Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

Publicado enInternacional
Viernes, 01 Mayo 2020 06:40

Maduro camina en un campo minado

Disturbios y saqueos en Upata, Venezuela. / Foto: RRSS

¿Se avecina una insurrección popular en Venezuela?

 

Con la crisis petrolera y el desplome de las remesas que los emigrantes venezolanos envían a su país, el presidente Nicolás Maduro ve temblar el piso bajo sus pies. Saqueos y protestas, ocasionados por el aumento del costo de los alimentos y la escasez de combustible, desafían la cuarentena.

Desde Caracas

No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.

SIN GASOLINA NI REMESAS.

A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.

Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.

La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.

A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.

EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA.

A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.

Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.

Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.

LA GRAN PREGUNTA.

Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.

Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.

En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.

Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.

30 abril, 2020

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Viernes, 01 Mayo 2020 06:31

Resiliencia o catástrofe

Resiliencia o catástrofe

Votar con nuestro consumo: Economía Social y Solidaria para superar las circunstancias traumáticas, o renormalizar una nueva crisis del sistema.

 

n junio de 2017, Slavoj Žižek (el primero en publicar un ensayo sobre la pandemia Covid19) explicó en una intervención, Lecciones del “airepocalipsis”, en el Museo Reina Sofía de Madrid, como renormalizamos las catástrofes desde hace décadas. Dando la razón a Naomi Klein, las decodificó como una forma de entender el capitalismo salvaje, que nos ponen en estado de shock para generar, a partir de ellas, otro nuevo ciclo del mismo. Una paradoja, decía, que se da por el lapsus entre el “saber” y el “creer”.

Esa, renormalización sigue una estrategia, que en una primera fase individualiza la culpa (responsabilizando, por ejemplo, a la ciudadanía del cambio climático). Incluso, comentó, que el capitalismo es aún más ingenioso apelando a la corresponsabilidad personal. En una segunda etapa, trata de mistificar las diversas crisis presentando esos procesos como algo que nos supera, ante los cuales nos sentimos diminutos, pero que no tendrán consecuencias para la vida, pues no destruyen las condiciones materiales para ella, ni rompen el equilibrio, ni son problemas estructurales del propio sistema.

Y en su tercer estadio, se testifica que el hecho traumático experimentado como la realidad, no es la realidad, si no una percepción de la misma, o suposiciones ideológicas. Proceso por el cual el hecho catastrófico tiende a desintegrase porque, además, podemos adaptarnos a él.

Alegó que en paralelo a las múltiples tragedias, emergía un nuevo tipo de subjetividad (a través de series, películas, vídeo-juegos, dibujos animados, incluso mencionó la pornografía hardcore, o los capítulos de Las 120 jornadas de Sodoma, del Marqués de Sade) que nos acostumbran a una muerte y renacimiento constantes, donde los hechos brutales se normalizan. Y donde se apela incluso a la inmortalidad (sacó a colación el auge de las historias de vampiros o zombies; quizás ahora mencionaría el transhumanismo), ficciones que determinan nuestra experiencia diaria, donde la realidad es paradójica y no se distingue lo virtual de lo real.

Ante una audiencia absorta, afirmó que Pokemon (muy de moda entonces) no es un juego sino una ideología, y que la ideología siempre condiciona la realidad ya que la forma en la que apreciamos la realidad no es inocente. Las expresiones del público se ensombrecieron cuando señaló que no hay libertad, ni elecciones libres, si no que elegimos entre opciones inevitables.

En esa ponencia, que tanto tiene que ver con el momento actual, abordó como el antropocentrismo hace que los seres humanos nos creamos la especie superior del planeta. Y cómo confrontarnos así con los sucesos perturbadores, desmoviliza a gran parte de la ciudadanía, perdiendo la fe, llegando a una “zona cero” desde donde reescribir un periodo aún más salvaje del capitalismo, sin entender el significado profundo de lo que ha ocurrido. Algo que, sin duda, está sucediendo también hoy.

Prácticas y narrativas para un cambio de paradigma

Ahora observamos, más diáfanamente que nunca, que en la naturaleza todo está relacionado, que su objetivo es la sostenibilidad de la vida y se alcanza a través de la cooperación entre especies. También que se regula por sí misma (si le damos un respiro) pues respeta su lógica, la de los cuidados, que es la de todos y todas.

Sin embargo, la meta de la economía actual es acumular capital y se consigue compitiendo unos contra otros. Cuanto más rico es un país, más consumen sus habitantes, y cuanto más lo hacen, mayor es su impacto en la tierra. Entre el 60 y el 80 por ciento de esos impactos provienen del consumo de los hogares, cambiar nuestros hábitos de consumo tiene un gran efecto en la huella medioambiental, pero las cuartas quintas partes de ellos no son directamente atribuibles a las personas consumidoras, sino secundarios: derivados de los modelos productivos que fabrican nuestros bienes y servicios.

Por eso, es tan importante saber qué estamos apoyando (y votando cada día) con nuestro dinero y nuestro consumo, pues consumir no deja de ser un acto político (que como el voto) pretenden que sea acrítico, emocional, compulsivo e incluso frívolo.

