Fernando Mayorga. Sociólogo y doctor en ciencias políticas. Catedrático en la Carrera de Sociología y Director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Con el politólogo boliviano Fernando Mayorga.

Sociólogo y doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Mayorga dialogó con Brecha sobre la situación boliviana y el escenario político de cara al próximo 3 de mayo, día de las elecciones presidenciales.

—¿Corre riesgo el Estado plurinacional, que acaba de cumplir 14 años?

—Para modificar el Estado plurinacional como entidad constitucional sería necesaria una asamblea constituyente y eso no parece posible hoy. Si bien es cierto que Carlos Mesa prefiere volver a la República y Fernando Camacho se inclina por hablar de un nuevo federalismo, las nuevas autoridades deberán seguir con el Estado plurinacional. Pero si bien no podrán modificar esa denominación, es cierto que hoy el país se encuentra en un retroceso en sus políticas públicas y que ha vuelto a estar en manos de una oligarquía histórica.

—¿Cuál es la situación del Mas para las próximas elecciones? ¿Hay críticas en Bolivia a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca?

—El Mas, pese a todas las críticas recibidas desde la oposición –que hoy es gobierno a partir del golpe de Estado– sobre la dictadura que habría impuesto Evo Morales, es la fuerza política más democrática del país. La candidatura del binomio Luis Arce-David Choquehuanca es cuestionada aquí por algunas fuerzas y organizaciones sociales del Pacto de Unidad [la alianza de las principales organizaciones sociales que apoyan al Mas],y eso hay que leerlo en dos claves complementarias. Por un lado, porque es parte de la lógica asambleísta y comunal de los bolivianos, y es también parte de los mecanismos históricos del sindicalismo boliviano. Y por otro lado, porque demuestra la expresión democrática en el interior del Mas.

—¿Cómo podría describirse al gobierno actual de Bolivia?

—En este momento el gobierno de Bolivia está en manos de lo que fuera la oposición al Mas, que está fragmentada. La propia presidenta Jeanine Áñez es parte del movimiento Bolivia Dice No, surgido para oponerse a la candidatura de Morales en la elección de octubre. Se trata de un partido que no alcanzó el 5 por ciento de los votos. Quienes hoy gobiernan fueron parte de una oposición que desde el triunfo del Mas en las presidenciales de 2005 no logró articular una fuerza que pudiera enfrentarlo. El único candidato que mantiene su partido y está listo para presentarse legalmente es Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana. Por eso se da la curiosa paradoja de que el liberal Jorge “Tuto” Quiroga será el candidato presidencial del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuando en 2014 fue candidato del Partido Demócrata Cristiano y viene originalmente del partido liderado por el general Hugo Banzer, Acción Democrática Nacionalista, un partido de derechas. Otro que espera presentarse, pero aún no está claro con qué sello lo hará, es el empresario Samuel Doria Medina, derrotado en las elecciones de 2005 y 2009.

—¿Hay garantías para la presentación electoral del Mas en los comicios?

—Hubo un pedido de proscripción que fue desechado por el Tribunal Supremo Electoral. La personería jurídica del Mas está intacta para presentar candidatos en todos los cargos, en todo el país. Es pronto para elaborar hipótesis sobre el curso que puedan tomar los hechos electorales. Todo está en permanente movimiento y cambio. Hay que esperar que las cosas decanten con el correr de los días y ver qué ocurre con las candidaturas. Pero a fines de diciembre, cuando las encuestadoras preguntaban la intención de voto de Andrónico Rodríguez a la cabeza del Mas, su candidatura alcanzaba el 40 por ciento. Luego cuando ya Evo Morales se estableció en Buenos Aires y los debates por los candidatos fueron mayores, algunas encuestadoras preguntaban por el voto al Mas independientemente de cuál fuera el candidato y la intención de voto se mantuvo en ese 40 por ciento.

—Las acusaciones de corrupción parecen ser un elemento común de las nuevas derechas de la región. ¿Qué pasa hoy en Bolivia con la acusación en este sentido contra Luis Arce?

—No sólo Arce es acusado de corrupción, también lo es Carlos Romero, exministro de Gobierno. Andrónico Rodríguez es acusado de “sedición y terrorismo”. Estas dos palabras son las más usadas para acusar a dirigentes sociales, dirigentes del Mas o exfuncionarios del gobierno depuesto. Tanto jueces como fiscales aceptan esas acusaciones para perseguirlos y minar la unidad del Mas o de algunas agrupaciones sociales con miras a las elecciones del 3 de mayo. Habrá que esperar que efecto surten. Por lo pronto el Mas denunció que detrás de algunas de esas acusaciones está la mano de la Usaid, una agencia de Estados Unidos que fue invitada por la presidenta Áñez a supervisar las elecciones del 3 de mayo.

 

Por Fabián Kovacic 

24 enero, 2020

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Claver-Carone, el hombre (y la misión) detrás del conflicto de Trump con Venezuela

En un mitin al estilo electoral en Miami, hace casi un año, Donald Trump emitió una clara advertencia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el mandatario estadounidense ha querido derrocar desde el día en que ingresó a la Casa Blanca, dos años antes. “Se avecina un nuevo día en América Latina”, proclamó Trump, apuntando no solo a Maduro, sino también a Cuba.

Para los observadores casuales, fue fácil detectar la influencia de John Bolton en el enfoque cada vez más agresivo del presidente hacia las Américas. Bolton, a quien Trump había nombrado su asesor de Seguridad Nacional la primavera anterior, había declarado a los Gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba como la “troika de la tiranía”. Solo unas semanas antes, Trump había reconocido al “autoproclamado” Juan Guaidó como presidente interino del país, declarando abiertamente la intención de los Estados Unidos de “poner fin al régimen de Maduro con la fuerza militar si fuese necesario”.

Pero las manos veteranas de la política exterior en Washington y el sur de Florida también vieron las huellas dactilares de otro asesor menos conocido, con un historial de línea dura y el tipo de lengua retórica afilada, que había definido el enfoque reciente de Trump –y de Bolton– hacia América Latina. El discurso de Trump, pensaron muchos de esos expertos, sonaba como si hubiera sido escrito por Mauricio Claver-Carone.

Claver-Carone, quien se desempeña como el principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, inglés), es poco conocido fuera de Washington, pero tiene mala fama dentro de los círculos relacionados con América Latina en esa ciudad como un “bulldog” para la comunidad de línea dura que favorece posturas aún más extremas hacia el Gobierno de Cuba y todavía ve a la región como el frente clave para las batallas al estilo de la Guerra Fría contra amenazas comunistas.

Capacitado como abogado, Claver-Carone ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas como un influyente cabildero y principal antagonista de cualquiera –incluido el expresidente Barack Obama– que buscara revertir el bloqueo de casi 60 años que aún no ha logrado su declarado propósito de terminar con el Gobierno de Cuba.

Pero en la era Trump se involucró en el Gobierno, y durante los últimos 16 meses ha disfrutado de una influencia sin igual en las políticas del presidente hacia Venezuela, a tal punto que los embajadores extranjeros se han quejado en privado sobre su ascendencia en esa área.

Desde que ingresó a la Casa Blanca, el presidente Trump ha mostrado una obsesión simplista con Maduro, la cual se ha hecho mayor en medio de la crisis económica que ha provocado.

Pero la presión de Trump por una agresión chocó incluso a aquellos dentro del aparato de política exterior que durante mucho tiempo han ansiado una oportunidad para adoptar un enfoque más enérgico. “Soy un halcón en las reuniones interdepartamentales, pero en la Oficina Oval soy la paloma”, así se lamentaba un alto funcionario ante sus colegas cuando salía de las reuniones en las que Trump pedía opciones militares o políticas hacia Maduro más hostiles de lo que recomendaban sus asesores.

La visión simplista e inconsistente de Trump del mundo ha dejado desconcertados, incluso, a los más cercanos a él, preguntándose por qué un presidente tan dispuesto a hacer trizas un acuerdo negociado con Irán favorece el diálogo con Corea del Norte, o cómo un líder que apoya la necesidad de reducir los compromisos militares en Medio Oriente ha estado tan ansioso por comenzar otro en América del Sur.

Buscar coherencia en la política exterior de Trump es una misión por descubrir “algo que simplemente no está allí”, dijo Fernando Cutz, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional bajo los Gobiernos de Obama y Trump. “Va a ser país por país, artículo por artículo. E incluso así, puede que no sea consistente”.

La política exterior del presidente está, en esencia, guiada por el mismo narcisismo que impulsa su toma de decisiones sobre cualquier otro tema: Trump quiere ganar. Y en Venezuela, la coerción es su única estrategia.

