Evo Morales: "No es un gobierno interino, es un gobierno de facto"

En diálogo con la agencia DPA, dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" con su renuncia. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales en el país.

 

El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió garantías de seguridad y castigo a los culpables, tras la muerte de al menos 24 manifestantes en las protestas contra su derrocamiento. Entrevistado por la agencia alemana de noticias DPA, subrayó que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez le haría "un gran favor a la democracia" si diera un paso al costado. También volvió a solicitar la presencia de mediadores internacionales con el fin de pacificar el país. Morales se vio forzado a renunciar al cargo por presión de las Fuerzas Armadas, luego de una escalada de violencia que creció luego de los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Morales se refirió a Jeanine Añez, vicepresidenta segunda del Senado autoproclamada presidenta, como la cabeza de un gobierno de facto. Según su punto de vista, Añez debería dar garantías porque "injustamente exministros y asambleístas están siendo perseguidos y amenazados". En segundo lugar, consideró que "tiene que haber una comisión nacional e internacional para dar con los autores intelectuales y materiales de semejante masacre", en relación a la cacería desatada por las Fuerzas Armadas contra manifestantes afines a su figura.

En diálogo con DPA, Morales destacó que el gobierno de Añez “no es un gobierno interino. Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto", sostuvo. 

Para el expresidente, la autoproclamada presidenta le haría "un gran favor a la democracia, a la sucesión constitucional" si renunciara. En consecuencia, se posicionó junto a los líderes cocaleros, que le dieron a Añez un plazo de 48 horas para que salga del Palacio Quemado.

Morales argumentó además que la Asamblea Legislativa todavía no completó el trámite de recibir y aceptar o rechazar su carta de renuncia. "Si no ha rechazado, entonces ¿ahora quién es la presidenta interina? La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa . Es legal y constitucionalmente la presidenta", aseguró. 

Sin embargo, el expresidente respaldó la idea de convocar a nuevas elecciones presidenciales, aunque todavía no aseguró quién debería hacerlo. "Para eso es la negociación", señaló. "Los mediadores, los facilitadores, tienen que hablar con todos los sectores", aseguró.

En ese sentido, Morales reiteró su interés en que "personalidades expertas" se presten como mediadores para contribuir a la pacificación de Bolivia. "Por ejemplo Zapatero, tengo mucho respeto. Cuando él era presidente me dijo: ¿Evo, en qué te puedo ayudar? Y me ayudó incondicionalmente", contó.

"Bienvenido, España. Los abuelos decían: España es madre patria. Su mediación es importante", agregó el expresidente desde su exilio en México. Pero no se quedó únicamente con la figura de Zapatero: también mencionó que tiene buena relación con otros líderes, apuntando a la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quienes señaló como posibles mediadores.

El expresidente reiteró que está dispuesto a regresar a Bolivia para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. "Ustedes saben que tenemos mucha ascendencia dentro del movimiento campesino indígena originario. Entonces sé que mis compañeros, mis hermanos del campo, pueden entender cómo podríamos buscar paz", declaró.

De todas formas, Morales manifestó que, si las bases del Movimiento al Socialismo (MAS) lo deciden, no sería candidato presidencial si se convocara a nuevas elecciones presidenciales. "Por la vida y por la democracia, Evo no participa si no quieren que participe (...) Nunca es Evo: sin pueblo unido y organizado, no hay Evo. Evo es uno más de ellos”, argumentó. De todas formas, el expresidente dijo encontrarse en la obligación de ayudar a sus compañeros de espacio, "después de tantos años que me acompañaron".

Morales volvió a repetir, al igual que en entrevistas previas, que renunció "para que los militantes (del MAS) no fueran agredidos". Y si bien no se arrepiente de haber tomado esa decisión, volvió a cargar contra las nuevas autoridades que ejecutan una feroz represión contra el pueblo. "24 muertos a bala, ya es dictadura", denunció.

El líder indígena contó que antes de partir a México le habían ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a sus custodios personales para que lo detuvieran. Al respecto, expresó que aunque por Constitución no podrían capturarlo "salvo que haya un proceso de responsabilidades por algún tema y haya sentencia, evidentemente no hay cierta seguridad. Por eso la comisión (mediadora) esperamos que empiece para garantizar seguridad para todos", expresó.

