fuerzas quedaban así: 18 senadores del MAS, 17 de la CC y uno de Bolivia dice No).

Los guarismos parciales de la elección dejaron a los dos principales candidatos despegados por una gran diferencia del resto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había empezado el día destacando que se votó con normalidad en todo el país, a las seis de la tarde daba los resultados iniciales que llegaban desde el exterior. La primera mesa que se conoció fue de la Argentina. De la escuela Nº 16 República de Corea ubicada en Murguiondo 76, del barrio de Liniers. Ahí Evo sacó una diferencia aplastante sobre su rival: 45 votos a 10. Los sufragios de los bolivianos en otros países representan el 4,7 % del electorado. Un porcentaje nada desdeñable para las fuerzas que se presentaron a las elecciones.

Detrás de Evo y Mesa en las generales asomó la gran sorpresa de la votación. El coreano Chi Hyun Chung, un pastor evangélico que ataca al feminismo y la educación de género y que de la nada saltó al tercer puesto. Un fenómeno parecido ya vivió Brasil con Jair Bolsonaro y las iglesias apoyándolo. Ortiz quedó cuarto y el último de los nueve candidatos que superó el uno por ciento de los votos fue Felix Patzi, del Partido Tercer Sistema. Tanto él como los restantes desaparecerían del escenario electoral por no llegar al 3 % de los votos. La ley electoral boliviana prevé que si las fuerzas políticas no obtienen ese piso perderán su personería jurídica.

Por Gustavo Veiga

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El Brasil de Bolsonaro, aislado del mundo

"No vamos a soportar más que esta nación sea gobernada por sanguinarios y violadores de derechos, que son la izquierda, no la derecha", dijo Damares Alves, ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos a una platea de 2.000 personas que participaban en la Conferencia para la Acción Política Conservadora realizada por primera vez en Brasil.

 

Se trata de un encuentro tradicional de la derecha de los Estados Unidos, llevado al país latinoamericano por el Instituto de Innovación y Gobernabilidad vinculado al Partido Social Liberal (PSL) del presidente Jair Bolsonaro.

La ministra fue más lejos al decir que "no podemos subestimar el mal". "A diferencia de nosotros, ellos juegan sucio. A diferencia de nosotros, que nos motiva la fraternidad, la paz, la prosperidad y familias seguras, ellos tienen otras motivaciones. Una de ellas es llenarse el bolso con dinero".

En el mismo encuentro, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, comparó a los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva con el sida y la tuberculosis, y a la filósofa Marilena Chauí con los ideólogos nazis.

También fue demasiado lejos cuando definió quiénes son los enemigos del Gobierno, apuntando contra un sector del empresariado: "Enfrentamos una alianza de familias oligarcas con tiranos demagogos. Pocas familias que controlan sectores enteros de la economía están umbilicalmente unidas con movimientos totalitarios de izquierda".

El canciller Ernesto Araújo se pronunció en términos similares, mostrando una completa intolerancia hacia sus adversarios electorales. Según la revista Piauí, del grupo editorial Folha de Sao Paulo, estos discursos se emparentan con las afirmaciones de Bolsonaro antes de las elecciones, en las que llamó a una "limpieza" y amenazó con desterrar a sus oponentes, a los que llamó "marginales rojos".

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, elevó la temperatura al acusar a la izquierda de agredir a los miembros de su partido, colocándose en el papel de víctima, y culpar a la prensa de los ataques al Gobierno, mientras periodistas de GloboNews y Folha fueron impedidos de formular preguntas e insultados en una rueda de prensa.

Eso sucede en medio de una agria disputa en el seno del PSL, con ataques cruzados entre sus dirigentes. En gran medida, es responsabilidad del propio presidente, que "sabe cómo fabricar crisis, pero sabe cómo deshacerlas", según el analista Josias de Souza, estimando que la ardua disputa en el partido de Gobierno puede ser el Waterloo del presidente.

Los discursos ultras e intransigentes son responsables del creciente aislamiento internacional del país. Primero fueron las críticas en todo el mundo por la quema de la selva amazónica, ante la pasividad y permisividad del presidente. Luego llegó una fuerte crítica de Human Rights Watch (HRW), asegurando que Bolsonaro está "atacando frontalmente" los derechos humanos por las políticas de seguridad y ambientales de su Gobierno.

