Soldados vigilan la planta de llenado de gas del estado Senkata, en El Alto, La Paz.Foto Ap

El "litio-golpe" militar/ policiaco/mediático, con bendición de EU y su vulgar instrumento de la OEA, obliga a retroceder en el túnel del tiempo a Bolivia de "Evo al Medio-Evo" (https://bit.ly/37eiWmu), mientras la fiebre del metal cunde en Sonora y en Alemania, donde penetró Tesla, asentada en Silicon Valley, para promover los vehículos eléctricos, sin contar los celulares inteligentes y laptops.

Según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio del “ top ten (cinco son de la anglosajona Australia)” se encuentra en Bacadéhuachi (https://bit.ly/2NYlJbX): sierra alta de Sonora, a 275 kms al oriente de Hermosillo, capital de Sonora, y a 98 kms de La Mora, donde ocurrió la carnicería de mormones de la familia LeBaron (https://bit.ly/2QBGAUh).

"Proyecto Litio de Sonora" es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence Minerals (70 por ciento) y la canadiense Bacanora Minerals (30 por ciento). Se trata de una "operación a cielo abierto" en dos fases: la primera, con capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas al año de carbonato de litio, por 420 millones de dólares; y la segunda,duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales.

La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años (sic). Se ha construido una planta piloto de litio en Hermosillo, según Forbes, que señala su destinación al noreste asiático: Japón/Sudcorea/China, donde se concentra 95 por ciento del consumo.

Otros analistas arguyen que la producción "podría servir al mercado de Norteamérica (sic) debido a la proximidad"(https://bit.ly/2QyOZaP).

Forbes explaya la identidad de sus inversionistas cuando "por el momento, la mayor parte del capital proviene de Gran Bretaña". Pareciera que las trasnacionales anglosajonas de GB/Canadá se han especializado en la minería mexicana, en particular en el nuevo "Proyecto Litio de Sonora" que tiene un valor de mil 253 millones de dólares y está integrado por 10 zonas, que cubren 100 mil hectáreas, concesionadas a las mineras anglosajonas MSB (filial de Bacanora), Mexilit (70 por ciento de Bacanora y 30 por ciento de Cadence).

¿Ya no hay empresas mexicanas en México, ya no se diga en mixtas privadas/estatales?

¿Cuánto litio existirá en México?

Según un reporte de la Secretaría de Economía en la etapa aciaga del entreguista Ildefonso Guajardo –que operó y firmó el ignominioso T-MEC que daña los intereses de México de la Internet, del sector agrícola y del farmacéutico, sin contar el sector automotriz– existen tres yacimientos en etapa de exploración en Baja California (Cierro Prieto), por Pan American Lithium, en San Luis Potosí/Zacatecas y Sonora.

Llama la atención el supino entreguismo de la kakistocracia de Calderón y Videgaray/Peña que obsequiaron las minas de toda índole de México cuando se vaticinan sus mejores tiempos históricos.

Pues parece que los gobiernos entreguistas neoliberales de México carecen de la cultura del litio, la cual abunda en la mente creativa de Elon Musk, quien ya penetró Berlín para construir los carros eléctricos de Tesla, lo cual ha sacudido el otrora mercado inexpugnable de automóviles de ensueño en Alemania (https://bit.ly/37kbWV2).

A quienes no le den la importancia que merece la "geopolítica del litio" desde México hasta Bolivia, cabe instruirles que los carros eléctricos de Tesla modelo S requieren 45 kilogramos del "oro blanco".

Tesla ha construido una "giga-fábrica" en Nevada (EU) para producir baterías de litio iónico y ahora penetra en forma sorprendente el mercado alemán.

Para Der Spiegel, el arribo de Tesla constituye "una humillación para la industria automotriz alemana" y sus portentosos automóviles convencionales Mercedes/BMW/Volkswagen/Audi que pueden quedar enterrados por el litio.