El primer presidente indígena en la historia de Bolivia permanece asilado en México desde el martes pasado, tras denunciar un golpe de Estado que lo forzó a dejar el cargo. Debió hacerlo presionado por la cúpula militar boliviana, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de la OEA sobre irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, tras un escrutinio que lo daba como ganador en primera vuelta.

Desde entonces, simpatizantes y opositores al expresidente tomaron las calles dando lugar, primero, a enfrentamientos entre ellos, y luego con las fuerzas de seguridad, que por el momento dejan un saldo de al menos 24 muertos y 700 heridos.

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Carlos Sánchez Berzain, uno de los nombres en la trastienda golpista.

El sitio Behind Back Doors anticipó el golpe basándose en 16 audios de opositores

Carlos Sánchez Berzain, Mandred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Mario Cossío son los nombres que aparecen en un informe de octubre que prenunciaba el golpe. 

 

Evo Morales tenía razón. El 23 de octubre denunció que estaba en marcha un golpe de Estado, dieciocho días antes de que se consumara. La movida para derrocarlo se gestó adentro y afuera de Bolivia. En el exterior, todos los caminos conducen a Estados Unidos y en particular a Miami. Esa ciudad siempre respiró al ritmo de las conspiraciones. Los decanos de esos complots fueron los cubanos anticastristas. Les siguieron los venezolanos antichavistas. Ahora se conjuraron los enemigos del presidente exiliado en México. Pero todos interactúan entre ellos, con la bendición de la OEA. Carlos Sánchez Berzain es uno de los nombres que aparece más visible en esta trama. Fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y ambos escaparon a EE.UU después de la llamada guerra del gas. El 27 de octubre pasado se lo vio en un acto en una calle miamense junto a la actual ministra de Comunicación del régimen golpista, Roxana Lizárraga. La misma que denunció en La Paz días después a periodistas argentinos por “hacer sedición”. El Instituto Interamericano por la Democracia del que es director ejecutivo el ex funcionario prófugo, opera financiado con fondos de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Sánchez Berzain no está solo. Hombre de fortuna incomprobable y columnista habitual de Infobae, fue acompañado en su cruzada por Manfred Reyes Villa, un excandidato a presidente de Bolivia que también vive asilado en EE.UU. Capitán retirado del ejército, fue condenado en 2016 a cinco años de prisión en Cochabamba – departamento al que gobernó entre 2005 y 2008– por enriquecimiento ilícito. La lista de connotados golpistas civiles en Estados Unidos es más amplia y se mixtura con oficiales retirados que se reúnen en la autodenominada Coordinadora Nacional Militar. Estos se encuentran en su país, como otros civiles que armaron el golpe desde adentro.

El 8 de octubre pasado, cuando todavía no se habían realizado las elecciones en Bolivia, el sitio Behind Back Doors (Detrás de la puerta trasera) anticipó el golpe de Estado en marcha ubicándolo entre fines de 2019 y marzo de 2020.

Su información, basada en dieciséis audios tomados durante diferentes reuniones a distintos protagonistas de esta conjura, tuvo relativa repercusión hasta que se produjo la destitución de Evo. El analista internacional mexicano, Alfredo Jalife Rahme, tradujo el material de Behind Back Doors al castellano y lo difundió. El domingo 10 empezó a replicarse en las redes sociales y a llegar a los medios. Así aparecieron los nombres de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain, Reyes Villa y Mario Cossío, un exgobernador de Tarija y expresidente de la Cámara de Diputados condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito. A diferencia de los tres primeros se exilió en Paraguay.

Sánchez Berzain fue el más activo de todos. Apareció en cuánto foro pudo volcar su tesis de una conspiración castro-chavista a escala continental en la que por supuesto incluye a Evo. El 25 de julio pasado el Instituto Interamericano por la Democracia que lidera organizó una actividad donde lo presentó Norberto Spagnaro, un residente argentino de Miami. Coordinador de la campaña del macrismo en esa ciudad de la Florida, le cedió la palabra para que hablara sobre Argentina y la política regional. El orador que cerró la jornada fue el periodista Alfredo Leuco. Su tema fueron las elecciones que se venían en nuestro país.