En septiembre pasado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre "una reducción del espacio democrático" en Brasil. La agria disputa con las ONG hizo peligrar la permanencia de la nación latinoamericana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero el lado que más puede afectar la estabilidad del Gobierno de Bolsonaro es la economía. Como resultado de su política ambiental, Francia se ha negado a suscribir el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, que prevé inversiones y abre mercados a productos de la región.

Por otro lado, se avecina una crisis con los productores de soja. Importantes agricultores piensan que Bolsonaro está pasado de rosca. Blairo Maggi, uno de los mayores productores y exportadores de soja, declaró: "Cuando exporto soja o maíz, los importadores quieren saber el origen de la certificación de mi producto. Si plantamos en áreas deforestadas, no lo compran".

El problema es que el presidente agrava la situación con declaraciones agresivas, al estilo de Donald Trump. "Tengo un mensaje para la querida Angela Merkel: tome su dinero y reforeste Alemania. Lo necesitan mucho más allí que aquí", dijo en respuesta a la negativa alemana a seguir apoyando el Fondo Amazonia, mecanismo de cooperación internacional para reducir la deforestación.

Lo más reciente es que la mala imagen del país está afectando el comercio y el turismo. La empresa de moda H&M informó en septiembre que deja de comprar cuero brasileño, y el grupo francés Terre Voyages, que desde hace 25 años organiza paquetes de turismo a Brasil, difundió la noticia de que para la temporada de 2020 solo consiguió colocar la ruta de navegación por el río Tapajós entre sus clientes.

Pero el sector que tiene mayor capacidad de afectar a Brasil es el financiero. Un grupo de 230 fondos de inversiones que dirige carteras del orden de 16 billones de dólares, distribuyó un comunicado en el que informa: "Estamos preocupados por el impacto financiero que la deforestación puede tener entre los inversores, aumentando potencialmente los riesgos operacionales y regulatorios".

El texto apunta a "dificultades crecientes para el acceso a mercados internacionales por empresa que utilizan cadenas de abastecimiento oriundos de Brasil y expuestos a la devastación de la Amazonía".

En realidad, a estos fondos no les preocupa el medio ambiente, ni siquiera el grosero machismo de Bolsonaro cuando atacó a la primera dama francesa. Pero muestran que el aislamiento económico puede ser el talón de Aquiles de la ultraderecha brasileña.

22:33 18.10.2019(actualizada a las 13:53 19.10.2019) URL corto

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Lunes, 21 Octubre 2019 06:21

Mil días

El presidente Donald Trump cumplió la semana pasada mil días al frente de la Casa Blanca, tiempo en el que ha hecho más de 13 mil 400 declaraciones falsas o engañosas, según conteo del Washington Post. La imagen es del fin de semana.Foto Ap

El miércoles pasado se cumplieron mil días de Trump en la Casa Blanca y la pregunta desde hace tiempo no es cuál es el último hecho o comentario del presidente más mentiroso, corrupto, xenofóbico, racista, antimigrante, antintelectual, anticiencia, y peor hostigador de mujeres en la historia moderna del país, sino cómo se le ha permitido proceder más allá de su día mil uno.

El multimillonario populista, quien preside en la era de mayor concentración de riqueza en el último siglo, ha proclamado ser la bandera nacional; toda crítica y acusación en su contra es calificada de traición y antipatriótica. No sólo se proclama como el elegido y juega con la noción de que tal vez debería ser líder vitalicio, sino que se autoelogia al considerarse alguien con "sabiduría sin paralelo" y "un genio muy estable". Quien lo cuestione –incluidos legisladores, jueces, fiscales, denunciante formales, comentaristas– son calificados de enemigos de Estados Unidos. Trump ha superado las alturas desde donde se cayó Richard Nixon, quien en una entrevista famosa con David Frost declaró que "cuando el presidente lo hace, eso implica que no es ilegal", al responder a actos ilícitos ordenados por el presidente.

Este régimen –con el cual se han agotado todos los adjetivos para calificarlo– ha transgredido todas las normas que supuestamente definen el poder federal en este supuesto "faro de la democracia". El presidente ha llegado a ser calificado de "autócrata" y hasta protofascista por representantes del propio establishment; un reconocido almirante acaba de declarar que este presidente está atacando a "la república" estadunidense.

Sus agresiones contra supuestas instituciones sagradas, incluyendo altos mandos del Pentágono, la llamada "comunidad de inteligencia" y partes del Poder Judicial de este país, su abierta obstrucción a investigaciones de fiscales federales, la imposición explícita de sus intereses políticos y económicos por encima de los del país (incluido recientemente en el caso de Ucrania como en su incesante promoción de sus negocios), su cuestionamiento de la lealtad patriótica de opositores políticos y su declaración de que los medios son los "enemigos del pueblo" son marcas registradas de su régimen.

