Putin reformará la Constitución; quiere perpetuarse en el Kremlin

Moscú. La maquinaria de aprobación de la reforma constitucional –que el 15 de enero anterior se sacó de la manga el presidente Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia más allá de lo que debería ser, de no cambiar la legislación vigente, su último mandato como titular del Kremlin– continúa a paso acelerado y la meta es que a más tardar dentro de dos meses este país tenga ya otra Carta Magna, hecha por y para el actual gobernante.

Al reunirse este miércoles con los integrantes del grupo de trabajo que creó el propio Putin para “analizar y enriquecer” su paquete de enmiendas –después de ser adoptado en lo general por los diputados de la Duma, quienes el 10 de marzo tienen previsto votarlo en segunda instancia–, el presidente ruso estuvo de acuerdo en que el texto definitivo, cuando haya sido aprobado por las dos Cámaras del Parlamento, se someta a “votación popular” el 22 de abril siguiente.

Aunque los resultados de esa votación no tendrán carácter vinculante, por no ser un referendo sujeto a un estricto reglamento, Putin se comprometió a promulgar la ley sobre la inmediata –sí se mostró inflexible respecto a esta urgencia– entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución sólo después de obtener el respaldo mayoritario de la población.

Por ahora, nadie sabe cómo se va a medir la magnitud del necesario apoyo que quiere obtener el Kremlin, si tiene en cuenta –como si se tratara de un referendo– que la reforma se apruebe con un mínimo de asistencia de 50 por ciento del padrón o bastará –para evitar el riesgo de no conseguir la participación idónea– con sólo la mayoría de los votos depositados.

Con esa “votación popular”, Putin pretende legitimar cambios que, a juicio de sus adversarios, requerirían convocar una Asamblea Constituyente y no reducir a un “sí” o un “no” la totalidad de modificaciones que, de hecho, configuran una nueva Carta Magna, sin ofrecer el debido tiempo para conocer y asimilar las novedades.

Los críticos de esta reforma constitucional afirman que se quiere convocar a las urnas para ratificar cambios diseñados por la Oficina de la Presidencia y que para entonces ya habrá aprobado el Parlamento, en ámbitos tan disímbolos como –por poner unos ejemplos– las iniciativas de carácter social, las facultades de los distintos órganos del poder, el sistema de gobierno o la preeminencia de los intereses de Rusia frente a compromisos adquiridos conforme a las normas del derecho internacional.

Quedó claro este miércoles que la reforma promovida por Putin busca sobre todo reforzar las prerrogativas del Presidente y que, una vez aprobadas, se propone empezar a ejercer de inmediato, sin tener que agotar los cuatro años de mandato que le faltan.

Con esta maniobra, Putin alcanza un doble objetivo. Por un lado, seguir concentrando en sus manos el poder al margen de lo que pudiera suceder al renovarse la composición de la Duma, en principio el otoño de 2021, aunque tampoco debe descartarse un eventual adelanto de las legislativas.

Y por el otro, dejar abierta la puerta para aprobar leyes que redistribuyan el poder antes de concluir su actual periodo presidencial en 2024, en caso de que Putin no tenga en mente presentar la reforma constitucional como una suerte de borrón y cuenta nueva que, desde su personal óptica, le permita verse otros doce años como mandamás del Kremlin.

Por Juan Pablo Duch, corresponsal | miércoles, 26 feb 2020 14:14

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Jueves, 27 Febrero 2020 05:21

Líbano, retrato de una revolución

Manifestantes intentan traspasar el pasado 11 de febrero los muros de hormigón levantados para impedir el acceso de civiles al Parlamento libanés en Beirut NATALIA SANCHA

La desigualdad, la corrupción y el lastre de unas élites sectarias enquistadas en el poder han desatado una ola de protestas que dura ya cinco meses y que protagonizan los que no tienen nada que perder

 La lluvia de piedras e insultos contra los antidisturbios parece no terminar. “Corruptos, ladrones, nos habéis robado nuestro futuro”, grita un joven enmascarado entre el centenar de manifestantes que desde hace horas descarga su ira en el empobrecido barrio de Tariq al Yadid, en los arrabales de Beirut, la capital libanesa. Los médicos voluntarios evacuan a los heridos mientras sobre sus cabezas el viento agita amarillentos pósteres de Saad Hariri, dimitido primer ministro y zaim (líder político-confesional, en árabe) de este puñado de calles de población suní.

Esta misma estampa se repite a lo largo y ancho del país desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que una nueva tasa sobre las llamadas de WhatsApp se convirtió en el detonante de una protesta social que ha sacado desde entonces a cientos de miles de libaneses a la calle para exigir la dimisión en bloque de los zaim de todos los partidos y confesiones.

Los manifestantes arremeten contra una élite que se agarra al poder desde hace tres décadas y a la que acusan de haber saqueado las arcas del Estado. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB). Entrando en el quinto mes de protestas, los expertos denuncian la flagrante desidia de la élite dirigente ante el posible colapso económico del país, aquejado también de una corrupción que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

El nombre del joven enmascarado que grita contra los corruptos es Abdalá Jarah. A sus 20 años encarna a esa generación posterior a la guerra civil (1975-1990) que ahora lidera las protestas —en las que también es importante la voz de las mujeres y rechaza un sistema heredado que reparte el poder político y económico en función de cuotas confesionales (hay 18 oficiales). La fractura generacional es patente y arrecian las críticas contra los septuagenarios líderes de los partidos.

Hace seis meses que Jarah tuvo que dejar los estudios universitarios de Informática porque no puede pagar las tasas universitarias. “Me gustaba mucho y soy bueno”, lamenta. En un país donde la educación y la sanidad son servicios casi exclusivamente en manos del sector privado, cada día son más los jóvenes que abandonan las escuelas y las familias sin cobertura médica.

“Hace dos meses que me han reducido el sueldo de dos a un millón de libras libanesas (LBP, en sus siglas en inglés, y equivalente a una disminución de 1.200 euros a 600)”, cuenta su madre, Igtimad, de 65 años y divorciada. Es funcionaria de la empresa estatal de telefonía Ogero. Paga 600.000 libras (360 euros) mensuales de alquiler. “Gracias a Dios tenemos salud. Pero si ocurre algo, nos dejarán morir en la puerta del hospital”, afirma indignada. La mayoría de los funcionarios han visto sus sueldos reducidos a la mitad. 