No seré yo quien discuta a Žižek, pero aunque las opciones escasean, las hay. Existen elecciones que no generan los “círculos viciosos” de precariedad, insostenibilidad, violencias, tensiones estructurales y contradicciones del actual sistema neoliberal, cuyo centro no es la vida, si no su lógica extractivista (de bienes o servicios comunes, trabajo, materias primas, etc.), de acumulación del capital y de maximización del beneficio por una élite, a través de unos mercados que no se regulan por sí mismos (como persiguen hacernos creer) si no que, pervirtiendo la palabra libertad, avivan ferozmente, en su nombre, la economía y sus metabolismos productivos extractivos, intensivos y especulativos, que lo mismo mundializan crisis financieras, que totalitarismos, populismos, éxodos humanos, extinciones o pandemias.

Esas otras elecciones provienen de modelos productivos y de consumo que crean “círculos virtuosos” de mayor resiliencia en las sociedades, al respetar las conexiones ecosociales e interdependencias imprescindibles para la vida. No exigen constantes sacrificios sociales, humanos, ecológicos, etc., sacralizando el crecimiento económico, ni construyen una economía suicida en un planeta de recursos finitos. La Economía Social y Solidaria (ESS) es uno de esos modelos.

La Economía Social y Solidaria como laboratorio ecosocial

Actualmente, cuando tanto se pondera la innovación social y medioambiental, resulta que la ESS se clasifica dentro esas “nuevas economías” que plantean soluciones a las disfunciones del sistema actual. Es un laboratorio vivo ecosocial que construye otras fórmulas económicas y, por tanto, una nueva realidad que no renormalice las catástrofes sino que aprenda de ellas, las evite, e incluso las prevenga.

Como periodista he podido profundizar en muchos proyectos, nacionales e internacionales, me topé con algunos antes de escribir Tu consumo puede cambiar el mundo (Península, 2017), consumiendo productos agroecológicos, de comercio justo, energías renovables o finanzas éticas. Los más de tres años que me llevó la investigación de ese libro, entré en contacto con sus redes en la capital (REAS Madrid y su Mercado Social) entrevistando a algunas de sus entidades. Al concluirlo, quise formar parte (como socia-consumidora) del Mercado Social, y por una serie de azares (que esos colectivos conocen, y aún recuerdan con hilaridad) acabé teniendo un balcón privilegiado a sus órganos rectores, donde dieron acogida a consumidores y consumidoras para ampliar su riqueza representativa.

He podido conocer esas redes por dentro (algunas de sus fórmulas las recojo en mi último libro Al borde de un ataque de compras (Debate, 2019)), en ellas se han aceptado las críticas constructivas, incluso vehementes, posturas disidentes e incómodas, como una manera de aceptar la diversidad social real y entender la transformación ecosocial como un aprendizaje colectivo que no deja a nadie atrás.

Durante todos estos años he profundizado en muchos proyectos. Antes del confinamiento, durante la presentación de mi último libro en Pamplona, en Geltoki (una iniciativa de consumo y cultura pionera de la ESS), aproveché también para visitar Landare (una asociación de consumo con más de 20 años, formada por 2.000 socias y socios), además de la planta de Traperos De Emaús en Navarra, cuya labor de recuperación y reciclaje es absolutamente ejemplar. Fórmulas de éxito social, medioambiental y económico, logradas gracias al tesón colectivo, a la profesionalización y al aprendizaje constantes.

Experiencias que también han emergido fuera de nuestras fronteras, como Park Slope Food Coop, de Nueva York, con más de 17.000 miembros que lleva 45 años demostrando que otras formas de consumo son posibles, como su réplica La Louve, en París, de la que reciben mentoría los supermercados cooperativos que están emergiendo actualmente en España, que pronto serán otra realidad de la ESS.

Como llevan años siéndolo las comercializadoras de renovables (Som Energia, La Corriente y tantas otras en nuestros territorios), o las finanzas éticas: Coop57 (créditos), Oikocredit (microcréditos), Fiare (banca) o CAES (formado por Seryes y ARÇ, de seguros éticos) y los innumerables grupos y cooperativas agroecológicas de consumo de nuestro país, así como otras iniciativas en telefonía, movilidad, moda sostenible, belleza ecoética, bioconstrucción, entre otras múltiples opciones de bienes y servicios de consumo o culturales, en prácticamente todos los sectores, que también se arropan bajo este paraguas.

Una mirada puesta en el futuro común

Como todo laboratorio, la ESS tiene éxitos y fracasos, egos inflados y lecciones de humildad. He atestiguado que saca lecciones de sus luces y sus sombras. Por delante queda quizás el mayor de los retos: armonizar su trayectoria y multiplicidad, sobrevivir a esta nueva crisis consolidando y construyendo propuestas, así como narrativas para víctimas y victimarios, contribuyendo a materializar las diversas transiciones ecosociales, más necesarias que nunca.

