Domingo, 25 Julio 2021 05:30

El cyberabismo

El cyberabismo

En febrero, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, anunció a sus homólogos del G-20 la decisión de cancelar la previsión de "Puerto seguro" que, desde 2019, amparaba a los gigantes digitales (Amazon, Google, Facebook, Apple …) para facturar y hacer transacciones financieras desde paraísos fiscales. En otras palabras: evadir cantidades monumentales de impuestos. Desde finales de la década de los 90, el carácter supraterritorial de la red permitió a las industrias del Big Data situar libremente sus sedes fiscales en países que los exoneraban de obligaciones frente al fisco. Al parecer, la pandemia y la consiguiente hyperdigitalización de la vida cotidiana han llevado la situación al límite. Tan sólo entre 2019 y 2021, su índice de concentración de capital aumentó 14 por ciento, una cantidad inimaginable.

En los últimos dos meses, la posición de Washington se radicalizó aún más: inicialmente se pensaba en un impuesto de 15 por ciento, ahora la cifra subió a 20 por ciento. Y los ministros del G-20 parecen coincidir. Se trata de una medida realmente inesperada, incluso insólita. Para darse una idea de los ingresos que esto representa, en Francia se calculó que podrían ascender a ¡2 por ciento del PIB general! De alguna manera, todo esto recuerda la demanda del Foro de San Paulo y el ATTAC de los movimientos antiglobalizantes de la década de los 90 de imponer impuestos globales para compensar la transferencia sistemática de capitales –¡sólo que ahora como vindicación del Departamento del Tesoro!–

¿Qué ha llevado a los Estados de los países centrales adoptar un súbito giro de 180 grados frente al corazón mismo del proceso de globalización, es decir, las industrias del mundo cyber? ¿Después de este impuesto global, seguirán otros, como, por ejemplo, el olvidado Tobin Tax, concebido para regular las transacciones financieras y dificultar el paso a las inversiones rapiña? Por cierto, una de las propuestas centrales de Thomas Piketty para redistribuir la riqueza a escala mundial.

Acaso habría que recordar la sentencia de Blanqui frente al colapso que desembocó en las rebeliones (y revoluciones) de 1848: "No hay un termómetro más exacto de una crisis de Estado que el momento de la desesperación por hacerse de impuestos a cualquier precio". Las cosas son hoy, por supuesto, muy distintas, aunque algo hay de verdad en ese axioma. Tal vez no nos hemos percatado que bajo la detención de la maquinaria social y económica provocada por la pandemia se ha larvado una severa "crisis de Estado".

  1. Ya sea porque han gastado su superávit o han crecido sus deudas, los Estados nacionales se acercan, como lo advirtió Angela Merkel el mes pasado, a un "punto de inacción". Son ellos quienes han asumido el reto de mantener el gasto social para sostener a sus sociedades a flote. Pero todo tiene límites. El impuesto digital contiene el mensaje de que ahora le toca también al capital poner su parte.
  1. Los gigantes digitales han situado al Estado frente a un abismo: no sólo representan centros de acumulación a una velocidad inaudita, sino que condensan al general intellect de lo privado en todos sus ámbitos, es decir, de la producción de un sin-sentido en el ámbito de lo público, que es el de lo político. Entre la verdad fake y la política fake la distancia es cada vez más estrecha. No es improbable que en un momento el Estado considere a la red y sus agentes como hoy entiende a las carreteras, las escuelas o la salud pública. Simplemente, otra parte de su ámbito. En Uruguay, por ejemplo, todo el mundo agradece a la presidencia de Pepe Mujica la gratuidad de un eficiente wi-fi.
  1. ¿Qué parte de los 60 millones de desempleados (en el mundo central) engendrados durante la crisis de la pandemia no son más bien el resultado de la digitalización salvaje de la vida cotidiana? Lo que no queda claro en la propuesta del G-20 es el destino del "impuesto digital". Podría también ser empleado para pagar las deudas nacionales y sacar a la banca de su estado actual de inanición, lo cual no aliviaría nada. ¿Cuánto tiempo se podrá esgrimir la amenaza de la pandemia para desmovilizar protestas (como Black Lives Matter en Estados Unidos), rebeliones (como en Chile) o insurrecciones (como en Colombia)? Por lo pronto, China, con su acostumbrada verticalidad, ya adoptó previsiones: el impuesto a sus gigantes digitales es de 20 por ciento y les ha prohibido actuar en los ámbitos del pequeño y el mediano comercio, favorecer la privatización de la educación y reducir los salarios de sus empleados ad absurdum.
  1. Alemania ha optado por otro camino. Crear sus propias industrias digitales bajo un "espíritu social". Tienen que entregar una parte de sus ganancias a mejorar la ecología, la salud y la educación. Una extraña conjunción entre capitalismo y anti-concentración del ingreso.

Y, sin embargo, nada de esto logra ahuyentar las malas noticias en Wall Street, que hace una semana prendió los focos rojos por primera vez en los recientes cinco años.

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Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP

Los mega ricos aumentaron su patrimonio en 200 mil millones de dólares

La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.

 

La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región, integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares. 

Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son mujeres.

La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista Forbes. 

Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los 20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de México y Brasil.

La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea (Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200 millones de dólares.

Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de dólares.

El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”, recuerdan.

Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

Gravar a los mas ricos

"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco Mundial y la Ocde.

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo. Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.

"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que “necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo”.

20 de julio de 2021

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De Cuba y Estados Unidos, tiranías y dictaduras

En 1997 un amigo cubano me dijo “Fidel es un dictador, mas no un tirano”. Estábamos en una provincia de Mozambique donde él trabajaba como médico y yo como arquitecto. Esa tarde, en un patio de tierra roja africana, no comprendí su idea. Parecía contradictoria. Por alguna razón, nunca la olvidé hasta que, unos años después, revisando documentos desclasificados, pensé que Washington no era una dictadura, pero sí una tiranía.

La trampa de las palabras no estaba en la aparente contradicción de la frase de Javier sino en el habitual engaño que llevan los ideoléxicos, por ejemplo, cuando palabras como “democracia” o “dictadura” se usan como si fuesen la Luna y el Sol: dos cuerpos claramente diferenciados, pero no la única luna ni el único sol del Universo. De esa forma, una potencia hegemónica que dicta su voluntad fuera de fronteras y carece de igual representación para todos sus ciudadanos (sobre todo para quienes no son millonarios) como Estados Unidos, un régimen paramilitar como el colombiano, un neoliberalismo impuesto con sangre como el chileno, o un sistema como el noruego o el islandés se llaman por igual “democracias”. Por razones estratégicas, no se llama “capitalismo” a Haití o a Honduras, aunque sean más capitalistas que Estados Unidos. No quisiera volver a insistir en que no es el capitalismo, sino la hegemonía la que define el poder y la riqueza (material) de un país.

Theodore Roosevelt, entre muchos otros, lo puso de forma clara: “La democracia de este siglo no necesita más justificación que el simple hecho de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo mundo”. Esa democracia se fue adaptando una y mil veces para servir a una minoría, ya no tan blanca pero sí económica y financieramente dominante. En las democracias formales, las clases dominantes no censuran como en una dictadura tradicional; se reduce a los críticos al silencio de los grandes medios o, cuando estos trascienden de alguna forma, se los demoniza como en tiempos de la Inquisición.

En las democracias formales, al uno por ciento le basta con convencer a la mitad más uno de los votantes para mantenerse en el poder político. Tarea nada difícil cuando, por ejemplo, se mete a Dios en el paquete de sus “valores y principios”. Pero la micro elite de arriba no depende de la mitad de abajo para mantenerse en el poder económico. Sólo cuando ese poder está en cuestionamiento, la democracia formal es reemplazada por dictaduras fascistas, como las apoyadas por Washington y las transnacionales a lo largo de una larga historia. Hasta mediados del siglo XIX, los esclavistas habían logrado convencer a una mayoría (incluyendo esclavos) que la esclavitud era el mejor régimen para expandir la libertad y la civilización. Cuando la democracia se hizo inevitable, la secuestraron con ideas similares: la riqueza de los ricos es la mejor forma de expandir el bienestar y la libertad de los trabajadores.

Aun así, esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía y el mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe gracias a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos. Lo mismo los derechos y las libertades individuales y colectivas; todas son producto de interminables (y demonizadas) luchas de los de abajo.

En Estados Unidos, los principios racistas y clasistas, banderas de la derrotada Confederación, se consolidaron fronteras adentro y se extendieron a América latina, donde impusieron decenas de dictaduras, siempre en complicidad con la eterna oligarquía criolla, generaciones antes de que apareciera la maravillosa excusa del comunismo.

Desde entonces, Washington y las megacorporaciones han sido los principales promotores del comunismo y de otras alternativas de izquierda en el continente. Uno de los primeros casos se remonta a los años 30 con las masacres de indios y campesinos en El Salvador, pero el pie en el acelerador ocurre luego de la Segunda Guerra, cuando el más importante aliado de Estados Unidos, la Unión Soviética, se convierte en el único opositor con poder y en posible inspiración para el Tercer Mundo contra la vieja tiranía anglosajona. Es, en este momento, cuando nace la CIA (1947) y, poco después crean, entre muchos otros y sin advertirlo, al Che Guevara.

Cuando la CIA y la UFCo lograron destruir “el régimen comunista de Jacobo Árbenz” en 1954, uno de los únicos indicios de democracia en la región, el joven médico Ernesto Guevara debió huir a México, donde se encontró con otros exiliados, los hermanos Raúl y Fidel Castro. Cuando la Revolución cubana triunfó en 1959, Guevara advirtió: “Cuba no será otra Guatemala”. Es decir, su independencia del imperio estadounidense no sería boicoteada con bombardeos mediáticos primero, movilizaciones inducidas y ataques militares después, como en Irán, como en Guatemala. Cuando cuatro meses después Fidel Castro visitó la Casa Blanca para confirmar las relaciones comerciales y diplomáticas con Washington, Nixon, Eisenhower y la CIA ya tenían otra invasión en mente. La costumbre de derrocar alternativas independentistas era tan larga y la arrogancia por una abrumadora fuerza militar y mediática tan ciega, que no pudieron prever ni una derrota vergonzosa y ni un trauma insuperable en Bahía Cochinos. El agente de la CIA encargado de las operaciones de Guatemala y Cuba, David Atlee Phillips escribió que el problema del fracaso fue que El Che y Castro habían aprendido de la historia y Washington no.