Truncada la vía de los estudios, Jarah tampoco encuentra trabajo. “Su única opción para no tirar su futuro es emigrar”, interviene su madre. A esa misma conclusión han llegado miles de jóvenes libaneses. Los que tienen diplomas universitarios y doble pasaporte o buenas conexiones para obtener un visado ya han abandonado Líbano. El resto, como este joven, da rienda suelta a la frustración a pedradas y pega simbólicamente los currículos en los muros de hormigón tras los que se parapeta el Parlamento. Han acudido varias veces a las asociaciones caritativas suníes del partido El Futuro que lidera el ex primer ministro Hariri y que antaño, con respaldo saudí, proporcionaban becas y ayudas a su base social. Sin recursos, la solidaridad vertical construida a partir de los partidos y las confesiones a las que representan se resquebraja.

El Gobierno de unidad libanés que vio la luz en enero de 2019, tras nueve meses de arduas negociaciones, ha sido la primera víctima del movimiento de contestación popular y acabó con la dimisión de Hariri en octubre pasado. El empresario Hasan Diab ha sido nombrado nuevo jefe de un Gobierno tecnócrata liderado por el tándem chií Hezbolá-Amal (moderado) junto con el principal partido cristiano, Corriente Patriótica Libre (CPL), al que pertenece el presidente libanés, Michel Aoun.

La desesperación de la familia Jarah va en aumento. “Me siento como en un oscuro túnel del que no veo la salida por ninguna parte”, se sincera en el salón de su casa Nadia Jarah, única hermana de Abdalá. Madre de tres y con un marido inválido, la mirada acuosa de Jarah no se despega de la pila de cartas que desde la mesita del salón le recuerda que hace nueve meses que el banco amenaza con desahuciarla. Un miedo que afecta a otros miles de ciudadanos sobre los que se cierne una  inminente devaluación del 30% de la moneda. En las casas de cambio, el dólar, que ha permanecido en un cambio fijo de 1.500 LBP desde 1997, se vende esta semana a 2.450.

Ante la desidia del Banco Central de Líbano (BCL), las entidades bancarias han impuesto medidas informales para el control de capitales. Cada día, los clientes hacen horas de cola a las puertas de Bank Audi, donde pueden retirar 600 dólares al mes si sus ahorros son inferiores al millón de dólares, y 2.000 si los superan. “De cada 11.000 dólares que traigo de fuera gano 4.700 al cambio”, admite un empresario francés afincado en la capital libanesa. Cada día aterrizan funcionarios de ONG internacionales, de la ONU, la UE, diplomáticos y empresarios locales o extranjeros que atraviesan el control policial cargados con fajos de dólares. Miembros de Hezbolá afirman, además, que llegan maletas cargadas de dólares desde Teherán para pagar sus sueldos. 

De devaluarse la libra en un tercio, la mitad de la población libanesa caería de la noche a la mañana bajo el umbral de la pobreza, advierte en un informe el Banco Mundial (BM). “La crisis libanesa necesita una estrategia integral […] para corregir las ineficiencias y beneficios desproporcionados de un sistema de crecimiento desigual”, opina en una entrevista por correo electrónico Wissam Harake, economista del BM. Los Jarah hacen equilibrios sobre la intangible frontera de la pobreza, que ya afecta a un tercio de la población libanesa, según informes de la ONU.

Durante una de tantas manifestaciones, un desesperado padre de familia en la cincuentena se rocía con gasolina. “Ya no sé qué hacer”, solloza el hombre, a quien otros manifestantes salvan de quemarse vivo, pero no de la desesperación. La inflación ha disparado los precios de productos básicos en un 25% y ha forzado al recién nombrado Ejecutivo a pedir ayuda a varios países para asegurar las divisas necesarias con las que subvencionar la importación de trigo, medicamentos, leche en polvo y combustible.

La clase media libanesa va camino de desaparecer. “El 10% de la población adulta acumula el 55% de los ingresos nacionales, algo que sitúa Líbano entre los países con mayor desigualdad económica en el mundo”, escribe en un reciente informe la economista libanesa Lydia Assouad.

El otro extremo

En el extremo opuesto, la clase más adinerada intenta poner a salvo sus fortunas antes de que se haga efectiva una devaluación y pierdan un tercio de sus depósitos bancarios. Lo hace gastando tanto como puede y la banca les permite. La sucursal de Rolex en Beirut hace su agosto. “El reloj más barato cuesta 6.000 dólares y algunos de colección superan los 20.000”, cuenta una empleada. Coches, oro y diamantes son otros productos de lujo en los que invierten, así como en el sector inmobiliario, cuyas ventas se han disparado. La especulación financiera favorece al que tiene dólares en efectivo. De ahí que las pistas de esquí y las discotecas VIP del país estén a rebosar.

Además, “la relación entre banqueros y políticos es incestuosa”, resume Pierre Issa, director de la ONG Arcenciel, durante una conferencia en Beirut. En el primer mes de protestas, en octubre pasado, los bancos cerraron al público durante tres semanas y un puñado de accionistas transfirieron 2.300 millones de dólares a Suiza para escapar al corralito. No pocos de ellos son los mismos que se sientan en el Parlamento. El director del Banco Central, Riad Salame, es el nombre y rostro más criticado por los manifestantes. Como muchos líderes políticos que le cortejan, lleva apoltronado en su cargo cerca de tres décadas.

Al igual que los bancos, los políticos han dilapidado el remanente de confianza ciudadana que les quedaba. “Viven en la inopia y no son conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra el país”, afirma en Beirut un diplomático europeo.

“No habrá más ayudas hasta que no propongan un plan económico real y viable”, repiten como un mantra desde hace dos años unos hastiados donantes internacionales sobre los 11.000 millones de dólares (10.137 millones de euros) prometidos en la conferencia de Cedres en París, organizada en abril de 2018. Expertos internacionales consultados por este diario coinciden en que hoy es una cantidad insuficiente para un país que necesitaría una inyección de entre 28.000 y 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.

No es de extrañar tampoco que los bancos y cajeros se hayan convertido en diana privilegiada de las pedradas de los manifestantes, menos numerosos a medida que pasa el tiempo, que intentan asaltar el Parlamento fortificado en el centro económico de Beirut. A las protestas se suman desesperanzados jóvenes suníes llegados del norte, de la empobrecida Trípoli, o del sur, de los suburbios marginales chiíes de Dahie. Enfrentados por la religión, comparten hoy cebollas entre irrespirables nubes de gases lacrimógenos, unidos por ese sentimiento que comparten los que no pueden emigrar, los que ya no tienen nada que perder.