También reducir esa paradoja, apuntada por Žižek, que causa el lapsus entre el “saber” y el “creer”. Pasar de las escala micro actuales, a otras que no desborden los límites planetarios, sin ejercer de correa de transmisión neoliberal. Seguir transformando el presente desde la pluralidad, por los objetivos comunes, con su modelo virtuoso (que como otros existentes) posibilita la sostenibilidad de la vida y no sólo la del capital.

Recuerdo que en marzo del 2019, Kois Casadevante, miembro de la cooperativa Garúa, hervidero de mentes brillantes transdisciplinares y parte de la ESS, cuando coincidimos en Barcelona en el encuentro Un futuro tras la gran crisis ecológica ¿Colapso o Justicia medioambiental? (organizado por La Maleta de Portbou y César Rendueles) explicó, con mucho cariño, que en ocasiones la EES padece el síndrome de Lilliput: “Somos un poco autocomplacientes a la hora de pensar el cambio social. Nos gusta mucho la fórmula de ‘muchos pequeños, haciendo pequeñas cosas, en muchos lugares, cambian el mundo’, que tiene gran parte de verdad, pero a veces puede ofrecer una visión demasiado simplificada del cambio ecosocial y provocar dinámicas un tanto autocomplacientes que lleguen a sesgar sus potencialidades, si no se abordan con una mirada más compleja y una vocación real de mayorías”.

En esa también sagaz intervención, Kois mencionó otro síndrome, el de Peter Pan: “Tiene que ver con cómo operativizar lo anterior. Es el temor a no querer hacerse mayor, que puede llevar a la ESS a no desear crecer en su afán de que ‘lo pequeño es hermoso’. A los proyectos y empresas nos cuesta aceptar la necesidad de crecer en tamaño, escala, impacto, facturación, etc., que a veces nos arrojan ciertos niveles de contradicción que muchos no están dispuestos a asumir”. Y apostilló entonces: “Se trata de superar estos síndromes, sin convertirnos en el Capitán Garfio”. Yo no podría haberlo dicho mejor. Feliz aniversario REAS ¡A por otros 25 años más!

Brenda Chávez es periodista especializada en consumo, sostenibilidad y cultura, autora de Al borde de un ataque de compra (Debate, 2019) y Tu consumo puede cambiar el mundo (Península, 2017), miembro del colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo Carro de Combate. Dirige la sección de Consumo Sostenible, Consuma Crudeza, del programa de radio Carne Cruda.

30 abr 2020 11:30

Publicado enSociedad
Jueves, 30 Abril 2020 05:56

Las revueltas del pan toman Líbano

Soldados libaneses arrestan a un joven en la ciudad libanesa de Trípoli, este martes.Natalia Sancha García

Las manifestaciones rebrotan con fuerza y registran su primer muerto, mientras la crisis sanitaria precipita el colapso para hundirse en la económica

 

“Mi hermano ha muerto a los 26 años por defender pacíficamente sus derechos”, cuenta Fatima Fouad, conocida activista libanesa y hermana de Fawaz Fouad, quien falleció en la mañana del martes tras recibir un disparo de bala la noche anterior durante una protesta en la norteña ciudad de Trípoli. El cuerpo fue recibido como “mártir de la revolución” a su paso por la plaza Al Nur, epicentro de las protestas. La muerte del joven, la primera de un manifestante por fuego de las fuerzas del orden, ha desatado la violencia en las calles de la segunda urbe y lumpen del país.

“Se está normalizando el uso de la violencia conforme los políticos viven en la negación absoluta y su oligopolio roba a los pobres para dárselo al 1% de los ricos”, acota la joven. Fawaz deja a una niña de cuatro meses huérfana a la que ya tenía dificultades para mantener tras cerrar su taller de motos por la crisis. “No recibió ayuda alguna”, denuncia su hermana. Una realidad que asola a muchos otros conciudadanos. Tras un mes de pausa forzada por las medidas de confinamiento, los manifestantes retornaron a las calles el pasado día 20, seis meses después del estallido las primeras protestas. Lo han hecho con más hambre y menos paciencia con sus dirigentes que hace unos meses para centrar sus ataques contra el Banco Central y el resto de entidades financieras privadas del país.

También han pasado de las piedras a los cócteles molotov con los que jóvenes encapuchados han incendiado varias sucursales bancarias en Trípoli y, de paso, calcinado un par de vehículos policiales. Frente a ellos se desplegaba este martes el Ejército libanés quien también ha aumentado la represión. En una de las muchas batallas callejeras que se libran estos días, una fila de soldados abría fuego contra un grupo de unos 200 chavales con balas de goma y botes de gas hasta que recurrieron al fuego real con ráfagas al aire. Los jóvenes salían despavoridos por el ensordecedor estruendo de disparos. Medio centenar de heridos acabaron siendo atendidos —cinco de ellos hospitalizados— por los paramédicos de la Cruz Roja libanesa que pululaban entre nubes de gas. Uno de ellos se afanaba en vendar la pierna de un soldado al otro lado de la avenida convertida en frente de batalla.

