Gobierno de facto en Bolivia anuncia elecciones para el 6 de septiembre

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que promulgará la Ley de Elecciones, para que se celebren el 6 de septiembre.

"Voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre", comunicó a través de un videomensaje. Áñez aseguró que no buscaba prorrogar su gestión, sino quería evitar elecciones en plena pandemia del coronavirus.

"La única razón por la que acepté hablar de postergación (para la fecha de votación) era para evitar una elección en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente", afirmó.

La líder del parlamento de Bolivia, Eva Copa, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo el viernes pasado que promulgará la ley que ordena realizar elecciones generales a más tardar en septiembre, si Áñez persiste en su negativa a firmar la norma.

El tira y afloja entre el Gobierno de facto y el parlamento sobre la ley de elecciones tenía en vilo a Bolivia, en un escenario con amenazas sindicales de protestas en demanda de los comicios y advertencias oficiales de represión policial y militar.

La ley motivo de la disputa dispone que el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación a realizarse en un plazo máximo de 127 computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir hasta el domingo 6 de septiembre, adoptando medidas de bioseguridad.

El 3 de mayo era la fecha original de los comicios, que resultaron suspendidos por la emergencia ante la pandemia de covid-19.

21 junio 2020

(Con información de Sputnik)

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Poder dual, golpismo y comicios en Bolivia

El boliviano René Zavaleta, primer director de Flacso México entre 1976 y 1984, teorizó conceptos muy importantes en sociología, como el de sociedad abigarrada, un Estado aparente donde se superponen diferentes capas sociales, pueblos y comunidades culturales. Una formación social donde coexisten la dominación colonial y capitalista, y formas de resistencia anteriores a los mismos. Los términos de sociedad abigarrada fueron muy útiles para entender la Bolivia plurinacional destruida por el neoliberalismo, pero para entender lo que está pasando hoy en el país andino-amazónico, nos sirve mucho más otro de los grandes conceptos acuñados por René Zavaleta, el de poder dual.

El concepto de poder dual retomaba a Lenin y la revolución rusa de 1917: “El doble poder –según Lenin– se manifiesta en la existencia de dos gobiernos: uno es el gobierno principal, el verdadero, el real gobierno de la burguesía (...) el otro es un gobierno suplementario y paralelo, de ‘control’, encarnado por el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, que no tiene en sus manos ningún resorte del poder, pero que descansa directamente en el apoyo de la mayoría indiscutible y absoluta del pueblo, en los obreros y soldados armados”.

Es decir, poder dual alude a un gobierno que tiene la legalidad, pero convive con otro gobierno legítimo conformado por el pueblo organizado.

Esto es lo que coexiste hoy en Bolivia, un gobierno golpista que había llegado con el único objetivo declarado de convocar a elecciones, y un pueblo que se va organizando para resistir y que, además, tiene de su lado a una Asamblea Legis-lativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo de Evo Morales tiene la mayoría suficiente para aprobar leyes.

Ese poder dual cristaliza hoy en la convocatoria de unas elecciones previstas para el 3 de mayo, pero que fueron pospuestas por la pandemia global. La Asamblea aprobó la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales, y marcó el 2 de agosto como límite para la celebración de nuevos comicios. Pero esta ley fue recurrida por el gobierno golpista de Áñez ante el Tribunal Constitucional, institución que tras un acuerdo apoyado por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre el MAS y la mayoría de partidos de oposición presentó la propuesta del 6 de septiembre como nueva fecha electoral.

Pero en una nueva vuelta de tuerca al poder dual que se vive en Bolivia, Jeani-ne Áñez, quien además es candidata presidencial, mandó una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), pidiéndole un informe técnico y científico que validara la fecha de las elecciones, torpeza política porque si Áñez no promulga la Ley 691 en 10 días, el Senado tiene la facultad de hacerlo.

Es claro que existe una voluntad en retrasar todo lo que se pueda la convocatoria de elecciones, pues están perdiendo aceleradamente apoyos entre la opinión pública debido a los numerosos escándalos de corrupción en los que han incurrido autoridades en el medio año que lleva instalado el gobierno golpista.

En febrero destituyeron al gerente de la principal empresa de telecomunicaciones del país, Entel, nacionalizada durante el gobierno de Evo Morales, y en estos días el presidente de YPFB, la empresa hidrocarburífera estatal, se encuentra en búsqueda y captura tras varios escándalos de corrupción.