La rabia colectiva contenida estalló en todo su apogeo el segundo fin de semana de enero, con 575 heridos como el peor balance hasta la fecha de unas refriegas en las que Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios”. Un millar de manifestantes han sido arrestados, decenas torturados, sostiene la ONG. Entre la lluvia de piedras corretean niños y niñas que venden botellas de agua o mendigan divertidos entre el inusual gentío

“No tengo dinero para pagar. ¡Bajadme de la ambulancia!”, grita en un ataque de llanto una niña a los incansables voluntarios de la Defensa Civil. Dumoo —que en árabe significa lágrimas— ignora su fecha de nacimiento. Calcula tener 12 años, “o por ahí”. Se trata de la única niña herida en los primeros cuatro meses de protestas, dicen los paramédicos. Tiene la frente abierta y a las tres de la madrugada es atendida en un hospital de Beirut. Está de suerte: el Ministerio de Salud cubrirá los gastos de los siete puntos de sutura, así como el de toda persona herida en las protestas.

Entre la pobreza y la miseria

Ya en casa, su madre, Suad, una ciudadana siria de 33 años, refunfuña hastiada, no solo por la herida: “Los 11 miembros de la familia dependemos de ella tanto para el alquiler como para la comida”, afirma cuando oye que Dumoo necesita al menos dos días de reposo. La pequeña se encoge de hombros y su padre, pescador palestino nacido en Líbano, esquiva la mirada.

En la seguridad que le da su barrio, Ouzai, en los arrabales del sur de Beirut, Dumoo vuelve a ser esa mocosa desafiante que ha pateado mucha calle. Desde los seis años trabaja 10 horas diarias vendiendo botellas de agua para traer entre 30.000 y 50.000 libras a casa (entre 18 y 30 euros). Hoy gana lo suficiente para mantener a sus ocho hermanos, de entre 2 y 17 años, y a sus padres. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir.

La calle en la que vive la familia está en una zona mayoritariamente chií y las fachadas están empapeladas con pósteres en honor a los mártires de la milicia-partido Hezbolá. Aquí, las asociaciones caritativas también han reducido drásticamente las ayudas para medicamentos, hospitales y escuelas. La electricidad se limita a 15 horas diarias en el piso de alquiler de tres habitaciones que ocupan. En todo el país, las cajas de la solidaridad sectaria han quedado vacías.

Líbano alberga a 400.000 refugiados palestinos y 1,5 millones de sirios, lo que equivale a un tercio de la población libanesa. Con el país vecino a punto de entrar en el décimo año de guerra, el 75% de los refugiados sirios en Líbano vive bajo el umbral de la pobreza y la crisis amenaza con hundirles aún más. Las ayudas de la ONU para sirios y palestinos también han sufrido severos recortes.

En la familia de Dumoo, esta niña supone el débil hilo de los ingresos para subsistir que de romperse arrojaría a 10 personas a la pobreza absoluta. La crisis de los bancos no les afecta porque guardan sus pocos ahorros en una bolsa de plástico en algún lugar seguro de la casa. Sus hermanos adolescentes no tienen trabajo y se quedan en casa porque temen convertirse en víctimas del enfado de una población libanesa que les acusa de “robarles el trabajo”.

Es la una de la tarde. Han pasado 24 horas desde que fue herida. Dumoo se despereza y con los hilos azules de los puntos de sutura y la sangre reseca pegada al flequillo sale con el estómago vacío a trabajar. Abandona este masificado barrio a bordo de una furgoneta que cubre los cuatro kilómetros que separan Ouzai del corazón económico de Beirut. Un trayecto que sirve de línea divisoria entre una periferia pobre y un corazón rico cada día más pequeño. En el centro, muros revestidos de mármol conducen a escaparates de Louis Vuitton o Hermes, y ferraris aparcados junto a la acera.

“En las revoluciones del resto de países de la región tuvieron que derrocar a un Ben Alí (Túnez), a un Mubarak (Egipto) o a un Gadafi (Libia)”, dice el joven Abdalá Jarah. “Aquí tenemos que derrocar a seis: uno por cada confesión en el poder”, zanja.

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Bomberos apagan un auto incendiado en nueva Delhi en medio de los enfrentamientos.  ________________________________________ Imagen: AFP

Duros enfrentamientos entre hindúes y musulmanes

La normativa aprobada por el Congreso facilita la ciudadanía a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes.

Al menos 27 muertos y más de 200 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en la capital india de Nueva Delhi por la flamante ley de ciudadanía. En el inicio del conflicto, el lunes pasado, el jefe de gobierno del estado de Delhi, Arvind Kejriwal, le había pedido al gobierno central que decrete el toque de queda y el despliegue del ejército para prevenir incidentes. La ley aprobada por el Parlamento de la India facilita la nacionalidad para las minorías religiosas llegadas antes de 2015 desde Bangladesh, Pakistán o Afganistán, asumiendo que sufrieron persecución. Al no contemplarlos, los musulmanes creen que la ley es discriminatoria. Luego de varios días, el primer ministro indio Narendra Modi rompió el silencio y le rogó a los habitantes de Delhi que contribuyan a la "paz y armonía" del país. El comienzo de los incidentes coincidió con la primera visita oficial al país del presidente estadounidense, Donald Trump, que concluyó el martes.

La nueva normativa cristalizó el temor de los musulmanes a ser relegados a ciudadanos de segunda categoría, en un país en el que los hindúes representan al 80 por ciento de la población. La violencia se desencadenó cuando un grupo de manifestantes bloqueó la ruta principal del barrio de Jaffrabad, Delhi, como protesta contra la ley aprobada a fines de diciembre del año pasado por el Parlamento. "Cerramos la carretera durante dos días, pero llevamos protestando casi dos meses", explicó una de las mujeres que participaron de la protesta, oculta bajo un largo velo negro y que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Hacia el norte se encuentran las áreas más afectadas por la violencia, donde ardieron decenas de tiendas y las calles fueron tomadas por turbas armadas con palos y pistolas. Los problemas más serios empezaron cuando Kapil Misra, líder de la formación nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), organizó una manifestación a favor de la ley muy cerca de la protesta promusulmana de Jaffrabad, y pronunció un discurso incendiario.