Mientras otros –incluido Bolton, a quien Trump despidió en septiembre del año pasado, en parte por “contenerlo” en el tema de Venezuela– tuvieron que hacer concesiones para trabajar en ese entorno, Claver-Carone está viviendo su sueño. Tiene la oportunidad de implementar la estrategia de “máxima presión” que él y otros exponentes de la línea dura han creído por mucho tiempo que se necesita en Venezuela, el respaldo de un presidente que comparte esa visión y el mandato para garantizar que el resto del Gobierno ayude a Trump a aumentar la presión a su máximo real.

Aparentemente, aún no lo han alcanzado, incluso un año después de que la estrategia comenzara abiertamente con el reconocimiento de Guaidó.

“Si me hubieras preguntado en enero de 2017 quién es la peor persona que podría estar en ese puesto de director, habría dicho: ‘Él’, dijo Ben Rhodes a HuffPost el año pasado sobre Claver-Carone. (Rhodes había encabezado los esfuerzos de Obama para normalizar las relaciones de Estados Unidos con Cuba).

No es una visión poco común: Claver-Carone no es el tipo de entendido regional o diplomático experimentado que típicamente ha ocupado su posición en el Consejo de Seguridad Nacional, y tiene poca experiencia en cuanto a los países más grandes de América, una preocupación que casi una docena de expertos en políticas sobre América Latina o exfuncionarios del Gobierno expresaron en entrevistas con HuffPost.

Claver-Carone ha pasado su carrera centrado casi por completo en Cuba, con incursiones ocasionales en las relaciones de Estados Unidos con los Gobiernos de Venezuela y Nicaragua, a los que él y muchos otros de línea dura ven como “regímenes títeres del Gobierno cubano”.

“Es alucinante que tengamos una política determinada por estos tres países, mientras pasamos por alto a Brasil, Chile, Argentina, México”, dijo Christopher Sabatini, profesor de Asuntos Globales en la Universidad de Columbia y fundador de Global Americans, una organización sin fines de lucro centrada en los estudios sobre la región.

“Imagine tener un director de Consejo de Seguridad Nacional para Asia que no supiera nada más que de Laos. De eso estamos hablando. Tienes a Japón y las Coreas, China y Vietnam, y este tipo solo conoce a Laos. Imagine eso”.

Claver-Carone es un anticastrista de pura cepa, criado en el sur de Florida por una madre cubanoamericana. Él “se volvía loco” ante la mención de Fidel Castro, contó a USA Todayun amigo de los tiempos del bachillerato. Como estudiante en el Rollins College de Orlando, Claver-Carone se quedaba después de clase para discutir con su mentor “lo ingenua que es la gente” cuando se trataba de Cuba, informó el periódico.

Si el interés de Trump en Venezuela y Cuba es en su mayoría, y tal vez por completo, una búsqueda cínica de victoria –sobre Maduro y en la Florida (y más allá) en las elecciones de 2020–, Claver-Carone es todo lo contrario. Para él Cuba debería ocupar un lugar prominente en la agenda de cualquier presidente de los Estados Unidos. Ha dedicado su carrera a esa causa.

Después de un breve período como abogado del Departamento del Tesoro durante la Administración de George W. Bush, Claver-Carone inició una carrera como cabildero de la política hacia Cuba. Fue un momento tenso para los intereses a favor del bloqueo. La opinión pública en los Estados Unidos había comenzado a cambiar, el Congreso había dado pequeños pasos para aflojar las restricciones, y la mayor institución probloqueo en Washington se había fragmentado, dejando un vacío en el lado de línea dura.

El primer acto de Claver-Carone como director ejecutivo de Cuba Democracy Advocates –un nuevo grupo sin fines de lucro lanzado por dos ricos empresarios cubanoamericanos que querían llenar ese vacío de línea dura–, fue encargar una encuesta que midiera el apoyo de los votantes cubanoamericanos al esfuerzo de aliviar las restricciones sobre Cuba. La encuesta encontró que la mayoría de los encuestados se oponía a cualquier cambio en el enfoque de los Estados Unidos hacia la Isla.

El sondeo llamó la atención de los medios en Miami, aunque no toda esa atención fue positiva. Al notar que las preguntas de la encuesta eran excesivamente dirigidas o sesgadas, un experto en encuestas lo ridiculizó en las páginas del periódico más grande de Miami como “inútil para determinar las actitudes hacia la política cubana”.

Claver-Carone también dirigió el PAC US-Cuba Democracy (Comité de Acción Política Democracia Estados Unidos-Cuba), que durante los 2000 ha ayudado a atenuar cada impulso para aflojar el bloqueo. Entre 2004 y 2015, ese PAC recaudó más de cuatro millones de dólares e hizo contribuciones a más de 600 comités de campaña.

La primera vez que el nuevo Congreso demócrata votó sobre Cuba, en 2007, un total de 66 demócratas, incluidos varios miembros del liderazgo del partido, votaron contra un esfuerzo por debilitar el bloqueo. De ellos, 52 habían recibido donaciones del grupo de Claver-Carone.

Para 2009, 18 miembros del Congreso habían cambiado su posición sobre el embargo después de recibir dinero del PAC Democracia Estados Unidos–Cuba, según Public Campaign, una organización sin fines de lucro que abogaba por la reforma del financiamiento de campañas. Entre 2003 y 2009, los partidarios del PAC, individualmente y a través del PAC, gastó casi 11 millones de dólares en candidatos al Congreso, dijo Public Campaign.

Una tercera organización liderada por Claver-Carone, Cuba Democracy Public Advocacy Corp., recibió más de 250 000 dólares para hacer lobby en el Congreso acerca de varias iniciativas legislativas relacionadas con Cuba entre 2006 y 2016.

Los esfuerzos de Claver-Carone generaron quejas legales y éticas de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), un grupo de vigilancia liberal sin fines de lucro, que alegó en cuatro quejas de financiamiento de campañas separadas que los grupos que Claver-Carone supervisó habían violado varias leyes.

La queja más explosiva fue que las tres organizaciones que dirigió estaban inapropiadamente interconectadas. Pero incluso cuando la Comisión Federal de Elecciones expresó su preocupación por las prácticas en múltiples casos, nunca encontró a Claver-Carone o los grupos culpables de violaciones graves, y lo absolvió en el caso más grande que CREW presentó. Entonces, siguió adelante.

Barack Obama ganó Florida en 2008, a pesar de la promesa de reunirse con Raúl Castro, y mantuvo el estado cuando ganó la reelección cuatro años después. Pero Claver-Carone –que había sido anfitrión de una recaudación de fondos en 2012 en la que el nominado republicano Mitt Romney prometió que, si ganaba, “Fidel Castro finalmente será sacado de este planeta”– fue siempre una molestia para Obama cuando el presidente actuó para normalizar las relaciones con Cuba.

Junto con su cabildeo y otras actividades políticas, Claver-Carone dirigía a los cubanos de Capitol Hill, un blog ahora cerrado que durante años fue una lectura obligada para cualquiera que siguiera la política estadounidense sobre Cuba. Actualizó el blog todos los días y también operaba un servidor de listas de correo electrónico para enviar noticias a cualquiera que se inscribiera. El sitio se desconectó cuando Claver-Carone se unió a la Administración Trump. También escribió en su blog para HuffPost: en 2015 escribió que la política de Obama de “hablar por hablar” solo había “servido como una distracción útil para el mundo” mientras el Gobierno cubano fortaleció “su control político y económico sobre el pueblo y su futuro”.

Rhodes, el exasesor adjunto de Seguridad Nacional que se enfocó en los esfuerzos de la Administración de Obama en el tema Cuba, siempre estuvo atento a los boletines diarios y publicaciones en blogs de Claver-Carone. También lo hizo el resto de la Administración.

“Leía su blog y sus correos electrónicos en ráfagas porque descubrí que eran el mejor barómetro de cuál era la reacción más extrema de la línea dura a lo que estábamos haciendo”, recordó Rhodes. “Estábamos muy al tanto de él”.

“Pensé en él como una especie de troll”, dijo Rhodes.

Otros en la comunidad política cubana fueron incluso más duros en su evaluación.

“Es un lanzallamas que hace que todo sea personal y político”, dijo James Williams, director ejecutivo de Engage Cuba, una organización sin fines de lucro opuesta al bloqueo. “Si usted ve el bloqueo de los Estados Unidos como una política ineficaz, será agresivamente etiquetado por él como un cabildero del régimen”.

Para 2015, las bases locales de la política cubana habían cambiado. En la Florida, incluso, la comunidad cubanoamericana se había enfriado en torno a un enfoque duro hacia la Isla, según mostraron las encuestas . Pero la firma de cabildeo de Claver-Carone intensificó sus esfuerzos, su PAC elevó sus contribuciones a los candidatos entre 2014 y 2016, y la legislación del Congreso para levantar completamente el bloqueo nunca progresó.

