Por el coronavirus se postergan las elecciones en Bolivia

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia anunció la postergación de las elecciones presidenciales del 3 de mayo a causa del avance del coronavirus, que en ese país registró 19 casos hasta el momento. La nueva fecha no fue anunciada porque, según especificó la resolución, se consensuará con todos los partidos políticos.

La medida fue tomada a solo 24 horas de que comience a regir en ese país la cuarentena obligatoria, dispuesta por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y en momentos en que el Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente depuesto Evo Morales, analizaba qué postura adoptar sobre los comicios en un plenario celebrado en La Paz.

El presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que lo que aceleró la resolución fue la cuarentena obligatoria por 14 días para frenar la propagación del COVID-19. En diálogo con agencias internacionales, el funcionario aclaró que la nueva fecha para elegir al sucesor de Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra salga de un diálogo con las principales fuerzas políticas en base a criterios de “imparcialidad”, para no beneficiar ni perjudicar a ninguna de ellas.

"Criterios técnicos y científicos sólidos", dijo y anticipó que el Parlamento de ese país deberá hacer formalmente una nueva convocatoria. "Sabremos resistir el embate de la pandemia y también organizaremos un proceso electoral limpio y transparente", remarcó Romero.

Antes de conocerse la decisión del TSE, Evo Morales -quien reside en la Argentina- había anticipado que el MAS llevaría a ese diálogo una propuesta de unidad de la oposición, acompañada de un reclamo de un plan de emergencia enfocado no sólo en la sanidad sino fundamentalmente en la economía, como forma de lograr la unidad para enfrentar esta epidemia global, porque, aseguró, “la pandemia no tiene color ni ideología”.

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien lidera las encuestas de intención de voto, encabezaba hoy la reunión partidaria que se celebraba en La Paz.

Morales anticipó la postura de su partido: “Antes que estalle esta pandemia, la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión”, aseveró y aseguró que “permanentemente se comenta en la sede del gobierno en La Paz que va a haber autogolpe, que Áñez le va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta”, de modo que “esta pandemia les llega como anillo al dedo”, agregó Morales.

No obstante, puntualizó que “todos los bolivianos y las bolivianas tenemos la obligación de atender y aplicar las recomendaciones de los expertos, de los científicos nacionales e internacionales, que sienten que es importante el adiestramiento social preventivo y obligatorio, porque menos circulación, menos traslados, menos contacto es menos contagio”.

“Tenemos la obligación primera de salvar la vida, como de defender la vida. Seguramente será esto lo que nuestros compañeros reunidos van a plantear mañana. Pero no solamente poder sumarnos a la cuarentena sin una propuestas de una emergencia alimenticia, económica y social”, anticipó.

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Erick Foronda. Foto: ABI.

Erick Foronda es un periodista que se desempeñó como encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz desde 1995, hasta 2008 cuando el gobierno de Evo Morales expulsó al embajador rompiendo relaciones diplomáticas con EE.UU.

En los 13 años de trabajo en la embajada de la plaza Avaroa, Foronda colaboró con cinco embajadores: Curtis Warren Kamman, Donna Jean Hrinak, Manuel Rocha, David N. Greenlee y Philip Goldberg. Después de la expulsión dispuesta por el gobierno de Morales, Foronda partió a Washington junto con el embajador Goldberg en septiembre de 2008. Radicó en la capital de Estados Unidos durante 12 años, adquirió nacionalidad norteamericana y se hizo votante del Partido Republicano.

Durante su permanencia en Washington, según un informe de El Deber, “trabajó para diversas organizaciones”. Fuentes en Estados Unidos aseguran a Sol de Pando que una de esas organizaciones es la Agencia Central de Inteligencia donde adquirió pericias de “negociador político”. Fue el ex embajador Philip Goldberg quien lo introdujo en la CIA.

Su retorno a Bolivia para asumir el cargo de secretario privado de Añez y “contribuir en la pacificación del país”, según dijo a Página Siete, fue inicialmente atribuida Carlos Sánchez Berzaín, con quien se le vio en el Estado de Florida en abril de 2018 haciendo una especie de cobertura al juicio que se ventiló en Fort Lauderdale contra Sánchez de Lozada y su Ministro de Defensa, por las muertes de El Alto en octubre de 2003.

El agente de la CIA se apresuró en deslindarse de Sánchez Berzaín negando ser su “enviado”. Declaró en una entrevista publicada por Página Siete: “No tengo ninguna vinculación o relación de ningún tipo con Sánchez Berzain. No me gustaría tenerla porque siento que nada me une a él”.

Una vez instalado en Bolivia, desplegó un intenso lobby para afianzar su situación de alto privilegio en el régimen provisional que emergió tras la salida de Evo Morales. Suele ofrecer “parrilladas de confraternidad” en los jardines de su mansión invitando a influyentes políticos y periodistas; y habitualmente Jeanine Añez almuerza en su casa.

