El fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Foto tomada de @MinpublicoVE.

Dos estadounidenses fueron condenados a 20 años de cárcel en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos, por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, "admitieron haber cometido delitos" de "conspiración, asociación (para delinquir), tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo", condenados a "pena de prisión de 20 años", publicó Saab en Twitter sobre la medianoche del viernes.

El funcionario difundió en esa red social fotografías de vehículos, armamento y documentos de identidad.

Denman y Berry se encuentran entre decenas de detenidos por una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo, con saldo de al menos ocho muertos. Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia.

El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la "captura, detención y remoción" del mandatario socialista y la "instalación" de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

Guaidó fue acusado de haber contratado a "mercenarios" con fondos bloqueados por las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

El gobierno de Maduro sostiene que el líder parlamentario opositor firmó para ello un contrato con una empresa privada de seguridad y defensa llamada Silvercorp USA.

Denman y Berry, según la acusación, pertenecían a esa compañía, fundada por el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, un ex boina verde.

Un asesor de Guaidó, que posteriormente renunció, reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela.

8 agosto 2020 

(Con información de AFP)

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Elon Musk

El multimillonario sudafricano justifica los golpes de Estado para controlar recursos naturales como el litio en Bolivia. Y, sin embargo, mantiene su imagen de hombre clave para la transición ecológica

 

Elon Musk, el magnate de Tesla, SpaceX o Paypal, soltó hace unos días una verdadera bomba en Twitter, donde cuenta con más de 37 millones de seguidores: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos, asúmelo”, le espetó a un internauta desconocido en un tuit que, cosa muy rara en él, ha borrado. El intercambio de pareceres era referente al derrocamiento de Evo Morales en Bolivia hace menos de un año. El país con mayores reservas de litio del mundo. En ese periodo de tiempo, las acciones de Tesla, una compañía que depende del llamado oro blanco para la producción de baterías, han subido alrededor de un 500%. Musk posee cerca del 20% del capital. Una frase que viene de maravilla para explicar este complejo tema con ramificaciones económicas y geopolíticas, la dijo él mismo, el flamante séptimo hombre más rico del planeta: “Está bien poner todos los huevos en una canasta, siempre y cuando uno controle lo que pasa con esa canasta”. Antes de borrar el tuit, aclaró que Tesla consigue el litio en Australia, aunque allí las reservas son mucho más exiguas. 

Parece una tontería, ¿no? No es para tanto. ¿Quién no ha explotado alguna vez en redes sociales? A él ya le ha pasado varias veces. Como cuando dijo en marzo que temer al coronavirus era una tontería, o cuando desafió al cierre de su planta en California y pidió que si arrestaban a alguien, que fuera sólo a él. El empresario sudafricano tan afincado en Sillicon Valley que casi podría creerse que lo preside tiene serios problemas para contenerse. En septiembre de 2018 tuvo que abandonar la presidencia de Tesla durante tres años y pagar una multa millonaria (35 millones de euros) debido a una investigación abierta por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tras unos tuits de principios de agosto en los que anunció que estaba planteándose que la empresa dejará de cotizar en bolsa. El organismo regulador consideró esos mensajes como un fraude para los inversores.

Quizá Musk pretende aparentar fortaleza para disfrazar sus debilidades. Y por eso, es un símbolo tan perfecto de este capitalismo agonizante, es el producto lógico de un sistema diseñado para poner los beneficios económicos en primer lugar y que se basa en la apariencia de éxito. 

El millonario tiene también un carácter explosivo, que le ha hecho formar parte de la cultura pop. Apareció en Big Bang Theory, ha sido dibujado para South Park y los Simpsons, y hasta hizo un cameo en la película Iron Man.

No se puede negar que es un genio. Lo que no está tan claro es de qué tipo. Proveniente de una familia privilegiada en la época del apartheid, el debate sobre si es un superhéroe de nuestros tiempos o, más bien, el malo de la película crece en intensidad a cada tuit polémico que publica y a cada propuesta descabellada que sale de su cabeza. Uno de esos momentos que más le acercan a la posición de villano loco es cuando propuso bombardear nuclearmente los polos de Marte para hacer su clima más habitable. Como para fiarse de un tipo con esas ideas para llevar adelante los proyectos de neurociencia que pretende su empresa Neuralink. ¿Superhéroe o supervillano? Él mismo quizá te pueda ayudar a decidirlo.  

Que uno de los diez hombres más ricos del planeta, modelo para muchos que se llaman emprendedores, y supuesta clave en la transición energética – a acometer sí o sí en un planeta de recursos cada vez más finitos– diga claramente que apoya que se organicen golpes de Estado para apoderarse de recursos de países como Bolivia, no debería ser pasado por alto. ¿Qué es el ecofascismo, Elon Musk? El ecofascismo eres tú. 