Varios uniformados aporreaban y pateaban a otro joven detenido antes de que un oficial les ordenara parar y comportarse como soldados. Aplaudidos como símbolo de unidad nacional hasta ahora en las manifestaciones, han pasado a cargar con rabia contra los manifestantes, como se vio el martes en el repunte más grave de violencia que ha vivido el país en los últimos tres meses. “En esta ciudad han caído muchos más soldados que en el resto de Líbano en las diferentes y numerosas batallas que ha habido. No lo olvidan”, intentaba justificar durante el revuelo un agente armado y vestido de civil. Algunos de los jóvenes aprovechaban el caos para ensañarse con una heladería.

“Solo queremos pan, es muy simple, pero nos lo han robado todo”, gritaba uno de esos jóvenes con las manos repletas de piedras y el rostro cubierto por una mascarilla que le sirve para protegerse de tanto la covid-19 como del gas. Mientras se enjuagaba la cara con el agua de una manguera, algo mareado explicaba por tanto ajetreo y con el estómago vacío desde el amanecer por la celebración del Ramadán, mes de ayuno musulmán, uno de los más austeros que vive el país. La libra libanesa lleva dos semanas en caída libre y los precios se han disparado un 55%, según datos del Ministerio de Economía, empujando a casi la mitad de los 4,5 millones de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza. “Trípoli ha sido históricamente marginalizada política y económicamente, de ahí que la pobreza afecte al 60% de sus habitantes”, valora en conversación telefónica Adib Nehme, experto en desarrollo y pobreza.

Debacle económica

Razón por la que el resto de ciudades del país miran hoy hacia Trípoli y no a Beirut como nueva punta de lanza de las protestas transformadas en una revuelta del pan. Conforme el Gobierno anuncia un plan en cinco fases para salir del confinamiento y canta victoria frente a la amenaza sanitaria (con 721 casos y 24 muertes por la covid-19, oficialmente), el país se hunde en la crisis económica. Las eficaces medidas de prevención contra la pandemia han asestado paradójicamente la estocada final al bolsillo de sus habitantes y acelerado los despidos en masa. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (equivalente a unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB) y ha declarado el primer impago de deuda de su historia.

Los bancos cerraron sus puertas hace ya un mes y no todos los cajeros tienen billetes. De ahí la inquina ciudadana contra sus instalaciones. La libra libanesa se cambiaba este fin de semana a 4.300 unidades por dólar en las casas de cambio frente a las 1.507 que mantiene el Banco Central desde hace tres décadas. “En los supermercados ya no se molestan ni en etiquetar los productos por lo volátiles que son los precios”, explica Sami, un comerciante de Trípoli. Sin reservas de divisas y con el desplome de la moneda nacional, los precios más que se duplican en un país que importa el 80% de todo lo que consume.

Al atardecer suena la llamada al Iftar, ruptura diaria del ayuno, y varias personas comienzan a distribuir cenas calientes entre las familias más pobres. Los activistas han creado toda una red de apoyo civil para los hogares que han perdido sus ingresos y colman el vacío que dejan los partidos tradicionales sin fondos para cooptar a sus bases sociales. El miedo a una espiral de violencia conforme se extienda la pobreza es algo general. En este empobrecido y conservador bastión suní, otros temen que tal y como ocurrió en esta misma ciudad en 2014 el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) venga a reclutar a jóvenes en este pozo de desesperanza.

El silencio en las calles apenas dura una hora hasta que los jóvenes, ya con el estómago lleno, se lanzan de nuevo a otra batalla campal que durará un día más hasta bien entrada la madrugada.


Las luchas de poder tras la quema de bancos

El director del Banco Central, Riad Salamé, se ha convertido en diana favorita de los insultos de los manifestantes. La indignación creció ayer en las redes cuando algunos activistas filtraron un inusual ajetreo de jets privados despegando desde el aeropuerto de Beirut, teóricamente clausurado por la pandemia hasta nuevo aviso. “Los banqueros huyen y se llevan nuestro dinero”, denunciaban en los grupos de WhatsApp.

En Líbano la mayor parte de accionistas de la banca son simultáneamente diputados o ministros que, al igual que Salamé, llevan décadas en sus puestos, tres en su caso. De ahí que mantenga estrechos lazos con la mayoría de los líderes políticos, de todas las confesiones religiosas. Incluido el ex primer ministro Saad Hariri, depuesto en octubre por las protestas.

Precisamente esta semana, su sucesor, Hasan Diab, se ha lanzado en los medios a una guerra dialéctica contra el poderoso banquero, atrayendo los ataques de sus aliados e incluso el reproche de París. Diab advirtió este martes contra aquellos que intentan “aprovecharse políticamente de las protestas para servir sus ambiciones políticas y personales en base a sus intereses y cálculos”. Un mensaje que muchos interpretan que va dirigido a su antecesor, quien no descarta reocupar el cargo.