Aunque el mayor escándalo ha sido la corrupción destapada por la compra en España de respiradores para hacer frente al Covid-19, que ha llevado al encarcelamiento del ministro de Salud de una Áñez que cada vez tiene más difícil afirmar que llegaron de forma transitoria para convocar a elecciones tras el golpe de Estado, cuando la imagen que dan son de que llegaron para quedarse el mayor tiempo posible, y mientras tanto, saquear y vaciar un Estado que costó poner en pie 14 años de proceso de cambio.

Pero además, los golpistas continúan con sus torpezas y han desaparecido los ministerios de Deportes, Comunicación, y Culturas. El cierre de este último, con un presupuesto de 100 millones de bolivianos (menos de 15 millones de dólares) frente a los 7 mil millones que manejan Gobierno y Defensa, ha supuesto que la comunidad cultural y una parte de la clase media se levante en pie de guerra contra el gobierno.

Esta dinámica deja a los golpistas casi fuera de la carrera electoral, pero aunque el MAS-IPSP pueda recuperar una parte de los apoyos perdidos durante los meses de octubre y noviembre de 2019, en realidad quien más favorecido se ve por la coyuntura es el timorato y cómplice del golpe, Carlos Mesa, que tiene todo un carril central para apostar por "ni masistas ni golpistas" después de que en las elecciones pasadas consiguiera articular 37 por ciento del voto opositor anti Evo Morales.

Es probable también que los poderes que impulsaron el golpe de Estado, desde las élites económicas a sectores de lapolicía y el ejército, pasando por la estación de la CIA en La Paz, dejen caer a Áñez y su gobierno para articular una unidad parcial en torno a Carlos Mesa como garante de una transición que garantice el control de los recursos naturales y su posterior privatización al mismo tiempo que una relativa paz social.

Será tarea colectiva que el poder dual que hoy impera en Bolivia se mantenga en caso de que el golpe de Estado consumado el 10 de noviembre de 2019 se perpetúe mediante una victoria electoral golpista.

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Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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Las secuelas de la Operación Gedeón: El impacto en Colombia de una incursión fracasada

Aunque otros escándalos han generado estupor en la opinión pública colombiana sin mayores consecuencias, en esta oportunidad parece que el ámbito militar puede hacer peso para sentar varios precedentes.

 

El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.

Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:

C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.

Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?

C.A.: por supuesto.

 

Una operación huérfana

 

El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.

También mencionó que las armas iban dirigidas a alias 'Pantera', un oficial que operaba bajo su mando.

Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo,  especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba 'Pantera'. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.

Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.

Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.

En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los "funcionarios" de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?

 

¿Habrá reacciones en Colombia?

 

La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como "una raya más pa'l tigre".

Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por  parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.

Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias 'Doble Rueda', un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.

El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.

Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.

Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.

Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.

Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia "ayuda humanitaria", quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.

Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.

El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.

Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.

Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.

El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.

 

La situación actual de Duque

 

Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.

Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.

Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.

El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a "fuertes corrientes" las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.

La justificación graciosa es solo el comienzo de un 'affaire' que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.

Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.

Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.

Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.

También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.

Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.

Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares,  vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.

Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.

Publicado: 14 may 2020 00:13 GMT

Por Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

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 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mensaje desde el Palacio de Miraflores el pasado fin de semana, en el cual anunció arrestos relacionados con un intento fallido de derrocarlo y acusó a Estados Unidos de estar involucrado.Foto Afp/Presidencia de Venezuela

Si no dirigió la operación, sí la aprobó

La detención de dos estadunidenses implicados da pretexto para una invasión militar a Venezuela, asegura el académico Fulton Armstrong

 

Nueva York. El gobierno de Donald Trump rechaza haber participado de manera "directa" en la fallida intervención armada contra Venezuela, pero no hay duda de que la mano de Wa-shington dejó sus huellas por todo el escenario del crimen.

Desde que surgieron los detalles de una operación anunciada por el ex sargento de fuerzas especiales estadunidenses Jordan Goudreau –veterano de las guerras en Afganistán e Irak y director de una empresa de seguridad privada en Florida llamada Silvercorp USA– el domingo 3 de mayo destinada al fracaso antes de lanzarse, el gobierno de Donald Trump negó su participación.

El martes 5 de mayo Trump afirmó que el operativo "no tiene nada que ver con nuestro gobierno". Un día después, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó: "no hubo ningún involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos en esto".

Pero el vínculo de Goudreau con algunos personajes ligados a Trump y la revelación de que la operación fue elaborada por figuras en Miami que tienen extensos contactos con el gobierno estadunidense, y que fue aprobada inicialmente por el hombre de Washington en Caracas, Juan Guiadó, dejan sin duda a especialistas de que aunque aun si agencias gubernamentales no estaban a cargo, es casi imposible contemplar que no sabían de su existencia durante meses.