Durante sus mil días en la Casa Blanca Trump ha hecho más de 13 mil 400 declaraciones falsas o engañosas (https://www.washingtonpost.com/ graphics/politics/trump-claims-database/).

Junto con las dos decenas de mujeres que lo han acusado de comportamiento sexual inapropiado, que incluye intentos de violación sexual; un nuevo libro revela otras 43 en esta lista.

Ni hablar de las violaciones de derechos humanos de niños y familias inmigrantes tan ampliamente documentados, ni los ataques contra los derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad gay, la anulación de normas ambientales y laborales, como el apoyo casi explícito a sectores racistas ultraderechistas, entre tanto más.

¿Cómo es posible que se haya permitido todo esto? es la pregunta que –a pesar de acciones de protesta (algunas masivas), investigaciones oficiales y denuncias formales– sigue en el aire.

Algunos señalan que Trump enfrenta una coyuntura en la cual se está debilitando repentinamente, con generales, almirantes, diplomáticos y otros ex altos funcionarios denunciando públicamente sus políticas desastrosas, mayor disidencia en su propio partido, y una reducción en la tasa de aprobación en las encuestas, todo mientras se acelera el proceso de impeachment; de hecho, por primera vez la mayoría favorece que sea destituido de su puesto.

Pero por ahora sigue siendo el rey. Todo esto ya no es culpa sólo de este conductor de reality show, que nunca ha ocultado quién es o cuál es su juego, sino de todos los que lo siguen tolerando y han decidido actuar bajo reglas de un juego que el propio Trump ha destrozado.

Tal vez el único premio de consolación para los demás es que, por ahora, todo estadunidense –y todo aliado internacional de este presidente– tiene anulada la autoridad (y arrogancia) moral para criticar a otros pueblos y sus gobiernos.

Por lo menos hasta que ya no dejen pasar un día más a este régimen.

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Las decisiones antipopulares condujeron a manifestaciones masivas. Foto: Al-Mayadeen.

Desde el jueves 17, miles de libaneses protestan en las calles contra medidas económicas que el Gobierno aplicará a algunos productos, aumentando el impuesto al valor agregado para 2021 y 2022.

Los manifestantes exigen una inmediata respuesta del gobierno, tras conocerse los debates del Consejo de Ministros para el presupuesto de 2020 que valora subida de impuestos y tarifas.

Durante las manifestaciones se han suscitado enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios, así como la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras en la capital Beirut.

Algunos de los participantes han resultado heridos, en las que han sido catalogadas como unas de las protestas más grandes que se han visto en años en el país.

Manifestantes opinaron que las protestas masivas de las últimas horas constituyen el despertar de la ira popular contenida durante años. “Hemos prendido fuego para que se escuchen nuestras voces”, dijo Mazen, de 24 años de edad.

Y agregó: “todos deben venir y apoyarnos para deshacernos de los ladrones”.

Y aunque algunos manifestantes no aprueban los métodos como Magalene Mrad, de 23 años de edad, quien consideró “vergonzoso lo que está sucediendo”, señala que “la culpa recae en los gobernantes al empujar a la población al borde del abismo”.

“El mundo se cerró para El Líbano”, añadió; “y todo lo que hacen los políticos es gravar más a los pobres; en algún momento tendremos que pagar por el aire que respiramos”.

El descontento popular que llevó a manifestantes a lanzarse a las calles en El Líbano, ha sido nombrado por algunos medios de prensa como la “Revolución de WhatsApp”.

Sobre las medidas económicas

El gobierno libanés declaró una medida de emergencia económica después de que el país entrara en una profunda recesión implantando una serie de medidas, todas impopulares, incluyendo el aumento del IVA hasta el 15% en 2022.

Aunque a esta medida ya se le dio marcha atrás, fue el detonante de las manifestaciones populares: se trata del anuncio de que el Líbano cobraría 20 céntimos diarios por las llamadas de voz hechas por WhatsApp. Horas después, se dio marcha atrás debido a las demostraciones. El impuesto no solo hubiese afectado a WhatsApp, también a otras aplicaciones de voz sobre IP como Skype, FaceTime o Hangouts.

Sin embargo, las protestas no se limitan a una aplicación, sino a la situación general del país y la erosión social debido a grandes casos de corrupción y la terrible administración de los fondos públicos del país, denunciada por los manifestantes.