Bastión suní, Trípoli se antoja una pieza clave para todo candidato que quiera optar al cargo de primer ministro, que según el acuerdo que rige el país ha de ser suní. La quema de bancos esconde, según varios políticos consultados, dos renovadas guerras de poder: entre los dos bloques políticos por el Gobierno, por un lado, y entre Diab y Hariri dentro del propio campo suní, por otro.

Por Natalia Sancha

Trípoli - 29 abr 2020 - 17:30 COT

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La policía antimotines dispersó el lunes una protesta contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en calles de Santiago.Foto Afp

Descontento por las secuelas de la pandemia y la posibilidad de aplazar el plebiscito constitucional

 

Santiago. Bastó que dos o tres personeros de la derecha chilena, incluido el presidente Sebastián Piñera, pusieran en duda la realización del plebiscito constitucional de octubre próximo, con el pretexto de la pandemia del Covid-19, para que al instante se reactivara la protesta social en las calles: la noche del lunes se reportaron "más de 20 eventos graves", entiéndase incidentes, enfrentamientos y barricadas, admitió el gobierno.

El estallido ocurre en barriadas de Santiago y ciudades como Concepción, Antofagasta, Iquique y Valparaíso, con los manifestantes regresando a Plaza Dignidad, simbólico epicentro de la protesta. Y crece tanto por la provocación del mensaje oficial como por las secuelas que deja la pandemia: cientos de miles de desempleados y destrucción de pequeños emprendimientos. La policía reprime al instante, sin contemplaciones, y así seguirá siendo, prometió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"Lo que hace el gobierno es que la reacción policial es inmediata para contener esos desórdenes; se detiene a los manifestantes y se les persigue. Hay más de 70 detenidos y vamos a presentar acciones judiciales al menos contra 16", advirtió.

Representativo de la impunidad que parece sentir la policía, la noche del lunes dos carabineros de franco y borrachos dispararon desde un auto contra una multitud en la comuna de La Florida, en Santiago, con saldo de 10 heridos de bala. Los oficiales fueron dados de baja. Pero hay múltiples ejemplos de abuso, como en la norteña ciudad de Iquique, donde efectivos entraron sin orden judicial a unos departamentos para arrestar a manifestantes.

"El gobierno cometió un gran error no forzado al incluir en la discusión pública la posibilidad de aplazar nuevamente el plebiscito constitucional. Eso ha reavivado la protesta en la calle, pues se interpreta como un recurso ilegítimo para torcer la voluntad política de cambiar la Constitución. Si bien las razones sanitarias son atendibles, es muy temprano para comenzar a especular sobre la evolución del virus de aquí a finales de agosto, fecha de inicio de la propaganda para el plebiscito", declaró el analista Mauricio Morales, politólogo de la Universidad de Talca.

"Desde la calle se está comunicando al gobierno que el descontento sigue vigente y que si bien hay emergencia sanitaria, las manifestaciones se van a reactivar. Por eso está respondiendo con mayor fuerza. Actúan con la creencia de que un gobierno enérgico en coexistencia con una situación de emergencia sanitaria será efectivo, aplacando de manera definitiva el movimiento. Piñera se sacó una foto en Plaza Italia (Dignidad) en medio de la crisis sanitaria y ahora desliza la posibilidad de aplazar el plebiscito. Ambas cosas pueden ser interpretadas como una provocación", alertó Morales.

También hizo ver que mientras Piñera clama por volver a la vida cotidiana para que la recesión no se profundice, el retorno a las actividades supone la libre expresión, lo cual incluye aceptar las manifestaciones. "La única estrategia viable para el gobierno consiste en señalar que la nueva normalidad requiere el compromiso de los ciudadanos de respetar las reglas de convivencia, pero a mi juicio es inevitable que terminar con el aislamiento también traiga consigo un rebrote del malestar, que podría ser aún mayor en un contexto de crisis económica", señala.

–¿Está la derecha "dura" determinada a hacer fracasar el plebiscito y el proceso constitucional?

–Nunca han estado a favor del plebiscito ni del proceso constitucional. Además, saben que la opción "apruebo" aparece como ganadora en todas las encuestas. Por lo tanto, es comprensible que busquen todos los subterfugios para hacer caer la consulta y evitar el debate constitucional. El problema para ellos es que el plebiscito está regulado por la Constitución, por lo que si bien podría postergarse por razones sanitarias, de cualquier modo se realizará.

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El desempleo amenaza con convertirse en la nueva pandemia de Estados Unidos

Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están yendo al paro porque sus empleadores no respetan las medidas de seguridad e higiene. Disney decidió dejar de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

En Estados Unidos hay un registro que crece en paralelo a la curva de contagio del coronavirus: el desempleo. Y lo hace a pasos agigantados. El jueves pasado se supo que en la semana del 4 al 11 de abril, al menos 4,2 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. De esta forma, ya son 26 millones los nuevos desocupados en las últimas 5 semanas. Los nuevos datos ofrecidos por el gobierno estadounidense renuevan el debate sobre la urgencia de levantar las restricciones sociales que ayudan a contener la propagación de la covid-19, en el contexto de una economía en recesión, para muchos la mayor desde la Gran Depresión de los años 30.