La organización que lidera el exministro de Sánchez de Lozada es un mosaico de nacionalidades. Pero su pensamiento es bastante uniforme. Postula todo lo que huela a neoliberalismo, se alinea sin fisuras con las políticas hemisféricas de Estados Unidos y junta a ciertos personajes que parecen sacados de la Guerra Fría. Su integrante argentino más notorio es Guillermo Lousteau Heguy, el padre de Martín Lousteau, ex secretario de Turismo de la dictadura cívico-militar entre 1981 y 1982. El directorio del Instituto también cuenta con los cubanos Armando Valladares y Carlos Alberto Montaner, dos propaladores del anticastrismo más rabioso. El primero estuvo preso en Cuba, devino en embajador de EE.UU ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU y hasta hoy no pudo desligarse de una imputación por estafas con un desarrollo inmobiliario en España.

Los audios que divulgó Behind Back Doors atribuyen a Reyes Villa haber ventilado que el golpe era promovido por los senadores de EE.UU Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz. La nómina se completa con la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, quien preparó el terreno en el Congreso estadounidense para la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Trató a Morales de “matón” en la Cámara Baja, le cuestionó su “retórica antimperialista”, las expulsiones de “todas nuestras agencias: DEA, USAID y al embajador de EE.UU” y dijo que “el pueblo de Bolivia necesita nuestra ayuda”. El gobierno de Evo la acusó de injerencista el año pasado.

El informe de Behind Back Doors conocido el 23 de octubre también mencionó que “funcionarios del Departamento de Estado acreditados en el país, como Mariane Scott y Rolf A. Olson, se han reunido con funcionarios diplomáticos de alto nivel de Brasil, Argentina y Paraguay, a fin de organizar y planificar acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, como además de entregar los fondos estadounidenses a la oposición”. La pista brasileña lleva hasta el canciller de ese país, Ernesto Araujo, quien recibió al líder golpista Luis Fernando Camacho en mayo, según reveló la revista Forum.  Al dirigente del Frente Cívico cruceño lo llaman en Bolivia el “Bolsonaro” local por sus posturas racistas y ultramontanas. Su comportamiento medieval no alcanza a disimular otro motivo clave de su destacada participación en la asonada. Su acaudalada familia perdió el negocio del gas en Santa Cruz cuando el gobierno derrocado lo nacionalizó.

El protagonismo de Camacho está lejos del perfil bajo que mostró otra pieza clave en el complot para derrocar al gobierno de Evo. Se trata de Erick Foronda Prieto, un periodista boliviano que trabajó para la embajada de EE.UU en La Paz por casi veinte años. La denuncia de Behind Back Doors le atribuyó “un papel importante en la obtención de información de políticos y periodistas en el país, con el objetivo de satisfacer el interés de Estados Unidos”. Además “se convirtió en una persona de confianza y estableció estrechos vínculos con el antiguo embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg” expulsado en septiembre de 2008. El informe le otorgó a Foronda Prieto un rol fundamental durante la campaña del No a la reelección de Morales en el referéndum de febrero de 2016. Evo lo perdió en medio de una campaña de fake news que le atribuyeron la falsa paternidad de un hijo con la menor Gabriela Zapata. Ella misma desmintió la noticia. Pero el daño ya estaba hecho.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla en conferencia de prensa este viernes en Palacio de Gobierno en La Paz. EFE / Martin Alipaz

Jeanine Áñez toma medidas para el país que van más allá de su período de interinidad hasta la convocatoria de nuevas elecciones

La autoproclamada presidenta pone en duda la participación de Evo Morales y su partido en los futuros comicios

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones "cuanto antes". Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición "si no cumplen con su trabajo". "Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana", explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció "una cacería" contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de "transitorio" que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban "atentando contra la seguridad interna de Bolivia". Asimismo, señaló que el actual gobierno será "consecuente" con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un "golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana", acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  "El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no", explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas

Por Diego Aitor San José - La Paz (Bolivia)

16/11/2019 - 06:00h

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Viernes, 15 Noviembre 2019 06:37

El Alto se planta a defender la democracia

El Alto se planta a defender la democracia

El MAS nombro autoridades en Diputados y el Senado boliviano  

 Esta vez fueron campesinos con ponchos rojos, hombres y mujeres con sombreros, venidos de lejos, de arriba en los altiplanos. Luego se sumaron de la ciudad del Alto, los que pudieron llegar, otros fueron retenido al intentar llegar hasta el centro. La Paz ha pasado a ser el escenario de movilizaciones masivas diarias, cabildos, represiones, un río revuelto contra un golpe de Estado.

La jornada esta vez terminó sin gases lacrimógenos ni motos. Los policías y militares se mantuvieron en el habitual cerco a la Plaza Murillo, centro del poder político nacional, donde se encuentra la sede de gobierno, el poder legislativo y la vicepresidencia, entre otras instituciones.

En esas cuadras tuvieron lugar hechos centrales del jueves. Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos, nombrados el día de ayer, tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

El primero fue el ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, quien anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”.

La segunda fue la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, quien amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición”.

Los pocos anuncios que ha dado el gobierno transitorio, donde también fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana, han sido entonces un redoble de amenazas dentro de un cuadro general de noticias de represiones, muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción inevitable. En efecto, se trata de un golpe de Estado que niega serlo, busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa, pero en los actos de autoproclamación y anuncios de cacerías a dirigentes y periodistas deja ver su carácter antidemocrático.

Eso ha quedado claro para quienes se movilizan día tras día y tienen entre sus demandas principales la renuncia de Añez, a quien acusan de golpista y de racista. Esas razones, junto con el reclamo del retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- han puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país en un proceso de confluencia hacia La Paz.

Se espera así que entre el viernes y el sábado lleguen quienes se movilizan desde zonas rurales del interior del país, como los cocaleros del Trópico, que este jueves estuvieron en protesta en la ciudad de Cochabamba.

El cuadro se configura así de manera incierta para el golpe de Estado. Por un lado, debe enfrentar un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial: quienes se movilizan reconocen en la autoproclamada Añez, Fernando Camacho, o Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia antigua y reciente y por el atropello a la bandera whipala.

Por otro lado, quienes encabezan el golpe deben resolver la promesa anunciada: la celebración de elecciones presidenciales en un plazo no mayor a los noventa días. Ese pazo forma parte de la arquitectura que cuenta con cuatro pasos centrales: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas.

El proceso se encuentra actualmente en el momento de conformación del gobierno, y se enfrenta a una dificultad: debe nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, algo que debe proceder a través del poder legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. ¿Buscará un acuerdo con quien persigue o avanzará contra el poder legislativo, evidenciando aún más su carácter golpista? ¿El MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral?

Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde esta noche de jueves se velan los muertos. Ya se habla de más de diez en el país, y más de doscientos detenidos, una cifra provisoria y aproximativa en un marco de ruptura del Estado de derecho y persecución a los periodistas que no cumplen con la orden golpista.

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvataierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido. Foto tomada de la cuenta de twitter @adriana1989sa

 

 

Miércoles 13 de noviembre de 2019

La Paz. La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido, en cuyo caso le correspondería sustituir a Evo Morales en la Presidencia de la República, arrojando así más incertidumbre a la crisis en el país sudamericano.

Presionado por los militares, Morales dimitió el pasado domingo y, según la línea sucesoria trazada por la Constitución, sus sustitutos son el vicepresidente del país y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, sucesivamente.

Hasta ahora se consideraba que todos ellos habían dimitido, por lo que la vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se proclamó el martes mandataria interina.

Sin embargo, Salvatierra, que el domingo anunció públicamente que renunciaba a la jefatura de la cámara alta para facilitar "una salida pacífica de los conflictos", se presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa con la intención de retomar sus antiguas funciones.