Interfiere en diversas áreas del aparato estatal, desplegando un rol acaparador muy similar al de Juan Ramón Quintana. Impuso la designación de la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Miami alegando “razones humanitarias” y mantiene a raya a la canciller Karen Logaric decidiendo por sí mismo la política exterior del Gobierno transitorio. Mientras Longaric se hallaba fuera del país, Foronda obligó a Añez romper relaciones con Cuba.

En el área de seguridad, donde la prioridad norteamericana es reactivar la presencia de la DEA en el país, Foronda tiene en su bolsillo al verborreico ministro Murillo.

Agente de la CIA ordenó cambios en Canal 7

El ex asesor de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Erick Foronda Prieto, actualmente emisario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), fue quien decidió la destitución del Gerente de BoliviaTv, el canal estatal.

Por decisión de Erick Foronda, el reconocido presentador y jefe de prensa de Unitel Jorge Tejerina asumiría este lunes la Gerencia de BoliviaTv, en reemplazo de Gonzalo Rivera, cuya abrupta destitución generó críticas en círculos de la prensa nacional. Tejerina hizo público, el sábado, su retiro de Unitel. No obstante también se menciona el nombre del periodista Andrés Rojas.

Foronda Prieto viene concentrando todo el poder del Gobierno transitorio en sus manos (lo mismo que Quintana en la época de Evo Morales), al ejercer como secretario privado de la presidente Añez. Tiene entre sus habituales funciones asesorar a la Jefa de Estado en su campaña electoral y redactar sus discursos de gestión. Oficia también como vocero presidencial.

Fuentes confiables del Ministerio de Comunicación informaron a Sol de Pando que, por presiones suyas, la red Unitel estaría recibiendo una carga privilegiada de publicidad estatal incidiendo en un elevado nivel de cobertura por parte de dicho canal privado a las intensas actividades proselitistas de Añez desde la gestión transitoria.

Lizárraga y la sobrina de Foronda

Según versión de un funcionario del Ministerio de Comunicación, la renuncia de la anterior titular de esa cartera, Roxana Lizárraga, se habría precipitado por discrepar respecto a los negocios con Unitel. Lizárraga no aceptó la contratación eventual de periodistas de Unitel en el staff de BoliviaTV sin que dicho personal se desvincule totalmente del canal privado.

Nicole Bisbal Brito, una sobrina de Foronda que trabajó como presentadora del noticiario de Unitel junto con Jorge Tejerina, fue motivo de una disputa entre el secretario privado de la Presidente y la entonces Ministra de Comunicación; Lizárraga se negó a contratar a la sobrina. Sin embargo, la familiar de Foronda fue contratada por la actual ministra Isabel Fernández (también proveniente de Unitel), quien forma parte del entorno íntimo del ex funcionario de la Embajada norteamericana.

Jeanine Añez cercada por Foronda

Lizárraga acusó a Erick Foronda de sabotear su gestión ministerial. Comenzó bloqueando el acceso de la Ministra al despacho de Jeanine Añez. Dijo que en los días previos a su renuncia —presentada el 25 de enero— sólo se podía contactar con la Presidente “mediante mensajes de celular” debido al cerco de Foronda que le  impedía a la Ministra un contacto directo con la Presidente-candidata.

También denunció que Foronda ordenó la transmisión completa del lanzamiento de la candidatura de Añez para las elecciones del 3 de mayo, acto televisado por BoliviaTv que se efectuó el 24 de enero, endilgando ese uso indebido del medio estatal a Lizárraga. “Yo pregunté quién había ordenado la transmisión y me dijeron que fue el secretario privado de la Presidenta, Erick Foronda, mediante una llamada”, reveló Lizárraga en entrevista publicada por el portal Asuntos Centrales.

La destitución de Gonzalo Rivera, el pasado viernes, tendría los mismos móviles. Foronda vio que Rivera no era “funcional” a la estrategia de usar el canal estatal con fines electorales y de sistemática promoción de la imagen “glamorosa” de Jeanine Añez, descuidando y poniendo en segundo plano las tareas específicas del proceso de transición. La estrategia de Foronda se basa en una especie de alianza entre Unitel y BoliviaTv.

La ministra Isabel Fernández, que ejerce el cargo en estricta subordinación a Foronda —aseguran nuestras fuentes—, fue la encargada de separar a Rivera por instrucciones del mismo Foronda, arguyendo “falta de coordinación” entre el Ministerio y la Gerencia del canal para definir los contenidos de la programación.

“La señora Ministra tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno”, aclaró Gonzalo Rivera en sus redes sociales

18 marzo 2020

(Tomado de Plurinacional)

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Domingo, 08 Marzo 2020 05:17

Jeanine Añez en su laberinto  

Jeanine Añez en su laberinto  

La presidenta de facto no puede dormir tranquila. La semana pasado fue de espanto para ella. Fue expulsada de El Alto por una multitud, ciudad donde se perpetró una de las dos masacres que acontecieron poco después de que asumiera el poder. El jueves 5 de marzo tuvo que salir con chaleco antibalas y a la carrera mientras la muchedumbre incluso destrozó los vidrios del vehículo del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con la explosión de un cachorro de dinamita.