Fulton Armstrong, académico del Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University y ex oficial de Inteligencia Nacional para América Latina (analista de más alto rango de la comunidad de inteligencia) entre 2000-2004 y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, así como analista sobre América Latina del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comentó: “cuando Pompeo tuvo que decir que Estados Unidos no estaba ‘directamente involucrado’, dejó claro que estábamos indirectamente involucrados”.

En entrevista con La Jornada, Armstrong señaló que Washington había dado todas las indicaciones de que daría visto bueno a un intento de golpe, y por lo tanto "no se puede decir que no fuimos responsables; nosotros establecimos el marco para lo que ocurrió".

Armstrong indica que cuando el gobierno de Trump apoya explícitamente el cambio de un régimen, empapa a la oposición con dinero, califica de narcoterroristas a los altos mandos del gobierno venezolano y hasta pone una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y otra de 10 millones por otros líderes de ese gobierno, está invitando a operaciones como la que se realizó la semana pasada. "Estados Unidos ha puesto los incentivos para este tipo de operación", subrayó, y "aunque todo indica que esta operación no fue dirigida por Washington, todo también indica que sí fue aprobada ahí".

Señala que ahora, esta coyuntura posterior a la aventura fracasada, es tal vez la más peligrosa. “Ahora hay un pretexto para la acción militar directa de Estados Unidos, al calificar a los ex militares estadunidenses detenidos como ‘rehenes’ junto con los seis ejecutivos de Citgo con doble nacionalidad bajo arresto domiciliario en Venezuela”.

Pompeo afirmó hace una semana: "usaremos toda herramienta disponible para intentar" rescatar a los estadunidenses.

Armstrong recuerda que ya están desplegadas fuerzas navales estadunidenses en el Caribe para la supuesta operación "antinarcóticos" anunciada por Trump el primero de abril, después de presentar cargos por narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro.

Otros observadores coinciden en que partes del gobierno de Trump –sobre todo las agencias de inteligencia, la DEA, y otros– tendrán que haber estado enterados del complot. Un veterano observador comentó a La Jornada que si resulta que es verdad, "deberían ser despedidos" por no hacer su trabajo, sobre todo porque la operación fue revelada al público dos días antes de lanzarse por un reportaje de la agencia Ap.

A la vez, nadie en Washington oculta el objetivo bipartidista de un cambio de régimen en Venezuela. La administración de Trump declaró "ilegítimo" el gobierno de Maduro, seleccionó a Guaidó como representante de ese país, quien ha sido elogiado en repetidas ocasiones por el liderazgo de ambos partidos en Washington, y ha dejado sobre la mesa la "opción militar" desde 2017. "Maduro se tiene que ir", rei-teró Pompeo después de negar la mano de su gobierno en este operativo para secuestrar al presidente.

Pero por ahora no se sabe quién sabía qué ni cuándo dentro del gobierno de Trump. El diputado federal demócrata Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja, ha solicitado esa información del Departamento de Estado desde hace más de una semana sin recibir respuesta. "El Congreso necesita saber si las leyes estadunidenses fueron violadas por ciudadanos y empresas del país y si algún elemento del gobierno sabía lo que estaba ocurriendo", escribió Engel en su capacidad de presidente del comité.

Agregó que también se requiere información sobre si se exportaron armas estadunidenses, y “sobre las reuniones en Estados Unidos de cada uno de los contratistas de seguridad privados relacionadas a un asalto potencial en Venezuela, y… si el gobierno de Trump sabía de estas interacciones”.

 

Recuento de daños tras el fracaso del operativo

 

Tal vez fue en parte por estas investigaciones, junto con el daño político a Guaidó al ser vinculado al fracaso espectacular de este operativo, que motivó las renuncias de los asesores del venezolano en Miami, JJ Rendón y el legislador exiliado Sergio Vergara, el pasado lunes.

Rendón fue quien negoció con Goudreau y aprobó, con Guaidó en el teléfono desde Venezuela, un contrato ofreciendo más de 200 millones de dólares si lograba derrocar a Maduro, pero él contó hace unos días que poco después rompió la relación con en el estadunidense, en noviembre de 2019.

Ampliamente conocido por sus nexos latinoamericanos, Rendón renunció como jefe de estrategia de la campaña de relección del presidente colombiano Juan Manuel Santos al ser acusado de recibir sobornos de narcotraficantes, y antes fue señalado como parte de un operativo cibernético a favor de la campaña del PRI en 2012. Rendón ha dicho que ha trabajado a favor de candidatos priístas durante años (https://www.jornada.com.mx/2012/04/02/politica/010n1pol; https://www.jornada.com.mx/2018/01/14/politica/003n2pol).