"El líder del BJP Kapil Misra trató de llamar a la violencia y la policía no actuó contra los que estaban causando problemas", relató Rahu, un joven del barrio, sobre los inicios del conflicto. Los vecinos acusan a la formación gobernante del primer ministro, Narendra Modi, y al grupo extremista Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) de desatar una verdadera masacre contra los musulmanes.

"La gente estaba cantando Jai Shri Ram ("Gloria al Dios Ram"), no sabemos de dónde vinieron", dijo Rahu. Esa frase se ha convertido en el grito de guerra del nacionalismo hindú. Los vecinos de Nueva Delhi coinciden en denunciar la falta de acción de la policía a la hora de controlar las protestas, que tuvieron lugar al mismo tiempo en que llegaba al país el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de una visita oficial de dos días. Como resultado de la gira oficial, Trump dijo que su país venderá helicópteros militares valuados en más de 3 mil millones de dólares a la India.

Los alcances de la ley

El Parlamento indio había dado luz verde en 2019 a la llamada ley de ciudadanía, una reforma legal que agiliza la nacionalidad de las minorías religiosas que llegaron antes de 2015 desde países como Bangladesh, Pakistán o Afganistán. La norma, tachada por sus detractores como una ley antimusulmana, es la última de una serie de medidas impulsadas por el gobierno liderado por Narendra Modi, un nacionalista hindú, en contra de esta comunidad.

Para Modi, la nueva legislación tiene como objetivo ayudar a los cristianos, sijes e hindúes que han sufrido persecución en tres países con mayoría de población musulmana. Esos grupos minoritarios, que durante años permanecieron sin derechos reconocidos en la India, tendrán ahora una vía automática para conseguir la nacionalidad.

Arvind Kejriwal, jefe de gobierno de Delhi, estado que incluye a la capital, consideró que la situación es "alarmante" y pidió desde un principio que el gobierno de Modi imponga el toque de queda y despliegue a los militares. "A pesar de sus esfuerzos, la policía no logra controlar la situación e restaurar la calma", manifestó Kejriwal. La seguridad en Delhi, territorio que dispone de un estatuto particular, es responsabilidad del gobierno central. 

El primer ministro indio, Narendra Modi, finalmente rompió el silencio y dirigió un mensaje "pacifista" a los habitantes del territorio de Delhi: "La paz y la armonía son fundamentales para nuestro espíritu. Hago un llamamiento a mis hermanas y hermanos de Delhi para que mantengan la paz y la fraternidad en todo momento", dijo Modi, nacionalista hindú, en un mensaje difundido en su cuenta deTwitter. "Es importante que se restablezca la normalidad lo antes posible", agregó el primer ministro, intentando calmar las aguas, un objetivo que por el momento no ha podido cumplir.

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El encendido discurso de Mon Laferte en Viña del Mar

El público acompañó su show con cánticos contra la represión y el gobierno de Piñera 

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad, y sé que yo ahora tengo privilegios". De esta manera, la cantante Mon Laferte sentó posición este lunes a la noche en Viña del Mar sobre lo que ocurre en Chile con la represión del gobierno de Sebastián Piñera. La artista de 36 años usó para expresarse el escenario del tradicional festival de la canción.

 “Todo el mundo me decía que tenía que cancelar, que no se podía hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”, dijo en medio de una ovación imparable. “Me enteré de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile”, lanzó en medio de una rechifla y el grito de “¡Asesinos!” de la tribuna y “¡El que no salta es paco!”, consigna a la que se plegó. “Me querían citar a declarar por un delito, pensé que era una broma y hasta hace un momento estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?” En ese momento, la tribuna, conocida como “El Monstruo”, se unió en una consigna: “¡No estás sola!”

“Yo solamente había dado una entrevista, tuve miedo pero me he sentido súper valiente. Lo único que sé hacer es cantar, tuve que empezar a trabajar de chiquita”, agregó sobre su infancia de muy pocos recursos. Recordó un consejo de su abuela: “Tienes que trabajar mucho y me lo tomé en serio para no fallarle a ella y a mi familia, y aquí estoy”.

Laferte ha sido muy crítica del accionar del gobierno conservador desde que empezaron las protestas en octubre del año pasado. Ya se había expresado en noviembre, en los momentos de mayor violencia, cuando concurrió a la entrega de los Grammys latinos con la frase “En Chile torturan, violan y matan” escrita en su cuerpo, al tiempo que ingresaba a la ceremonia en topless.

La artista de 36 años se llevó una Gaviota de oro y otra de plata, tal como había ocurrido en la edición de 2017 del festival, pero no obtuvo la de platino. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota”, anunció al recibir una de las estatuillas. “Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite. El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, añadió.

Antes, su show musical fue arrollador e incluyó la presencia en el escenario de unas cincuenta mujeres, vestidas con trajes típicos. "Es tan difícil tener espacios en los escenarios para las mujeres que yo dije: 'Voy a invitar a todas mis amigas poderosas, que yo admiro'", anunció Laferte al hacerlas subir. Luego, cantó dos cuecas junto a ellas.

De este modo, el Festival no fue ajeno de ningún modo a lo que vive Chile. Y Laferte no fue la única. Ricky Martin llegó a Chile para actuar en Viña del Mar y pidió a los chilenos "exigir lo básico, los derechos humanos". Además, el humorista Stephan Kramer habló de los jóvenes que defienden a los manifestantes de la represión policial y que son conocidos como “primera línea”. La presencia de Kramer marcó un record histórico de 57 puntos de rating. 

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Droga del Narcojet detenido en México salpica campaña de Jeanine Áñez

Este martes trascendió que la aeronave detenida en México en enero pasado, procedente de Guayaramerín, Bolivia, pertenecía al cártel de Jalisco y debía financiar la campaña de la presidenta de facto de ese país sudamericano, Jeanine Añez.

Apenas se conoció la denuncia sobre la detención del “Narcojet” el 28 de enero pasado, el ministro de gobierno Arturo Murillo, se apuró a decir que “la droga fue cargada en el Chapare”. Días después ante la lluvia de evidencias, no tuvo más remedio que admitir que la cocaína procedía de Guayaramerín, provincia colindante con las tierras de la familia de la presidenta de facto.