Pero el Che Guevara es descrito como un asesino por haber ordenado la ejecución sumaria de 200 criminales del régimen de Batista (la CIA informó que ni por lejos se aproximó al número de ejecutados por el régimen anterior) mientras que los terroristas cubanos como Posada Carriles, Orlando Bosch y tantos otros que se dedicaron a poner bombas en aviones, barcos, hoteles, en autos diplomáticos, como el de Orlando Letelier, y colaboraron con mafias genocidas como la Operación Cóndor, fueron protegidos por Washington. Las masacres de cientos de miles de víctimas en unas pocas décadas sólo en América Central por la gracia de Washington y la CIA fueron para llevar la paz, la democracia y la libertad a esas tierras. (Luego de Stalin, los asesinados por razones políticas en América Latina superaron con creces las víctimas de los países comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética.)

La misma práctica, los mismos intereses, el mismo discurso de los esclavistas del siglo anterior con nuevos ideoléxicos. Desde la lógica de la historia, Fidel Castro y las decenas de Augusto Pinochet no son la misma cosa, aunque en el lenguaje simplificado se puedan etiquetar a los dos como dictadores. También Cuba y el Che son consecuencia directa del imperialismo de Washington, pero por razones opuestas.

Por esa razón, aunque según todos los estándares occidentales se puede decir que Cuba es una dictadura, es necesario recordar que Estados Unidos es la tiranía que la creó, una tiranía brutal que lleva por lo menos doscientos años. Cuba fue la primera gran derrota de esa arrogancia y, por alguna razón, ha sabido resistir 60 años.

¿Es necesaria una dictadura inversa para lograr vencer a la tiranía de dos siglos? La respuesta de la historia no nos gusta a nadie. Pero es clara. Aunque (o porque) somos demócratas radicales, no vamos a salir a tirar piedras sobre la isla estrangulada en nombre de la libertad. Jamás podríamos estar del lado de los mercenarios.

 Para más detalles, ver el último libro de Jorge Majfud, "La frontera Salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América latina".

19 de julio de 2021

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El G20 interviene tarde y tibiamente pero es mejor que nada

Impuesto a las multinacionales, distribución de dólares del FMI y acceso a las vacunas

En la peor crisis económica y sanitaria global de los últimos cien años no hubo hasta ahora voluntad de coordinación y cooperación de las potencias para atenuar los inmensos costos de la pandemia. El G20 avanza lento en dar respuestas. La mayoría de los países, entre ellos Argentina, padece agobio financiero y trabas para conseguir vacunas.

Aumentó la concentración de la riqueza, la recuperación económica es divergente y el acceso a las vacunas es desigual entre los países. Estas derivaciones de la peor crisis económica y sanitaria de, por lo menos, los últimos cien años no tuvo y, hasta el momento, no tiene una reacción contundente de coordinación y cooperación global.

Recién 18 meses después del estallido del coronavirus, el G20 intenta abordar las consecuencias dramáticas de la pandemia pero, por ahora, con tibias iniciativas que igualmente habrá que esperar si se concretan y cómo.

En este contexto pésimo para la periferia y, más aún, para países muy endeudados en moneda extranjera, la economía argentina arrastra la inmensa mochila de una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional, y suma también el daño de cuatro años de neoliberalismo del gobierno de la alianza macrismo-radicalismo. El entramado productivo y social debilitado recibió además el rigor de la pandemia, que agudizó la distribución regresiva del ingreso.

Como si todo eso fuera poco, la coalición política-mediática de derecha despliega un obsceno lobby a favor de laboratorios estadounidenses, en especial el de Pfizer (es fundamental tener todas las vacunas sin importar el origen y, ante la emergencia, por ahora no es motivo de debate público los tradicionales manejos turbios del negocio de los laboratorios).

Si no fueran por los oportunos acuerdos del gobierno de Alberto Fernández con Rusia (Sputnik V), China (Sinopharm) y con la alianza Oxford-AstraZeneca, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años hoy no estaría protegida con una efectiva primera dosis.

El incumplimiento de los contratos de abastecimiento por parte de los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer en América latina, y las restricciones aplicadas por las potencias a las exportaciones de insumos para la producción de vacunas y de vacunas, con una fuerza política de derecha desatada fomentando los contagios, hubiesen convertido la situación sanitaria local en un drama aún más terrible sin contar con la notable estrategia oficial para conseguir vacunas en cantidad.

El fracaso para mitigar la crisis

En esa debilidad relativa, Argentina participa en el G20, ámbito que empieza a debatir proyectos para salir de la crisis global pero que, por el momento, sólo da respuesta, directa e indirectamente, a los intereses de los países ricos, ya sea la ampliación del capital en DEG del Fondo Monetario Internacional o la definición de un impuesto mínimo a las multinacionales.

Este fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los países miembros del G20, y a fines de octubre habrá una cumbre de los respectivos Jefes de Estado, en Italia.

El objetivo argentino junto a otros es ampliar el alcance de esas iniciativas para aliviar la situación financiera y sanitaria de países pobres y también la de ingresos medio. Guzmán consiguió incluir en el comunicado final de ministros del G20 que el FMI revise los "sobrecargos" a la tasa de interés de sus préstamos, que para el caso argentino suman unos 1000 millones de dólares anuales por el crédito inédito y político entregado al gobierno de Mauricio Macri

El G20, club que está bajo el mando de las potencias y que al interior es conducido por el G2 (Estados Unidos y China), fracasó en estos meses trágicos en atenuar los inmensos costos económicos, sociales y humanos causados por la covid-19.

A diferencia de la debacle financiera de 2008 que colocó las economías desarrolladas de Occidente al borde de la cornisa, esta crisis no convocó a los miembros del G20 a buscar una salida conjunta. Por el contrario, las respuestas fueron individuales y esos comportamientos han sido uno de los principales motivos de la prolongación de la pandemia y la actual incertidumbre que existe para la superación plena en el corto plazo.

A nivel discursivo el G20 y el FMI intentan reparar en parte el actual descontrol ante la crisis económica y sanitaria, pero las propuestas que están deliberando son paliativos con escaso impacto para atender los profundos daños de la pandemia.

El debate se concentra en tres planes:

  1. Aplicar un impuesto mínimo global a multinacionales.
  2. Ampliar el capital en DEG del FMI.
  3. Discutir la forma de distribución de vacunas.

Qué países se beneficiarán con el impuesto a las multinacionales

Como se explicó aquí el domingo pasado, la idea de un impuesto mínimo global a las multinacionales altera el escenario de privilegio de los más poderosos, que además evaden el pago de ganancias transfiriendo gran parte de sus utilidades a guaridas fiscales.

Es un avance considerable para una estructura de poder económico mundial concentrada y para interpelar el consenso construido por la derecha acerca de que los ricos o grandes firmas no tienen que pagar muchos impuestos.

Este cambio se explica en que los Estados de los países ricos, luego de instrumentar multimillonarios paquetes de salvataje, quieren sumar recursos para la recuperación de sus economías, además de neutralizar la competencia fiscal de las guaridas. En esa lógica irrumpe el impuesto a las multinacionales.

En esta instancia, luego de remarcar la relevancia histórica de ese proyecto, aparece la discusión sobre cómo será y quiénes se beneficiarán de lo recaudado. Aquí la iniciativa empieza a flaquear en términos de los intereses de la periferia.

Por un lado, existen diferencias acerca de cuál debe ser la alícuota impositiva: el 15 por ciento plantea la OCDE, el 21 por ciento propone Estados Unidos (Argentina apoya esta moción) y el 25 por ciento reclaman países en desarrollo y organismos internacionales independientes. La diferencia de recaudación de cada uno de esos porcentajes es inmensa, que Marcelo Justo precisó en Página/12. Por ahora predomina la idea de una alícuota de 15 por ciento.

Por otro, no hubo avances en definir quiénes van a recibir los fondos que se recauden. Las potencias quieren que sea en los países de origen, mientras el resto sostiene que debe haber un mayor equilibrio en la distribución de esos recursos adicionales con los países en donde las multinacionales desarrollan sus actividades. De este modo, los países más vulnerables captarían parte de esos fondos fiscales, además de que los necesitan más que los países ricos.

Para qué quieren los DEG los países ricos

El FMI ampliará su capital en DEG por el equivalente de 650.000 millones de dólares. Los Derechos Especiales de Giro son la unidad de cuenta del Fondo, cuya cotización surge de una canasta de monedas integrada por el dólar, euro, yen, yuan y libra esterlina. Esos recursos están destinados para la recuperación pospandemia y para fortalecer la red de emergencia covid-19. Ese monto se repartirá entre 190 países y constituye la emisión de capital más elevado de la historia del Fondo.

El detalle no menor es que gran parte de esos recursos se girará a los países ricos. Si bien es mejor recibir esos dólares del FMI sin ningún costo que nada, por caso Argentina sumará unos 4550 millones a las reservas, la distribución es muy desigual.

El reparto se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en el FMI. Estados Unidos posee el 16,52 por ciento, le siguen China con el 6,15, Japón con el 6,09, Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno, e Italia con el 3,02 por ciento.

Siete países concentran 45,16 por ciento de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 millones de dólares del total de esos 650.000 millones, recursos que, en realidad, no necesitan.

La arquitectura financiera internacional se reafirma así desigual y regresiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, lo reconoce aunque no en toda su magnitud, porque solicita que la reasignación sea en forma voluntaria por unos 100 mil millones de los DEG de los países con solvencia financiera hacia los países vulnerables y de bajo ingreso. De esa forma deja fuera de ese reparto a los países de ingreso medio, como Argentina.