La periodista boliviano argentina Verónica Zapata escribió: “Como todo delincuente que vuelve a la escena del crimen, se presentó custodiada de cientos de policías y militares para participar de una sesión de honor en el Consejo Municipal por el 35° aniversario de la fundación de El Alto que se cumple el día 6 de marzo.” Y doña Jeanine acaba de descubrir que el crimen no paga, que la gente recuerda, que los alteños piensan que sus muertos no se negocian. En resumen: que Senkata no se olvida.

Por supuesto, el viernes ya no asistió a nuevos desfiles. Hubiera sido una provocación. Los alteños no la quieren y se lo hicieron saber. Lo propio al excandidato por su partido Óscar Ortiz que en Senkata durante la sesión de la cámara de senadores también salió a las corridas y resguardado por la policía. “Asesina, asesina, asesina” gritaban miles de alteños a la presidenta y “motines, motines, motines” a los policías.

Pero además el viernes tenía que asistir a un tercer llamado del congreso a dar su informe el ministro de Defensa Fernando López, quien fuera el operador de Luis Fernando Camacho con los militares para que estos dieran el golpe de estado, según las propias declaraciones del ex líder cívico. López nuevamente no asistió y a los senadores y diputados se les acabó la paciencia. Lo censuraron por más de dos tercios y según la Constitución Política del Estado eso significa su destitución inmediata.

Y el próximo en la lista es el nada menos que Arturo Murillo, el hombre de la represión y muy íntimo allegado a Añez que debe elegir entre presentarse y que le hagan preguntas incómodas o dejar de ir y que lo censuren. Si se presenta también puede recibir la sanción del congreso y si son dos tercios deberá dejar el puesto.

Añez debe escoger entre hacer caso a la Constitución y deshacerse de uno (quizá dos) de sus hombres fuertes en el manejo del miedo o ella misma poder ir a juicio de responsabilidades. Mientras, en el Movimiento al Socialismo se han soldado las fisuras. Y aún los más concertadores de los diputados y senadores que algún momento pactaron con el poder golpista, saben que su futuro político depende de con que fuerza condenen al régimen. Y cada vez que leen las encuestas la idea se afirma.

No, no son buenos momentos para la presidenta golpista más si sumamos que los campesinos le han dado 72 horas para que deposite el dinero para que continúen funcionando 400 proyectos que han quedado detenidos en su gestión y los maestros preparan sendos paros (el viernes hubo uno masivo en Sacaba, donde se cometió otra masacre) exigiendo mayores ítems para compensar el crecimiento vegetativo de los alumnos, algo que el ministro de hacienda, José Luis Parada, ha rechazado.

El nieto de Mahadma Gandhi, Aroun, decía que: “Hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo y entre más miedo puedas infundir en la gente, más control puedes tener.” Pero eso ya no funciona en la Bolivia preelectoral que le ha perdido el miedo a la represión y con la llegada de 100 observadores de la Unión Europea y la arremetida de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en contra de las matanzas ordenadas por Añez, esta no puede darse el lujo de un muerto más por la represión.

En resumen, lo que la llevó al poder ahora no sirve de receta. Sin ser médicos ya sabemos que pronto Jeanine deberá tomar pastillas para dormir si no lo está haciendo ya.


Áñez ratifica al ministro de Defensa pese a destitución aprobada por la Asamblea Legislativa

 

7 marzo 2020

Cubadebate

 

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ratificado este sábado su confianza en el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, pese a la censura y destitución aprobada por dos tercios Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria", ha afirmado Áñez a través de su cuenta en Twitter.

Previamente el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, había denunciado que la censura a López en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba orquestada desde Argentina, país de refugio del expresidente Evo Morales.

Por ello están estudiando presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la censura al Ministro de Defensa es ilegal, por ser en ausencia del propio ministro.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este viernes al ministro López Julio, lo que supone su destitución inmediata como cargo del Gobierno.

López Julio no se presentó al acto de interpelación pese a estar convocado para dar explicaciones por dos cuestiones: la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la represión de las protestas contra la salida de Morales del poder en enero de 2020.

El ministro presentó excusa para su ausencia, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma. Es la tercera vez que López no se presenta a una convocatoria. La Asamblea aprobó por dos tercios la censura de López y los legisladores del MAS aplaudieron la decisión.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, ha subrayado que la censura implica la destitución del Ministro, según manda la Constitución Política del Estado. Concretamente así se recoge en el Artículo 158 Párrafo 18. "Esta resolución será enviada a la presidenta de transición (Jeanine Añez), para que dé cumplimiento inmediatamente", ha explicado Copa.

"Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata", ha argumentado Copa.

Copa ha adelantado además que para los próximos días están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo;  de Comunicación, Isabel Fernández, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado una resolución para la constitución de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

La Comisión Mixta está conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Rodríguez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de los y las diputadas Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS) y Amilcar Barral y Eida Middag de Unidad Demócrata.

Copa ha indicado que la tarea de la comisión es investigar los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre de 2019: en medio de las protestas por el supuesto fraude electora l en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que depararon la reelección de Evo Morales, el presidente tuvo que huir del país después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo. En las protestas posteriores hubo simpatizantes de Morales muertos en Senkata y Sacaba.