La crisis económica reactiva además los conflictos laborales. Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están protestando y yendo al paro porque sus empleadores los obligan a seguir en actividad a pesar de la pandemia, sin dotarlos de las medidas de seguridad necesarias. En el peor de los casos estas grandes empresas, beneficiadas por los millonarios planes de estímulo aprobados por el Congreso, eligen la vía del despido: el último gran ejemplo es el de Disney, que dejó de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

Una crisis sin precedentes

"El ritmo de los reclamos se ha desacelerado en las últimas tres semanas y debería continuar haciéndolo, pero el ritmo sigue siendo enorme. Espero que esta inundación desemboque rápidamente en un río angosto. Muchos empleadores se esfuerzan por mantener a sus equipos de trabajo, pero cada semana algunos se dan por vencidos". Quien habla es Aaron Sojourner, economista experto en empleo y profesor de la Universidad de Minnesota. No hay antecedentes que se puedan comparar con la crisis de desempleo que se está viviendo en Estados Unidos. Expertos prevén una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento en abril, cuando en febrero había alcanzado un mínimo histórico del 3,5 por ciento y era una de las principales banderas de la campaña por la reelección de Donald Trump

Sin embargo, Sojourner sugiere centrarse en la tasa de empleo, es decir la proporción de adultos empleados, para entender mejor lo que está pasando en el país. "Muchas personas no buscan trabajo debido a las órdenes de quedarse en casa, y la realidad es que pocos están contratando. Centrarse en la tasa de desempleo subestima a la cantidad de personas que quieren trabajo y no lo tienen. Calculo que solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses ahora están empleados, en comparación al 61 por ciento de marzo. Este es el porcentaje más bajo desde 1948", destaca el economista en diálogo con Página/12.

"Parece claro que continuaremos teniendo pérdidas de empleo, y no veo que la situación mejore mucho, incluso si partes del país deciden detener sus bloqueos", agrega por su parte Victor Chen, sociólogo y profesor de la Universidad de Virginia. Abrir la economía en este momento es un arma de doble filo para la vida de los estadounidenses. Esta salida fue fogoneada en las últimas semanas por el propio presidente Donald Trump. Pero para Sojourner, la apertura también sería un error: "¿Qué tan esencial es la salida? ¿Qué tan segura es la producción? Los estados no deben permitir que el grado de desesperación de los trabajadores por conseguir dólares para sobrevivir conduzca a la toma de peligrosas decisiones".

Víctimas y victimarios

Las familias afroamericanas y latinas residentes en Estados Unidos son las que sufren las peores consecuencias de la crisis. El 61 por ciento de los trabajadores latinos dicen haber perdido un trabajo o sufrido un recorte salarial, según una reciente encuesta del Pew Research Center. Párrafo aparte merecen los indocumentados que residen en el país. Huffington Postretrató el jueves la historia de Alma Brigido, madre de tres hijos de 35 años que no tiene trabajo hace más de cinco semanas después del cierre del restaurante de Pittsburgh donde cocinó durante cuatro años. Brigido no califica para el beneficio de desempleo por ser indocumentada. Tampoco recibió nada del paquete de ayuda de 2 billones de dolares del gobierno federal, que otorgó cheques por 1.200 dolares a estadounidenses de bajos ingresos, pero excluyó de esa ayuda a millones de inmigrantes no incluidos en el seguro social.

Sin embargo, como en toda crisis, otros actores se ven beneficiados. "El Congreso aprobó préstamos para ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores en la nómina", destaca Chen, quien supone que no es necesariamente una mala idea subsidiar a las empresas, tal como ocurre en países como Francia, Alemania o Reino Unido. "Lo problemático es que un programa originalmente destinado a las pequeñas empresas termine siendo explotado por las grandes corporaciones", se lamenta. Parte de esa avaricia se ve reflejada en la poderosa Walt Disney Company, que pese a reportar ganancias siderales decidió despedir a 100 mil empleados.

Una de las herederas del emporio, Abigail Disney, criticó a la compañía por no proteger a sus trabajadores peor pagos "mientras los jefes han estado recaudando bonos atroces durante años". Anteriormente, la sobrina nieta de Walt Disney había calificado de "enfermo" al salario del exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger. El año pasado, Iger ganó 47 millones de dólares, más de 900 veces el salario promedio de un trabajador de la compañía.

Los peligros de la "segunda fase"

En un interesante artículo publicado en The Atlanticjunto al sociólogo Ofer Sharone, Victor Chen destaca que luego de haber investigado las experiencias de los trabajadores desempleados durante los últimos 20 años, espera que esta nueva crisis de desempleo tenga dos fases. "En la primera fase, los estadounidenses reconocerán que las fuerzas externas (el coronavirus y las políticas gubernamentales) han desencadenado estos despidos masivos, y verán la difícil situación de los trabajadores desempleados bajo esa óptica, desarrollando un sentido solidario", detalla Chen desde la ciudad de Richmond. 