Para Claver-Carone y sus aliados, las elecciones de 2016 presentaron la oportunidad de elegir a un republicano que quitara fuerza al acercamiento limitado de Obama con Cuba y aumentara la presión sobre los esfuerzos del Gobierno cubano para ejercer más influencia en todo el hemisferio, especialmente en Venezuela.

Al igual que muchos de los más altos funcionarios de la actual Administración, Claver-Carone no tenía la intención de trabajar para Trump. Al comienzo de las primarias republicanas de 2016, apoyó al senador de Florida Marco Rubio, un antiguo aliado de Capitol Hill, y a Jeb Bush, el exgobernador del estado.

Cualquiera de los candidatos, creía Claver-Carone, revertiría de inmediato los acuerdos históricos de Obama con Cuba e impulsaría el objetivo de acabar finalmente con el Gobierno de la Isla.

No era solo que Claver-Carone prefería a sus dos compañeros floridanos. Rechazaba a Trump. En su blog, denunció al favorito del Partido Republicano como alguien que “pondría en riesgo el liderazgo moral e internacional de los Estados Unidos” y lo atacó en publicaciones en Twitter. Temía que Trump, que alguna vez había explorado oportunidades de negocios potenciales en La Habana y nunca había mostrado públicamente una postura particularmente agresiva hacia Cuba, fuera un aliado poco confiable.

Sin embargo, una vez que quedó claro que Trump sería el nominado republicano, Claver-Carone se las arregló para tener el favor del candidato. Se unió a la campaña de Trump como asesor y comenzó a influir en el futuro presidente. En septiembre de 2016, Trump le dijo a una ruidosa multitud en Miami que revocaría las “concesiones” de Obama a Cuba “a menos que el régimen de Castro cumpla con nuestras demandas”.

El lenguaje de Trump “podría haber venido directamente del blog de cubanos Capitoll Hill de Claver-Carone”, observó USAToday más tarde .

Después de que Trump se convirtió en presidente, el secretario de Estado, Rex Tillerson, bloqueó a Claver-Carone, quien había trabajado en el equipo de transición, en el intento por conseguir un trabajo en el Departamento de Estado, dijeron múltiples fuentes. Claver-Carone se conformó con un puesto en el Departamento del Tesoro. Más tarde, se trasladó a la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, algunos de los asesores iniciales de política exterior de Trump favorecieron un enfoque hacia Venezuela y Cuba de mayor confrontación que el de la Administración Obama. Pero también vacilaban en aceptar los caprichos más duros del presidente, incluidas sus sugerencias de que Estados Unidos simplemente invadiera Venezuela para eliminar a Maduro o su solicitud de que le presentaran opciones militares para hacerlo.

En cambio, Estados Unidos se centró en elaborar un enfoque diplomático que puso a una coalición de Gobiernos latinoamericanos, conocidos ahora como el Grupo de Lima, en el frente para atacar a Maduro. Y Trump, a pesar de sus promesas de campaña, solo revirtió parcialmente los esfuerzos de Obama para normalizar las relaciones con Cuba.

Sin embargo, para agosto de 2017 la Administración había comenzado a intensificar su propia campaña de presión contra Maduro con una nueva ronda de sanciones contra los principales funcionarios venezolanos, que se basó en las que Obama había impuesto. Si bien las sanciones no tuvieron el éxito inmediato que Trump había deseado, le dieron buena prensa. Muchas de las primeras movidas políticas del presidente (represión de la inmigración, una prohibición a los viajeros de varias naciones de mayoría musulmana) le habían valido reprimendas judiciales y provocaron protestas masivas. Entonces, Trump, que está obsesionado con la forma en que los medios lo siguen, disfrutó la respuesta a sus medidas contra Venezuela.

“Casi todo lo que hizo el presidente recibió críticas terribles en la prensa, excepto Venezuela”, dijo un exfuncionario de la Administración Trump. “Por la prohibición musulmana, fueron criticados. Y luego, cuando comenzaron a sancionar a los venezolanos, recibieron una prensa entusiasta. Hasta cierto punto, vieron las sanciones como el regalo que sigue llegando más allá de los esperado”.

En marzo de 2018, de repente, Trump despidió a Tillerson y al asesor de Seguridad Nacional H. R. McMaster. Su decisión de contratar a Bolton para reemplazar a McMaster provocó que varias voces más moderadas sobre Venezuela, incluidos algunos restos del Gobierno de Obama, abandonaran la Casa Blanca. Del mismo modo, asesores que habían favorecido los enfoques diplomáticos a la crisis abandonaron el Departamento de Estado justo antes o inmediatamente después de la expulsión de Tillerson. Varios meses después, Trump y Bolton instalaron a Claver-Carone como el principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental.

Fue una victoria para los de la línea dura en Washington y la Florida, que se habían decepcionado por la lenta marcha inicial de Trump en la política hacia Cuba y su falta de acción contundente hacia Venezuela. Rubio, un ardiente crítico de Cuba, había reparado su relación con Trump y se había convertido en una especie de secretario de Estado en la sombra para la Casa Blanca. Luego, en mayo de 2018, Maduro ganó la reelección. Estados Unidos calificó la elección como “un insulto a la democracia” y los intransigentes creyeron que presentaba una oportunidad para una acción más agresiva contra el líder venezolano.

Trump había “sido muy lento para actuar” en sus esfuerzos por “corregir algunos (pero no todos) los errores de la Administración Obama” en Cuba y Venezuela, dijo Everett Briggs, un embajador de la era Reagan en Panamá y Honduras y una destacada figura en la comunidad de línea dura hacia Cuba. Los primeros días de la presidencia de Trump estuvieron marcados por una “lasitud general”, dijo Briggs, al asegurarse de que las posiciones claves fueran ocupadas por “personas que compartan la perspectiva del presidente”.

Claver-Carone ayudaría a solucionar esos problemas, y más. Para la multitud de línea dura, su carrera hiperenfocada en Washington fue una prueba, no de que no tenía experiencia, sino de que era justo lo que Trump necesitaba.

El 23 de enero de 2019, Guaidó se autoproclamó presidente del país, también alegando fraude en las elecciones de mayo de 2018. Estados Unidos respaldó de inmediato y oficialmente el reclamo de legitimidad de Guaidó, una medida que Bolton y Claver-Carone habían instado a Trump a tomar.

El surgimiento de simpatizantes Gobiernos de extrema derecha en Brasil y otras partes de la región también fortaleció los esfuerzos de la Administración Trump e impulsó la estrategia de máxima presión. Estados Unidos acumuló más sanciones contra funcionarios específicos de Maduro, el Gobierno venezolano en general y los pilares de la economía venezolana, incluida la compañía petrolera estatal PDVSA. La idea era simple: las sanciones obligarían a los oficiales militares leales a Maduro a romper con su Gobierno. O fomentarían un levantamiento popular contra él entre los venezolanos enojados.

Mientras tanto, un viejo enemigo de los Estados Unidos fue señalado como un culpable clave de los problemas de Venezuela: los cubanos. En su discurso en Miami en febrero de 2019, una diatriba ostensiblemente dirigida a Venezuela que pintó la lucha para derrocar a Maduro como una lucha hemisférica contra el socialismo, Trump mencionó a Cuba 18 veces.

Desde que Claver-Carone se unió al NSC, la Administración Trump no ha perdido una oportunidad para dirigir la política de Cuba hacia la derecha. Revirtió los planes de normalización de Obama el verano pasado, restableciendo la prohibición de viajar para los ciudadanos estadounidenses e imponiendo sanciones a la Isla. Incluso, bloqueó el acuerdo de la Major League Baseball con Cuba para garantizar la transferencia segura de jugadores cubanos a los Estados Unidos, e intentó sumar a la MLB a las acciones de presión a Cuba para que deje de apoyar a Maduro.

Claver-Carone no es el único responsable de elaborar la estrategia de la Administración, ni tampoco es el único funcionario de línea dura a cargo. Pocos días después de reconocer a Guaidó, Trump nombró a Elliott Abrams, el veterano diplomático neoconservador, como enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela.

Pero muchos en la multitud de línea dura, incluidos los cercanos a la Casa Blanca, han dado crédito a Claver-Carone por la elaboración del enfoque más agresivo de la Administración. Con gran parte del equipo de política exterior de Trump, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, centrado prinmariamente en otras amenazas, reales o percibidas, desde Corea del Norte e Irán, había “un vacío” en el tema América Latina que Claver-Carone ayudó a llenar, según Otto Reich, contrarrevolucionario y terrorista de origen cubano, asociado históricamente a los grupos de la extrema derecha del Partido Republicano de Estados Unidos, que sirvió como embajador en Venezuela a fines de los ochenta.