Los agentes que custodian el Congreso se lo impidieron, recordándole que había renunciado. "No a mi curul ni a la Presidencia", les contestó ella, rodeada de simpatizantes que gritaron "¡Dejen entrar a la presidenta de Bolivia!"

"Estas son las muestras de que es un golpe de Estado y de que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado", sostuvo Salvatierra.

Ni ella ni el resto de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) --el partido político de Morales--, que se reunieron este miércoles en las oficinas del antiguo Banco Minero para decidir sus próximos pasos, han podido entrar, según informa Erbol.

La reaparición de Salvatierra añade incertidumbre a un escenario ya de por sí confuso. De momento, sólo algunos países, entre ellos Estados Unidos y Brasil, se han apresurado a reconocer a Áñez como mandataria en funciones, mientras que otros, como Venezuela o Uruguay, denuncian un "golpe de Estado" contra Morales.

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Bolivia y la contrarrevolución: así fue derrocado Evo Morales

- El Gobierno de Evo Morales fue una revolución política antielitista: una sublevación no estaba en el horizonte de nadie e implica una contrerrevolución

- El líder visible es Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años que no participó en el proceso electoral y llegó al Palacio Quemado con una Biblia y una escolta policial

- Tras el derrocamiento del presidente, en la calle quemaban banderas indígenas y gritaban "echamos al comunismo"

 

Empecemos por el final (o por el final provisional de esta historia): durante las últimas horas de la noche del domingo, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló encima de un vehículo policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y aupado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política. De este modo, lo que comenzó como un movimiento en demanda de una segunda vuelta electoral tras la polémica y confusa elección del 20 de octubre, terminó con el jefe de las Fuerzas Armadas "sugiriendo" la renuncia del presidente.

Una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie. Pero en tres semanas, la oposición se ha movilizado con más firmeza que las bases "evistas", que tras casi 14 años en el poder han ido perdiendo potencia movilizadora mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al "proceso de cambio". Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse (hay varios exfuncionarios refugiados en embajadas). Ministros renunciaron denunciando que sus casas eran quemadas y los opositores mostraban a los tres muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles como prenda de indignación frente a lo que llaman la "dictadura". Finalmente, el domingo Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron y denunciaron un golpe en marcha.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.

El Movimiento al Socialismo (MAS), formado en los años 90, fue siempre un partido profundamente campesino –más que indígena– y eso se trasladó en muchos sentidos al gobierno de Evo Morales. El apoyo urbano fue siempre condicionado –en 2005 una apuesta a un nuevo liderazgo "indígena" frente a la profunda crisis que vivía el país; luego porque Evo mantuvo una muy buena performance económica–, pero los intentos de Morales de permanecer en la presidencia –sumado a sustratos racistas de larga tradición y la sensación de exclusión del poder– alentaron a las clases medias urbanas a salir a la calle contra Morales.

 

Antielitismo, estatismo y clase media

 

Objetivamente hablando, el llamado "proceso de cambio" no favoreció a la clase media tradicional ni al estamento "blancoide" –como se suele denominar a los "blancos" en Bolivia–, y, en cambio, les quitó poder. La de Morales fue revolución política antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y educativo con que contaba la "clase burocrática" que existía antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más del 60% le permitieron copar todo el poder del Estado.

Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el neoliberalismo creía en el derecho de los "más capaces" a imponer sus visiones al conjunto, el "proceso de cambio" creía en el derecho de la Bolivia popular de imponerse sobre los "más capaces". Para actuar recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media, especialmente a su segmento académico-profesional, cuya expectativa máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los saberes que posee.

Y finalmente, el MAS fue crecientemente estatista. El enfoque siempre estatista con que el Gobierno abordaba los problemas y necesidades que iban surgiendo en el país lo llevó a ignorar y a menudo a chocar con las pequeñas iniciativas privadas, esto es, con las iniciativas de la clase media. Por esta razón había roces entre el "proceso de cambio" y los sectores emprendedores no indígenas y no corporativos (los que sí se beneficiaban de los aspectos políticos del cambio e indignaban a los "clasemedieros"). Es cierto que existía un pacto de no agresión y de apoyo táctico entre el "proceso de cambio" y la alta burguesía o clase alta, pero este se fundaba en razones políticas antes que empresariales o económicas.