(Con informaciòn de Europa Press)

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El gobierno venezolano ordenó la detención de dos gerentes de PDVSA

Los acusa de entregar información confidencial a Estados Unidos

Las sanciones de Washington contra la petrolera estatal constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), a quienes acusó de espiar para Estados Unidos y entregar a este país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial". En ese sentido, la comisión presidencial denominada Alí Rodríguez Araque, le solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación penal sobre ambos funcionarios. Debido al fuerte impacto de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, la reorganización de la empresa estatal venezolana. Maduro también designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas importantes de la compañía. Las sanciones de Washington contra PDVSA constituyen el último intento de forzar la salida del poder del presidente venezolano.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, constituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran "gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos", respectivamente.

"Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al gobierno de Estados Unidos (...) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones", dice el comunicado.

De acuerdo al texto, las detenciones tuvieron lugar el pasado viernes 28 de febrero. A los detenidos también se los acusa de suministrar "datos" de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA. Los dos gerentes "suministraron datos sobre las operaciones y capacidad logística de PDVSA, así como la actividad de venta y comercio del petróleo venezolano", agrega el documento.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una "miserable traición", y solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique "todo el peso de la ley". Por sus acciones de espionaje, Chirinos y Torrealba recibieron la calificación de "colaboradores de alto nivel" de parte del gobierno de los Estados Unidos. 

"Esta Comisión Presidencial manifiesta su compromiso en empeñar todo su esfuerzo en la necesaria transformación revolucionaria de nuestra industria petrolera (...) acciones de esta naturaleza son totalmente opuestas al compromiso patriótico de la clase trabajadora petrolera", concluye el documento.

En las últimas semanas, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del poder del mandatario socialista. Una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano permanece vigente desde abril de 2019.

Bajo la presión de las sanciones de Washington a PDVSA y a su principal socio comercial, la compañía rusa Rosneft Oil Trading , Maduro le ordenó el 19 de febrero al vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami, que encabece una comisión destinada a reorganizar a la empresa venezolana. Ese mismo día declaró la emergencia de la petrolera estatal.

La nueva comisión también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su número dos, Remigio Ceballos, para que sumen "todo el poder" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y "además garanticen la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo". El actual ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, también formará parte del equipo de trabajo.

En febrero de 2017, el gobierno de Estados Unidos sancionó por narcotráfico a El Aissami tras una larga investigación que llevó al Departamento del Tesoro a determinar que juega "un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos" con destinos que incluyen México y Estados Unidos.

El sábado pasado, en otro intento por revalorizar PDVSA, Maduro designó nuevos vicepresidentes en cuatro áreas clave: exploración y producción, refinación, comercio y finanzas. La producción petrolera de Venezuela inició 2020 a la baja, al cerrar enero en 882 mil barriles por día, 25 mil menos que en diciembre, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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Un estudio del MIT no encuentra evidencia estadística de fraude en las elecciones de Bolivia

 

 La conclusión del documento contradice el informe de la OEA sobre el resultado de votos en los comicios de octubre que daban por ganador a Evo Morales

 Un estudio realizado por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT Election Data and Science Lab ha concluido que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en las elecciones presidenciales del pasado octubre en Bolivia, que daban por ganador al expresidente Evo Morales. Por presiones militares el líder boliviano abandonó el cargo. Los académicos califican las conclusiones del informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado noviembre como “profundamente defectuosas”, según han escrito en un artículo publicado este jueves en The Washington Post y recuerdan que el país latinoamericano se prepara para unas nuevas elecciones el 3 de mayo “luego del golpe de Estado respaldado por el Ejército” el 10 de noviembre.

El documento del organismo regional, que daba cuenta de actas quemadas, redirección de votos a servidores ocultos y nombres duplicados, acusaba que cuando se retomó el conteo tras una suspensión del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), los mostraban una tendencia "altamente improbable" a favor del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, la investigación de los especialistas del MIT ha revelado que no parece haber una diferencia “estadísticamente significativa” en el margen entre los resultados de antes y de después del alto en la transmisión.

“En cambio, es muy probable que Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera vuelta”, afirman en el Post. Según la Constitución boliviana, un candidato gana las presidenciales cuando obtiene una mayoría absoluta o el 40% de los votos, con al menos una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo candidato. Si no es el caso, se realiza una segunda vuelta.

El conteo preliminar de los votos se detuvo con cerca del 84% de los votos contados, cuando Morales tenía una ventaja de 7,87 puntos porcentuales, según detalla el estudio. Cuando se reanudó el conteo, el margen de Morales superaba por más de 10 puntos al segundo candidato más votado, el expresidente Carlos Mesa. El informe de la auditoría encargado por la OEA -con el consentimiento de Bolivia- determinó que "una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado" a favor de Morales. Además, que las “manipulaciones” e “irregularidades” impedían conocer con certeza el margen entre Morales y Mesa. “Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, concluyó.