Rubio, el senador de Florida al que se le atribuye haber movido los hilos de la política latinoamericana de Trump y que ayudó a instalar a Claver-Carone en el NSC, estuvo de acuerdo con ese sentimiento en enero pasado. “Una vez que Mauricio entró, la política pasó a hiperimpulsor”, dijo a The New York Times.

Y lo que ha hecho la influencia de Claver-Carone es solo crecer en los meses posteriores al despido de Bolton. Esa influencia también es evidente para los diplomáticos extranjeros. En noviembre, el embajador de Colombia en los EE.UU. fue grabado en una cinta quejándose de que el Departamento de Estado había perdido gran parte de su capacidad para dar forma a la política latinoamericana y que “las decisiones referentes a políticas las toma ahora principalmente Claver-Carone”.

Claver-Carone “ha facilitado todos los procesos dentro de la Casa Blanca para aumentar el nivel de presión” sobre Maduro, dijo Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Washington. “Es uno de los aliados más importantes dentro de la Administración”.

No cabe duda de que Claver-Carone ha tenido éxito en implementar el enfoque más agresivo que tanto él como el presidente favorecen. En febrero pasado, Estados Unidos lanzó una misión humanitaria propagandística a través de la frontera colombiana con Venezuela, con el objetivo de entregar una supuesta ayuda humanitaria cuando lo que buscaban era enfrentamientos entre la oposición y el ejército, para crear el pretexto de la intervención.

El 30 de abril de 2019, Estados Unidos respaldó el fallido levantamiento militar de Guaidó contra Maduro. En agosto, la Administración Trump impuso otra ronda de sanciones a Venezuela, estableciendo casi un bloqueo total sobre el país. Un mes después, a instancias de EE.UU., varios Gobiernos de América invocaron el Tratado de Río, un pacto de defensa de la era de la Guerra Fría, para cooperar en las sanciones contra el Gobierno de Caracas. A principios de diciembre, buscaron hacer que esas sanciones fueran aún más agresivas, y Estados Unidos también ha pedido a Europa que endurezca sus sanciones. “Necesitamos aumentar el nivel de presión de la comunidad internacional”, dijo Vecchio.

Hasta ahora, la presión no ha funcionado. Guaidó puede generar algunas manifestaciones contra Maduro con un solo tuit, pero no ha sido capaz de fomentar un movimiento sostenido, gran parte de la energía detrás de sus esfuerzos para desalojar a Maduro parecen haberse esfumado.

Mientras tanto, Estados Unidos parece haber sobreestimado la disposición de funcionarios de Maduro a cambiar de bando y subestimado las complejidades de la crisis. Está claro que el control de Guaidó sobre la Asamblea en desacato se ha debilitado un año después de que su declaración de legitimidad sugiriera por primera vez que el “nuevo día de Venezuela era inminente”.

La Casa Blanca ha rechazado continuamente las afirmaciones de que Trump y otros altos funcionarios estadounidenses creían que la lucha para derrocar a Maduro sería fácil. En sus palabras, el problema es que su olla a presión aún no ha alcanzado su máximo.

Pero muchos observadores externos ven una Administración que se está quedando sin opciones, con una estrategia que no es tan estratégica. “Es la presión máxima por la presión máxima”, dijo Mark Feierstein, quien ocupó el puesto de Claver-Carone en el NSC bajo Obama, haciéndose eco de las preocupaciones que otros han tenido desde el principio. “No hay una estrategia detrás de esto”.

Los observadores de la política exterior han advertido durante mucho tiempo que la excesiva dependencia de las sanciones por parte de Estados Unidos puede haberlos dejado sin efectividad, especialmente porque su efecto primario es que lastiman a la gente común en lugar de a los líderes que buscan castigar o derrocar.

“Las sanciones de Estados Unidos son una forma muy efectiva de mostrar oprobio moral, pero históricamente no han sido una forma efectiva de lograr un cambio de régimen en otros estados”, dijo Daniel Erikson, un exfuncionario del Departamento de Estado y autor de The Cuba Wars, una mirada detallada a la política estadounidense hacia el país caribeño. “Si quieren demostrar su extremo disgusto y desconfianza hacia Venezuela y Cuba, las sanciones pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es producir el resultado político que desean”.

El efecto principal de las sanciones venezolanas ha sido exacerbar la crisis para los ciudadanos comunes, provocar continua escasez de alimentos y medicamentos.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han rechazado recientemente la idea de que las sanciones están perjudicando a la población venezolana. La Administración que una vez enfatizó la acción rápida también comenzó a cambiar su enfoque hacia el largo plazo. Hablando de Venezuela en diciembre, Pompeo señaló que la Unión Soviética tardó más de 40 años en colapsar y que los esfuerzos de Estados Unidos no funcionaron “hasta que lo hicieron”.

“Para mí, si intentas una política y después de 60 años no funciona, no debes intentar repetir esa política”, dijo Cutz, el exfuncionario de NSC. “Podríamos fácilmente habernos metido en una caja donde, dentro de 60 años, tenemos las mismas políticas, todos preguntan por qué no nos gusta Venezuela, y nadie puede recordarlo”.

Claver-Carone y el presidente al que sirve perseveran. A principios de enero, la Administración impuso aún más restricciones a los viajes a Cuba. Pompeo dijo que Estados Unidos tomó la medida, en parte, debido al “apoyo desmedido” de Cuba a Maduro y Venezuela.

Fue una señal más de que la Administración sigue comprometida con su enfoque. El único problema que Trump y su equipo parecen ver con su estrategia de máxima presión es que el “máximo” que realmente hará el trabajo siempre está en el horizonte.

24 enero 2020

(Publicado en HuffPost/ Traducción Cubadebate)

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El canciller británico Dominic Raab junto a al opositor venezolano Juan Guaidó.  Imagen: EFE

Las imágenes del dirigente opositor con Duque y Pompeo primero, y de visita en Europa después, se completan con el anuncio de EE.UU. y Colombia de ejercicios militares conjuntos al otro lado de la frontera venezolana.  

 

La gira internacional de Juan Guaidó volvió a encender las expectativas de los sectores golpistas dentro de Venezuela. La serie de fotografía, primero con el presidente de Colombia, Iván Duque, y luego con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y el encargado para el caso venezolano, Elliott Abrams, volvieron a mostrar a un Guaidó con fuerte respaldo internacional.

Su salida del país se dio en uno de sus peores momentos, marcado por la pérdida de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), la incapacidad para generar movilizaciones, y la poca credibilidad ante su base social debido a sus anuncios/promesas que no se hicieron realidad luego de casi un año de su autoproclamación.

La construcción de una escenografía de apoyo internacional fue entonces una bocanada de oxígeno político en una situación de dificultad sostenida. La gira fue montada para mostrar su reconocimiento como presidente encargado por parte de varios gobiernos, posicionarlo por unos días en un pedestal sobre el cual ya no estaba parado en los últimos meses.

La agenda, organizada por el gobierno norteamericano, tuvo dos objetivos: en primer lugar, mostrarlo desde Colombia, plataforma central de operaciones de desestabilización contra Venezuela, para, desde allí, acusar al gobierno de Maduro de ser cómplice con la organización Hezbollah que, afirmó Pompeo, estaría en Venezuela.

En segundo lugar, conducirlo a Europa, tanto a Gran Bretaña, donde ya se ha reunido con el ministro de relaciones exteriores, Dominic Raab, como al Foro de Davos y a un encuentro con Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores.

La gira en Europa obedece a las declaraciones realizadas en varias oportunidades por el gobierno norteamericano que ha sostenido que la Unión Europea no hacía todo lo que podría hacer para aislar al gobierno venezolano. Llevar a Guaidó a puntos determinantes del mapa europeo parece será así una estrategia para lograr mayores apoyos diplomático y medidas, por ejemplo, de bloqueo económico.

Las imágenes de Guaidó se complementaron a su vez con el anuncio de la realización de ejercicios conjuntos en Colombia entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas colombianas entre el 23 y 29. El ejercicio contará con 75 paracaidistas y 40 miembros del ejército norteamericano que harán ejercicios aerotransportados.

La noticia del Comando Sur y la gira de Guaidó volvieron a alimentar la expectativa golpista e intervencionista de sectores de derecha venezolana en un contexto donde, en paralelo a la debilidad de Guaidó, se ha consolidado un sector de oposición venezolana representado en la AN presidida por Luis Parra y en la Mesa Nacional de Diálogo donde participa el gobierno y sectores opositores.