Guzmán llevó a la reunión de ministros de Economía del G20 la propuesta de una redistribución que incluya a economías de ingreso medio. El G20 respaldó la ampliación del capital, a la vez que pidió al FMI una propuesta de reasignación que, en realidad, ya la tiene, como se mencionó arriba. Argentina tendrá que seguir insistiendo para ser incluida en ese reparto adicional.

Sin vacunas para todos no hay salida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo puede enfrentarse a un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de los países pobres

El precio de este fracaso será pagado con vidas en los países más pobres del mundo, además dejando abierto el peligro de mutaciones del virus que eludan la efectividad de las vacunas y, por lo tanto, afecten la recuperación de la economía global.

No se trata sólo de la inmoralidad de los países ricos de acumular dosis por encima de sus necesidades, sino que exhiben una impactante miopía acerca del horizonte económico si no hay un control global de la pandemia.

Antes del encuentro de ministros del G20, Georgieva escribió en el blog del FMI "Urgent action needed to address a worsening ‘two-track’ recovery" ("Se necesitan medidas urgentes para abordar un empeoramiento de la recuperación de 'dos ​​vías'). En el texto advierte que las diferencias en la salida económica de los países "son dramáticas" por la disponibilidad de vacunas y las tasas de infección. Reclamó que "es un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y los responsables políticos de todo el mundo".

El FMI estima que un acceso más rápido a las vacunas para las poblaciones de alto riesgo podría potencialmente salvar más de medio millón de vidas sólo en los próximos seis meses. Pone como ejemplo el África subsahariana (49 países)donde menos de 1 adulto de cada 100 está completamente vacunado, en comparación con un promedio de más del 30 por ciento en las economías desarrolladas.

"Las poblaciones no vacunadas en cualquier lugar aumentan el riesgo de que surjan variantes aún más mortales, lo que socava el progreso en todas partes e inflige más daño a la economía mundial", dice Georgieva.

Plantea que el G20 debe tomar como objetivo la vacunación de al menos el 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021, y el 60 por ciento para la primera mitad de 2022.

Mientras los actuales liderazgos de las potencias no tomen conciencia de que no hay salvación individual en la pandemia parece que ese reclamo sólo es una simple expresión de deseos.

Por Alfredo Zaiat

11 de julio de 2021

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Miércoles, 12 Mayo 2021 06:05

Fiesta de la libertad

Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: “Este es el evento más serio [sic] a nivel hemisférico que se ha realizado […]. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y líderes excepcionales [sic] que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. ¡Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!”

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aquí van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); María Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos Sánchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos prófugos de la justicia; Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino político del actual, Iván Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupción, y, faltaba más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lamentó que en octubre de 2019 (12 días de protestas), "más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes". Y a su lado, el político peruano Luis González Posada advirtió que el candidato de izquierda Pedro Castillo sería “más transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Chávez porque él ha adelantado que en caso de ganar disolverá el Congreso…”. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: “…a Cuba hay que darle un ultimátum. O deja de apoyar al narcorrégimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla.

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, aseguró que la detención de la ex presidenta golpista Jeannine Áñez, mostraba que "en Bolivia la política se ha judicializado". Y el orador principal del panel tres, Sánchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), aseguró que los gobiernos de Argentina y México son "paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras" (sic).

Sin embargo, cuando Macri subió al ­estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Solís, el recinto quedó semivacío. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corrió la voz de que el argentino había estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que había dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limitó a recordar que "el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria" (sic). “Las democracias –aña­dió– no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones”. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: "No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades".

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Según algunos entendidos, Infobae contaría con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio argentino-israelí, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos bélicos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Lenín Moreno comunicó al foro que "los servicios de inteligencia de Ecuador" (sic), habrían detectado ("y ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque"), la "grosera intromisión del dictador Maduro en Colombia" (sic). Revelación que entre los asistentes al foro desencadenó un quejumbroso y sentido "¡ohhhhh!"

Autor de varios libros de humor, Moreno deleitó a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acercó para criticar su gestión: “‘Ojalá tuviéramos un mejor presidente’, dijo el muchacho. Y yo respondí: ‘Ojalá tuviera yo un mejor pueblo, también’”.

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Cientos de personas celebrando los resultados parciales del plebiscito constitucional por una nueva Carta Magna, en Santiago (Chile). Foto: EFE / Alberto Valdes

Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social.

 

Tras la caída del muro, es decir, tras el derrumbe del horizonte socialista y el decreto de la ausencia de alternativas bajo la forma de una provocación (“There is no alternative”), las agendas sociales fueron recuperadas por posiciones clásicamente reformistas que, gracias a su dominio sobre lo posible (1), pasaron a ocupar un cómodo sillón al costado izquierdo de la discusión hegemónica y otro al costado hegemonista de la discusión de las izquierdas. Nos preguntamos: ¿cómo se disponen las energías colectivas, las luchas situadas y deseos de buen vivir en relación a la categoría de lo posible? Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. En dicho imaginario, la ideología de base o el punto de partida “idealista” sufrirán sacrificios para construir la posición más “realista” de lo posible.

No somos los protestantes que desembarcaron en Nueva Inglaterra, ni los laboriosos seguidores de Mao; el reformismo en tiempos de neoliberalismo no es endógeno. Lo posible no es, como en esos casos, un punto de partida posible o una forma de pragmatismo teórico. En el imaginario populista de izquierda, a lo posible se llega. Se llega, entonces, como sacrificio que acerca al centro, que concede por derecha. No se trata de una izquierda pragmática como podría ser la bolchevique o la vía chilena al socialismo, sino de un pragmatismo que para ser formulado abandona el núcleo “idealista”, asociado a ese punto de partida por izquierda.

De algún modo, la pregunta algo avejentada “¿qué hacer?” no deja de ser reemplazada por una dilucidación algo cobarde y poco honesta en torno a lo posible. Es decir, una vez resignados desde abajo por todo lo que no se puede, el Estado se reinventa como único lugar de decisión sobre lo posible. Sin embargo, ese Estado no deja de presentar grietas y, en particular, durante el último período en que América Latina vio nacer gobiernos de raíz popular, funcionó como un aliado parcial de la pujanza multitudinaria y heterogénea de la región.

Pero nos preguntamos ¿qué puede un gobierno hoy? Las construcciones de poder de raíz popular del último ciclo latinoamericano, presentándose como la opción negociadora y hacedora se presentaron, al mismo tiempo, como parámetro de lectura, funcionaron como el realismo en sí. El populismo es el ángel de lo posible. Es el “realismo político”, decíamos, como conformación de una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible. Y decide, desde esa misma posición quiénes aparecen como enemigos, por derecha e izquierda. Pero el enemigo que el realismo niega, por temor o por falta de lectura –o por exceso de realismo– es la laboriosa tarea de inventarse otra cosa, la imaginación política.

Durante los últimos años, cada vez que pareció dibujarse un nuevo ciclo insurrecto tan heterogéneo como la geografía en que se emplazó (desde las revueltas en plaza Tahrir hasta el 15M, desde Occupy hasta las jornadas de junio 2013 en Brasil), se reabrió en las discusiones locales la posibilidad de un nuevo realismo, o bien, de una nueva distribución entre potencia y poder (2) como tensión interna de todo realismo. Cada experiencia, al construir una nueva posición, al ejemplificar otro modo de pensar-hacer, al forzar nuevas agendas, al impugnar relaciones de dominio concretas desde el territorio, se debe su propio “realismo”, es decir, la construcción y defensa de su lugar existencial y político como punto de vista irreductible ante los aspectos del realismo del poder que desmovilizan.

Brasil: la retórica del golpe 1

En el Brasil posterior a junio de 2013 se consolidó inorgánicamente una suerte de movimiento anticorrupción contra el PT, ya sin la vocación de rebeldía y protesta joven que había estallado a partir de la lucha contra el aumento del transporte. En esos años, mientras se sentían los efectos de la crisis mundial, la disputa no pasaba por izquierda o derecha tradicionales, sino por la orientación de la novedad en juego y el destino del descontento. La política partidaria se dirimía entre la imposibilidad de encontrar una “tercera opción” y la búsqueda de asumir el nuevo mapa tomando registro de lo que podría describirse como un terremoto que cambiaría totalmente el paisaje. Después de una dura campaña en 2014, todavía con junio de 2013 presente, el PT emprendería un camino conservador, de ajustes y política de austeridad, con una ley antiterrorista que criminalizó activistas y con fuertes alianzas con sectores de la derecha y el empresariado financiero, del agronegocio y explotación minera, además de gestos continuos con las fuerzas de seguridad y los pastores evangelistas, que evaluaba indispensables para retener el gobierno. Mientras tanto, se organizaba un Mundial de fútbol y aparecían denuncias por la construcción sobrefacturada de estadios, priorizando aliados políticos, con desalojos y reubicaciones fallidas de población más pobre.

La caída de Dilma, impeachment mediante, no ocurrió en el momento más dinámico; el PT no estaba, precisamente, reformulando la vieja reforma agraria, ni estatizando servicios o bajando el costo de los transportes para la población, ni mucho menos reconstruyendo su base social, sino que el país transitaba un ajuste económico, concomitante con el endeudamiento y fragilización de las economías domésticas. Dilma nombró como ministro de hacienda a Joaquim Levy, formado en Chicago y ex presidente de Bradesco Asset Management, además de autor del programa económico del PSDB para las elecciones de 2014. Según un estudio de Levinas comentado por Raúl Zibechi y Decio Machado, “Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140 por ciento” (3) 

La crisis de 2015 dio como resultado un crecimiento muy importante del peso de la deuda de las familias más pobres en relación a sus ingresos (aproximadamente un 48%), mientras que para los sectores medios la deuda financiera fue mayor aún (cerca del 65%). Después de años de aumento del consumo, de “40 millones de brasileños en la nueva clase media”, encontrábamos el mayor endeudamiento registrado entre sectores populares con la banca privada.