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Acorralado, renunció J.J. Rendón, asesor de Juan Guaidó

La Operación Gedeón dejó en crisis al líder opositor y a quienes lo rodean

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro.

 

El efecto encadenado del fracaso de la Operación Gedeón continúa: Juan José Rendón, hombre clave en los últimos sucesos que desembocaron en la llegada de mercenarios a Venezuela, presentó su renuncia al “comité de estrategia” del “gobierno interino de Juan Guaidó”.

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y proceder a una persecución de civiles y militares en el país durante más de un año.

A diferencia de Guaidó, Rendón reconoció haber firmado el contrato. Ante la crisis abierta por la situación, fue él quien salió a dar explicaciones ante los medios de comunicación para realizar un control de daños, e intentar ofrecer una versión ante la cantidad de contradicciones dichas por Guaidó.

La explicación de Rendón fue que firmó, pero el plan no se ejecutó, no porque no estuviera de acuerdo con lo que allí se acordada, sino por su desconfianza con el dueño de Silvercorp, Goudreau. El “estratega” nunca pudo explicar por qué en el contrato aparecía la firma de Guaidó, ni por qué existía un audio de la firma del contrato donde se escucha a Guaidó y a Goudreau.

Las mentiras y gravedad de la situación abrieron una nueva división dentro de la oposición venezolana. El partido Primero Justicia -del cual es miembro Henrique Capriles y Rendón asesoró en su campaña presidencial- pidió que sean removidos de sus cargos quienes se involucraron con la acción.

No solamente Primero Justicia se pronunció contra lo sucedido, sino también una parte significativa de la oposición, tanto de quienes se alejaron del plan que encarna Guaidó, como quienes se mantuvieron alineados.

La renuncia de Rendón, así como la del diputado Sergio Vergara, también firmante del contrato, indica un reconocimiento público del impacto provocado por la Operación, en la cual siguen siendo detenidos mercenarios día tras día, como el día domingo, donde catorce fueron apresados en el operativo policial y militar que se mantiene desplegado en estado de alarma.

La Operación Gedeón dejó en crisis a Guaidó y quienes lo rodean. Alguien debía pagar el costo y fueron Rendón y Vergara. En cuanto a los autores internacionales la estrategia ha sido la de negar y borrar pistas para afirmar que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano estuvieron involucrados en lo que en la prensa estadounidense fue nombrado como Bahía de Cochinos.

Sin embargo, como afirmó la carta de tres senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall: “o bien el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de estas operaciones planificadas, o estaba al tanto y les permitió proceder, ambas posibilidades son problemáticas”.

El gobierno venezolano afirmó desde el inicio que esta Operación tuvo participación de Estados Unidos vía la DEA -con la cual el “gobierno de Guaidó” publicitó haberse reunido en agosto del año pasado- y de Colombia que facilitó el territorio de principio a fin, aún con las denuncias del gobierno y de uno de los implicados, Cliver Alcalá, que afirmó que la administración de Iván Duque estaba al tanto de los campos de entrenamiento militares.

Estas renuncias suman así un nuevo capítulo de una acción -conectada con otras operaciones armadas pasadas y en preparación- que dejó escrito blanco sobre negro hasta dónde está dispuesta a llegar la estrategia golpista en Venezuela, no solamente para derrocar a Maduro, sino para “estabilizar” el país, como quedó detallado en el contrato. 

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J.J. Rendón, el oscuro personaje detrás de la trama para derrocar a Maduro

La trastienda de la Operación Gedeón en Venezuela

Juan José Rendón, quien se presenta como “responsable del comité de estrategia de Guaidó”, reconoce haber firmado un contrato en octubre del 2019 con la contratista militar estadounidense Silvercorp. 

 

La Operación Gedeón provocó numerosas interpretaciones y dejó preguntas sin responder. Al igual que sucedió el 30 de abril del 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López simularon la toma de una base militar en Caracas para activar un golpe, la confusión fue parte central de la escenografía.

Sin embargo, algo quedó claro en este caso: Juan José Rendón, quien se presenta como “responsable del comité de estrategia de Guaidó”, reconoce haber firmado un contrato en octubre del 2019 con la contratista militar estadounidense Silvercorp por un monto de 212 millones de dólares.