“¿Hubo una discontinuidad entre los votos contados antes y después del recuento no oficial? Por supuesto, las discontinuidades pueden ser evidencia de manipulación”, afirman Williams y Curiel, pero con base solo en la “evidencia de las estadísticas” no han encontrado las “anomalías” que acusa la OEA en la tendencia de los votantes. En el estudio encargado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) encontraron una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados de antes y después de la suspensión del conteo de votos. Esta correlación desacredita el informe del organismo regional, que databa que el último 5% de los votos presentó una tendencia distinta del anterior 95%. “El análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable”.

Cuando se reveló el resultado con el 95% de las actas escrutadas, la OEA hizo una declaración donde revelaba su preocupación por “el cambio de tendencia”. Una vez contados todos los votos, el resultado le otorgó una ventaja a Morales del 10,6% por sobre Mesa. Las protestas en la calle, la sombra de las irregularidades y las presiones de las Fuerzas Armadas, obligaron al presidente boliviano a abandonar el cargo. El líder boliviano ha publicado este jueves el artículo del Post afirmando que la OEA, su presidente Luis Almagro y la comisión encargada de la auditoría de los resultados de las elecciones “le deben muchas explicaciones al pueblo boliviano y al mundo entero”. Almagro ha dicho que “el único golpe de Estado en Bolivia” sucedió cuando Morales “cometió fraude electoral”.

Washington 27 FEB 2020 - 22:09 COT

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Droga del Narcojet detenido en México salpica campaña de Jeanine Áñez

Este martes trascendió que la aeronave detenida en México en enero pasado, procedente de Guayaramerín, Bolivia, pertenecía al cártel de Jalisco y debía financiar la campaña de la presidenta de facto de ese país sudamericano, Jeanine Añez.

Apenas se conoció la denuncia sobre la detención del “Narcojet” el 28 de enero pasado, el ministro de gobierno Arturo Murillo, se apuró a decir que “la droga fue cargada en el Chapare”. Días después ante la lluvia de evidencias, no tuvo más remedio que admitir que la cocaína procedía de Guayaramerín, provincia colindante con las tierras de la familia de la presidenta de facto.

“La droga estaba en el avión sin ningún método de ocultamiento. Está claro que en el lugar donde la cocaína fue subida a bordo, no hubo ningún tipo de control”, comentó una fuente judicial al periódico argentino La Nación. Lo que quiere decir que el brazo boliviano del cártel de Jalisco contaba con la protección de la policía y el ejército. La acumulación de pruebas que complican al gobierno de facto, llevaron al ex ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, a pedir la renuncia del ministro de gobierno Arturo Murillo.

Según el periódico La Nación, la aeronave que despegó desde Guayaramerín tenía placa de EEUU (matrícula N18ZL GLF3).

Un testigo reveló que la droga pertenecía al cártel de Jalisco y que debía financiar la campaña de Jeanine. Además, un informante confidencial testificó que las ganancias de la transacción de 1.000 kilos de cocaína destinada a los EEUU eran para solventar los costos de la campaña de Jeanine Añez Chávez, senadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia.

Los medios de comunicación, cuya tarea se ha reducido a blindar (proteger) la imagen de los autoproclamados, escondieron bajo la alfombra los nexos familiares de Jeanine Añez con el narcotráfico. La autoproclamada está casada con Héctor Hincapié, conocido político colombiano, investigado por sus nexos con el cártel de Cali, y es tía propia, de Carlos Andrés Añez Dorado, detenido en Brasil con media tonelada de cocaína.

25 febrero 2020  

(Con información de Primera Línea)

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Bolivia confirma que las rupturas de la democracia son golpes

Desde que adoptó su nueva estrategia, la derecha latinoamericana ha tratado de enarbolar la bandera de que ha tumbado a gobiernos progresistas latinoamericanos por vías democráticas, mediante movilizaciones populares, cívicas, de la sociedad civil contra gobiernos que habrían roto la institucionalidad, cometido arbitrariedades, atentado contra la democracia.

Lo ha hecho en Brasil, tumbando al gobierno recién reelegido de Dilma Rousseff alegando arreglos presupuestarios, que no faculta, según la Constitución brasileña, a promover el impeachment de un presidente de la República. Es tan arbitraria e inconstitucional la decisión, que, hasta ahora, casi cuatro anos después, el Supremo Tribunal Constitucional, instancia máxima del Judiciario de Brasil, no ha juzgado el impeachment en contra de Dilma. Porque si abre la Constitución, no va a encontrar respaldo alguno para la mas grave decisión que un Congreso puede tomar – tumbar a una presidente recién reelegida democráticamente para el cargo por el voto popular. Entonces el trubunal aplaza su posición, como si el paso del tiempo pudiera hacer olvidar la connivencia del Judiciario brasileño con el golpe que ha roto la democracia brasileña y ha llevado al país desde los gobiernos mas virtuosos de su historia, hasta el infierno en el que vive actualmente.

La discusión de si el impeachment fue un golpe o no, es absolutamente relevante, porque denuncia aquel acto como ruptura de la democracia, de la Constitución brasileña o, al contrario, como quiere la derecha y sus voceros en los medios, se trataría de una corrección de camino, de un acto perfectamente legal y aceptable, para tumbar un gobierno que la derecha no supo derrotar por medios democráticos, habiendo sido derrotada cuatro veces de manera sucesiva.