Igualmente, el Gobierno decidió aplicar una nueva tarifa a los productos del tabaco, tanto local como importado, y aumentar el impuesto al valor agregado en dos puntos en 2021 y otros dos puntos adicionales en 2022, para alcanzar el 15 por ciento.

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, envió un mensaje televisivo en el que pide una respuesta explícita sobre el anuncio del alza en los impuestos que lo convenzan a él, a la población, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en las calles.

Además, dio un plazo de 72 horas para que los partidos políticos solucionen el descontento que ha generado la medida.

Hariri indicó que el enfado es real y que el pueblo libanés ha dado “más de una oportunidad” a los políticos para hacer reformas. “El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo, y apoyo cualquier movimiento para expresarlo”, recalcó y no se responsabiliza por la situación del país.

Posiciones con respecto a las medidas

La ministra del Interior, Raya al-Hassan, aseguró a Al-Mayadeen que la mayoría de las manifestaciones en el país fueron pacíficas y destacó que la alternativa a las medidas de austeridad era el colapso de El Líbano.

Al-Hassan expresó considera necesario que el gobierno equilibre esas medidas y alivie su impacto en los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Progresista, el exdiputado Walid Jumblatt, dijo al canal televisivo, que todos los componentes del gobierno se responsabilizarán de lo que está sucediendo y nadie es más responsable que el otro.

El miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, el ministro Hussein al-Haj Hassan, confirmó el sesgo del bloque a las demandas populares y subrayó la necesidad de una reforma real en el país.

Por su parte, la ministra de Estado para el Desarrollo Administrativo, May Chidiac, consideró que lo que está sucediendo refleja un resentimiento popular a la luz de la incapacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos.

El canciller de El Líbano, Gebran Bassil, defendió al Gobierno de las protestas en marcha, al decir que el descontento popular surgió de causas abandonadas por Ejecutivos anteriores.

Según el jefe de la diplomacia, es entendible lo de las manifestaciones que eran de esperarse por crisis acumuladas.

Es una “descarga eléctrica” necesaria para el país, que debería impulsar medidas contra la corrupción y el despilfarro, apuntó.

Bassil pidió la aprobación de leyes para recuperar fondos públicos saqueados, una de las demandas clave de los manifestantes

Por su parte, el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rechazado una eventual renuncia del gobierno en El Líbano debido a una situación popular explosiva e incontrolable.

A juicio del dirigente de la Resistencia, la idea de dimisión del Ejecutivo para escoger otro, no resolverá la crisis económica que conduce al colapso del país.

“Cualquier gobierno de tecnócratas no durará mucho y los que piden hoy un gobierno así serán los primeros en pedir su derrocamiento. Cualquier nuevo proceso electoral parlamentario reproducirá la misma asamblea actual”, expresó.
La situación financiera actual no es el resultado de ahora, ni de este año, ni del corriente mandato presidencial, apuntó, sino de una acumulación de décadas.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad incluso nosotros mismos, aunque es relativo y con porcentajes diferentes”, señaló. “Es vergonzoso que se quiera eludir culpabilidad en lo que ocurre, en especial de aquellos participantes en anteriores gobiernos”, acotó.

El periódico libanés Al-Akhbar reveló el jueves la aprobación del gabinete de una propuesta del ministro de Comunicaciones, Mohamed Choucair, para imponer un impuesto a la aplicación de WhatsApp y a los cigarrillos, y para discutir la posibilidad de imponer una nueva tarifa sobre derivados del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado.

Etiquetas como #HoraDePasarLaCuenta (traducción de la original en árabe) han llegado a ser los más cotizados en Twitter, por activistas que expresaron su enojo por los nuevos impuestos y las malas condiciones de vida a la luz de la crisis del dólar en el país.

Solidaridad internacional con la causa del pueblo libanés

En Londres, Los Ángeles, Barcelona, Milán, Berlín, Toronto, Boston, Niza, París, Ginebra, Madrid, Países Bajos y Lyon, se concentraron decenas de personas para solidarizarse con la causa del pueblo libanés.

Desde el jueves y hasta hoy, se han hecho visibles muchas muestras de respaldo universal a los miles de libaneses que salieron a las calles para protestar por el deterioro económico nacional, contra la corrupción y en demanda de cambios en el Gobierno y el Parlamento.

Ayer, en Nueva York y Montreal se reunieron cientos de personas para expresar su apoyo al pueblo libanés.