En la segunda fase, que será de lenta recuperación, las compañías comenzarán a recontratar trabajadores. El problema para Chen es que muchos empleadores aprovecharán esta oportunidad para reemplazar a algunos de sus antiguos trabajadores con "mano de obra más barata". "Durante los tiempos económicos normales, recortar los salarios o eliminar la seguridad laboral provoca una reacción violenta de protesta. Pero reducir estos costos laborales es fácil cuando la economía está estancada y los trabajadores agradecen cualquier oportunidad", afirma el investigador.

En Estados Unidos, la tasa de trabajadores sindicalizados, comparada con la de otros países, es baja. De acuerdo al ultimo censo nacional, en 2016 el país tenía 14,6 millones de afiliados sindicales, lo que representa apenas el 10,7 por ciento de todos los trabajadores del país. "Una mayor representación sindical daría a los trabajadores cierta capacidad para luchar contra los despidos permanentes, lo cual es esencial. Los sindicatos también son muy buenos para abogar por mejores condiciones de trabajo, lo que será fundamental a medida que los empleadores dicten nuevos procedimientos de trabajo en un contexto de crisis como el actual", destaca Chen, que encuentra allí una poderosa vía de resistencia al desastre económico.

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Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante un operativo el pasado fin de semana, tras la declaración de emergencia máxima en las cárceles que decretó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.Foto Ap/Presidencia de El Salvador

Encierra a bandas rivales en la misma celda

Preocupa a ONG salvadoreñas la autorización del uso de fuerza letal contra delincuentes

 

San Salvador. Un grupo de trabajadores soldaba ayer láminas de acero en las celdas de un penal para aislar a cientos de pandilleros salvadoreños, en momentos en que una ola de homicidios y el anuncio del gobierno de emplear "fuerza letal" para combatir a los delincuentes despertó alertas entre organismos humanitarios, en medio de una cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras un inusual incremento en los homicidios perpetrados en este país centroamericano, atribuidos principalmente a las maras, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles.

"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", advirtió el mandatario en una reunión con su gabinete de seguridad, según un tuit de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial publicado ayer.

"El uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos, escribió Bukele la noche del domingo en su cuenta de Twitter.

Bukele decretó el fin de semana el estado de emergencia máxima en las cárceles tras un repunte de la violencia, en el que se atribuye a las pandillas unos 50 asesinatos en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, cuando el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el Covid-19.

Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.

El titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, supervisaba ayer el proceso de instalación de "un nuevo régimen de seguridad" que se pondrá en marcha en todas las cárceles un modelo de aislamiento que adoptaron de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde se recluye a los líderes de las pandillas.

"No podrá entrar ningún rayo de sol a ninguna de las celdas, vamos a bloquear toda la visión para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación", sostuvo Luna en rueda de prensa celebrada en el complejo Izalco, 65 kilómetros al oeste de la capital.

Bukele se jactó ayer en Twitter: "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Eso evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla".

Los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran exhibidos en ropa interior, mostrando sus tatuajes, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección sanitaria en la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12 mil 862 pandilleros, informó la Dirección General de Centros Penales.

"Estamos ante un escenario muy delicado y preocupante", declaró Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Además, las autoridades encerraron en la misma celda a integrantes de pandillas rivales, lo que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.

La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien responsabilizó al gobierno de las posibles consecuencias.

La orden de uso de fuerza letal "rompe con la legalidad y puede derivar en un uso excesivo", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los presos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, el rebrote de los homicidios de las pandillas "puede tratarse de una presión para algún tipo de negociación con el gobierno" en la búsqueda de prebendas o apoyo económico.

Medrano consideró que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pueden estar "en crisis económica" debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones debido a la cuarentena y el cierre de pequeños y medianos negocios ordenado hasta el primero de mayo.

"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa porque sus familias sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.

El Salvador, con 6.6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.

Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final potenciará a las pandillas que en los últimos años se han fortalecido como verdaderas autoridades en las comunidades.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, denunció: "vimos con preocupación esas escenas donde juntan a las personas en los patios de las cárceles de manera humillante".

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El retorno forzado de los migrantes venezolanos 

En un contexto de bloqueo económico, baja del precio del petróleo e hiperinflación

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de 18 mil  venezolanos y se espera que lleguen más.

 

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos.

Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia como estrategia golpista de acceso al poder político.

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera que lleguen más en los próximos días.

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen.

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país.

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los precios.

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales.

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 productos.

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso diario en la calle para muchos sectores.

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios.

La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares?

Esta incertidumbre se asienta en el hecho de que las estructuras de costos de productores y comerciantes son de hecho en dólares, y los precios acordados se relacionan con el dólar oficial. Un aumento del oficial -como ha sido la tendencia- impactaría en los precios en bolívares y se reducirán los ya devaluados ingresos en moneda nacional.

La apuesta de la estrategia norteamericana es que no exista solución, y el conjunto de presiones económicas y de operaciones armadas encubiertas acorralen hasta el punto de generar un quiebre en el ámbito de la dirección civil o militar.