El avance de esa oposición tiene dentro de su agenda debatir y acordar, junto con el gobierno, la modificación de la actual conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones legislativas previstas para el 2020.

La postura norteamericana respecto a esa hoja de ruta se ha mantenido en el mismo punto: no reconocerán a la AN presidida por Parra, tampoco al CNE que emerja producto de un acuerdo y, en consecuencia, desconocerán el llamado a las elecciones, su realización y resultado. EE.UU. sostiene que la solución pasa por la conformación de un gobierno de transición, es decir, la salida de Maduro del poder, para, desde allí convocar a elecciones.

La gira de Guaidó es así una respuesta al avance de la oposición que no responde directamente a EE.UU., es decir la posibilidad cada vez más cercana de que tenga lugar el escenario electoral trabajado por el gobierno desde el año pasado en vista de la contienda prevista para este año.

Se trata de una iniciativa para volver a darle rango presidencial a Guaidó en países aliados, consolidar la diplomacia del gobierno paralelo, mostrar que continúa siendo la apuesta norteamericana en Venezuela.

Los anuncios respecto a qué medidas serán tomadas por parte de Washington han sido, sin embargo, pocos. Pompeo no se refirió a nuevos pasos por fuera de los ya conocidos como los ataques económicos, y dejó libre curso a la especulación de la derecha venezolana que pide abiertamente una intervención acerca qué podría intentar el gobierno norteamericano.

Los próximos días darán mayores indicios de posibles resultados concretos del recorrido de Guaidó. Su regreso será un nuevo momento de intento de construcción de un hecho político por parte de la oposición. En la oportunidad anterior, cuando cruzó a Colombia en febrero de la mano con el grupo paramilitar Los Rastrojos, su regreso había ocurrido por el aeropuerto internacional sin incidente alguno. 

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Guaidó y Pompeo se reunieron en Bogotá  en el marco de una conferencia regional sobre lucha contra el terrorismo.  Imagen: EFE

Pompeo dijo que su país continúa la estrategia contra el gobierno de Maduro

El opositor venezolano fue reacio a ahondar en las solicitudes de ayuda que le realizó al Secretario de Estado estadounidense en Bogotá. 

 

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anticipó este lunes que su país emprenderá "más acciones" en apoyo al opositor Juan Guaidó y su lucha para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

Al término de un encuentro en Bogotá con el líder opositor, Pompeo aseguró que se deben esperar "más acciones de Estados Unidos para continuar apoyando al presidente Guaidó y al pueblo venezolano".

Aunque evitó hablar de sanciones puntuales -que se sumarían a los castigos vigentes, incluido un embargo petrolero-, el secretario de Estado agregó que Washington no "ha terminado" en su estrategia contra el gobierno chavista.

"El trabajo que hemos realizado en los últimos meses nos ha traído al lugar en el que nos encontramos hoy", dijo, enfatizando en que hay una "oportunidad real" de que Maduro deje el poder.

Pompeo y Guaidó se reunieron durante cerca de una hora y 45 minutos en el marco de una conferencia regional sobre lucha contra el terrorismo presidida por el presidente colombiano, Iván Duque, en Bogotá. 

Además de denunciar presuntos apoyos de Caracas a rebeldes colombianos del ELN, disidencias de las FARC y milicias chiitas de Hezbolá, el parlamentario venezolano volvió a dejar sobre la mesa "la polémica opción del apoyo militar" para sacar a Maduro del poder. "Es una opción que ha estado contemplada. ¿Cuál privilegiamos o cuál quisiéramos? Elección realmente libre con arbitro creíble", señaló.

Durante meses el gobierno de Donald Trump dijo que ninguna opción estaba descartada en el caso venezolano, entre ellas la intervención militar, aunque recientemente se distanció de esa alternativa.

Guaidó fue reacio a ahondar en las solicitudes de ayuda que le realizó a Pompeo: "Hay elementos de Estado que no voy a revelar, por supuesto aumentar la presión, el acompañamiento, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, no permitir el contrabando de oro de Venezuela, catalogado como oro de sangre, otras cosas".

Estados Unidos encabeza la lista de los países que reconocen al dirigente opositor como presidente interino, tras denunciar el fraude de la reelección de Maduro en 2018.

Desde que Maduro asumió la presidencia por primera vez en 2013, Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ha sufrido una aguda contracción de su economía.

La honda crisis financiera desencadenó el exilio de 4,6 millones de venezolanos en los últimos años, de los cuales 1,6 millones de migrantes están en Colombia.

A pesar de la crisis de los intentos desestabilizadores de la derecha venezolana apoyada por Washington, y de las sanciones estadounidenses,  Maduro sigue en el poder respaldado por las fuerzas de seguridad, así como por Cuba, Rusia y China.

Estados Unidos y la Unión Europea mantienen firme su respaldo a Guaidó, pese a un desplome de su popularidad. Y pese a que hubo una división en la oposición venezolana: Luis Parra asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. 

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 "No fue sencillo porque fue un debate de contenido ideológico, programático y económico", dijo Evo Morales.   ________________________________________ Imagen: Julio Martín Mancini

Evo Morales anunció a los candidatos para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia

El depuesto presidente de Bolivia destacó que se trata de una "combinación entre compañeros de la ciudad y el campo". Arce fue ministro de Economía y Choquehuanca se desempeñó como canciller. 

 

Luego de un intenso debate, el Movimiento Al Socialismo (MAS) eligió a su fórmula presidencial. El exministro de Economía, Luis Arce, será candidato a presidente en las elecciones del próximo tres de mayo en Bolivia. Como candidato a vice lo acompañará el excanciller David Choquehuanca. El anuncio estuvo a cargo del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, en una rueda de prensa desde el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, el expresidente volvió a mostrarse confiado, anticipando un triunfo "en primera vuelta". Respecto a la fórmula presidencial, destacó que se trata de una "combinación entre compañeros de la ciudad y el campo".

Morales explicó que se trató de un día de mucho trabajo, que le consumió ocho horas de debate con los precandidatos presidenciales, la dirigencia del MAS y representantes sindicales y de organizaciones sociales de Bolivia. Y que en ese sentido, fue difícil acordar la fórmula presidencial. "No fue sencillo porque fue un debate de contenido ideológico, programático y económico", dijo.

A pesar de las dificultades, Morales mantiene la fe intacta de cara a los comicios del próximo tres de mayo. "Nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta. El 20 de octubre ganamos en primera vuelta y lamentablemente nos robaron por los motivos que ya hemos explicado ante la prensa", remarcó.

En las últimas horas corrieron distintas versiones que daban cuenta de una supuesta interna en las filas del MAS. En ese sentido, el Pacto de Unidad, alianza de fuerzas políticas, indigenistas, movimientos sociales y sindicatos de Bolivia, había nominado a la presidencia al excanciller David Choquehuanca, y al joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia. "Al Pacto de Unidad le pido que no me abandone", fueron las palabras que les dedicó Morales. Para calmar las aguas, miembros del colectivo llegaron a Buenos Aires para debatir la fórmula presidencial.

La nutrida agenda del expresidente había empezado el pasado viernes con la reunión con los que hasta ese momento eran tres de los cuatro precandidatos del MAS: Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y el excanciller Diego Pary. El cuarto precandidato, el mencionado Andrónico Rodríguez, no pudo llegar a Buenos Aires. "No vino Andrónico porque tiene un proceso abierto. En Bolivia levantar la voz contra la dictadura es sedición, es ser terrorista", destacó al respecto el expresidente.

Aunque no pudo participar del encuentro en territorio argentino, Rodríguez envió una carta que fue leída durante la conferencia. En la misma expresó que "sea o no candidato, seguiremos firmes sin declinar nuestras posiciones ideológicas y políticas". En otro tramo de la carta, el joven dirigente remarcó los "estrechos lazos que me identifican como soldado del instrumento".

El expresidente se refirió a Rodríguez en más de una oportunidad. Le habló a la juventud que tenía mucha esperanza depositada en el dirigente cocalero. Recordó que en las encuestas iba primero, pero siempre lo que debe primar es el consenso entre todas las partes. "Yo estaría batallando por él, que es dirigente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba como lo fui yo. Pero en la vida hay que sacrificarse", destacó.

Morales contó que antes de llegar a la lista definitiva de cuatro precandidatos, otros nombres estuvieron en danza. Tal es el caso del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el exsenador José Gonzales, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, o el exministro de Justicia, Héctor Arce. "Dirigentes sociales me hicieron preguntar por ellos y se decidió por consenso que ninguno fuera candidato", remarcó.