“La droga estaba en el avión sin ningún método de ocultamiento. Está claro que en el lugar donde la cocaína fue subida a bordo, no hubo ningún tipo de control”, comentó una fuente judicial al periódico argentino La Nación. Lo que quiere decir que el brazo boliviano del cártel de Jalisco contaba con la protección de la policía y el ejército. La acumulación de pruebas que complican al gobierno de facto, llevaron al ex ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, a pedir la renuncia del ministro de gobierno Arturo Murillo.

Según el periódico La Nación, la aeronave que despegó desde Guayaramerín tenía placa de EEUU (matrícula N18ZL GLF3).

Un testigo reveló que la droga pertenecía al cártel de Jalisco y que debía financiar la campaña de Jeanine. Además, un informante confidencial testificó que las ganancias de la transacción de 1.000 kilos de cocaína destinada a los EEUU eran para solventar los costos de la campaña de Jeanine Añez Chávez, senadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia.

Los medios de comunicación, cuya tarea se ha reducido a blindar (proteger) la imagen de los autoproclamados, escondieron bajo la alfombra los nexos familiares de Jeanine Añez con el narcotráfico. La autoproclamada está casada con Héctor Hincapié, conocido político colombiano, investigado por sus nexos con el cártel de Cali, y es tía propia, de Carlos Andrés Añez Dorado, detenido en Brasil con media tonelada de cocaína.

25 febrero 2020  

(Con información de Primera Línea)

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Quema de autos en Viña del Mar en la protesta contra Piñera.

Las reacciones a los serios incidentes en la apertura del Festival de Viña del Mar

El mandatario chileno volvió a exigir un "gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz". El lunes estuvo marcado por un estado de tensa calma en las calles.

En su primera aparición pública luego de los serios incidentes en Viña del Mar, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que el país "ya ha sufrido demasiada violencia". En ese sentido, le exigió a todos los sectores de la sociedad y la política que condenen cualquier acto que atente contra la democracia. Sin embargo, su respuesta al conflicto fue, una vez más, el refuerzo del aparato represivo. La ciudad de Viña del Mar amaneció el lunes blindada por carabineros, que reforzaron los puntos centrales de ese centro balneario luego de las masivas protestas contra el gobierno de Piñera y los graves incidentes registrados el domingo por la noche. El gobierno chileno teme que la efervescencia en las calles sea un anticipo de la radicalización de las protestas a partir de marzo, mes en el que se esperan varias manifestaciones.

"Llegó el tiempo de un gran acuerdo por la democracia, contra la violencia y por la paz. Este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, no solo defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también, condenar a quienes no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia", destacó Piñera, que el lunes retomó su agenda política con una reunión con todos los ministros a la vuelta de sus vacaciones.

"Necesitamos asegurar el orden público y vivir en paz para tener un plebiscito que sea democrático, limpio y transparente. Todos queremos mejorar, cambiar, modernizar y perfeccionar la Constitución", agregó el mandatario. El plebiscito del próximo 26 de abril es una de las principales apuestas de Piñera para desactivar la grave crisis que vive el país desde octubre pasado, cuando iniciaron las manifestaciones contra el cuestionado modelo chileno, herencia directa del pinochetismo.

El lunes, la calma parecía volver a las calles de Chile luego de un domingo tenso. Sin embargo, tres colegios registraron incidentes por la mañana, en el inicio de clases en la comuna de Antofagasta. Supuestos alumnos encapuchados realizaron un recorrido por distintos establecimientos con el objetivo de obstaculizar la vuelta a clases y sumar más jóvenes a una marcha que iniciaron por Calle Orella, para continuar por las principales vías del casco central. 

Por la tarde tuvieron lugar nuevas manifestaciones en Viña contra el festival musical, que se desarrollaron sin mayores inconvenientes. A la noche se esperaba la presentación de la cantante chilena Mon Laferte , quien ha apoyado fuertemente las protestas sociales y a la que algunos grupos de ultraderecha anunciaron que buscarán boicotear su actuación.

Temiendo nuevos incidentes, el gobierno chileno redobló las medidas de seguridad con un amplio operativo policial en los alrededores de Viña. La alcaldesa de la ciudad balneario, la conservadora Virginia Reginato, pidió ayuda al gobierno para enfrentar nuevos actos de violencia y aseguró que los chilenos quieren "que vuelva la paz" a sus hogares y a ciudades. "Quiero mandarle un mensaje al presidente de la república: yo creo que ya la delincuencia no puede seguir en las calles de Viña", agregó Reginato.

Por su parte, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Zenteno, se refirió a los disturbios que se registraron el domingo en los alrededores de la Quinta Vergara, y aseguró que no hubo errores en el despliegue de la policía uniformada. La institución informó que durante las manifestaciones 23 uniformados terminaron lesionados y atribuyeron los hechos ocurridos a "la delincuencia".

En ese sentido, Zenteno manifestó que "el único error es que esta gente atenta contra la seguridad de las personas". El uniformado agregó que, en su particular visión de los hechos, no es posible hablar de "situaciones de derechos humanos, porque realmente los manifestantes atentan contra todo: hay jóvenes, hay niños, que van a un festival y eso no es digno de nuestro país".

La ciudad de Viña del Mar, a 135 kilómetros al oeste de Santiago, fue escenario la noche del domingo de duros enfrentamientos entre carabineros y manifestantes que se concentraron bajo el lema "Calles con sangre, Viña sin festival". Pedían la cancelación de la cita internacional de música por la grave crisis que atraviesa el país.

Además de los choques, grupos de encapuchados incendiaron varios autos, saquearon comercios y atacaron con piedras el edificio de la municipalidad y el emblemático Hotel O'Higgings, que tuvo que ser desalojado por unas horas y donde se encontraban artistas, periodistas y trabajadores del festival. Hubo también destrozos en sucursales bancarias y empresas de telecomunicaciones.

La policía les cortó a los manifestantes el paso con un inédito y fuerte operativo de seguridad que incluyó un helicóptero y un globo con cámaras de vigilancia. A pesar de la dura represión con gases lacrimógenos y carros hidrantes, los manifestantes resistieron y llegaron hasta los alrededores de la Quinta Vergara, donde unas 20 mil personas aguardaban el inicio del tradicional festival. Según el ministerio del Interior, la noche dejó 24 detenidos, 29 agentes policiales heridos, nueve tiendas saqueadas y una decena de autos incendiados.