Ese contrato, publicado por el Washington Post , planteaba tres fases. En primer lugar, la preparación de quienes debían llevar adelante las acciones. Luego, la realización del “objetivo primario” que era “capturar/detener/remover a Nicolás Maduro, eliminar el régimen actual e instalar al presidente venezolano reconocido, Juan Guaidó”. Finalmente, la participación de Silvercorp en un período de 450 días -prolongable- de “restablecimiento de la estabilidad en el país”.

La “estabilización del país” significaba que la contratista militar sería parte del ataque y persecución de militares, “elementos no militares del mando y control del régimen anterior”, represiones, detenciones, el cumplimiento de toques de queda, controles de frontera, con autorización para “usar la fuerza, hasta e incluyendo la fuerza mortal, para eliminar la amenaza”.

Todo está escrito en un anexo de 41 páginas con precisiones sobre, por ejemplo, cuándo y cómo utilizar minas antipersonales M18A1 claymore, las cadenas de mando, las formas de pago, donde, en caso de “insolvencia en efectivo”, Silvercorp cobraría “en barriles de petróleo”.

Rendón reconoce haber armado y firmado ese contrato como parte del “gobierno de Guaidó”, y sostiene que era y es parte de sus tareas como “estratega” para lograr el “cese de la usurpación”, es decir el derrocamiento. Afirma que no hizo efectivo el contrato, pero el escenario planificado es una de las posibilidades sobre las que siguen trabajando -para lo cual consultaron con otras contratistas más.

Así, entre tantas hipótesis, mentiras e interpretaciones sobre la Operación Gedeón, queda claro un punto: existe un intento de capturar/asesinar a Maduro, los principales dirigentes del gobierno y perseguir al chavismo en sus diferentes niveles en un escenario que abre puertas a un enfrentamiento armado interno. Ese intento no se detendrá.

No es nuevo, pero, ahora tomó -nuevamente- forma pública, innegable, y llegó al punto en que un grupo de cerca de sesenta personas, ex integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, civiles y ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que estuvieron en Irak y Afganistán, arribaron armas en mano a las costas del país.

No se trata de un hecho desconectado. La Operación se enmarca dentro del precio puesto por el Departamento de Justicia estadounidense a la cabeza de Maduro y Diosdado Cabello -otro objetivo militar marcado en el contrato- el bloqueo económico abiertamente reconocido, el anuncio de la pronta caída de Maduro realizada por la administración de Donald Trump, y una trama sostenida de este tipo de acciones encubiertas, relacionadas unas con las otras.

¿Cómo se gobierna en ese contexto? ¿Qué ingenierías de defensa son necesarias para evitar la ejecución de planes de esa naturaleza? ¿Cómo afecta al gobierno, la forma de gobernar y al conjunto de la política?

Es un escenario bélico, una excepcionalidad permanente que ha envuelto la dinámica política en lo últimos años. Se trata de una dialéctica de trincheras, un asalto continuado y un gobierno en permanente desmontaje de operaciones, sorteo de bloqueo, y aplicación de claves de la excepcionalidad a gran parte de la política.

La Operación Gedeón buscó quebrar este escenario, es decir lograr el derrocamiento con mercenarios a través de una acción que abriría las puertas a un posterior enfrentamiento armado. La figura de Gedeón, además de la religiosidad, remite a una táctica de guerra: un ataque nocturno en inferioridad numérica para sembrar confusión en las filas del enemigo.

La Operación fue derrotada, parcialmente. Quienes desembarcaron eran parte de un conjunto mayor: según los detenidos estadounidenses, Luke Denman y Airan Seth, el plan era tomar aeropuertos, para que, una vez capturado Maduro -en caso de secuestro y no de asesinato- aterrizara un avión para extraerlo. ¿De dónde vendrían los aviones? ¿Colombia, Estados Unidos?

Los hombres que llegaron eran parte de un plan mayor que no terminó. ¿Cómo seguirá? Es necesario leer con precisión las reacciones en Estados Unidos y dentro de la administración de Donald Trump que, como era predecible, negó toda participación y contestó con arrogancia y amenaza: “Si quisiera ir a Venezuela no lo haría en secreto, lo haría y no podrían hacer nada, no mandaría un grupo pequeño (…) sería un ejército, se llamaría una invasión”.

En cuanto a la dinámica nacional la ecuación es clara: la oposición enfrenta otro efecto derrota con sus consecuentes enfrentamientos, pérdidas de credibilidad y fuerza, y el gobierno envía un mensaje de fortaleza tanto a los sectores golpistas opositores como a potenciales traidores internos, y sostiene su unidad y mando.