Por otra parte, varias medidas adoptadas por Evo Morales desestabilizaron la dotación de capitales étnicos, perjudicando a los blancos: si bien no hizo una reforma agraria, benefició a los pobres con la dotación de tierras fiscales; hubo una redistribución del capital económico –mediante infraestructuras y políticas sociales– en favor de sectores más indígenas y populares; la política educativa implementada por el Gobierno mejoró la dotación de capital simbólico a los indígenas y los mestizos, mediante la revaloración de su historia y su cultura pero, al mismo tiempo, el Gobierno hizo muy poco para elevar el nivel de la educación pública y, por tanto, para arrebatar el actual monopolio blanco de la educación (privada) de alta calidad. Así, las élites anteriores perdieron espacios en el Estado, vieron debilitados de sus capitales simbólicos y sus vías de influencia en el poder. En síntesis: el Club de Golf perdió cualquier relevancia como espacio de reproducción de poder y estatus.

Diversas encuestas ya mostraban la desconfianza de los sectores medios respecto al presidente. No por la gestión, que aprobaban, sino por la duración del dominio de la élite que Evo dirigía. Tal era la cuestión que importaba a la clase media, una cuestión que la persistencia en la meta reeleccionista de Morales hicieron imposible de resolver, precipitando a la clase media a la sedición. Y a esto se sumó que el "proceso de cambio" no debilitó los microdespotismos presentes en toda la estructura estatal boliviana. El uso de los empleados públicos en las campañas electorales y, más en general, en la política partidaria del MAS, debilitó el pluralismo ideológico entre los funcionarios incluso de menor rango.

Bolivia es un país casi genéticamente antirreeleccionista: ni Víctor Paz Estenssoro, conductor de la Revolución Nacional de 1952, logró dos periodos consecutivos. En parte esta tendencia parece una suerte de reflejo republicano desde abajo y en parte la necesidad de una mayor rotación del personal político. Y cuando alguien no se va limita el acceso de los "aspirantes". Todos los partidos populares que llegan al poder tienen el mismo problema: hay más militantes que cargos para repartir. El Estado es débil pero es una de las pocas vías de ascenso social.

Bolivia es también el paraíso de la lógica de las equivalencias de Laclau: apenas la situación se sale del carril y se ve débil al Estado todos se suman con sus demandas, indignaciones y frustraciones, que son siempre muchas dado que es un país pobre y con muchas carencias. Así también fue esta vez. Los motines policiales expresan enemistades de viejo cuño de sectores bajos con los mandos más altos, por temas de desigualdad económica y abusos de poder entre las "clases": sucedió en 2003, en el motín de 2012 y en el del fin de semana pasado.

Potosí, enfrentado con Evo desde hace años por sentir que desde la Colonia sus riquezas –ahora el litio– se esfuman y ellos siguen siendo siempre pobres, también se sumó a la rebelión. Y lo mismo pasó con sectores disidentes de todas las organizaciones sociales (cocaleros Yungas, ponchos rojos, mineros, transportistas). Esto se suma a una cultura corporativa que hace que las demandas de región o sector pesen más que las posiciones más universalistas, lo que habilita posibles alianzas inesperadas: en esta última asonada se aliaron Potosí y Santa Cruz, impensable durante las crisis de 2008, cuando Potosí fue un bastión "evista".

Un nuevo líder en la oposición

Después de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un "liderazgo carismático" nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta paz. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil, el "macho Camacho", un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas.

Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y "pelotas" para enfrentar "al dictador". Primero escribió una carta de renuncia "para que Evo la firme"; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que "Dios vuelva al Palacio".

Camacho selló pactos con "ponchos rojos" aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista ("Los cruceños somos blancos y hablamos inglés", había dicho alguna vez una Miss). Y, en una productiva estrategia, Camacho se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el "ninguneo de Evo".

Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívica-policial. Para ello desplazó al expresidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien al ritmo de la aceleración de los acontecimientos se radicalizó sin convicción ni grandes oportunidades de ser aceptado en el club más conservador por ser considerado un "tibio".