Pero no, él es el idolatrado hombre que nos llevará a Marte después de salvar la tierra en coche eléctrico cero emisiones. Seguro que habrá sido una broma, argumentan algunos de sus seguidores. En el caso de que así fuera, algo poco creíble, sería la broma de más mal gusto posible si tenemos en cuenta el historial de golpes de Estado financiados por EE.UU. en su patio trasero, América Latina. Y si además pensamos que el autor del chiste fue incluso asesor de Donald Trump y se codea con los halcones, cuervos, y buitres de la política mundial, poca broma. En su defensa podemos argumentar que al menos dejó de colaborar con el presidente norteamericano cuando Trump abandonó el acuerdo de París en 2017. Pero esa no es defensa suficiente. 

Y no puede olvidarse que, bajo la presidencia ‘interina’ de Jeaninne Áñez –la misma que recomendó rezar y ayunar para vencer a la pandemia–,  Bolivia ha vuelto a abrir la puerta a empresas estadounidenses, vetadas por el gobierno de Evo Morales, quien antes de ser destituido y exiliado, tras una acusación de fraude electoral, que cada vez está más claro que no existió, negociaba con empresas alemanas y chinas la explotación del litio del país para que parte de los beneficios redundaran en el pueblo boliviano.

Además, hay otro factor que daría para un análisis más pormenorizado, el tema ya mencionado de la cotización de las acciones. ¿Es Tesla una de las mayores burbujas de la historia? La compañía no ha conseguido beneficios anuales desde su fundación pero acaba de sobrepasar a Toyota como la empresa con más valor de mercado del sector automovilístico. Aquí tampoco podía faltar un tuit de su dueño: en mayo señaló que le parecía que el precio de sus acciones era muy alto –en ese momento estaban en 780 dólares– y cayeron más de un 10% en un solo día. Dos meses después han estado por encima de los 1.700. Y si hay algo que da valor a la compañía son sus baterías, las mejores del mercado, las que más autonomía dan. Su principal activo, más allá de marketing o expectativas. Y las baterías están hechas con litio.

El tema del oro blanco boliviano es muy complejo. Se parece al caso del poco rentable petróleo extra pesado de Venezuela. Bolivia tiene una gran cantidad de reservas de litio, de momento las mayores conocidas, pero las condiciones atmosféricas de Bolivia –llueve más que en Chile o Argentina–  y la cantidad de magnesio que hay que depurar hacen menos provechoso el recurso que el que hay en otros lugares. No obstante, al litio le llamaron oro blanco por algo. Y como ocurrió con el negro, allí donde encontraron petróleo, u otros recursos clave, como el gas o el uranio, llegaron los problemas, o peor, las “guerras por la paz”. Salvo que seas una de las potencias que las ocasiona, claro. Que Bolivia y Venezuela se parezcan también en los frecuentes intentos por desestabilizar sus gobiernos no es casualidad tampoco. Por muchos defectos que Evo y Maduro tengan. Aunque no es posible explicar el interés en un cambio de gobierno sólo por el litio; en Bolivia hay otros recursos como gas natural o petróleo. En última instancia se trata de controlar bienes y lugares estratégicos para evitar que caigan en manos equivocadas por si la eficiencia de la extracción aumenta o el mercado evoluciona.

El capitalismo está entrando en una fase de cambios que puede ir hacia posiciones ecofascistas como la que abandera el accionista mayoritario de Tesla. Decía Walter Benjamin: “Nada ha corrompido tanto a los obreros alemanes como la opinión de que están nadando con la corriente. El desarrollo técnico era para ellos la pendiente de la corriente a favor de la cual pensaron que nadaban”. El ecofascismo simplemente es la respuesta del capitalismo al problema de la escasez. Su única mutación posible en un mundo de recursos cada vez más escasos si seguimos abrazando el mito del progreso y la religión del eterno crecimiento. Una religión que exigirá también crecientes sacrificios. Progresar en la dirección equivocada –hacia Marte, por ejemplo, cuando tu planeta lo que necesita es que se reduzca la huella ecológica– es mucho peor que quedarse quieto y cuidar del suelo que pisas y te alimenta.  

Por Juan Bordera 4/08/2020

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Juan Carlos Huarachi: "El pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia"

Entrevista al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)

En el inicio de la huelga indefinida contra la postergación de los comicios presidenciales, el líder sindical señaló que el régimen de Áñez solo busca "saquear, privatizar y vender los recursos naturales". 