Acto seguido, el presidente depuesto de Bolivia se refirió brevemente al binomio presidencial. De Luis Arce Catacora destacó que garantiza el buen funcionamiento de la economía nacional. "Pese al precio del petróleo, Bolivia fue primero en crecimiento económico en la región. Arce es garantía de la diversificación del aparato productivo". Arce, de 56 años y oriundo de La Paz, fue ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2006 y 2017, y entre enero y noviembre de 2019.

Por el lado de David Choquehuanca, Morales destacó la importancia del componente indígena. Lo definió como "un hermano doctorado en temas de la madre tierra". Choquehuanca, de 58 años, fue canciller desde 2006 hasta 2017. A partir de ese año asumió la secretaría general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Para el expresidente, ambos candidatos logran una perfecta "combinación entre compañeros de la ciudad y el campo". Expresó que su movimiento "no es excluyente y no margina". En ese sentido, trajo a la memoria al mítico líder indígena, Túpac Katari. "Antes de la fundación de la república, pidió una alianza con los mestizos y criollos. Ahora la historia se repite. Tenemos que organizarnos para luchar como lo hicieron nuestros antepasados", dijo.

"Vamos a demostrar que otro mundo sin capitalismo y sin Fondo Monetario es posible. Pronto vamos a recuperar la democracia. Pronto vamos a volver a Bolivia", expresó Morales, que se encuentra en Argentina en condición de refugiado desde el pasado 12 de diciembre, y que el 22 de enero encabezará un acto con la colectividad boliviana en el estadio de Deportivo Español, en el porteño Bajo Flores.

Sobre el cierre de la presentación de la fórmula presidencial, Morales se levantó de su silla para gritar: "¡Que viva Bolivia! ¡Venceremos!". Y por primera vez, el canto de la colectividad boliviana presente en el Bauen cambió de destinatario: "Se siente, se siente, Arce presidente"


.El candidato presidencial del MAS en Bolivia

¿Quién es Luis Arce?

El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, será candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del próximo tres de mayo. Arce, de 56 años y oriundo de La Paz, es considerado el padre del llamado "milagro económico" boliviano, basado en un modelo de desarrollo social comunitario y productivo.

El flamante candidato presidencial se graduó como licenciado en Economía en la Universidad Mayor de San Andrés y obtuvo un Máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick (1996-1997), en Reino Unido. 

Arce acompañó a Morales desde su llegada al poder. Ocupó el Ministerio de Hacienda en 2006, durante el primer mandato de Morales, mientras que en 2009 fue designado a cargo de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, hasta 2017. Ese año tuvo que dejar temporalmente el cargo para atender un padecimiento gastrointestinal. En 2019 volvió a estar al frente del Ministerio. 

A partir de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, que coincidió con un boom sin precedentes de los precios del petróleo, Bolivia comenzó a crecer a un ritmo anual del 4,9 por ciento, y la pobreza extrema se redujo de 38,2 por ciento en 2005 a 17,1 por ciento en 2018, según cifras oficiales.

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Sábado, 18 Enero 2020 07:05

Dudosas credenciales

Dudosas credenciales

Bolivia va a elecciones en medio de persecuciones y amenazas.

Con el apoyo de los militares, de los medios de comunicación y del aparato de justicia, el gobierno boliviano continúa con el hostigamiento a los integrantes del Movimiento al Socialismo. A pesar de eso, los liderados por Evo Morales todavía conservan la mayor intención de voto de cara a los comicios del 3 de mayo.

Desde hace dos meses, los bolivianos se encuentran todos los días con noticias sobre la investigación, el procesamiento o el arresto de uno o de varios de los ex colaboradores y simpatizantes del exiliado ex presidente Evo Morales, sobre quien, además, pesa una orden internacional de captura solicitada por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La noticia más reciente fue la detención del ex ministro de Gobierno Carlos Romero, acusado por la fiscalía de un caso de corrupción. Romero entró a la cárcel judicial luego de haber estado arrestado informalmente –primero en su domicilio y luego en una clínica médica– por grupos de civiles que se llaman a sí mismos “la resistencia” y que tienen el aval de la Policía para imponer su ley en las calles. Morales los considera “grupos paramilitares y fascistas”.

Estas organizaciones civiles también operan cotidianamente en las inmediaciones de la embajada de México en La Paz, en la que están refugiados varios ex ministros y jerarcas del Movimiento al Socialismo (Mas) de Morales, quienes no pueden ni podrán obtener, del gobierno de Áñez, salvoconductos para salir del país. Los miembros de estos grupos se turnan para revisar los automóviles que entran y salen del exclusivo barrio La Rinconada, donde se encuentra la residencia diplomática.

Actúan por ahora en dos ciudades, La Paz y Cochabamba, escenario de la mayor parte de los duros choques entre seguidores y opositores de Morales antes de su derrocamiento. La “resistencia” al Mas está compuesta por vecinos organizados de clase media y por jóvenes estudiantes que, durante la crisis, se armaron con palos, cascos y escudos improvisados para enfrentar a las columnas de trabajadores y de campesinos que pretendían neutralizar las protestas en contra de lo que la oposición de entonces llamó el “fraude electoral del 20 de octubre”, las elecciones en las que Morales fue proclamado reelecto y que llevaron a la crisis política y al fin de su gobierno.

EN LA MIRA. 

El hombre más odiado por la “resistencia” es uno de los jerarcas del Mas asilados en la residencia mexicana, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y hombre fuerte del anterior gobierno. Quintana está procesado por sedición y terrorismo. Junto a él están atrapados en la lujosa casa diplomática los ex ministros de Justicia, Héctor Arce; de Cultura, Vilma Alanoca; de Gobierno, Hugo Moldiz, y de Defensa, Javier Zavaleta, todos ellos también enjuiciados por distintos delitos comunes; los acompaña Nicolás Laguna, el antiguo encargado de informática del Estado, acusado de fraude electoral, así como otros altos cargos que, hasta ahora, no enfrentan procesos judiciales, pero tampoco obtienen salvoconductos.

Varias de las acusaciones se deben a algo que los imputados dijeron alguna vez: Morales es acusado de terrorismo y sedición por haber llamado a un dirigente campesino y haberle pedido bloquear a las ciudades con rigor, de modo que “no entren alimentos” en ellas. Hace poco, el ex presidente se consiguió otro juicio por haber afirmado, en Argentina, que si algún día volviera al poder, tendría que organizar milicias armadas, como hicieron los chavistas en Venezuela, para asegurar su mando. Quintana es acusado de terrorismo y sedición por haber declarado a la agencia rusa Sputnik que un golpe de Estado contra Morales se debía combatir intensamente, convirtiendo a Bolivia en “un moderno Vietnam”. El gobierno encarceló a la niñera de este personaje, así como a un mensajero que trabajaba con Romero. Estas y otras detenciones controversiales, como la de una doctora que atendió en una clínica a un ultraizquierdista herido de bala o la de unos jóvenes funcionarios que se dedicaban a hacer memes en contra del gobierno en computadores estatales, han provocado algunas quejas individuales en los principales medios de comunicación, los que, en términos institucionales, aplauden al gobierno de Áñez y celebran la existencia de la “resistencia”. Junto con Romero, decenas de personas son enjuiciadas por corrupción; también se investiga el patrimonio de 600 ex ministros, ex viceministros, ex directores, gobernadores y alcaldes del Mas.

EN RIESGO. 

Además de policial y judicial, la presión sobre el Mas es política. Andrónico Rodríguez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se habría cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, con lo que sugirió que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones.

En un intento de frenar la ola represiva, el Mas aprobó en la Asamblea Legislativa una ley de cumplimiento de los derechos humanos, que exige al gobierno de Áñez pagar indemnizaciones a las familias de las 29 personas que murieron en la represión de las manifestaciones en su contra, poco después de su llegada al poder, y abre la posibilidad de que los dirigentes sindicales y políticos que se sientan injustamente perseguidos presenten recursos ante la justicia. El oficialismo ha considerado esta ley “innecesaria” y anticonstitucional.

Todo esto sucede con el apoyo de los segmentos medios y altos de la población, los que han convertido al expeditivo Murillo en una figura popular. El ministro, que antes de llegar al poder era cuestionado por la torpeza de su roces con Morales, hoy recibe aplausos cuando entra en algún café de La Paz.

EN CAMPAÑA. 

La “pacificación del país”, que es como se llama oficialmente a las citadas medidas en contra del Mas, ha convertido a la presidenta Áñez en la dirigenta política contraria a Evo con la mayor intención de voto (15 por ciento, según una encuesta realizada por Ciesmori para la televisión Unitel. El ex presidente Carlos Mesa, en cambio, sólo tiene el 13 por ciento). Pero Áñez aseguró que no se candidateará en las elecciones programadas para el 3 de mayo. En cambio, quiere impulsar a los diferentes candidatos a unirse en contra del Mas, que, sin que haya definido aún quién será su candidato, es la principal minoría del país, con el 20 por ciento de la intención de voto. Aunque, al mismo tiempo, este partido sea rechazado por la mayoría de los electores, evitar que los “tiranos” y los “narcoterroristas” saquen la cabeza en las nuevas elecciones se ha convertido en la principal preocupación de la parte de la población comprometida con el derrocamiento de Morales, que es la que domina la opinión pública.