Para eso Elliot Abrams, encargado norteamericano en el plan hacia Venezuela, ha tomado un rol de exposición mediática y actualización de la “propuesta” norteamericana donde, según afirma, lo único no negociable es la salida de Nicolás Maduro del gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repite/promete, puede mantenerse en sus cargos durante el tiempo de transición.

El chavismo se encuentra así ante un escenario a tres tiempos: la pelea contra la pandemia, el bloqueo y crisis económica, y la estrategia de derrocamiento norteamericano en ofensiva. La oposición nacional, y en particular Juan Guaidó, ya casi no tienen incidencia.   

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Lunes, 27 Abril 2020 06:31

Auxilio

El distrito comercial de Soho, en Manhattan, donde por lo regular las calles estaban atiborradas, se ve vacío en estos días por la pandemia del Covid-19.Foto Afp

Donald Trump nos quiere matar.No hay otra conclusión posible. Pronto será el primer mandatario en presidir sobre más muertes estadunidenses que el total que pereció en la guerra de Vietnam (58 mil), con más de 54 mil hasta ahora, la gran mayoría de las cuales eran prevenibles. De hecho, él declaró que su respuesta al "enemigo invisible" es "una guerra".

No es un huracán, o un tsunami, o un sismo; las dimensiones de esta catástrofe no se pueden atribuir a "fuerzas mayores" o"divinas", sino al manejo inepto, irresponsable y francamente criminal de los encargados de gobernar este país. Aunque el terreno para la crisis fue cultivado por políticas neoliberales bipartidistas durante décadas, el presidente es el responsable de que las dimensiones de los efectos de esta crisis sean las que estamos atestiguando.

Pero aparentemente no satisfecho con el saldo creciente del Covid-19, y el hecho de que algunos de los que vivimos en Estados Unidos seguimos vivitos y coleando, Trump nos invitó a envenenarnos. Sugirió emplear desinfectantes industriales, inyectarnos cloro, para curarnos del virus, durante su conferencia de prensa del jueves. Como comentó un médico en respuesta: "Trump tiene toda la razón: el cloro sí mata al virus. El problema es que también mata al paciente". El Centro de Control de Enfermedades, departamentos de salud estatales y municipales, junto con los fabricantes de desinfectantes como Lysol y Clorox, se vieron obligados a trasmitir alertas declarando que ingerir tales productos era peligroso. Su contrincante demócrata, Joe Biden, publicó en un tuit: "no puedo creer que sea necesario decir esto, pero por favor no beban cloro". El columnista del Washington Post David Von Drehle resumió el mensaje presidencial: "María Antonieta: que coman pastel. Donald Trump: que se inyecten Lysol". Poco después, varios centros y agencias de salud pública estatales y municipales reportaron un incremento en casos de envenenamiento o quemaduras por gente que le hizo caso al presidente, reportaron vamos medios en Maryland, Nueva York y Chicago.

Fue tan intensa la reacción que Trump se vio obligado a huir de sus declaraciones y el viernes argumentó que había sido un comentario "sarcástico" sólo para provocar a los medios. ¿En medio de una pandemia con más de 50 mil muertos el presidente decidió bromear? Poco después tuiteó que tal vez ya no haría conferencias de prensa diarias porque "no valen la pena", ya que los medios distorsionan todo lo que dice. Pero al parecer, sus estrategas temen que sus expresiones de "genio estable" no ayuden a su relección en esta coyuntura.

Por otro lado, si uno no se muere de virus, pues también está la lenta muerte por desempleo y hambre. Algunos economistas calculan que la tasa de desempleo real está entre 20 y 45 por ciento, o sea, es posible que casi la mitad de la fuerza laboral está sin trabajo, muy por arriba del peor momento de la Gran Depresión. Esto es acompañado de un incremento de millones de personas –sobre todo niños– que no tienen acceso a suficiente alimento.

No todos están en la línea de fuego de esta crisis, algunos están sufriendo la cuarentena en lugares de lujo como Los Hampton o en sus yates. De hecho, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, mientras 22 millones de estadunidenses perdieron sus empleos, la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos se incrementó en 282 mil millones de dólares, una ganancia de 10 por ciento, reporta un nuevo informe del Institute of Policy Studies (https://inequality.org/ great-divide/billionaire-bonanza-2020/).

En tanto, los inmigrantes están entre los más afectados aquí por la pandemia, en gran parte por las medidas antimigrantes de este gobierno. Y para los que pensaban que estaban más seguros porque vivían fuera de este país, el más contagiado del mundo, Trump ha estado exportando el virus a varios puntos del planeta al deportar a inmigrantes que habían estado encarcelados en centros de detención contagiados sin primero administrar pruebas para diagnosticarlos. https://twitter.com/CASAforall/ status/1253442753511464960?s=20).

La gran pregunta ante todo esto es: ¿nos vamos a dejar?

https://youtu.be/LNNPNweSbp8

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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