Alemania, que ostenta una de las óptimas culturas ambientales del planeta, ha registrado en forma exponencial su nueva dotación de carros eléctricos que alcanzó 52 mil 882 hasta octubre.

Tesla va también por el mercado de Shanghái y sus acciones bursátiles se incrementaron al día siguiente del "litio-golpe" en Bolivia.

Tesla se escribe con "l" de litio.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:28

Se multiplican la represión y el caos en Bolivia

Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra simpatizantes del exiliado presidente Evo Morales, quienes bloqueaban un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de tres muertos y 30 heridos. En La Paz se realizó nueva marcha para exigir que renuncie la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde México, el líder aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano: ‘‘Este es un gobierno de facto, no de transición, que reprime y mata. Es tiempo de dictadura y debemos mantenernos unidos’’. Foto Ap. Arturo Cano, enviado

La Paz. En la televisión, los noticieros celebraron en grande. La pantalla dividida mostraba, del lado izquierdo, un convoy de pipas de combustibles ingresando a esta capital, escoltado por vehículos policiales; del otro, escenas de lo que las conductoras llamaban "enfrentamientos". Se ufanaban en la explicación: la necesidad de traer gasolina y gas a la ciudad capital había generado el "choque". Una locutora admitía: "Para el desbloqueo, los policías han usado agentes químicos, ha existido gasificación".

La "gasificación" fueron balas, helicópteros, vehículos blindados y militares disparando sobre los habitantes de la ciudad conurbada de El Alto, en la zona conocida como Senkata, donde los seguidores del exiliado presidente Evo Morales mantenían un bloqueo en un depósito de combustibles.

La Defensoría del Pueblo confirmaría más tarde la muerte de tres personas, así como más de 30 heridos. La primera víctima fue Dayvi Posto Cusi, de 31 años.

Mientras sus compañeros recibían balas y gases en El Alto, en La Paz se realizaba la enésima marcha con la exigencia de la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y el retorno de "el Evo", como le llaman sus partidarios.

Los frentes se multiplicaban: represión en las calles, marchas de respaldo a Morales, negociaciones entre la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo y las fuerzas minoritarias, desabasto y especulación que han mandado al cielo los precios de productos de primera necesidad.

Y en medio de todo eso, Áñez, como personaje de utilería. Ella ha dedicado buena parte de su tiempo en estos días a tomar protesta a los miembros de su gabinete. Como se le acabaron los cargos que se repartieron entre los partidos minoritarios –los ganones fueron Carlos Mesa, ex candidato, y el ultraderechista Luis Fernando Camacho– ha comenzado a tomar juramento a funcionarios de segundo nivel. Algunos de ellos, para demostrar que Dios ha vuelto al palacio de gobierno, han rendido protesta con la señal de la cruz en los labios.

Por los discursos a la hora de los actos protocolarios, parecería que se preparan para un gobierno de larga duración, aunque por ley deben convocar a elecciones a la de ya, pues el plazo vence el 22 de enero de 2020.

Entrada la tarde, a unos pasos de las tanquetas, los diputados del MAS –que viven bajo acoso y han sido abiertamente amenazados con cárcel por los autores del golpe– ofrecieron brevísima rueda de prensa.

Aunque el mundo entero ha visto los cuerpos de los caídos en las protestas en Cochabamba y otros lugares del país, las televisoras mostraron ayer escenas de ataúdes llenos de ropa, sugiriendo que no murió nadie. La versión de los golpistas ha sido, sin que hayan concluido los estudios periciales, que los muertos no cayeron por balas de policías ni militares. Que se mataron entre ellos, vaya.

Todo, pese a que la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo llevan el siguiente conteo desde que el presidente Morales salió del país: 27 muertos y más de 400 heridos.

La cruz y la tanqueta

Las calles que confluyen en la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, están llenas de rejas y barricadas. Sobre una de esas rejas hay un cartel que ordena: “No te canses de orar por Bolivia… Dios es bueno y Bolivia está en sus manos”.