La oposición surgida frente a la política estatal en junio de 2013 tuvo semejanzas, en términos de vitalidad y de malestar no orientado de antemano, con el 2001 argentino (“Que se vayan Todos”) o el 15M Español (“No nos representan”). Una protesta iniciada por el Movimiento Pase Libre frente a un nuevo aumento del transporte creaba un espacio de multiplicidad en las calles frente a gobiernos y alcaldías de los partidos del poder, de todo el arco político. Ante la apertura surgida de las calles, el gobierno –a diferencia de lo actuado por Néstor Kirchner bajo el efecto dosmilunero en 2003– había descartado la posibilidad de construir una escucha, de producir nuevas relaciones, entregando el descontento a las capturas más reactivas.

El poder político se presentó en conjunto contra el “desorden”, y la ola de movilizaciones planteó un punto de inflexión en la política brasileña. En 2015, sectores conservadores convocaron protestas multitudinarias que, esta vez, darían lugar a la destitución de la presidenta aprovechando la mayoría conservadora del congreso, incluso con los aliados conservadores con los que el PT co-gobernaba. Ya no era la crítica al “padrão FIFA” que no se aplicaba a las demandas sociales… y el sector político que llegaría al poder no era un nuevo actor, sino el poder empresarial que formaba parte de la vida institucional hacía años. El gobierno de Temer realizaría reformas conservadoras que afectarían derechos laborales. La operación Lava Jato que llevaría a Lula a la prisión, después de un desfile de “arrepentidos” que relatarían por televisión sus negocios con el poder, encumbraría al juez Sergio Moro como actor político que daría base electoral al ignoto Bolsonaro, quien ganaría aprovechando el clima antipetista y las banderas conservadoras de seguridad, orden y prisión para los corruptos.

Si hoy en día buena parte de los cuadros militantes e intelectuales petistas presentan a junio de 2013 como génesis de un “golpe” (4), desde junio podemos más bien percibir un fin de ciclo atado a la incapacidad de conexión del gobierno progresista con las demandas populares, tanto las de su propia historia, por caso la movilización contra el neoliberalismo, como las nuevas pautas para una ficticia clase media (que caería por su peso). Tras la victoria pírrica de Dilma en 2014, el PT fue perdiendo base de sustentación hasta que la propia presidenta fuera descartada por “inhábil” en una maniobra de Palacio de baja estofa.

Como el gobierno en Brasil se compone en buena medida en el Congreso, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano, Lula y Dilma no podían soñar con los ministerios homogéneos del kirchnerismo o el evismo; es en ese esquema que encontramos los citados empresarios del agronegocio, pastores, líderes partidarios conservadores, que ayudaban a componer la mayoría y obtenían ministerios a cambio. Fue esa misma base política la que se independizó (nada menos que con el propio vicepresidente de Dilma a la cabeza) y se inclinó por la destitución.

Amén del mecanismo, que para algunos se acercaba al derrocamiento súbito de Manuel Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, como “nueva modalidad de golpe”, mientras para otros se asemejaba a la caída de Allende, pero que en Brasil fue un proceso de juicio político que duró meses y contó con la supervisión de los tribunales supremos, lo ocurrido fue más bien “coherente” con el voto de los brasileños que no salieron a las calles a defender un gobierno, que alcanzó el nivel más bajo de popularidad en los sondeos de empresas encuestadoras. Lo posible vuelto posibilismo: como no se puede transformar la realidad, se presenta con mística la política de crédito, el consumo atado a la financiarización o políticas sociales que dejan intacto el armado del capital concentrado.

Sin reacción popular y movilización en defensa de los líderes, el sistema político asimiló la caída de Dilma con un PT que siguió haciendo alianzas de gobierno a nivel local con el PMDB y otros partidos “golpistas”. En 2018 la suerte estaría echada, el PT representado por Fernando Haddad, un candidato con imagen de buen gestor, anunciado un mes antes de las elecciones no podría enfrentar el fenómeno social y virtual de Bolsonaro, y que había sido el alcalde que decretó el aumento del pasaje que derivó en el levantamiento de junio de 2013. En esa misma elección, Dilma perdería en la contienda para senadores en Minas Gerais, su propio distrito y el PT incluso vería en 2020 un progresismo que empezaría a crecer ya con los colores de otros partidos. La retórica del golpe se volvió un asunto central solo para un sector político y militante, ideológicamente de izquierda y de extracción social alta. Pero no caló ni en el día a día de la administración estatal, ni en las calles, ni entre las mayorías que los partidarios presentan como “lulistas” en el nordeste del país, o en municipios de la periferia de São Paulo, considerados bastiones del PT desde su origen.


Más allá de discusiones conceptuales, jurídicas o de ciencia política, que defendieron que un impeachment sin un crimen de responsabilidad es “golpe”, en el proceso de juzgamiento no fueron tratados temas como la construcción sin consulta previa de la represa de Belo Monte –que financió campañas electorales de Dilma y es símbolo de la destrucción de la Amazonia. La lectura política es la del fin de un ciclo, con un gobierno derrotado políticamente, que después se manifestó como deterioro electoral. Si ganar elecciones significa construir gobernabilidad para terminar gobernando en nombre de los de abajo y en función de los de arriba, éstos últimos, en algún momento, se disponen a gobernar directamente. Lo simbólico, lo mediático, lo estratégico de los relatos que parecen volverse la totalidad de la política, pierden peso específico fuera de las elecciones y en un balance para el que la renovación política se vuelve necesaria.

El bolsonarismo se construiría en el plano del imaginario como un anti PT: elogio de la dictadura, destrucción de políticas públicas progresistas, discurso de odio contra minorías y ultraliberalismo explícito. Pero el modelo económico de bancos, agronegocio, con precarización del trabajo quedaría por fuera de la discusión. En estos días se anularon las condenas de Moro contra Lula sobre el caso Lava Jato en que había sido juzgado por un departamento que empresas contratistas del Estado le habrían ofrecido como pago a cambio de favores políticos. La instrucción y pruebas, sin embargo, no fueron anuladas y otro juez podría condenarlo nuevamente. Pero la noticia repercute políticamente por la recuperación de derechos de Lula para candidatear contra Bolsonaro en la elección de 2022.

El nuevo dato político llega en un país que enfrenta un crecimiento imparable de las muertes por covid, con un gobierno que juega a favor de la muerte. El aumento del precio de los combustibles, el desempleo y la discontinuidad de los apoyos estatales en los primeros meses de pandemia crean una situación de preocupación social, que mantiene cierta indiferencia frente a los caminos políticos que se presentan. Bolsonaro no generó un movimiento propio, pero mantiene un apoyo electoral considerable que se fortalece desde una postura anti-sistema y de apoyo a la economía popular que exige y se moviliza para continuar en funcionamiento a pesar del riesgo epidemiológico.

La candidatura de Lula se presenta en este contexto como salvación. Los años felices del lulismo, en que Brasil vivió una explosión de consumo que se presentó como entrada de 40 millones de ciudadanos pobres a la clase media, aparece ahora como retórica de la salvación ante el desgobierno de Bolsonaro. El fortalecimiento de la polarización favorecería a los dos campos. El bien contra el mal, para el lulismo, en un debate político alejado de la realidad neoliberal de trabajo precario y falta de alternativas. La vuelta de la corrupción y el riesgo del comunismo, para los antipetistas, en un debate que escapa al día a día para orbitar en la esfera de la comunicación política como falsa totalidad. ¿Nace la retórica del “Lula vuelve”?

Ecuador: la retórica de la traición

Habiendo llegado al gobierno Rafael Correa en 2007, reformando la Constitución al año siguiente y asumiendo parte de la agenda sindical (por ejemplo, reduciendo significativamente el nivel de tercerización), de los Derechos Humanos (abriendo comisiones de investigación de los crímenes dictatoriales), avanzado en la participación estatal en la renta petrolera (el sector más rentable de la economía ecuatoriana), planteando la necesidad de estabilizar la balanza comercial y evitar la salida de dólares (en un país cuya economía está literalmente dolarizada), no se logró alterar la matriz productiva y distributiva. Incluso Ecuador fue uno de los pocos países que avanzó en la tarea de investigar su deuda externa, para lo que contrató a Alejandro Olmos Gaona (hijo), argentino desoído en su país, y dictaminando la ilegitimidad de una parte importante de ésta, aunque luego no profundizando el diagnóstico con medidas acorde.

Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una crisis asociada al precio del petróleo y la valorización del dólar (dos elementos estructurales en la economía ecuatoriana), que mostró la fragilidad del esquema económico y social del país. Fue el momento del ajuste: eliminación del aporte estatal obligatorio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supresión parcial a los subsidios a los combustibles, eliminación de subsidios al transporte a nivel nacional, etc., trasladando, en todos los casos, los costos a una población cuyos ingresos disminuían como parte del achicamiento del PIB. La crisis política y económica coincidió con una actitud defensiva del gobierno que, en lugar de rearmar sus alianzas o fomentar nuevos apoyos por abajo, se cerró y, más allá del anticorreismo reaccionario, fue acusado de utilizar al poder judicial para disciplinar a opositores políticos y militantes sociales (no solo en los niveles más bajos del poder judicial, sino con un Tribunal Supremo adicto).

Con ocho años en el gobierno y una crisis que tomó la calle por escenario, el 3 de diciembre de 2015 el gobierno envió una enmienda constitucional que dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad interior. Este gesto formal coincidió con hechos de represión concreta ante consecuentes levantamientos indígenas que se desarrollaron desde entonces hasta el momento de las elecciones en 2017. Particularmente en las provincias de Amazonia y la Sierra, la represión era seguida de allanamientos, persecución judicial, detenciones arbitrarias (con cargos típicos de una enunciación derechista: terrorismo, sabotaje, resistencia a la autoridad, etc.). Según Decio Machado, la represión y la criminalización de la protesta se remontan incluso a los inicios del gobierno de Correa, pero fue en el período de crisis que alcanzó una escala callejera significativa y hasta cierta sistematicidad.