Chile vive desde el pasado octubre su crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con al menos treinta muertos y miles de heridos, además de graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos. Lo que en un principio empezó como un llamamiento de los estudiantes a protestar contra el aumento de la tarifa del subte, se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

La situación generó un fuerte descenso en la aprobación del cuestionado presidente Piñera, con índices menores al 9 por ciento según las últimas encuestas. En este escenario, las autoridades temen una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando culminan las vacaciones de verano y arrancan nuevamente gran parte de las actividades productivas en el país. 

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Un trabajador de salud descansa mientras espera la llegada de ambulancias con pacientes contagiados por el coronavirus en un hospital de Daegu, Corea del Sur, donde se reportan siete muertos y 764 infectados.Foto Afp

Pekín. El nuevo coronavirus, considerado por China como su "emergencia sanitaria más grave" desde 1949, obligó ayer a Corea del Sur a proclamar la alerta máxima, a Italia a establecer la cuarentena en varias ciudades y suspender el carnaval de Venecia y presentaciones en La Scala de Milán, mientras varios países cerraron sus fronteras con Irán por el Covid-19.

El virus, que apareció en diciembre en la ciudad china de Wuhan, ha matado a 2 mil 592 personas e infectó a unas 77 mil en China continental, y ya se ha propagado por dos docenas de países, donde ha dejado 24 muertos y mil 200 contagiados.

El presidente chino, Xi Jinping, declaró que el Covid-19 constituye la "emergencia sanitaria más grave" en China desde la fundación del gobierno comunista en 1949, y reconoció "deficiencias" en la respuesta a la epidemia.

Mientras en el gigante asiático el ritmo de expansión parece haber caído –648 nuevos contagios de sábado a domingo–, fuera del país se ha despertado gran preocupación.

En Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in, decidió activar el nivel "más alto" de alerta por enfermedades infecciosas, tras confirmar siete muertos y 764 contagios por el virus en el país. La epidemia de Covid-19 está "en un momento decisivo. Los próximos días serán cruciales", señaló.

El máximo nivel de alerta permitirá a las autoridades cerrar temporalmente las escuelas, reducir el transporte público y los vuelos con destino y origen en Corea del Sur.

Irán registró ocho muertos y 43 contagios por el coronavirus, convirtiéndose en el país con más víctimas por el Covid-19 fuera de China, lo que llevó a Turquía, Jordania, Pakistán, Afganistán y Armenia a cerrar sus fronteras o prohibir los viajes.

La república islámica, sometida a severas sanciones estadunidenses desde que Washington abandonó el pacto nuclear en 2018, adoptó medidas drásticas para luchar contra la epidemia, entre ellas el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias. La capital, Teherán que cuenta con 8 millones de habitantes será puesta en cuarentena si aumentan los casos.

El guía supremo iraní, Ali Jamenei, acusó a la prensa extranjera de servirse de la epidemia como "pretexto" para entorpecer las elecciones legislativas del viernes pasado, marcadas por un gran abstencionismo y que ganaron los ultraconservadores.

En Italia, 52 mil personas se despertaron ayer en zonas de cuarentena impuestas en Lombardía y Véneto, donde ni la entrada ni la salida estaba autorizada "salvo excepciones particulares", como decretó el primer ministro Giuseppe Conte.

Las autoridades del norte de Italia cerraron escuelas, museos, cines y lugares emblemáticos como la catedral de Milán, el célebre Duomo y el teatro La Scala, y suspendieron el Carnaval de Venecia ante el aumentó a 152 de los casos de coronavirus, que causó tres muertes, la última, ayer, de una anciana que padecía cáncer.

Italia es el país europeo más afectado por el virus. El foco se encuentra en Codogno, cerca de Milán. "Todos tenemos miedo, pero cruzamos los dedos, esperamos que todo vaya bien", declaró, una empleada de farmacia, el único tipo de establecimiento que puede permanecer abierto.

Los países vecinos de Italia, como Francia, Suiza y Austria siguen atentos la situación en la península, y se preparan para una "epidemia" de Covid-19. El nuevo ministro de Salud, Olivier Veran, estimó "muy probable" la posibilidad de nuevos casos en Francia.

Un tercer pasajero del crucero Diamond Princess, en cuarentena en el puerto japonés de Yokohama, murió tras haber contraído el coronavirus, informaron medios locales. Se trata de un hombre de unos 80 años que se enfermó a bordo y luego fue trasladado a un hospital local.

Pese al confinamiento impuesto al crucero, más de 600 personas han dado positivo por coronavirus, de las cuales varias docenas se hallan en estado grave.

La multiplicación de nuevos contagios fuera de China confirma la alarma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el riesgo de propagación de la epidemia de Covid-19, alertaron expertos, que pidieron reforzar la vigilancia.

"La epidemia ha dado un profundo giro estas últimas 48 horas. La OMS y sus estados miembros deben reflexionar y pasar de una estrategia de contención a una de paliación, es decir, reducir el impacto negativo de la propagación" del virus, estimó el profesor Devi Sridhar, responsable del programa de gobernanza sanitaria en la facultad de Medicina de Edimburgo.

Para la médica Nathalie MacDermott, del King’s College de Londres, la evolución de la epidemia es "muy preocupante" por la dificultad para identificar a la persona que está en el origen de los últimos focos epidémicos.

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Lunes, 24 Febrero 2020 05:56

Mejores y brillantes

Mejores y brillantes

El gobierno de Boris Johnson aprovecha el abultado triunfo electoral de diciembre pasado para imponer medidas para controlar la economía; redefinir los límites del Poder Judicial; acomodar las relaciones con la prensa–incluida la BBC, a la que ha puesto en la picota– y con las universidades, ambas las considera insumisas; reordenar las condiciones de la sanidad pública con sesgos privatizadores y, por supuesto, replantear de modo radical la vecindad con la Unión Europea.

En este último caso, el gobierno se propone afianzar las fronteras por medio de medidas comerciales proteccionistas y con nuevas pautas sobre la inmigración.

Como líder del tramo final del Brexit, Johnson reclamó duramente: "Retomar el control de las fronteras". Esto ocurre luego de que Gran Bretaña fue miembro de la Unión Europea desde 1973.

El asunto de la migración se posicionó de modo explícito en la disputa política de ese país desde hace más de una década. Debilitó al gobierno del laborista Brown y ahora se está consolidando políticamente.