 

Bolivia arrancó una semana agitada con una huelga indefinida y bloqueos en distintos puntos del país contra la decisión del gobierno de postergar las elecciones generales. La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones de base que componen el Pacto de Unidad exigen que los comicios sean el próximo 6 de septiembre y no el 18 de octubre como anunció el Tribunal Supremo Electoral con la excusa de que el pico de contagios de coronavirus coincidiría con esa fecha. El núcleo de las protestas estuvo en la ciudad de El Alto, en Cochabamba y en Oruro. También se registraron bloqueos en los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni.

Juan Carlos Huarachi es el secretario ejecutivo de la COB y una pieza clave de este y otros reclamos de los castigados trabajadores bolivianos. Antes de ocupar ese cargo, Huarachi fue dirigente del sindicato de trabajadores mineros de Huanuni y de la Central Obrera Departamental de Oruro. Siguiendo minuto a minuto y desde las calles el desarrollo de las protestas, Huarachi accedió a una entrevista con Página/12 en la que contó los detalles de esta jornada de "lucha por la democracia" y respondió a los sectores que critican a su federación por provocar un supuesto desabastecimiento. También calificó al gobierno de "fascista y dictador" y aseguró que su único interés pasa por "saquear, privatizar y vender" los recursos naturales del país.

- ¿Cómo se está desarrollando esta semana de protestas en todo el país?

- Recién es el primer día, esto es progresivo. Poco a poco la gente se está sumando y organizando a nivel nacional en varios departamentos y regiones. Hemos delegado también la responsabilidad en nuestro comité de huelga a nivel nacional, para que puedan coordinar las acciones en algunos puntos estratégicos del país. Como le digo, recién estamos empezando. Obreros, campesinos, clase media, sectores populares, en suma el pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia, porque hemos visto lamentablemente decretos del gobierno que van en contra de toda una población que ha venido pidiendo atención en salud, en educación, en el tema productivo y económico, un montón de demandas sociales que hasta la fecha este gobierno no ha atendido.

- Desde la COB expresaron que esta medida de fuerza se levantará si hay una respuesta favorable del gobierno. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con las autoridades?

- No tenemos nada, ningún contacto. Habíamos establecido los plazos, por eso es que a partir de las cero horas del tres de agosto la gente ya se ha movilizado. Estamos esperando una convocatoria del gobierno porque los trabajadores creemos que estamos en nuestro derecho de hacer respetar las demandas socialesLejos de dar soluciones, el gobierno acaba de clausurar el año escolar sin dar ninguna explicación, habiendo varias alternativas propuestas por compañeros de la educación urbana y rural. Lamentablemente no ha aplicado ninguna de estas medidas y a través de un decreto cancela y cierra el año escolar, y eso hace que hoy más de 60 mil maestros del sector privado queden sin trabajo. 60 mil familias en las calles sin derecho a nada. El gobierno hasta la fecha no ha hecho conocer un protocolo para combatir el coronavirus, no hay un plan de contingencia para mitigar esta emergencia sanitaria por la que muchos bolivianos y bolivianas están perdiendo la vida. Hoy más que nunca se ha ido desenmascarando que este gobierno es un gobierno de facto, fascista y dictador.

- Ese mismo gobierno acaba de denunciarlo por supuestos delitos debido a las protestas de la semana pasada . ¿Cómo responde a esas acusaciones?

- Es importante que la comunidad internacional conozca que en Bolivia este gobierno de facto está persiguiendo a dirigentes sindicales y asimismo haciendo seguimiento con inteligencia. Nos han pinchado hasta los celulares para hacer un monitoreo de dónde estamos y cómo estamos. Están violando nuestros derechos humanos. Todos los dirigentes tenemos derecho a la protesta, a la huelga de acuerdo a la Constitución y a nuestros propios estatutos. Los dirigentes en este momento están amedrentados, pero aun así estamos trabajando y nos estamos organizando. Creemos que esta lucha es justa y en beneficio del pueblo boliviano.

- Algunas voces críticas sostienen que los bloqueos podrían provocar desabastecimiento en los sectores más postergados. ¿Tienen algún plan para evitar esa posibilidad?

- La instructiva que tienen nuestros compañeros en los puntos estratégicos de bloqueo es hacer pasar a las ambulancias como corresponde en tiempos de lucha. A su vez, no permitir el desabastecimiento es algo fundamental en este momento de crisis. También tenemos la instructiva para nuestros movilizados que deben cumplir con protocolos de seguridad: barbijos, alcohol desinfectante como corresponde. No somos irresponsables como dice el gobierno. Más bien la irresponsabilidad parte de ellos porque no han llegado a tiempo los insumos de bioseguridad, los respiradores, los laboratorios y hoy la gente está exigiendo eso.