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En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de otros tres terroristas implicados en la Operación Gedeón.Foto Ap

La Operación Gedeón incluía uso de "bombas de precisión"

 

Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, aseguró ayer que el contrato de la Operación Gedeón, el intento de invasión golpista contra Caracas frustrado el pasado fin de semana, incluía un "bono de éxito" de 10 millones de dólares.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un grupo de reacción inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un "bono de éxito" de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Según lo revelado por Rodríguez, en sus primeros artículos el documento define tres grupos: Asociado (ex militares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Guaidó –representantes de la oposición venezolana– con la empresa estadunidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera" con la misión y a emplear "fuerza mortal" en el control de disturbios y el taser (paralizador eléctrico a distancia) en centros de detención.

Además se autorizó al personal de Silvercorp "a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato identifica como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Se prometió que los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450 mil dólares a sus familias de miembros del Grupo de Tarea, en caso de muerte, así como indemnización por 250 mil dólares por pérdida de algún miembro o de la vista durante la misión.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación –oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias– serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión; todos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Además de los 21 detenidos, incluidos dos estadunienses imputados por los cargos de “terrorismo, conspiración y tráfico de armas, ayer se informó del arresto de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias El Miche.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón el pasado 16 de octubre, pero sólo recibió 50 mil dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, quien aseguró que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadunidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron”, se quejó.

Anuncian la captura de otros tres implicados

El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la captura de otros tres terroristas implicados en la incursión marítima del pasado domingo en el estado La Guaira.

"Tengo que informar que hemos capturado tres mercenarios más el día de hoy, fueron atrapados por el grupo de comando de mar número 82", informó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Por otra parte, las autoridades militares de Venezuela hallaron ayer tres lanchas con material de guerra y emblemas de la Armada de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron al país arrastradas por la corriente.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra los pasaportes de dos ciudadanos estadounidenses, acusados por el gobierno venezolano de participar en un supuesto intento de incursión durante una rueda de prensa sobre un presunto golpe de estado. Marcelo Garcia /Prensa Miraflores / DPA / Europa Press

Un asesor de Guaidó acordó el plan con el mercenario Jordan Goudreau, pero más tarde rompieron la relación y Goudreau siguió adelante con la operación buscando los 15 millones de dólares que ofrecía EEUU por Nicolás Maduro

 

Pocas veces el dinero fácil se ofrece a cambio de una operación tan complicada. Cualquiera habría desconfiado. No era tan simple como parecía. Les pedían invadir un país del que lo desconocía casi todo. Secuestrar a su presidente para llevarlo a Estados Unidos. Cobrar la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos y luego esperar que la suma aumentara en función de la generosidad de quienes asumieran el poder.

No obstante, el plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro y llevárselo a Florida para que enfrentara allí un juicio por narcotráfico parecía solvente para un antiguo sargento del ejército estadounidense, Jordan Goudreau. Al menos mientras lo diseñaba en un lujoso apartamento en Miami a finales de 2019. El antiguo boina verde de 43 años, que también tiene nacionalidad canadiense, estaba seguro de que su experiencia en Irak y Afganistán le había preparado para una misión como esa.

A sus interlocutores de la oposición venezolana también debía sonarles sensato, incluso tras el fracaso del último de los intentos previos de golpe de Estado ese mismo 2019. Por eso los representantes de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados reconocen como presidente legítimo de Venezuela, firmaron un contrato con Goudreau con ese objeto: Derrocar a Maduro.

Pero en entrevistas concedidas a The Guardian, uno de los líderes más importantes de la oposición ha explicado que comenzaron a dudar de Goudreau y llegaron a cortar relación con él meses antes de que lanzara una incursión que terminó en desastre y cuyo eco recuerda al fracaso de la invasión de Cuba a través de la Bahía de Cochinos en 1961. La debilidad de su plan fue puesta de manifiesto cuando dos antiguos miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos acabaron expuestos ante el público en harapos. Airan Berry y Luke Denman fueron detenidos en el mar, antes de poner pie en Venezuela.

Se cree que en la operación murieron ocho personas y más de 100 acabaron detenidas. Berry y Denman aparecieron en la televisión pública venezolana dando algunos detalles sobre el plan para tomar la casa presidencial y enviar a maduro a Estados Unidos.

Goudreau había anunciado una "audaz incursión anfibia". Su nombre en código, de inspiración bíblica: Operación Gideon, símbolo de la victoria del débil frente a un rival de mayor envergadura. "Hemos activado unidades en el sur, el oeste y el este de Venezuela", dijo vestido con una camisa verde y junto a quien fuera capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero.  

Pero en el momento de hacer público tan importante anuncio, el operativo ya había fracasado. La agencia Associated Press había publicado una larga investigación dos días antes exponiendo el plan. Si AP lo sabía, es probable que el Gobierno venezolano estuviera al corriente.