La fe moverá montañas pero necesita una ayudadita. A unos pasos del cartel había una tanqueta del ejército, rodeada de militares. Varios vehículos similares completaban el escenario en la misma plaza y las calles adyacentes.

"Es la primera vez que vemos tanquetas aquí", dijo un empleado de la Asamblea Legislativa.

Los policías antimotines, que en los días pasados se hicieron cargo de mantener a raya a los manifestantes, fueron desplazados a un segundo sitio.

Entre dos de las tanquetas está la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ayer los legisladores el MAS, partido del exiliado presidente Evo Morales, se reunieron durante largas horas, entre ellos y con las fuerzas de la minoritaria oposición.

"Vamos a cumplir con la patria bajo la luz de la constitución", sostuvo la diputada Betty Yañiquez, y cedió la palabra al legislador Henry Cabrera, quien informó que el MAS actuará de manera responsable, que se decidió "reconsiderar la directiva de la Cámara de Diputados" y reiniciar el trabajo legislativo que ahora está suspendido.

El anuncio central es que hay un principio de acuerdo para que ambas cámaras, de senadores y diputados, que tendría como fin "seleccionar y elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, hombres y mujeres notables que no tengan ningún partido político, a fin que puedan representar al pueblo boliviano y tengan la alta responsabilidad de llevar adelante las próximas elecciones".

El diputado Cabrera dijo también que los vocales de ese nuevo tribunal tendrían "un plazo máximo de 48 horas para convocar a elecciones" en el país.

Los legisladores del MAS suspendieron previamente una sesión convocada para ayer, en la que pretendían, según la prensa local, rechazar la renuncia de Evo Morales. En aras del diálogo y de encontrar una salida, argumentaron, al tiempo que llamaron a los militares a replegarse.

No les hicieron ningún caso, y este día tres nombres más se sumaron a la lista de nombres que se puede leer en un altar colocado en el vestíbulo de la sede legislativa.

Tras la represión en El Alto, un grupo de personas prendió fuego a la casa de la alcaldesa del lugar, opositora a Morales, mientras en diversas partes del país se anunciaban nuevos bloqueos y marchas hacia La Paz.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles por la tarde, pero esta crisis rebasa con mucho los muros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde México, el presidente Evo Morales –fue obligado a renunciar y su renuncia no surte efecto en tanto el Legislativo no la acepte– respondió a los hechos de este día con un mensaje al "pueblo boliviano": “Este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión, están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la patria… En tiempo de dictadura, debemos mantenernos unidos”.

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Evo Morales: "No es un gobierno interino, es un gobierno de facto"

En diálogo con la agencia DPA, dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" con su renuncia. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales en el país.

 

El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió garantías de seguridad y castigo a los culpables, tras la muerte de al menos 24 manifestantes en las protestas contra su derrocamiento. Entrevistado por la agencia alemana de noticias DPA, subrayó que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" si diera un paso al costado. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales con el fin de pacificar el país. Morales se vio forzado a renunciar al cargo por presión de las Fuerzas Armadas, luego de una escalada de violencia que creció luego de los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Morales se refirió a Jeanine Añez, vicepresidenta segunda del Senado autoproclamada presidenta, como la cabeza de un gobierno de facto. Según su punto de vista, Añez debería dar garantías porque "injustamente exministros y asambleístas están siendo perseguidos y amenazados". En segundo lugar, consideró que "tiene que haber una comisión nacional e internacional para dar con los autores intelectuales y materiales de semejante masacre", en relación a la cacería desatada por las Fuerzas Armadas contra manifestantes afines a su figura.

En diálogo con DPA, Morales destacó que el gobierno de Añez “no es un gobierno interino. Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto", sostuvo. 

Para el expresidente, la autoproclamada presidenta le haría "un gran favor a la democracia, a la sucesión constitucional" si renunciara. En consecuencia, se posicionó junto a los líderes cocaleros, que le dieron a Añez un plazo de 48 horas para que salga del Palacio Quemado.