- ¿Por qué cree que el gobierno de facto hace todo lo posible para dilatar las elecciones?

- Este gobierno de facto tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero hasta la fecha y no lo digo yo, lo dice el pueblo que es el juez y el soberano, se ha dado cuenta que no han cumplido con el mandato transitorio ni han convocado a elecciones nacionales de acuerdo a los plazos establecidos por ley y sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han bañado en actos de corrupción. A nombre de la salud han comprado con sobreprecio los respiradores y así hemos visto que a nuestros tres subsistemas de salud no ha llegado nada, y a la fecha tampoco se aclaran estos actos de corrupción. También se han intervenido varias empresas públicas y estratégicas. Creo que el interés del gobierno es saquear, privatizar y vender nuestros recursos naturales. Ese es el tema de fondo, por eso suspenden las elecciones con argumentos falsos. En respuesta, el pueblo exige elecciones para volver a tener un gobierno demócratico en Bolivia. 

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La Central Obrera Bolviana dio 72 horas para que las elecciones vuelvan al 6 de septiembre

Movilización y ultimátum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia

La principal entidad obrera de Bolivia dijo que si el TSE no vuelve para atrás con su decisión de postergar las elecciones, irán a una huelga indefinida. La medida entraría en vigor a partir del 3 de agosto.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una cabildo abierto en La Paz para debatir la postergación de las elecciones decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Del encuentro participaron organizaciones sindicales y sociales de todo el país. El cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con la medida y vuelva a la fecha del 6 septiembre. De no hacerlo a partir del 3 de agosto habrá una huelga indefinida en todo el país, informó el Secretario Ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi. La movilización continuó hasta el centro de La Paz. Además se replicó en varias regiones del país como Cochabamba y Potosí. Desde el gobierno de facto pidieron que la justicia actúe contra el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por organizar una marcha en medio de la pandemia.

"¡Elecciones ya!"

La semana pasada el TSE había prorrogado por tercera vez los comicios presidenciales y fijó como nueva fecha el 18 de octubre. En respuesta a esta medida el movimiento obrero boliviano convocó a una movilización que tuvo como destino el centro de La Paz. Las jornada comenzó en la ciudad de Senkata, un lugar de alto valor simbólico . Allí el 19 de noviembre del año pasado el gobierno de facto llevó a cabo una feroz represión que dejó como saldo diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos. Al salir de Senkata la columna se movilizó hasta La Ceja. En ese lugar organizaron un cabildo abierto donde se discutió la postergación de las elecciones. El Secretario Ejecutivo de la COB manifestó su disconformidad con la medida. “Viendo las necesidades del pueblo como el problema de salud, la educación, la democracia, estabilidad laboral, la caída de la economía, estamos indignados y sorprendidos por las decisiones del TSE”, dijo el sindicalista al diario La Razón.

Luego de casi una hora de debates el Cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con el cambio en la fecha de las elecciones. De caso contrario indicaron que realizarán una huelga indefinida con bloqueo de caminos a partir del 3 de agosto. “Que el TSE se retracte y cumpla las elecciones del 6 de septiembre. (…). Es el pedido del pueblo, es el pedido de las bases para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Basta de falta de respeto a la democracia. ¡Hasta la victoria siempre!”, arengó el secretario ejecutivo de la COB. El mitín se cerró al grito de “elecciones ya” para seguir rumbo a La Paz.

En defensa de la democracia

Luego de dos horas de caminata las columnas llegaron al corazón de la capital boliviana. La gran mayoría de las personas llevó barbijos. El Secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, recalcó la importancia de mantener la unidad del movimiento obrero. “Este gobierno se ha constituido en el peor error de la historia de Bolivia. Por lo tanto el pueblo merece reclamar sus derechos como lo estamos haciendo”, sostuvo el dirigente minero a el portal Periodistas por El Cambio. Además criticó la decisión unilateral del TSE de prorrogar las elecciones sin pasar por el Congreso. “Deben respetar el camino legal de pasar por la Asamblea Legislativa. Allí se tiene que promulgar una ley para modificar otra ley”, enfatizó Guitiérrez.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas también dijeron presente en la marcha. La dirigente de la organización “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, remarcó que la marcha era en defensa de la democracia. “Hoy en día el pueblo está de pie para decir basta de humillación, de corrupción, de discriminación”, sostuvo la dirigente social. En Cochabamba, la tierra de Morales, se organizó otra marcha convocada por miembros de las Seis Federaciones del Trópico. También hubo movilizaciones en Potosí, Chuquisaca, y varias zonas del país.