Los asesinatos de José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, referentes opositores al modelo extractivista cortaron definitivamente amarras entre el gobierno y las bases indígenas. Así como en el proceso electoral posterior el correísmo fue acusado de traicionar en buena medida a sus bases, tras su victoria electoral en ballotage, producto de una sobreactuada polarización con el empresario derechista Lasso, el vicepresidente de Correa, Lenin Moreno, se encargó de “traicionar” lo que quedaba.

Tal vez, más allá de la orientación de sus políticas de ajuste, el mayor pecado para cierta militancia consistió en traicionar el plano del lenguaje mismo, teniendo en cuenta la importancia que los gobiernos progresistas de la región le dieron al discurso y las consignas. Lo cierto es que la traición de Lenin Moreno demostró que ni el gobierno de Correa se encontraba en su momento más dinámico (todo lo contrario), ni fue necesario un golpe palaciego o militar para derrocarlo, sino que bastó un simple gesto en el interior mismo de la lógica representativa. Es esa misma lógica representativa la que muestra a un referente del movimiento indígena como Yaku Pérez apoyando, primero a Lasso en las elecciones de 2017 (“prefiero un banquero a un dictador”) y luego algunas de las políticas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno.

El correísmo entregó parte de sus bases posibles a la derecha. Tal vez se trate de un costo propio del llamado neo desarrollismo o de un estilo de gobierno poco afecto a las transversalidades políticas... o un simple efecto de la decadencia de la representación política. Lo cierto es que las protestas de septiembre y octubre de 2019 contra las medidas del ya terminado gobierno de Lenin Moreno revitalizaron la militancia indigenista, pero las elecciones de 2021 parecían devolver el juego al campo de las declaraciones y la maquinaria electoral pone a prueba su capacidad de simplificar la complejidad social con el efecto polarizador del ballotage. El candidato indígena buscaría encontrar un tercer lugar señalando los límites del correísmo y reiterando la distancia con la derecha tradicional, pero a pesar de la alta votación para el movimiento Pachakutik por parte de las bases de las organizaciones indígenas, el escenario tripartito sería desalentador, teniendo en cuenta las posiciones irreductibles entre Pérez y el correísmo y una posibilidad de Lasso de arrastrar a la oposición mayoritaria bloqueando la impugnación franca a las políticas de Moreno, más allá de la retórica de la traición. Por un lado, es cierto que su buena elección remite a la revuelta de 2019 pero, como dice Raúl Zibechi “las insurrecciones no caben en las urnas” y la notable elección de Yaku Pérez Guartambel no es suficiente ni siquiera sumada al voto “anti neoliebral”, que es mayoría absoluta en los curules parlamentarios, para avanzar de hecho contra el neoliberalismo devenido refeudalización corporativista y el extractivismo.

¿La ubicación de Pérez en el mapa es similar a la que ostentó en Brasil Marina Silva? Con todo el cuidado de la traspolación, es menester dar cuenta de lo que se mueve, ambivalente, por abajo y alcanza umbrales nada despreciables también en la lógica electoral. Lo que parece ser clave, pasando el tiempo electoral, es entender los matices, diferencias y convergencias de las distintas líneas del movimiento indígena que se unificaron a la hora de defender el voto y expresan un mundo político que se abre cuando el correísmo y la derecha financiera quedan atrás.

Bolivia: la retórica del golpe 2

La caída de Evo Morales en Bolivia suscitó un áspero debate que tuvo lugar especialmente fuera del país. Las izquierdas regionales e incluso a nivel mundial cerraron filas con la defensa de Evo Morales, lo que significaba sumarse a la campaña contra lo que fue considerado un golpe militar. Presidentes como López Obrador y Alberto Fernández se sumaron personalmente a la campaña, al punto que el presidente argentino hizo del acompañamiento a Evo en su exilio primero y en su posterior vuelta a Bolivia una cuestión de Estado.

Dentro de Bolivia hubo movilizaciones de sectores del MAS, especialmente en El Alto y Cochabamba, bastión cocalero. Enfrentaron la represión, con asesinatos en Sacaba y Senkata a manos del ejército, que obtuvo con el nuevo gobierno garantías para reprimir que Evo Morales no había otorgado –por ejemplo, para contener la crisis desatada por movilizaciones posteriores a la elección de octubre de 2019. Como ocurrió en Brasil, sin embargo, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales la política no se dirimiría con movilizaciones masivas ni una resistencia decisiva contra el golpe, sino con comunicación política: “golpe”, “dictadura”, de un lado; “gobierno corrupto” y “fraude”, del otro.

Dentro de Bolivia, los propios legisladores del MAS apoyaron y dieron legitimidad al nuevo gobierno, formado ante un vacío de poder y la renuncia de la línea de sucesión presidencial detallada en la Constitución, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia aduciendo su carácter de máxima autoridad del Senado. Asumió por votación simple ante la ausencia de mayoría, controlada por el MAS. Pero días después, incluso movimientos sociales se sentarían con la nueva presidenta, y en el Congreso la mayoría optaría por reconocerla, aceptando la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, no dejando que la controversia activa en el plano de la comunicación política llegara a las instituciones (5).

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana se orientaba a denunciar el golpe en Bolivia, haciendo resonar las imágenes cruentas con la memoria de las dictaduras militares. En el país no sería esa la resonancia principal, y se producían jornadas de movilización contra el denunciado fraude, que ponían un manto de duda sobre una elección que ya antes de ocurrir estaba deslegitimada por contradecir la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 (más de una reelección estaba expresamente prohibida).

En 2016, Evo Morales llevó adelante un referéndum para cambiar este punto del texto constitucional, pero perdió en las urnas. La salida de Evo Morales fue vivida por muchos como la caída de alguien que se postuló contra el mandato de un referéndum popular (lo hizo gracias al fallo de un poder judicial presionado políticamente), y en el contexto de movilizaciones sociales que no pueden reducirse a la derecha o la clase media y alta opositora. Hubo jóvenes de todo el país y, antes que los militares recomendaran la renuncia, la propia Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS y otros sectores sociales habían solicitado eso mismo (6).

La relación del MAS con las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte, con contradicciones, compra de lealtades y una relación afianzada que en el momento de las definiciones se quebró. Algo parecido puede decirse de la relación con la OEA. Luis Almagro se manifestó favorablemente a la candidatura de Evo Morales, ganando el desafecto de la oposición. Se desató una crisis por las movilizaciones masivas que denunciaban fraude, después de haberse interrumpido el conteo televisado de votos y retomado con un cambio pronunciado de tendencia que declararía a Evo Morales electo en primera vuelta. En ese momento fue el propio Evo Morales quien convocó una auditoria de la OEA, dándole un papel de juez en el proceso. La OEA recomendó la realización de nuevas elecciones, por irregularidades. El mandatario aceptó el desafío, pero horas después presentaría la renuncia.

En Bolivia, la retórica del golpe tuvo como fuente principal una posición partidaria asociada al evismo. En cambio, personalidades como el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca y otros funcionarios no se refieren a un “golpe” y no hubo una ruptura del orden constitucional con los efectos conocidos en dictaduras convencionales. Los de octubre y noviembre de 2019 fueron acontecimientos de alta complejidad política que se mantendrán abiertos a interpretación y disputa de narrativas.

El gobierno de Jeanine Áñez, que asumió con la promesa de llamar elecciones y practicó una política represiva y racista, terminó postergando la convocatoria con el argumento de las condiciones sanitarias de la pandemia. Su gobierno inició juicios anticorrupción y buscó derrotar al MAS, de facto, desde el gobierno. No lo consiguió. Como es sabido, en octubre de 2020 el MAS volvió al poder con Evo Morales fuera de la disputa (se adujeron motivos burocráticos de falta de residencia para no habilitar su candidatura al senado). La solución que encontró el MAS fue una fórmula con un vicepresidente indígena crítico, que había sido el candidato elegido por las bases (e impugnado desde Buenos Aires por Evo Morales) y un candidato propio de perfil moderado y “técnico”, para la presidencia (7).

Las bolivianas y bolivianos parecen haber dado un mensaje también complejo. Quizás algo pragmático, pero alejado de la mística militante del MAS y, especialmente, de las voces latinoamericanas de opinión a la distancia. El resultado de la elección de octubre de 2020 muestra conformidad con la continuidad el MAS, pero sin clamor por la vuelta de Evo; también el fin de la reelección parece acomodarse al sentir popular. Evo Morales perdió la presidencia, pero también ganó, con su partido nuevamente en el poder y su influencia eligiendo a dedo muchos otros candidatos a gobernadores o alcaldes, en no pocos casos en contra de lo que las bases proponían.

En una lectura de mediano plazo, sin embargo, se percibe el fin de ciclo y un cambio político notable, desde aquella victoria de 2005, como expresión del ascenso de las movilizaciones que se iniciaron en el año 2000, expresadas también en su ratificación en el referéndum revocatorio de 2008. Posteriormente, se volvió preponderante el discurso desarrollista y nacionalista, buscando seducir a las clases medias, que llevó nuevamente al MAS a la presidencia en 2009 y en 2015, ya con un Estado Plurinacional Comunitario constituido, pero sin que la política del MAS buscara avanzar en la implementación de los puntos contenidos en ella –lo que podría haber significado un conflicto real con el poder tradicional e económico.

Un gobierno del MAS que también reprimió las marchas en defensa del TIPNIS (8), que incluso buscaría intervenir, comprar o partir organizaciones históricas de los pueblos indígenas, y que a pesar de los números macroeconómicos favorables empezaría a sufrir un cuestionamiento en las urnas y en las calles.

En ese sentido, Eva Copa representa una nueva generación de líderes. Alteña, se convirtió en presidenta del Senado representando al MAS después de la caída de Evo Morales. En 2021, luego de ser elegida candidata por las bases en la ciudad del Alto fue rechazada por las autoridades partidarias, que forzaron su salida del partido. Ahora se impuso como alcaldesa con amplia votación en la ciudad que protagonizó la guerra del gas en 2003, e incluso fue palco de las muertes en la tranca de Senkata, poco después de asumida Áñez, por represión militar cerca de una planta de gas.