Cuando la derecha ha derrotado a un gobierno progresista por medio de elecciones, como ha ocurrido en Argentina, teniendo que atenerse a la institucionalidad democrática, esa derecha ha sido abiertamente derrotada cuatro años mas tarde. Confirmando que, por vías democráticas, la derecha puede hasta llegar a triunfar, pero no tiene políticas que den estabilidad y apoyo popular a su visión neoliberal, inmediatamente reinstalada, cada vez que la derecha vuelve al gobierno. La democracia se revela incompatible con el neoliberalismo y así condena la derecha a la derrota__salvo que ésta apele a métodos antidemocráticos.

El caso de Bolivia es, de alguna manera, similar al brasileño. La derecha se ha mancomunado con fuerzas policiales y las fuerzas armadas, contando con los medios y con el Judiciario, para tumbar al gobierno legalmente reelegido de Evo Morales. Ha alegado ilegalidades electorales, mencionadas por la OEA, que se ha revelado  rápidamente como participe del golpe, a punto de que había propuesto nuevas elecciones, aceptadas por Morales, pero que ha abandonado aquel planteo, para sumarse a un gobierno abiertamente golpista y dictatorial.

La prueba definitiva de si aquel movimiento sería de restauración democrática o, al contrario, de ruptura de la democracia, estaría dada por las nuevas elecciones convocadas por la presidente que, sin legitimidad institucional alguna, ha asumido el gobierno. La represión a los movimientos populares, la prisión de dirigentes del MAS, las condiciones cada vez mas estrechas en que pretende que se den las elecciones en principio convocadas para mayo de este año, confirman que se ha tratado de una farsa  de movilización popular y de restauración democrática, como ha querido afirmar la derecha boliviana, sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en la región.

La reciente prohibición de la candidatura de Morales al Senado boliviano, solo confirma las condiciones controladas, antidemocráticas, excluyentes, en que pretenden realizar las elecciones. Conforme la candidatura de Luis Arce, del MAS, asume el liderazgo en las encuestas, hasta la realización misma de esas elecciones se pone en peligro, pues las FF.AA. bolivianas han asumido espacios determinantes en el gobierno actual.

Bolivia camina por la vía brasileña, de la guerra hibrida, del régimen de excepción, y no la vía argentina, en que las fuerzas democráticas se han reimpuesto, porque se ha logrado mantener las condiciones democráticas mínimas para la disputa electoral.

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Un golpe dentro del golpe. Proscribieron a Evo Morales en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que no será habilitada la candidatura a senador del ex presidente. Los insólitos motivos esgrimidos. Evo recurrirá a la CIDH.

El que mejor lo definió fue el propio Evo Morales quien, minutos después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmase que rechazaba su candidatura a senador, aseguró que "la decisión es un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS".

El rumor sobre la previsible resolución del Tribunal había tomado cuerpo hace días, pero los propios jueces fueron dando largas a comunicarla. Finalmente lo hicieron en conferencia de prensa el jueves por la noche y en ella el presidente del cuerpo, Salvador Romero, aseguró que el fallo, además, era "inapelable".

El equipo de abogados que acompaña a Evo Morales desde el golpe militar que lo desplazó de la presidencia no piensa lo mismo. El jurista argentino Raúl Pereyra ya había anticipado que si el gobierno de facto tomaba ese camino recurrirían a dos respuestas en paralelo. "En primer lugar apelaremos ante el Tribunal Constitucional de Bolivia" --aseguró--. Pero al mismo tiempo nos vamos a presentar directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que seguramente va a tener que expedirse de manera urgente sobre el tema.

La defensa del ex presidente, compuesta también por Eugenio Zaffaroni y el español Baltasar Garzón, ya había destacado a través de un comunicado que el ex presidente de Bolivia "reúne todos los requisitos jurídicos para ser candidato a senador" en los comicios del tres de mayo.

En el texto, los letrados aseguraron que la candidatura de Morales, quien actualmente ejerce su rol como jefe de campaña del MAS desde Argentina, constituye "un valor indisputable, superior a cualquier otro" que emana "de la Constitución y del Derecho Internacinal de los derechos humanos".

"Cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo de senador será interpretada como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el 'Estado de no Derecho'", agrega el comunicado firmado en conjunto por los tres abogados.

El insólito argumento utilizado para proscribir la candidatura de Evo Morales es el requisito de residir en el país desde hace dos años en el caso de diputados y senadores. Romero explicó que para tomar la decisión se tuvo en cuenta aspectos como la residencia que figura en el padrón electoral del aspirante a candidato, dónde desarrolla su vida y cuál es la residencia efectiva.

Morales presentó su candidatura a senador por la región boliviana de Cochabamba, donde comenzó su carrera política como diputado en 1997 y donde votó en las sucesivas elecciones hasta los comicios del pasado octubre.