El líder de los tories –el Partido Conservador– quiere cumplir y se propone una política migratoria que restringe la entrada de trabajadores con bajos niveles de calificación, mismos que predominan en ocupaciones como las fabriles, hoteles, restaurantes, construcción, almacenamiento y recolección agrícola, además de los que ingresan para trabajar de modo independiente.

Según la iniciativa que ya se ha propuesto, ésta se considera como una forma de resolver la severa distorsión del mercado laboral provocada por el libre movimiento de personas que existe en la Unión Europea.

La postura ha sido expresada claramente por la ministra del Interior, Priti Patel, de padres de ascendencia india y que llegaron en la década de 1960 de Uganda para establecerse como comerciantes. La cuña aprieta.

Patel lo puso así: "Queremos a los mejores y los más brillantes". Es, pues, una política laboral de selección a la carta. La tienen, con sus propios rasgos, otros países, como Australia.

Los puestos de baja calificación, según la iniciativa, habrán de llenarlos trabajadores nacionales. De tal manera, afirman desde el gobierno, se cumple la oferta hecha a los que votaron el Brexit para reducir la entrada de fuerza de trabajo desde otros países de la UE y la inmigración en general. Este último parece ser el objetivo principal.

El programa del gobierno crea un sistema en el que los inmigrantes obtengan una puntuación máxima de 70 en un esquema de requisitos prestablecidos para lograr el permiso de trabajo correspondiente.

La cuestión laboral siempre está en el centro de las realineaciones en los mercados. Habrá que ver hasta dónde llega esta postura y las disputas que habrá con las empresas y los sindicatos.

En este caso sobresale el giro a la derecha del gobierno británico. Igualmente, se verá cómo se rehace el Partido Laborista después de la debacle electoral, así como otras fuerzas políticas.

En el mercado laboral transfronterizo hay muchos casos de selección de extranjeros que se acepta recibir para trabajar legalmente. Un caso relevante en Europa ocurrió entre 1955 y 1973 con el programa de Gastarbeiter (trabajadores invitados) de Alemania Occidental, en aquella época.

De ahí hasta la constitución del área Schengen, que suprimió en 1985 los controles fronterizos internos de una serie de sólo cinco países y que ahora cuenta con 26, hay un gran trecho. Además, hay que considerar las grandes corrientes de inmigración de naturaleza muy variada que han ocurrido desde entonces. Gran Bretaña no era parte de Schengen.

El sesgo de Johnson responde a otras motivaciones. Pretende conseguir una nueva concentración de poder en un entorno que se repite actualmente con características diversas en otras partes del mundo: China, Estados Unidos y Rusia son sólo algunos ejemplos. Un patrón que entraña un verdadero cambio cultural que de una forma u otra se ha ido fraguando desde la década de 1990.

Trump se propone revalidar su presidencia, Xi ser líder vitalicio, Putin recomponer la estructura de su estricto control político. Los italianos han frenado por ahora a Salvini, en Francia sobrevuela la xenofobia de Le Pen.

Hay versiones de estos giros que indican cómo se inclina ahora el mapa político e ideológico. Cuando eso ocurre hay quienes resbalan; a muchos les ocurre por su fragilidad social, a otros por incompetencia en la lucha por el poder frente al autoritarismo y en general sucede por tolerarlo.

El caso es disminuir al otro, relegarlo, oprimirlo, discriminarlo y, si se puede, desterrarlo. Un caso que va más allá de lo anecdótico es el que protagonizó la alcaldesa del municipio de Vic en la provincia de Barcelona. Según reporta el diario Vanguardia: Se dirigió a "catalanes autóctonos", a los que reclamó que no hablen en castellano a gente que "por su acento o su aspecto físico no parece catalana". Los ciudadanos saben ahora que es una consumada antropóloga.

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Elecciones en Venezuela: legislativas vs. presidenciales

El gobierno y sectores de la oposición llaman a legislativas, mientras Guaidó asegura que sólo participará de presidenciales. 

Nicolás Maduro ha mantenido una constante desde el año pasado: afirmar que habrá elecciones legislativas en el 2020, como indica el calendario electoral. Si entonces se trataba de una fecha lejana tomando en cuenta la dinámica vertiginosa de la política venezolana, ya es un escenario cercano alrededor del cual se centran los debates.

Se trata de una cuestión compleja por tres razones centrales. En primer lugar, es una elección a la Asamblea Nacional (AN), espacio sobre el cual la oposición construyó su trinchera institucional desde el 2016 y que, desde el año pasado, fue nombrado por Estados Unidos como única institución legítima, ardid a partir del cual designaron a Juan Guaidó como presidente encargado.

En segundo lugar, porque desde el mes de enero existe un nuevo presidente de la AN, Luis Parra, miembro del partido opositor Primero Justicia, que sesiona en las instalaciones del poder legislativo. Pero Guaidó y los diputados articulados alrededor de su bloque no han reconocido esa victoria y realizan sesiones en plazas públicas atribuyéndose la verdadera presidencia legislativa.

En tercer lugar, esa misma división en filas opositoras responde no solamente a disputas por negocios y corrupción como se han acusado mutuamente, sino justamente a la estrategia ante las próximas elecciones. La AN presidida por Parra, así como la oposición nucleada en la denominada Mesa Nacional de Diálogo, trabaja hacia el escenario de las legislativas, mientras que el sector de Guaidó sostiene que las próximas elecciones deben ser las presidenciales.

La oposición que participará de las legislativas era minoritaria hasta el año pasado. Pero, desde septiembre hasta la fecha ha tomado fuerza, sumado dirigentes, partidos, y el efecto se ha invertido: Guaidó, que responde al plan trazado desde Washington, luce ahora en minoría.

Existe un punto central transversal a este debate: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana fue reactivada una comisión integrada por diputados del chavismo, de la AN presidida por Parra y diputados nucleados alrededor de Guaidó, para trabajar sobre la conformación del nuevo poder electoral.

Pero, mientras los diputados del chavismo y de la oposición alejada de Guaidó afirman que el nuevo CNE será para elecciones legislativas, Guaidó mantiene que, aunque sea parte de la comisión para el nuevo poder electoral, sólo participará de presidenciales.

Esa misma posición tiene su correlato internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, se reunió el día jueves en Canadá y expuso en la declaración final que “las parlamentarias solas son un problema y que lo necesario en este momento son unas elecciones presidenciales libres”.