Por otra parte, se mostraba favorito en las encuestas para la gobernación de La Paz el líder indígena Felipe Quispe Huanca, que protagonizó los bloqueos y resistencia anti neoliberal con un fuerte planteamiento anticolonial y de autodeterminación aymara, y que falleció poco antes del pleito electoral, teniendo a su hijo como heredero político que disputará todavía la segunda vuelta para el mismo cargo (9). El fin de ciclo boliviano parece abrir nuevas posibilidades con y sin el MAS, dentro del MAS y con un posible nuevo MAS, como parte de una transversalidad política y social más afín a la complejidad de la hora.

Argentina: la retórica del mal menor

El gobierno de Cristina Fernández fue convalidado como parte de un proceso de recuperación de índices macroeconómicos, laborales y sociales. En ese momento, en pleno reencantamiento popular (y de sectores medios) con un nuevo auge del consumo, sonaba la candidatura de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que tras la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina repuntó y sus dotes como cuadro político terminaron de posicionarla.

La elección de 2011 determinó su victoria por el 54% de los votos, quedando en segundo lugar con aproximadamente 17% el Frente Amplio Progresista encabezado por el Socialismo santafecino. ¿Cómo es que solo cuatro años después la derecha más rancia, encabezada por la figura de Mauricio Macri, se quedó con el 51% de los votos en ballotage ante la más conservadora de las opciones del hasta entonces oficialismo, el antes postergado Scioli? De algún modo se puede decir que en 2011 no solo el gobierno ganó una elección, sino que el plano electoral ganó lugar en relación a otras dimensiones de la construcción política.

Así, el gobierno se autonomizó definitivamente de la trama que incluía movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir transformaciones, haciendo de ese modo a un lado al elemento crítico que podía albergar su base de sustentación. Liberó la fuerza del número (más de la mitad de los votantes) de rendiciones de cuenta, poniendo en riesgo la fuente misma de legitimación política, en un derrotero que la propia presidenta reelecta abrió con el eufemismo “sintonía fina”.

El período de 12 años de gobierno kirchnerista se caracterizó por su heterogeneidad, tanto a nivel de las condiciones externas, como del plan económico, la construcción política hacia adentro e incluso la seguridad interior. En el último tramo, disminuía significativamente el ingreso de divisas, con consecuencias graves en la generación de empleo (se amesetó definitivamente el empleo privado, tanto como el surgimiento de nuevos pequeños agentes económicos); por otra parte, aumentaba la preocupación del gobierno por la conflictividad social: el plan “Cinturón sur” desplegó a la Gendarmería en los barrios populares, villas y asentamientos, hizo su aparición en escena el punitivista e inefable secretario seguridad Berni, se reformó la Ley Antiterrorista con endurecimiento de penas, en tándem con la existencia – hacía ya unos años– del Proyecto X (que espiaba y operaba militantes). El rumbo extractivista siguió cumpliendo etapas, con la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba (resistida por movimientos territoriales), los subsidios a grandes empresas superaron las inversiones en vivienda y programas sociales, el aumento del pan en 2013 dejó ver, una vez más, los entretelones de la concentración económica en  rubros sensibles como la alimentación, y se votaron leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes patronales.

La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida de un ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos, repercutió en el poder adquisitivo de la clase trabajadora formal, informal y de las economías populares. El intento del gobierno por volver a los mercados internacionales de manera oficial lo encontró condescendiente con el CIADI y pagando punitorios al Club de París. El 70 % de los jubilados ganaban la mínima (muchos de ellos se habían beneficiado por el reconocimiento por primera vez de su jubilación) cuando el defensor de la tercera edad reconoció que justamente ellos venían perdiendo capacidad de compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de Hidrocarburos y el acuerdo secreto con Chevron entregaron soberanía por la necesidad de financiamiento en el cortísimo plazo, mientras que ahí donde se había recuperado terreno con la estatización parcial de una mermada YPF (que representaba el 34% del sector hidrocarburífero), se contrató a un CEO para aplicar una política de ingresos vía aumento de combustibles y usar a la empresa como boca de endeudamiento externo.

Cuando marcamos la pérdida de protagonismo y dinamismo social justo en el tiempo posterior a una victoria electoral de tal contundencia, nos preguntamos si se perdió de vista la propia génesis de la impugnación al neoliberalismo que había tenido lugar en 2001 y la composición social heterogénea que luego funcionó como base de sustentación. En cambio, notamos que el triunfalismo de los actos y enunciados oficialistas funcionaron como contracara y espejo de la animosidad y las operaciones de medios y sectores opositores. Los vectores más dramáticos en términos de antagonismos territoriales y económicos concretos, permanecían inalterables. Pablo Hupert escribía, en ese sentido: “En cuanto a los antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).” (10)

La figura de Scioli, candidato elegido sin internas ni mayores discusiones por Cristina Fernández, dio cuenta de las líneas generales del último tramo del oficialismo y de un sobreentendido preocupante que recuerda al caso brasilero: “si va a haber ajuste, mejor hacerlo nosotros”. Más allá del tratamiento bien conservador en materia de seguridad que el gobierno de Scioli llevaba adelante en la provincia de Buenos Aires, del crecimiento exponencial de los countries durante sus dos mandatos consecutivos, de su pasado de fidelidad al menemismo hasta último momento, entre otras cualidades, el dato de la construcción de su candidatura había que buscarlo en su propuesta económica. Sus asesores, fundamentalmente Miguel Bein –a quien llevó a más de una entrevista televisiva en el prime time para que respondiera por él asuntos claves de la economía–, no dejaban dudas acerca de la “necesidad” de un ajuste y pretendían diferenciarse de sus adversarios electorales en dos puntos: el ajuste debía ser gradual y el actor principal no sería el mercado financiero, sino la oligarquía industrial. En definitiva, el “fin de ciclo” en Argentina estuvo dominado por un consenso no siempre explicitado en torno a la necesidad de un ajuste según dos matices: gradualismo o shock. ¿El gobierno de Alberto Fernández es la sobrevida? ¿Se trata de un progresismo post mortem bajo la máscara de un “progresismo liberal” que se sostiene en la apuesta extractivista, la ambigüedad discursiva, el mantenimiento del ala conservadora en la disputa por la tierra (Berni exaltando la represión en la toma de Guernica)?

Conclusiones abiertas

Cuando hablamos de “fin de ciclo” progresista, no nos referimos a una coyuntura electoral. Es cierto que se pone de manifiesto una debilidad cuando una figura anti popular como Mauricio Macri destrona al kirchnerismo, o en la reducción de la presencia en gobiernos municipales del PT de 600 a solo algo más de 100 municipios, de los cinco mil en todo Brasil. Pero la derecha tampoco logra consolidar una hegemonía política como fue la del progresismo (excepto en Colombia de forma estable y en Perú con inestabilidad y recambio). En Chile, tras el estallido iniciado en octubre de 2019 y la convocatoria de una convención constituyente, es muy probable que el progresismo se imponga como lo hizo en Bolivia y Argentina, mostrando más bien un péndulo inestable de transición, donde también la extrema derecha y las nuevas izquierdas se suman a la disputa, siguiendo los pasos de algunos países europeos. Más allá de lo electoral, entonces, el fin de ciclo es vivido por los más identificados desde cierto endurecimiento interno o incluso ensimismamiento. Aumenta la mistificación mientras disminuye la capacidad de movilización, se interrumpe la continuidad con las luchas que llevaron a los gobiernos de raíz popular al Estado. A su vez, se consolida la perspectiva estatal tendiente a la criminalización de las protestas, políticas de austeridad más y menos disimuladas y, fundamentalmente, una ambigüedad que queda cada vez más lejos de los movimientos y experiencias alternativas.

El dirigente social argentino Juan Grabois desafió al Frente de Todos (al que pertenece) al insistir en que la cautela supuestamente estratégica del gobierno podría terminar alejándolo de sus bases. Pero se excede (reincide) en confianza a los liderazgos cuando sostiene que hace falta una dirigencia “que tenga el coraje, la inteligencia y la planificación para lograr cambiar la estructura absolutamente regresiva, degradatoria, primarizante, colonial que tiene la Argentina...”. En buena medida, los movimientos sociales reproducen las dificultades que se observan a nivel de los gobiernos y su pérdida de dinamismo explica también el alcance limitado de una red de espacios (nada limitada de antemano), a la hora de alterar las condiciones macroeconómicas y las características del Estado mismo –que Grabois reconoce como un Estado neoliberal ocupado circunstancialmente por gobiernos populares o progresistas.

En el caso de Chile, los límites para el cambio estructural ya se encuentran interiorizados en las limitaciones que el poder político (conservador o progresista) impuso en acuerdo político de cúpulas mientras las calles ardían en una histórica movilización social, para definir las reglas de funcionamiento del foro en vistas a la Constituyente. Como ocurrió en Bolivia, el poder constituyente surge limitado (constituido) por la necesidad de aprobación por dos tercios, que políticamente garantiza poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales –finalmente, intérpretes en última instancia de los mensajes de las calles. Quizás sea ilustrativa la “funa” (escrache) que encontraría a fines de 2019 Gabriel Boric, ex líder estudiantil de las protestas de 2001 y creador del Frente Amplio, por su participación en el acuerdo con el gobierno y otros sectores políticos, accediendo a sellar el acuerdo para encaminar la Constituyente con el gobierno y también la ex Concertación, fuerza cuya derrota fue la condición que lo había transformado en líder político con el mote de “nueva política”.

La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Últimamente, la militancia partidaria, sindical y social, en el momento mismo en que se refiere a las relaciones de fuerza no se asume como parte de esa relación. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social. ¿Dónde quedan nuestras fuerzas entonces? ¿De qué modo hacemos parte en situaciones concretas de esa relación? Se da por concluida de antemano una relación que, por definición, no está cerrada; se piensa como gesto estratégico la repetición de lo mismo, como si las estrategias no fueran también parte de un campo en disputa dependiente de las condiciones que, justamente, no son una repetición de lo mismo. ¿Y si no es un problema de “gran estrategia” voluntarista o sacrificial, sino de tacticismo radical y alegre? De hecho, hay fuerzas de distinta índole, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino en el plano de la imaginación política, de las transformaciones a nivel de los vínculos dentro y fuera de las organizaciones, en el seno de complicidades transversales, tácticas de guerrilla o formatos de unidad de acción. La imaginación no es una abstracción o una utopía perdida por lejana, sino una fuerza que abre posibles.