Goudreau formó parte del Ejército de Canadá en la década de los 90 y estudió en la Universidad de Calgary antes de unirse a los boinas verdes estadounidenses. Fue sargento médico durante 15 años y estuvo destacado en Irak y Afganistán varias veces. En 2018, después de abandonar el Ejército, Goudreau creó una empresa de seguridad, Silvercorp USA.  Su plan era ofrecer guardias a las escuelas de Estados Unidos para protegerlas de los ataques armados que sufren.

En su página web, Silvercorp se ufana de que Goudreau lideró "equipos de seguridad multinacionales para el Presidente de Estados Unidos". Ha provisto de seguridad privada en mítines políticos de Donald Trump.

Juan José Rendón, un viejo conocido en Latinoamérica

A principios de 2019, Goudreau prestó sus servicios en un concierto en apoyo a los refugiados venezolanos en la frontera colombiana organizado por Richard Branson, el multimillonario dueño del imperio Virgin. Allí conoció a Cliver Alcalá, un exgeneral venezolano que desertó para sumarse a las filas de la oposición. El dúo comenzó a hablar de la posibilidad de derrocar a Maduro.

En septiembre, el complot avanzaba. Se reunió en Miami con Juan José Rendón, un exiliado venezolano al que Guaidó ha encargado el diseño de estrategias para tomar el poder.

Juan José Rendón es un viejo conocido de la política latinoamericana. Dimitió como asesor del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos debido a las acusaciones de que había recibido dinero de narcotraficantes. También lo acusaron de manipular las elecciones de 2012 en México. Él niega categóricamente ambas informaciones.

Guaidó creó un grupo asesor al que encargó el diseño de planes para terminar con el régimen de Maduro. La función de Rendón era asesorar a ese grupo sobre el mejor modo de poner esos planes en marcha. 

El asesor cuenta que habían explorado todas las posibilidades –legales– de derrocar al presidente. Incluso las leyes referentes a la piratería. Entrevistaron a expertos en seguridad, la mayor parte exmilitares que ofrecen sus servicios especializados a cambio de cifras multimillonarias. "No había límites, 1000 millones, 1500 millones de dólares", señala Rendón a The Guardian.

La empresa de Goudreau era mucho más barata. Un fijo de millón y medio de dólares y algo más de 200 millones a pagar a partir de los beneficios futuros de la explotación del petróleo venezolano. Rendón afirma que [Goudreau] "estaba preparando algo en Venezuela que pasaría por la frontera colombiana". Goudreau dijo que tenía 800 hombres listos para la invasión.

Tras una serie de encuentros, en octubre llegaron a un acuerdo que consistía en "una operación para capturar, detener, derrocar a Nicolás Maduro… derrocar el régimen en vigor e instalar al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó", señala Rendón.

Goudreau ha publicado varias de las páginas del acuerdo, una de ellas firmada aparentemente por Guaidó. Quien iba a convertirse en presidente del país dice que la firma no es suya y ha negado vínculo alguno con el plan.

Rendón se tomó la relación con Goudreau tan en serio como para pagarle 50.000 dólares de su propio dinero para cubrir gastos. "Se quejó de que yo era rico y él estaba gastando dinero sin serlo", cuenta.

El acuerdo entre ambos recogía que Silvercorp tenía 45 días para entrenar y equipar una fuerza de invasión antes de que varios equipos se infiltraran en Venezuela para tomar posiciones y edificios desde los que alentar a la población a un levantamiento.

Goudreau empieza a perder credibilidad

Pero Rendón no tardó mucho en comenzar a dudar de la disponibilidad de los recursos y la experiencia de los que Goudreau se jactaba y comenzó a preocuparse por un comportamiento errático que incluía peticiones de dinero constantes.

Rendón ha mostrado a The Guardian mensajes de texto que, afirma, son de Goudreau y en los que muestra su enfado y pide un avance de millón y medio de dólares. "Recibiré el millón y medio por la vía legal. Qué vergüenza", dice uno de los mensajes. "Te lo pusimos en bandeja de plata y lo jodiste todo", dice otro.

"Después de esto, tu credibilidad en Washington equivale a cero", se lee en otro. "Eres multimillonario, debería darte vergüenza no arreglar tu país. No te mereces vivir en Estados Unidos". Ni Goudreau ni su abogado han contestado a The Guardian.