Morales argumentó además que la Asamblea Legislativa todavía no completó el trámite de recibir y aceptar o rechazar su carta de renuncia. "Si no ha rechazado, entonces ¿ahora quién es la presidenta interina? La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa . Es legal y constitucionalmente la presidenta", aseguró. 

Sin embargo, el expresidente respaldó la idea de convocar a nuevas elecciones presidenciales, aunque todavía no aseguró quién debería hacerlo. "Para eso es la negociación", señaló. "Los mediadores, los facilitadores, tienen que hablar con todos los sectores", aseguró.

En ese sentido, Morales reiteró su interés en que "personalidades expertas" se presten como mediadores para contribuir a la pacificación de Bolivia. "Por ejemplo Zapatero, tengo mucho respeto. Cuando él era presidente me dijo: ¿Evo, en qué te puedo ayudar? Y me ayudó incondicionalmente", contó.

"Bienvenido, España. Los abuelos decían: España es madre patria. Su mediación es importante", agregó el expresidente desde su exilio en México. Pero no se quedó únicamente con la figura de Zapatero: también mencionó que tiene buena relación con otros líderes, apuntando a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quienes señaló como posibles mediadores.

El expresidente reiteró que está dispuesto a regresar a Bolivia para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. "Ustedes saben que tenemos mucha ascendencia dentro del movimiento campesino indígena originario. Entonces sé que mis compañeros, mis hermanos del campo, pueden entender cómo podríamos buscar paz", declaró.

De todas formas, Morales manifestó que, si las bases del Movimiento al Socialismo (MAS) lo deciden, no sería candidato presidencial si se convocara a nuevas elecciones presidenciales. "Por la vida y por la democracia, Evo no participa si no quieren que participe (...) Nunca es Evo: sin pueblo unido y organizado, no hay Evo. Evo es uno más de ellos”, argumentó. De todas formas, el expresidente dijo encontrarse en la obligación de ayudar a sus compañeros de espacio, "después de tantos años que me acompañaron".

Morales volvió a repetir, al igual que en entrevistas previas, que renunció "para que los militantes (del MAS) no fueran agredidos". Y si bien no se arrepiente de haber tomado esa decisión, volvió a cargar contra las nuevas autoridades que ejecutan una feroz represión contra el pueblo. "24 muertos a bala, ya es dictadura", denunció.

El líder indígena contó que antes de partir a México le habían ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a sus custodios personales para que lo detuvieran. Al respecto, expresó que aunque por Constitución no podrían capturarlo "salvo que haya un proceso de responsabilidades por algún tema y haya sentencia, evidentemente no hay cierta seguridad. Por eso la comisión (mediadora) esperamos que empiece para garantizar seguridad para todos", expresó.

El primer presidente indígena en la historia de Bolivia permanece asilado en México desde el martes pasado, tras denunciar un golpe de Estado que lo forzó a dejar el cargo. Debió hacerlo presionado por la cúpula militar boliviana, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de la OEA sobre irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, tras un escrutinio que lo daba como ganador en primera vuelta.

Desde entonces, simpatizantes y opositores al expresidente tomaron las calles dando lugar, primero, a enfrentamientos entre ellos, y luego con las fuerzas de seguridad, que por el momento dejan un saldo de al menos 24 muertos y 700 heridos.

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Carlos Sánchez Berzain, uno de los nombres en la trastienda golpista.

El sitio Behind Back Doors anticipó el golpe basándose en 16 audios de opositores

Carlos Sánchez Berzain, Mandred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Mario Cossío son los nombres que aparecen en un informe de octubre que prenunciaba el golpe. 