El curioso razonamiento oficial parece ser que, como fue obligado a emigrar por el golpe militar-policial, no vive desde entonces en Bolivia. Aún si Evo Morales hubiese estado dispuesto a arriesgar su vida volviendo a su país, el aparato judicial del golpismo se encargó de presentar una serie de denuncias penales en su contra que garantizan que sería encarcelado apenas ponga un pie en el aeropuerto de El Alto.

A raíz del nuevo golpe dentro del golpe, Evo Morales realizará este viernes una conferencia de prensa en Buenos Aires, en compañía de sus abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. El Grupo de Puebla, formado entre otros por las principales figuras de los gobiernos de Argentina y México, ya hizo pública su preocupación por este nuevo uso de "lawfare preventivo, que persigue a los líderes y lideresas progresistas en toda Latinoamérica para evitar que estos y estas lleguen a posiciones de poder".

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Evo Morales impulsa el triunfo electoral de MAS en Bolivia desde el exilio

 

Entrevista con el ex vicepresidente Álvaro García Linera

 Desde su forzado exilio, el líder andino Evo Morales Ayma participa en la campaña política para lograr que el Movimiento al Socialismo (MAS) –base de su gobierno– triunfe en las próximas elecciones en Bolivia, que se celebrarán el 3 de mayo. Sin embargo, este esfuerzo es atacado mediante amenazas por el gobierno golpista de Jeanine Áñez, "preocupado y asustado frente a una estructura política, la nuestra, que no han podido destruir", dijo el ex vicepresidente de la nación suda-mericana Álvaro García Linera.

No obstante, esta estrategia tiene un efecto a la inversa. "En elecciones, la intimidación, los chantajes y la coacción son propaganda política" que se traduce en apoyo y victoria.

En entrevista, indicó que México ha sido el país que más ha sufrido en carne propia "la degeneración de este lenguaje violento" del gobierno de facto.

"Da vergüenza. A nombre de los bolivianos pido disculpas al gobierno de México por todo estos abusos, estos agravios que está sufriendo por una cosa simple que está haciendo: defender el derecho internacional", sostuvo.

El intelectual nacido en Cochabamba el 19 de octubre de 1962 se encuentra exiliado en Argentina a causa del golpe de Estado de noviembre pasado contra el gobierno de Evo Morales.

De visita en nuestro país, donde ofrecerá una serie de pláticas y conferencias relató que desde una pequeña oficina prestada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de hacer una olla común para que los compañeros exiliados que aún no han conseguido empleo almuercen y cenen, Morales Ayma comparte su experiencia electoral y orienta a las nuevas generaciones para configurar una orientación de campaña.

"Evo es una máquina electoral, siempre lo ha sido, es un hombre con mucha sabiduría política-electoral", refirió García Linera quien suele definirse como intelectual de formación marxista seducido por la insurgencia indígena.

Luego de haber sido acogidos por México, Morales Ayma y sus colaboradores decidieron irse a Argentina debido a que deseaban estar más cerca de su país natal. "Si bien uno puede entablar comunicaciones por teléfono o Skype, nunca el efecto de esos encuentros, esas sugerencias, tiene una consistencia requerida".

García Linera, quien en 1990 colaboró en la fundación del ejército guerrillero Tupai Katari para apoyar la insurgencia indígena en Bolivia, expresó que el gobierno de facto apostó a deshacerse del líder, perseguir a los dirigentes para que el partido se sumergiera por largos años, pero eso no ha pasado.

“En situaciones normales el temor puede sedimentarse y alejarte, pero en campaña electoral y, especialmente en mi país, lo que hace es que te victimiza y en Bolivia dame una víctima, y te daré un líder, esa es una ley. Dame una víctima, te daré la victoria.

"Lo que están haciendo con estos mecanismos para aislar a Evo, para intentar desorganizar la estructura y que el MAS no saque cabeza, es que lo están victimizando y con ello generando una especie de prosa heroica de la militancia".

García Linera expresó que el golpe de Estado, su discurso, la emoción que lo envuelve, es la venganza del gobierno de Áñez contra la insolencia de los indios de haberse querido igualar. Es un levantamiento fundado en el odio, el revanchismo.

En este contexto, México ha sufrido este lenguaje violento. "Estamos en deuda, Bolivia está en deuda con la hermana República de México, su pueblo y su gobierno".

Luego del arribo de César Navarro, ex ministro de Minería de Bolivia, y Pedro Damián Dorado, ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras a México, siguen asilados en la embajada siete colaboradores del gobierno del presidente derrocado Evo Morales, entre ellos su brazo derecho, Juan Ramón Quintana, quien ya suma una decena de órdenes de aprehensión.

"¿Qué irá a pasar? Es difícil saber", expresa el ex vicepresidente sobre el futuro de los asilados en la legación mexicana. "Me inclino a pensar que está difícil que la situación cambie hasta antes de las elecciones".

Fundamentalmente, se refirió a Juan Ramón Quintana, hombre crítico de la intervención estadunidense en América Latina, quien para la administración de la golpista Jeanine Áñez “es como un trofeo… que exhiben ante Estados Unidos”.