Mientras preparaba la incursión que acabaría abortada, Goudreau declaró a Factores de Poder, un canal de Youtube que emite desde Miami: "Siguieron prometiéndome que pagarían semana tras semana. Eso duró un mes hasta que más o menos nos dimos cuenta de que no iba a pasar nada".

Rendón sostiene que había perdido la confianza en Goudreau por su "carácter y su comportamiento", así como por "falta de respeto". Asegura que Guaidó había comenzado a sospechar que Goudreau hablaba demasiado.  "En Colombia se reunía antes que con nosotros con gente relacionada con ciertos grupos que no aprobamos porque están relacionados con el régimen", añade el asesor.

La disputa sobre la cantidad fija de millón y medio de dólares llegó a su momento crítico en noviembre, durante una reunión en el apartamento de Rendón en Miami en la que Goudreau, Nieto y otros exiliados se enfrentaron con el asesor político. "La conversación se calentó más y más y al final Nieto tuvo que proponer que saliéramos al balcón para relajarnos", recuerda Rendón. Goudreau se fue sin su dinero. Rendón dijo que no supo más de él hasta abril, cuando recibió una carta de un abogado que le reclamaba el pago del millón y medio de dólares.

Rendón no había sido el primero en desmarcarse del acuerdo con Goudreau. Drew White, que sirvió en el Ejército con Goudreau, Denman y Berry y había ayudado a crear Silvercorp se separó de él en 2019, al empezar a prepararse el plan para secuestrar a Maduro. Le parecía que iba más allá de lo que debía. "Por mucho que quieras apoyarle como amigo, no tenía los pies sobre el suelo", dijo White a Associated press. "Nada de lo que decía tenía sentido".

Ephraim Mattos, que fue miembro de la Marina de Estados Unidos y formó en medicina táctica a algunos de los hombres que participaron en la invasión declaró a The Wall Street Journal que había tratado de detener la operación, pero Goudreau decidió seguir adelante.

Los preparativos sobre el terreno comenzaron a caer en marzo. La policía colombiana detuvo entonces a Jorge Alberto Molinares conduciendo un Renault Duster lleno de fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos rumbo a una casa en Riohacha, una localidad costera a menos de 100 kilómetros de la frontera venezolana.

Las autoridades vigilaban la casa desde que el propietario se había quejado de que los conspiradores no pagaban el alquiler. Molinares dijo a los investigadores que llevaba el cargamento a un hombre apodado "Pantera" que las autoridades venezolanas identificaron como Robert Levin Colina Ibarra, fallecido durante el fracaso de la invasión.

Los planes de Goudreau se complicaron aún más cuando Alcalá, el exgeneral venezolano con cuyo apoyo creía contar, fue acusado de los mismos delitos de narcotráfico lanzados contra Maduro. Antes de entregarse, Alcalá dijo a The Guardian que hizo lo que hizo con conocimiento de "contratistas estadounidenses y el Gobierno colombiano", pero no dio más detalles.

En Marzo, al anunciar las acusaciones, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por pistas que permitieran la captura de Maduro y aportaran pruebas a la investigación abierta por narcotráfico.

Una vez que Goudreau tuvo claro que no iba a recibir dinero de Rendón, ganó fuerza la supuesta recompensa que podría recibir de su propio Gobierno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arqueó las cejas esta semana al tiempo que negaba implicación "directa" en el complot.

Berry, uno de los mercenarios estadounidenses capturados, dijo en la televisión venezolana que el plan consistía en llevarse al presidente de la casa presidencial, un edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Caracas. Pero no dio detalles sobre la logística del operativo más allá de que iban a tomar un aeropuerto militar cercano y aviones para llevarse a Maduro.

Una vez los pretendidos liberadores de Venezuela fueron conducidos a la costa el pasado domingo, tras su detención, Maduro afirmó que tenía agentes infiltrados en la operación hace tiempo y que estaban listos para desmontarla. "Lo sabemos todo", dijo. "Qué comen, qué no comen, lo que bebieron. Quién pagó". 

Guaidó dijo que si el presidente venezolano había dejado que la operación avanzara pese a toda esa información, tenía las manos manchadas de sangre. "Nicolás Maduro eres responsable. Sabían de la operación, se infiltraron y esperaron para masacrarlos", afirmó.

Goudreau ha sido más gráfico al referirse a la 'Operación Gideon' una vez que todo se hundía a su alrededor: "He perdido mucho dinero. Mucho. Fuimos muchos los que nos unimos para preparar esto. He luchado toda mi vida por la libertad. Es todo lo que sé".

 Por Julian Borger / Joe Parkin Daniels / Chris McGreal - Washington / Bogotá

08/05/2020 - 22:28h

 Traducido por Alberto Arce

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Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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