¿Cuáles fueron los límites de los aspectos dinámicos de esos procesos se cerraron o viven aun a costa de su fin de ciclo? Pensamos en, al menos, dos niveles: la relación de los movimientos, los sectores populares, las denominadas bases y organizaciones con los gobiernos propiamente dichos, por un lado, y las medidas concretas, entre rupturas y continuidades con los regímenes previos (la vigencia del neoliberalismo, de las oligarquías, etc.). Este último punto relativiza las acusaciones de claudicación, de traición o de giros conservadores de los gobiernos, en tanto ya estaban escritos en la matriz de relación entre éstos y la dinámica de los movimientos. Incluso, ¿hasta qué punto, parte de los movimientos y de la militancia de base se perciben y piensan a sí mismos de entrada identificados con el realismo del poder? El realismo político que transforma un análisis automático de la correlación de fuerzas en una excusa para no repensar las relaciones del dinamismo social con los formatos de poder existente, opaca toda imaginación política con su velo indolente.

Por nuestra parte, el diagnóstico y las preguntas que nos propusimos no surgen de una mirada exterior a los deseos de transformación de las relaciones de desigualdad y destrucción del medio vigentes, ni de una inmaculada concepción de izquierdas, sino de un realismo doloroso (11) que no está dispuesto al silencio público de las diferencias, ni al razonamiento extorsivo cuya única razón de ser son los poderes que se tiene en frente. Nos permitimos sospechar del sobredimensionamiento jactancioso y en bloque del enemigo, gesto correlativo de una victimización también excesiva respecto de las potencialidades propias y vitalidades inesperadas. Apostamos, más bien, a un realismo de la potencia que ponga de relieve las expresiones de dinamismo encarnadas por actores y formas de relación y organización existentes, para una imaginación política capaz de actuar, de intervenir en nuestras condiciones, con todo el barro que la historia disponga. Desde la marea de feminismos hasta las luchas ambientalistas, los espacios de contracultura, las experiencias de economías solidarias y populares, hasta las resonancias entre un buen vivir contemporáneo y la vigencia comunitaria de los pueblos indígenas, pasando por las revueltas estudiantiles, los nuevos modos de agrupación y democracia gremial o de lucha de trabajadores autónomos y precarios por fuera de las estructuras que ya no los contemplan ni representan, y el activismo informático… la fenomenología del dinamismo político es muy vasta y no lo es menos la potencialidad de articulaciones e interfaces capaces de la necesaria transversalidad a la hora de contrapesar e incluso superar las asimetrías concretas que conforman la actual correlación de fuerzas, es decir, la trama que define cuánto podemos.

Es clave atender e investigar lo que hay de vivo por abajo y por los costados, así como propusimos repasarlo comparativamente en la historia insurreccional latinoamericana del último tramo del siglo XX. ¿Qué pasa hoy con los enjambres de repartidores y trabajadores logísticos por aplicaciones que bien podrían parar las ciudades? ¿Qué lugar tiene en algunos países la construcción comunitaria indígena por fuera de las ciudades, o enhebrando campo y ciudad? La movilización de los pobres por el auxilio económico o renta universal en Brasil reorientó los recursos del Estado; las tomas de tierras con grados cada vez más altos y sofisticados de organización y enunciación en Argentina dejan ver un deseo de vivir bien sin temor a la confrontación. Algo se mueve por fuera de lo posible, ¿algo imposible? Entre la máquina neoliberal y su “There is no alternative” implícito –o incluso fracasado neoliberalismo devenido refeudalización corporativista– y el posibilismo progresista, suerte de liberalismo sensiblero, izquierda que ladra, pero no muerde; es decir, entre el realismo de la impotencia y el realismo político, se cuela una potencia que busca su propia realidad.

Ariel Pennisi

@ArielPennisi1

Salvador Schavelzon

@schavelzon

2 abr 2021 05:56

Publicado enPolítica
Domingo, 28 Febrero 2021 05:28

Bill Gates: el clima de los billonarios

Bill Gates: el clima de los billonarios

El 16 de febrero de 2021, Bill Gates, el tercer hombre más rico del planeta, lanzó su libro Cómo evitar un desastre climático. Gates no sabía nada de cambio climático hasta hace pocos años, aunque su "huella climática" personal y empresarial es enorme, miles de veces mayor que la de cada persona de la vasta mayoría de la población mundial. Nada propone para cambiar esa realidad. Su receta es aplicar una mezcla de tecnologías extremas de alto riesgo –energía nuclear, nuevos transgénicos y geoingeniería–, mercados de carbono y fondos de inversión, y que los gobiernos apoyen a las empresas para ello con incentivos económicos, normativas a su favor e infraestructura con dinero público.

El libro no agrega nada a sus propuestas ya conocidas. Es más bien un resumen organizado para gobiernos, empresas e investigadores, en formato “como salvar el planeta para dummies” (o tontos, usado en manuales para referirse a principiantes). En una reciente entrevista con el periodista Anderson Cooper, Gates dice que el primer libro que leyó sobre clima hace 10 años, fue Weather for dummies (El tiempo para principiantes) (https://tinyurl.com/47x45b9v). En el libro aclara que además de otras lecturas, expertos como los promotores de la geoingeniería David Keith y Ken Caldeira le han estado informando sobre el tema.

La lista de tecnologías propuestas por Gates da vértigo: no duda en manipular desde los átomos a los genomas y el clima. La combinación de su mentalidad de ingeniero que ve al mundo, la naturaleza, el clima y los pueblos como partes de una máquina donde todo se puede mover con tecnología e inteligencia artificial, contrasta con sus rampantes declaraciones de fe de que nada de eso tendrá ningún problema, al menos ninguno que no pueda afrontar con más tecnología. Propone, por ejemplo, desplegar masivamente reactores para energía nuclear –que asegura que ahora no tendrán problemas como los desastres de Chernóbil o Fukushima; nuevas megaplantaciones de agrocombustibles, que al ser con semillas transgénicas y microbios de biología sintética ahora no competirán con la producción de alimentos, al igual que más plantaciones de soya y maíz transgénico para fabricar carne sintética en laboratorio, tambien con microbios manipulados genéticamente. Promueve la geoingeniería tanto para remover carbono como la geoingeniería solar. Financia la tecnología de impulsores genéticos para extinguir especies que, pese a presentarla como combate a la malaria, tiene sobre todo aplicaciones en agricultura industrial y química.

Gates afirma que el mayor desafío "para la humanidad" es llegar a reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero en 2050. Una meta demasiado distante para no sobrepasar un aumento de temperatura global de más 1.5 grados, según el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Tanto Gates, como muchas empresas trasnacionales contaminantes y el Foro Económico de Davos, han anunciado compromisos de alcanzar "cero emisiones netas" en unas décadas. Es una trampa: Gates aclara en el libro que se refiere a emisiones cero "netas", es decir que se puede seguir emitiendo gases, incluso aumentar las emisiones, porque se puede asociar compensaciones ( offset), para que la suma sea cero. Esas compensaciones se harían con mercados de carbono y tecnologías de geoingeniería para remover carbono de la atmósfera una vez emitido. Nada de eso ha funcionado para enfrentar el caos climático, ni va a funcionar. Gates lo sabe, por ello exhorta a apoyar también el desarrollo de la geoingeniería solar para bajar la temperatura, para evitar que parte de los rayos del sol lleguen a la Tierra, como un plan B, aunque reconoce que tiene grandes riesgos.

Una de las técnicas de geoingeniería que presenta el libro es la captura directa de aire, en particular la empresa Carbon Engineering, donde Gates es inversor junto a Chevron, Occidental Petroleum y la minera BHP Billiton. La técnica requiere tanta energía para capturar y filtrar carbono de la atmósfera, que aumenta las emisiones totales de CO₂ si se tiene en cuenta todo el ciclo. Salvo con megainstalaciones de energías no fósiles, que de todos modos requerirán materiales, tierra, agua y competirán con mejores usos de tales fuentes de energía. El fundador (e inversor) de Carbon Engineering es David Keith, quien también dirige desde la Universidad de Harvard el programa de geoingeniería solar, financiado por Gates y otros millonarios. En este momento en el ojo de la tormenta por el cuestionamiento a su proyecto ScoPEx para experimentar en territorios indígenas cómo bloquear la luz del sol (https://tinyurl.com/t3wr59r5).

Aunque Gates declara que él y la Fundación Gates han retirado sus inversiones en las industrias petroleras, un ilustrativo artículo de Tim Schwab muestra lo contrario (https://tinyurl.com/dkuapxbk). Además, las empresas en las que invierte, como Microsoft y Carbon Engineering, siguen haciendo negocios con ellas. Señala, que aunque Gates promueve sus propias empresas, no es porque necesite más dinero. El punto más importante que comunica no es sobre clima, sino el poder de los milmillonarios sobre los gobiernos, para avanzar en lo que quieran, y qué éstos le pavimenten el camino.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
La ONU en alerta ante la pasividad de los países contra el cambio climático

Tan solo 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales.

 

La Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los países que redoblen sus esfuerzos y aumentar su compromiso nacional de contribución a la lucha contra el cambio climático en 2021 si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París.

La organización ha publicado este viernes el 'Informe de Síntesis de los Compromisos Nacionales de Reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés)' que muestra como los niveles actuales de ambición climática están "muy lejos" de situarse en el camino con el que se pueden alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, según ha asegurado la secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa.

De hecho el informe concluye tras analizar los compromisos expresados hasta el 31 de diciembre de 2020, que de momento 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales de efecto invernadero.

"Las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todo el mundo debe ser adoptada. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que avancemos en la senda hacia un mundo más verde, limpio, saludable y próspero", ha afirmado.