René Zavaleta decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica: allí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero el país ha vivido más de una década de estabilidad, un periodo que puso en duda la vigencia del pensamiento de Zavaleta. En 2008, Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder y comenzó su ciclo hegemónico: una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental; un mercado interno con grandes inversiones financiadas a partir de ingresos extraordinarios en un tiempo de altos precios de las exportaciones; y una mejora en el bienestar social.

Pero la rebelión ha vuelto y se ha articulado con un movimiento conservador y contrarrevolucionario. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Evo Morales no ha sacado al Ejército a la calle. Movilizó a los militantes del MAS, al tiempo que se expandió a través de las redes sociales y los medios la imagen de las "hordas masistas" –ya no se puede decir campesinas o indígenas–.

El informe de la OEA sobre el resultado electoral, alertando sobre alteraciones, minó la autoconfianza del oficialismo: perdió la calle y las redes al mismo tiempo. Esta auditoría, que podría haber pacificado la situación, fue rechazada por la oposición, que consideraba a Luis Almagro un aliado de Evo Morales por haber avalado su repostulación. La organización acaba de pronunciarse para rechazar "cualquier salida inconstitucional a la situación".

Una de las razones del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. No existe más que una lógica inmediatista, de "suma cero": se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Evo Morales no superó esa cultura y por eso buscó seguir en su cargo: pero la oposición hasta ahora tampoco y emerge con otro "caudillo" de derecha como Camacho.

No sabemos qué futuro político le aguarda pero ya ha cumplido una "misión histórica": que las ciudades acaben con la excepción histórica de un gobierno campesino en el país. No casualmente tras el derrocamiento de Evo se quemaron Whipalas, bandera indígena transformada en una segunda bandera nacional bajo el gobierno del MAS. Y adicionalmente, sacar al nacionalismo de izquierda del poder: "echamos al comunismo", repetían los movilizados en las calles, algunos con Cristos y Biblias.

Bolivia no es solo el país de las insurrecciones, sino también de las refundaciones. Solo la idea de una "refundación" permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política de quienes perdieron. Por otro lado, una "refundación", y la "destrucción creativa" de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para "ocupar" (aprovechar) verdaderamente el poder. Pero la paradoja es que el país cambia poco en cada refundación. Sobre todo en términos de cultura política.

Ahora el péndulo ha quedado del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del derrocamiento de Evo serán perdurables.

 

Por Pablo Stefanoni / Fernando Molina - Revista Anfibia  

12/11/2019 - 21:28h

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En Bolivia solo existe el poder de las armas 

La ciudad de El Alto defiende a Evo Morales en medio de la represión

No existe gobierno interino visible luego de más de 24 horas de consumado el golpe. Evo viajaba a México. Se despliegan acciones represivas y persecutorias. 

 

El centro de La Paz se ha transformado en un escenario de barricadas, colas para comprar en los pocos negocios que abren, transporte detenido, vecinos apostados en las esquinas atravesadas por alambres de púas y chapas de zinc. Cerca de la Plaza Murillo, centro del poder político pasan grupos con cascos, escudos, máscaras antigás, banderas de Bolivia, contingentes de policías apostándose y pidiendo refuerzo a la Fuerza Armada Nacional (FAB).

Es lunes a la noche y corre un miedo: que baje la ciudad de El Alto. Las escenas vistas durante la tarde volvieron a recordar a muchos del centro y la zona sur de La Paz que la mitad del país que votó a Evo Morales existe y no se quedará de brazos cruzados.

Lo que se pensaba que pasaría en El Alto sucedió, y fueron miles de vecinos, en su gran mayoría de la nación aymara, que salieron a las calles a hacer frente al golpe de Estado, a defender el proceso de cambio, y algo muy profundo: la bandera whipala, que durante las horas de la ofensiva golpista fue quitada de instituciones y quemada en la calle por manifestantes de derecha.