(Tomado de Al-Mayadeen)

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"En estos veinte años hicimos las cosas mejor"

Es uno de los cuadros históricos del gobierno de Morales y un protagonista de la mejora económica y social. Los planes "mientras dure el capitalismo".

Luis Arce Catacora es uno de los dos ministros que acompaña al presidente Evo Morales hace más años en el gobierno. Entre junio de 2017 y enero de este año se alejó de la función pública para reponerse de un tumor. Volvió para completar su tarea que había iniciado con el primer mandatario cuando asumió el gobierno en enero de 2006. El funcionario es capaz de dar talleres de capacitación sindical para los mineros como puede caminar hacia el cierre de campaña en El Alto y mimetizarse entre la multitud. Una persona que lo conoce muy bien se cruzó con él y describió que “Iba tocando su tamborcillo entre la gente”. 

--¿De qué se trata el milagro económico boliviano?

-Cada vez que escuchamos eso, decimos: nosotros no creemos en milagros. Detrás de todo esto hay un trabajo de equipo que lo logra. ¿Por qué lo llaman milagro? No sé si fue el Financial Times que empezó con la cuestión o el Washington Post, una cosa así. Bolivia en el pasado era un país donde teníamos uno de los más altos índices de desempleo. En Sudamérica éramos los más pobres de la región con índices que superaban el 38 por ciento de la pobreza extrema. Teníamos un sector indígena-campesino marginado y falta de ingresos en la gente. Eso condujo a una elevadísima informalidad, especialmente en los sectores menos preparados de la sociedad. Adicionalmente se aplicaba el modelo económico neoliberal en nuestro país, que estuvo vigente veinte años y el pueblo pidió un cambio. Como la sabiduría popular decía: los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces eso desencadenó un movimiento en contra del neoliberalismo.

--¿Y cómo siguió la historia después?

--Se generó todo un movimiento social y luego con la postulación del MAS en 2005 se ganó la elección con el 51 por ciento. Ese año junto con Carlos Villegas, que ya no nos acompaña en este mundo, hicimos el modelo económico. Tuvimos varios retos. Primero debíamos hacer un modelo alternativo al neoliberal que prometía desarrollo, empleo, una serie de cosas que nunca se cumplieron. Pero otra más importante era mostrar resultados casi inmediatamente. Porque por el agotamiento y la desesperación de la gente para salir de la pobreza, era imprescindible que nosotros tuviéramos resultados casi de inmediato y eso era complicado.

--"Bolivia cambia, Evo cumple" es la premisa.

--La característica del presidente Evo es que está cumpliendo todo lo que promete. Por eso en el Ministerio de Economía temblamos cuando el presidente va a declarar algo porque tenemos que cumplirlo. La nacionalización de los hidrocarburos fue fundamental. Para entender lo que está pasando en Bolivia se tiene que entender ese tema. Después de la nacionalización iniciamos el proceso de redistribución del ingreso. Bolivia tenía en 2005 un coeficiente Gini de 0,60 que junto con Brasil, con el 0,61, eran de los más altos. Pero nosotros con todas las políticas de redistribución hemos bajado al 0,47. Es decir, si uno mira qué país redujo más el índice Gini es Bolivia.

--¿En qué otros pilares se apoya el proyecto?

--Recuperar los recursos naturales, distribuir el ingreso con medidas de tipo económico-social como el bono Juana Azurduy contra la mortalidad infantil, donde el niño tiene el cuidado hasta los dos años de vida, como el bono Juancito Pinto cuyo objetivo es reducir la tasa de deserción escolar. Todas las políticas sociales han tendido hacia la redistribución del ingreso. Y el segundo paso que estamos haciendo es diversificar la economía, porque una economía sin diversificar no puede garantizar un proceso revolucionario. Lo que pasó con el estaño y el gas no se repetirá. Ahora con la reforma de la constitución el estado debe tener el 50 por ciento más uno. No tenemos que negociar en condiciones desiguales con el extranjero. Es el caso del litio con una empresa alemana, en el caso del hierro en El Mutún con los chinos.

--A los detractores del gobierno ustedes los rindieron por la evidencia de los logros económicos, ¿Cuál es su interpretación sobre este tema?