Por su parte, el gobierno de facto buscó criminalizar la jornada de protesta. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó al candidato presidencial del MAS y a los dirigentes sindicales por organizar la movilización en medio de la pandemia. "Luis Arce admitió que está detrás de esta movilización y, por tanto, a confesión de parte relevo de pruebas y tendrá que rendir cuentas sobre su decisión que tomó”, sostuvo el ministro. Por ese motivo pidió a la Fiscalía que actúe de oficio para procesar a los ciudadanos que planificaron el acto.

A su vez Morales denunció que durante la movilización miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a La Paz y el Trópico de Cochabamba. “Las FF.AA. no están para atacar al pueblo que defiende los recursos naturales, sino para defender la soberanía y la independencia”, escribió ex presidente en Twitter. En tanto que Arce sostuvo que el gobierno era el único culpable de la crisis sanitaria que vive el país. “La incapacidad del gobierno de facto pone en riesgo la vida de las y los bolivianos”, expresó el candidato a presidente. En tanto que su compañero de fórmula, David Choquehuanca, resaltó la organización de los sectores populares. “Solo con la unidad del pueblo boliviano recuperaremos el Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra salud, nuestra educación, la esperanza y la estabilidad. ¡Jallalla los pueblos del mundo!”, resaltó el líder sindical aimara.


Ya son más de 70 mil los contagiados de coronavirus

Áñez decretó el estado de "calamidad pública" en Bolivia

Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto que requerirá a la arcas del Estado

El gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó el estado de “calamidad pública”. Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto específico que requerirá a la arcas del Estado. En paralelo la pandemia del coronavirus sigue golpeando a Bolivia que superó los 70.000 casos confirmados. En las últimas 24 horas registró 1.752 nuevos contagios. Según el último registro del Ministerio de Salud local, Bolivia tiene 71.181 personas infectadas y 2.647 fallecidos.

En este contexto de contagios en alza, Áñez oficializó anoche el estado de “calamidad pública”. El gobierno de facto justificó la medida bajo la obligación de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia. "Se declara calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus", establece el Decreto Supremo 4301. La norma permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el BCB la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación.

El decreto había sido promulgado el viernes 24 pero se divulgó el lunes. La medida se concretó luego de que Áñez intentara que la Asamblea Legislativa, en su mayoría integrada por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), aprobara créditos previamente acordados con organismos internacionales. En especial uno de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). El MAS rechazó el crédito ante la falta de información sobre el plan de pagos y el destino que se le dará a los fondos.

Respecto al avance del coronavirus, del total de casos registrados el martes la mayoría se detectó en La Paz: 623 positivos. Después de la capital le sigue Cochabamba, con 560 infectados, y Santa Cruz, con 281, todos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, las regiones más afectadas son Santa Cruz con 32.653 casos acumulados, mientras que La Paz suma 14.403 y Cochabamba, 8.104. Las previsiones del Ministerio de Salud establecen que el pico de contagios en los departamentos La Paz, Cochabamba y Chuquisaca llegue en octubre. En estas regiones la curva ascendente se demoró más que en Beni y Santa Cruz. Recientemente se sumó a la lista de positivos el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla. "Mi esposa Maricruz y yo hemos dado positivo de la covid-19. Gracias a Dios estamos bien y casi sin ningún síntoma. Vamos a cumplir el protocolo y estaré aislado y trabajando desde casa hasta tener el alta médica. A cuidarse y por favor cumplan las medidas de distanciamiento social", publicó Revilla en su cuenta de Twitter.

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El Tribunal Supremo Electoral postergó para octubre la votación en Bolivia

La decisión fue tomada con la pandemia de coronavirus como excusa

Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por Jeanine Áñez, los comicios del 18 de octubre reemplazan a los del año pasado, anulados por denuncias de fraude que nunca fueron comprobadas.

 

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habian sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a "consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico". La decisión, anunciada este jueves por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre. Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas por la OEA que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

"Fruto de consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, la exigencia de la ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre", señala la resolución leída por el presidente del TSE, Salvador Romero.

La autoridad afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales. "La fecha de la jornada de votación ha generado controversias ásperas que han dividido al país. Esta polémica, atípica en una revisión internacional, solo se explica por las latentes y graves polarizaciones que sufre la sociedad", agrega la resolución del TSE dada a conocer el jueves. 

La polémica decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y movimientos ciudadanos. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población "no sienta peligro". 

Desde el Movimiento al Socialismo, el repudio a la decisión del TSE llegó a través del expresidente Evo Morales, que habló de un "nuevo golpe a la democracia". En su cuenta de Twitter, Morales dijo que la postergación de la fecha de elecciones solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual".