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Martes, 04 Febrero 2020 06:22

Bolivia: se rompió el termostato

Bolivia: se rompió el termostato

Es lugar común afirmar que la esencia del Estado de derecho es la igualdad de todos ante la ley, sin discriminación alguna. Sin embargo, este es un ideal que nunca está del todo realizado en el mundo real, pese a lo cual, como “modelo” sirve de barómetro para calificar a los Estados reales e históricos.

En los últimos años, nuestra región viene sufriendo un alejamiento de ese modelo ideal pero, de todas maneras, esa brecha no resulta mucho más ancha que la reiterada en nuestra historia del sur y, por cierto, aunque algunos episodios sean preocupantes, en general es menos marcada que en otras épocas genocidas.

No obstante, el caso del Estado Plurinacional de Bolivia presenta particularidades que son realmente alarmantes, pues a partir de un clarísimo golpe de Estado que, por presión militar, forzó las renuncias del presidente y del vicepresidente, se instaló un régimen que se “autojustifica” con el pretexto de un supuesto fraude electoral que la OEA verificó inexistente (de 30.000 mesas se detectaron “irregularidades” en 260, lo que para nada alteraba el resultado). Los medios dominantes y la increíble mala praxis de un funcionario internacional permitieron que la fake news siguiese su curso.

Lo cierto es que, en Bolivia, el 22 de enero se extinguieron los mandatos de los poderes constitucionales Ejecutivo y Legislativo.

Ante esa situación, en lugar de seguir los pasos de la acefalía y entregar al gobierno a la autoridad constitucional que quedaba en pie, o sea, al presidente del más alto tribunal, para que convocase a elecciones y el pueblo pudiese decidir quién quiere que lo gobierne –como en otra ocasión se hizo, con feliz final democrático-, insólitamente el Legislativo decidió –por sí y ante sí- “prorrogar” su mandato (que no emanaba de sí mismo, sino del pueblo) hasta las elecciones que él mismo convoca el 3 de mayo próximo.

Hasta esa fecha continuará ejerciendo el Ejecutivo (no el poder, que no se sabe bien quién lo ejerce) una exsenadora (cuyo mandato, por supuesto, también venció el 22 de enero) designada por una minoría (pertenece a un partido que obtuvo el 4% de los votos).

Pero el régimen que controla Bolivia en este momento no sólo violó la inmunidad diplomática y expulsó a diplomáticos, sino que, mediante falsas seguridades, hizo salir de la embajada argentina al exministro de gobierno, para luego aislarlo en una casa sitiada por grupos armados instigados por un agente del franquismo español (Vox), hasta conseguir que fuese hospitalizado y preso.

Días después otorgó salvoconductos de salida a dos personas asiladas en la embajada de México, pero cuando llegaron al aeropuerto, en presencia de los diplomáticos las arrestaron. Ante el escándalo, decidieron dejarlas partir en otro vuelo, aduciendo que todo se debió a un “error de coordinación”.

Casi simultáneamente, la apoderada del expresidente Evo Morales, portando la documentación necesaria, entró a Bolivia para oficializar su candidatura a legislador, pero rápidamente consiguieron que un juez dispusiese su prisión y la documentación fuese secuestrada.

El candidato a presidente designado por el MAS –Arce- también llegó a La Paz y fue notificado de su citación a un proceso, curiosamente puesto en marcha simultáneamente con la indicación de su candidatura. Se ignora si ese coincidente proceso tiene por objeto inhabilitar o privar de libertad al candidato presidencial.

Mientras comete estas aberraciones, el régimen se precia de solicitar que las elecciones de mayo sean monitoreadas por organismos internacionales, algunos de reconocido prestigio y seriedad. Pero para nada los convoca para controlar el proceso pre-electoral pues, a juzgar por lo sucedido, el régimen no programa el fraude en forma de un “volteo de urnas”, sino de un tortuoso mecanismo previo de proscripción.

En el caso de Bolivia, no se trata de uno más de los supuestos de alejamiento del modelo ideal del Estado de derecho, sino de lo que puede definirse como un “Estado de no derecho”.

Rompe el molde del Estado de derecho y cae abiertamente en el del “Estado de policía” el que, brutalmente elimina o proscribe, encarcela y exilia a los opositores a su régimen, como hizo Hitler en Alemania, en Austria y en Checoslovaquia, como hizo Mussolini en la Italia fascista, o como hizo Stalin con las purgas o impuso en los países que quedaron bajo su órbita. Pero el “Estado de policía” pasa a ser un “Estado de no derecho” cuando viola también las normas que regulan las elementales relaciones entre Estados, o sea, el derecho consuetudinario y luego positivizado en la Convención de Viena de 1961. En ese caso, se rompe el termostato: ya no hay derecho, ni siquiera el internacional de siempre, el llamado “derecho de gentes”.

Es el momento de advertirlo antes que el ejemplo pueda cundir y pasemos a manejarnos como hordas y no como Estados. Por cierto, mucho de lo que sucede en la región no está bien, no cabe duda, pero estemos alertas, porque esto es demasiado: rompieron el termostato.

Raúl Zaffaroni es Profesor Emérito de la UBA 

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