--Lo que nosotros hemos demostrado en estos años es que ellos han estado equivocados toda su vida, inclusive en su vida académica. Muchos de los neoliberales fueron presidentes del Banco Central, estuvieron en las privatizaciones, creyeron que el mercado era la verdad absoluta e implementaron las economías de mercado que venían desde Washington a rajatabla. Luego de veinte años nosotros tomamos nota que haciendo las cosas de diferente manera, las estamos haciendo mejor. Ellos tienen que justificar porque en veinte años no han podido hacer las cosas bien.

--La construcción de subjetividad sobre el estado en tanto estado bobo, estado sobredimensionado que los neoliberales siempre instalaron, ¿cómo la enfrentaron ustedes?

--Ese ha sido el combate más duro que hemos tenido, por supuesto. Nos decían dinosaurios, nos decían retrógrados, pero pasó el tiempo y los dinosaurios no fueron tan dinosaurios porque pusimos la economía al servicio del pueblo.

--¿Qué herramientas jurídicas tuvo para llevar adelante la política económica?

--Yo rescato, por ejemplo, la ley de servicios financieros donde a los bancos les dijimos: señores, ustedes el 60 por ciento de sus carteras me lo dirigen a crédito productivo exclusivamente y de vivienda de interés social. Con el 40 por ciento hagan lo que quieran. Hemos avanzado con un decreto en el 2006 de un Banco de Desarrollo Productivo, un banco que financió el micro y pequeño crédito. Con ello hicimos lindas experiencias. Nuestra política fue expansiva sin inflación o con inflación controlada. ¿Por qué está controlada la inflación? Porque hay producción. Un país mientras produce puede controlar la inflación. Empezamos por el lado positivo, si aumenta la demanda, aumenta la producción. Nosotros generamos excedente económico para redistribuir entre la gente y hacer una sociedad más igual. Porque queremos tener una sociedad boliviana más igual, más uniforme, de oportunidades. Bolivia tenía en el 2005 el 65 por ciento de la población en ingresos bajos y ahora es el 62 por ciento de la población que está en ingresos medios.

--Cuando se reúne con los ministros de Economía de los diferentes países del continente ¿cómo cree que perciben sus colegas el progreso boliviano?

--Ellos saben que nosotros estamos mejor, pero nos ignoran, nos hacen de lado porque no les conviene. A la última reunión del Mercosur a la que asistí, pues bueno, de los que podía conversar, con el que más o menos podía hacerlo era con Uruguay. Pero Paraguay, Argentina, Brasil y Chile que estaba presente también, no decían nada, o seguían hablando del mercado. Es muy claro, cuando ellos están preocupados por algo, el ministro de Economía de Bolivia está sonriendo.

--¿Siguen existiendo las presiones para hacer negocios con Bolivia en las condiciones del pasado?

--Siguen existiendo, pero cada vez en menor medida o de una manera menos intensa. Ése es el imperialismo que está dando vueltas por todos lados. Hasta que el capitalismo se extinga no vamos a dejar de ver ese tipo de cosas.

--Así como un diario de EEUU llamó a las políticas del presidente Morales el milagro boliviano, ¿cómo las llamaría usted con sus propias palabras?

--Nosotros hemos puesto la economía al servicio del pueblo, es simple. Escuchar, entender y ejecutar lo que el pueblo necesita y quiere.

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Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

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¿Por qué Evo Morales puede ganar (pero también perder)?

Este domingo 20 el presidente boliviano vuelve a medirse en las urnas con una oposición dividida. Pese al desgaste de su figura, acentuado por su afán reeleccionista, Morales tendrá a su favor una economía pujante y la promesa de estabilidad asentada en un modelo de pactos interclasistas.

 

En los inicios de la campaña electoral argentina rumbo a las elecciones del 27 de octubre, un programa de televisión dedicó una de sus emisiones a responder a la siguiente pregunta: ¿Argentina podría mirar a Bolivia en busca de inspiración económica? La interrogante, aunque algo exagerada, no deja de ser sugerente.

Crecimiento sostenido, reducción de la pobreza, inflación y endeudamiento bajos contrastan, en efecto, con los malos resultados de Mauricio Macri, llamado a enmendar “la pesada herencia del populismo” argentino. En un spotreciente de Morales se advertía a la audiencia: “¿Quieres eso para Bolivia?”, mientras se mostraban imágenes de la crisis en Argentina y se sugería que algo parecido podría ocurrir en el país andino si el ex presidente Carlos Mesa, principal contendiente de Morales, llegara a la presidencia.