El informe publicado fue solicitado a propuesta de las partes del Acuerdo de París para medir el progreso de los planes climáticos de cada país de cara a la próxima cumbre del Clima (COP26) que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

El informe muestra como la mayoría de estas naciones han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones pero su impacto combinado les sitúa en la senda de lograr una reducción un 1% superior en 2030 comparado con los niveles de 2010.

En un comunicado, la UNFCCC explica que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por su parte, ha indicado que los rangos de reducción de emisiones para llegar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC debería ser incluso un 45% más bajos.

Espinosa ha aclarado que este informe de síntesis es una instantánea pero no da la fotografía completa dado que los retos que ha supuesto el COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas naciones con respecto a como cumplir sus compromisos en 2020.

2021, una oportunidad "sin precedentes"

Para la secretaria ejecutiva, el año 2021 supone una oportunidad "sin precedentes" para hacer un progreso significativo en la lucha contra el cambio climático y urge a "todas las naciones" a construir un futuro tras el COVID-19 economías más sostenibles y más resistentes contra el cambio climático.

"Este es un extraño momento que no se puede perder", ha añadido Espinosa que señala que mientras se acomete la reconstrucción no se pude volver a la "vieja normalidad". "Los compromisos nacionales de contribución al cambio climático deben reflejar esta realidad, sobre todo los mayores emisores y en especial los países del G20 que deben liderar este camino", ha señalado.

El presidente entrante de la COP26, Alok Sharma, ha defendido que este informe debería servir para urgir una llamada a la acción. "Estoy pidiendo a todos los países, particularmente a los mayores emisores, que suscriban objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030", ha reclamado.

El Acuerdo de París está fallando

En la misma línea, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, considera que el informe de síntesis de la secretaría de Cambio climático de la ONU dice una cosa "clara" y es que en este momento el Acuerdo de París está fracasando.

"Nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los gobiernos deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles", ha insistido.

Por ello, exige a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten el mes que viene unas NDC que den "motivos de esperanza".

A su juicio, las "promesas rotas" del Acuerdo de París cuentan la historia de un sistema multilateral "rehén de los intereses de los combustibles fósiles, obstaculizando la acción climática y arriesgando el futuro de todos nosotros".

madrid

26/02/2021 17:49

Europa Press

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Cuánto se pierde por los paraísos fiscales

Informe del Panel FACTI, creado hace un año por Naciones Unidas

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal, unos 7 mil billones de dólares.

 

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Se trata de una riqueza de 7 mil billones de dólares canalizada a través de paraísos fiscales. Solamente teniendo en cuenta el flujo de fondos derivado de la operatoria de las multinacionales con jurisdicciones cuyos sistemas impositivos son reducidos o nulos, el costo para los países en términos de pérdida de recursos fiscales asciende a unos 500 a 600 mil millones de dólares por año. Se calcula que un 2,7 por ciento del PBI global es lavado de dinero que proviene del crimen.

Los datos del párrafo anterior constituyen la principal señal de alarma que plantea el informe del Panel FACTI (Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera), creado hace un año en el marco de Naciones Unidas. “El panel propone un acuerdo global en el cual todos los países acepten adoptar medidas para fortalecer la integridad financiera para el desarrollo sostenible”, dice el trabajo, presentado este jueves mediante videoconferencia.

Entre las recomendaciones del informe, sobresale la propuesta de aplicar una tasa mínima global para las empresas de entre el 20 y el 30 por ciento sobre las ganancias, "lo cual ayudaría a limitar los incentivos a la operatoria de las empresas con los paraísos fiscales y a la competencia entre países para bajar impuestos".

"Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los tipos del impuesto de sociedades no traen inversión como tal. Sólo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países", indicó José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia y uno de los autores del informe.

¿Cómo se mide?

Los flujos ilícitos de dinero o los artilugios financieros para evadir impuestos están confeccionados para escapar a los organismos de control, por lo cual son naturalmente muy difíciles de medir. El informe del FACTI explica que una de las formas utilizadas para realizar estimaciones es medir los desvíos entre la información de comercio exterior: si Argentina en teoría exportó por 100 millones a Estados Unidos, el país del norte debiera haber importado por la misma cuantía desde el territorio nacional. Sin embargo, esto no es así.

El informe detalla que, por ejemplo, los estudios sobre el intercambio comercial de Japón arrojan discrepancias de 31 mil millones de dólares todos los años, mientras que entre 2006 y 2015 se calcula que el margen de error es de 44 mil millones de dólares en Costa Rica.

Otro capítulo está vinculado al esquema de desviación de ganancias de parte de multinacionales en favor de los países con alta opacidad fiscal. “La pérdida de recursos fiscales derivada de esta práctica se calcula a partir de las desviaciones entre las ganancias de las empresas y la actividad económica real”, indica el documento.

¿Cuánto es?

En el caso de Canadá, esa pérdida de la recaudación se calcula en 5,7 mil millones de dólares por año, mientras que para Tailandia, es de 1,1 mil millones de dólares. El Estado alemán pierde 35 mil millones de dólares por año en elusión fiscal y en Sudáfrica la pérdida anual de recursos a partir de la planificación fiscal nociva por parte de los multinacionales es de 3 mil millones.

En el caso de Brasil, la pérdida de recaudación se calcula en 15 mil millones de dólares al año, lo cual serviría para construir hogares para 8 millones de familias de bajos ingresos. Si bien el informe no presenta estimaciones para el caso argentino, se puede calcular lo siguiente: si el grado de perjuicio para las finanzas públicas es proporcional al caso brasileño, en 2019 los recursos en juego hubieran más que alcanzado para financiar el déficit fiscal primario de 95 mil millones de pesos.

¿Quiénes son?

"La mayor responsabilidad radica en los centros financieros tradicionales de los países desarrollados, donde se encuentran los mercados más grandes y los servicios profesionales de las empresas", indica el informe, aunque aclara que "todas las jurisdicciones, incluyendo aquellas que tratan de construir nuevos centros financieros, deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en su territorio". 

"Banqueros, abogados y contadores son actores importantes en la organización de los negocios y al igual que los asesores, facilitadores, negociadores y mediadores, están en su derecho de cuidar por los intereses de los clientes. Sin embargo, esto no los excluye de actuar de forma ética y en línea con los valores y las normas globales", agrega

Publicado enEconomía
Martes, 26 Enero 2021 05:59

Pandemia y deuda, los ejes de Davos

António Guterrez, de la ONU, reclamó disponibilidad de vacunas para todos los países.  Imagen: EFE

Empezó el foro económico del establishment global

Las consecuencias de la covid-19 marcarán otra vez el año económico. Xi Jinping advirtió a Biden y la ONU pidió alivio por las deudas.

 

El encuentro anual del Foro de Davos, que congrega a la crema del establishment global, comenzó este lunes, con una agenda dominada por la pandemia y su impacto en la economía, el cambio climático y el comienzo de la presidencia demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos. Por primera vez, tiene un carácter virtual y entre las presencias de la primera jornada se destacaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También estuvieron Pedro Sánchez, primer ministro de España; Antonio Fauci, asesor de Salud de Joe Biden, y entre las figuras empresariales, Pascal Soriot, CEO del laboratorio AstraZeneca; James Quincey, CEO de Coca-Cola y Herbert Diess, CEO de Volkswagen. El plato fuerte del día fue la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien solapadamente advirtió a Biden acerca de una nueva guerra fría.

En el foro también se presentó un documento sobre la economía global en donde se plantea que los riesgos de los próximos dos años están vinculados al empleo y vivienda, desilusión entre los jóvenes, inequidad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, erosión de la cohesión social y ataques terroristas. Pero además, el informe presenta un cuadro en donde la Argentina aparece como una de las economías más golpeadas por la pandemia, solo superada por España y Perú. En paralelo, el país aparece con una de las mayores tasas de muerte por coronavirus cada 100 mil habitantes, algo peor que México,

En su presentación ante el Foro de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, alertó sobre el comienzo de una nueva “guerra fría”, un dardo dirigido al flamante presidente norteamericano, Joe Biden. “La confrontación siempre va a terminar hiriendo a los intereses de todas las naciones y sacrificando el bienestar del pueblo”, advirtió. También reafirmó el compromiso de China de reducir en un 65 por ciento las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono (emisiones netas igual a cero) para 2060. La economía de China creció 2,3 por ciento el año pasado, su peor marca desde 1976. Aun así, se trata de la única economía grande del mundo con crecimiento positivo en 2020. Se espera para 2021 una recuperación del 7,9 por ciento.

El crecimiento de China volverá a estar muy por encima del promedio del avance mundial, que será de 4,7 por ciento, según detalló en Davos Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El funcionario advirtió que la recuperación económica va a depender de la “disponibilidad y eficacia de las vacunas para todos, del apoyo fiscal y monetario inmediato en los países desarrollados y en vías de desarrollo y de medidas transformadoras de estímulo a más largo plazo".

"Muchos de los países con ingresos medios y los menos desarrollados necesitan liquidez para evitar impagos de la deuda. Se necesita el alivio de deuda de todos los países que lo necesiten para que nadie se vea forzado a elegir entre ofrecer los servicios básicos a su población o cumplir con sus deudas", señaló Guterres. La declaración apunta a la situación de los países más pobres pero sirve para reforzar la posición de Argentina, que se encuentra en plena negociación con el FMI para llegar a un acuerdo de renegociación. "Nuestro principal objetivo para 2021 es construir una coalición global para lograr un saldo nulo en

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipó que el crecimiento económico esperado de la Eurozona en el primer trimestre de 2021 es de apenas 0,6 por ciento, la mitad de la predicción que se había hecho en diciembre pasado. "Todavía se trata de cruzar el puente hacia la recuperación. El tren está demorado, pero no descarrilado", dijo Lagarde.

Para la jornada de este martes, se espera la presencia (virtual) de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, su par de Francia, Emmanuel Macron, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El jueves está prevista la participación del presidente argentino, Alberto Fernández.

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