La presión por la constitución de un frente antimasista unido no ha logrado impedir que muchas personas expresen su deseo de convertirse en candidatos en la inscripción de principios de febrero. Mesa se proyecta como la opción de centro, un puesto que probablemente le será disputado por el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera el retador de Morales en las elecciones de 2014. Otro ex presidente, Jorge Quiroga, aspira a representar a la derecha tradicional. Luis Fernando Camacho, referente de la “resistencia” y principal dirigente del movimiento cívico que se atribuye haber tumbado a Morales, ha formado una candidatura con su colega Marco Pumari. Esta fórmula constituye la expresión de la nueva derecha, caracterizada por su religiosidad, sus “grupos de choque” y su fuerte presencia en las redes sociales.

Se preveía que Camacho y Pumari se convertirían rápidamente en la principal opción del antievismo, pero hasta ahora no han conseguido despegar en las encuestas, posiblemente porque el primer acercamiento político entre ellos terminó en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250 mil dólares y el control de la aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”.

La Asamblea Legislativa sigue estando en manos del Mas, pero la brigada parlamentaria de este partido se halla neutralizada por la popularidad del gobierno en las ciudades, el absoluto alineamiento con el oficialismo de militares, policías, fiscales y jueces, y su propia división entre un grupo “conciliador” y otro “leal” a Morales. El Tribunal Constitucional, que hoy como antes obedece las instrucciones del Ejecutivo, amplió el mandato de los parlamentarios, que debía acabar el 22 de enero, hasta la transmisión de mando, que se calcula para mediados de año.

Por Fernando Molina

17 enero, 2020

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USAID admite que desde 2017 ha entregado 467 millones de dólares a la oposición venezolana

Parte del dinero fue destinado al autoproclamado presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato, bajo el concepto de "ayuda humanitaria".

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.

Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".

En el documento, publicado en diciembre, la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para "compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia".

El informe, titulado "USAID en Venezuela", aclara que el organismo "no transfiere fondos" directamente a la "administración de Guaidó", sino que "se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación". No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.

Ya en septiembre del año pasado,  la agencia estadounidense informó que entregaría 52 millones de dólares para apoyar al líder opositor, con el fin de "restaurar la gobernanza democrática" en el país sudamericano. 

Los fondos no aparecen

El pasado 29 de noviembre, el exembajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, acusó al "entorno" de Guaidó por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. "Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor, mal manejo de recursos, doble facturación, facturación ficticia", afirmó.

Asimismo, en diciembre el portal Armando.info denunció la supuesta participación de once parlamentarios opositores en una "trama de corrupción para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos, entre los que se encuentran tres del partido político de Guaidó (Voluntad Popular).

Estas acusaciones mutuas de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos fue lo que contribuyó a acelerar la fractura a lo interno de las filas opositoras, que devino en el nuevo conflicto legislativo que se vive en Venezuela, donde dos sectores del antichavismo se atribuyen la presidencia del Parlamento.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que Guaidó "maneja millones de dólares" de los fondos bloqueados por EE.UU. a Venezuela, que son usados por el parlamentario opositor para impulsar sus planes "terroristas" en el país.

Publicado: 16 ene 2020 23:53 GMT

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Viernes, 10 Enero 2020 10:02

Israel y los golpistas bolivianos

Israel y los golpistas bolivianos

Mario Payeras (bit.ly/36vsHvE), el histórico comandante de la guerrilla guatemalteca, apuntaba que en realidad los movimientos revolucionarios en Centroamérica no confrontaban a los corroídos regímenes dictatoriales sino a consejeros israelíes, taiwaneses y estadunidenses en guerras de baja intensidad y contrainsurgencia. El papel de Israel en sostener las sangrientas camarillas allí ha sido particularmente nefasto. Cuando el propio Washington retiró oficialmente su apoyo ante las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en Guatemala, Tel Aviv fue más que contento de llenar el vacío y actuar como su “ proxy”. La asistencia, el armamento −“‘testeado’ en Líbano y en territorios ocupados en contra de los insurgentes”− y otras tecnologías israelíes ayudaron a suprimir la guerrilla urbana y rural junto con sus bases de apoyo mayoritariamente indígenas. Los generales guatemaltecos, siguiendo a sus instructores, implementaron la estrategia de tierra arrasada −igualmente testeada en Medio Oriente: destrucción de comunidades enteras, desplazamiento forzoso− hablando abiertamente de la palestinización de los mayas (sic) (bit.ly/2ZPkGzn). En El Salvador, Israel proporcionó armas y entrenamiento al ejército y escuadrones de la muerte a cargo de múltiples masacres. Su tecnología de espionaje fue usada para vigilar y asesinar a los opositores (bit.ly/39CHFSI). Desde aquel entonces –y ya en otro contexto para los movimientos sociales− esta asimetría estratégica se ha extendido globalmente con nuevas doctrinas del Pentágono y la guerra al terrorismo (bit.ly/2FpUh1z).

Hoy en Honduras post-golpe (2009) plagado por represión y asesinatos de líderes sociales, la asistencia israelí −venta/modernización de armamento (bit.ly/36BFdtX) y un inédito envío de mil tropas para entrenar a sus pares hondureños en tareas de antiterrorismo y de cómo frenar la migración (sic) (bit.ly/2ZWdrWb)−, sirve para sostener el régimen ilegítimo de Juan Orlando Hernández, su narco-Estado (bit.ly/2QQ1EEO) y a reprimir a sus críticos (bit.ly/2sFxb4x). Lo mismo –otro capítulo de la histórica complicidad de Israel en apoyar a los regímenes fantoches− está por ocurrir en Bolivia.

Semanas después del derrocamiento de Evo Morales, el ministro de Interiores del gobierno de facto pidió la asistencia de Israel para luchar en contra del supuesto terrorismo de izquierda −grupos vinculados con Maduro y los narcotraficantes, un bizarro link que existe sólo en la imaginación de los golpistas− que trae caos al país: Los invitamos a que nos ayuden, ellos están acostumbrados a tratar con los terroristas... ( reut.rs/2QFN2YC ). No importa que los que trajeron caos a Bolivia han sido los propios putshistas. No importa que los verdaderos terroristas hayan sido las fuerzas del orden amotinadas que desataron una barbarie en contra de los opositores al golpe. El terrorista no. 1 es por supuesto Morales –que por su parte criticó la ayuda del gobierno sionista de Israel en la criminalización de la izquierda en Bolivia (bit.ly/2tugVTG)− y a quién el nuevo gobierno prohibió por decreto volver a postularse abriéndole una causa por... terrorismo y financiamiento al terrorismo (sic). ¡Cómo todo hace “ click”! Así en los próximos meses, aparte de más represión, el MAS no sólo confrontará las maniobras judiciales y electorales de los golpistas, sino también –como los movimientos centroamericanos en los 80− a consejeros israelíes en una guerra híbrida e irregular.

Más allá del vasto conocimiento de Israel en reprimir a la insurgencia que le resulta atractivo al nuevo régimen autoritario boliviano, su solicitud también tiene sentido por otro lado: dado que el golpe de Bolivia tiene tintes supremacistas y racistas apuntando a revertir los años del empoderamiento indígena y a recolonizar la esfera pública, la experiencia de Israel en colonizar a Palestina, de llevar a cabo un genocidio y limpieza étnica (bit.ly/2N80ROK ), suprimir a los nativos y su cultura y estar a cargo de un régimen racista y segregacionista (bit.ly/3049qPJ) viene muy a propósito (bit.ly/2SQsjE1).

A parte de dar un revés a las políticas anticolonialistas y antimperialistas del gobierno anterior, la extrema derecha también dio un giro a la política exterior. Una de sus primeras decisiones fue restablecer las relaciones diplomáticas con Israel que fueron rotas por Morales en 2009 tras la masacre israelí en Gaza (Plomo Fundido). En 2010 su gobierno reconoció formalmente a Palestina como un Estado y en 2014 –tras otra masacre en Gaza (Borde Protector)− denunció a Israel ante la ONU por terrorismo de Estado. Todo esto ocurre en medio de un fuerte empuje de Israel que busca −en sintonía con la administración de Trump− poner fin a la cuestión palestina y anexar los territorios ocupados, tratando de sumar apoyo diplomático a esta violación del derecho internacional. En la región, los primeros países que se lo ofrecieron son exactamente éstos cuyos ejércitos y escuadrones de la muerte Israel venía entrenando en el marco de la lucha estadunidense en contra del comunismo: Guatemala –como la única hasta ahora, aparte de EU− ya trasladó su embajada a Jerusalén. Honduras −que también recibió asistencia en los 80 para no volcarse a la izquierda− ya lo reconoció como la capital de Israel y prometió hacer lo mismo (bit.ly/2QWqaV5). El mismo precio por sostener su régimen pagarán pronto los golpistas bolivianos.