 

Evo Morales tenía razón. El 23 de octubre denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, dieciocho días antes de que se consumara. La movida para derrocarlo se gestó adentro y afuera de Bolivia. En el exterior, todos los caminos conducen a Estados Unidos y en particular a Miami. Esa ciudad siempre respiró al ritmo de las conspiraciones. Los decanos de esos complots fueron los cubanos anticastristas. Les siguieron los venezolanos antichavistas. Ahora se conjuraron los enemigos del presidente exiliado en México. Pero todos interactúan entre ellos, con la bendición de la OEA. Carlos Sánchez Berzain es uno de los nombres que aparece más visible en esta trama. Fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a EE.UU después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre pasado se lo vio en un acto en una calle miamense junto a la actual ministra de Comunicación del régimen golpista, Roxana Lizárraga. La misma que denunció en La Paz días después a periodistas argentinos por “hacer sedición”. El Instituto Interamericano por la Democracia del que es director ejecutivo el ex funcionario prófugo, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Sánchez Berzain no está solo. Hombre de fortuna incomprobable y columnista habitual de Infobae, fue acompañado en su cruzada por Manfred Reyes Villa, un excandidato a presidente de Bolivia que también vive asilado en EE.UU. Capitán retirado del ejército, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión en Cochabamba – departamento al que gobernó entre 2005 y 2008– por enriquecimiento ilícito. La lista de connotados golpistas civiles en Estados Unidos es más amplia y se mixtura con oficiales retirados que se reúnen en la autodenominada Coordinadora Nacional Militar. Estos se encuentran en su país, como otros civiles que armaron el golpe desde adentro.

El 8 de octubre pasado, cuando todavía no se habían realizado las elecciones en Bolivia, el sitio Behind Back Doors (Detrás de la puerta trasera) anticipó el golpe de Estado en marcha ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Su información, basada en dieciséis audios tomados durante diferentes reuniones a distintos protagonistas de esta conjura, tuvo relativa repercusión hasta que se produjo la destitución de Evo. El analista internacional mexicano, Alfredo Jalife Rahme, tradujo el material de Behind Back Doors al castellano y lo difundió. El domingo 10 empezó a replicarse en las redes sociales y a llegar a los medios. Así aparecieron los nombres de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain, Reyes Villa y Mario Cossío, un exgobernador de Tarija y expresidente de la Cámara de Diputados condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres primeros se exilió en Paraguay.

Sánchez Berzain fue el más activo de todos. Apareció en cuánto foro pudo volcar su tesis de una conspiración castro-chavista a escala continental en la que por supuesto incluye a Evo. El 25 de julio pasado el Instituto Interamericano por la Democracia que lidera organizó una actividad donde lo presentó Norberto Spagnaro, un residente argentino de Miami. Coordinador de la campaña del macrismo en esa ciudad de la Florida, le cedió la palabra para que hablara sobre Argentina y la política regional. El orador que cerró la jornada fue el periodista Alfredo Leuco. Su tema fueron las elecciones que se venían en nuestro país.

La organización que lidera el exministro de Sánchez de Lozada es un mosaico de nacionalidades. Pero su pensamiento es bastante uniforme. Postula todo lo que huela a neoliberalismo, se alinea sin fisuras con las políticas hemisféricas de Estados Unidos y junta a ciertos personajes que parecen sacados de la Guerra Fría. Su integrante argentino más notorio es Guillermo Lousteau Heguy, el padre de Martín Lousteau, ex secretario de Turismo de la dictadura cívico-militar entre 1981 y 1982. El directorio del Instituto también cuenta con los cubanos Armando Valladares y Carlos Alberto Montaner, dos propaladores del anticastrismo más rabioso. El primero estuvo preso en Cuba, devino en embajador de EE.UU ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y hasta hoy no pudo desligarse de una imputación por estafas con un desarrollo inmobiliario en España.

Los audios que divulgó Behind Back Doors atribuyen a Reyes Villa haber ventilado que el golpe era promovido por los senadores de EE.UU Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. La nómina se completa con la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien preparó el terreno en el Congreso estadounidense para la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Trató a Morales de “matón” en la Cámara Baja, le cuestionó su “retórica antimperialista”, las expulsiones de “todas nuestras agencias: DEA, USAID y al embajador de EE.UU” y dijo que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”. El gobierno de Evo la acusó de injerencista el año pasado.