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Martes, 21 Julio 2020 06:13

Bolivia en la encrucijada  

Bolivia en la encrucijada  

La derecha boliviana (bueno, sus asesores norteamericanos y argentinos) leyeron las encuestas del derecho y del revés. Y llegaron a la conclusión de que no hay forma de que Jeanine Añez gane en los comicios si es que estos se realizan el 6 de septiembre. Es más, el MAS podría repetir un triunfo histórico.

Por ello, enarbolan el temor como bandera: si se va a votar los sufragantes corren peligro de contraer coronavirus. El último en sumarse a esta cruzada ha sido Jorge Tuto Quiroga, quien ha puesto el ejemplo de sus padres octogenarios para decir que él no los pondría en peligro.

Y Jeanine Añez ha comenzado a soñar de nuevo. Sus oraciones podrían hacerse realidad y ella seguir sentada en la silla. Pero tiene un gran problema: con el equipo que cuenta no tiene posibilidad alguna se continuar pues la población les ha perdido el respeto debido a la corrupción y la incapacidad para enfrentar las crisis generadas por las dos pandemias: la salud y el hambre.

Por ello requiere de un segundo aire. Cuando comenzó la crisis de la covid-19 los oficialistas estaban seguros de que ella permitiría que puedan tener el favor ciudadano si lograban salir airosos de la prueba. Por muy al contrario se aplazaron.

Pero ahora proponen un gobierno de Unidad Nacional, es decir la alianza de toda la derecha, posiblemente sin Mesa, pero claramente sin el MAS para poder “ahora sí hacer las cosas bien”.

Por eso, su exministro de la Presidencia y hombre de Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, ha planteado suspender los comicios y hacer gobierno de unidad hasta el 6 de agosto del 2021.

La presidenta contempla entonces marzo como fecha de elecciones.

La furia popular

Claro que para eso la ultraderecha tiene que superar dos grandes escollos: primero el del MAS que por supuesto no aceptará la postergación y luego la molestia popular que quiere que hayan elecciones para tener un nuevo gobierno que enfrente con legitimidad la pandemia.

En el primer caso el oficialismo buscará conseguir los votos necesarios en el Congreso tratando de sumar a parte de la bancada del Movimiento al Socialismo. Ya el presidente de la Cámara de Diputados y militante del partido de Evo Morales, Sergio Choque, se pronunció sobre darle la potestad al Tribunal Supremo Electoral para que vea la mejor fecha para la realización de las elecciones.

El pedido de inhabilitación de la sigla izquierdista al haber supuestamente revelado Luis Arce encuestas internas sería la carta de transacción para que se acepte la postergación con el límite de noviembre de 2020. Y cuando se acerquen los plazos al penúltimo mes del año habría una nueva postergación, o mejor aún una nueva convocatoria para el próximo año.

Las cartas sobre la mesa

Pero el MAS también tiene un joker entre sus cartas. Si bien el artículo 136 de la Ley Electoral prohíbe la difusión de encuestas, una ley posterior la de Organizaciones Políticas no contempla esta variante; por lo tanto, no habría posibilidades de inhabilitación dado que quien debe definir la contradicción de dos leyes es el Parlamento y tiene primacía la más nueva. Además ya se presentó ante Tribunal Constitucional Plurinacional la inconstitucionalidad del 136 al violar el derecho a la libre expresión.

La otra carta ganadora es la molestia de grandes sectores sociales que están esperando las elecciones como la posibilidad de terminar con un gobierno al que califican como dictatorial.

Hasta el momento el Movimiento al Socialismo ha sido el dique que ha evitado que se desborden las movilizaciones. Si se postergan las elecciones, habrá problemas.

Claro que Jeanine y, sobre todo el hombre detrás del trono, Arturo Murillo, juran que con represión y con el miedo a contagiarse de covid-19 es posible frenar a los díscolos “aunque sea a bala”, lo que Murillo ha repetido a quien quiera oírle. Su pasado hace creíble esto.

Como todo juego de tronos éste también es el de enmascaramientos. El Tribunal Electoral lanzará su propuesta de tener la facultad de cambiar la fecha. Quieren elecciones en noviembre pero no quieren decirlo así (o no pueden) y prefieren dejar la cosa en un margen que iría del 6 de septiembre al 29 de noviembre. La ultraderecha quiere elecciones para el próximo año pero propondrá como primer paso noviembre para luego postergar este plazo también.

De momento la pelea pasará a Congreso. Jeanine dará como ofrenda a los dioses bajar su postulación, Camacho y Tuto ya tejen ser parte del gobierno y de sus mieles, el MAS vela las armas para el combate, pero ¿y Mesa?: como siempre el expresidente juega a las dos puntas, a algunos les dice que no hay que mover la fecha pero públicamente dice que si la pandemia aprieta habría que postergar.