Esa posición sigue la política norteamericana que sostiene que además de una elección presidencial, es necesario que sea sin Maduro en la presidencia. Es lo que, traducido en Venezuela, Guaidó afirma semanalmente desde hace más de un año: el cese de la usurpación, seguido de un gobierno de transición y elecciones libres, es decir la fórmula que sí resultó en Bolivia con el golpe de Estado.

Mientras el debate electoral avanza hacia un posible CNE y fecha de contienda, la estrategia norteamericana es agudizar el bloqueo contra la economía venezolana. El Departamento del Tesoro sancionó esta semana a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft Oil, una acción que se suma al ataque a la empresa estatal de aviación Conviasa, anunciada pocas semanas atrás.

El objetivo de Estados Unidos es cercar la economía, impedir el funcionamiento de sus áreas vitales como la industria petrolera, la venta de oro, o el acceso a los sistemas financieros. Esa presión, junto con operaciones encubiertas y promesas de salvación a quienes traicionen, busca forzar al gobierno a ceder o lograr un quiebre interno.

El plan norteamericano no ha dado ese resultado y, en vez de contar con un respaldo mayoritario en Venezuela, ha ampliado rechazos tanto en la sociedad como en sectores de la dirigencia opositora política y económica. Quienes se oponen la política de asfixia son quienes a su vez se presentarán a las elecciones legislativas.

Quedan días, semanas y meses de negociación. El plan del chavismo y del sector con quien se dialoga es lograr traccionar a la mayor cantidad de fuerzas opositoras para darle mayor legitimidad a la contienda.

El desafío de Guaidó es el de frenar esa emigración política, para lo cual necesita poder ofrecer un plan que no sea únicamente asfixiar la economía, que brinde resultados concretos. Una vez más, quien podría tener la capacidad para hacerlo, no será él, sino el poder norteamericano, lo que dependerá de una superposición de cálculos electorales y geopolíticos. 

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La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, como si fuera una vulgar trumpiana fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos.Foto Ap

Lo peor que pueden hacer los cándidos mandatarios del mundo es tomar partido por demócratas y/o republicanos, que son las dos caras de la misma moneda cuando se trata de la "seguridad nacional" de Estados Unidos y sus intereses, como fue notorio en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) en su versión 56, donde demócratas, encabezados por Nancy Pelosi (NP) y Adam Schiff –fallidos defenestradores de Donald Trump–, se fusionaron con sus supuestos "enemigos" de la dupla "evangelista sionista" Pence-Pompeo y el secretario del Pentágono Mark Esper (ME), representantes del trumpismo, para arremeter conjuntamente contra China y la 5G de Huawei (https://bit.ly/2T5fJzw).

La amazona católica NP, desde la inmoralidad del sistema bélico de Estados Unidos, moralizó el pleito con la 5G de Huawei, que redujo a un dilema entre la "autocracia" china y la "democracia" (sic) de la "autopista de la información" (https://bit.ly/2TaC4eQ).

NP no conoce el sistema que dirige en Estados Unidos, que no es una "democracia", sino una "plutocracia prototeocrática", tanto en la fase del ayer demócrata y hoy republicano Trump como de la candidatura híbrida del ayer republicano y hoy demócrata Mike Bloomberg, con una fortuna que ya alcanzó 65 mil millones de dólares (https://bit.ly/2HOJmzP) y quien, al unísono de George Soros, lubricó la candidatura de NP.

Ni Alemania ni Francia ni Gran Bretaña –cuyo primer ministro conservador, Boris Johnson, es el gran aliado de Trump– se han doblegado a las amenazas de Estados Unidos para abandonar la 5G de Huawei.

NP, como si fuera una vulgar trumpiana, fustigó que la red 5G de Huawei permitiría a China espiar las comunicaciones de los aliados de Estados Unidos, a lo que China replicó que este último persiste en monopolizar (¿"democracia"?) el control cibernético global para perpetrar su espionaje. NP amenazó que “quienes opten por Huawei tendrán que pagar un alto precio (¿"democracia"?). Cuando le preguntaron a NP si estaba de acuerdo "con la política china del presidente Trump", respondió sin sonrojarse que "estamos de acuerdo en este punto". Y en otros más que oculta…

El diplomático chino Fu Ying preguntó a NP cuál era su explicación para que las trasnacionales de Estados Unidos que han operado en China durante décadas no hayan podido cambiar el sistema político chino y que ahora resulte que Huawei sola amenace la "democracia" de Occidente (https://bit.ly/2vRVQ6Z). ¡Touché!

Justamente, días antes, The Washing-ton Post –portavoz del establishment y propiedad de Jeff Bezos, mandamás de Amazon–reportó que la CIA espía las comunicaciones encriptadas de los gobiernos de todo (sic) el mundo desde hace cinco décadas (sic), gracias a la instalación secreta de la empresa de "seguridad" CryptoAG, en Suiza (https://wapo.st/2Pw9aVN).

Si Europa rechazara la 5G de Huawei, se quedaría secuestrada eternamente a Estados Unidos y muy rezagada frente a China.

El Secretario de Defensa ME advirtió que el mundo se encuentra ahora en la "era de competencia de las grandes potencias", por lo que “debemos pasar de los conflictos de baja (sic) intensidad y prepararnos de una vez por todas para una guerra de alta (sic) intensidad”, que es la misma perorata del reporte del Pentágono de 2018 (https://bit.ly/39TpKXd).

En forma espectacular participaron también en la CSM Mark Zuckerberg, de Facebook, y el canciller iraní, Javad Zarif, lo que puso nerviosos a tirios y troyanos.

Las diatribas de republicanos y demócratas por igual contra la 5G de Huawei va mucho más allá de una prosaica guerra "comercial" y de la defensa hilarante de "valores democráticos" inexistentes en Estados Unidos. Más bien refleja el acelerado declive de Occidente, en particular, de Estados Unidos, su otrora superpotencia tecnológica que ha sido ya rebasada en varios rubros por la panoplia hipersónica militar de Rusia y por las hazañas científicas de China, hoy puesta doblemente en cuarentena por el extraño coronavirus y por el cerco de Estados Unidos, que empezó con la contención de Barack Obama y prosigue en forma desesperada con Trump, mientras Rusia y China han codificado una "asociación estratégica", cuya envergadura secreta se ignora y ha dejado atrasado a Estados Unidos.

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