El informe de Behind Back Doors conocido el 23 de octubre también mencionó que “funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición”. La pista brasileña lleva hasta el canciller de ese país, Ernesto Araujo, quien recibió al líder golpista Luis Fernando Camacho en mayo, según reveló la revista Forum.  Al dirigente del Frente Cívico cruceño lo llaman en Bolivia el “Bolsonaro” local por sus posturas racistas y ultramontanas. Su comportamiento medieval no alcanza a disimular otro motivo clave de su destacada participación en la asonada. Su acaudalada familia perdió el negocio del gas en Santa Cruz cuando el gobierno derrocado lo nacionalizó.

El protagonismo de Camacho está lejos del perfil bajo que mostró otra pieza clave en el complot para derrocar al gobierno de Evo. Se trata de Erick Foronda Prieto, un periodista boliviano que trabajó para la embajada de EE.UU en La Paz por casi veinte años. La denuncia de Behind Back Doors le atribuyó “un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos”. Además “se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg” expulsado en septiembre de 2008. El informe le otorgó a Foronda Prieto un rol fundamental durante la campaña del No a la reelección de Morales en el referéndum de febrero de 2016. Evo lo perdió en medio de una campaña de fake news que le atribuyeron la falsa paternidad de un hijo con la menor Gabriela Zapata. Ella misma desmintió la noticia. Pero el daño ya estaba hecho.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla en conferencia de prensa este viernes en Palacio de Gobierno en La Paz. EFE / Martin Alipaz

Jeanine Áñez toma medidas para el país que van más allá de su período de interinidad hasta la convocatoria de nuevas elecciones

La autoproclamada presidenta pone en duda la participación de Evo Morales y su partido en los futuros comicios

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones "cuanto antes". Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición "si no cumplen con su trabajo". "Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana", explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció "una cacería" contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de "transitorio" que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban "atentando contra la seguridad interna de Bolivia". Asimismo, señaló que el actual gobierno será "consecuente" con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un "golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana", acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  "El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no", explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas

Por Diego Aitor San José - La Paz (Bolivia)

16/11/2019 - 06:00h

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Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvataierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido. Foto tomada de la cuenta de twitter @adriana1989sa

 

 

Miércoles 13 de noviembre de 2019

La Paz. La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido, en cuyo caso le correspondería sustituir a Evo Morales en la Presidencia de la República, arrojando así más incertidumbre a la crisis en el país sudamericano.

Presionado por los militares, Morales dimitió el pasado domingo y, según la línea sucesoria trazada por la Constitución, sus sustitutos son el vicepresidente del país y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, sucesivamente.

Hasta ahora se consideraba que todos ellos habían dimitido, por lo que la vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se proclamó el martes mandataria interina.

Sin embargo, Salvatierra, que el domingo anunció públicamente que renunciaba a la jefatura de la cámara alta para facilitar "una salida pacífica de los conflictos", se presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa con la intención de retomar sus antiguas funciones.

Los agentes que custodian el Congreso se lo impidieron, recordándole que había renunciado. "No a mi curul ni a la Presidencia", les contestó ella, rodeada de simpatizantes que gritaron "¡Dejen entrar a la presidenta de Bolivia!"

"Estas son las muestras de que es un golpe de Estado y de que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado", sostuvo Salvatierra.

Ni ella ni el resto de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) --el partido político de Morales--, que se reunieron este miércoles en las oficinas del antiguo Banco Minero para decidir sus próximos pasos, han podido entrar, según informa Erbol.

La reaparición de Salvatierra añade incertidumbre a un escenario ya de por sí confuso. De momento, sólo algunos países, entre ellos Estados Unidos y Brasil, se han apresurado a reconocer a Áñez como mandataria en funciones, mientras que otros, como Venezuela o Uruguay, denuncian un "golpe de Estado" contra Morales.

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