En una reciente entrevista Arturo Murillo dijo que el 6 de septiembre habría violencia y que Bolivia se jugaba los próximos 30 años. Parece que esta vez no ha mentido.

Jaime Iturri Salmón es periodista.

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Bolivia: a las puertas de un golpe de Estado electoral y político militar

Una vez consumado el golpe de Estado en noviembre, se puso en marcha en Bolivia una serie de dispositivos destinados a legitimar a una presidenta golpista que llegó al poder de manera anticonstitucional y ungida por los militares, que fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los legitimadores del golpe.

Golpe de Estado que pudo ser consumado por una mala decisión de la dirección del proceso de cambio, que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera persona en la cadena sucesoria, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.

A pesar de eso, y de la instalación en el Ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el Legislativo, garantizando con ello una dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez. Es por ello que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar los comicios, que si no fuera por la pandemia, se hubieran realizado el 3 de mayo.

Pero la emergencia sanitaria, que podríamos pensar le ha venido bien a muchos para eternizarse en el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No sólo porque han hecho una pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico ayudaban a contener el virus, sino porque durante estos meses han sido numerosos los escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista, desde el presidente de la principal empresa estatal, YPFB, a la mayor firma de telecomunicaciones del país, Entel, pasando por comisiones millonarias en la compra de respiradores para enfrentar la epidemia, que han llevado a la cárcel al ministro de Salud.

Todo lo anterior ha hecho que la clase media urbana, que en su momento retiró el apoyo al gobierno de Evo Morales, mire con desprecio a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el ministro más exitoso en 14 años de proceso de cambio, y quien llevó al crecimiento de la economía boliviana a tasas chinas.

Arce Catacora, quien fue militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando 40 por ciento de intención del voto y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, que se necesitan para ganar en primera vuelta.

Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con dos variables:

En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora, cancelando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato pre-sidencial comenta sobre unas encuestas en televisión. La ley impide la promoción de encuestas por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta, tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles de ninguna ficha técnica, sólo la comentó en un estudio de televisión, y además, hasta el 24 de julio no se entra de nuevo en campaña electoral, pues el proceso que debía haberse realizado en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha seguido y que lo que buscan los golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían entre 17 y 22 por ciento de los votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario campesino, a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.

Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo El Bolas, y el de Defensa, Fernando López, trabajan en la creación de un grupo guerrillero "indígena-independentista" que tiene entre sus propósitos cometer actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil para poder culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación de la CIA en la embajada de Estados Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activo y retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo fue entrenado por mercenarios de Estados Unidos e Israel en 2019 en una finca cercana a Santa Cruz de la Sierra, bajo la supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como secretario privado de la presidenta espuria Jeanine Áñez.

Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la embajada estadunidense en Bolivia, quien es el enlace directo entre Murillo y López, así co-mo el comandante de las fuerzas armadas, el general Sergio Carlos Orellana.

Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular aun MAS que se encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con Orellana y Murillo a la cabeza.

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Gobierno de facto en Bolivia anuncia elecciones para el 6 de septiembre

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que promulgará la Ley de Elecciones, para que se celebren el 6 de septiembre.

"Voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre", comunicó a través de un videomensaje. Áñez aseguró que no buscaba prorrogar su gestión, sino quería evitar elecciones en plena pandemia del coronavirus.

"La única razón por la que acepté hablar de postergación (para la fecha de votación) era para evitar una elección en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente", afirmó.

La líder del parlamento de Bolivia, Eva Copa, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo el viernes pasado que promulgará la ley que ordena realizar elecciones generales a más tardar en septiembre, si Áñez persiste en su negativa a firmar la norma.

El tira y afloja entre el Gobierno de facto y el parlamento sobre la ley de elecciones tenía en vilo a Bolivia, en un escenario con amenazas sindicales de protestas en demanda de los comicios y advertencias oficiales de represión policial y militar.

La ley motivo de la disputa dispone que el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación a realizarse en un plazo máximo de 127 computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir hasta el domingo 6 de septiembre, adoptando medidas de bioseguridad.

El 3 de mayo era la fecha original de los comicios, que resultaron suspendidos por la emergencia ante la pandemia de covid-19.

21 junio 2020

(Con información de Sputnik)

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Poder dual, golpismo y comicios en Bolivia

El boliviano René Zavaleta, primer director de Flacso México entre 1976 y 1984, teorizó conceptos muy importantes en sociología, como el de sociedad abigarrada, un Estado aparente donde se superponen diferentes capas sociales, pueblos y comunidades culturales. Una formación social donde coexisten la dominación colonial y capitalista, y formas de resistencia anteriores a los mismos. Los términos de sociedad abigarrada fueron muy útiles para entender la Bolivia plurinacional destruida por el neoliberalismo, pero para entender lo que está pasando hoy en el país andino-amazónico, nos sirve mucho más otro de los grandes conceptos acuñados por René Zavaleta, el de poder dual.