Aunque Mesa encabeza la intención de voto en el campo opositor –según la mayoría de las encuestas, unos diez puntos abajo de Morales–, el ex presidente es recordado por haber renunciado en medio de los conflictos sociales en demanda de la nacionalización del gas de 2005, y presenta un equipo de colaboradores demasiado “blanco” y casi sin vínculos con el denso mundo popular boliviano, una dimensión en la que Morales muestra una fuerza aún muy efectiva. Además, Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien debió huir del país en 2003 en medio de la “guerra del gas”, que marcó un antes y un después en la política boliviana.

Aunque la oposición considera inconstitucional la candidatura de Morales –avalada por un Tribunal Constitucional cercano al Poder Ejecutivo–, sus principales referentes decidieron postularse para evitar que un presidente sin contrincantes termine haciéndose con todo el poder, como ocurriera en Venezuela en las elecciones parlamentarias de 2005, cuando la oposición decidió no participar de la contienda electoral y la Asamblea Nacional quedó casi totalmente en manos del chavismo.

Al mismo tiempo, la oposición no logró el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (Oea), Luis Almagro, quien visitó La Paz en junio y, además de mostrar un buen entendimiento con Morales –lo que sorprendió por su enfrentamiento con Maduro–, señaló que no hay ningún instrumento ni antecedente en la Oea que permita intervenir de manera institucional en la reelección en Bolivia, de la misma manera que no se intervino en Costa Rica ni Honduras.

Con todo, el próximo 20 de octubre Morales enfrentará las elecciones más inciertas desde que a fines de 2005 ganara con el 54 por ciento de los votos, asumiera con una doble entronización –en el Parlamento y en las ruinas de Tiwanaku– y venciera en todas las elecciones presidenciales posteriores con más del 60 por ciento. Con la investidura simbólica de ser el primer presidente indígena de Bolivia, Morales puso en marcha el proceso político más intenso desde la revolución nacional de 1952. Pero, tras 14 años de holgados triunfos frente a la oposición política y regional (radicada en la región oriental de Santa Cruz), el aura de Morales parece erosionada, sobre todo en las grandes ciudades, por su decisión de avanzar en una nueva reelección contra lo escrito en la Constitución de 2009 y contra los resultados adversos, por escaso margen, del referéndum de 2016. Aun así, el presidente boliviano puede presumir de niveles macroeconómicos que le permiten presentarse como el candidato de la estabilidad y prometer un “futuro seguro”.

ECONOMÍA Y ALIANZAS. 

 El modelo económico implementado por el ministro Luis Arce Catacora consiste, en sus palabras, en “socialismo con estabilidad macroeconómica”. Arce Catacora ingresó al gabinete en enero de 2006 y se mantiene hasta hoy, con excepción de algunos meses en los que estuvo alejado de la gestión por problemas de salud. Es un izquierdista pragmático, atento a los equilibrios de las cuentas públicas. Lo ayudó, sin duda, el viento de cola del aumento de las materias primas, pero es cierto también que se dedicó a acumular reservas internacionales para cuando vinieran las vacas flacas, lo que efectivamente ocurrió, con la baja de los precios internacionales de las materias primas.

El modelo boliviano, como explica el periodista y escritor Fernando Molina, consiste en la combinación de estatismo en las “áreas estratégicas” de la economía, como el gas y la electricidad, de una alianza con el sector privado a cargo de las grandes (agro)industrias nacionales –muchas de ellas con sede en Santa Cruz–, el comercio de gran escala y los bancos, que ganaron mucho dinero en estos años, y, finalmente, de un “pacto de coexistencia pacífica” con la economía informal, que en Bolivia tiene un peso económico y simbólico muy importante. Esta da sustento a la denominada, con escasa precisión sociológica, “burguesía chola”, que escenifica su poder económico en las grandes entradas folclóricas y los llamados cholets, y forma parte de amplias redes comerciales –una suerte de “globalización desde abajo”– que llegan hasta China.

El caso de la agroindustria es un poco más complejo, porque se liga a la cuestión del regionalismo, de larga data en Bolivia. En 2006, la elite política y económica de Santa Cruz, embarcada en la lucha por la autonomía regional, buscó resistir, incluso con violencia, el modelo nacionalista‑popular‑indígena de Morales. Pero dos años más tarde el movimiento sufrió duros golpes –económicos, policiales y electorales–, mientras que Morales se fortalecía en el poder. Por eso, gran parte de la elite –sobre todo, la agroindustrial– decidió pactar con el gobierno, a cambio de subsidios y apoyo estatal, y aprovechar el boom económico. Eso debilitó el ala política del regionalismo, que siguió controlando la gobernación. “El gobierno de Evo Morales quiere convertir Santa Cruz en Paraguay, un bastión agroexportador, de mayores dimensiones que el actual, capaz de capturar dólares para la economía nacional”, explica el periodista cruceño Pablo Ortiz.