Maciek Wisniewski, periodista polaco

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es recibo por una mujer tras su arribo al aeropuerto de Buenos Aires. REUTERS

El Ejecutivo transitorio activó una orden de búsqueda y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición

El Gobierno transitorio boliviano incrementó la persecución al expresidente Evo Morales y sus colaboradores. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa con un par de esposas en la mano y anunció que acababa de activarse una orden de busca y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. “Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración. Por otra parte, se está revisando el patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco", afirmó Murillo. El propósito de esta investigación es encontrar cuentas o propiedades inexplicables que conduzcan a nuevos procesos por corrupción, además de los muchos que ya existen.

También fue aprehendido el dueño de un importante canal de televisión próximo al anterior Gobierno, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por parlamentarios del oficialismo. Y, para completar el cuadro, una mujer fue detenida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100.000 dólares no declarados. Se la acusa de ser cercana al exministro Juan Ramón Quintana, actualmente atrapado en la residencia diplomática de México en La Paz, y de intentar llevar el dinero a Morales para “financiar el narcoterrorismo”. Ella declaró que el dinero pertenecía a la filial boliviana de la empresa petrolera venezolana PDVSA y que lo llevaba con la intención de pagar cuentas de esta empresa en la Argentina. La Policía allanó las oficinas de PDVSA en La Paz.

Otro blanco de la persecución legal han sido los llamados “guerreros digitales”, jóvenes que en el pasado trabajaban haciendo propaganda masista en las redes sociales y que, en estos días, algunos de ellos, han continuado publicando mensajes contra el oficialismo desde las computadoras del Estado que todavía estaban en sus manos y desde otras privadas. Una acusación los sindica de provocar “animadversión” en contra de la presidenta interina Jeanine Añez.

Además de policial y judicial, la presión sobre el MAS también es política. Andrónico Gutiérrez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se hubiera cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, sugiriendo que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el ministro Murillo tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo... pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el Gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones. Evo Morales está acusado de terrorismo y sedición porque se lo considera el organizador, desde el exilio, del bloqueo de caminos campesino que, impidiendo que los alimentos llegaran a la ciudades, buscaba impedir que Añez se estabilizara en el poder.

Los grupos de ciudadanos que participaron en las movilizaciones contra Morales el año pasado, y que continúan movilizados, cumplen un papel activo en el arrinconamiento del MAS. En este momento, patrullas de vecinos continúan rodeando la residencia diplomática de México en La Paz, donde se encuentran refugiados varios exjerarcas de este partido, revisando a los automóviles que entran y salen del barrio, para evitar fugas. Otros grupos han cercado la casa del exministro de Gobierno, Carlos Romero, impidiendo que este salga de ella. Murillo señaló que sobre Romero no pende ninguna orden de detención, pero hasta ahora las autoridades no han hecho nada para impedir que los vecinos impongan su propia ley, de modo que el exministro se halla en una suerte de arresto domiciliario informal.

En otra ciudad del país, Cochabamba, las patrullas vecinales rodean las oficinas de la Defensoría del Pueblo, que consideran parcializada con el MAS, y también se manifiestan en contra de los concejales de este partido en la Alcaldía, pidiendo que renuncien.

Por FERNANDO MOLINA

La Paz 9 ENE 2020 - 16:54 COT

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El MAS lidera la intención de voto en Bolivia

Andrónico Rodríguez es el preferido de los encuestados, de cara a los futuros comicios

En su rol de jefe de campaña, Evo Morales se reunirá el 29 de diciembre en Buenos Aires con dirigentes del partido para empezar a definir candidaturas.

 

Andrónico Rodríguez, para muchos el heredero político del presidente depuesto Evo Morales, y el expresidente de derecha Carlos Mesa, son los precandidatos que lideran la intención de voto de cara a las próximas elecciones generales. La encuesta también revela que tanto el golpista Luis Fernando Camacho como el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, descienden en intención de voto. Para la gran mayoría de los encuestados, no sería correcto que se postule la presidenta del gobierno de facto, Jeanine Añez. Los datos surgen de un sondeo realizado por la consultora Mercados y Muestras para el diario Página Siete. Con el eje puesto en las presidenciales, Morales confirmó que se reunirá el próximo 29 de diciembre en Buenos Aires con dirigentes del MAS para empezar a definir candidaturas.

Rodríguez, dirigente cocalero al igual que el expresidente Evo Morales, alcanza el 23 por ciento de intención de voto. Mesa, segundo en las últimas elecciones de octubre pasado, se alza con el 21 por ciento. Los próximos comicios serán los primeros desde 2002 sin la participación del expresidente Morales, que se encuentra en Argentina en condición de refugiado. 

El sondeo permitió además definir un listado de las figuras mejor perfiladas para la candidatura del MAS. Entre esos líderes aparecen, además del mencionado Andrónico Rodríguez, Luis Arce (exministro de Economía), David Choquehuanca (excanciller), Eva Copa (actual presidenta del Senado) y Adriana Salvatierra (representante del ala dura del MAS).

Rodríguez ya fue proclamado como candidato por los cocaleros del trópico de Cochabamba, bastión político del partido de izquierda. "Hay que hacer que el poder vuelva al pueblo y hay que fortalecer el espíritu revolucionario de la juventud en Bolivia, hay que batallar con mucha conciencia en las calles y las redes sociales", manifestó el dirigente de 30 años.

En Shinaota, Cochabamba, una concentración de jóvenes de la Federación de Centrales Unidas que tuvo lugar el 15 de diciembre ratificó su "apoyo incondicional" a Rodríguez como "un líder referente a seguir con la ideología de integrar al país". El dirigente participó del encuentro, y un día antes estuvo en Buenos Aires para reunirse con Morales. 

Por su parte el exministro Luis Arce dijo el pasado 12 de diciembre que estaba dispuesto a ser candidato presidencial si los seguidores del partido así lo quieren. "Me siento honrado, soy soldado del proceso y estoy dispuesto a contribuir para mantener este proceso revolucionario", manifestó en declaraciones a radio Kawsachun Coca.

El excanciller David Choquehuanca, muy cercano a Morales durante su gestión, también fue proclamado como presidenciable del MAS. Su candidatura es avalada por representantes de organizaciones campesinas de las 20 provincias del departamento de La Paz.

El siete por ciento de los encuestados perfila como candidata del MAS a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Sin embargo, en el ala dura del espacio la consideran "traidora" por haber negociado con el gobierno de facto. Sólo el cuatro por ciento ve a la senadora cruceña Adriana Salvatierra, que posicionan en el ala más radical del MAS, como candidata a la presidencia del espacio.

El sábado pasado, el presidente depuesto Evo Morales confirmó en diálogo con Radio La Red una reunión en Argentina para definir al candidato presidencial del MAS. Morales se encargó de aclarar en Twitter que el 29 de diciembre se reunirá en Buenos Aires con dirigentes del MAS para "evaluar y organizar el gran encuentro donde elegiremos a nuestros candidatos y candidatas". Ese encuentro tendría lugar en Salta, en la frontera entre Argentina y Bolivia.

La encuesta también revela que tanto el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (que ya confirmó que se presentará a las elecciones), como el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari (que aún no ha definido su candidatura), descienden en intención de voto. Alcanzan un 13 y un 10 por ciento, respectivamente.

Este descenso en las candidaturas de Camacho y Pumari se registra tras la filtración de un audio en el que se oye a ambos dirigentes cívicos negociar su candidatura conjunta en las elecciones. En el mismo, Pumari le pide a Camacho 250 mil dólares y el control de dos aduanas a cambio de ser su compañero de fórmula.

Por último, la presidenta del gobierno de facto, Jeanine Añez, alcanzaría el nueve por ciento de intención de voto, pero una abrumadora mayoría de los encuestados (67 por ciento) cree que no es correcto que se postule para los comicios de 2020. Bolivia se prepara para celebrar unas elecciones en las que ni Morales ni su vicepresidente, Álvaro García Linera, podrán participar. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aún no definió la fecha de los comicios, que se estima entre marzo y mayo del año próximo. 

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