Lo que sucedió no formaba parte del plan de quienes encabezan el golpe de Estado que, a estas horas, presenta más elementos de confusión y violencia que de proyecto planificado. Un elemento resulta claro: el objetivo central era derrocar a Evo Morales y perseguirlo, como denunció al hacer público que un oficial de la Policía Nacional Boliviana (PNB) tiene una orden de arresto ilegal contra su persona, se encuentra en un sitio desconocido.

La situación de Morales era ayer por la noche incierta. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que el ex- presidente estaba en un avión que lo llevaría a ese país.

Su seguridad personal es objeto de mucha preocupación en un contexto donde su casa fue asaltada por grupos violentos y donde no existe ninguna autoridad pública dentro de quienes realizaron el golpe. El estado de derecho ha sido roto y eso ha abierto las puertas a la impunidad absoluta de quien logre ejercer poder.

Durante el día, Morales envió mensajes desde su cuenta de Twitter para denunciar la represión en El Alto que se cobró varias vidas, entre ellas la de una niña, y para pedir no caer en enfrentamientos “entre hermanos”. Por la noche, antes de subirse al avión, tuiteó: “Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”. La propuesta de asilo en México será una salida posible para el presidente derrocado y bajo peligro.

Sin gobierno

En Bolivia, el bloque golpista no logró aún conformar gobierno. Luego de la renuncia de Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera, la presidenta del Senado, el vicepresidente, debería asumir la tercera al frente, Jeanine Añez, que aterrizó en Bolivia. Sin embargo, debería asumir con acuerdo del poder legislativo, donde en ambas cámaras tiene mayoría el Movimiento al Socialismo, es decir el partido que fue desplazado por la fuerza.

No existe entonces gobierno interino golpista visible luego de más de 24 horas de consumado el golpe de Estado. Existen en cambio poderes que se despliegan en acciones represivas y persecutorias, con los anuncios en redes sociales de Fernando Camacho, cara visible del ala civil del golpe, las acciones de la PNB y de la FAB.

Esta última emitió un comunicado el lunes en la noche bajo la lectura del comandante general Williams Kaliman: la FAB desplegará acciones de despliegue en las calles para acompañar a la PNB. No existe entonces gobierno formal, pero sí el poder de las armas.

El escenario no es como el que tenían previsto quienes encabezaron el golpe de Estado. La pregunta es en realidad: ¿tenían un escenario organizado que no fuera solamente derrocar y perseguir a Morales y los dirigentes del proceso de cambio?

El bloque golpista es heterogéneo, contiene sectores civiles, empresariales, policiales, militares, religiosos e internacionales. Esta última dimensión quedó expresada en la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no calificó a lo sucedido como golpe de Estado, y en las mismas declaraciones de Estados Unidos que presentó el derrocamiento como regreso a la democracia.

La conjunción de fuerzas que logró el golpe parece tener un objetivo claro: descabezar al proceso de cambio, desde sus funcionarios hasta los dirigentes políticos. Eso se ha traducido en las persecusiones, como dan cuenta las solicitudes de asilo en embajadas, centralmente en la de México.

Existe entonces una inestabilidad dentro de quienes condujeron la ofensiva, a la vez que una reacción que se pone en marcha, no solamente en El Alto –con un nivel fuerte de radicalidad– sino en varias partes del país.

Así, por ejemplo, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció bloqueos en toda Bolivia en las carreteras troncales, “resistencia general al golpe de Estado en todo el país”, así como la expulsión de dirigentes que se hicieron parte del derrocamiento.

La situación es más inestable que la promesa vendida por Camacho y quienes festejaron en la tarde y noche del domingo. Existe un país que negaron, despreciaron, a pesar de sus esfuerzos por mostrarse democráticos e inclusivos, y ese país comenzó a moverse, a impugnar, a enfrentar la restauración conservadora que busca una revancha.

Por el momento no existe, de manera visible, una dirección de los procesos de resistencia. Lo que resulta claro es que la decisión de quienes conducen el golpe será responder con represión en todas las escalas posibles. Ya en la noche del lunes se veían las tanquetas en las calles de La Paz y los vecinos que celebraron el derrocamiento y quema de whipalas ahora aplauden la militarización.

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