ILUSIÓN OPOSITORA. 

Esta estrategia “desarrollista” generó una década de paz política. Incluso en 2014, Evo Morales logró ganar en esta región tradicionalmente esquiva. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional a fines de 2017, que habilitaba a Evo Morales a postularse nuevamente, sirvió como acicate para un nuevo ciclo de movilizaciones, esta vez sin las autoridades políticas locales a la cabeza. Más recientemente, los incendios en la región de la Chiquitania contribuyeron también al descontento, ya que dejaron en evidencia las tensiones internas en el discurso oficial sobre la defensa de la madre tierra y la tolerancia, e incluso la legitimación, de los “incendios controlados” para los chaqueos (desmontes de terreno para cultivos). Pero, al mismo tiempo, los incendios alimentan discursos racistas contra los inmigrantes “collas” en Santa Cruz: la consigna “fuego cero” puede virar fácilmente a “inmigrantes cero”, al responsabilizar exclusivamente a los pequeños campesinos colonizadores provenientes del occidente por los chaqueos.

Esta reactivación del regionalismo operó desde las calles e incluso contra parte de las elites locales. Las divisiones y los reproches cruzados abundan en la política cruceña, y muchos acusan a empresarios de haberse “vendido al Mas” (Movimiento al Socialismo, de Evo Morales) y haber traicionado a la región. “Este es un cruceñismo de jóvenes, sobre todo de 17 a 35 años, pero con ideas viejas, las mismas que generaron la lucha autonómica en la primera década del 2000: menos control del Estado central sobre la región, mayor capacidad de autodeterminación y control sobre la tierra, principal elemento del ideario político cruceño”, explica Ortiz. El reciente cabildo convocado por el comité cívico regional concentró a decenas de miles de personas el pasado 4 de octubre y convocó a luchar por el federalismo –una consigna que no estaba en la agenda, pero fue coreada por la multitud– y votar contra Evo Morales el 20 de octubre.

No es casual que el evento más masivo de la campaña boliviana fuera “un acto de campaña sin candidatos en los escenarios”, como el cabildo cruceño. La oposición, de hecho, va dividida, y eso alimenta las posibilidades de un triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Por ello, este formato “ciudadano” ilusiona a quienes buscan trascender las fronteras partidarias y las fuertes peleas en el interior de la oposición. La Constitución boliviana establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50 por ciento más uno de los votos o el 40 por ciento con diez puntos de diferencia sobre el segundo. Morales apuesta a esta fórmula mágica para permanecer en el gobierno durante un cuarto mandato.

Por eso, el cabildo cruceño –una forma histórica de expresión de las demandas de la región, casi inexistente en otras partes del país– quiere ser ahora imitado por la oposición en el resto de Bolivia, e incluso en La Paz. A falta de actos proselitistas numerosos, esta forma de movilización sin banderas partidarias podría ser una forma de generar ánimo y adhesión a un voto útil opositor, que, de aplicarse, debería ir hacia Carlos Mesa, quien tiene mayores posibilidades de triunfo entre los opositores y nunca tuvo predicamento en Santa Cruz.

Pese a su desgaste, Morales tiene a su favor, además de la economía, el control del Estado, la movilización de los sectores sociales y los empleados públicos, y niveles de popularidad que, aunque más bajos que antaño, no hay que subestimar. Por ahora, el presidente boliviano lidera todas las encuestas con porcentajes que lo ubican cerca del 40 por ciento y a diez puntos de diferencia del segundo –en medio de una verdadera guerra de cifras en los medios y las redes sociales–. Pero todas ellas muestran un alto porcentaje de indecisos que, según algunos especialistas, puede encubrir una parte de voto oculto. Lo que no se sabe todavía es en favor de quién, y posiblemente en esa caja negra se juegue el resultado electoral. Si los indecisos se dividen de manera más o menos proporcional, Evo Morales puede ganar en primera vuelta. Por eso, toda su artillería se centra en evitar un balotaje en el que la concentración del voto opositor pueda poner fin a su gobierno, el más largo de la historia boliviana.

 

18 octubre, 2019

Publicado originalmente en Letras LibresBrecha reproduce fragmentos con autorización. Titulación de Brecha.

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Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

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