El concepto de poder dual retomaba a Lenin y la revolución rusa de 1917: “El doble poder –según Lenin– se manifiesta en la existencia de dos gobiernos: uno es el gobierno principal, el verdadero, el real gobierno de la burguesía (...) el otro es un gobierno suplementario y paralelo, de ‘control’, encarnado por el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, que no tiene en sus manos ningún resorte del poder, pero que descansa directamente en el apoyo de la mayoría indiscutible y absoluta del pueblo, en los obreros y soldados armados”.

Es decir, poder dual alude a un gobierno que tiene la legalidad, pero convive con otro gobierno legítimo conformado por el pueblo organizado.

Esto es lo que coexiste hoy en Bolivia, un gobierno golpista que había llegado con el único objetivo declarado de convocar a elecciones, y un pueblo que se va organizando para resistir y que, además, tiene de su lado a una Asamblea Legis-lativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo de Evo Morales tiene la mayoría suficiente para aprobar leyes.

Ese poder dual cristaliza hoy en la convocatoria de unas elecciones previstas para el 3 de mayo, pero que fueron pospuestas por la pandemia global. La Asamblea aprobó la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales, y marcó el 2 de agosto como límite para la celebración de nuevos comicios. Pero esta ley fue recurrida por el gobierno golpista de Áñez ante el Tribunal Constitucional, institución que tras un acuerdo apoyado por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre el MAS y la mayoría de partidos de oposición presentó la propuesta del 6 de septiembre como nueva fecha electoral.

Pero en una nueva vuelta de tuerca al poder dual que se vive en Bolivia, Jeani-ne Áñez, quien además es candidata presidencial, mandó una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), pidiéndole un informe técnico y científico que validara la fecha de las elecciones, torpeza política porque si Áñez no promulga la Ley 691 en 10 días, el Senado tiene la facultad de hacerlo.

Es claro que existe una voluntad en retrasar todo lo que se pueda la convocatoria de elecciones, pues están perdiendo aceleradamente apoyos entre la opinión pública debido a los numerosos escándalos de corrupción en los que han incurrido autoridades en el medio año que lleva instalado el gobierno golpista.

En febrero destituyeron al gerente de la principal empresa de telecomunicaciones del país, Entel, nacionalizada durante el gobierno de Evo Morales, y en estos días el presidente de YPFB, la empresa hidrocarburífera estatal, se encuentra en búsqueda y captura tras varios escándalos de corrupción.

Aunque el mayor escándalo ha sido la corrupción destapada por la compra en España de respiradores para hacer frente al Covid-19, que ha llevado al encarcelamiento del ministro de Salud de una Áñez que cada vez tiene más difícil afirmar que llegaron de forma transitoria para convocar a elecciones tras el golpe de Estado, cuando la imagen que dan son de que llegaron para quedarse el mayor tiempo posible, y mientras tanto, saquear y vaciar un Estado que costó poner en pie 14 años de proceso de cambio.

Pero además, los golpistas continúan con sus torpezas y han desaparecido los ministerios de Deportes, Comunicación, y Culturas. El cierre de este último, con un presupuesto de 100 millones de bolivianos (menos de 15 millones de dólares) frente a los 7 mil millones que manejan Gobierno y Defensa, ha supuesto que la comunidad cultural y una parte de la clase media se levante en pie de guerra contra el gobierno.

Esta dinámica deja a los golpistas casi fuera de la carrera electoral, pero aunque el MAS-IPSP pueda recuperar una parte de los apoyos perdidos durante los meses de octubre y noviembre de 2019, en realidad quien más favorecido se ve por la coyuntura es el timorato y cómplice del golpe, Carlos Mesa, que tiene todo un carril central para apostar por "ni masistas ni golpistas" después de que en las elecciones pasadas consiguiera articular 37 por ciento del voto opositor anti Evo Morales.

Es probable también que los poderes que impulsaron el golpe de Estado, desde las élites económicas a sectores de lapolicía y el ejército, pasando por la estación de la CIA en La Paz, dejen caer a Áñez y su gobierno para articular una unidad parcial en torno a Carlos Mesa como garante de una transición que garantice el control de los recursos naturales y su posterior privatización al mismo tiempo que una relativa paz social.

Será tarea colectiva que el poder dual que hoy impera en Bolivia se mantenga en caso de que el golpe de Estado consumado el 10 de noviembre de 2019 se perpetúe mediante una victoria electoral golpista.

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Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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